Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

OMAR CALEROCASTILLO

Recurrente

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN

Recurrido

KLRA202400183

Revisión del 

Departamento de

Corrección

Núm. De Caso:

A LA2021G0068 

Sobre: 

Ley Núm. 66-2022, 

Ley Núm. 27

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, Juez 

Pagán Ocasio, Juez Marrero Guerrero y Jueza Boria Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2024.

Comparece por derecho propio el Sr. Omar Calero Castillo (en 

adelante, el señor Calero Castillo o el recurrente), quien se 

encuentra confinado bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante, DCR o parte recurrida). En 

síntesis, el señor Calero Castillo indica haber experimentado 

diversos inconvenientes al solicitar a la técnica socio-penal, la Sra. 

Elizabeth Ramos, y al jefe de los técnicos socio-penales, el Sr. 

Heberto Vargas, que honren las bonificaciones que le corresponden 

según lo estipulado en la Ley Núm. 66 de 2022, así como por su 

desempeño laboral y su buen comportamiento dentro de la 

institución correccional.1

1 De entrada, resaltamos que su petición carece de título y no contiene una 

solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis). De hecho, el recurrente 

explica que no dispone de los recursos necesarios para obtener representación 

legal y que no pudo completar ni juramentar el formulario requerido para litigar 

como persona indigente. Véase página 2 de la comparecencia del recurrente.
KLRA202400183 2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso presentado por el señor Calero Castillo.

-ISegún se desprende de la comparecencia, el señor Calero

Castillo se encuentra confinado en el Centro de Detención del Oeste 

de Mayagüez (en adelante, CDO de Mayagüez). Alega que el DCR le 

aplicó erróneamente la Ley Núm. 27, la cual, a su entender, se aplica

a personas sentenciadas a noventa y nueve (99) años de cárcel,

mientras que él está cumpliendo una condena total de cinco (5) años 

de prisión.2 De acuerdo con su interpretación, considera que en su 

caso corresponde aplicar la Ley Núm. 66 de 2022, la cual implica 

una reducción de la sentencia del cuarenta por ciento (40%).

Relata que presentó dos (2) mociones ante el Tribunal de 

Primera Instancia de Aguadilla y que, en dos ocasiones, en 

septiembre de 2023 y el 24 de enero de 2024, dicho tribunal ordenó 

al DCR que tomara medidas respecto a la aplicabilidad de la Ley 

Núm. 66 de 2022. Expone que la técnica socio-penal, la señora

Ramos, no ha tomado ninguna acción para aplicarle las 

bonificaciones correspondientes. Sostiene que no existen razones 

para que no se le otorguen dichas bonificaciones, debido a su buen 

comportamiento en la institución correccional y su labor en la 

brigada de acueductos.

Conforme a lo expresado en la comparecencia, el recurrente

señala que agotó todos los recursos en el CDO de Mayagüez para 

que eliminen de su récord la aplicación de la Ley Núm. 27 y se le 

otorguen las bonificaciones correspondientes según la Ley Núm. 66 

de 2022. Afirma que le corresponden dos (2) años de bonificación.

2 En ningún lugar de su comparecencia el señor Calero Castillo especifica a que 

Ley Núm. 27 se refiere, por lo que bien podría referirse a la Ley Núm. 27 de 20 de 

julio de 1989, que revisó el sistema de bonificación aplicable a los confinados, a 

la Ley Núm. 27 de 19 de mayo de 2017, que enmendó varias disposiciones del 

Código Penal de Puerto Rico o a alguna otra. Esta circunstancia abona al curso 

decisorio alcanzado por el Tribunal.
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En vista de lo expuesto, el señor Calero Castillo solicita 

nuestra intervención. En concreto, que ordenemos al DCR cumplir 

con las órdenes del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, lo cual implica realizar los ajustes necesarios en cuanto 

a bonificaciones conforme a lo establecido en la Ley Núm. 66 de 

2022.

Cabe destacar que, junto con su solicitud, no se adjuntaron 

copias de las solicitudes y reconsideraciones efectuadas por el señor 

Calero Castillo al DCR. Del mismo modo, no se incluyeron copias de 

las resoluciones emitidas por el DCR ni por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla, relacionadas con los 

argumentos presentados en este recurso. En realidad, el recurrente 

únicamente presentó una moción de dos (2) páginas donde relató lo 

mencionado anteriormente. Además, en el expediente del 

recurrente, solo se encuentra adjunta una copia del sobre de carta 

que utilizó para enviar su petición ante este Tribunal.

De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), 

prescindimos de la comparecencia de las posibles partes con interés, 

y resolvemos. 

-IIEl Artículo 4.006 de La Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 

LPRA sec. 24y, establece que este Tribunal tiene competencia para 

revisar, entre otros asuntos, las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de los organismos o agencias administrativas. Por su parte, 

la Regla 56 y siguientes del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56 y siguientes, gobiernan el trámite de las 

revisiones de los asuntos previamente mencionados. En particular, 

la Regla 59 regula el contenido del recurso de revisión. Así, todo 

recurso de esta naturaleza debe incluir uno o varios señalamientos 
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de error, los cuales, además deben ser discutidos; de igual manera 

debe contener una referencia a la decisión, reglamento o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión incluyendo la fecha en 

que fue dictada y la fecha en que se archivó en autos copia de la 

notificación a las partes. También, deberá presentarse un apéndice, 

el cual tiene que contener copia de las alegaciones de las partes ante 

la agencia recurrida; y copia de la querella, orden, resolución o 

providencia administrativa recurrida, así como de toda moción,

resolución u orden necesaria para establecer la jurisdicción de este 

Tribunal o que sea pertinente para la controversia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 59 (E).

-IIIUn examen del expediente ante nuestra consideración 

demuestra que el recurrente no nos colocó en posición de ejercer 

nuestra función revisora. Esto se debe a que no formuló ni discutió 

ningún señalamiento de error y no adjuntó en su comparecencia 

documento alguno relativo a su solicitud. En este sentido, 

carecemos de una determinación administrativa que revisar e 

incluso desconocemos cuándo fue emitida la misma, de haber sido 

en efecto emitida, lo que también nos impide determinar nuestra 

jurisdicción sobre el asunto.

Las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos deben observarse rigurosamente. Ello, ante la necesidad 

de colocar a los tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, con el beneficio de un expediente completo 

y claro de la controversia que tiene ante sí. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

Es importante subrayar que, el hecho de que las partes 

litigantes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que ellas incumplan con las reglas procesales. La omisión por parte 

del recurrente de cumplir con nuestro Reglamento constituye un 
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impedimento real y meritorio para la consideración del caso en sus 

méritos. Si bien en ciertas circunstancias hemos sido flexibles en 

cuanto a las exigencias de nuestro Reglamento, aquí no se trata de 

meros errores de forma, sino cuestiones esenciales que nos impiden 

entrar a los méritos del caso y ejercer nuestra función revisora.

-IVA la luz de lo antes expuesto, desestimamos el recurso ante 

nuestra consideración por el craso incumplimiento del recurrente 

con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La 

presente determinación no es impedimento para que el recurrente 

acuda nuevamente ante nosotros, acompañando cualquier 

comparecencia con los documentos necesarios, tales como su 

solicitud ante el DCR, y la determinación final de la referida agencia 

ante dicho reclamo, ello dentro del término de treinta (30) días de la 

notificación de la decisión administrativa.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones