# Diario Oficial L 79/2010

| | ISSN 1725-2512
  doi:10.3000/17252512.L_2010.079.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 79 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 53o año25 de marzo de 2010 |

ISSN 1725-2512

doi:10.3000/17252512.L_2010.079.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 79

Edición en lengua española

Legislación

53o año25 de marzo de 2010

---

| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGLAMENTOS |
| | * | Reglamento (UE) no 248/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 1484/95, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los derechos adicionales de importación en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, y el Reglamento (CE) no 504/2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos de importación adicionales en el sector de la leche y de los productos lácteos | 1 |
| | * | Reglamento (UE) no 249/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Chorizo Riojano (IGP)] | 3 |
| | * | Reglamento (UE) no 250/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)] | 5 |
| | * | Reglamento (UE) no 251/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)] | 7 |
| | | Reglamento (UE) no 252/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas | 9 |
| | | Reglamento (UE) no 253/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10 | 11 |
| | | DECISIONES |
| | | 2010/178/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2009, sobre las ayudas estatales concedidas por Alemania en relación con determinadas prestaciones del Servicio Veterinario (Tiergesundheitsdienst) de Baviera [C 24/06 (ex NN 75/2000)]
  [notificada con el número C(2009) 9954] | 13 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

REGLAMENTOS

*

Reglamento (UE) no 248/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 1484/95, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los derechos adicionales de importación en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, y el Reglamento (CE) no 504/2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos de importación adicionales en el sector de la leche y de los productos lácteos

o

o

o

1

*

Reglamento (UE) no 249/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Chorizo Riojano (IGP)]

o

3

*

Reglamento (UE) no 250/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]

o

5

*

Reglamento (UE) no 251/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)]

o

7

Reglamento (UE) no 252/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

o

9

Reglamento (UE) no 253/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10

o

o

11

DECISIONES

2010/178/UE

*

Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2009, sobre las ayudas estatales concedidas por Alemania en relación con determinadas prestaciones del Servicio Veterinario (Tiergesundheitsdienst) de Baviera [C 24/06 (ex NN 75/2000)]
  [notificada con el número C(2009) 9954]

[notificada con el número C(2009) 9954]

13

| | | IV   Actos adoptados, antes del 1 de diciembre de 2009, en aplicación del Tratado CE, del Tratado UE y del Tratado Euratom |
| --- | --- | --- |
| | * | Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 329/08/COL, de 28 de mayo de 2008, relativa a la ayuda concedida en favor de Sementsverksmiðjan hf. (Islandia) | 25 |
| | * | Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 405/08/COL, de 27 de junio de 2008, relativa al cierre del procedimiento de investigación formal en relación con el Fondo de Financiación de la Vivienda de Islandia (Islandia) | 40 |

IV   Actos adoptados, antes del 1 de diciembre de 2009, en aplicación del Tratado CE, del Tratado UE y del Tratado Euratom

*

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 329/08/COL, de 28 de mayo de 2008, relativa a la ayuda concedida en favor de Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

o

25

*

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 405/08/COL, de 27 de junio de 2008, relativa al cierre del procedimiento de investigación formal en relación con el Fondo de Financiación de la Vivienda de Islandia (Islandia)

o

40

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/1 |
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25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/1

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REGLAMENTO (UE) No 248/2010 DE LA COMISIÓN

de 24 de marzo de 2010

que modifica el Reglamento (CE) no 1484/95, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los derechos adicionales de importación en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina, y el Reglamento (CE) no 504/2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de aplicación de los derechos de importación adicionales en el sector de la leche y de los productos lácteos

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1), y, en particular, su artículo 143, letra b), leído en relación con su artículo 4,

Visto el Reglamento (CE) no 614/2009 del Consejo, de 7 de julio de 2009, relativo al régimen de intercambios para la ovoalbúmina y la lactoalbúmina (2), y, en particular, su artículo 3, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1484/95 de la Comisión (3), y el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 504/2007 de la Comisión (4) establecen que, cuando el precio de importación cif del envío sea superior al precio representativo aplicable, el importador debe depositar la garantía prevista en el artículo 248, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (5), igual al importe de los derechos adicionales que habría abonado si el cálculo de estos se hubiese realizado sobre la base del precio representativo aplicable al producto correspondiente. |
| --- | --- |

(1)

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1484/95 de la Comisión (3), y el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 504/2007 de la Comisión (4) establecen que, cuando el precio de importación cif del envío sea superior al precio representativo aplicable, el importador debe depositar la garantía prevista en el artículo 248, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (5), igual al importe de los derechos adicionales que habría abonado si el cálculo de estos se hubiese realizado sobre la base del precio representativo aplicable al producto correspondiente.

| (2) | No obstante, en un caso similar, el artículo 38, apartado 3, del Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (6), dispone que el importador debe depositar la garantía indicada en el artículo 248, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93, por un importe igual a la diferencia entre el importe del derecho de importación adicional calculado sobre la base del precio representativo aplicable al producto de que se trate y el importe del derecho de importación adicional calculado sobre la base del precio de importación cif del envío en cuestión. |
| --- | --- |

(2)

No obstante, en un caso similar, el artículo 38, apartado 3, del Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (6), dispone que el importador debe depositar la garantía indicada en el artículo 248, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93, por un importe igual a la diferencia entre el importe del derecho de importación adicional calculado sobre la base del precio representativo aplicable al producto de que se trate y el importe del derecho de importación adicional calculado sobre la base del precio de importación cif del envío en cuestión.

| (3) | En aras de la armonización de los métodos de cálculo aplicables en los distintos sectores, conviene uniformar el método previsto en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1484/95 y en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 504/2007 con el previsto en el artículo 38, apartado 3, del Reglamento (CE) no 951/2006. |
| --- | --- |

(3)

En aras de la armonización de los métodos de cálculo aplicables en los distintos sectores, conviene uniformar el método previsto en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1484/95 y en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 504/2007 con el previsto en el artículo 38, apartado 3, del Reglamento (CE) no 951/2006.

| (4) | El artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1484/95 y el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 504/2007 determinan el plazo de que dispone el importador para demostrar la comercialización del envío en unas condiciones que confirmen la realidad del precio de importación cif. En la práctica corriente, el procedimiento para la importación y la venta de mercancías en virtud del régimen considerado ha cambiado mucho. Mientras que, antes, generalmente un único operador se ocupaba de la compra en el tercer país, del despacho a libre práctica y de la venta en la Comunidad, en la actualidad son varios los operadores implicados en las distintas operaciones, lo que con frecuencia impide el cumplimiento de estos plazos. Procede, por tanto, ampliar los plazos en cuestión. |
| --- | --- |

(4)

El artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1484/95 y el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 504/2007 determinan el plazo de que dispone el importador para demostrar la comercialización del envío en unas condiciones que confirmen la realidad del precio de importación cif. En la práctica corriente, el procedimiento para la importación y la venta de mercancías en virtud del régimen considerado ha cambiado mucho. Mientras que, antes, generalmente un único operador se ocupaba de la compra en el tercer país, del despacho a libre práctica y de la venta en la Comunidad, en la actualidad son varios los operadores implicados en las distintas operaciones, lo que con frecuencia impide el cumplimiento de estos plazos. Procede, por tanto, ampliar los plazos en cuestión.

| (5) | Conviene, pues, modificar los Reglamentos (CE) no 1484/95 y (CE) no 504/2007 en consecuencia. |
| --- | --- |

(5)

Conviene, pues, modificar los Reglamentos (CE) no 1484/95 y (CE) no 504/2007 en consecuencia.

| (6) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas. |
| --- | --- |

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1484/95, los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«3.   En el caso contemplado en el apartado 2, el importador deberá constituir la garantía indicada en el artículo 248, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93, por un importe igual a la diferencia entre el importe del derecho de importación adicional, calculado sobre la base del precio representativo aplicable al producto de que se trate, y el importe del derecho de importación adicional, calculado sobre la base del precio de importación cif del envío de que se trate.

4.   El importador dispondrá de un plazo de dos meses a partir de la venta de los productos de que se trate, con un límite de nueve meses a partir de la fecha de aceptación de la declaración de despacho a libre práctica, para demostrar que ha comercializado el envío en unas condiciones que confirman la realidad de los precios señalados en el apartado 2. El incumplimiento de uno u otro de los plazos entrañará la pérdida de la garantía constituida. No obstante, la autoridad competente podrá prorrogar por un máximo de tres meses el plazo de nueve meses, previa solicitud convenientemente justificada del importador.

La garantía constituida se liberará una vez que se hayan aportado a las autoridades aduaneras pruebas satisfactorias sobre las condiciones de comercialización. En caso contrario, se ejecutará la garantía en pago de los derechos adicionales.».

Artículo 2

En el artículo 4 del Reglamento (CE) no 504/2007, los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

o

«3.   En el caso contemplado en el apartado 2, el importador deberá constituir la garantía indicada en el artículo 248, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (7), por un importe igual a la diferencia entre el importe del derecho de importación adicional, calculado sobre la base del precio representativo aplicable al producto de que se trate, y el importe del derecho de importación adicional, calculado sobre la base del precio de importación cif del envío de que se trate.

4.   El importador dispondrá de un plazo de dos meses a partir de la venta de los productos de que se trate, con un límite de nueve meses a partir de la fecha de aceptación de la declaración de despacho a libre práctica, para demostrar que ha comercializado el envío en unas condiciones que confirman la realidad de los precios señalados en el apartado 2. El incumplimiento de uno u otro de los plazos entrañará la pérdida de la garantía constituida. No obstante, la autoridad competente podrá prorrogar por un máximo de tres meses el plazo de nueve meses, previa solicitud convenientemente justificada del importador.

La garantía constituida se liberará una vez que se hayan aportado a las autoridades aduaneras pruebas satisfactorias sobre las condiciones de comercialización. En caso contrario, se ejecutará la garantía en pago de los derechos adicionales.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea

Será aplicable a partir del 1 de mayo de 2010.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO

---

(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

1

(2)  DO L 181 de 14.7.2009, p. 8.

2

(3)  DO L 145 de 29.6.1995, p. 47.

3

(4)  DO L 119 de 9.5.2007, p. 7.

4

(5)  DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.

5

(6)  DO L 178 de 1.7.2006, p. 24.

6

(7)  DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.».

7

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| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/3 |
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25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/3

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REGLAMENTO (UE) No 249/2010 DE LA COMISIÓN

de 24 de marzo de 2010

por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Chorizo Riojano (IGP)]

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 4, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

| (1) | De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Chorizo Riojano» presentada por España ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). |
| --- | --- |

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Chorizo Riojano» presentada por España ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2).

| (2) | Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada. |
| --- | --- |

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Queda registrada la denominación que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO

---

(1)  DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.

1

(2)  DO C 186 de 8.8.2009, p. 14.

2

---

ANEXO

Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:

Clase 1.2.   Productos cárnicos (cocidos, en salazón, ahumados, etc.)

ESPAÑA

Chorizo Riojano (IGP).

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| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/5 |
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25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/5

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REGLAMENTO (UE) No 250/2010 DE LA COMISIÓN

de 24 de marzo de 2010

por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 4, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

| (1) | De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, y en aplicación del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Farine de Petit Épeautre de Haute Provence» presentada por Francia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). |
| --- | --- |

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, y en aplicación del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Farine de Petit Épeautre de Haute Provence» presentada por Francia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2).

| (2) | Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada. |
| --- | --- |

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Queda registrada la denominación que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO

---

(1)  DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.

1

(2)  DO C 185 de 7.8.2009, p. 17.

2

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ANEXO

Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:

Clase 1.6.   Frutas, hortalizas y cereales al natural o transformados

FRANCIA

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)

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| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/7 |
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25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/7

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REGLAMENTO (UE) No 251/2010 DE LA COMISIÓN

de 24 de marzo de 2010

por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)]

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 4, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

| (1) | De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Yorkshire Forced Rhubarb» presentada por el Reino Unido ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). |
| --- | --- |

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Yorkshire Forced Rhubarb» presentada por el Reino Unido ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2).

| (2) | Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada. |
| --- | --- |

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Queda registrada la denominación que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO

---

(1)  DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.

1

(2)  DO C 189 de 12.8.2009, p. 29.

2

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ANEXO

Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:

Clase 1.6.   Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados

REINO UNIDO

Yorkshire Forced Rhubarb (DOP).

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| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/9 |
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25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/9

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REGLAMENTO (UE) No 252/2010 DE LA COMISIÓN

de 24 de marzo de 2010

por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (2), y, en particular, su artículo 138, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XV, parte A, de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 138 del Reglamento (CE) no 1580/2007.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de marzo de 2010.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

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(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

1

(2)  DO L 350 de 31.12.2007, p. 1.

2

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ANEXO

Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

| (EUR/100 kg) |
| --- |
| Código NC | Código país tercero (1) | Valor global de importación |
| 0702 00 00 | IL | 74,8 |
| JO | 59,4 |
| MA | 95,7 |
| TN | 128,2 |
| TR | 97,7 |
| ZZ | 91,2 |
| 0707 00 05 | JO | 68,6 |
| MA | 74,6 |
| MK | 124,9 |
| TR | 123,4 |
| ZZ | 97,9 |
| 0709 90 70 | JO | 97,9 |
| MA | 147,9 |
| TR | 103,1 |
| ZZ | 116,3 |
| 0805 10 20 | EG | 40,2 |
| IL | 59,5 |
| MA | 43,6 |
| TN | 55,8 |
| TR | 62,6 |
| ZZ | 52,3 |
| 0805 50 10 | EG | 66,4 |
| IL | 91,6 |
| MA | 49,1 |
| TR | 63,1 |
| ZZ | 67,6 |
| 0808 10 80 | AR | 89,0 |
| BR | 89,0 |
| CA | 99,1 |
| CL | 85,2 |
| CN | 74,1 |
| MK | 24,7 |
| US | 132,2 |
| UY | 68,2 |
| ZA | 107,6 |
| ZZ | 85,5 |
| 0808 20 50 | AR | 79,6 |
| CL | 69,2 |
| CN | 94,1 |
| US | 134,2 |
| UY | 118,7 |
| ZA | 94,0 |
| ZZ | 98,3 |

(EUR/100 kg)

Código NC

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

IL

74,8

JO

59,4

MA

95,7

TN

128,2

TR

97,7

ZZ

91,2

0707 00 05

JO

68,6

MA

74,6

MK

124,9

TR

123,4

ZZ

97,9

0709 90 70

JO

97,9

MA

147,9

TR

103,1

ZZ

116,3

0805 10 20

EG

40,2

IL

59,5

MA

43,6

TN

55,8

TR

62,6

ZZ

52,3

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

63,1

ZZ

67,6

0808 10 80

AR

89,0

BR

89,0

CA

99,1

CL

85,2

CN

74,1

MK

24,7

US

132,2

UY

68,2

ZA

107,6

ZZ

85,5

0808 20 50

AR

79,6

CL

69,2

CN

94,1

US

134,2

UY

118,7

ZA

94,0

ZZ

98,3

---

(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ» significa «otros orígenes».

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| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/11 |
| --- | --- | --- | --- |

25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/11

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REGLAMENTO (UE) No 253/2010 DE LA COMISIÓN

de 24 de marzo de 2010

por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (2), y, en particular, su artículo 36, apartado 2, párrafo segundo, segunda frase.

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no 236/2010 de la Comisión (4). |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no 236/2010 de la Comisión (4).

| (2) | Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006. |
| --- | --- |

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos de importación adicionales aplicables a los productos mencionados en el artículo 36 del Reglamento (CE) no 951/2006, fijados por el Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10, quedan modificados y figuran en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 25 de marzo de 2010.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

---

(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

1

(2)  DO L 178 de 1.7.2006, p. 24.

2

(3)  DO L 253 de 25.9.2009, p. 3.

3

(4)  DO L 72 de 20.3.2010, p. 15.

4

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ANEXO

Importes modificados de los precios representativos y los derechos de importación adicionales del azúcar blanco, el azúcar en bruto y los productos del código NC 1702 90 95 aplicables a partir del 25 de marzo de 2010

| (EUR) |
| --- |
| Código NC | Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto | Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto |
| 1701 11 10 (1) | 33,42 | 1,26 |
| 1701 11 90 (1) | 33,42 | 4,88 |
| 1701 12 10 (1) | 33,42 | 1,13 |
| 1701 12 90 (1) | 33,42 | 4,58 |
| 1701 91 00 (2) | 35,05 | 7,71 |
| 1701 99 10 (2) | 35,05 | 3,82 |
| 1701 99 90 (2) | 35,05 | 3,82 |
| 1702 90 95 (3) | 0,35 | 0,31 |

(EUR)

Código NC

Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto

Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto

1701 11 10 (1)

33,42

1,26

1701 11 90 (1)

33,42

4,88

1701 12 10 (1)

33,42

1,13

1701 12 90 (1)

33,42

4,58

1701 91 00 (2)

35,05

7,71

1701 99 10 (2)

35,05

3,82

1701 99 90 (2)

35,05

3,82

1702 90 95 (3)

0,35

0,31

---

(1)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto III, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(2)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto II, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(3)  Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.

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DECISIONES

| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/13 |
| --- | --- | --- | --- |

25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/13

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 15 de diciembre de 2009

sobre las ayudas estatales concedidas por Alemania en relación con determinadas prestaciones del Servicio Veterinario (Tiergesundheitsdienst) de Baviera [C 24/06 (ex NN 75/2000)]

[notificada con el número C(2009) 9954]

(El texto en lengua alemana es el único auténtico)

(2010/178/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con el artículo citado, y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

| (1) | Mediante carta de fecha 21 de febrero de 2000, se presentó ante la Comisión una denuncia respecto a unas medidas adoptadas por el Servicio Veterinario (Tiergesundheitsdienst, o TGD) de Baviera. El mismo denunciante remitió posteriormente varios escritos en relación con esta misma denuncia. El asunto se registró con el número NN 75/00. |
| --- | --- |

(1)

Mediante carta de fecha 21 de febrero de 2000, se presentó ante la Comisión una denuncia respecto a unas medidas adoptadas por el Servicio Veterinario (Tiergesundheitsdienst, o TGD) de Baviera. El mismo denunciante remitió posteriormente varios escritos en relación con esta misma denuncia. El asunto se registró con el número NN 75/00.

| (2) | Con respecto a esta denuncia, la Comisión dirigió diversas cartas a Alemania, en respuesta a las cuales las autoridades alemanas proporcionaron información suplementaria mediante sus escritos con fecha de 4 de julio y 22 de diciembre de 2000, 22 de noviembre de 2002, 10 de abril y 1 de diciembre de 2003 y 27 de junio de 2005. El 17 de julio de 2003 se celebró una reunión con representantes de las autoridades alemanas. |
| --- | --- |

(2)

Con respecto a esta denuncia, la Comisión dirigió diversas cartas a Alemania, en respuesta a las cuales las autoridades alemanas proporcionaron información suplementaria mediante sus escritos con fecha de 4 de julio y 22 de diciembre de 2000, 22 de noviembre de 2002, 10 de abril y 1 de diciembre de 2003 y 27 de junio de 2005. El 17 de julio de 2003 se celebró una reunión con representantes de las autoridades alemanas.

| (3) | La medida empezó a adoptarse en 1974. Pese a las peticiones al respecto, no se demostró que hubiera sido notificada. Por este motivo, la ayuda se incluyó en el registro de ayudas no notificadas. |
| --- | --- |

(3)

La medida empezó a adoptarse en 1974. Pese a las peticiones al respecto, no se demostró que hubiera sido notificada. Por este motivo, la ayuda se incluyó en el registro de ayudas no notificadas.

| (4) | Mediante carta de 7 de julio de 2006, la Comisión comunicó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (1) con respecto a esta ayuda. |
| --- | --- |

(4)

Mediante carta de 7 de julio de 2006, la Comisión comunicó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (1) con respecto a esta ayuda.

| (5) | La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones. |
| --- | --- |

(5)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones.

| (6) | Los interesados remitieron sus observaciones a la Comisión mediante cartas fechadas el 30 de octubre, el 2 de noviembre y el 7 de noviembre de 2006. |
| --- | --- |

(6)

Los interesados remitieron sus observaciones a la Comisión mediante cartas fechadas el 30 de octubre, el 2 de noviembre y el 7 de noviembre de 2006.

| (7) | Alemania formuló sus comentarios mediante cartas con fecha de 6 de noviembre de 2006, 22 de enero de 2007, 25 de julio de 2008 y 9 de febrero de 2009. |
| --- | --- |

(7)

Alemania formuló sus comentarios mediante cartas con fecha de 6 de noviembre de 2006, 22 de enero de 2007, 25 de julio de 2008 y 9 de febrero de 2009.

II.   DESCRIPCIÓN

| (8) | La medida se adoptó de conformidad con el artículo 14, apartado 1, de la Ley para el fomento de la agricultura bávara («Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft», o, en sus siglas alemanas, «LwFöG»). |
| --- | --- |

(8)

La medida se adoptó de conformidad con el artículo 14, apartado 1, de la Ley para el fomento de la agricultura bávara («Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft», o, en sus siglas alemanas, «LwFöG»).

| (9) | El objetivo de la medida es garantizar y mejorar las condiciones higiénicas de los alimentos de procedencia animal. |
| --- | --- |

(9)

El objetivo de la medida es garantizar y mejorar las condiciones higiénicas de los alimentos de procedencia animal.

| (10) | Los beneficiarios de la medida son los agricultores y los piscicultores (en lo sucesivo ambos grupos se englobarán bajo la denominación «agricultores»). |
| --- | --- |

(10)

Los beneficiarios de la medida son los agricultores y los piscicultores (en lo sucesivo ambos grupos se englobarán bajo la denominación «agricultores»).

| (11) | Beneficiario de la medida es también el Servicio Veterinario de Baviera (Tiergesundheitsdienst, o «TGD»). |
| --- | --- |

(11)

Beneficiario de la medida es también el Servicio Veterinario de Baviera (Tiergesundheitsdienst, o «TGD»).

| (12) | La medida se financió con recursos del Estado federado de Baviera y del Fondo Bávaro contra Epizootias («Bayerische Tierseuchenkasse», o «BTSK»). |
| --- | --- |

(12)

La medida se financió con recursos del Estado federado de Baviera y del Fondo Bávaro contra Epizootias («Bayerische Tierseuchenkasse», o «BTSK»).

| (13) | Aunque las medidas a favor de los agricultores se denominan «medidas globales», se trata de medidas que únicamente benefician a los agricultores establecidos en Baviera. Además, según la información proporcionada por Alemania, se trata de medidas muy específicas y únicamente de carácter preventivo que conciernen al sector lechero, a la producción de carne y a los sectores porcino, avícola y ovino, así como a la piscicultura. Las cabañas ganaderas fueron examinadas de acuerdo con un programa predeterminado en el que se tuvieron en cuenta los riesgos específicos de epizootias o criterios en materia de prevención y lucha contra las enfermedades de los animales. Alemania declaró asimismo que la ayuda se concedía exclusivamente para medidas globales de interés general, de un alcance más amplio que el de las disposiciones jurídicas ordinarias aplicables de forma individual a los productores ganaderos (carta de 6 de noviembre de 2006, página 4). |
| --- | --- |

(13)

Aunque las medidas a favor de los agricultores se denominan «medidas globales», se trata de medidas que únicamente benefician a los agricultores establecidos en Baviera. Además, según la información proporcionada por Alemania, se trata de medidas muy específicas y únicamente de carácter preventivo que conciernen al sector lechero, a la producción de carne y a los sectores porcino, avícola y ovino, así como a la piscicultura. Las cabañas ganaderas fueron examinadas de acuerdo con un programa predeterminado en el que se tuvieron en cuenta los riesgos específicos de epizootias o criterios en materia de prevención y lucha contra las enfermedades de los animales. Alemania declaró asimismo que la ayuda se concedía exclusivamente para medidas globales de interés general, de un alcance más amplio que el de las disposiciones jurídicas ordinarias aplicables de forma individual a los productores ganaderos (carta de 6 de noviembre de 2006, página 4).

| (14) | En las explotaciones agrarias se tomaron las siguientes categorías de medidas: seguimiento permanente mediante pruebas, incluidos los chequeos preventivos, toma de muestras y pruebas de laboratorio y en serie, asesoramiento veterinario, realización de programas profilácticos, incluidos programas de saneamiento y desarrollo de programas de vacunación. |
| --- | --- |

(14)

En las explotaciones agrarias se tomaron las siguientes categorías de medidas: seguimiento permanente mediante pruebas, incluidos los chequeos preventivos, toma de muestras y pruebas de laboratorio y en serie, asesoramiento veterinario, realización de programas profilácticos, incluidos programas de saneamiento y desarrollo de programas de vacunación.

| (15) | Según las explicaciones facilitadas por Alemania, las actividades enumeradas en el considerando 14 constituyen la base que permite asesorar a los agricultores sobre qué medidas de carácter preventivo y curativo son apropiadas. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por las autoridades alemanas, las prestaciones que habitualmente ofrecen los médicos veterinarios (por ejemplo, tratamientos farmacológicos o vacunación preventiva) no son parte integrante de esas «medidas globales». |
| --- | --- |

(15)

Según las explicaciones facilitadas por Alemania, las actividades enumeradas en el considerando 14 constituyen la base que permite asesorar a los agricultores sobre qué medidas de carácter preventivo y curativo son apropiadas. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por las autoridades alemanas, las prestaciones que habitualmente ofrecen los médicos veterinarios (por ejemplo, tratamientos farmacológicos o vacunación preventiva) no son parte integrante de esas «medidas globales».

| (16) | Las «medidas globales» son gratuitas para los agricultores. Sin embargo, los agricultores no pueden solicitarlas, sino que es el Servicio Veterinario, el TGD, el que presta estos servicios por iniciativa propia. |
| --- | --- |

(16)

Las «medidas globales» son gratuitas para los agricultores. Sin embargo, los agricultores no pueden solicitarlas, sino que es el Servicio Veterinario, el TGD, el que presta estos servicios por iniciativa propia.

| (17) | El Estado federado de Baviera restituye al TGD el coste de las medidas. De conformidad con el artículo 14, apartado 1, segunda frase, de la LwFöG, «se concederán subsidios del Estado para el 50 % de los gastos necesarios». |
| --- | --- |

(17)

El Estado federado de Baviera restituye al TGD el coste de las medidas. De conformidad con el artículo 14, apartado 1, segunda frase, de la LwFöG, «se concederán subsidios del Estado para el 50 % de los gastos necesarios».

| (18) | Otra parte de los gastos de personal y material del TGD se reembolsa con cargo a otros recursos públicos, en concreto el BTSK (véanse las ayudas estatales NN 23/07, N 426/03 y N 81/04). En conjunto, el reembolso de los costes asciende hasta el 100 %. |
| --- | --- |

(18)

Otra parte de los gastos de personal y material del TGD se reembolsa con cargo a otros recursos públicos, en concreto el BTSK (véanse las ayudas estatales NN 23/07, N 426/03 y N 81/04). En conjunto, el reembolso de los costes asciende hasta el 100 %.

| (19) | En beneficio del TGD se prestaron los servicios que se detallan a continuación. |
| --- | --- |

(19)

En beneficio del TGD se prestaron los servicios que se detallan a continuación.

| (20) | De acuerdo con el tenor literal de la LwFöG, solo se restituye al TGD la mitad de los «gastos necesarios» con cargo a los fondos estatales. En la práctica, sin embargo, según los datos aportados por Alemania, puede obtenerse una restitución de hasta el 100 %. |
| --- | --- |

(20)

De acuerdo con el tenor literal de la LwFöG, solo se restituye al TGD la mitad de los «gastos necesarios» con cargo a los fondos estatales. En la práctica, sin embargo, según los datos aportados por Alemania, puede obtenerse una restitución de hasta el 100 %.

| (21) | La ayuda se ha concedido al TGD desde 1974. Según lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (3), las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas están sujetas a un plazo de prescripción de diez años. La Comisión incoó el procedimiento de investigación en 2000. Por consiguiente, el plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo se remonta hasta 1990. De ahí que se abandonara la investigación de las ayudas pagadas antes de esa fecha. |
| --- | --- |

(21)

La ayuda se ha concedido al TGD desde 1974. Según lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (3), las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas están sujetas a un plazo de prescripción de diez años. La Comisión incoó el procedimiento de investigación en 2000. Por consiguiente, el plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo se remonta hasta 1990. De ahí que se abandonara la investigación de las ayudas pagadas antes de esa fecha.

| (22) | Los datos presupuestarios facilitados por Alemania que se adjuntan en el anexo se refieren, por lo tanto, a los pagos efectuados al TGD por la ejecución de obligaciones de servicio público en el período que se extiende de 1990 a 2008. |
| --- | --- |

(22)

Los datos presupuestarios facilitados por Alemania que se adjuntan en el anexo se refieren, por lo tanto, a los pagos efectuados al TGD por la ejecución de obligaciones de servicio público en el período que se extiende de 1990 a 2008.

| (23) | Tras un primer examen no quedó claro si los pagos con cargo a los presupuestos y los pagos del BTSK al TGD constituían una ventaja competitiva. |
| --- | --- |

(23)

Tras un primer examen no quedó claro si los pagos con cargo a los presupuestos y los pagos del BTSK al TGD constituían una ventaja competitiva.

| (24) | El denunciante alegó, además, que determinados servicios clínico-diagnósticos y terapéuticos (curativos) prestados por los veterinarios del TGD se ofrecían hasta un 90 % más baratos que el precio de coste. Este sería el ámbito en el que el TGD estaría actuando de acuerdo con criterios mercantiles. |
| --- | --- |

(24)

El denunciante alegó, además, que determinados servicios clínico-diagnósticos y terapéuticos (curativos) prestados por los veterinarios del TGD se ofrecían hasta un 90 % más baratos que el precio de coste. Este sería el ámbito en el que el TGD estaría actuando de acuerdo con criterios mercantiles.

| (25) | Ello solo es posible —arguye el denunciante— porque el TGD obtiene subvenciones para las «medidas globales» y, de este modo, se halla en condiciones de ofrecer servicios clínico-diagnósticos y terapéuticos notablemente más baratos que los ofrecidos por los veterinarios que trabajan por cuenta propia, que deben subsistir sin subvenciones. El denunciante menciona también que las circunstancias brindan una oportunidad favorable para suscribir contratos y ahorrarse, de este modo, los correspondientes gastos de desplazamiento de los veterinarios del TGD, puesto que estos ya se hallan trabajando en la explotación. |
| --- | --- |

(25)

Ello solo es posible —arguye el denunciante— porque el TGD obtiene subvenciones para las «medidas globales» y, de este modo, se halla en condiciones de ofrecer servicios clínico-diagnósticos y terapéuticos notablemente más baratos que los ofrecidos por los veterinarios que trabajan por cuenta propia, que deben subsistir sin subvenciones. El denunciante menciona también que las circunstancias brindan una oportunidad favorable para suscribir contratos y ahorrarse, de este modo, los correspondientes gastos de desplazamiento de los veterinarios del TGD, puesto que estos ya se hallan trabajando en la explotación.

| (26) | De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (4), la Comisión siempre evalúa la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas ilegales con arreglo a los criterios sustantivos establecidos en los textos legales vigentes en el momento de su concesión. Cuando la Comisión incoó el procedimiento, no disponía de datos suficientes para cerciorarse de que las ayudas a favor de los agricultores fueran conformes con las disposiciones pertinentes de la Unión, es decir, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. De ahí que la Comisión invitara a Alemania a que facilitara la información necesaria. |
| --- | --- |

(26)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (4), la Comisión siempre evalúa la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas ilegales con arreglo a los criterios sustantivos establecidos en los textos legales vigentes en el momento de su concesión. Cuando la Comisión incoó el procedimiento, no disponía de datos suficientes para cerciorarse de que las ayudas a favor de los agricultores fueran conformes con las disposiciones pertinentes de la Unión, es decir, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. De ahí que la Comisión invitara a Alemania a que facilitara la información necesaria.

| (27) | Por carta con fecha de 12 de diciembre de 2008, la Comisión pidió a Alemania que confirmara si las ayudas objeto de examen se habían concedido con posterioridad al 1 de enero de 2008 y que, de ser así, le remitiera la documentación necesaria para examinar la compatibilidad de las ayudas con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (5) (en lo sucesivo, «las Directrices comunitarias»), que sustituyeron a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario de 1 de febrero de 2000 (6) (en lo sucesivo, «las Directrices comunitarias de 2000»), con efecto a partir del 1 de enero de 2007, y con las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (7) (en lo sucesivo, «las Directrices de 2008»). En su carta de 9 de febrero de 2009, Alemania comunicó que las ayudas al sector agrario habían sido concedidas con posterioridad a 2008 y suministró la información requerida. |
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(27)

Por carta con fecha de 12 de diciembre de 2008, la Comisión pidió a Alemania que confirmara si las ayudas objeto de examen se habían concedido con posterioridad al 1 de enero de 2008 y que, de ser así, le remitiera la documentación necesaria para examinar la compatibilidad de las ayudas con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (5) (en lo sucesivo, «las Directrices comunitarias»), que sustituyeron a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario de 1 de febrero de 2000 (6) (en lo sucesivo, «las Directrices comunitarias de 2000»), con efecto a partir del 1 de enero de 2007, y con las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (7) (en lo sucesivo, «las Directrices de 2008»). En su carta de 9 de febrero de 2009, Alemania comunicó que las ayudas al sector agrario habían sido concedidas con posterioridad a 2008 y suministró la información requerida.

III.   COMENTARIOS DE ALEMANIA

| (28) | Alemania adujo que los pagos efectuados por el Estado federado de Baviera y el BTSK para la ejecución de medidas globales constituían compensaciones por la prestación de servicios públicos de interés general. Alemania remite a la jurisprudencia, con arreglo a cual las compensaciones por parte del Estado para el cumplimiento de obligaciones de servicio público no constituyen ayudas estatales si se ajustan a determinadas condiciones. Por consiguiente, a juicio de Alemania, las medidas no pueden considerarse ayudas en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
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(28)

Alemania adujo que los pagos efectuados por el Estado federado de Baviera y el BTSK para la ejecución de medidas globales constituían compensaciones por la prestación de servicios públicos de interés general. Alemania remite a la jurisprudencia, con arreglo a cual las compensaciones por parte del Estado para el cumplimiento de obligaciones de servicio público no constituyen ayudas estatales si se ajustan a determinadas condiciones. Por consiguiente, a juicio de Alemania, las medidas no pueden considerarse ayudas en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (29) | Alemania manifiesta que, en su opinión, las medidas globales sirvieron para garantizar la salud y el bienestar de los animales, así como la protección de los consumidores y de los animales. Por lo tanto, la ejecución de las medidas globales favorecía, sobre todo, al interés general. |
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(29)

Alemania manifiesta que, en su opinión, las medidas globales sirvieron para garantizar la salud y el bienestar de los animales, así como la protección de los consumidores y de los animales. Por lo tanto, la ejecución de las medidas globales favorecía, sobre todo, al interés general.

| (30) | Según señala Alemania, la ejecución de las medidas globales permitió obtener considerables conocimientos que, más tarde, se divulgaron en numerosas publicaciones especializadas y en conferencias científicas de ámbito nacional e internacional. Así pues, una parte fundamental de los resultados obtenidos con las medidas globales es accesible a la comunidad científica de la Unión. |
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(30)

Según señala Alemania, la ejecución de las medidas globales permitió obtener considerables conocimientos que, más tarde, se divulgaron en numerosas publicaciones especializadas y en conferencias científicas de ámbito nacional e internacional. Así pues, una parte fundamental de los resultados obtenidos con las medidas globales es accesible a la comunidad científica de la Unión.

| (31) | Alemania alega que, en el marco del programa de medidas globales, no se prestaron servicios curativos, es decir, los servicios que habitualmente ofrecen los médicos veterinarios (por ejemplo, tratamientos farmacológicos o vacunación preventiva). Fuera del marco de este programa subvencionado, el TGD desarrolló también algunas actividades lucrativas (servicios curativos). Estas supusieron, no obstante, menos del 5 % de todos los servicios veterinarios. Las actividades lucrativas del TGD representaron una proporción de entre el 2,6 % y el 2,85 % de su volumen de negocios total anual. |
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(31)

Alemania alega que, en el marco del programa de medidas globales, no se prestaron servicios curativos, es decir, los servicios que habitualmente ofrecen los médicos veterinarios (por ejemplo, tratamientos farmacológicos o vacunación preventiva). Fuera del marco de este programa subvencionado, el TGD desarrolló también algunas actividades lucrativas (servicios curativos). Estas supusieron, no obstante, menos del 5 % de todos los servicios veterinarios. Las actividades lucrativas del TGD representaron una proporción de entre el 2,6 % y el 2,85 % de su volumen de negocios total anual.

| (32) | Las autoridades alemanas añaden que la separación clara y transparente de los ámbitos de actividad «medidas globales» y «actividades lucrativas» permite excluir la hipótesis de una subvención cruzada. Ello se garantiza mediante un sistema de liquidación muy exhaustivo y detallado, así como por la realización de controles generalizados. |
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(32)

Las autoridades alemanas añaden que la separación clara y transparente de los ámbitos de actividad «medidas globales» y «actividades lucrativas» permite excluir la hipótesis de una subvención cruzada. Ello se garantiza mediante un sistema de liquidación muy exhaustivo y detallado, así como por la realización de controles generalizados.

IV.   OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

| (33) | Los interesados reiteraron su alegación de que el TGD, a través de los veterinarios contratados por sus servicios, no solo adoptó medidas preventivas, sino que también prestó servicios curativos. |
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(33)

Los interesados reiteraron su alegación de que el TGD, a través de los veterinarios contratados por sus servicios, no solo adoptó medidas preventivas, sino que también prestó servicios curativos.

| (34) | Aunque los interesados no afirmaron que estos servicios curativos estuvieran directamente vinculados a la concesión de una ayuda financiera, señalaron que el TGD podía ofrecer prestaciones comparables en condiciones considerablemente más favorables que los veterinarios que trabajan por cuenta propia. |
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(34)

Aunque los interesados no afirmaron que estos servicios curativos estuvieran directamente vinculados a la concesión de una ayuda financiera, señalaron que el TGD podía ofrecer prestaciones comparables en condiciones considerablemente más favorables que los veterinarios que trabajan por cuenta propia.

| (35) | No se mantuvo la alegación de que las ayudas a favor de los agricultores no eran conformes con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrícola o las disposiciones jurídicas aplicables. Tampoco se formularon objeciones sobre la puesta a disposición de los fondos. |
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(35)

No se mantuvo la alegación de que las ayudas a favor de los agricultores no eran conformes con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrícola o las disposiciones jurídicas aplicables. Tampoco se formularon objeciones sobre la puesta a disposición de los fondos.

V.   EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

| (36) | Con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE, son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. |
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(36)

Con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE, son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

| (37) | El Tribunal de Justicia ha dictaminado que, para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda con arreglo al artículo 107 del TFUE , debe determinarse si la empresa beneficiaria obtiene una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado (8), o si la empresa se libera así de una carga que normalmente hubiera tenido que afrontar con sus propios recursos (9). |
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(37)

El Tribunal de Justicia ha dictaminado que, para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda con arreglo al artículo 107 del TFUE , debe determinarse si la empresa beneficiaria obtiene una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado (8), o si la empresa se libera así de una carga que normalmente hubiera tenido que afrontar con sus propios recursos (9).

| (38) | A primera vista, parece que se cumplen estas condiciones. |
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(38)

A primera vista, parece que se cumplen estas condiciones.

| (39) | La medida se ha financiado con fondos estatales. Beneficia a determinadas empresas, en concreto a las explotaciones agrícolas de Baviera, que reciben gratuitamente servicios subvencionados. Puesto que estas empresas operan en un mercado caracterizado por una gran presión competitiva a nivel internacional, la medida falsea o amenaza falsear la competencia (10); además, afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros (11). |
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(39)

La medida se ha financiado con fondos estatales. Beneficia a determinadas empresas, en concreto a las explotaciones agrícolas de Baviera, que reciben gratuitamente servicios subvencionados. Puesto que estas empresas operan en un mercado caracterizado por una gran presión competitiva a nivel internacional, la medida falsea o amenaza falsear la competencia (10); además, afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros (11).

| (40) | Por esta razón, se trata de una medida de ayuda y es de aplicación el artículo 107, apartado 1, del TFUE. A continuación, debe examinarse si, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 107 del TFUE , podría constituir una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior. |
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(40)

Por esta razón, se trata de una medida de ayuda y es de aplicación el artículo 107, apartado 1, del TFUE. A continuación, debe examinarse si, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 107 del TFUE , podría constituir una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior.

| (41) | Las «medidas globales» para los agricultores (desde 1990) y las compensaciones al TGD por la ejecución de las «medidas globales» en el período 1990-2004 fueron concedidas sin ser notificadas a la Comisión. Se consideran ilegales puesto que su concesión es contraria al artículo 108, apartado 3, del TFUE. |
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(41)

Las «medidas globales» para los agricultores (desde 1990) y las compensaciones al TGD por la ejecución de las «medidas globales» en el período 1990-2004 fueron concedidas sin ser notificadas a la Comisión. Se consideran ilegales puesto que su concesión es contraria al artículo 108, apartado 3, del TFUE.

| (42) | No obstante, la prohibición de conceder ayudas estatales con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE no es absoluta. La Comisión ha estudiado la posibilidad de aplicar alguna de las excepciones o exenciones del principio de prohibición de ayudas que se contemplan en dicho artículo. |
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(42)

No obstante, la prohibición de conceder ayudas estatales con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE no es absoluta. La Comisión ha estudiado la posibilidad de aplicar alguna de las excepciones o exenciones del principio de prohibición de ayudas que se contemplan en dicho artículo.

| (43) | Las excepciones del artículo 107, apartado 2, del TFUE, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, y las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania no pueden aplicarse al caso que nos ocupa. |
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(43)

Las excepciones del artículo 107, apartado 2, del TFUE, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, y las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania no pueden aplicarse al caso que nos ocupa.

| (44) | La Comisión considera que las exenciones previstas en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE con respecto al desarrollo de determinadas regiones no son aplicables a este régimen, ya que la medida no constituye una ayuda para fomentar el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo. |
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(44)

La Comisión considera que las exenciones previstas en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE con respecto al desarrollo de determinadas regiones no son aplicables a este régimen, ya que la medida no constituye una ayuda para fomentar el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo.

| (45) | Por lo que se refiere a la exención contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE , baste con señalar que la ayuda en cuestión no está destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a poner remedio a una grave perturbación en la economía de Alemania. Su objetivo tampoco es promover la cultura y la conservación del patrimonio en el sentido del artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE. |
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(45)

Por lo que se refiere a la exención contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE , baste con señalar que la ayuda en cuestión no está destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a poner remedio a una grave perturbación en la economía de Alemania. Su objetivo tampoco es promover la cultura y la conservación del patrimonio en el sentido del artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE.

| (46) | Ni Alemania ni los demás interesados han remitido a dichas excepciones o exenciones durante el procedimiento de investigación. |
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(46)

Ni Alemania ni los demás interesados han remitido a dichas excepciones o exenciones durante el procedimiento de investigación.

| (47) | La única situación excepcional que podría tomarse en consideración la constituye, por lo tanto, la contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE , en el que se establece que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. |
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(47)

La única situación excepcional que podría tomarse en consideración la constituye, por lo tanto, la contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE , en el que se establece que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

| (48) | Dado que son ayudas a favor de los agricultores, cabe aplicar aquí las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal y las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. Como se señala en el considerando 26, dado que estas medidas constituyen ayudas estatales ilegales, la Comisión siempre evalúa su compatibilidad con el mercado interior con arreglo a los criterios sustantivos establecidos en los textos legales vigentes en el momento de su concesión. |
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(48)

Dado que son ayudas a favor de los agricultores, cabe aplicar aquí las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal y las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. Como se señala en el considerando 26, dado que estas medidas constituyen ayudas estatales ilegales, la Comisión siempre evalúa su compatibilidad con el mercado interior con arreglo a los criterios sustantivos establecidos en los textos legales vigentes en el momento de su concesión.

| (49) | De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales, en el caso de estas medidas son aplicables las Directrices comunitarias de 2000, mientras que las ayudas concedidas antes de la entrada en vigor de dichas Directrices (es decir, antes del 1 de enero de 2000) deben examinarse a la luz del documento de trabajo de la Comisión de 10 de noviembre de 1986 (12). |
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(49)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales, en el caso de estas medidas son aplicables las Directrices comunitarias de 2000, mientras que las ayudas concedidas antes de la entrada en vigor de dichas Directrices (es decir, antes del 1 de enero de 2000) deben examinarse a la luz del documento de trabajo de la Comisión de 10 de noviembre de 1986 (12).

| (50) | En el punto 11.4.1 de las Directrices comunitarias de 2000 se establece lo siguiente: «Si un ganadero pierde parte de sus animales debido a una enfermedad animal, o si unos determinados cultivos se ven afectados por enfermedades vegetales, ello no constituye normalmente un desastre natural ni un acontecimiento de carácter excepcional, según las definiciones del Tratado [CE].». |
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(50)

En el punto 11.4.1 de las Directrices comunitarias de 2000 se establece lo siguiente: «Si un ganadero pierde parte de sus animales debido a una enfermedad animal, o si unos determinados cultivos se ven afectados por enfermedades vegetales, ello no constituye normalmente un desastre natural ni un acontecimiento de carácter excepcional, según las definiciones del Tratado [CE].».

| (51) | En estos casos las ayudas destinadas a compensar las pérdidas, así como las destinadas a prevenir otras futuras, solo podrán ser autorizadas por la Comisión con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, que establece que las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades podrán considerarse compatibles con el mercado interior siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. |
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(51)

En estos casos las ayudas destinadas a compensar las pérdidas, así como las destinadas a prevenir otras futuras, solo podrán ser autorizadas por la Comisión con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, que establece que las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades podrán considerarse compatibles con el mercado interior siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

| (52) | Por lo que respecta a la ayuda en favor de los agricultores objeto de examen es aplicable el punto 11 de las Directrices comunitarias de 2000, ya que se trata de medidas de prevención y control de las enfermedades animales. En su evaluación de las ayudas para la prevención y el control de las enfermedades animales, la Comisión se basa en el punto 11.4 de las Directrices comunitarias de 2000. Este tipo de ayudas se consideran conformes con los artículos 107 y 108 del TFUE cuando se cumplen las condiciones que se exponen más abajo. |
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(52)

Por lo que respecta a la ayuda en favor de los agricultores objeto de examen es aplicable el punto 11 de las Directrices comunitarias de 2000, ya que se trata de medidas de prevención y control de las enfermedades animales. En su evaluación de las ayudas para la prevención y el control de las enfermedades animales, la Comisión se basa en el punto 11.4 de las Directrices comunitarias de 2000. Este tipo de ayudas se consideran conformes con los artículos 107 y 108 del TFUE cuando se cumplen las condiciones que se exponen más abajo.

| (53) | La medida solo puede aceptarse como parte de un programa apropiado instaurado a nivel comunitario, nacional o regional y destinado a prevenir, controlar o erradicar la citada plaga o enfermedad (punto 11.4.2 de las Directrices comunitarias de 2000). De conformidad con el punto 11.4.2 de las citadas Directrices, debe instituirse un sistema de alerta que, en su caso, podría ir acompañado de ayudas destinadas a fomentar la participación en medidas preventivas de carácter voluntario. De todo esto se desprende que este tipo de ayudas podrá únicamente concederse en relación con enfermedades o plagas consideradas preocupantes por las autoridades públicas, y no pueden constituir medidas de las cuales tendrían que responsabilizarse los propios agricultores. |
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(53)

La medida solo puede aceptarse como parte de un programa apropiado instaurado a nivel comunitario, nacional o regional y destinado a prevenir, controlar o erradicar la citada plaga o enfermedad (punto 11.4.2 de las Directrices comunitarias de 2000). De conformidad con el punto 11.4.2 de las citadas Directrices, debe instituirse un sistema de alerta que, en su caso, podría ir acompañado de ayudas destinadas a fomentar la participación en medidas preventivas de carácter voluntario. De todo esto se desprende que este tipo de ayudas podrá únicamente concederse en relación con enfermedades o plagas consideradas preocupantes por las autoridades públicas, y no pueden constituir medidas de las cuales tendrían que responsabilizarse los propios agricultores.

| (54) | Las medidas de ayuda deben tener un carácter preventivo o compensatorio o combinar ambos aspectos (punto 11.4.3 de las Directrices comunitarias de 2000). |
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(54)

Las medidas de ayuda deben tener un carácter preventivo o compensatorio o combinar ambos aspectos (punto 11.4.3 de las Directrices comunitarias de 2000).

| (55) | Las ayudas deben ser compatibles con las disposiciones específicas de la legislación comunitaria veterinaria y fitosanitaria (punto 11.4.4 de las Directrices comunitarias de 2000). |
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(55)

Las ayudas deben ser compatibles con las disposiciones específicas de la legislación comunitaria veterinaria y fitosanitaria (punto 11.4.4 de las Directrices comunitarias de 2000).

| (56) | Podrán concederse ayudas de hasta un 100 % de los costes efectivos (punto 11.4.5 de las Directrices comunitarias de 2000). No podrán concederse ayudas si la legislación comunitaria establece que el coste de las medidas deberá correr a cargo de la empresa agrícola. |
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(56)

Podrán concederse ayudas de hasta un 100 % de los costes efectivos (punto 11.4.5 de las Directrices comunitarias de 2000). No podrán concederse ayudas si la legislación comunitaria establece que el coste de las medidas deberá correr a cargo de la empresa agrícola.

| (57) | Estas condiciones se cumplen tal como se explica a continuación. |
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(57)

Estas condiciones se cumplen tal como se explica a continuación.

| (58) | Las medidas forman parte de un programa instaurado a nivel regional (Baviera). Su objetivo es la prevención y el control de las enfermedades animales. Esto se desprende de los objetivos establecidos expresamente en la LwFöG («garantizar y mejorar las condiciones higiénicas de los alimentos de procedencia animal») y de las «medidas globales» ejecutadas. Las medidas en cuestión sirven para luchar contra las enfermedades animales infecciosas, incluidas las enfermedades multifactoriales y las zoonosis. Además, deben optimizar y reducir la utilización de medicamentos. Las principales enfermedades de cada grupo de animales son las siguientes: ganado bovino y ovino: zoonosis, la fiebre Q, la enfermedad de Boone (paratuberculosis), la encefalopatía espongiforme transmisible y la mastitis; ganado porcino y aves de corral: zoonosis, salmonelas, Escherichia coli y enteritis. Por otra parte, se desarrollaron y probaron métodos y procedimientos de reconocimiento y diagnóstico de infecciones virales. |
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(58)

Las medidas forman parte de un programa instaurado a nivel regional (Baviera). Su objetivo es la prevención y el control de las enfermedades animales. Esto se desprende de los objetivos establecidos expresamente en la LwFöG («garantizar y mejorar las condiciones higiénicas de los alimentos de procedencia animal») y de las «medidas globales» ejecutadas. Las medidas en cuestión sirven para luchar contra las enfermedades animales infecciosas, incluidas las enfermedades multifactoriales y las zoonosis. Además, deben optimizar y reducir la utilización de medicamentos. Las principales enfermedades de cada grupo de animales son las siguientes: ganado bovino y ovino: zoonosis, la fiebre Q, la enfermedad de Boone (paratuberculosis), la encefalopatía espongiforme transmisible y la mastitis; ganado porcino y aves de corral: zoonosis, salmonelas, Escherichia coli y enteritis. Por otra parte, se desarrollaron y probaron métodos y procedimientos de reconocimiento y diagnóstico de infecciones virales.

| (59) | Las medidas globales contribuyen al objetivo de la Unión de garantizar un elevado nivel de salud animal. Por último, sobre la base de la información de que dispone, la Comisión no ve indicios de que estas medidas pudieran ser contrarias a la legislación veterinaria pertinente de la Unión. |
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(59)

Las medidas globales contribuyen al objetivo de la Unión de garantizar un elevado nivel de salud animal. Por último, sobre la base de la información de que dispone, la Comisión no ve indicios de que estas medidas pudieran ser contrarias a la legislación veterinaria pertinente de la Unión.

| (60) | El programa prevé una intensidad de la ayuda de un máximo del 100 %. El programa no estipula ninguna ayuda para los casos en que, de conformidad con la legislación de la Unión, el coste de las medidas debería correr a cargo de las explotaciones agrícolas. |
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(60)

El programa prevé una intensidad de la ayuda de un máximo del 100 %. El programa no estipula ninguna ayuda para los casos en que, de conformidad con la legislación de la Unión, el coste de las medidas debería correr a cargo de las explotaciones agrícolas.

| (61) | El 50 % de los costes de las medidas globales en el sector de la agricultura y la piscicultura corre a cargo del Estado federado de Baviera. En sus observaciones tras la incoación del procedimiento, Alemania puso en conocimiento de la Comisión que el BTSK asumía otra parte de los costes. El BTKS es una entidad pública que se financia mediante tasas parafiscales. La financiación conjunta de la ayuda con cargo a fondos del Estado federado de Baviera y al BTSK se limita al 100 % y, en la práctica, es incluso inferior a este porcentaje. En el pasado, la Comisión dio por buena en varias ocasiones la financiación del BTSK mediante tasas parafiscales (13). Por ello, la Comisión no tiene motivos para someter a estas tasas a un nuevo examen exhaustivo. Ni el demandante ni los demás interesados han impugnado el modelo de financiación del BTSK (es decir, esta parte de la financiación de la ayuda). |
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(61)

El 50 % de los costes de las medidas globales en el sector de la agricultura y la piscicultura corre a cargo del Estado federado de Baviera. En sus observaciones tras la incoación del procedimiento, Alemania puso en conocimiento de la Comisión que el BTSK asumía otra parte de los costes. El BTKS es una entidad pública que se financia mediante tasas parafiscales. La financiación conjunta de la ayuda con cargo a fondos del Estado federado de Baviera y al BTSK se limita al 100 % y, en la práctica, es incluso inferior a este porcentaje. En el pasado, la Comisión dio por buena en varias ocasiones la financiación del BTSK mediante tasas parafiscales (13). Por ello, la Comisión no tiene motivos para someter a estas tasas a un nuevo examen exhaustivo. Ni el demandante ni los demás interesados han impugnado el modelo de financiación del BTSK (es decir, esta parte de la financiación de la ayuda).

| (62) | Las Directrices comunitarias de 2000 se basan en los mismos principios en los que ya se apoyaba el documento de trabajo de la Comisión de 10 de noviembre de 1986. Por lo tanto, la misma evaluación es válida también para las ayudas concedidas a los agricultores entre 1990 y 1999, que, asimismo, deben considerarse compatibles con estos principios. Las ayudas estatales pueden considerarse, por consiguiente, compatibles con el mercado interior. |
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(62)

Las Directrices comunitarias de 2000 se basan en los mismos principios en los que ya se apoyaba el documento de trabajo de la Comisión de 10 de noviembre de 1986. Por lo tanto, la misma evaluación es válida también para las ayudas concedidas a los agricultores entre 1990 y 1999, que, asimismo, deben considerarse compatibles con estos principios. Las ayudas estatales pueden considerarse, por consiguiente, compatibles con el mercado interior.

| (63) | Por lo que respecta a la situación después de 2007, el apartado 133 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 establece que la Comisión declarará las ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE si cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (14). En este contexto, deberán tenerse en cuenta únicamente medidas destinadas a prevenir las enfermedades, puesto que no se conceden ayudas cuyo objetivo sea financiar tratamientos curativos o compensar a los agricultores por las pérdidas sufridas. |
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(63)

Por lo que respecta a la situación después de 2007, el apartado 133 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 establece que la Comisión declarará las ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE si cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas, y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (14). En este contexto, deberán tenerse en cuenta únicamente medidas destinadas a prevenir las enfermedades, puesto que no se conceden ayudas cuyo objetivo sea financiar tratamientos curativos o compensar a los agricultores por las pérdidas sufridas.

| (64) | En la medida en que la ayuda a favor de los agricultores implique costes de asesoramiento, se trataría de prestación de apoyo técnico en el sentido del apartado 103 de las Directrices comunitarias. Por este motivo, la Comisión declara que las ayudas estatales para la prestación de apoyo técnico son compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE si cumplen todas las condiciones del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1857/2006. |
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(64)

En la medida en que la ayuda a favor de los agricultores implique costes de asesoramiento, se trataría de prestación de apoyo técnico en el sentido del apartado 103 de las Directrices comunitarias. Por este motivo, la Comisión declara que las ayudas estatales para la prestación de apoyo técnico son compatibles con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE si cumplen todas las condiciones del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1857/2006.

| (65) | De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1857/2006, las ayudas se autorizarán en los casos que se especifican a continuación. |
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(65)

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1857/2006, las ayudas se autorizarán en los casos que se especifican a continuación.

| (66) | Las ayudas destinadas a compensar a los agricultores por los costes de prevención y erradicación de enfermedades de animales o plantas o infestaciones parasitarias, es decir, los derivados de controles sanitarios, pruebas y otras medidas de detección, compra y administración de vacunas, medicamentos y productos fitosanitarios, sacrificio y destrucción de los animales y destrucción de los cultivos, serán compatibles con el mercado interior. La ayuda se concederá en especie mediante servicios subvencionados, su intensidad bruta no podrá superar el 100 % y no podrá consistir en pagos directos en efectivo a los productores [artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1857/2006]. |
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(66)

Las ayudas destinadas a compensar a los agricultores por los costes de prevención y erradicación de enfermedades de animales o plantas o infestaciones parasitarias, es decir, los derivados de controles sanitarios, pruebas y otras medidas de detección, compra y administración de vacunas, medicamentos y productos fitosanitarios, sacrificio y destrucción de los animales y destrucción de los cultivos, serán compatibles con el mercado interior. La ayuda se concederá en especie mediante servicios subvencionados, su intensidad bruta no podrá superar el 100 % y no podrá consistir en pagos directos en efectivo a los productores [artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1857/2006].

| (67) | Del importe máximo de los costes o las pérdidas deberán restarse todo importe recibido con arreglo a regímenes de seguros y los costes que no se hayan ocasionado debido a la enfermedad [artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1857/2006]. |
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(67)

Del importe máximo de los costes o las pérdidas deberán restarse todo importe recibido con arreglo a regímenes de seguros y los costes que no se hayan ocasionado debido a la enfermedad [artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1857/2006].

| (68) | Los pagos deberán efectuarse en relación con enfermedades de animales o plantas o infestaciones parasitarias respecto de las que existan disposiciones nacionales o de la Unión de carácter legal, reglamentario o administrativo. Asimismo, los pagos deberán formar parte de un programa público de la Unión, nacional o regional de prevención, control o erradicación de la enfermedad o la plaga de que se trate. Las enfermedades o infestaciones parasitarias deberán indicarse claramente en el programa, el cual deberá contener asimismo una descripción de las medidas correspondientes [artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1857/2006]. |
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(68)

Los pagos deberán efectuarse en relación con enfermedades de animales o plantas o infestaciones parasitarias respecto de las que existan disposiciones nacionales o de la Unión de carácter legal, reglamentario o administrativo. Asimismo, los pagos deberán formar parte de un programa público de la Unión, nacional o regional de prevención, control o erradicación de la enfermedad o la plaga de que se trate. Las enfermedades o infestaciones parasitarias deberán indicarse claramente en el programa, el cual deberá contener asimismo una descripción de las medidas correspondientes [artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1857/2006].

| (69) | Las ayudas no podrán concederse respecto a medidas de lucha contra enfermedades para las que la normativa de la Unión imponga exacciones específicas o cuyo coste, según lo establecido por la normativa de la Unión, deba ser sufragado por las explotaciones agrarias, salvo que el coste de esas medidas de ayuda quede totalmente compensado por las exacciones obligatorias pagaderas por los productores [artículo 10, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) no 1857/2006]. |
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(69)

Las ayudas no podrán concederse respecto a medidas de lucha contra enfermedades para las que la normativa de la Unión imponga exacciones específicas o cuyo coste, según lo establecido por la normativa de la Unión, deba ser sufragado por las explotaciones agrarias, salvo que el coste de esas medidas de ayuda quede totalmente compensado por las exacciones obligatorias pagaderas por los productores [artículo 10, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) no 1857/2006].

| (70) | Por lo que respecta a las enfermedades animales, la ayuda se concederá en relación con las enfermedades recogidas en la lista de enfermedades animales de la Oficina Internacional de Epizootias y en el anexo de la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (15) [artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1857/2006]. |
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(70)

Por lo que respecta a las enfermedades animales, la ayuda se concederá en relación con las enfermedades recogidas en la lista de enfermedades animales de la Oficina Internacional de Epizootias y en el anexo de la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (15) [artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1857/2006].

| (71) | Los regímenes de ayudas deberán introducirse en un plazo de tres años a partir del momento en que se haya efectuado el gasto o registrado la pérdida. Las ayudas deberán pagarse en un plazo de cuatro años a partir de ese momento [artículo 10, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1857/2006]. |
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(71)

Los regímenes de ayudas deberán introducirse en un plazo de tres años a partir del momento en que se haya efectuado el gasto o registrado la pérdida. Las ayudas deberán pagarse en un plazo de cuatro años a partir de ese momento [artículo 10, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1857/2006].

| (72) | Estas condiciones se cumplen tal como se expone a continuación. |
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(72)

Estas condiciones se cumplen tal como se expone a continuación.

| (73) | Como se señala en el considerando 14, la ayuda comprende diferentes medidas (seguimiento permanente, toma de muestras y pruebas de laboratorio y en serie, asesoramiento veterinario, realización de programas profilácticos, incluidos los programas de saneamiento, y desarrollo de programas de vacunación), cuyo objetivo inmediato es la prevención de enfermedades. En su carta de 9 de febrero de 2009, Alemania confirmó que la ayuda había sido concedida en forma de servicios subvencionados. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1857/2006, las ayudas por dichos costes son compatibles. |
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(73)

Como se señala en el considerando 14, la ayuda comprende diferentes medidas (seguimiento permanente, toma de muestras y pruebas de laboratorio y en serie, asesoramiento veterinario, realización de programas profilácticos, incluidos los programas de saneamiento, y desarrollo de programas de vacunación), cuyo objetivo inmediato es la prevención de enfermedades. En su carta de 9 de febrero de 2009, Alemania confirmó que la ayuda había sido concedida en forma de servicios subvencionados. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1857/2006, las ayudas por dichos costes son compatibles.

| (74) | En su carta de 9 de febrero de 2009, las autoridades alemanas declararon que, en los proyectos relacionados con epizootias, las enfermedades de que se trata están recogidas en la lista de enfermedades animales de la Oficina Internacional de Epizootias y en el anexo de la Decisión 90/424/CEE. |
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(74)

En su carta de 9 de febrero de 2009, las autoridades alemanas declararon que, en los proyectos relacionados con epizootias, las enfermedades de que se trata están recogidas en la lista de enfermedades animales de la Oficina Internacional de Epizootias y en el anexo de la Decisión 90/424/CEE.

| (75) | El artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1857/2006 no es pertinente, porque las ayudas solo se concedieron para medidas preventivas. |
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(75)

El artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1857/2006 no es pertinente, porque las ayudas solo se concedieron para medidas preventivas.

| (76) | Por lo que respecta a los pagos relacionados con determinadas enfermedades, la ayuda forma parte de un programa regional, en el que se indican claramente las enfermedades o infestaciones parasitarias y las medidas correspondientes. Se cumplen, por tanto, las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1857/2006. |
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(76)

Por lo que respecta a los pagos relacionados con determinadas enfermedades, la ayuda forma parte de un programa regional, en el que se indican claramente las enfermedades o infestaciones parasitarias y las medidas correspondientes. Se cumplen, por tanto, las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1857/2006.

| (77) | Los costes que, según lo establecido por la normativa de la Unión, deben ser sufragados por los propios productores, no se subvencionan. Se cumplen, así pues, las condiciones establecidas en el artículo 10, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) no 1857/2006. |
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(77)

Los costes que, según lo establecido por la normativa de la Unión, deben ser sufragados por los propios productores, no se subvencionan. Se cumplen, así pues, las condiciones establecidas en el artículo 10, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) no 1857/2006.

| (78) | No son subvencionables los costes anteriores a la prestación de los servicios. En consecuencia, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1857/2006. |
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(78)

No son subvencionables los costes anteriores a la prestación de los servicios. En consecuencia, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1857/2006.

| (79) | Alemania no ha excluido la posibilidad de que las medidas mencionadas en el considerando 14 puedan tener relación con otros aspectos de la salud de los animales distintos de las enfermedades, plagas o infestaciones parasitarias particulares indicadas claramente (por ejemplo, la higiene de la producción). Por lo tanto, se trataría de servicios de asesoramiento en cuyo marco una serie de recomendaciones y planes se adaptan a la situación de determinados agricultores o grupos de agricultores. |
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(79)

Alemania no ha excluido la posibilidad de que las medidas mencionadas en el considerando 14 puedan tener relación con otros aspectos de la salud de los animales distintos de las enfermedades, plagas o infestaciones parasitarias particulares indicadas claramente (por ejemplo, la higiene de la producción). Por lo tanto, se trataría de servicios de asesoramiento en cuyo marco una serie de recomendaciones y planes se adaptan a la situación de determinados agricultores o grupos de agricultores.

| (80) | De conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 1857/2006, pueden admitirse las ayudas destinadas a abonar los honorarios de los servicios de asesoría prestados por terceros cuando se trate de servicios que no constituyan una actividad continua o periódica ni estén relacionados con los gastos de funcionamiento habituales de la empresa, como los servicios normales de asesoramiento fiscal, los servicios jurídicos periódicos o la publicidad. En el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1857/2006 se establece que las ayudas podrán cubrir un 100 % de estos costes y que se concederán en especie mediante servicios subvencionados. |
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(80)

De conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 1857/2006, pueden admitirse las ayudas destinadas a abonar los honorarios de los servicios de asesoría prestados por terceros cuando se trate de servicios que no constituyan una actividad continua o periódica ni estén relacionados con los gastos de funcionamiento habituales de la empresa, como los servicios normales de asesoramiento fiscal, los servicios jurídicos periódicos o la publicidad. En el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1857/2006 se establece que las ayudas podrán cubrir un 100 % de estos costes y que se concederán en especie mediante servicios subvencionados.

| (81) | Estas condiciones se cumplen, tal como se demuestra a continuación. |
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(81)

Estas condiciones se cumplen, tal como se demuestra a continuación.

| (82) | De la documentación aportada por Alemania (véase el considerando 14) se desprende que los servicios de asesoramiento subvencionados en forma de proyectos sobre cuestiones específicas y puntuales que afectan a la salud de los animales se prestaron atendiendo al interés general. Aunque para determinadas medidas podrían ser necesarios un seguimiento permanente o pruebas periódicas, parece que estos elementos han sido incluidos en los respectivos proyectos y no constituyen controles de calidad o veterinarios habituales y permanentes de la cabaña ganadera. Tampoco los costes de estas medidas pueden considerarse gastos de funcionamiento habituales de la empresa en el sentido del artículo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 1857/2006, ya que los costes por visitas rutinarias de los veterinarios con fines profilácticos y terapéuticos no son subvencionables. Toda la ayuda ha sido concedida en forma de servicios subvencionados y no puede superar el 100 % de los costes autorizados. De ahí que las ayudas estatales puedan considerarse compatibles con el mercado interior. |
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(82)

De la documentación aportada por Alemania (véase el considerando 14) se desprende que los servicios de asesoramiento subvencionados en forma de proyectos sobre cuestiones específicas y puntuales que afectan a la salud de los animales se prestaron atendiendo al interés general. Aunque para determinadas medidas podrían ser necesarios un seguimiento permanente o pruebas periódicas, parece que estos elementos han sido incluidos en los respectivos proyectos y no constituyen controles de calidad o veterinarios habituales y permanentes de la cabaña ganadera. Tampoco los costes de estas medidas pueden considerarse gastos de funcionamiento habituales de la empresa en el sentido del artículo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 1857/2006, ya que los costes por visitas rutinarias de los veterinarios con fines profilácticos y terapéuticos no son subvencionables. Toda la ayuda ha sido concedida en forma de servicios subvencionados y no puede superar el 100 % de los costes autorizados. De ahí que las ayudas estatales puedan considerarse compatibles con el mercado interior.

| (83) | Las medidas también se ejecutaron en el sector de la piscicultura. En las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura de los años 1988, 1992, 1994, 1997 y 2000, que constituyen el régimen marco, se establecen los siguientes criterios sobre la compatibilidad de las ayudas estatales en el sector veterinario y sanitario (16). Una autoridad pública deberá ocuparse de una enfermedad con el fin de garantizar que se actúa por motivos de interés público y no en beneficio de un interés particular. Los objetivos de las ayudas deberán tener un carácter preventivo, compensatorio o mixto. El Estado federado de Baviera encomendó al TGD la aplicación de las medidas y este las ejecuta de manera autónoma, como ya se ha indicado en el considerando 16 en otro contexto. Estas medidas tienen un carácter preventivo. Por esta razón, las ayudas estatales pueden considerarse compatibles con el mercado interior. |
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(83)

Las medidas también se ejecutaron en el sector de la piscicultura. En las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura de los años 1988, 1992, 1994, 1997 y 2000, que constituyen el régimen marco, se establecen los siguientes criterios sobre la compatibilidad de las ayudas estatales en el sector veterinario y sanitario (16). Una autoridad pública deberá ocuparse de una enfermedad con el fin de garantizar que se actúa por motivos de interés público y no en beneficio de un interés particular. Los objetivos de las ayudas deberán tener un carácter preventivo, compensatorio o mixto. El Estado federado de Baviera encomendó al TGD la aplicación de las medidas y este las ejecuta de manera autónoma, como ya se ha indicado en el considerando 16 en otro contexto. Estas medidas tienen un carácter preventivo. Por esta razón, las ayudas estatales pueden considerarse compatibles con el mercado interior.

| (84) | Las ayudas estatales concedidas entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2008 fueron examinadas individualmente, de conformidad con el punto 3.10 de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (17) (en lo sucesivo, «las Directrices de 2004»), en el que se hace referencia al artículo 4 del Reglamento (CE) no 1595/2004 de la Comisión (18), que, a su vez, remite al artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (19). De conformidad con el punto 3.1, párrafo segundo, de las Directrices de 2004, estas ayudas estatales son compatibles con el mercado interior y son conformes a los objetivos de la política de la competencia y de la política pesquera común, establecidos en el Reglamento (CE) no 2371/2002 (20) y en el Reglamento (CE) no 2792/1999. De conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2792/1999, podrán fomentarse acciones de interés colectivo en otros campos que normalmente no corresponden a la empresa privada. En el artículo 15, apartado 3, letras e) y l), se mencionan ejemplos de dichas medidas. La Comisión considera, en primer lugar, que el propósito de las «medidas globales» coincide con los objetivos de estos ejemplos. En segundo lugar, el TGD desempeñó estas actividades por propia iniciativa y no a petición de los agricultores. Además, en condiciones normales de mercado el beneficiario no hubiera llevado a cabo necesariamente por sí mismo las medidas (véase el artículo 3, apartado 4, de las Directrices comunitarias de 2004). Y, para terminar, estas ayudas han conducido también a mejoras duraderas para el sector, en el sentido del punto 3.5 de las Directrices comunitarias de 2004. |
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(84)

Las ayudas estatales concedidas entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2008 fueron examinadas individualmente, de conformidad con el punto 3.10 de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (17) (en lo sucesivo, «las Directrices de 2004»), en el que se hace referencia al artículo 4 del Reglamento (CE) no 1595/2004 de la Comisión (18), que, a su vez, remite al artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (19). De conformidad con el punto 3.1, párrafo segundo, de las Directrices de 2004, estas ayudas estatales son compatibles con el mercado interior y son conformes a los objetivos de la política de la competencia y de la política pesquera común, establecidos en el Reglamento (CE) no 2371/2002 (20) y en el Reglamento (CE) no 2792/1999. De conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2792/1999, podrán fomentarse acciones de interés colectivo en otros campos que normalmente no corresponden a la empresa privada. En el artículo 15, apartado 3, letras e) y l), se mencionan ejemplos de dichas medidas. La Comisión considera, en primer lugar, que el propósito de las «medidas globales» coincide con los objetivos de estos ejemplos. En segundo lugar, el TGD desempeñó estas actividades por propia iniciativa y no a petición de los agricultores. Además, en condiciones normales de mercado el beneficiario no hubiera llevado a cabo necesariamente por sí mismo las medidas (véase el artículo 3, apartado 4, de las Directrices comunitarias de 2004). Y, para terminar, estas ayudas han conducido también a mejoras duraderas para el sector, en el sentido del punto 3.5 de las Directrices comunitarias de 2004.

| (85) | En su carta de 9 de febrero de 2009, Alemania confirmó que las ayudas al sector agrícola seguían concediéndose y adjuntaba ejemplos de proyectos típicos. Entre ellos, no se incluía ningún proyecto en el sector de la piscicultura. Sin embargo, puesto que no está excluido que se hayan concedido ayudas a favor del sector de la piscicultura después del 1 de abril de 2008, debe examinarse si dichas ayudas eran compatibles con las disposiciones vigentes después de esa fecha en el sector de la agricultura y la acuicultura. En el punto 4.2 de las Directrices de 2008 se señala que las ayudas que entran en el ámbito de aplicación de otras directrices o reglamentos pueden considerarse compatibles si cumplen las condiciones establecidas en esos actos, en el presente caso las establecidas en el Reglamento (CE) no 736/2008 de la Comisión, de 22 de julio de 2008, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales concedidas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca (21). Por lo que respecta a las ayudas en favor de medidas de sanidad animal, es aplicable el artículo 14 del Reglamento (CE) no 736/2008. De conformidad con este artículo, las ayudas a favor de medidas de sanidad animal serán compatibles con el mercado interior a condición de que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 28 y 32 del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo (22) y en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 498/2007 de la Comisión (23). Por lo que respecta a las ayudas objeto de examen, las condiciones establecidas en estos Reglamentos y los principios generales del punto 3 de las Directrices comunitarias de 2008 son idénticos a los de las disposiciones vigentes para las ayudas concedidas antes del 1 de abril de 2008. Por ello, los resultados de la evaluación llevada a cabo para estas ayudas pueden extrapolarse a las ayudas concedidas después del 1 de abril de 2008. Puesto que las ayudas concedidas antes del 1 de abril de 2008 son compatibles con las disposiciones vigentes y que las ayudas otorgadas después del 1 de abril de 2008 y sus modalidades de concesión no han experimentado ningún cambio, la Comisión concluye que las ayudas cumplen las condiciones de las disposiciones vigentes en el sector de la pesca y la acuicultura. |
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(85)

En su carta de 9 de febrero de 2009, Alemania confirmó que las ayudas al sector agrícola seguían concediéndose y adjuntaba ejemplos de proyectos típicos. Entre ellos, no se incluía ningún proyecto en el sector de la piscicultura. Sin embargo, puesto que no está excluido que se hayan concedido ayudas a favor del sector de la piscicultura después del 1 de abril de 2008, debe examinarse si dichas ayudas eran compatibles con las disposiciones vigentes después de esa fecha en el sector de la agricultura y la acuicultura. En el punto 4.2 de las Directrices de 2008 se señala que las ayudas que entran en el ámbito de aplicación de otras directrices o reglamentos pueden considerarse compatibles si cumplen las condiciones establecidas en esos actos, en el presente caso las establecidas en el Reglamento (CE) no 736/2008 de la Comisión, de 22 de julio de 2008, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales concedidas a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca (21). Por lo que respecta a las ayudas en favor de medidas de sanidad animal, es aplicable el artículo 14 del Reglamento (CE) no 736/2008. De conformidad con este artículo, las ayudas a favor de medidas de sanidad animal serán compatibles con el mercado interior a condición de que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 28 y 32 del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo (22) y en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 498/2007 de la Comisión (23). Por lo que respecta a las ayudas objeto de examen, las condiciones establecidas en estos Reglamentos y los principios generales del punto 3 de las Directrices comunitarias de 2008 son idénticos a los de las disposiciones vigentes para las ayudas concedidas antes del 1 de abril de 2008. Por ello, los resultados de la evaluación llevada a cabo para estas ayudas pueden extrapolarse a las ayudas concedidas después del 1 de abril de 2008. Puesto que las ayudas concedidas antes del 1 de abril de 2008 son compatibles con las disposiciones vigentes y que las ayudas otorgadas después del 1 de abril de 2008 y sus modalidades de concesión no han experimentado ningún cambio, la Comisión concluye que las ayudas cumplen las condiciones de las disposiciones vigentes en el sector de la pesca y la acuicultura.

| (86) | Por todo ello, las ayudas estatales concedidas a los agricultores en el marco de las medidas objeto de examen cumplen las condiciones establecidas en las disposiciones de la Unión aplicables al sector de la agricultura y la acuicultura. A este respecto, la Comisión considera que ni el denunciante ni el resto de los interesados han demostrado que se haya cometido una infracción de las disposiciones pertinentes de la Unión. De ahí que las ayudas estatales puedan considerarse compatibles con el mercado interior. |
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(86)

Por todo ello, las ayudas estatales concedidas a los agricultores en el marco de las medidas objeto de examen cumplen las condiciones establecidas en las disposiciones de la Unión aplicables al sector de la agricultura y la acuicultura. A este respecto, la Comisión considera que ni el denunciante ni el resto de los interesados han demostrado que se haya cometido una infracción de las disposiciones pertinentes de la Unión. De ahí que las ayudas estatales puedan considerarse compatibles con el mercado interior.

| (87) | Para que sea considerada una ayuda estatal, una medida debe otorgar una ventaja a los beneficiarios. |
| --- | --- |

(87)

Para que sea considerada una ayuda estatal, una medida debe otorgar una ventaja a los beneficiarios.

| (88) | De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la compensación concedida por la ejecución de servicios públicos no constituye una ayuda en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, cuando se cumplen determinadas condiciones (24). De no cumplirse dichas condiciones, aunque se respeten los criterios generales para la aplicabilidad del artículo 107, apartado 1, del TFUE, una compensación de estas características constituirá una ayuda estatal. |
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(88)

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la compensación concedida por la ejecución de servicios públicos no constituye una ayuda en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, cuando se cumplen determinadas condiciones (24). De no cumplirse dichas condiciones, aunque se respeten los criterios generales para la aplicabilidad del artículo 107, apartado 1, del TFUE, una compensación de estas características constituirá una ayuda estatal.

| (89) | En la sentencia Altmark el Tribunal determinó cuáles son las condiciones necesarias para que las compensaciones de servicio público no constituyan ayudas estatales (apartado 3).






  «a) | En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben estar claramente definidas. |
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(89)

En la sentencia Altmark el Tribunal determinó cuáles son las condiciones necesarias para que las compensaciones de servicio público no constituyan ayudas estatales (apartado 3).

«a)

En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben estar claramente definidas.

| b) | En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente [...]. |
| --- | --- |

b)

En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente [...].

| c) | En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable. |
| --- | --- |

c)

En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable.

| d) | Cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se haya realizado conforme a un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios al menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse basándose en un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada [...] para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.». |
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d)

Cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se haya realizado conforme a un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios al menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse basándose en un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada [...] para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.».

| (90) | Si se cumplen estas cuatro condiciones, la compensación concedida por la ejecución de servicios públicos no constituye una ayuda estatal, de modo que los artículos 107, apartado 1, y 108 del TFUE no son aplicables. Si los Estados miembros no respetan estas condiciones, y se cumplen los criterios generales para la aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la compensación concedida por la ejecución de servicios públicos constituye una ayuda estatal, que deberá notificarse de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE. |
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(90)

Si se cumplen estas cuatro condiciones, la compensación concedida por la ejecución de servicios públicos no constituye una ayuda estatal, de modo que los artículos 107, apartado 1, y 108 del TFUE no son aplicables. Si los Estados miembros no respetan estas condiciones, y se cumplen los criterios generales para la aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la compensación concedida por la ejecución de servicios públicos constituye una ayuda estatal, que deberá notificarse de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

| (91) | Cuando se incoó el procedimiento, existían dudas, en particular, sobre el cumplimiento de las condiciones de las letras c) y d). |
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(91)

Cuando se incoó el procedimiento, existían dudas, en particular, sobre el cumplimiento de las condiciones de las letras c) y d).

| (92) | Por lo que respecta a la condición establecida en la letra a), la Comisión señala que el artículo 14, apartado 1, de la LwFöG prevé una obligación de servicio público al establecer un objetivo claro (una alimentación sana) y las posibilidades (productos agrícolas y silvícolas de gran calidad) de alcanzar este objetivo por intermedio de una serie de medidas (véase el considerando 14). Estatutariamente, la misión del TGD es fomentar y garantizar la salud de los animales, en particular con miras a la producción de alimentos sanos de origen animal y la protección de los consumidores y del bienestar de los animales. Para alcanzar estas metas, la entidad se sirve de sus propias instalaciones y su propio personal. Las medidas ejecutadas por el TGD están reguladas por el acuerdo no R1-4010/1393 de 1974 y el acuerdo marco no T-7482-100, de 13 de julio de 1993, celebrados entre el Estado federado de Baviera y el TGD de Baviera. Los pormenores de los acuerdos se determinan cada año mediante acuerdos anuales y decisiones administrativas. |
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(92)

Por lo que respecta a la condición establecida en la letra a), la Comisión señala que el artículo 14, apartado 1, de la LwFöG prevé una obligación de servicio público al establecer un objetivo claro (una alimentación sana) y las posibilidades (productos agrícolas y silvícolas de gran calidad) de alcanzar este objetivo por intermedio de una serie de medidas (véase el considerando 14). Estatutariamente, la misión del TGD es fomentar y garantizar la salud de los animales, en particular con miras a la producción de alimentos sanos de origen animal y la protección de los consumidores y del bienestar de los animales. Para alcanzar estas metas, la entidad se sirve de sus propias instalaciones y su propio personal. Las medidas ejecutadas por el TGD están reguladas por el acuerdo no R1-4010/1393 de 1974 y el acuerdo marco no T-7482-100, de 13 de julio de 1993, celebrados entre el Estado federado de Baviera y el TGD de Baviera. Los pormenores de los acuerdos se determinan cada año mediante acuerdos anuales y decisiones administrativas.

| (93) | Por lo que respecta a la condición establecida en la letra b), cabe observar que cada una de las actividades se definió con antelación y que la compensación financiera se calculó recurriendo a un sistema de puntos basado en los plazos y costes previstos. En los años siguientes se procedió de la misma forma con los servicios que se fueron añadiendo. A este respecto, hay que señalar que la actividad del TGD fue evaluada y aprobada por el Oberster Rechnungshof (Tribunal Superior de Cuentas de Baviera). Además de ello, empresas de auditoría independientes han auditado la contabilidad correspondiente al período cubierto por la decisión actualmente en vigor. |
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(93)

Por lo que respecta a la condición establecida en la letra b), cabe observar que cada una de las actividades se definió con antelación y que la compensación financiera se calculó recurriendo a un sistema de puntos basado en los plazos y costes previstos. En los años siguientes se procedió de la misma forma con los servicios que se fueron añadiendo. A este respecto, hay que señalar que la actividad del TGD fue evaluada y aprobada por el Oberster Rechnungshof (Tribunal Superior de Cuentas de Baviera). Además de ello, empresas de auditoría independientes han auditado la contabilidad correspondiente al período cubierto por la decisión actualmente en vigor.

| (94) | Por lo que respecta a la condición establecida en la letra c), Alemania ha presentado información de la que se deduce que la compensación no ha superado los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público (véase el anexo). De hecho, las cifras muestran que entre 1990 y 2004 el TGD no obtuvo ningún beneficio. Los costes de las medidas globales se establecen sobre la base de un sistema de puntos con arreglo al cual a un punto le corresponde un valor determinado en euros. Este método de cálculo fue desarrollado a raíz de una iniciativa del Tribunal de Cuentas de Baviera. Es comparable al método utilizado para calcular las prestaciones realizadas en el sector de la medicina humana. Alemania ha comunicado que el método de contabilidad empleado desde 2002 cumple los requisitos de la Directiva 2005/52/CE de la Comisión (25). |
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(94)

Por lo que respecta a la condición establecida en la letra c), Alemania ha presentado información de la que se deduce que la compensación no ha superado los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público (véase el anexo). De hecho, las cifras muestran que entre 1990 y 2004 el TGD no obtuvo ningún beneficio. Los costes de las medidas globales se establecen sobre la base de un sistema de puntos con arreglo al cual a un punto le corresponde un valor determinado en euros. Este método de cálculo fue desarrollado a raíz de una iniciativa del Tribunal de Cuentas de Baviera. Es comparable al método utilizado para calcular las prestaciones realizadas en el sector de la medicina humana. Alemania ha comunicado que el método de contabilidad empleado desde 2002 cumple los requisitos de la Directiva 2005/52/CE de la Comisión (25).

| (95) | Por lo que respecta a la condición establecida en la letra d), el 1 de enero de 2005 Baviera encomendó al TGD la ejecución de la obligación de servicio público conforme a un procedimiento abierto de contratación pública. Tras celebrar consultas con la Comisión, Baviera inició en 2004 el procedimiento de adjudicación mediante una licitación a escala europea de un contrato de servicios para «Medidas planificadas en el ámbito de la salud de los animales en las explotaciones ganaderas de Baviera». Los costes de las medidas globales se evaluaron en ocho millones de euros al año para un período de cinco años. La licitación se publicó en el suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea (serie S) (26) y en el Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt (Boletín Oficial) de Baviera. En la licitación participaron tres posibles candidatos a prestadores de servicios. El contrato de cinco años fue adjudicado al TGD, ya que este organismo podía prestar los servicios encomendados a unos costes más ventajosos. En 2009 se lanzará un nuevo procedimiento de licitación. |
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(95)

Por lo que respecta a la condición establecida en la letra d), el 1 de enero de 2005 Baviera encomendó al TGD la ejecución de la obligación de servicio público conforme a un procedimiento abierto de contratación pública. Tras celebrar consultas con la Comisión, Baviera inició en 2004 el procedimiento de adjudicación mediante una licitación a escala europea de un contrato de servicios para «Medidas planificadas en el ámbito de la salud de los animales en las explotaciones ganaderas de Baviera». Los costes de las medidas globales se evaluaron en ocho millones de euros al año para un período de cinco años. La licitación se publicó en el suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea (serie S) (26) y en el Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt (Boletín Oficial) de Baviera. En la licitación participaron tres posibles candidatos a prestadores de servicios. El contrato de cinco años fue adjudicado al TGD, ya que este organismo podía prestar los servicios encomendados a unos costes más ventajosos. En 2009 se lanzará un nuevo procedimiento de licitación.

| (96) | Por lo que respecta a la segunda alternativa de la condición establecida en la letra d), Alemania ha reconocido que en el período que concluyó el 31 de diciembre de 2004 no puede indicar ninguna empresa ordinaria que fuera completamente comparable al TGD. |
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(96)

Por lo que respecta a la segunda alternativa de la condición establecida en la letra d), Alemania ha reconocido que en el período que concluyó el 31 de diciembre de 2004 no puede indicar ninguna empresa ordinaria que fuera completamente comparable al TGD.

| (97) | Por consiguiente, Alemania no ha demostrado que la compensación pagada al TGD en el período 1990-2004 se calculara basándose en un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada, para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones. Por lo tanto, se puede suponer que las medidas en cuestión pueden haber permitido al TGD la obtención de una ventaja económica hasta el 31 de diciembre de 2004, en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
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(97)

Por consiguiente, Alemania no ha demostrado que la compensación pagada al TGD en el período 1990-2004 se calculara basándose en un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada, para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones. Por lo tanto, se puede suponer que las medidas en cuestión pueden haber permitido al TGD la obtención de una ventaja económica hasta el 31 de diciembre de 2004, en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (98) | De ahí que la compensación concedida anualmente al TGD en el período 1990-2004 constituya una ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE, mientras que la compensación anual a partir del 1 de enero de 2005, abonada en el marco de un procedimiento de adjudicación pública, se ajusta a todas las condiciones establecidas en la sentencia Altmark y no constituye, por tanto, una ayuda estatal a favor del TGD. A este respecto, la Comisión toma nota de que, tal como se desprende de la documentación aportada por Alemania, los pagos efectuados al TGD desde el 1 de enero de 2005 hasta el final de 2008 no cubren la totalidad de los costes de las medidas globales. |
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(98)

De ahí que la compensación concedida anualmente al TGD en el período 1990-2004 constituya una ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del TFUE, mientras que la compensación anual a partir del 1 de enero de 2005, abonada en el marco de un procedimiento de adjudicación pública, se ajusta a todas las condiciones establecidas en la sentencia Altmark y no constituye, por tanto, una ayuda estatal a favor del TGD. A este respecto, la Comisión toma nota de que, tal como se desprende de la documentación aportada por Alemania, los pagos efectuados al TGD desde el 1 de enero de 2005 hasta el final de 2008 no cubren la totalidad de los costes de las medidas globales.

| (99) | Por lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones establecidas en la sentencia Altmark, no se han presentado ni demandas específicas al respecto ni observaciones de otros interesados. |
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(99)

Por lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones establecidas en la sentencia Altmark, no se han presentado ni demandas específicas al respecto ni observaciones de otros interesados.

| (100) | Para evaluar la compatibilidad con el TFUE de las compensaciones abonadas al TGD por la ejecución de las obligaciones de servicio público, conviene remitir a las disposiciones legales vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. |
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(100)

Para evaluar la compatibilidad con el TFUE de las compensaciones abonadas al TGD por la ejecución de las obligaciones de servicio público, conviene remitir a las disposiciones legales vigentes en el momento de la concesión de la ayuda.

| (101) | De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa (27) (en lo sucesivo, la Comunicación), que, con arreglo al punto 26, letra b), del Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (28), es aplicable a las ayudas no notificadas, la cuestión de las compensaciones estatales debe examinarse a la luz de los tres principios siguientes:






  — | neutralidad por lo que se refiere a la propiedad pública o privada de las empresas, |
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(101)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa (27) (en lo sucesivo, la Comunicación), que, con arreglo al punto 26, letra b), del Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (28), es aplicable a las ayudas no notificadas, la cuestión de las compensaciones estatales debe examinarse a la luz de los tres principios siguientes:

—

neutralidad por lo que se refiere a la propiedad pública o privada de las empresas,

| — | libertad de los Estados miembros para definir los servicios de interés general, |
| --- | --- |

—

libertad de los Estados miembros para definir los servicios de interés general,

| — | proporcionalidad en virtud de la cual las restricciones de la competencia y las limitaciones de las libertades del mercado único no excedan de lo necesario para garantizar el cumplimiento eficaz de la misión de interés general. |
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—

proporcionalidad en virtud de la cual las restricciones de la competencia y las limitaciones de las libertades del mercado único no excedan de lo necesario para garantizar el cumplimiento eficaz de la misión de interés general.

| (102) | El primer principio, el de neutralidad, implica que la Comisión no manifiesta ninguna preferencia acerca de si la prestación del servicio de interés general debe ser realizada por empresas públicas o privadas. En el caso que nos ocupa, el respeto de este principio no ha sido puesto en duda. |
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(102)

El primer principio, el de neutralidad, implica que la Comisión no manifiesta ninguna preferencia acerca de si la prestación del servicio de interés general debe ser realizada por empresas públicas o privadas. En el caso que nos ocupa, el respeto de este principio no ha sido puesto en duda.

| (103) | La libertad de los Estados miembros para definir los servicios de interés general significa que en ellos recae prioritariamente la competencia para la definición de lo que —partiendo de las características específicas de una actividad— debe considerarse un servicio de interés económico general. Por lo que respecta a esta definición, la Comisión solo interviene en caso de utilización indebida o de error manifiesto. No obstante, las disposiciones de excepción previstas en el artículo 106, apartado 2, del TFUE solo pueden aplicarse cuando el mandato de servicio público esté definido en términos inequívocos y emane de un acto de una autoridad pública (incluidos los contratos). Ello es indispensable, por motivos de seguridad jurídica y transparencia de cara a los ciudadanos, y es, además, necesario para que la Comisión pueda examinar la proporcionalidad de las medidas. |
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(103)

La libertad de los Estados miembros para definir los servicios de interés general significa que en ellos recae prioritariamente la competencia para la definición de lo que —partiendo de las características específicas de una actividad— debe considerarse un servicio de interés económico general. Por lo que respecta a esta definición, la Comisión solo interviene en caso de utilización indebida o de error manifiesto. No obstante, las disposiciones de excepción previstas en el artículo 106, apartado 2, del TFUE solo pueden aplicarse cuando el mandato de servicio público esté definido en términos inequívocos y emane de un acto de una autoridad pública (incluidos los contratos). Ello es indispensable, por motivos de seguridad jurídica y transparencia de cara a los ciudadanos, y es, además, necesario para que la Comisión pueda examinar la proporcionalidad de las medidas.

| (104) | Las medidas globales cuya ejecución fue confiada al TGD pueden calificarse de servicio de interés económico general y, como se señala en el considerando 92, fueron claramente definidas y encomendadas al TGD. |
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(104)

Las medidas globales cuya ejecución fue confiada al TGD pueden calificarse de servicio de interés económico general y, como se señala en el considerando 92, fueron claramente definidas y encomendadas al TGD.

| (105) | A la luz del principio de proporcionalidad, el artículo 106, apartado 2, del TFUE debe interpretarse en el sentido de que los fondos que son asignados para el cumplimiento del mandato de servicio público no han de dar lugar a una distorsión indebida de los intercambios comerciales ni pueden superar la medida necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de su misión. De conformidad con el punto 26 de la Comunicación y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en ese momento, la compensación no puede superar los costes adicionales netos de la misión específica asignada. La prestación del servicio de interés económico general debe estar garantizada, y las empresas responsables deben poder soportar los costes adicionales de la misión particular que se les asigna. |
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(105)

A la luz del principio de proporcionalidad, el artículo 106, apartado 2, del TFUE debe interpretarse en el sentido de que los fondos que son asignados para el cumplimiento del mandato de servicio público no han de dar lugar a una distorsión indebida de los intercambios comerciales ni pueden superar la medida necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de su misión. De conformidad con el punto 26 de la Comunicación y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en ese momento, la compensación no puede superar los costes adicionales netos de la misión específica asignada. La prestación del servicio de interés económico general debe estar garantizada, y las empresas responsables deben poder soportar los costes adicionales de la misión particular que se les asigna.

| (106) | Por lo tanto, en el caso sometido a examen es necesario calcular los costes adicionales netos derivados para el TGD de la ejecución de servicios públicos (medidas globales) en virtud de los dos acuerdos y, a continuación, comparar el resultado del cálculo con las ayudas estatales. Si la compensación pagada al TGD no supera los costes adiciones soportados en razón de la misión de servicio público, puede considerarse que se cumple el principio de proporcionalidad. |
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(106)

Por lo tanto, en el caso sometido a examen es necesario calcular los costes adicionales netos derivados para el TGD de la ejecución de servicios públicos (medidas globales) en virtud de los dos acuerdos y, a continuación, comparar el resultado del cálculo con las ayudas estatales. Si la compensación pagada al TGD no supera los costes adiciones soportados en razón de la misión de servicio público, puede considerarse que se cumple el principio de proporcionalidad.

| (107) | Durante el período de referencia, 1990-2004, los costes adicionales relacionados con las medidas globales superaron las ayudas concedidas al TGD, tal como puede comprobarse en el anexo de la presente Decisión. |
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(107)

Durante el período de referencia, 1990-2004, los costes adicionales relacionados con las medidas globales superaron las ayudas concedidas al TGD, tal como puede comprobarse en el anexo de la presente Decisión.

| (108) | Por lo tanto, los pagos que el TGD recibió por las medidas globales objeto de la presente Decisión no supusieron una compensación excesiva de los costes adicionales incurridos por el TGD en razón de su ejecución. |
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(108)

Por lo tanto, los pagos que el TGD recibió por las medidas globales objeto de la presente Decisión no supusieron una compensación excesiva de los costes adicionales incurridos por el TGD en razón de su ejecución.

| (109) | Por todo ello, la compensación concedida al TGD en el período 1990-2004 por la prestación de servicios públicos constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, que es compatible con el artículo 106, apartado 2, del TFUE. |
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(109)

Por todo ello, la compensación concedida al TGD en el período 1990-2004 por la prestación de servicios públicos constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, que es compatible con el artículo 106, apartado 2, del TFUE.

| (110) | En este orden de cosas, la Comisión estima que es difícil entender cómo la compensación estatal —que ni siquiera cubría la totalidad de los costes adicionales derivados del mandato de servicio público— habría podido utilizarse para subvencionar las actividades lucrativas del TGD, tal como alegó el demandante. Por otra parte, la afirmación del demandante de que los veterinarios del TGD prestaron determinados servicios clínico-diagnósticos y terapéuticos hasta un 90 % más baratos que su precio de coste no ha sido demostrada ni por el demandante ni por otros interesados. |
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(110)

En este orden de cosas, la Comisión estima que es difícil entender cómo la compensación estatal —que ni siquiera cubría la totalidad de los costes adicionales derivados del mandato de servicio público— habría podido utilizarse para subvencionar las actividades lucrativas del TGD, tal como alegó el demandante. Por otra parte, la afirmación del demandante de que los veterinarios del TGD prestaron determinados servicios clínico-diagnósticos y terapéuticos hasta un 90 % más baratos que su precio de coste no ha sido demostrada ni por el demandante ni por otros interesados.

| (111) | Por causa de estas alegaciones Alemania llevó a cabo una inspección extraordinaria en el TGD. En el curso de la misma no se encontraron indicios que confirmaran estas alegaciones. Alemania ha solicitado ser informada, a fin de poder efectuar un examen pormenorizado, en caso de que aparezcan datos concretos al respecto. |
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(111)

Por causa de estas alegaciones Alemania llevó a cabo una inspección extraordinaria en el TGD. En el curso de la misma no se encontraron indicios que confirmaran estas alegaciones. Alemania ha solicitado ser informada, a fin de poder efectuar un examen pormenorizado, en caso de que aparezcan datos concretos al respecto.

| (112) | Por otra parte, a la Comisión le consta que el Colegio de Veterinarios de Baviera (Bayerische Landestierärztekammer) y la Asociación Profesional Federal de Médicos Veterinarios, Sección de Baviera (Bundesverband praktizierender Tierärzte —Landesverband Bayern), respaldan la labor del TGD, incluidas sus actividades con fines lucrativos. |
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(112)

Por otra parte, a la Comisión le consta que el Colegio de Veterinarios de Baviera (Bayerische Landestierärztekammer) y la Asociación Profesional Federal de Médicos Veterinarios, Sección de Baviera (Bundesverband praktizierender Tierärzte —Landesverband Bayern), respaldan la labor del TGD, incluidas sus actividades con fines lucrativos.

VI.   CONCLUSIÓN

| (113) | La Comisión concluye que Alemania concedió la ayuda en cuestión infringiendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. |
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(113)

La Comisión concluye que Alemania concedió la ayuda en cuestión infringiendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

| (114) | No obstante, basándose en su evaluación, la Comisión concluye que las ayudas estatales en forma de medidas globales a favor de los agricultores (desde 1990) mencionadas en los considerandos 13 y 14 y la compensación estatal concedida al TGD por la prestación de servicios públicos en el período 1990-2004, a la que se hace referencia en los considerandos 17 y 18, son compatibles con el TFUE. De hecho, tal como se ha expuesto, no se trata de ningún modo de ayudas estatales. La compensación anual mencionada en los considerandos 17 y 18, que se concede al TGD por la prestación de servicios públicos a partir del 1 de enero de 2005, responde a todas las condiciones establecidas en la sentencia Altmark y, por ello, no constituye una ayuda estatal. |
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(114)

No obstante, basándose en su evaluación, la Comisión concluye que las ayudas estatales en forma de medidas globales a favor de los agricultores (desde 1990) mencionadas en los considerandos 13 y 14 y la compensación estatal concedida al TGD por la prestación de servicios públicos en el período 1990-2004, a la que se hace referencia en los considerandos 17 y 18, son compatibles con el TFUE. De hecho, tal como se ha expuesto, no se trata de ningún modo de ayudas estatales. La compensación anual mencionada en los considerandos 17 y 18, que se concede al TGD por la prestación de servicios públicos a partir del 1 de enero de 2005, responde a todas las condiciones establecidas en la sentencia Altmark y, por ello, no constituye una ayuda estatal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda concedida por Alemania en forma de «medidas globales» en favor de los agricultores y piscicultores es compatible con el mercado interior.

La ayuda concedida por Alemania al Servicio Veterinario (Tiergesundheitsdienst) en el período 1990-2004 en forma de compensación por la ejecución de las «medidas globales» por parte del Servicio Veterinario es compatible con el mercado interior.

La compensación concedida al Servicio Veterinario (Tiergesundheitsdienst) desde el 1 de enero de 2005 por la ejecución de las «medidas globales» no constituye una ayuda en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión será la República Federal de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 2009.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

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(1)  El 1 de diciembre de 2009 los artículos 107 y 108 del TFUE reemplazaron a los artículos 87 y 88 del Tratado CE. Los artículos 87 y 88 del Tratado CE y los artículos 107 y 108 del TFUE son en sustancia idénticos. En la presente Decisión, las referencias a los artículos 107 y 108 del TFUE se entenderán hechas a los artículos 87 y 88 del Tratado CE, cuando proceda.

1

(2)  DO C 244 de 11.10.2006, p. 15.

2

(3)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

3

(4)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

4

(5)  DO C 319 de 27.12.2006, p. 1.

5

(6)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2.

6

(7)  DO C 84 de 3.4.2008, p. 10.

7

(8)  Sentencia de 11 julio de 1996 en el asunto C-39/94, SFEI (Rec. 1996, p. I-3547, apartado 60).

8

(9)  Sentencia de 14 de febrero de 1990 en el asunto C-301/87, Francia/Comisión (Rec. 1990, p. I-307, apartado 41).

9

(10)  De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto, cuando una ayuda financiera otorgada por el Estado refuerza la posición de una empresa frente a las demás empresas competidoras, se produce una posible distorsión de la competencia (sentencia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto C-730/79, Philip Morris/Comisión, Rec. 1980, p. 2671, apartados 11 y 12).

10

(11)  En 2007 el comercio intracomunitario de productos agrícolas en Alemania ascendió a 45 327 millones EUR (importaciones) y 37 514 millones EUR (exportaciones). (Fuente: Eurostat.)

11

Fuente:

(12)  Documento de trabajo de la Comisión no VI/5934/86 de 10 de noviembre de 1986.

12

o

(13)  Véanse las ayudas estatales NN 23/97, N 426/03 y N 81/04 (todavía en vigor).

13

(14)  DO L 358 de 16.12.2006, p. 3.

14

(15)  DO L 224 de 18.8.1990, p. 19.

15

(16)  Véanse letra E de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura de 1988 (DO C 313 de 8.12.1988, p. 21); el punto 2.5 de las Directrices de 1992 (DO C 152 de 17.6.1992, p. 2); el punto 2.9 de las Directrices de 1994 (DO C 260 de 17.9.1994, p. 3); el punto 2.9 de las Directrices de 1997 (DO C 100 de 27.3.1997, p. 12), y el punto 2.8 de las Directrices de 2001 (DO C 19 de 20.1.2001, p. 7).

16

(17)  DO C 229 de 14.9.2004, p. 5.

17

(18)  DO L 291 de 14.9.2004, p. 3.

18

(19)  DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.

19

(20)  DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.

20

(21)  DO L 201 de 30.7.2008, p. 16.

21

(22)  DO L 223 de 15.8.2006, p. 1.

22

(23)  DO L 120 de 10.5.2007, p. 1.

23

(24)  Sentencia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark (Rec. 2003, p. I-7747), y sentencia de 27 de noviembre de 2003 en los asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01, Enirisorse (Rec. 2003, p. I-14243).

24

(25)  DO L 234 de 10.9.2005, p. 9.

25

(26)  2004/p. 112-09421.

26

(27)  DO C 17 de 19.1.2001, p. 4.

27

(28)  DO C 297 de 29.11.2005, p. 4.

28

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ANEXO

| Año | Valor de coste de las medidas globales | Pagos Estado federado de Baviera
  (LwFöG) | Pagos Bayerische Tierseuchenkasse
  [Fondo Bávaro para Epizootias] | Pagos Estado federado de Baviera y Bayerische Tierseuchenkasse
  [Fondo Bávaro para Epizootias] | Proporción de los pagos sobre el conjunto de los costes de las medidas globales
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 7 676,94 | 3 059,57 | 4 588,84 | 7 648,42 | 99,63 |
| 1991 | 6 992,48 | 3 127,06 | 3 711,98 | 6 839,04 | 97,81 |
| 1992 | 8 953,42 | 3 203,55 | 4 588,84 | 7 792,40 | 87,03 |
| 1993 | 9 063,52 | 3 361,03 | 4 679,34 | 8 040,37 | 88,71 |
| 1994 | 9 547,05 | 3 496,01 | 4 588,84 | 8 084,85 | 84,68 |
| 1995 | 8 392,14 | 3 554,50 | 4 588,84 | 8 143,35 | 97,04 |
| 1996 | 8 336,35 | 3 599,49 | 4 588,84 | 8 188,34 | 98,22 |
| 1997 | 8 620,18 | 3 361,23 | 4 486,59 | 7 847,82 | 91,04 |
| 1998 | 8 613,61 | 3 310,10 | 4 397,11 | 7 707,21 | 89,48 |
| 1999 | 8 280,91 | 3 419,52 | 4 397,11 | 7 816,63 | 94,39 |
| 2000 | 9 267,13 | 3 419,52 | 4 453,35 | 7 872,87 | 84,95 |
| 2001 | 8 471,71 | 3 419,52 | 4 448,24 | 7 867,76 | 92,87 |
| 2002 | 10 002,90 | 3 890,00 | 4 453,35 | 8 343,35 | 83,41 |
| 2003 | 9 953,20 | 3 722,00 | 4 614,73 | 8 336,73 | 83,78 |
| 2004 | 8 415,84 | 2 807,47 | 4 496,00 | 7 303,47 | 86,78 |
| 2005 | 9 439,37 | 3 200,00 | 4 021,00 | 7 221,00 | 76,50 |
| 2006 | 8 608,75 | 2 730,00 | 4 021,00 | 6 751,00 | 78,42 |
| 2007 | 9 084,88 | 3 130,00 | 4 021,00 | 7 151,00 | 78,71 |
| 2008 | 9 047,96 | 3 080,00 | 4 086,00 | 7 166,00 | 79,20 |

Año

Valor de coste de las medidas globales

Pagos Estado federado de Baviera

(LwFöG)

Pagos Bayerische Tierseuchenkasse

[Fondo Bávaro para Epizootias]

Pagos Estado federado de Baviera y Bayerische Tierseuchenkasse

[Fondo Bávaro para Epizootias]

Proporción de los pagos sobre el conjunto de los costes de las medidas globales

(%)

1990

7 676,94

3 059,57

4 588,84

7 648,42

99,63

1991

6 992,48

3 127,06

3 711,98

6 839,04

97,81

1992

8 953,42

3 203,55

4 588,84

7 792,40

87,03

1993

9 063,52

3 361,03

4 679,34

8 040,37

88,71

1994

9 547,05

3 496,01

4 588,84

8 084,85

84,68

1995

8 392,14

3 554,50

4 588,84

8 143,35

97,04

1996

8 336,35

3 599,49

4 588,84

8 188,34

98,22

1997

8 620,18

3 361,23

4 486,59

7 847,82

91,04

1998

8 613,61

3 310,10

4 397,11

7 707,21

89,48

1999

8 280,91

3 419,52

4 397,11

7 816,63

94,39

2000

9 267,13

3 419,52

4 453,35

7 872,87

84,95

2001

8 471,71

3 419,52

4 448,24

7 867,76

92,87

2002

10 002,90

3 890,00

4 453,35

8 343,35

83,41

2003

9 953,20

3 722,00

4 614,73

8 336,73

83,78

2004

8 415,84

2 807,47

4 496,00

7 303,47

86,78

2005

9 439,37

3 200,00

4 021,00

7 221,00

76,50

2006

8 608,75

2 730,00

4 021,00

6 751,00

78,42

2007

9 084,88

3 130,00

4 021,00

7 151,00

78,71

2008

9 047,96

3 080,00

4 086,00

7 166,00

79,20

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IV Actos adoptados, antes del 1 de diciembre de 2009, en aplicación del Tratado CE, del Tratado UE y del Tratado Euratom

| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/25 |
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25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/25

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DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

No 329/08/COL

de 28 de mayo de 2008

relativa a la ayuda concedida en favor de Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC (1),

VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, los artículos 61 a 63 y el Protocolo 26 del mismo (2),

VISTO el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, y, en particular, su artículo 24 (3),

VISTO el artículo 1, apartado 2, de la parte I, y los artículos 4, apartado 4, 6, 7, apartado 5, y 14, de la parte II, del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (4),

VISTAS las Directrices del Órgano de Vigilancia (5) para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE, y, en particular, el capítulo dedicado a las ayudas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis,

VISTA la decisión del Órgano, de 14 de julio de 2004, sobre las disposiciones de aplicación contempladas en el artículo 27 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (6),

DESPUÉS DE HABER EMPLAZADO a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, y teniendo en cuenta dichas observaciones (7),

Considerando lo siguiente:

I.   HECHOS

1.   PROCEDIMIENTO

De conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3, las autoridades islandesas notificaron la venta de las acciones que el Estado poseía en Sementsverksmiðjan hf., mediante carta de 19 de agosto de 2003 de la Misión de Islandia ante la Unión Europea que remitía una carta del Ministerio de Finanzas de 19 de agosto de 2003 (Doc. no 03-5685 A).

El 17 de diciembre de 2003, la empresa Aalborg Portland Íslandi ehf. interpuso una denuncia ante el Órgano contra las condiciones de la venta por parte del Estado islandés de su participación accionarial en Sementsverksmiðjan hf. El Órgano recibió y registró esta carta el 23 de diciembre de 2003 (Doc. no 03-9059 A). El demandante solicitó que se tramitara esta denuncia simultáneamente a la notificación de la venta efectuada por el Gobierno.

Tras un intercambio de correspondencia (8), mediante carta de 21 de diciembre de 2004, el Órgano informó a las autoridades islandesas que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción con respecto a la venta por parte del Estado islandés de su participación accionarial en Sementsverksmiðjan hf. (Ref. no 296878). El Órgano planteaba dudas con respecto al valor de mercado de Sementsverksmiðjan hf. en el momento de la venta de las acciones del Estado, al valor de mercado de los activos readquiridos por el Estado, al derecho de Sementsverksmiðjan hf. de utilizar gratuitamente parte de los activos situados en Reikiavik vendidos al Tesoro Nacional y a su derecho a readquirir determinadas propiedades y derechos de propiedad en Reikiavik a un precio predeterminado.

La Decisión del Órgano no 421/04/COL por la que se incoaba el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Suplemento EEE del mismo (9). El Órgano invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones. Las autoridades islandesas presentaron observaciones sobre esta Decisión por carta de 24 de febrero de 2005 (Ref. no 311243). El 20 de junio de 2005, el Órgano recibió observaciones de Íslenskt Sement ehf., el comprador de Sementsverksmiðjan hf. (Ref. no 323552). El 2 de septiembre de 2005, Aalborg Portland Íslandi ehf. presentó nuevas observaciones (Ref. no 333018).

Mediante carta de 17 de febrero de 2006 (Ref. no 363608), las autoridades islandesas enviaron al Órgano una copia en inglés de un Acuerdo entre Sementsverksmiðjan hf. y el Ministerio de Industria, en nombre del Gobierno de Islandia, por el cual se retiraba la opción de la empresa de readquirir determinados activos en Reikiavik. Además, con arreglo al artículo 2 de dicho acuerdo, la empresa arrendaba los activos que utilizaba a partir del 1 de enero de 2004 por un período de tiempo indefinido durante el cual pagaría un arriendo mensual establecido de conformidad con los precios de mercado.

A la luz de los comentarios presentados por el denunciante y de la información y posteriores aclaraciones de las autoridades islandesas durante el procedimiento formal de investigación, el Órgano consideró necesario ampliar dicho procedimiento para cubrir la asunción por el Estado islandés de las obligaciones en materia de pensiones que correspondían a Sementsverksmiðjan hf. Por consiguiente, adoptó la Decisión no 367/06/COL, de 29 de noviembre de 2006, sobre la asunción por el Estado islandés de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf. Por carta de 29 de noviembre de 2006 (Ref. no 399095), el Órgano informó a las autoridades islandesas que había decidido ampliar el procedimiento formal de investigación a dicha medida. Las autoridades islandesas no presentaron ningún comentario a esta Decisión del Órgano.

Ese mismo día, el 29 de noviembre de 2006, el Órgano archivó el procedimiento formal de investigación relativo a las medidas de ayuda en favor de Íslenskt Sement ehf., el grupo de inversores que había adquirido las acciones del Estado en Sementsverksmiðjan hf. El Órgano concluyó que en dicha transacción no había existido ningún elemento de ayuda.

La Decisión del Órgano de Vigilancia no 367/06/COL fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Suplemento EEE del mismo (10). El Órgano invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones. El Órgano recibió observaciones de Íslenskt Sement ehf., el 7 de mayo de 2007 (Ref. no 420691). Por carta de 14 de mayo de 2007, (Ref. no 421504), el Órgano envió dichas observaciones a las autoridades islandesas con el fin de que, en su caso, se manifestasen con respecto a las mismas. Las autoridades islandesas respondieron el 18 de abril de 2008 (Ref. no 474416).

2.   ANTECEDENTES

2.1.   PROCEDIMIENTO DE VENTA DE SEMENTSVERKSMIÐJAN HF.

Hasta el año 2000, cuando un importador danés entró en el mercado islandés, Sementsverksmiðjan hf. había disfrutado de un monopolio de hecho en el mercado del cemento. A raíz de la nueva situación de competencia, Sementsverksmiðjan hf. experimentó dificultades económicas y comenzó a acumular pérdidas. Por lo tanto, en marzo de 2003, el Estado decidió vender la empresa y anunció una licitación para la venta del 100 % de sus acciones en Sementsverksmiðjan hf. (11).

La licitación condujo a la selección de un grupo de inversores (12) que creó Íslenkst Sement ehf. con el fin de adquirir las acciones del Estado y el Gobierno inició con ellos negociaciones para la venta de dichas acciones en Sementsverksmiðjan hf. Las negociaciones desembocaron en que la empresa fue vendida principalmente con arreglo a los acuerdos descritos más adelante.

El 2 de octubre de 2003, el Ministerio de Industria, en nombre del Gobierno islandés, firmó un Acuerdo de Adquisición de Acciones con el grupo de inversores Íslenskt Sement ehf. Sobre la base de este Acuerdo, el Estado, titular del 100 % de las acciones de Sementsverksmiðjan hf., vendió la totalidad a Íslenskt Sement ehf. por un precio de 68 millones ISK (coronas islandesas).

De conformidad con el artículo 4 del Acuerdo de Adquisición de Acciones, el Gobierno de Islandia se hizo cargo de las deudas y de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf. También se hizo cargo de todas las obligaciones existentes y futuras relativas al acuerdo de compensación anual de las personas que cotizan en la sección B del Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado mientras sigan siendo empleados de Sementsverksmiðjan hf.

En nombre del Tesoro Nacional, el Ministerio de Finanzas se hizo cargo del resto de los bonos emitidos para pagar las obligaciones pendientes de Sementsverksmiðjan hf. según lo establecido en el acuerdo de 1997, así como de las obligaciones existentes y futuras de los empleados actuales de la empresa afiliados a la sección B, mediante un Acuerdo firmado el 23 de octubre de 2003 con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado. De este modo, el Gobierno cumplió la obligación establecida en el artículo 4 del Acuerdo de Adquisición de Acciones entre el Ministerio de Industria e Íslenskt Sement ehf.

En virtud del artículo 5 del Acuerdo de Adquisición de Acciones, el Gobierno de Islandia debía comprar determinados activos de Sementsverksmiðjan hf. mediante un acuerdo separado. Según lo indicado en la sección 3 del artículo 5, el precio de compra de dichos activos era de 450 millones ISK.

En la misma fecha, 2 de octubre de 2003, Sementsverksmiðjan hf. y el Tesoro Nacional de Islandia firmaron un Contrato de Adquisición por el que el Tesoro compraba por 450 millones ISK las propiedades y activos de la empresa en Reikiavik, el edificio de oficinas de la empresa en Akranes, excepto un piso y la mitad de otro, y las acciones y bonos de otras empresas en poder de Sementsverksmiðjan hf. Tal como se recoge en el artículo 5 del Contrato de Adquisición, Sementsverksmiðjan hf. fue autorizada a conservar parte de las propiedades vendidas en Reikiavik (13) para utilizarlas en sus propias actividades industriales, pero revirtiéndolas al Tesoro Nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Sementsverksmiðjan hf. correría con todos los gastos de mantenimiento y mejoras de estas propiedades, pero no pagaría ninguna compensación por el derecho de uso. Con arreglo al artículo 6 del Contrato de Adquisición, hasta el 31 de diciembre de 2009, Sementsverksmiðjan hf. tendría derecho a readquirir las susodichas propiedades vendidas en Reikiavik por un precio total de 95 millones ISK, con un interés fijo anual del 7 % que comenzaría a correr a partir del 1 de agosto de 2003.

Este Contrato de Adquisición fue modificado el 16 de febrero de 2006 mediante un Acuerdo firmado entre Sementsverksmiðjan hf., el Ministerio de Industria en nombre del Gobierno de Islandia e Íslenskt Sement ehf. Las partes firmantes aceptaron no aplicar la sección 5.4 del Acuerdo de Adquisición de Acciones por lo que se refiere a la opción de rescate de determinados activos, y sustituir la sección 6 por una disposición relativa al arrendamiento de determinados activos (14). El arrendamiento mensual se estableció en [...] ISK y se actualizaría en función del índice del coste de la construcción. En lo que respecta al plazo de entrega de los activos vendidos al Tesoro Nacional, las partes aceptaron sustituir la fecha de 31 de diciembre de 2011 por la de 1 de enero de 2004.

2.2.   DEUDA DE SEMENTSVERKSMIÐJAN HF. CON EL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO

2.2.1.   
  Funcionamiento del Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado

El Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado se regía originalmente mediante las disposiciones de la Ley no 29/1963. En 1990, las primas destinadas a dicho Fondo parecieron insuficientes para cubrir sus pagos de pensiones por lo que el Estado decidió reformar el sistema y adoptó la Ley no 1/1997, denominada «Ley del Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado». El Fondo se dividió en dos secciones: se creó una nueva sección A y el Fondo de pensiones existente fue convertido en la sección B. Todos los nuevos empleados debían afiliarse a la sección A mientras que los empleados existentes podían elegir entre afiliarse a la sección A o mantener su afiliación a la sección B, que a partir de entonces quedó vetada a nuevos miembros. Según las autoridades islandesas, al dividirse el antiguo Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado en las secciones A y B, el Fondo se autofinanciaría y ya no acumularía un desequilibrio negativo entre primas y obligaciones, que en última instancia debería ser corregido por el Tesoro Nacional (15).

En cambio, debido a las disposiciones relativas a la sección B, normalmente se registra un déficit que debe ser cubierto regularmente. Estas disposiciones establecen el pago de primas a la sección B solamente sobre la base del sueldo base de los empleados afiliados y no de su salario total. Los empleados afiliados adquieren derecho a recibir un determinado porcentaje del sueldo básico correspondiente al puesto laboral que ocupan en el momento de su jubilación y, por otro lado, la pensión está ligada al incremento medio del sueldo de los empleados estatales. Con arreglo al artículo 33 de la Ley no 1/1997, quien contrata a los miembros afiliados a la sección B debe cubrir esta diferencia. Sin embargo, en caso de falta de pago del empresario y en virtud del artículo 32 de la Ley no 1/1997, el Tesoro garantiza el pago de una pensión al empleado.

2.2.2.   
  Establecimiento de una deuda de Sementsverksmiðjan hf. con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado

Mediante la reforma de 1996, se introdujo una nueva disposición en la ley que regía el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado que exigía que los empresarios devolviesen el incremento de los pagos en concepto de pensiones.

El artículo 33 de la Ley no 1/1997 establece que «en caso de que una pensión previamente determinada [...] se incrementa debido a un aumento general de la retribución de los empleados públicos, el Tesoro y los empresarios que aseguren a sus empleados en el Fondo reembolsarán
   (16) el incremento que se produzca en los pagos en concepto de pensiones [...]».

El 8 de octubre de 1997, el Ministerio de Finanzas firmó un Acuerdo con el Fondo de Pensiones de los Funcionarios sobre el pago de las obligaciones correspondientes al Tesoro Nacional de conformidad con el artículo 33 de la Ley no 1/1997 relativa al Fondo de Pensiones de los Funcionarios con respecto a los empleados de la Cementera Estatal de Islandia hasta finales de 1996. Se trataba de las obligaciones en materia de pensiones de los empleados de Sementsverksmiðjan hf. menos la cuota correspondiente a la empresa en los activos del Fondo.

El apartado 3 de dicho Acuerdo establece que: «Utilizando un tipo de interés imputado del 3,5 %, el valor actual de las obligaciones acumuladas de LSR (17) con respecto a los empleados de la Cementera Estatal de Islandia al finalizar el año 1996 se evaluaron en 494 816 380 ISK. Se considera que los activos de LSR a efectos de cubrir las obligaciones de pago corresponden al 19 % de las obligaciones acumuladas no pagadas por el Fondo. Por lo tanto, las obligaciones del Estado en nombre de Sementsverksmiðjan hf. Ltd ascienden a 400 801 268 ISK».

El nuevo artículo 33 de la Ley no 1/1997 establece la posibilidad de pagar con bonos.

«El Consejo de Administración del Fondo podrá [...] aceptar un título mobiliario para el pago de compromisos acumulados. [...] El compromiso así cubierto se basará en una evaluación actuarial en la fecha del acuerdo. La empresa que cubra su compromiso mediante la emisión de un título mobiliario de conformidad con el presente apartado no tendrá ninguna otra responsabilidad por los compromisos del Fondo [...] por lo que se refiere al período y los empleados a los que se aplica el acuerdo».

Con arreglo al artículo 4 del mismo Acuerdo «El Tesoro Nacional desembolsará en favor de LSR su obligación de conformidad con el artículo 2 mediante bonos de la Cementera Estatal de Islandia por un importe total de 326 488 714 ISK [...]. Para tener en cuenta la inflación, los bonos serán ajustados a la misma de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC) y sobre la base de un índice 178,6. El interés anual será del 5,5 % (un 2,75 % semestral) y se calculará a partir del 1 de enero de 1997. El interés correspondiente al período del 1 de enero de 1997 hasta el 30 de agosto de 1997 se pagará por separado el 1 de noviembre de 1997. El valor actual de los bonos a fecha de 1 de septiembre de 1997, a un interés imputado del 3,5 %, es de 400 801 268 ISK. El Tesoro Nacional garantizará a LSR el pago de los plazos y los intereses de dichos bonos. Mediante estos bonos, el Tesoro Nacional ha cubierto completamente sus obligaciones para con LSR con respecto a los suplementos de pensión de conformidad con el artículo 33 de la Ley no 1/1997 relativa al Fondo de Pensiones de los Funcionarios, derivada de la pertenencia de los empleados de la Cementera Estatal de Islandia a LSR hasta finales de 1996».

o

Por lo tanto, tras la aplicación del artículo 33, último apartado, de la Ley no 1/1997, una vez que Sementsverksmiðjan hf. había cumplido su compromiso mediante la emisión de bonos por el importe determinado en el Acuerdo de 8 de octubre de 1997, la empresa no tendría ninguna otra responsabilidad por lo que respecta a los compromisos del Fondo de pagar las pensiones, hasta finales de 1996, a sus antiguos empleados a los que se aplicaba el acuerdo. Por lo tanto, dichos bonos son simplemente un aplazamiento del pago de la deuda.

o

El 30 de marzo de 1999, Sementsverksmiðjan hf. y el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado firmaron un segundo acuerdo, de conformidad con el artículo 33 de la Ley no 1/1997, con arreglo al cual el Fondo evaluaría anualmente las obligaciones en materia de pensiones surgidas durante el año con respecto a los empleados de la empresa afiliados a la sección B del Fondo y aún en actividad en la empresa. La empresa se haría cargo de estas obligaciones después de deducir todas las contribuciones pagadas ya por los empleados y por la empresa relativas a los derechos generados durante el año. Según la información facilitada por las autoridades islandesas, en 2003, 5 empleados de Sementsverksmiðjan hf. estaban todavía afiliados a la sección B del Fondo.

o

2.2.3.   
  Asunción por el Estado de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf.

Asunción por el Estado de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf.

Mediante un acuerdo de 23 de octubre de 2003 entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado, en nombre del Tesoro Nacional, el Ministerio de Finanzas se hizo cargo del resto de los bonos emitidos por Sementsverksmiðjan hf. para pagar las obligaciones acumuladas de la empresa según lo establecido en el acuerdo de 1997. El Gobierno también se hizo cargo de las obligaciones de Sementsverksmiðjan hf. con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado de pagar y liquidar anualmente el acuerdo de compensación para los empleados de la empresa afiliados a la sección B del Fondo (según lo establecido en un Acuerdo entre el Fondo y Sementsverksmiðjan hf. de 30 de marzo de 1999).

Con este Acuerdo, el Ministerio de Finanzas cumplía su obligación de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo de Adquisición de Acciones firmado el 2 de octubre de 2003 con el grupo de inversores Íslenskt Sement ehf. En virtud de dicha disposición, «el vendedor asumirá las deudas y obligaciones de la empresa en materia de pensiones garantizadas por el Estado y que fueron asumidas por la empresa en 1997 mediante un acuerdo especial. Igualmente, el vendedor se hará cargo de todas las obligaciones existentes y futuras relativas al acuerdo anual de compensación para las personas que actualmente cotizan en la sección B del Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado mientras sean empleados de la empresa».

Aunque el propio Ministerio de Finanzas decidiera hacerse cargo de estas deudas y obligaciones de Sementsverksmiðjan hf. en el Acuerdo de Adquisición de Acciones con el grupo de inversores Íslenskt Sement ehf., fue sobre la base de un acto jurídico específico, el acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado de 23 de octubre de 2003, como Sementsverksmiðjan hf. fue liberada de estas obligaciones.

Según la información proporcionada por las autoridades islandesas (18), las obligaciones en materia de pensiones de los empleados ya jubilados se estimaban en 412 millones ISK en 2003. Las obligaciones futuras relativas a los trabajadores de Sementsverksmiðjan hf. que seguían perteneciendo a la sección B del Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado se estimaban entre 10 y 15 millones ISK, dependiendo del tiempo que permaneciesen en la empresa.

18

3.   MEDIDAS EVALUADAS EN LA PRESENTE DECISIÓN

MEDIDAS EVALUADAS EN LA PRESENTE DECISIÓN

Tal como ya se explicó, el procedimiento formal de investigación incoado mediante la Decisión no 421/04/COL fue ampliado para cubrir la asunción por el Estado de las obligaciones en materia de pensiones de la empresa mediante la Decisión no 367/06/COL.

o

o

En esa misma fecha, 29 de noviembre de 2006, el Órgano adoptó la Decisión no 368/06/COL con el fin de archivar el procedimiento formal de investigación relativo a la venta de las acciones del Estado en Sementsverksmiðjan hf. a Íslenskt Sement ehf. el 29 de noviembre de 2006 por un precio de 68 millones ISK y concluyó que la venta no contenía ayuda estatal.

o

En la presente Decisión, el Órgano evaluará la posible existencia y compatibilidad de la ayuda estatal en favor de Sementsverksmiðjan hf. en lo relativo a las siguientes medidas con respecto a las cuales el Órgano no ha adoptado hasta ahora ninguna decisión:

| 1) | Compra de propiedades, activos, acciones y bonos de Sementsverksmiðjan hf. por el Estado.
  En la Decisión no 421/04/COL, el Órgano planteó la cuestión de que podría existir ayuda estatal en la compra por el Tesoro Nacional de Islandia de activos pertenecientes a Sementsverksmiðjan hf. (19) por un precio de 450 millones ISK en caso de que dicho precio no correspondiera a su valor de mercado. |
| --- | --- |

1)

Compra de propiedades, activos, acciones y bonos de Sementsverksmiðjan hf. por el Estado.

En la Decisión no 421/04/COL, el Órgano planteó la cuestión de que podría existir ayuda estatal en la compra por el Tesoro Nacional de Islandia de activos pertenecientes a Sementsverksmiðjan hf. (19) por un precio de 450 millones ISK en caso de que dicho precio no correspondiera a su valor de mercado.

o

19

| 2) | Derecho de Sementsverksmiðjan hf. a conservar parte de los activos y a readquirirlos a un precio fijo.
  En la Decisión no 421/04/COL, el Órgano también incoó un procedimiento formal de investigación relativo a la posibilidad de que Sementsverksmiðjan hf. conservase parte de las propiedades vendidas en Reikiavik (20), utilizarlas para sus propias actividades industriales y devolverlas al Tesoro Nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Sementsverksmiðjan hf. tendría que soportar los gastos de mantenimiento y mejoras de estas propiedades, pero no pagaría ninguna compensación por este derecho de uso. Por otra parte, en virtud del artículo 6 del Contrato de Adquisición, hasta el 31 de diciembre de 2009, Sementsverksmiðjan hf. tenía derecho a readquirir las susodichas propiedades vendidas en Reikiavik por un precio total de 95 millones ISK con un interés fijo anual del 7 % a partir del 1 de agosto de 2003.
  En la Decisión no 421/04/COL, el Órgano consideró preliminarmente que la falta de remuneración por el uso de los activos situados en Reikiavik vendidos al Tesoro constituía ayuda estatal. El Órgano consideró que en caso de que Sementsverksmiðjan hf. hiciera uso del susodicho precio de recompra, el Estado podría perder ingresos si vendiese los activos a un precio inferior al de su valor de mercado. |
| --- | --- |

2)

Derecho de Sementsverksmiðjan hf. a conservar parte de los activos y a readquirirlos a un precio fijo.

En la Decisión no 421/04/COL, el Órgano también incoó un procedimiento formal de investigación relativo a la posibilidad de que Sementsverksmiðjan hf. conservase parte de las propiedades vendidas en Reikiavik (20), utilizarlas para sus propias actividades industriales y devolverlas al Tesoro Nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Sementsverksmiðjan hf. tendría que soportar los gastos de mantenimiento y mejoras de estas propiedades, pero no pagaría ninguna compensación por este derecho de uso. Por otra parte, en virtud del artículo 6 del Contrato de Adquisición, hasta el 31 de diciembre de 2009, Sementsverksmiðjan hf. tenía derecho a readquirir las susodichas propiedades vendidas en Reikiavik por un precio total de 95 millones ISK con un interés fijo anual del 7 % a partir del 1 de agosto de 2003.

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20

En la Decisión no 421/04/COL, el Órgano consideró preliminarmente que la falta de remuneración por el uso de los activos situados en Reikiavik vendidos al Tesoro constituía ayuda estatal. El Órgano consideró que en caso de que Sementsverksmiðjan hf. hiciera uso del susodicho precio de recompra, el Estado podría perder ingresos si vendiese los activos a un precio inferior al de su valor de mercado.

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| 3) | Asunción por el Tesoro Nacional de las obligaciones en materia de pensiones correspondientes a Sementsverksmiðjan hf.
  En la Decisión 367/06/COL, el Órgano concluyó preliminarmente que la asunción por el Estado de las obligaciones en materia de pensiones correspondientes a Sementsverksmiðjan hf. constituía ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. El Órgano tenía dudas sobre si a la prohibición general de ayuda estatal podría aplicársele alguna de las excepciones previstas de conformidad con el artículo 61, apartados 2 o 3, del Acuerdo EEE. En caso de que existiera ayuda estatal, el Órgano expresó dudas sobre si podría considerarse compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Más específicamente, el Órgano planteaba si la ayuda podría considerarse compatible en virtud de las disposiciones de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración. |
| --- | --- |

3)

Asunción por el Tesoro Nacional de las obligaciones en materia de pensiones correspondientes a Sementsverksmiðjan hf.

En la Decisión 367/06/COL, el Órgano concluyó preliminarmente que la asunción por el Estado de las obligaciones en materia de pensiones correspondientes a Sementsverksmiðjan hf. constituía ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. El Órgano tenía dudas sobre si a la prohibición general de ayuda estatal podría aplicársele alguna de las excepciones previstas de conformidad con el artículo 61, apartados 2 o 3, del Acuerdo EEE. En caso de que existiera ayuda estatal, el Órgano expresó dudas sobre si podría considerarse compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Más específicamente, el Órgano planteaba si la ayuda podría considerarse compatible en virtud de las disposiciones de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración.

4.   OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ISLANDESAS

OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ISLANDESAS

Mediante carta de 23 de febrero de 2005, las autoridades islandesas presentaron observaciones con respecto a las dudas expresadas por el Órgano en la Decisión no 421/04/COL, explicando que la recompara de los activos de Sementsverksmiðjan hf. tuvo lugar como parte de una reestructuración: «El Estado compraría a la empresa todos los activos que no fueran imprescindibles para la producción y explotación, con el fin de reducir los costes de funcionamiento y hacer viable a la empresa».

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En lo que respecta al valor correcto de los activos readquiridos, las autoridades islandesas sostuvieron que la evaluación más correcta era la realizada por los expertos de AV y VSO Ráðgjöf en septiembre de 2003, que valoraron las propiedades situadas en Reikiavik en 276 millones ISK y el edificio de oficinas de Akranes en 74,4 millones ISK. Las autoridades islandesas consideraron que la evaluación de los activos de Reikiavik era muy favorable al Estado puesto que tenían un valor estratégico, basado en el valor futuro esperado, «puesto que en el momento de la venta existían planes para un gran proyecto de puente que bloquearía el puerto de la empresa en Saeverhöfdi (Reikiavik) inutilizando así las instalaciones para las actividades de la empresa. Sin embargo, este puente conllevará un cambio en la ordenación de la ciudad en dicha zona y se espera que el terreno se reserve para zona residencial, lo que aumentaría considerablemente su valor».

En lo tocante al derecho de recompra de determinados activos establecido en el artículo 6 del Acuerdo de Adquisición de 2 de octubre de 2003, las autoridades islandesas indicaban en esta carta su voluntad de modificar el Acuerdo y de sustituir esta opción por un derecho preferente a valor de mercado.

Por último, las autoridades islandesas presentaron argumentos para justificar que si hubiera existido ayuda en el proceso de venta de Sementsverksmiðjan hf., podría considerarse compatible sobre la base de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración y, a dicho efecto, adjuntaron un plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf.

Las autoridades islandesas no hicieron ninguna observación con respecto a la Decisión no 367/06/COL del Órgano relativa a la asunción por el Estado islandés de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf.

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5.   OBSERVACIONES DE ÍSLENSKT SEMENT EHF.

OBSERVACIONES DE ÍSLENSKT SEMENT EHF.

El 20 de junio de 2005, Íslenskt Sement ehf. presentó observaciones a la Decisión no 421/04/COL del Órgano (Ref. no 323552). En la carta afirmaba que los activos readquiridos por el Estado a Sementsverksmiðjan hf. no se vendieron individualmente sino que estaban ligados a la venta de acciones. Por lo tanto, dicha venta era una parte integrante del acuerdo general de compra del conjunto de las acciones de Sementsverksmiðjan hf. Además, Íslenskt Sement ehf. consideraba que los derechos de Sementsverksmiðjan hf. para utilizar algunos de los activos readquiridos formaban parte integrante de la privatización de la empresa, que se tuvo en cuenta al negociar el precio total de compra. A pesar de ello, opinaba que el valor objetivo de mercado del derecho a utilizar estos activos sería insignificante «o incluso puede considerarse que no tiene ningún valor» puesto que solo podrían ser utilizados por Sementsverksmiðjan hf. como único productor de cemento en Islandia. Finalmente, Íslenskt Sement ehf. impugnaba que el derecho de la empresa a readquirir por 95 millones ISK los activos que tiene derecho a utilizar contenga ayuda estatal puesto que estas instalaciones especializadas de producción de cemento tenían escaso valor de mercado.

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En una carta de 7 de mayo de 2007 (Ref. no 421504), Íslenskt Sement ehf. expresó en primer lugar sus opiniones sobre el planteamiento adoptado por el Órgano de dividir el asunto en dos partes: la venta de acciones y las otras medidas. En opinión de la empresa, habría que considerar las distintas transacciones en conjunto. «Una condición previa, tanto en nombre del vendedor (Gobierno islandés) como del comprador (Íslenskt Sement ehf.), era que los acuerdos concluidos el mismo día constituían una transacción que no podía dividirse. Por ello, uno o más de los acuerdos no se habrían celebrado si no se hubieran celebrado todos los demás al mismo tiempo y relacionados entre sí».

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En segundo lugar, Íslenskt Sement ehf. presentó argumentos para demostrar que en la asunción por el Estado islandés de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf. no había elementos de ayuda estatal, explicando que las obligaciones en materia de pensiones no se incluyeron en el balance de las cuentas anuales de 1996 sino que solo se anotaron como obligación condicional fuera de balance. En 1997, las obligaciones en materia de pensiones de la empresa fueron cubiertas con la emisión de bonos, lo que significa que se financiaron mediante deuda (bonos) para con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado y que fueron anotadas como pasivo a largo plazo en el balance de cuentas anuales de 1997 y de años siguientes. Además, Íslenskt Sement ehf. explicó que con respecto a la venta de sus acciones en Sementsverksmiðjan hf., el Estado asumió en 2003 la deuda que la empresa tenía con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado. Así, en las cuentas anuales de 2003 tuvo que deducirse un importe de 388 028 317 ISK del pasivo del balance al mismo tiempo que se incrementaron en idéntico importe los beneficios no distribuidos de la empresa.

En tercer lugar, Íslenskt Sement ehf. se refería a la venta de activos de Sementsverksmiðjan hf. al Estado por un importe de 450 millones ISK, que se abordó en la Decisión no 421/04/COL del Órgano. Todas las acciones y bonos se vendieron al Estado a valor de mercado (21). Las instalaciones de Saevarhófdi, en Reikiavik, y la parte del edificio de oficinas de Akranes fueron valoradas, respectivamente, en 276 y 74,4 millones ISK y fueron vendidas al Estado por 280 y 72,5 millones ISK, respectivamente.

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21

Íslenskt Sement ehf. también se refería a los costes de liquidación de Sementsverksmiðjan hf. según lo establecido por MP Investment Bank Ltd. en 2003, alegando que el coste de liquidación se había calculado en 506 498 730 ISK, incluida la limpieza de las instalaciones de Akranes.

Íslenskt Sement ehf. concluía que «al aplicar el método establecido por el TJE, por ejemplo en el asunto Gröditzer Stahlwerke GmbH, la cuestión es si los costes totales de liquidación por el Estado de la empresa superarían el coste de que el Estado se hiciera cargo de las deudas y vendiera las acciones de la empresa. Si la respuesta a esta cuestión es afirmativa, debe considerarse que el Estado actuó de conformidad con el principio de inversor en una economía de mercado, puesto que un inversor privado se habría hecho cargo de la deuda y habría vendido las acciones en la empresa basándose en un razonamiento económico sólido». Por lo tanto, Íslenskt Sement ehf. opinaba que «los costes totales de liquidación superaron el coste total de venta de la empresa en 70 376 683 ISK (22) y el Estado actuó por lo tanto de conformidad con el principio del inversor en una economía de mercado. En consecuencia, no puede existir ningún elemento de ayuda estatal en la asunción por el Estado de la deuda de la empresa con el Fondo de Pensiones relativa a la venta por el Estado de las acciones en la empresa».

22

6.   OBSERVACIONES DE AALBORG PORTLAND ÍSLANDI EHF.

OBSERVACIONES DE AALBORG PORTLAND ÍSLANDI EHF

Por carta de 2 de septiembre de 2005, el denunciante Aalborg Portland Íslandi ehf. presentó observaciones a la Decisión no 421/04/COL del Órgano, expresando su acuerdo con las preocupaciones del Órgano, pero señalando que la asunción de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf. no había sido abordada en la decisión de incoar el procedimiento. A pesar de ello, Aalborg Portland Íslandi ehf. no presentó ninguna observación con respecto a la Decisión no 367/06/COL del Órgano de ampliar el procedimiento para cubrir la asunción por el Estado islandés de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf.

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7.   OBSERVACIONES POSTERIORES DE ISLANDIA

OBSERVACIONES POSTERIORES DE ISLANDIA

Mediante carta de 8 de abril de 2008, las autoridades islandesas presentaron información adicional sobre un plan de reestructuración presentado anteriormente, incluyendo un estudio de mercado que todavía no se había presentado al Órgano.

II.   EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

1.   EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL

EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL

El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE establece que:

«Salvo que el presente Acuerdo disponga otra cosa, serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes contratantes, las ayudas otorgadas por los Estados miembros de las CE, por los Estados de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones.».

1.1.   COMPRA DE PROPIEDADES, ACTIVOS, ACCIONES Y BONOS

Sobre la base del contrato de compra, el Tesoro Nacional de Islandia adquirió por 450 millones ISK las propiedades y activos de la empresa en Reikiavik, el edificio de oficinas en Akranes, excepto un piso y medio, y acciones y bonos propiedad de Sementsverksmiðjan hf. en otras empresas.

El siguiente cuadro compara el valor de mercado de las propiedades y activos de Sementsverksmiðjan hf. en Reikiavik y Akranes así como el de las acciones y bonos con arreglo a lo establecido por los expertos independientes (23) y el precio que el Tesoro Nacional pagó por ellos:

23

| (millones ISK) |
| --- |
| | Evaluación de los expertos independientes | Precio pagado por el Tesoro Nacional de Islandia |
| Terrenos, inmuebles y equipos en Saeverhöfdi 31, Reikiavik | 276 | 280 |
| Edificio de oficinas en Akranes (menos un piso y medio) | 74,4 | 72,5 |
| Acciones en Geca | 46,5 | 46,5 |
| Acciones en Spölur | 40 | 40 |
| Bonos en Spölur | 11 | 11 |
| Total | 447,9 | 450 |

(millones ISK)

Evaluación de los expertos independientes

Precio pagado por el Tesoro Nacional de Islandia

Terrenos, inmuebles y equipos en Saeverhöfdi 31, Reikiavik

276

280

Edificio de oficinas en Akranes (menos un piso y medio)

74,4

72,5

Acciones en Geca

46,5

46,5

Acciones en Spölur

40

40

Bonos en Spölur

11

11

Total

447,9

450

Por lo tanto, existe una diferencia de 2,1 millones ISK (equivalentes a 21 214 EUR) que el Tesoro Nacional pagó por encima del valor de mercado de los activos adquiridos, tal como fue calculado por los expertos independientes. La diferencia afecta a la venta de propiedades en Reikiavik, vendidas en 4 millones ISK más del precio estimado, y del edificio de oficinas en Akranes, vendido por 1,9 millones ISK menos del precio estimado.

Con arreglo a la jurisprudencia, en la presente Decisión el Órgano no puede fijar arbitrariamente un precio de mercado basándose únicamente en una estimación de expertos (24) sino que, al determinar el precio de mercado del terreno y los edificios «ha de tener en cuenta el carácter aleatorio que puede tener la determinación, de forma retrospectiva, de tales precios de mercado» (25). A menudo, no puede concluirse que una única estimación representa por definición el valor de mercado que un comprador estaría dispuesto a aceptar. Después de efectuar una prueba de mercado, podría hallarse un valor aceptable dentro de un margen razonable. En opinión del Órgano, no hay ninguna respuesta obvia a cuál debería ser la amplitud del margen, ya que posiblemente sería diferente en función de los casos.

24

25

El Órgano considera que esta diferencia en el precio neto de 2,1 millones ISK entre las estimaciones hechas por el experto independiente y el precio finalmente pagado por el Tesoro Nacional es tan pequeña que no supone ninguna prueba de que el precio de compra no reflejara las condiciones de mercado. El precio establecido por el experto independiente puede considerarse como orientativo y unas desviaciones fuertes con respecto a dicho cálculo podrían indicar la existencia de ayuda estatal. Sin embargo, en opinión del Órgano (26), una diferencia tan pequeña como la que nos ocupa no es suficiente para establecer la existencia de ayuda estatal en favor de Sementsverksmiðjan hf. sino que más bien indica que el pago constituyó un precio de mercado razonable. Por lo tanto, el Órgano considera que Sementsverksmiðjan hf. no recibió ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE al vender propiedades, activos, acciones y bonos al Tesoro Nacional de Islandia.

26

1.2.   DERECHO A CONSERVAR PARTE DE LOS ACTIVOS Y A READQUIRIRLOS A UN PRECIO FIJO

El artículo 5 del Contrato de Adquisición ofrecía a Sementsverksmiðjan hf. la posibilidad de conservar parte de las propiedades vendidas en Reikiavik (27), de utilizarlas para sus propias actividades industriales y de reintegrarlas al Tesoro Nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Sementsverksmiðjan hf. tenía que soportar todos los gastos de mantenimiento y mejoras de estas propiedades, pero no pagaría ninguna compensación por este derecho de uso. Por otra parte, con arreglo al artículo 6 del susodicho Contrato, hasta el 31 de diciembre de 2009, Sementsverksmiðjan hf. tenía derecho a readquirir las propiedades vendidas previamente en Reikiavik por un precio total de 95 millones ISK, más unos intereses calculados sobre la base de un tipo fijo anual del 7 % a partir del 1 de agosto de 2003.

27

Mediante carta de 17 de febrero de 2006 (Ref. no 363608), las autoridades islandesas enviaron al Órgano una copia en inglés de un acuerdo entre Sementsverksmiðjan hf. y el Ministerio de Industria en nombre del Gobierno de Islandia con arreglo al cual se suprimió la posibilidad de que la empresa readquiriese determinados activos en Reikiavik. Los activos vendidos al Tesoro le fueron entregados con efecto a partir del 1 de enero de 2004. A partir de esa fecha, con arreglo al artículo 2 del Acuerdo, la empresa arrendó los activos (28) que utilizó por un período indefinido de tiempo a cambio de una mensualidad de [...] ISK. El arrendamiento se actualiza anualmente con arreglo al índice del coste de la construcción. Las autoridades islandesas explicaron que dicho importe se calculó utilizando el coeficiente normal en el mercado inmobiliario islandés.

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28

El Órgano no tiene ninguna razón para dudar de la veracidad y exactitud de la información facilitada por las autoridades islandesas según la cual Sementsverksmiðjan hf. paga un precio de mercado por el arrendamiento de estos activos (29). Así pues, tras las susodichas modificaciones introducidas en el Acuerdo, el Órgano considera que no existe ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

29

1.3.   ASUNCIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES

Mediante un acuerdo firmado el 23 de octubre de 2003 entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado, el Ministerio de Finanzas, en nombre del Tesoro Nacional, se hizo cargo del resto de los bonos emitidos para pagar las obligaciones de Sementsverksmiðjan hf. según lo establecido en el Acuerdo de 1997. Además, en virtud del mismo Acuerdo, el Tesoro se hizo cargo de las obligaciones de Sementsverksmiðjan hf. relativas a los empleados aún activos en la empresa. Estas obligaciones se debían pagar y liquidar anualmente.

1.3.1.   
  Presencia de fondos estatales

Presencia de fondos estatales

Para constituir ayuda estatal, la medida de ayuda debe en primer lugar ser concedida por el Estado o con cargo a recursos estatales. Sobre la base del Acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado firmado en octubre de 2003, el Tesoro pagará al Fondo, en nombre de Sementsverksmiðjan hf., las cantidades debidas por la empresa. En el momento de la firma del Acuerdo, las obligaciones de Sementsverksmiðjan hf. con el Fondo para el pago de pensiones a empleados ya retirados se estimó en 412 millones ISK. Además, las obligaciones futuras por los restantes empleados de la empresa afiliados a la sección B del Fondo y aún en activo se estimaron entre 10 y 15 millones ISK. Hacerse cargo de las obligaciones en materia de pensiones y pagarlas con cargo al Tesoro implica recursos estatales.

1.3.2.   
  Favorecer a determinadas empresas o la producción de determinados bienes

Favorecer a determinadas empresas o la producción de determinados bienes

En segundo lugar, la medida de ayuda debe conferir al beneficiario ventajas que le alivien de las cargas que normalmente deben ser soportadas por su presupuesto.

El Estado se hizo cargo de la deuda de Sementsverksmiðjan hf. con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado correspondientes al pago de las pensiones de sus propios empleados. Sementsverksmiðjan hf. fue creada en 1955 como parte de la Administración del Estado. Los empleados del productor de cemento, entonces denominado Cementera del Estado de Islandia, fueron afiliados al Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado, al igual que los restantes empleados de la Administración del Estado.

En 1997, el Estado reformó el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado. El Fondo procedió a una evaluación actuarial de las obligaciones que tenía con respecto a sus filiales relativas a futuros pagos de pensiones y el resultado de esta evaluación se comparó con los activos del Fondo y el reparto de las obligaciones entre las diversas empresas que tenían empleados afiliados. Las obligaciones del Fondo para con empleados ya jubilados de Sementsverksmiðjan hf. a finales de 1996 ascendían a 400 millones ISK (30).

30

El Tesoro abonó esta obligación al Fondo mediante bonos de la empresa. Esta obligación siguió constando en las cuentas de Sementsverksmiðjan hf. hasta el 23 de octubre de 2003, cuando el Estado asumió una deuda de Sementsverksmiðjan hf. con el Fondo que correspondía al pago de pensiones a los empleados de Sementsverksmiðjan hf. ya jubilados en el momento del establecimiento de la deuda en 1997 y también al pago estimado de las pensiones a 5 empleados activos en ese momento en Sementsverksmiðjan hf. que todavía estaban afiliados a la sección B del Fondo (31).

31

En la medida en que el pago de las obligaciones en materia de pensiones corresponde a los costes normales que una empresa tiene que soportar en el curso de sus actividades empresariales, la asunción por el Estado de los mismos alivió a Sementsverksmiðjan hf. del pago de un coste de funcionamiento. De esta forma, el Estado otorgó una ventaja selectiva a esta empresa ya que otras empresas tienen que soportar todos los costes relacionados con la pensión de sus empleados.

1.3.3.   
  Falseamiento de la competencia e incidencia en el comercio entre las Partes contratantes

Falseamiento de la competencia e incidencia en el comercio entre las Partes contratantes

En tercer lugar, la medida de ayuda debe falsear la competencia y afectar al comercio entre las Partes contratantes.

Las empresas que se benefician de una ventaja económica otorgada por el Estado que reduce sus costes normales gozan de una mejor situación competitiva que las que no pueden disfrutar de dicha ventaja. En el mercado del cemento del EEE existe competencia. Actualmente hay dos empresas activas en el mercado islandés del cemento: Sementsverksmiðjan hf. y Aalborg Portland Íslandi ehf. Cualquier ventaja concedida a Sementsverksmiðjan hf. que reduzca sus costes normales, coloca a esta empresa en una mejor situación competitiva con respecto a las otras empresas, actuales o potenciales, del mercado islandés del cemento que no gozan de tal ventaja. Por ello, el apoyo concedido por el Estado a Sementsverksmiðjan hf. tiene como efecto distorsionar la competencia.

En cuarto lugar, para que pueda aplicarse el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, la medida notificada debe tener un efecto en el comercio entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE.

El competidor directo de Sementsverksmiðjan hf. en el mercado islandés es una filial de una empresa establecida en otro Estado parte del Acuerdo EEE que no produce cemento en Islandia sino que lo importa desde otros países del EEE. Por ello, la medida afecta al comercio entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo.

1.3.4.   
  Conclusión

Conclusión

Por esta razones el Órgano considera que el Estado concedió una ayuda estatal a Sementsverksmiðjan hf. al hacerse cargo de las obligaciones en materia de pensiones mediante el Acuerdo firmado en octubre de 2003 entre el Ministerio de Finanzas y el Fondo de Pensiones del Estado.

2.   REQUISITOS PROCESALES

REQUISITOS PROCESALES

De conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, «el Órgano de Vigilancia de la AELC será informado de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones [...]. El Estado interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.».

Aunque las autoridades islandesas presentaron una notificación, mediante carta de 29 de agosto de 2003, relativa a la venta prevista de las acciones del Estado en Sementsverksmiðjan hf., su firma de los susodichos acuerdos hizo entrar en vigor las posibles medidas de ayuda estatal concedidas sobre la base de estos acuerdos antes de que el Órgano adoptase una decisión final sobre la notificación. Por ello, la ayuda estatal concedida en el marco de esta transacción constituye una ayuda estatal ilegal en el sentido del artículo 1, letra f), de la parte II del Protocolo 3, al tratarse de una nueva ayuda aplicada infringiendo el artículo 1, apartado 3, de la parte I de dicho Protocolo.

3.   COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

El artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE dispone que pueden considerarse compatibles con el funcionamiento del EEE las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. La ayuda de reestructuración debe evaluarse con arreglo a las Directrices sobre salvamento y reestructuración del Órgano (en lo sucesivo denominadas «las Directrices»).

En la Decisión no 421/04/COL, el Órgano puso de relieve que las autoridades islandesas no habían facilitado ningún argumento o prueba documental con el fin de evaluar la compatibilidad de la ayuda con las Directrices sino que enviaron un plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. mediante carta de febrero de 2005. Además, en febrero de 2008, presentaron información adicional sobre el plan de reestructuración. A continuación, el Órgano evaluará si esta nueva información permite concluir que la ayuda cumple los requisitos de las Directrices (32).

o

32

3.1.   DIRECTRICES APLICABLES

La ayuda se concedió en octubre de 2003, cuando el Estado asumió las responsabilidades de Sementsverksmiðjan hf. en materia de pensiones. La evaluación de la compatibilidad de esta medida de ayuda se basará en las Directrices de 1999 (33), aplicables en la fecha de concesión de la ayuda.

33

3.2.   EMPRESA EN CRISIS

Con arreglo a la sección 16.2.1 de las Directrices, en principio, y sea cual sea su tamaño, se considera que una sociedad de responsabilidad limitada está en crisis a efectos de las Directrices si ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses. Independientemente del tipo de empresa de que se trate, las Directrices consideran que una empresa está en crisis a efectos de las Directrices cuando reúne las condiciones establecidas en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia. Los síntomas habituales de crisis son el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto.

El capital suscrito de Sementsverksmiðjan hf. disminuyó desde 1096 millones ISK en 2000 a 458 en 2003; su volumen de negocios, desde 1 060 millones en 2000 a 863 en 2001 y 598 en 2002; sus ventas, desde [...] en 2000 a [...] en 2001 y [...] en 2002. En consecuencia, su producción descendió más de un [...] %. Los resultados operativos empeoraron rápidamente durante el mismo período. Sementsverksmiðjan hf. registró un beneficio de 70 millones ISK en 2000, pero unas pérdidas de 230 millones en 2001 y 220 millones en 2002. Entre 2000 y 2002, su deuda total subió desde 733 a 1 157 millones ISK y sus activos circulantes pasaron de 750 a 640 millones ISK.

En las cuentas anuales de Sementsverksmiðjan hf. para 2002, los contables planteaban una honda preocupación por la situación financiera de la empresa. Las pérdidas acumuladas y la gran probabilidad de que las pérdidas operativas continuasen en 2003 llevaban a la conclusión de que se dudaba de que la empresa pudiera seguir funcionando.

Con arreglo a las explicaciones y la información facilitadas por las autoridades islandesas, Sementsverksmiðjan hf. estaba a punto de quebrar y no podía recuperarse con sus recursos propios.

Por lo tanto, el Órgano considera que en el momento de concesión de la ayuda Sementsverksmiðjan hf. era una empresa en crisis en el sentido de las Directrices.

3.3.   DEFINICIÓN DE LA AYUDA DE REESTRUCTURACIÓN

La ayuda de reestructuración debe basarse en un plan realista, coherente y de amplio alcance destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de una empresa. En virtud de la sección 16.2.2 de las Directrices, la ayuda de reestructuración contiene, por lo general, uno o más de los siguientes elementos: la reorganización y racionalización de las actividades de la empresa sobre una base más eficaz, consistente generalmente en desprenderse de sus actividades deficitarias, reestructurar aquellas cuya competitividad pueda ser restablecida y, en ocasiones, diversificarse orientándose hacia nuevas actividades rentables. Por lo general, la reestructuración industrial ha de ir acompañada de una reestructuración financiera (inyecciones de capital, amortización de deudas). Sin embargo, las Directrices subrayan que las operaciones de reestructuración no pueden limitarse a una intervención financiera destinada a cubrir pérdidas financieras anteriores sin abordar las causas que las originan.

El plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. consistió en una amplia gama de medidas relativas a la reestructuración financiera de la empresa, la reestructuración de la plantilla y de los costes de producción, y la incorporación de fuentes de ingresos alternativas. Así pues, a la luz de las Directrices, el plan de reestructuración no se limitó a la reestructuración financiera sino que abordó otros aspectos. Por lo tanto, en principio la ayuda correspondía al tipo de ayuda que debe ser evaluada con arreglo a las Directrices.

3.4.   CONDICIONES PARA AUTORIZAR LA AYUDA DE REESTRUCTURACIÓN

Las ayudas estatales a la reestructuración de empresas en crisis solo pueden considerarse legítimas en determinadas condiciones. Puede estar justificada, por ejemplo, al amparo de consideraciones de política social o regional, porque conviene tener en cuenta la función beneficiosa que desempeña el sector de las PYME para la economía, o incluso, con carácter excepcional, por la conveniencia de mantener una estructura de mercado competitiva en caso de que la desaparición de empresas pudiera llevar a la creación de un monopolio o de un oligopolio restringido.

3.4.1.   
  Restablecimiento de la rentabilidad

Restablecimiento de la rentabilidad

Con arreglo a la sección 16.3.2.2(b) de las Directrices, la ayuda debe estar supeditada a la ejecución del plan de reestructuración que habrá sido autorizado por el Órgano. El plan de reestructuración, cuya duración ha de ser lo más breve posible, ha de restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable, partiendo de hipótesis realistas por lo que se refiere a las condiciones futuras de explotación. La ayuda de reestructuración deberá estar vinculada a un programa viable de reestructuración con el que se haya comprometido el propio Estado de la AELC. El plan se ha de presentar al Órgano con todas las precisiones necesarias, entre las que se incluye especialmente un estudio de mercado.

La mejora de la viabilidad debe resultar principalmente de las medidas internas contenidas en el plan de reestructuración y solo podrá basarse en factores externos, como el aumento de los precios o de la demanda, sobre los que la empresa no ejerza gran influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas gocen de reconocimiento general. Una buena reestructuración debe implicar el abandono de las actividades que, incluso una vez realizada la reestructuración, sigan generando pérdidas estructurales.

Las disposiciones de la sección 16.3.2.2(b) de las Directrices exigen que el plan de reestructuración describa las circunstancias que hayan generado las dificultades de la empresa, de forma que pueda determinarse si las medidas propuestas son las adecuadas. Tendrá en cuenta, entre otros factores, la situación y la evolución previsibles de la oferta y la demanda en el mercado de los productos de referencia, y barajará hipótesis optimistas, pesimistas e intermedias, atendiendo asimismo a los puntos fuertes y débiles de la empresa. El plan supone para la empresa una transición a una nueva estructura que le dé perspectivas de viabilidad a largo plazo y la posibilidad de funcionar con sus propios recursos.

El plan de reestructuración ha de proponer tal cambio en la empresa que esta pueda cubrir, una vez llevado a cabo, todos sus costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras. La rentabilidad prevista de los fondos propios de la empresa reestructurada deberá bastar para que pueda afrontar la competencia contando exclusivamente con sus propias fuerzas.

El plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. estaba compuesto por cuatro medidas:

| — | reestructuración financiera, |
| --- | --- |

—

reestructuración financiera,

| — | reestructuración de la plantilla, |
| --- | --- |

—

reestructuración de la plantilla,

| — | reestructuración de los costes de producción, |
| --- | --- |

—

reestructuración de los costes de producción,

| — | fuentes de ingresos alternativas. |
| --- | --- |

—

fuentes de ingresos alternativas.

Las autoridades islandesas explicaron que una de las medidas clave de la reestructuración era reducir las deudas mediante la venta de activos. Durante el otoño de 2003, Sementsverksmiðjan hf. liquidó todos los activos no directamente relacionados con la producción y suministro de cemento en el mercado islandés. Con el dinero obtenido de esta venta, la empresa pudo reducir las deudas pendientes y al menos reducir las pérdidas operativas. Los ingresos totales por la venta de activos fueron de 580 millones ISK y se utilizaron para reducir la deuda a largo y corto plazo. El principal objetivo de la empresa era minimizar los gastos de capital durante el período de reestructuración. Todas las deudas a largo plazo restantes fueron renegociadas de modo que la empresa no redujera el principal del préstamo durante los dos años posteriores a la venta.

Según la información facilitada, la parte más difícil de la reestructuración fue la renegociación de la deuda con los acreedores. Parece que la empresa había aumentado significativamente sus préstamos a corto y largo plazo durante los tres años anteriores a la venta debido a las pérdidas contraídas, mediante la firma de préstamos con diversas instituciones. Las entidades de crédito consideraban estos préstamos con Sementsverksmiðjan hf. como préstamos realizados al Estado y no estaban dispuestas a conceder más créditos a la empresa privatizada a menos que se pagaran los préstamos sin amortizar. Por lo tanto, hubo que reducir perceptiblemente los niveles de deuda, lo que se logró mediante la venta de activos redundantes para la producción y distribución de cemento.

Las autoridades islandesas han indicado que «un factor vital en las negociaciones [financieras] era que la deuda de pensiones se eliminaría del balance de la empresa, de modo que se pudiera obtener un plan de amortización viable y plausible. Está claro, y esta opinión fue compartida por los compradores y acreedores, que la empresa no podría haber soportado tanto la deuda de pensiones y otros préstamos a corto y largo plazo y manteniendo al mismo tiempo el nivel crítico de inversiones en bienes inmuebles que le permitiese seguir funcionando».

Eliminar las deudas en concepto de pensiones y reembolsar parcialmente la otra deuda era un elemento esencial para que se aprobase la reestructuración financiera.

En el momento de la venta, 63 empleados trabajaban para Sementsverksmiðjan hf. Un análisis de las características económicas de la empresa y del mercado en que operaba muestra que la plantilla tendría que ser reducida en por lo menos 20 empleados y que un mínimo de 41 era necesario para hacer funcionar la fábrica. Se rescindieron los contratos con el personal sobrante, pero debido a la gran antigüedad de algunos empleados, los costes de despido fueron altos.

En segundo lugar, la empresa utilizaba para la mayoría de sus empleados un sistema de primas en función de la producción. La cantidad a distribuir entre los empleados se establecía de modo que el coste de la prima siguiera siendo el mismo independientemente del número de empleados. Se inició una negociación con el sindicato para aplicar la prima por empleado de modo que la reducción de personal se tradujera en una reducción en el importe total de la prima.

Según las autoridades islandesas, la medida más importante era renegociar los precios de las materias primas. Además, se modificó la composición del cemento para reducir el coste de la energía utilizada en la producción.

En lo que respecta a la renegociación de los precios de las materias primas, una parte significativa de los costes operativos variables de Sementsverksmiðjan hf. dependía de los precios en los mercados internacionales y nacional y no podía alterarse. Así ocurría con el carbón, la electricidad, el polvo de silicona y otras materias primas. Sin embargo, el precio de la arena de conchas, la materia prima nacional más significativa, podía ser reducido en un [...] %. El precio de otras materias primas nacionales podía también negociarse.

Por otra parte, Sementsverksmiðjan hf. había empezado a quemar residuos líquidos como fuente alternativa de ingresos y como medio para reducir los costes totales de combustible.

Sobre la base de las medidas descritas anteriormente, el Órgano constata que el plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. cumple los requisitos de las Directrices. El plan de reestructuración describía las circunstancias que condujeron a las dificultades experimentadas por Sementsverksmiðjan hf. La empresa no estaba en condiciones de enfrentarse a la competencia y a la debilidad del sector de la construcción a principios de la década del 2000. El plan incluía una reestructuración financiera general que cubría la renegociación de la deuda con los acreedores y la asunción por el Estado islandés de las obligaciones en materia de pensiones con el Fondo de Pensiones del Estado. La reestructuración financiera fue acompañada de medidas de reestructuración física, incluida la reestructuración de la plantilla (rescisión de contratos con los trabajadores y renegociación de ventajas para los mismos) y en especial de los precios de producción, la parte más cara del plan. Se redujeron dichos precios, se cambió la composición del cemento, se renegociaron contratos con los proveedores y se pusieron en marcha iniciativas de mercado para incrementar los ingresos. El plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. preveía el retorno a la viabilidad en un corto plazo de dos años, que parece razonable. El plan ya ha sido aplicado completamente y ha permitido a la empresa competir en el mercado con sus propias fuerzas. Por estas razones y sobre la base de la información facilitada por las autoridades islandesas, el Órgano considera que el plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. cumple los requisitos de la sección 16.3.2.2(b) de las Directrices.

3.4.2.   
  Ausencia de falseamiento indebido de la competencia

Ausencia de falseamiento indebido de la competencia

La sección 16.3.2.2(c) de las Directrices requiere que se adopten medidas para mitigar en lo posible las consecuencias negativas que la ayuda puede acarrear para los competidores. De no ser así, la ayuda se consideraría contraria al interés común y, por consiguiente, incompatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Lo más frecuente es que esta condición se traduzca en una limitación de la presencia que la empresa puede asumir en su mercado una vez transcurrido el período de reestructuración. Si el mercado de que se trate es muy pequeño desde el punto de vista del EEE o si la cuota de mercado de la empresa en el mismo es muy reducida, debe entenderse que no existe falseamiento indebido de la competencia.

Con arreglo a las disposiciones de la sección 16.3.2.2(c) de las Directrices, el Órgano, basándose en el estudio de mercado adjunto al plan de reestructuración, determinará la magnitud de esta limitación o reducción necesaria para garantizar que no existe ninguna distorsión indebida de la competencia y, una vez incoado el procedimiento, sobre la base de los datos facilitados por las partes interesadas.

En el presente caso, el Órgano incoó el procedimiento formal de investigación en diciembre de 2004 y lo amplió en noviembre de 2006. Sin embargo, las partes interesadas no presentaron observaciones que pudieran proporcionar información sobre la necesidad de imponer medidas compensatorias y sobre su magnitud.

Las Directrices adoptan una postura más favorable sobre las empresas que, en caso de seguir operando, probablemente no tendrán efectos significativos en la situación de la competencia en el EEE. Las autoridades islandesas facilitaron un estudio de mercado sobre Sementsverksmiðjan hf. y el mercado islandés del cemento, el único en que la empresa es activa. Según dicho estudio, el mercado del cemento en Islandia es limitado debido a la escasa población del país. Existen dos empresas activas en dicho mercado: Sementsverksmiðjan hf. y Aalborg Portland Ísland hf. Mientras que la primera produce y vende cemento y cemento de escorias, la segunda importa el cemento de Dinamarca y lo vende en Islandia. En 2002, el consumo de cemento en Islandia supuso 122 899 toneladas (34) y en la UE ascendió a 217,6 millones de toneladas. Por lo tanto, puede considerarse que con respecto a la totalidad del EEE la cuota que representa el mercado islandés es insignificante.

34

Por otra parte, en virtud de las disposiciones de la sección 16.1(3) de las Directrices, la ayuda de reestructuración puede considerarse justificada no solo al amparo de consideraciones de política social o regional sino también por la conveniencia de mantener una estructura de mercado competitiva en caso de que la desaparición de empresas pudiera llevar a una situación de monopolio o de oligopolio restringido. Este sería el caso en Islandia si Sementsverksmiðjan hf. desapareciese del mercado, ya que probablemente este se convertiría en monopolio para el cemento dependiente de las importaciones del único competidor que existiría en el mercado islandés. El hecho de que el mercado islandés del cemento se haya caracterizado por un monopolio o por un oligopolio restringido de dos empresas muestra que la posibilidad y el atractivo de este mercado para otras empresas es muy limitado debido a su reducido volumen y a sus escasas posibilidades de desarrollo (a este respecto, se remite a los resultados del estudio de mercado mencionado anteriormente).

Por lo tanto, el Órgano no considera necesario adoptar ninguna otra medida para limitar la presencia de la empresa en el mercado.

3.4.3.   
  Ayuda circunscrita al mínimo

Ayuda circunscrita al mínimo

En virtud de lo dispuesto en la sección 16.3.2.2(d) de las Directrices, el importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a lo estrictamente necesario para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras actuales de la empresa, de sus accionistas o del grupo comercial del que forme parte. Los beneficiarios de la ayuda deberán contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos, incluida la venta de activos que no sean indispensables para la supervivencia de la empresa, o mediante financiación externa obtenida en condiciones de mercado. Para limitar el falseamiento de la competencia, dicha sección dispone que conviene evitar que la ayuda se conceda de forma que lleve a la empresa a disponer de una liquidez excedentaria que pudiera dedicar a actividades agresivas susceptibles de provocar falseamientos del mercado, que no estuvieran relacionadas con el proceso de reestructuración.

De conformidad con las Directrices, el Órgano examinará el nivel del pasivo de la empresa después de su reestructuración, incluso después de cualquier prórroga o reducción de créditos. El Órgano también examinará si la ayuda servirá para financiar nuevas inversiones que no sean indispensables para lograr que la empresa vuelva a ser viable. En cualquier caso, se deberá demostrar que la ayuda solo servirá para restablecer la viabilidad de la empresa y que no permitirá a su beneficiario, durante la ejecución del plan de reestructuración, incrementar su capacidad de producción, salvo que sea necesario para restablecer la viabilidad de la empresa sin que se falsee indebidamente la competencia.

Una parte fundamental de la reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. consistió en la venta de activos no esenciales para la supervivencia de la empresa, tales como terrenos, edificios y acciones y bonos en otras empresas de los cuales la empresa podía prescindir para lograr efectivo destinado al pago de sus deudas. Por otra parte, las deudas de la empresa se saldaron en la medida de lo posible y se renegociaron para facilitar su reembolso con el fin de que la empresa continuara funcionando. La mano de obra y los costes de producción y las estructuras se modificaron y financiaron con los propios medios de la empresa. La única intervención del Estado consistió en asumir las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf. por un importe aproximado de 425 millones ISK, lo que se consideró como condición indispensable para que los acreedores de la empresa posibilitaran su reestructuración. Por lo tanto, el Órgano concluye que la ayuda concedida por el Tesoro se circunscribió al mínimo necesario al afectar solamente a la adquisición por el Estado islandés de la deuda de Sementsverksmiðjan hf. con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado.

Los costes de reestructuración pueden resumirse como sigue:

| a) | renegociaciones con acreedores |
| --- | --- |

a)

renegociaciones con acreedores

10 811 853 ISK

2 648 904 ISK (comisión para poder llevar a cabo la reestructuración financiera)

| b) | breestructuración de la mano de obra |
| --- | --- |

b)

breestructuración de la mano de obra

19 098 479 ISK

2 702 963 ISK (comisión para poder llevar a cabo la reestructuración de la plantilla)

| c) | reestructuración de costes de producción y fuentes alternativas de ingresos |
| --- | --- |

c)

reestructuración de costes de producción y fuentes alternativas de ingresos

1 018 200 000 ISK

| d) | reevaluación de activos |
| --- | --- |

d)

reevaluación de activos

511 856 488 ISK

El Órgano considera que la participación del Estado islandés en la reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. al asumir las obligaciones en materia de pensiones de la empresa con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado constituye un elemento fundamental para lograr la reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. Dicha asunción por el Estado fue considerada por los acreedores de la empresa como una condición preliminar para renegociar cualquier otra deuda y obligación. Esta ayuda concedida por el Estado permitió a Sementsverksmiðjan hf. obtener los recursos necesarios para financiar las medidas de reestructuración propiamente dichas.

Aunque la asunción de las responsabilidades en materia de pensiones no supusiera un coste para Sementsverksmiðjan hf. sino para el Estado, debería incluirse en la evaluación general de la reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. ya que la ayuda era necesaria para poner en marcha las diversas medidas de reestructuración. Tomando este elemento en consideración y a la luz de los gastos necesarios para el retorno a la viabilidad de Sementsverksmiðjan hf., el Órgano considera que el importe de ayuda implicado en esta reestructuración se circunscribió al mínimo necesario.

3.4.4.   
  Ayudas de reestructuración en regiones subvencionadas

Ayudas de reestructuración en regiones subvencionadas

De conformidad con la sección 16.3.2.5 de las Directrices, el Órgano tendrá en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar una ayuda de reestructuración en regiones subvencionadas. En las regiones subvencionadas las condiciones de autorización de las ayudas podrán ser menos exigentes por lo que se refiere a la aplicación de las contrapartidas. Sin embargo, esto no significa que el Órgano adoptará un planteamiento permisivo en el caso de ayudas de reestructuración a empresas en crisis establecidas en regiones subvencionadas con el fin de ayudar artificialmente a empresas regionales. Al contrario, redunda en el propio interés de la región desarrollar cuanto antes actividades alternativas que sean viables y sostenibles.

La fábrica de Sementsverksmiðjan hf. está situada en Akranes, en la región del medio oeste de Islandia, que está incluida en el mapa de ayudas regionales de Islandia aprobado por el Órgano mediante la Decisión no 253/01/COL, de 8 de agosto de 2001. La región se caracteriza por un desempleo superior a la media nacional y por la despoblación. La fábrica de cemento funciona en Akranes desde 1958 y ha constituido un elemento importante en la vida económica de la zona. En una ciudad con una población aproximada de 5 500 habitantes, su cierre tendría un efecto muy perjudicial que se sumaría a la despoblación en curso y al declive social y económico general.

o

3.4.5.   
  Aplicación íntegra del plan de reestructuración

Aplicación íntegra del plan de reestructuración

De conformidad con las disposiciones de las Directrices, la empresa debe aplicar íntegramente el plan de reestructuración aceptado por el Órgano y cumplir las otras obligaciones establecidas en la Decisión del Órgano (35). El Órgano considerará cualquier falta de ejecución del plan o de cumplimiento de las otras obligaciones como un uso indebido de la ayuda.

35

El calendario previsto para el plan de reestructuración es el siguiente:

| Medida | Comienzo de la reestructuración | Fin de la reestructuración |
| --- | --- | --- |
| Medidas de reestructuración financiera (negociación y reembolso de deudas con entidades de crédito, asunción por el Estado de las responsabilidades en materia de pensiones) | Septiembre 2003 | Octubre 2003 |
| Reestructuración de la plantilla (despido de empleados, renegociación con los sindicatos) | Octubre 2003 | Abril 2004 |
| Reestructuración de los costes de producción (renegociación de precios con proveedores, ingresos alternativos y reducción de costes) | Octubre 2003 | Diciembre 2004 |

Medida

Comienzo de la reestructuración

Fin de la reestructuración

Medidas de reestructuración financiera (negociación y reembolso de deudas con entidades de crédito, asunción por el Estado de las responsabilidades en materia de pensiones)

Septiembre 2003

Octubre 2003

Reestructuración de la plantilla (despido de empleados, renegociación con los sindicatos)

Octubre 2003

Abril 2004

Reestructuración de los costes de producción (renegociación de precios con proveedores, ingresos alternativos y reducción de costes)

Octubre 2003

Diciembre 2004

El plan preveía que tras la reestructuración de la empresa se generarían beneficios en julio de 2005. Las autoridades islandesas informaron al Órgano de que Sementsverksmiðjan hf. completó el plan de reestructuración y pudo alcanzar el equilibrio en 2005. Desde junio de 2003 hasta mayo de 2004, Sementsverksmiðjan hf. registró pérdidas de 83 millones ISK, en comparación con unas pérdidas de 250 millones ISK en 2002. De junio de 2004 a mayo de 2005, la empresa generó un beneficio de 22 millones ISK.

Sobre la base de esta información, parece que el plan de reestructuración de Sementsverksmiðjan hf. tuvo la duración más corta posible, consiguió restaurar la viabilidad de la empresa en un plazo razonable y se basó por lo tanto en supuestos realistas con respecto a las futuras condiciones de funcionamiento.

3.4.6.   
  Supervisión e informe anual

Supervisión e informe anual

El Órgano debe garantizar que el plan de reestructuración se aplica correctamente. Esto se hace normalmente mediante informes periódicos detallados que el Estado de la AELC correspondiente remite al Órgano. En este caso, sin embargo, la reestructuración ya ha derivado en el establecimiento de la viabilidad de la empresa por lo que no hay medidas de reestructuración pendientes sino que todas han concluido con éxito. Por lo tanto, en este caso, no existe necesidad de informar sobre la aplicación del plan de reestructuración.

3.5.   PRINCIPIO DE AYUDA ÚNICA

Con objeto de evitar que se ayude injustamente a las empresas, la ayuda de reestructuración solo debe concederse una vez. Cuando se notifique a la Comisión un proyecto de ayuda de salvamento o de reestructuración, el Estado de la AELC de que se trate ha de especificar si la empresa ya se acogió anteriormente a una ayuda de reestructuración, incluidas las ayudas de esta índole concedidas antes de la entrada en vigor de las Directrices y las ayudas no notificadas.

Las autoridades islandesas han afirmado que se cumple la condición de ayuda única, añadiendo que la empresa no recibió anteriormente ninguna ayuda y que no hay planes para concederle ayuda en el futuro.

4.   CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

Por todas estas razones, el Órgano considera que la ayuda concedida a Sementsverksmiðjan hf. con respecto a la asunción por el Estado islandés de las obligaciones en materia de pensiones de la empresa constituye una ayuda de reestructuración compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE en virtud de las disposiciones de las Directrices sobre ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis aplicables en el momento de concesión de la ayuda.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La asunción por el Estado de las obligaciones en materia de pensiones de Sementsverksmiðjan hf. con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

Artículo 2

La ayuda citada en el artículo 1 es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE, leído en relación con las Directrices sobre ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis adoptadas por el Órgano en 1999.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será la República de Islandia.

Artículo 4

El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 2008.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

Per SANDERUD

El Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Miembro del Colegio

---

(1)  En lo sucesivo denominado «el Órgano».

1

(2)  En lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE».

2

(3)  En lo sucesivo denominado «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción».

3

(4)  En lo sucesivo denominado «el Protocolo 3».

4

(5)  Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, adoptadas y publicadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19 de enero de 1994, publicadas en el DO L 231 de 3.9.1994, y en el Suplemento EEE no 32 de 3.9.1994. Las Directrices se modificaron en último lugar el 19 de diciembre de 2007. En lo sucesivo denominadas «las Directrices sobre ayudas estatales». Una versión actualizada de las Directrices está disponible en el sitio del Órgano: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.

5

o

(6)  Publicada en el DO L 139 de 25.5.2005, p. 37.

6

(7)  La Decisión no 421/04/COL del Órgano fue publicada en el DO C 117 de 19.5.2005, p. 17, y en el Suplemento EEE no 24 de 19.5.2005. La Decisión no 368/06/COL del Órgano fue publicada en el DO C 77 de 5.4.2007, p. 21, y en el Suplemento EEE no 17 de 5.4.2007, p. 1.

7

o

o

o

o

(8)  Para información más detallada sobre la correspondencia entre el Órgano y las autoridades islandesas, véase la Decisión del Órgano de incoar el procedimiento formal de investigación, Decisión no 421/04/COL.

8

o

(9)  Véase la nota 7 a pie de página.

9

(10)  Véase la nota 7 a pie de página.

10

(11)  Para información más detallada sobre la venta, se remite a la Decisión no 421/04/COL del Órgano.

11

o

(12)  El grupo de inversión estaba constituido por Framtak fjárfestingarbanki hf, Björgun ehf., BM Vallá ehf. y, originariamente también por Steypustöðin, sustituida más tarde por la empresa noruega Norcem AS.

12

(13)  Se trataba de 2 tanques de almacenamiento de cemento, el edificio de envasado y entrega de cemento, las escaleras y el vestíbulo, el almacén de tubos de cemento, el cierre y el portalón de entrada, un silo de acero con su equipamiento, compresores de aire, equipos de secado y eléctricos instalados en un almacén situado en el muelle, grúa de muelle, las tuberías instaladas en el almacén de tubos de cemento, una escalera montada sobre un vehículo y el material informático correspondiente.

13

(14)  Local de presión, 2 silos, zona de entrega de cemento, cobertizo para bombas, equipo de pesaje para vehículos y material informático instalado en el local de entrega, grúa, tuberías y silo de acero con su equipo correspondiente, maquinaria y retretes, estación transformadora, escalera y vestíbulo.

14

(15)  Las primas a la sección A del Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado se pagan sobre la base de los ingresos totales de los empleados afiliados que generan derechos de jubilación sobre la base de las primas totales pagadas. Al igual que sucede con la mayoría de los fondos de pensiones profesionales obligatorios, los derechos de pensión de la sección A están ligados al índice de precios al consumo. Los derechos de los empleados afiliados a una pensión están vinculados por ley y los empresarios deben ajustar periódicamente sus primas para asegurarse de que las primas del Fondo se adaptan a sus compromisos.

15

(16)  Subrayado del Órgano.

16

(17)  Siglas en islandés del Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado.

17

(18)  Mediante diversas cartas, las autoridades islandesas facilitaron información sobre la afiliación de los trabajadores de Sementsverksmiðjan hf. Las cifras estimadas fueron enviadas mediante carta de 12 de noviembre de 2003. Mediante carta de 18 de abril de 2006, explicaron además que en el momento de la incorporación de la empresa en 1993, había 6 empleados afiliados al Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado y 93 a fondos de pensiones privados. Como explicaron las autoridades islandesas, los empleados no manuales de Sementsverksmiðjan hf. podían acceder a dicho Fondo, mientras que los empleados manuales estaban afiliados al sistema privado de fondo de pensiones, es decir, a los fondos de pensiones de sus sindicatos. Después de la incorporación de la empresa en 1993, los nuevos empleados no manuales todavía podían afiliarse al Fondo de Pensiones del Estado. Tras la venta de las acciones del Estado en Sementsverksmiðjan hf., llevada a cabo en 2003, todos los nuevos empleados tienen que afiliarse a un fondo de pensiones privado.

18

(19)  Los activos afectados son las propiedades y activos de la empresa en Reikiavik, el edificio de oficinas de la empresa en Akranes, con excepción de un piso y medio, y las acciones y bonos de otras empresas que posee Sementsverksmiðjan hf.

19

(20)  Se trataba de dos tanques de almacenamiento de cemento, el edificio de envasado y entrega de cemento, las escaleras y el vestíbulo, el almacén de tubos de cemento, el cierre y el portalón de entrada, un silo de acero con su equipamiento, compresores de aire, equipos de secado y eléctricos instalados en un almacén situado en el muelle, grúa de muelle, las tuberías instaladas en el almacén de tubos de cemento, una escalera montada sobre un vehículo y el material informático correspondiente.

20

(21)  Las acciones en la empresa Geca se valoraron en 46,5 millones ISK, las acciones en la empresa Spölur, en 40 millones ISK y los bonos emitidos por Spölur, en 11 millones ISK.

21

(22)  Islenskt Sement explica que los costes totales de liquidación para la empresa fueron de 390,4 millones ISK, incluido el importe de compra pagado por el Estado por el terreno en Reikiavik y Akranes. En caso de que el Estado hubiera decidido liquidar la empresa, el coste de liquidación habría ascendido al valor de liquidación de los bienes inmuebles, 69,9 millones ISK menos la obligación contractual de limpiar las instalaciones, lo que daría un coste total de liquidación de la empresa de 390,4 millones ISK. La decisión del Estado de asumir la deuda de la empresa con el Fondo de Pensiones de los Empleados del Estado asciende a 388 028 317 ISK y la de vender las acciones en la empresa a Islenskt Sement, a 68 millones ISK, lo que da un coste neto de 320 028 317 ISK. Así pues, los costes de liquidación sobrepasarían el coste total de venta de la empresa en 70 376 683 ISK.

22

(23)  Almenna Verkfræðistofan (AV) efectuó una evaluación parcial de las propiedades de Sementsverksmiðjan hf. en Reikiavik en febrero de 2003 y una evaluación completa en noviembre de 2003. El valor de los bonos y acciones fue establecido por MP Verðbref al calcular el valor de liquidación de la empresa antes de la venta de las acciones del Estado. El Sr. Daníel Rúnar Elíasson, agente inmobiliario autorizado de la agencia inmobiliaria Hákot, valoró el edificio de Akranes en agosto de 2003.

23

(24)  Asuntos acumulados T-127/99, T-129/99 y T-148/99 Diputación Foral de Álava y otros c. Comisión, Rec. 2002, p. II-1275, apartado 71.

24

Diputación Foral de Álava y otros

Comisión

(25)  Asunto T-366/00 Scott SA c. Comisión, Rec. 2007, p. II-797, apartado 93.

25

Scott SA

Comisión

(26)  Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal, «no cabe imputar [al Órgano] haber efectuado una valoración aproximada» puesto que tal valoración es aproximada por naturaleza. Véase asunto T-366/00, Scott SA c. Comisión anteriormente citado, apartado 96.

26

Scott SA

Comisión

(27)  Se trataba de dos tanques de almacenamiento de cemento, el edificio de envasado y entrega de cemento, las escaleras y el vestíbulo, el almacén de tubos de cemento, el cierre y el portalón de entrada, un silo de acero con su equipamiento, compresores de aire, equipos de secado y eléctricos instalados en un almacén situado en el muelle, grúa de muelle, las tuberías instaladas en el almacén de tubos de cemento, una escalera montada sobre un vehículo y el material informático correspondiente.

27

(28)  Los activos arrendados son un local de presión, dos silos, zona de entrega de cemento y cobertizo para bombas con una superficie total de 290 metros cuadrados. Por otra parte, también se arrienda equipo de pesaje para vehículos, aparcamiento, grúa, tuberías y silo de acero, maquinaria y retretes, estación transformadora, escalera y vestíbulo.

28

(29)  Las autoridades islandesas informaron al Órgano que el uso de la mayor parte del terreno de Sævarhöfði (Reikiavik) anteriormente propiedad de Sementsverksmiðjan hf. fue arrendado a Jarðboranir hf. por un precio de [...] ISK por metro cuadrado. El precio de arrendamiento pedido a Sementsverksmiðjan hf. era de [...] ISK. Las autoridades islandesas también han explicado que el alquiler del terreno de Sævarhöfði fue anunciado en el periódico Morgunblaðið a finales de 2003 y que la oferta más ventajosa fue hecha por Jarðboranir hf. por el susodicho precio. Por ello, las autoridades islandesas afirman que el precio de arrendamiento correspondió a los precios de mercado en Islandia.

29

(30)  En virtud del artículo 3 del Acuerdo entre el Fondo de Pensiones de los Funcionarios y el Ministerio de Finanzas relativo al pago de las obligaciones del Tesoro Nacional de conformidad con el artículo 33 de la Ley no 1/1997, con respecto a los empleados de la Cementera Estatal de Islandia al finalizar 1996, las obligaciones de Iceland Cement Ltd. ascendían a 400 801 268 ISK.

30

o

(31)  Las obligaciones de pensión relativas a empleados ya jubilados ascendía a 412 millones ISK en octubre de 2003. En esa misma fecha, se calculó que la deuda correspondiente a obligaciones futuras de los trabajadores empleados en ese momento ascendería aproximadamente a 10-15 millones ISK.

31

(32)  Asunto T-157/01 Danske Busvognmoend c. Comisión, Rec. 2004, p. II-917, apartado 116.

32

Danske Busvognmoend

Comisión

(33)  Publicadas en el DO L 274 de 26.10.2000 y en el Suplemento EEE no 48 de 26.10.2000.

33

o

(34)  38,215 toneladas de cemento se importaron en Islandia y 84,684 se produjeron en el país.

34

(35)  En principio, el plan de reestructuración debería haberse presentado íntegramente con la notificación antes de que se concediera la ayuda. En este caso el plan no se presentó por adelantado sino que sus principales elementos se establecieron antes de que la reestructuración tuviera lugar. Así pues, el Órgano considera que puede aprobarse con arreglo a las Directrices.

35

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| 25.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 79/40 |
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25.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 79/40

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DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

No 405/08/COL

de 27 de junio de 2008

relativa al cierre del procedimiento de investigación formal en relación con el Fondo de Financiación de la Vivienda de Islandia

(Islandia)

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC (1),

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) y, en particular, su artículo 59, apartado 2, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,

Visto el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (3) y, en particular, su artículo 24,

Visto el artículo 1, apartado 2, de la parte I y el artículo 4, apartado 4, y el Protocolo 3, parte II, artículo 6, del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (4),

Vistas las Directrices del Órgano de Vigilancia (5) relativas a la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo sobre el EEE,

Vista la Decisión del Órgano de Vigilancia no 195/04/COL, relativa a las disposiciones de aplicación contempladas en el artículo 27 de la parte II del Protocolo 3 (6),

Vista la sentencia del Tribunal de la AELC en el asunto E-9/04 relativa a una solicitud de anulación de la Decisión no 213/04/COL referente al Fondo de Financiación de la Vivienda de Islandia (7),

Vista la Decisión del Órgano de Vigilancia no 185/06/COL, relativa a la apertura del procedimiento de investigación formal con respecto al Fondo de Financiación de la Vivienda (HFF) de Islandia (8),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   HECHOS

1.   PROCEDIMIENTO

Mediante carta de 20 de noviembre de 2003 de la Misión Islandesa ante la Unión Europea, a la que se adjuntaba una nota del Ministerio de Hacienda islandés de la misma fecha, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 25 de noviembre de 2003 (doc. no 03-8227 A, actualmente ref. no 255584), las autoridades islandesas notificaron, de conformidad con el Protocolo 3, parte I, artículo 1, apartado 3, un incremento del nivel máximo de préstamo por parte del Fondo de Financiación de la Vivienda (en lo sucesivo, «el HFF») de Islandia hasta el 90 % del precio de compra de la vivienda.

El 11 de agosto de 2004, el Órgano de Vigilancia adoptó la Decisión no 213/04/COL. En ella, el Órgano de Vigilancia llegaba a la conclusión, sin que se hubiese abierto aún el procedimiento formal de investigación, de que la legislación islandesa aplicable al HFF implicaba ayudas a esa entidad, pero que esta ayuda era compatible con la normativa sobre ayudas estatales, leída en relación con el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE.

Esta Decisión fue impugnada ante el Tribunal de la AELC por la Asociación Islandesa de Entidades Bancarias y Corredores de Valores Bursátiles, una asociación que posteriormente se fusionó con otras asociaciones financieras y de seguro, y que actualmente opera bajo el nombre de Asociación Islandesa de Servicios Financieros (en lo sucesivo, «la SFF»). En su sentencia de 7 de abril de 2006 en el asunto E-9/04, el Tribunal de la AELC falló a favor del demandante y anuló la Decisión del Órgano de Vigilancia no 213/04/COL.

El Órgano de Vigilancia, que, sobre la base de la información que obraba en su poder, había llegado a la conclusión preliminar de que las medidas de ayuda impugnadas constituían una ayuda nueva, adoptó el 21 de junio de 2006 la Decisión no 185/06/COL, relativa a la apertura del procedimiento formal de investigación en relación con el HFF. El Órgano de Vigilancia remitió esta Decisión a las autoridades islandesas mediante carta de 21 de junio de 2006 (ref. no 377864).

La Decisión no 185/06/COL se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el suplemento del EEE (9). El Órgano de Vigilancia invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la referida Decisión.

Mediante carta de la Misión Islandesa ante la Unión Europea con fecha de 20 de noviembre de 2006, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 21 de noviembre de 2006, este recibió observaciones de las autoridades islandesas sobre la referida Decisión (ref. no 399173).

Mediante carta de 24 de noviembre de 2006 (ref. no 399801), el Órgano de Vigilancia remitió las observaciones formulados por las autoridades islandesas a la SFF e invitó a esta a presentar observaciones al respecto.

Mediante carta de la Misión Islandesa ante la Unión Europea de 3 de enero de 2007, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 4 de enero de 2007, este recibió nuevos comentarios sobre la Decisión de las autoridades islandesas (ref. no 405009).

Mediante carta de 31 de enero de 2007, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 2 de febrero de 2007 (ref. no 408361), la SFF respondió a la carta de este con fecha de 24 de noviembre de 2006; esta respuesta se remitió a las autoridades islandesas el 5 de febrero de 2007 (ref. no 408509).

Mediante carta de 28 de febrero de 2007, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 1 de marzo de 2007 (ref. no 411962), la SFF envió sus comentarios sobre la Decisión no 185/06/COL del Órgano de Vigilancia. Este remitió esta documentación a las autoridades islandesas mediante carta de 5 de marzo de 2007 (ref. no 412290) para que formulasen sus comentarios.

Mediante carta de la Misión Islandesa ante la Unión Europea de 5 de marzo de 2007, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 9 de marzo de 2007 (ref. no 412950), las autoridades islandesas respondieron a los comentarios formulados por la SFF el 31 de enero de 2007.

Mediante carta de 4 de abril de 2007 (ref. no 415881), el Órgano de Vigilancia pidió ciertas aclaraciones a las autoridades islandesas.

Mediante carta de la Misión Islandesa ante la Unión Europea de 30 de abril de 2007, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 30 de abril de 2007 (ref. no 419451), las autoridades islandesas respondieron a la carta del Órgano de Vigilancia de 5 de marzo de 2007.

Mediante carta de la Misión Islandesa ante la Unión Europea de 14 de junio de 2007, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 14 de junio de 2007 (ref. no 425255), las autoridades islandesas contestaron a la carta del Órgano de Vigilancia de 4 de abril de 2007.

Los representantes de las autoridades islandesas facilitaron más información mediante correo electrónico de 21 de agosto de 2007 (ref. no 435379).

Mediante carta de 28 de septiembre de 2007 (ref. no 442805), el Órgano de Vigilancia solicitó a las autoridades islandesas más información en relación con las garantías de Estado en la legislación de ese país. Mediante carta de la Misión Islandesa ante la Unión Europea de 24 de octubre de 2007, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 25 de octubre de 2007 (ref. no 448739), las autoridades islandesas respondieron a esta solicitud.

El caso fue nuevamente examinado por representantes del Órgano de Vigilancia y del Gobierno islandés en varias reuniones, la última, la reunión global que tuvo lugar el 29 de octubre de 2007 en Reykiavik.

Por correo electrónico de 27 de noviembre de 2007, los representantes legales de la SFF presentaron más información relativa a la investigación referente al HFF (ref. no 454226).

El caso se debatió con el denunciante en una reunión celebrada el 6 de marzo de 2008, a raíz de la cual, este presentó más documentación el 28 de marzo de 2008 (ref. no 471552).

El Gobierno islandés presentó sus observaciones respecto a esta documentación mediante carta de 15 de abril de 2008 (ref. no 473576).

2.   BASES DE LA NORMATIVA ISLANDESA RELATIVA AL SECTOR DE LA VIVIENDA

2.1.   INTRODUCCIÓN

En la presente sección se describe la legislación islandesa en materia de vivienda. Se pasa revista a la legislación vigente en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo EEE y a los cambios que se han producido desde entonces.

En la sección 3 se describe la base jurídica, con arreglo al Derecho islandés, de cada uno de los posibles elementos de ayuda estatal contemplados en la Decisión no 185/06/COL, relativa a la apertura del procedimiento formal de investigación. Se examinan las disposiciones legales vigentes en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo EEE, así como los cambios legislativos.

2.2.   EL SISTEMA DE VIVIENDA

2.2.1.   
  Introducción

En los últimos cincuenta años, la intervención pública en el mercado de la vivienda islandés se ha guiado por el objetivo de fomentar el acceso a una vivienda en propiedad. En 1955 se sentaron las bases de esta implicación sistemática del Estado, tanto por lo que se refiere a la implantación de normas en el campo de la vivienda como a la concesión de préstamos para la adquisición de viviendas en propiedad. La Agencia Estatal de la Vivienda (Húsnæðisstofnun ríkisins) fue creada por la Ley no 51/1980, que preveía, entre otras cosas, préstamos con condiciones preferentes a los compradores.

En 1986 se introdujeron cambios en el sistema de préstamos en el sector de la vivienda que suponían, entre otras cosas, la financiación parcial del sistema con cargo a fondos de pensiones. Por lo general, los bancos islandeses no financiaban la adquisición de viviendas privadas. Al conceder la Agencia Estatal de la Vivienda préstamos por debajo de los tipos de mercado, se registró un notable incremento de la demanda que supuso una presión insostenible para los fondos de pensiones. Para poner remedio a esta situación y movilizar más recursos para la financiación de la vivienda, en 1989 se introdujo un sistema de bonos de vivienda que se describe detalladamente más adelante.

2.2.2.   
  Ley no 97/1993 relativa a la Agencia Estatal de la Vivienda

2.2.2.1.   Introducción

En el momento de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE, el 1 de enero de 1994, la Agencia Estatal de la Vivienda se regía por la Ley no 97/1993 (lög nr. 97/1993, um Húsnæðisstofnun ríkisins). Esta Ley era, en realidad, una versión consolidada de la Ley no 86/1988, del mismo nombre, que había sido objeto de numerosas modificaciones (10).

En el artículo 1 de la Ley no 97/1993 se establecía el propósito de la misma: promover la seguridad de los islandeses por lo que se refiere a la vivienda mediante la concesión de préstamos y la regulación de los distintos aspectos relacionados con la vivienda y la construcción de viviendas. Se trataba, además, de promover la igualdad de trato en este ámbito mediante la provisión de fondos específicamente destinados a mejorar las oportunidades para adquirir o alquilar una vivienda en términos asequibles.

De conformidad con la Ley no 97/1993, en el sistema de vivienda operaban cuatro organismos públicos, a saber, la Agencia Estatal de la Vivienda, la Junta Estatal de la Vivienda, el Fondo Estatal de la Construcción y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores.

2.2.2.2.   La Agencia Estatal de la Vivienda y la Junta Estatal de la Vivienda

La base jurídica de la Agencia Estatal de la Vivienda era el artículo 2 de la Ley. Según esa disposición, la Agencia era una entidad pública sometida a una junta rectora propia (la Junta Estatal de la Vivienda) y adscrita administrativamente al Ministro de Asuntos Sociales, el máximo responsable en todo lo relacionado con la vivienda. La Agencia tenía por misión gestionar y poner en práctica las funciones relacionadas con la vivienda encomendadas por la Ley a las autoridades públicas.

El Ministro de Asuntos Sociales podía establecer mediante reglamento la estructura de la Agencia (artículo 3). Se le autorizaba asimismo a fusionar la administración, las funciones y los recursos humanos generales de diferentes unidades, departamentos y fondos contemplados en la Ley. El coste de funcionamiento de la Agencia se debía repartir entre los fondos por ella gestionados, tomando en consideración el alcance de sus operaciones y los activos pendientes al cierre del ejercicio fiscal.

De la gestión de la Agencia se encargaba la Junta Estatal de la Vivienda (en lo sucesivo, «la Junta»), compuesta de siete miembros elegidos por el Parlamento después de cada elección parlamentaria (artículo 4). Conforme al artículo 5 de la Ley, la Junta debía gestionar las finanzas, las operaciones y otras actividades de la Agencia Estatal de la Vivienda, del Fondo Estatal de la Construcción y del Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Había de velar asimismo por que la Agencia llevara a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones legales y administrativas en vigor. Además, la Junta se encargaba, entre otras cosas, de asignar fondos a los promotores de viviendas sociales.

La Junta Estatal de la Vivienda estaba asimismo autorizada, previa aprobación del Ministro de Asuntos Sociales, a crear nuevas categorías de préstamos (artículo 11, apartado 2). En los artículos 12 a 15 de la Ley se recogían otras disposiciones relativas a los préstamos.

2.2.2.3.   Fondo Estatal de la Construcción

El cometido y la función del Fondo Estatal de la Construcción se establecían en el artículo 8 de la Ley no 97/1993. Según esa disposición, el Fondo debía dedicarse a actividades de crédito y a operaciones con bonos de vivienda de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en la reglamentación asociada. El Fondo era asimismo responsable de los empréstitos contraídos y de los préstamos concedidos o que pudieran contraerse o concederse en el futuro. El artículo 9 de la Ley fijaba los medios de financiación del Fondo en los siguientes términos:

| «1) | Rendimientos del propio capital del Fondo, a saber, reembolsos fraccionados, intereses y pagos en concepto de indización de precios por préstamos concedidos. |
| --- | --- |

«1)

Rendimientos del propio capital del Fondo, a saber, reembolsos fraccionados, intereses y pagos en concepto de indización de precios por préstamos concedidos.

| 2) | Contribuciones anuales de la Hacienda Pública conforme a lo dispuesto en la Ley presupuestaria. |
| --- | --- |

2)

Contribuciones anuales de la Hacienda Pública conforme a lo dispuesto en la Ley presupuestaria.

| 3) | Venta de obligaciones al Fondo del Seguro de Desempleo y a fondos de pensiones según lo acordado por la Agencia Estatal de la Vivienda y por los fondos, así como cualquier otro empréstito que pudiera decidirse en el plan de inversión y de crédito aplicable en cualquier momento.» |
| --- | --- |

3)

Venta de obligaciones al Fondo del Seguro de Desempleo y a fondos de pensiones según lo acordado por la Agencia Estatal de la Vivienda y por los fondos, así como cualquier otro empréstito que pudiera decidirse en el plan de inversión y de crédito aplicable en cualquier momento.»

El artículo 11 de la Ley permitía al Fondo Estatal de la Construcción conceder las categorías de préstamos que se enumeran a continuación, a condición de que su financiación estuviera prevista en su presupuesto para el ejercicio en cuestión:

| «1) | Préstamos a la construcción de hogares para ancianos y centros de día para niños y ancianos. |
| --- | --- |

«1)

Préstamos a la construcción de hogares para ancianos y centros de día para niños y ancianos.

| 2) | Préstamos especiales para personas con necesidades especiales. |
| --- | --- |

2)

Préstamos especiales para personas con necesidades especiales.

| 3) | Préstamos o subvenciones para innovaciones técnicas y otras reformas en el sector de la construcción.» |
| --- | --- |

3)

Préstamos o subvenciones para innovaciones técnicas y otras reformas en el sector de la construcción.»

Todos los préstamos concedidos por el Fondo Estatal de la Construcción debían ser enteramente indizados (artículo 16). Cada préstamo debía estar avalado por una hipoteca de primera o segunda categoría sobre la vivienda para la que había sido concedido. Por otra parte, se podía exigir que el préstamo concedido y la hipoteca no sobrepasaran un determinado porcentaje del precio de compra, de la estimación inmobiliaria o de la valoración del seguro de incendio.

2.2.2.4.   Bonos de vivienda

Como ya se ha indicado, el sistema de bonos de vivienda se implantó en 1989. En este sentido, el artículo 18 de la Ley no 97/1993 autorizaba al Fondo Estatal de la Construcción a crear una división separada de bonos de vivienda, cuyos recursos financieros debían mantenerse separados de los de sus otras actividades. Según el artículo 19 de la Ley, el papel de esta división era el siguiente:

| «a. | Emitir obligaciones negociables en nombre del Fondo Estatal de la Construcción (en lo sucesivo, «bonos de vivienda»), en las condiciones que se especifican en la presente Ley o mediante reglamento. |
| --- | --- |

«a.

Emitir obligaciones negociables en nombre del Fondo Estatal de la Construcción (en lo sucesivo, «bonos de vivienda»), en las condiciones que se especifican en la presente Ley o mediante reglamento.

| b. | Canjear títulos de crédito garantizados mediante hipoteca sobre viviendas residenciales emitidos en relación con la compra de bienes inmuebles, la construcción de viviendas nuevas, o la ampliación o mejora sustanciales de viviendas antiguas o su renovación [...]. |
| --- | --- |

b.

Canjear títulos de crédito garantizados mediante hipoteca sobre viviendas residenciales emitidos en relación con la compra de bienes inmuebles, la construcción de viviendas nuevas, o la ampliación o mejora sustanciales de viviendas antiguas o su renovación [...].

| c. | Promover la negociabilidad en todo momento de los bonos de vivienda en el mercado.» |
| --- | --- |

c.

Promover la negociabilidad en todo momento de los bonos de vivienda en el mercado.»

El régimen de bonos de vivienda no correspondía al sistema tradicional de préstamos hipotecarios. Se trataba más bien de un sistema de canje de bonos, en virtud del cual los compradores de una vivienda pedían a la división de bonos de vivienda que emitiera una obligación hipotecaria garantizada mediante la propiedad que iban a adquirir. A continuación, la división de bonos de vivienda compraba esta obligación al comprador y, para pagarla, procedía a la emisión de bonos de vivienda que adjudicaba al vendedor. Estos bonos de vivienda podían negociarse libremente en el mercado de valores. El vendedor podía venderlos en el mercado de valores, utilizarlos como medio de pago o conservarlos.

Según el artículo 21 de la Ley, la división de bonos de vivienda podía exigir intereses para cubrir sus gastos de funcionamiento y las pérdidas estimadas de los créditos pendientes. Correspondía al Ministro de Asuntos Sociales determinar la cuantía del interés a propuesta de la Junta Estatal de la Vivienda.

El plazo de amortización de los instrumentos hipotecarios adquiridos por la división de bonos de vivienda no podía sobrepasar los veinticinco años (artículo 26). Según el artículo 27, estos instrumentos hipotecarios podían canjearse por bonos de vivienda que representaran hasta un 75 % del precio del bien, establecido según una estimación razonable. El Ministro de Asuntos Sociales podía determinar el porcentaje máximo mediante reglamento, estando autorizado a elevar el porcentaje en caso de nueva construcción y de adquisición de una primera vivienda. Con arreglo al artículo 29, la división de bonos de vivienda debía promover la negociabilidad de estos valores en el mercado. A tal fin, debía buscar la cooperación de bancos, fondos de pensiones y otras entidades financieras. Además, para equilibrar el mercado, se permitía al Fondo Estatal de la Construcción disponer de parte de sus fondos para negociar bonos de vivienda.

La Ley no contenía ninguna disposición relativa a la cualificación para poder recibir préstamos en el sistema de bonos vivienda. En realidad, estas disposiciones figuraban en el Reglamento no 467/1991, relativo a la división de bonos de vivienda y operaciones afines (um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti). En lo que respecta a los préstamos a empresas, el Reglamento disponía que podían optar a ellos las empresas de construcción. Se definía el concepto de «empresa de construcción» en los siguientes términos: cualquier entidad reconocida que se dedique a la construcción y venta de viviendas terminadas de conformidad con la norma industrial pertinente (artículo 1 del Reglamento). Las normas relativas a los préstamos para nuevos inmuebles se recogían en el artículo 10 del Reglamento, mientras que el artículo 25 imponía a las empresas de construcción la obligación de constituir una garantía ante una institución financiera o un municipio.

2.2.2.5.   Fondo de Vivienda para los Trabajadores

El cometido del Fondo de Vivienda para los Trabajadores consistía en facilitar la concesión de préstamos relacionados con viviendas sociales a fin de solucionar las necesidades de vivienda de las personas que requieren ayuda especial (artículo 47 de la Ley). El artículo 48 se refería a la financiación del Fondo, en los siguientes términos:

| «a) | Rendimientos del propio capital del Fondo, a saber, reembolsos fraccionados, intereses y pagos en concepto de precios indizados por préstamos concedidos. |
| --- | --- |

«a)

Rendimientos del propio capital del Fondo, a saber, reembolsos fraccionados, intereses y pagos en concepto de precios indizados por préstamos concedidos.

| b) | Ocasionalmente, contribuciones anuales de la Hacienda Pública conforme a lo dispuesto en la Ley presupuestaria. |
| --- | --- |

b)

Ocasionalmente, contribuciones anuales de la Hacienda Pública conforme a lo dispuesto en la Ley presupuestaria.

| c) | Préstamos de los municipios a la Agencia Estatal de la Vivienda (artículo 42). |
| --- | --- |

c)

Préstamos de los municipios a la Agencia Estatal de la Vivienda (artículo 42).

| d) | Venta de obligaciones a los fondos de pensiones de conformidad con los acuerdos concluidos entre la Agencia Estatal de la Vivienda y los fondos de pensiones. |
| --- | --- |

d)

Venta de obligaciones a los fondos de pensiones de conformidad con los acuerdos concluidos entre la Agencia Estatal de la Vivienda y los fondos de pensiones.

| e) | Empréstitos especiales, decididos ocasionalmente en los planes de inversión y crédito, cuando los fondos disponibles con arreglo a las letras a) a d) no sean suficientes para la evolución prevista.» |
| --- | --- |

e)

Empréstitos especiales, decididos ocasionalmente en los planes de inversión y crédito, cuando los fondos disponibles con arreglo a las letras a) a d) no sean suficientes para la evolución prevista.»

Las categorías de préstamo del Fondo de Vivienda para los Trabajadores se enumeraban en el artículo 50 de la Ley y eran las siguientes:

| «1) | Préstamos para el arrendamiento financiero de una vivienda social (por un valor equivalente al 90 % del precio de compra). |
| --- | --- |

«1)

Préstamos para el arrendamiento financiero de una vivienda social (por un valor equivalente al 90 % del precio de compra).

| 2) | Préstamos para la adquisición a título privado de una vivienda social en propiedad (por un valor equivalente al 90 % del precio de compra). |
| --- | --- |

2)

Préstamos para la adquisición a título privado de una vivienda social en propiedad (por un valor equivalente al 90 % del precio de compra).

| 3) | Préstamos para el alquiler de una vivienda social (por un valor equivalente al 90 % del precio de compra). |
| --- | --- |

3)

Préstamos para el alquiler de una vivienda social (por un valor equivalente al 90 % del precio de compra).

| 4) | Préstamos para el arrendamiento financiero de una vivienda en general (por un valor equivalente al 70 % y al 20 % del precio de compra). [...]» |
| --- | --- |

4)

Préstamos para el arrendamiento financiero de una vivienda en general (por un valor equivalente al 70 % y al 20 % del precio de compra). [...]»

La concesión de préstamos en relación con la vivienda social correspondía a la Junta Estatal de la Vivienda, con cargo al Fondo de Vivienda para los Trabajadores (artículo 52 de la Ley). Estos préstamos podían concederse por un valor de hasta el 90 % del precio de construcción o del precio de compra, sin sobrepasar nunca el 90 % del coste de la base aprobada por la Junta Estatal de la Vivienda, del que había que deducir una contribución especial de los municipios equivalente al 3,5 % del precio para cada vivienda social (artículo 42, apartado 2, de la Ley) (11). Por lo que se refiere al derecho a la asistencia social, el artículo 64 de la Ley disponía que para tener derecho a un préstamo para la adquisición a título privado de una vivienda social había que cumplir las siguientes condiciones:

| «a) | No poseer ya una vivienda o un bien comparable en cualquier otra forma. |
| --- | --- |

«a)

No poseer ya una vivienda o un bien comparable en cualquier otra forma.

| b) | Tener unos ingresos medios durante los últimos tres años previos a la concesión del préstamo inferiores a [...]. La Junta Estatal de la Vivienda fijará estos límites a principios de cada año [...]. |
| --- | --- |

b)

Tener unos ingresos medios durante los últimos tres años previos a la concesión del préstamo inferiores a [...]. La Junta Estatal de la Vivienda fijará estos límites a principios de cada año [...].

| c) | Acreditar una solvencia evaluada por el comité de vivienda de un municipio [...].» |
| --- | --- |

c)

Acreditar una solvencia evaluada por el comité de vivienda de un municipio [...].»

El artículo 65 establecía que las personas que optaban a un préstamo para el alquiler de una vivienda debían cumplir las condiciones de las letras a) y b).

El propietario de una vivienda de protección oficial que tuviera intención de venderla debía notificarlo al comité de vivienda o a otro promotor (artículo 85). El promotor debía comprar y revender la vivienda de conformidad con la Ley y los reglamentos de aplicación. En el momento de la compra, se reembolsaba al vendedor el importe que hubiera desembolsado al comprar la vivienda y los pagos fraccionados que hubiera abonado para reembolsar el préstamo del Fondo de Vivienda para los Trabajadores a partir de la fecha en que se concluyó el contrato de compra. El artículo 86 encomendaba a los municipios el cálculo del precio de venta de las viviendas sociales.

2.2.3.   
  Ley no 44/1998 relativa a la vivienda

2.2.3.1.   Introducción. Principales cambios

La Ley no 44/1998, relativa a la vivienda, entró en vigor el 1 de enero de 1999. Instituía el Fondo de Financiación de la Vivienda. Simultáneamente se derogaba la Ley no 97/1993, sobre la Agencia Estatal de la Vivienda, a la que se ha hecho referencia. Como se precisa en su artículo 1, el objetivo de la Ley de la vivienda consiste en promover la seguridad y la igualdad de derechos de los islandeses en el campo de la vivienda mediante la concesión de préstamos y la regulación de los diversos aspectos relacionados con este ámbito, y en velar por que se provean fondos destinados específicamente a mejorar las oportunidades de la población a la hora de adquirir o alquilar una vivienda en términos asequibles. El objetivo de la Ley coincide plenamente con el fijado en el referido artículo 1 de la Ley no 97/1993, derogada.

En el proyecto que posteriormente pasó a ser la Ley de la vivienda, se presentaban las principales novedades en los siguientes términos:

«Los principales cambios que figuran en el proyecto se refieren al régimen de vivienda de protección oficial. La principal modificación propuesta consiste en que se abandonará la construcción y la compra a título privado de viviendas sociales en propiedad para organizar un nuevo sistema de préstamos sociales. Aunque seguirán en vigor las actuales disposiciones relativas a la construcción de viviendas de alquiler, se propone suprimir los artículos relativos al arrendamiento financiero. Además, un proyecto específico regulará las cooperativas de construcción y de vivienda.

A otros efectos, los principales cambios del proyecto pueden resumirse en tres puntos: asistencia social, participación de los municipios y modificaciones relativas a la estructura del sistema de vivienda.» (12)

Con ocasión de la presentación del proyecto en el Parlamento, el Ministro de Asuntos Sociales explicó los principales cambios legislativos de la siguiente manera:

«Los puntos más destacados son los siguientes:

Se suprime la Agencia Estatal de la Vivienda.

El Fondo Estatal de la Construcción y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores se fusionan para formar el Fondo para la Financiación de la Vivienda, del que también pasan a formar parte los activos de la Agencia Estatal de la Vivienda. [...]

El sistema de bonos de vivienda se mantendrá sin cambios en lo que respecta a las operaciones inmobiliarias en el mercado general. Con el tiempo, el Fondo de Financiación de la Vivienda se financiará a sí mismo. A tal efecto, se reestructurarán los empréstitos más antiguos tomados por el Fondo. De esta manera, se podrán lograr tipos mucho más interesantes que los que disfruta el Fondo actualmente. Este Fondo será de una gran solidez. Contará con un capital de 26 000 millones ISK y tendrá acceso a los mejores tipos de interés.» (13)

2.2.3.2.   Estructura institucional

Estructura institucional

El Fondo de Financiación de la Vivienda es una entidad pública independiente sometida a una junta rectora propia y adscrita administrativamente al Ministro de Asuntos Sociales (artículo 4 de la Ley de la vivienda). Este Fondo vino a sustituir a la antigua Agencia Estatal de la Vivienda. Con arreglo al artículo 7, el Ministro designa a los cinco miembros de la junta rectora del Fondo para un mandato de cuatro años. El artículo 8 establece que la junta rectora designa a un director gerente encargado del funcionamiento cotidiano del Fondo, de la contratación de personal, etc.

Como se ha indicado, la Ley de la vivienda suprimió tanto el Fondo Estatal de la Construcción como el Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Ambos Fondos se fusionaron y dejaron de funcionar en el momento de la entrada en vigor de la Ley. A partir de ese momento, el Fondo para la Financiación de la Vivienda asumió sus funciones, derechos, activos, responsabilidades y obligaciones (artículo 53 de la Ley). Los derechos y privilegios que les habían sido conferidos por Ley fueron transferidos al Fondo para la Financiación de la Vivienda. Del mismo modo, este asumió todos los derechos y obligaciones relacionados con los títulos de deuda del Fondo Estatal de la Construcción y del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y debía ocupar su lugar en cualquier litigio que se incoara contra ellos o en su nombre.

Las tareas encomendadas al Fondo para la Financiación de la Vivienda se enumeran en el artículo 9 de la Ley de la vivienda e incluyen:

| «1) | Préstamos y administración de operaciones relacionadas con los bonos de vivienda de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. |
| --- | --- |

«1)

Préstamos y administración de operaciones relacionadas con los bonos de vivienda de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

| 2) | Préstamos a municipios, empresas y asociaciones para la construcción o la adquisición de viviendas residenciales. [...]» |
| --- | --- |

2)

Préstamos a municipios, empresas y asociaciones para la construcción o la adquisición de viviendas residenciales. [...]»

Al igual que ocurría con el Fondo Estatal de la Construcción y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores a tenor de la antigua Ley no 97/1993, también el Fondo para la Financiación de la Vivienda se financia mediante: 1) rendimientos de su capital propio y 2) la emisión y venta de obligaciones (artículo 10 de la Ley de la vivienda). Sin embargo, contrariamente al sistema establecido por la Ley no 97/1993 en lo que respecta a la financiación directa, en la nueva Ley no se han mantenido las contribuciones de la Hacienda Pública.

o

o

Con arreglo al artículo 11 de la Ley de la vivienda, el Fondo para la Financiación de la Vivienda tiene la obligación de preservar los capitales a su cargo y de hacerlos fructificar. Previa aprobación del Ministro de Asuntos Sociales, el Fondo puede decidir confiar la totalidad o parte de sus activos a terceros. Se ha de velar por que el Fondo posea en todo momento liquidez suficiente para cumplir sus obligaciones.

2.2.3.3.   Categorías de préstamos

Categorías de préstamos

2.2.3.3.1.   Los tres tipos de préstamos

Los tres tipos de préstamos

El artículo 15 de la Ley de la vivienda estableció las tres categorías de préstamos que concede el Fondo para la Financiación de la Vivienda (14). Estas categorías son:

14

| — | préstamos generales en virtud del capítulo VI de la Ley relativa a la construcción y adquisición de viviendas residenciales, |
| --- | --- |

—

préstamos generales en virtud del capítulo VI de la Ley relativa a la construcción y adquisición de viviendas residenciales,

| — | préstamos complementarios a particulares en virtud del capítulo VII de la Ley relativa a la construcción y adquisición de viviendas residenciales, |
| --- | --- |

—

préstamos complementarios a particulares en virtud del capítulo VII de la Ley relativa a la construcción y adquisición de viviendas residenciales,

| — | préstamos para el alquiler de vivienda a municipios, asociaciones y empresas en virtud del capítulo VIII de la Ley relativa a la construcción o adquisición de viviendas residenciales de alquiler. |
| --- | --- |

—

préstamos para el alquiler de vivienda a municipios, asociaciones y empresas en virtud del capítulo VIII de la Ley relativa a la construcción o adquisición de viviendas residenciales de alquiler.

Conforme al artículo 16, apartado 1, el Fondo está facultado para crear nuevas categorías de préstamos, previa aprobación del Ministro de Asuntos Sociales.

2.2.3.3.2.   Préstamos generales

Préstamos generales

La Ley de la vivienda mantuvo el sistema de préstamos generales a la vivienda que había introducido en 1989 el sistema de bonos de vivienda y que se había aplicado al amparo de la Ley no 97/1993. La nueva Ley no introdujo ningún cambio por lo que hace a esta categoría de préstamos. Para gestionar los préstamos generales, el Fondo de Financiación de la Vivienda se dotó, siguiendo las pautas de funcionamiento de la antigua Agencia Estatal de la Vivienda, de una división de bonos de vivienda, cuyos medios financieros debían ser distintos de los de las demás actividades del Fondo (artículo 17 de la Ley de la vivienda (15).

o

15

La misión de la división de bonos de vivienda era la siguiente:

| «1) | Emitir obligaciones negociables en nombre del Fondo de Financiación de la Vivienda en las condiciones que se especifican en la presente Ley o mediante reglamento. |
| --- | --- |

«1)

Emitir obligaciones negociables en nombre del Fondo de Financiación de la Vivienda en las condiciones que se especifican en la presente Ley o mediante reglamento.

| 2) | Cajear títulos de crédito garantizados mediante hipotecas o bonos de vivienda. |
| --- | --- |

2)

Cajear títulos de crédito garantizados mediante hipotecas o bonos de vivienda.

| 3) | Promover la negociabilidad de los bonos de vivienda en el mercado. [...]» |
| --- | --- |

3)

Promover la negociabilidad de los bonos de vivienda en el mercado. [...]»

Debía constituirse una obligación hipotecaria indizada y en las mismas condiciones que los bonos de vivienda canjeados por la obligación, además del margen de interés (artículo 19 de la Ley). Este margen debía fijarse de forma que cubriera los gastos de funcionamiento de la división de bonos de vivienda y las pérdidas estimadas de los préstamos pendientes (artículo 28 de la Ley). El margen de interés tenía que fijarlo el Ministro de Asuntos Sociales a propuesta de la junta rectora del Fondo de Financiación de la Vivienda.

Los instrumentos hipotecarios y los bonos de vivienda podían canjearse por un importe no superior al 70 % del valor estimado del bien, si el propietario construía o adquiría su vivienda a título de primera residencia, y al 65 % en los demás casos (artículo 19 de la Ley). Se trata, pues, de una reducción del límite máximo anterior (75 % del valor estimado) que establecía el artículo 27, ya citado, de la Ley no 97/1993. El Ministro de Asuntos Sociales podía decidir mediante reglamento el número máximo de instrumentos hipotecarios que podía comprar la división de bonos de vivienda para cada bien. Según el artículo 21 de la Ley, el período máximo de amortización de los instrumentos hipotecarios adquiridos por la división de bonos de vivienda era de cuarenta años. Se establecieron otras normas relativas a los bonos de vivienda en el Reglamento no 7/1999, relativo a la división de bonos de vivienda y a las operaciones correspondientes (um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti).

o

o

um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti

Por lo que se refiere a los préstamos a las empresas de construcción, las normas de dicho Reglamento eran similares a las del antiguo Reglamento no 467/1991, del mismo nombre, aplicable en virtud de la Ley anterior (16).

o

16

Como se desprende de lo hasta aquí expuesto, el sistema de canje de bonos de vivienda se mantuvo sin cambios tras la entrada en vigor de la Ley de la vivienda. Las funciones encomendadas a la división de bonos de vivienda del Fondo de Financiación de la Vivienda eran las mismas que había desempeñado la división homónima de la Agencia Estatal de la Vivienda (artículo 19 de la Ley no 97/1993 y artículo 17 de la Ley de la vivienda). Corroboran esta similitud los comentarios relativos al capítulo VI del proyecto que pasó a ser más tarde la Ley de la vivienda, según los cuales ese capítulo contenía disposiciones en gran medida idénticas a las del capítulo IV de la Ley no 97/1993 (17).

o

o

17

2.2.3.3.3.   Préstamos complementarios

Préstamos complementarios

Con la Ley de la Vivienda se añadió al sistema una nueva categoría de préstamo, a saber, los préstamos complementarios destinados a las personas con menos ingresos. Dichos préstamos podían acumularse a los préstamos generales y venían a sustituir a varios préstamos sociales contemplados en la Ley no 97/1993 que se suprimieron posteriormente (18). De conformidad con el artículo 30, el Fondo de Financiación de la Vivienda podía conceder, a petición de un comité de vivienda municipal, préstamos complementarios por un valor máximo equivalente al 25 % del valor estimado de la vivienda a los compradores cualificados para recibir un préstamo general para la compra de una vivienda. Al igual que sucedía con los préstamos sociales previstos en la Ley no 97/1993 antes de la implantación del Fondo de Financiación de la Vivienda, los préstamos totales del Fondo (préstamo general y préstamos complementarios) no podían superar el 90 % del valor estimado de la vivienda.

o

18

o

El Ministro de Asuntos Sociales debía adoptar un reglamento en el que se especificaran los requisitos que había que cumplir para poder optar a uno de estos préstamos complementarios. A tal efecto, se debían tomar en consideración los siguientes criterios: número de miembros de la familia, patrimonio y superficie y tipo de la vivienda. En el Reglamento no 783/1998, relativo a los préstamos complementarios, se fijaban con todo detalle las condiciones que debían reunir los candidatos. Los artículos 5 y 6 del Reglamento fijaban umbrales por lo que se refiere a los ingresos y el patrimonio (19). El artículo 18 precisaba que el candidato debía someterse a una evaluación de su solvencia. En el artículo 4 se especificaba que los municipios podían establecer otros criterios que los comités de vivienda debían tomar en consideración, como la situación, el estado y el tipo de la vivienda anterior y el número de miembros y la situación sanitaria de la familia (20). Por consiguiente, los principales criterios para determinar si una persona estaba cualificada para recibir un préstamo «social» seguía siendo la falta de patrimonio y los bajos ingresos, al igual que sucedía al amparo de las normas en vigor antes de la adopción de la Ley de la vivienda.

o

19

20

En contraste con las normas anteriores previstas en la Ley no 97/1993, la Ley de la vivienda no contenía ninguna disposición relativa a los préstamos para el arrendamiento financiero de una vivienda social. Tampoco incluía disposiciones relativas a la venta de viviendas sociales, ya que podían venderse en el mercado libre siempre que se cumplieran una serie de condiciones fijadas en el artículo 32 de la Ley.

o

2.2.3.3.4.   Viviendas de alquiler

Viviendas de alquiler

La tercera categoría de préstamo, a saber, los préstamos para el alquiler de una vivienda, aparece regulada en el capítulo VIII de la Ley de la vivienda. De conformidad con el artículo 33, el Fondo de Financiación de la Vivienda puede conceder préstamos para la construcción o la compra de viviendas destinadas al alquiler a municipios, asociaciones o empresas que tengan la intención de construir, poseer y gestionar tales viviendas. Pueden concederse préstamos por un valor máximo equivalente al 90 % del coste de construcción o del precio de compra, siempre que no superen el 90 % del coste establecido por la junta rectora (artículo 36 de la Ley). El artículo 37 establece que el derecho a una vivienda en alquiler depende de las circunstancias sociales del candidato y de que sus ingresos y su patrimonio no rebasen los límites fijados específicamente en un Reglamento adoptado por el Ministro de Asuntos Sociales.

En las observaciones generales que acompañaban al capítulo VIII del proyecto de ley de la vivienda se anunciaba que, en lo que respecta a ese tipo de créditos, se seguirían aplicando, en su mayor parte, las normas de la antigua Ley no 97/1993 (21). Por consiguiente, esta categoría de préstamo era esencialmente la misma que se preveía anteriormente en las normas relativas al Fondo de Vivienda para los Trabajadores. Tanto la Ley de la vivienda como la Ley no 97/1993 fijaban la cuantía máxima del préstamo en el 90 % del coste de construcción o del precio de compra. Del mismo modo, el derecho a ocupar uno de estos apartamentos de alquiler se basaba en criterios sociales como la ausencia de patrimonio o la escasez de ingresos.

o

21

o

2.2.3.4.   Modificaciones introducidas en 2004

Modificaciones introducidas en 2004

2.2.3.4.1.   Ley no 57/2004

Ley no

En 2004, se adoptaron dos leyes que modificaban la Ley de la vivienda, la Ley no 57/2004 y la Ley no 120/2004. La primera, que entró en vigor el 1 de julio de 2004, suprimió el sistema de canje de bonos de vivienda. A partir de ese momento, los préstamos generales concedidos por el Fondo de Financiación de la Vivienda serían pagaderos en efectivo. En el proyecto de ley se describía el objetivo de estas modificaciones en los siguientes términos:

o

o

«El proyecto de ley que aquí se presenta persigue el objetivo de asegurar a los islandeses, gracias al Fondo de Financiación de la Vivienda, préstamos a la vivienda más favorables en condiciones más ventajosas que en el mercado general de crédito. Para alcanzar este objetivo se reorganizará la emisión de las obligaciones del Fondo de Financiación de la Vivienda al objeto de mejorar la eficacia de la financiación y se subsanarán las principales deficiencias de las emisiones actuales [...]». (22)

Después de las modificaciones, el artículo 19 de la Ley de la vivienda rezaba:

«Los préstamos concedidos por el Fondo de Financiación de la Vivienda se pagarán en efectivo. Antes del pago, el prestatario emitirá un instrumento hipotecario y lo registrará oficialmente. Cada hipoteca seguirá el índice de precios al consumo (véase la Ley sobre el índice de precios al consumo) y devengará intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 21.»

Los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Ley, referentes a la financiación del Fondo, se modificaron para tener en cuenta la supresión del sistema de los bonos de vivienda:

«El Fondo de Financiación de la Vivienda financiará las tareas que le han sido asignadas por la presente Ley de la siguiente manera:

| 1) | Rendimientos del capital propio del Fondo, a saber, pagos fraccionados, intereses y pagos en concepto de indización de los precios por préstamos a largo plazo. |
| --- | --- |

1)

Rendimientos del capital propio del Fondo, a saber, pagos fraccionados, intereses y pagos en concepto de indización de los precios por préstamos a largo plazo.

| 2) | Emisión y venta de bonos HFF y empréstitos previstos por la Ley presupuestaria. |
| --- | --- |

2)

Emisión y venta de bonos HFF y empréstitos previstos por la Ley presupuestaria.

| 3) | Cobro por servicios prestados, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.» |
| --- | --- |

3)

Cobro por servicios prestados, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.»

Aunque en el artículo 10 no se contemplaban anteriormente las comisiones por servicios prestados como medio de financiación, el referido artículo 49 formaba parte de la Ley desde su entrada en vigor y no había sido modificado. El artículo 5 de la Ley no 57/2004 añadió dos nuevos apartados al artículo 11 de la Ley de la vivienda relativos a la gestión del activo y el pasivo:

o

«El Fondo de Financiación de la Vivienda velará por que se mantenga un equilibrio entre sus ingresos y sus gastos y elaborará al respecto planes anticipados. A tal fin, establecerá un sistema de gestión del riesgo.

El Fondo de Financiación de la Vivienda podrá negociar sus propios bonos y otros valores. Tras recabar el dictamen de la junta rectora del Fondo y de la Autoridad de Supervisión Financiera, el Ministro adoptará, mediante Reglamento, disposiciones en lo que concierne a los criterios de riesgo, la gestión del riesgo, el control interno y el intercambio de valores del Fondo.»

La Ley no 57/2004 introdujo además otras modificaciones. La mayoría de ellas se referían a cuestiones técnicas relacionadas con la supresión del sistema de canje de bonos (artículos 9 a 20 de la Ley modificadora). Esta Ley no cambió nada de la sustancia de los préstamos generales o de las condiciones de cualificación para poder recibirlos.

o

2.2.3.4.2.   Ley no 120/2004

Ley no

La Ley no 120/2004, que entró en vigor el 3 de diciembre de 2004, elevó el límite de los préstamos generales concedidos por el Fondo de Financiación de la Vivienda hasta el 90 % del valor estimado del bien –el límite anterior era del 70 %–, al tiempo que se autorizaba al Ministro de Asuntos Sociales a modificar esta cuantía mediante reglamento administrativo (artículo 19 de la Ley de la vivienda). Además, a raíz del aumento de la cuantía máxima de los préstamos generales, se suprimió el capítulo VII de la Ley, relativo a los préstamos complementarios. En las observaciones sobre el artículo 4 del proyecto de ley, que suprimió el capítulo VII de la Ley de la vivienda, se precisaba, entre otras cosas, lo siguiente:

o

«En caso de que se adopte el proyecto de ley, todos los compradores de una vivienda podrán recibir préstamos por una cuantía equivalente al 90 % del valor del bien, de modo que ya no serán necesarios los préstamos complementarios. El tipo de interés de los préstamos complementarios era, en el primer semestre de 2004, del 5,3 %, muy por encima del tipo aplicable a los préstamos generales después de las modificaciones introducidas a la emisión de obligaciones del Fondo de Financiación de la Vivienda que entraron en vigor el 1 de julio de 2004. Desde el mes de septiembre, el tipo de interés aplicable a los préstamos complementarios ha sido idéntico al aplicable a los préstamos generales. Gracias a esta modificación, las condiciones son ahora mucho más favorables para los compradores con escaso patrimonio y bajos ingresos. Por consiguiente, en las circunstancias actuales, no hay motivo alguno que justifique una categoría distinta de préstamos para ese grupo.» (23)

El Ministro de Asuntos Sociales ha hecho uso de la facultad que le confiere la referida Ley. El límite máximo se redujo hasta el 80 %, posteriormente se elevó hasta el 90 % para volver a reducirse al 80 % actual (24).

24

3.   BASE JURÍDICA DE LOS POSIBLES ELEMENTOS DE AYUDA ESTATAL SEGÚN EL DERECHO ISLANDÉS

BASE JURÍDICA DE LOS POSIBLES ELEMENTOS DE AYUDA ESTATAL SEGÚN EL DERECHO ISLANDÉS

En su Decisión relativa a la apertura de un procedimiento formal de investigación, el Órgano de Vigilancia detectó las siguientes cinco posibles medidas de ayuda estatal:

| — | la garantía del Estado; |
| --- | --- |

—

la garantía del Estado;

| — | la exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el patrimonio; |
| --- | --- |

—

la exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el patrimonio;

| — | la bonificación de intereses; |
| --- | --- |

—

la bonificación de intereses;

| — | la ausencia de pago de dividendos; |
| --- | --- |

—

la ausencia de pago de dividendos;

| — | la no sujeción del HFF a los requisitos de adecuación del capital y a las normas relativas al coeficiente de solvencia mínimo. |
| --- | --- |

—

la no sujeción del HFF a los requisitos de adecuación del capital y a las normas relativas al coeficiente de solvencia mínimo.

3.1.   GARANTÍA DEL ESTADO

El Fondo de Financiación de la Vivienda es una entidad estatal de Derecho público (artículo 4 de la Ley no 44/1998, relativa a la vivienda, y artículo 2 de la antigua Ley no 97/1993). Como tal, y de conformidad con normas generales no escritas del Derecho público islandés aplicables a todas las instituciones públicas, todas sus obligaciones están avaladas por la garantía del Estado.

o

o

Dicho principio no escrito del Derecho islandés es anterior a la entrada en vigor del Acuerdo EEE. En las observaciones generales al proyecto que pasaría a ser la Ley no 121/1997, sobre las garantías del Estado (lög um ríkisábyrgðir), se precisaba lo siguiente: «Ello se debe a la norma inequívoca del Derecho islandés en virtud de la cual el Estado es responsable de las obligaciones de sus instituciones y empresas, a menos que la garantía sea limitada por una disposición legal explícita [...] o que la responsabilidad del Estado en una sociedad de responsabilidad limitada se limite a su parte del capital social» (25). Esta garantía es aplicable a todas las entidades públicas, independientemente de su fecha de constitución, la naturaleza de sus actividades o los cambios habidos en esas actividades. Por consiguiente, también era aplicable a la antigua Agencia Estatal de la Vivienda y a las otras tres entidades que realizaban actividades de financiación de la vivienda antes de la entrada en vigor de la Ley de la vivienda.

o

lög um ríkisábyrgðir

25

3.2.   EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

En la Decisión de apertura, el Órgano de Vigilancia consideró que la segunda medida que podría constituir ayuda estatal era la exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el patrimonio de que disfruta el Fondo de Financiación de la Vivienda.

La Hacienda pública, todas las instituciones del Estado y todas las empresas estatales sobre las que el Estado tiene una responsabilidad ilimitada han estado exentas, desde mucho antes de que entrara en vigor el Acuerdo sobre el EEE, del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el patrimonio (artículo 4, apartado 1, de la Ley no 90/2003, relativa al impuesto de sociedades). Esta exención fiscal general se aplica al Fondo de Financiación de la Vivienda, en su calidad de entidad pública.

o

En el momento de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE, la base jurídica de esta exención fiscal era el artículo 4, apartado 1, de la Ley no 75/1981, relativa al impuesto de sociedades y al impuesto sobre el patrimonio. La actual Ley relativa al impuesto de sociedades es una versión consolidada de la Ley no 75/1981. Por consiguiente, las entidades antecesoras del Fondo de Financiación de la Vivienda también disfrutaban de esa exención fiscal.

o

o

Por lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, fue abolido, erga omnes, por la Ley no 129/2004 y se recaudó por última vez a finales de 2005. Hasta la adopción de la Ley no 129/2004, el artículo 4, apartado 1, de la Ley no 90/2003 eximía igualmente a las entidades antes mencionadas del pago del impuesto sobre el patrimonio. Por consiguiente, las entidades antecesoras del Fondo de Financiación de la Vivienda también disfrutaban de esa exención fiscal.

erga omnes

o

o

o

3.3.   BONIFICACIÓN DE INTERESES

El Órgano de Vigilancia estimó que la tercera medida que podría constituir ayuda estatal era la bonificación de intereses, que, de hecho, equivale a contribuciones presupuestarias directas al Fondo de Financiación de la Vivienda al objeto de cubrir obligaciones resultantes de préstamos a tipos de interés por debajo de los tipos de mercado para la construcción de vivienda social de alquiler.

Una de las categorías de préstamos del Fondo de Vivienda para los Trabajadores eran los préstamos para acceder a una vivienda social en régimen de alquiler (artículo 50 de la Ley no 97/1993 antes citada). El capítulo VIII de la Ley de la vivienda establece las normas en vigor en materia de préstamos para viviendas sociales de alquiler y, como ya se ha indicado, estas normas coinciden en gran parte con las anteriormente aplicables. Por consiguiente, la concesión de esta categoría de préstamos se encomendó tanto a la Agencia Estatal de la Vivienda, mediante el Fondo de Vivienda para los Trabajadores, como al Fondo de Financiación de la Vivienda.

o

Como ya se ha indicado, uno de los medios de financiación del Fondo de Vivienda para los Trabajadores era las contribuciones presupuestarias directas (artículo 48 de la Ley no 97/1993). Esas contribuciones debían cubrir en parte los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los relacionados con las viviendas sociales en alquiler. El tipo de interés para esta categoría de préstamo lo fijaba cada año el Gobierno (artículo 52 de la Ley).

o

Por lo que se refiere a la situación tras la entrada en vigor de la Ley de la vivienda, el artículo transitorio IX de la Ley de la vivienda, tal y como fue adoptada en 1998, disponía que, hasta finales de 2000, los préstamos para viviendas sociales en alquiler seguirían concediéndose a los mismos tipos que eran aplicables en aquel momento.

El 21 de agosto de 2001, el Ministro de Asuntos Sociales y el Ministro de Hacienda firmaron un acuerdo especial que preveía un tipo de interés subvencionado para esta categoría de préstamo hasta un máximo de cuatrocientas viviendas en alquiler por año (26). El 26 de septiembre de 2005, ambos Ministros firmaron un nuevo acuerdo por el que se ajustaba la contribución al Fondo de Financiación de la Vivienda para tener en cuenta la baja de los tipos de interés y el incremento de la contribución máxima para cada vivienda. En virtud de dichos acuerdos, el Fondo de Financiación de la Vivienda recibiría una contribución presupuestaria por las pérdidas en que incurriera en relación con esta categoría de préstamos durante un período determinado, previsto en los acuerdos.

26

3.4.   AUSENCIA DE PAGO DE DIVIDENDOS

El Órgano de Vigilancia consideró que el cuarto indicio de una posible ayuda estatal era el hecho de que no se exigiese al Fondo de Financiación de la Vivienda el pago de dividendo alguno al Estado. Así se desprende de los principios generales de Derecho público islandés, que no requieren que las entidades públicas –y el Fondo de Financiación de la Vivienda lo es– paguen dividendos (27). Como tal, este principio es anterior a la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE y el estatus jurídico aplicable a los antecesores del Fondo de Financiación de la Vivienda era, por ende, el mismo.

27

Este principio general obedece, entre otras cosas, al hecho de que estas entidades no tienen ánimo de lucro y de que su misión consiste en prestar servicios que, por decisión del Parlamento, incumben al Estado. Con arreglo al Derecho público islandés, una entidad pública requiere una base jurídica para cobrar una comisión por sus servicios y esta comisión no puede exceder del coste de la prestación (28). En los casos en que la ley permite a una institución pública cobrar comisiones por un valor superior al coste de los servicios prestados o, como sucede en el caso del HFF, recibir rendimientos por los fondos que posee (véase el artículo 11 de la Ley de la vivienda), se requiere una base jurídica específica para que dicha institución pague dividendos al Estado Islandés.

28

Esta interpretación del Derecho islandés se ve corroborada por la carta del Gobierno de ese país, de 15 de abril de 2008, en la que se precisa lo que sigue: «De conformidad con la Ley no 88/1997, relativa a los informes financieros del Gobierno, la práctica general es que las entidades públicas solo han de generar beneficios cuando así lo exija la ley. Además, para que una entidad pública esté obligada a pagar dividendos se requiere una base jurídica. En el caso de que una entidad pública genere beneficios deberá abonar parte de ellos a Hacienda, como dividendos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley no 88/1997, sobre entidades públicas. Las entidades públicas que pagan dividendos, como el Landsvirkjun, están obligadas legalmente a hacerlo. Nos remitimos al artículo 4 de la Ley no 42/1983, sobre el Landsvirkjun. No existe, pues, ninguna disposición legal de carácter general que exija el pago de dividendos por parte de las entidades públicas».

o

o

Landsvirkjun

o

Landsvirkjun

Ni la Ley de la vivienda ni la Ley no 97/1993 contenían disposiciones legales que obligasen al Fondo de Financiación de la Vivienda o a sus antecesores a pagar dividendos. Por consiguiente, el Fondo de Financiación de la Vivienda se ha regido siempre, a este respecto, por el referido principio general del Derecho público islandés.

o

3.5.   NO SUJECIÓN DEL HFF A LOS REQUISITOS RELATIVOS A LA ADECUACIÓN DEL CAPITAL NI A LAS NORMAS RELATIVAS AL COEFICIENTE DE SOLVENCIA MÍNIMO

El acto al que se hace referencia en el anexo IX, capítulo II, punto 14, del Acuerdo EEE (Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (29), modificada; en lo sucesivo, la «Directiva bancaria»), establece los requisitos relativos a la adecuación del capital y las normas relativas al coeficiente de solvencia mínimo aplicables a las entidades de crédito de los Estados miembros de la UE y de la AELC. El artículo 2, apartado 3, de la Directiva contiene una lista de entidades que están eximidas de la aplicación de las disposiciones de la Directiva bancaria. En la Decisión del Comité Mixto del EEE se amplió esta lista para incluir, entre otros, el Byggingarsjóðir ríkisins de Islandia (en traducción literal, «el Fondo Estatal de la Edificación» (30). Este término englobaba el Fondo Estatal de la Construcción y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores, que, como ya se indicó, se fusionaron y pasaron a formar parte del Fondo de Financiación de la Vivienda (artículo 53 de la Ley de la vivienda). Por consiguiente, el artículo 116 de la Ley no 161/2002, sobre entidades financieras (lög um el fjármálafyrirtæki), exime al Fondo de Financiación de la Vivienda de la aplicación de la Ley, que es una de las medidas por las que se transpone al ordenamiento jurídico islandés la Directiva.

29

Byggingarsjóðir ríkisins

30

o

lög um el fjármálafyrirtæki

4.   OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ISLANDESAS

OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ISLANDESAS

En sus cartas de 20 de noviembre de 2006 y 15 de abril de 2008, el Gobierno islandés sostuvo que el sistema HFF debía considerarse una ayuda existente. En primer lugar, las características principales del sistema eran anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE y no fueron modificadas al promulgarse la Ley de la vivienda. Los cambios que se introdujeron en ese momento en el sistema de vivienda afectaron únicamente al sistema de vivienda social y no fueron sustanciales. En segundo lugar, los elementos de ayuda estatal a los que se hacía referencia en la Decisión de apertura del Órgano de Vigilancia eran medidas de carácter general que se mantuvieron sin cambios tras la promulgación de la Ley de la vivienda. Así, por ejemplo la garantía del Estado implícita no ha variado antes y después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE. A este respecto, el Gobierno islandés sostuvo que de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Namur-Les Assurances du Crédit se desprende que solo los cambios legislativos de fondo pueden alterar la calificación de la ayuda (31). En tercer lugar, la adopción de la Ley de la vivienda en 1999 no supuso ningún cambio que pudiera alterar la apreciación relativa a la compatibilidad del sistema con las normas relativas a las ayudas estatales. En cuarto lugar, y alternativamente, los cambios introducidos en el sistema de vivienda social en lo tocante, por ejemplo, a los llamados préstamos complementarios son independientes del sistema de préstamos generales.

Namur-Les Assurances du Crédit

31

5.   OBSERVACIONES DE TERCEROS

OBSERVACIONES DE TERCEROS

La SFF alegó que, debido a las modificaciones introducidas por la Ley de la vivienda, el sistema ha de ser calificado como ayuda nueva en la medida en que no se puede decir que el sistema de vivienda se haya mantenido más o menos inalterado hasta hoy. En su carta del 31 de enero de 2007, la SFF aducía, entre otras cosas, lo siguiente:

| — | la existencia de una nueva ley, dado que la Ley de la vivienda ha reemplazado a la Ley relativa a la Agencia Estatal de la Vivienda, |
| --- | --- |

—

la existencia de una nueva ley, dado que la Ley de la vivienda ha reemplazado a la Ley relativa a la Agencia Estatal de la Vivienda,

| — | la creación de una nueva persona jurídica, el Fondo de Financiación de la Vivienda, que reemplazó a la Junta Estatal de la Vivienda/la Agencia Estatal de la Vivienda y se hizo cargo del activo y el pasivo del Fondo Estatal de la Construcción y del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, |
| --- | --- |

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la creación de una nueva persona jurídica, el Fondo de Financiación de la Vivienda, que reemplazó a la Junta Estatal de la Vivienda/la Agencia Estatal de la Vivienda y se hizo cargo del activo y el pasivo del Fondo Estatal de la Construcción y del Fondo de Vivienda para los Trabajadores,

| — | la introducción de nuevos instrumentos de crédito, a saber, los préstamos en efectivo en lugar de los bonos de vivienda, y una menor asistencia social en asuntos de vivienda, el cambio del nivel máximo de financiación para la compra, la supresión de las restricciones a la venta de viviendas sociales ocupadas por los propietarios, la abolición de los derechos prioritarios y cambios en lo que respecta a la naturaleza de las entidades que pueden recibir préstamos, |
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la introducción de nuevos instrumentos de crédito, a saber, los préstamos en efectivo en lugar de los bonos de vivienda, y una menor asistencia social en asuntos de vivienda, el cambio del nivel máximo de financiación para la compra, la supresión de las restricciones a la venta de viviendas sociales ocupadas por los propietarios, la abolición de los derechos prioritarios y cambios en lo que respecta a la naturaleza de las entidades que pueden recibir préstamos,

| — | el cambio en las fuentes de financiación: con arreglo a la Ley de la vivienda, el Fondo de Financiación de la Vivienda, a diferencia de lo que ocurría con sus antecesores, no recibe ninguna contribución directa del Estado. |
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el cambio en las fuentes de financiación: con arreglo a la Ley de la vivienda, el Fondo de Financiación de la Vivienda, a diferencia de lo que ocurría con sus antecesores, no recibe ninguna contribución directa del Estado.

En su carta del 28 de marzo de 2008, la SFF sostuvo que el criterio jurídico debería consistir en una evaluación global del sistema HFF en lugar de un análisis individual de las posibles medidas de ayuda. Según la SFF, los distintos componentes del sistema están tan imbricados entre sí que no serviría de nada considerarlos individualmente para determinar si las medidas en cuestión son nuevas o existentes. Este planteamiento, en opinión de la SFF, se apartaría de la práctica seguida por la Comisión Europea en casos similares. Por último, la SFF invita al Órgano de Vigilancia a tener en cuenta la evolución de la situación en lo que respecta a la cuantía de los préstamos concedidos por el HFF y su cuota de mercado en comparación con la de los bancos privados.

II.   APRECIACIÓN JURÍDICA

APRECIACIÓN JURÍDICA

1.   EL HECHO DE QUE NO ESTÉ SUJETO A LOS REQUISITOS DE ADECUACIÓN DEL CAPITAL Y A LAS NORMAS RELATIVAS AL COEFICIENTE DE SOLVENCIA MÍNIMO NO SIGNIFICA QUE EL HFF CONSTITUYA UNA AYUDA ESTATAL

EL HECHO DE QUE NO ESTÉ SUJETO A LOS REQUISITOS DE ADECUACIÓN DEL CAPITAL Y A LAS NORMAS RELATIVAS AL COEFICIENTE DE SOLVENCIA MÍNIMO NO SIGNIFICA QUE EL HFF CONSTITUYA UNA AYUDA ESTATAL

El Órgano de Vigilancia consideró que debía empezar su evaluación planteándose la cuestión de si el hecho de que no esté sujeto a los requisitos de adecuación del capital y a las normas relativas al coeficiente de solvencia mínimo significa que el HFF constituye una ayuda estatal.

Como ya se indicó, la Directiva bancaria establece los requisitos de adecuación del capital y las normas relativas al coeficiente de solvencia mínimo aplicables a las entidades de crédito en el EEE. En la Decisión de apertura, el Órgano de Vigilancia consideró, en un análisis preliminar, que el hecho de que la Directiva bancaria no fuera aplicable al HFF no constituía ayuda estatal. No obstante, reconoció que la cuestión planteaba tantas dudas que requería un examen más minucioso en el marco del procedimiento formal de investigación. Esta evaluación ha confirmado su opinión preliminar por las siguientes razones:

En primer lugar, como ya se indicó en la Decisión de apertura, el HFF no es una entidad de crédito a efectos de la Directiva bancaria, en la medida en que no está facultada para recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables.

En segundo lugar, el artículo 2, apartado 3, de la Directiva bancaria contiene una lista de instituciones a las que no les son aplicables las disposiciones de la Directiva. La Decisión del Comité Mixto del EEE incluyó en esa lista el Byggingarsjóðir ríkisins. Ese era el término que se solía emplear para denominar los Fondos de los que se hizo cargo el HFF. Por consiguiente, con independencia de si esa disposición tiene carácter constitutivo o simplemente recalca lo que ya se desprende de las disposiciones de la Directiva, es la propia Directiva bancaria, tal y como fue adaptada al propio EEE, la que excluye al HFF de su ámbito de aplicación y de los requisitos en materia de adecuación del capital y las normas relativas al coeficiente de solvencia que ella misma establece. Aun en el supuesto de que se considerase que la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva supone una ventaja para el HFF, la medida no sería imputable al Estado islandés, sino al Comité Mixto del EEE, y no constituiría, por tanto, una ayuda estatal (32).

Byggingarsjóðir ríkisins

32

En tercer lugar, aun en el caso de que HFF entrara dentro del ámbito de aplicación de la Directiva bancaria, una exención no hubiera implicado una transferencia de recursos del Estado, ya que este no renunciaría a ningún ingreso en tal situación.

2.   CONSIDERACIONES CONJUNTAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DEL ESTADO, LA BONIFICACIÓN DE INTERESES, LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y LA AUSENCIA DEL PAGO DE DIVIDENDOS

CONSIDERACIONES CONJUNTAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DEL ESTADO, LA BONIFICACIÓN DE INTERESES, LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y LA AUSENCIA DEL PAGO DE DIVIDENDOS

2.1.   LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN CASO DE AYUDA NUEVA Y DE AYUDA EXISTENTE

El procedimiento para las ayudas nuevas se establece en el Protocolo 3, parte I, artículo 1, apartado 3, del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (que corresponde al artículo 88, apartado 3, del Tratado CE). Si el Órgano de Vigilancia alberga dudas sobre la compatibilidad de una determinada medida de ayuda abrirá el procedimiento formal de investigación previsto en el Protocolo 3, parte I, artículo 1, apartado 2, del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (que corresponde al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE) y en el Protocolo 3, parte II, sección II, artículo 4, apartado 4, del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

El procedimiento para las ayudas existentes es diferente del aplicable a las ayudas nuevas y se fija en el Protocolo 3, parte I, artículo 1, apartado 1, del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Con arreglo a esa disposición, el Órgano de Vigilancia de la AELC examinará permanentemente, junto con los Estados de la AELC, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a estos las medidas apropiadas que exijan el desarrollo progresivo o el funcionamiento del Acuerdo EEE.

Según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

«[...] cuando la Comisión examina medidas de ayuda a la luz del artículo 87 CE para determinar si son compatibles con el mercado común, está obligada a incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, siempre que, tras la fase de examen previo, no haya podido descartar todas las dificultades que impiden declarar la compatibilidad de tales medidas con el mercado común [...]. Los mismos principios deben aplicarse, naturalmente, cuando la Comisión siga teniendo también dudas sobre la propia calificación de la medida examinada como ayuda, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. Por lo tanto, no puede criticarse a la Comisión que incoe dicho procedimiento aunque en la decisión adoptada al efecto manifieste dudas sobre el carácter de ayudas, en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, de las medidas objeto del procedimiento mencionado.

[...] la Comisión debe examinar suficientemente la cuestión basándose en la información que dicho Estado le haya facilitado en esa fase, aunque tal examen dé como resultado una apreciación que no sea definitiva. [...] Si tales elementos permiten, en el marco de una evaluación provisional, pensar que es probable que las medidas objeto del procedimiento constituyan efectivamente ayudas existentes, en tal caso la Comisión debe tratarlas dentro del marco procedimental previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 88 CE. En cambio, si los elementos facilitados por el Estado miembro no permiten llegar a esa conclusión provisional o si el Estado miembro no facilita elemento alguno al respecto, la Comisión debe tratar dichas medidas en el marco procedimental previsto en los apartados 3 y 2 de ese mismo artículo.» (33)

Es decir, cualquier apreciación realizada en el marco de una decisión relativa al inicio de un procedimiento formal de investigación al objeto de determinar si una medida concreta constituye una ayuda nueva o una ayuda existente ha de ser necesariamente solo de carácter preliminar. De la jurisprudencia se colige, pues, que aun en el supuesto de que el Órgano de Vigilancia hubiera considerado en un primer momento —en el marco de la decisión relativa a la apertura del procedimiento— que la medida en cuestión constituía una ayuda nueva, ello no es óbice para que en la decisión relativa al cierre estime que constituye una ayuda existente o que ni siquiera puede calificarse como ayuda. Cuando se trata de dilucidar si se trata de ayuda existente, el Órgano de Vigilancia ha de seguir el procedimiento previsto al efecto (34). En tal caso, el Órgano de Vigilancia tendría que dar por cerrado el procedimiento formal de investigación y abrir otro procedimiento distinto, a saber, el previsto para las ayudas existentes en el Protocolo 3, parte II, artículos 17 a 19, del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (35). El Órgano de Vigilancia únicamente podría evaluar si una medida de ayuda existente es compatible con el funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE recurriendo a dicho procedimiento.

34

35

La información que se presentó al Órgano de Vigilancia cuando decidió abrir el procedimiento formal de investigación no permitía llegar a la conclusión provisional de que se trataba de una ayuda existente, por lo que el Órgano de Vigilancia abordó las medidas conforme a las normas aplicables a las nuevas ayudas. Sin embargo, al haber sido impugnada esta opinión inicial por el Gobierno islandés, a continuación el Órgano de Vigilancia pasa a evaluar de nuevo la cuestión atendiendo a los nuevos datos que han puesto a su disposición el Gobierno y la SFF.

Como ya se indicó, el Órgano de Vigilancia se pronunciará sobre la existencia y la compatibilidad de las medidas de ayuda nueva de conformidad con el procedimiento formal de investigación. En cambio, si los instrumentos en cuestión no constituyen una ayuda nueva, el Órgano de Vigilancia no puede, en el marco del presente procedimiento, hacer una apreciación jurídicamente vinculante acerca de si constituyen una ayuda existente a efectos del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, ni de si tales medidas de ayuda existente son compatibles con el Acuerdo. Por consiguiente, antes de pronunciarse sobre la cuestión de si se trata de medidas nuevas o existentes, en las siguientes secciones el Órgano de Vigilancia va a partir del supuesto de que las siguientes medidas constituyen una ayuda estatal: la garantía del Estado, la exención fiscal, la bonificación de intereses y la exoneración del pago de dividendos.

2.2.   CRITERIOS JURÍDICOS APLICABLES

Según el artículo 4 de la Decisión 195/04/COL del Órgano de Vigilancia, por «modificación de una ayuda existente» se entiende cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin efectos a la hora de valorar la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común. Por otra parte, en lo que respecta a la apreciación jurídica de si una ayuda es nueva o existente, el Tribunal de Justicia sostuvo, en el asunto Namur-Les Assurances du Crédit, lo siguiente:

Namur-Les Assurances du Crédit

«[...] el establecimiento de una nueva ayuda o la modificación de una ayuda existente no pueden apreciarse cuando la ayuda haya sido prevista por disposiciones legales anteriores que no se hayan modificado, según su importancia o, en particular, según su importe económico en cada momento de la vida de la empresa. .

Ahora bien, la decisión que entró en vigor el 1 de febrero de 1989 no modificó la legislación que establecía, en beneficio de la OND, las ventajas de que disfrutaba, ni en lo que respecta a la naturaleza de dichas ventajas, ni incluso en lo relativo a las actividades de la entidad pública a las cuales se aplicaban, puesto que la Ley de 31 de agosto de 1939 atribuía a esta entidad una vocación muy general para disminuir los riesgos de crédito a la exportación. Por lo tanto, .» (36)

El Tribunal proseguía en esta línea para acabar concluyendo que una ampliación factual de las actividades de una empresa no basta para modificar la calificación de una medida de ayuda:

«Admitir lo contrario obligaría, de hecho, al Estado miembro interesado a notificar a la Comisión, y a someter a su control preventivo, no solo las ayudas nuevas o las modificaciones de ayudas propiamente dichas otorgadas a una empresa beneficiaria de un régimen de ayudas existentes, sino cualquier medida que afectara a la actividad de esta última y que pudiera poseer incidencia en el funcionamiento del mercado común, en el juego de la competencia o simplemente en el importe efectivo, durante un período determinado, de ayudas existentes como tales, pero cuyo importe variara necesariamente según el volumen de negocios de la empresa.

En último extremo, en el caso de una empresa pública como la OND, toda operación nueva de seguro que, según los datos aportados durante la vista por el representante del Gobierno belga, debe someterse a las autoridades encargadas de ejercer el control de tutela, podría considerarse, de este modo, como una medida sometida al procedimiento del apartado 3 del artículo 93 del Tratado.

Tal interpretación, que no se ajusta a la letra ni al objetivo de esta última disposición, ni al reparto de obligaciones entre la Comisión y los Estados miembros, sería un factor de inseguridad jurídica para las empresas y para los Estados miembros, a quienes, de este modo, correspondería efectuar la notificación previa de medidas de naturaleza muy diversa, que no podrían ejecutarse a pesar de su dudosa calificación como ayudas nuevas. [...]» (37)

En el asunto Government of Gibraltar/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo lo siguiente:

Government of Gibraltar/Comisión

«Por tanto, solo en el supuesto de que la modificación [en el Derecho nacional] afecte al régimen inicial en su propia esencia resulta dicho régimen transformado en un régimen de ayudas nuevas. Pues bien, no existe una tal modificación sustancial cuando el elemento nuevo puede disociarse claramente del régimen inicial.» (38)

En los casos en que ha debido apreciar si la modificación de una medida de ayuda tiene por efecto transformar dicha medida, considerada hasta ese momento una ayuda existente, en una ayuda nueva, la Comisión ha examinado si la modificación era de carácter sustancial (39). A este respecto, la Comisión ha tenido en cuenta la naturaleza de la ventaja, el objetivo que persigue, el fundamento en el que se sustenta, las personas y entidades afectadas y las fuentes de financiación utilizadas. En cambio, no ha considerado los cambios jurídicos, que no forman parte de la medida de ayuda en cuestión.

39

En lo tocante a las ayudas individuales, como cánones de televisión para un organismo público de radiodifusión, este planteamiento ha conducido a la Comisión a examinar las condiciones de utilización del canon en cuestión, ya que estas condiciones forman parte integral de la medida de ayuda (40).

40

En los casos en que la medida de ayuda en cuestión consistía en un régimen de ayuda que no ha sido otorgado para una actividad concreta, como, por ejemplo, una garantía del Estado concedida a empresas públicas simplemente porque están organizadas como parte del Estado, la Comisión ha examinado si la medida de ayuda propiamente dicha (el régimen consistente en una garantía del Estado al conjunto de estas empresas) había sido objeto de cambios sustanciales. Habida cuenta de que, en tal caso, las normas relativas a cada beneficiario no forman parte de la medida de ayuda, la Comisión no ha analizado las normas específicas que rigen las actividades de cada uno de los beneficiarios. Es decir, la Comisión no ha estimado que los cambios introducidos en relación con normas relativas a beneficiarios individuales pudieran tener por efecto convertir el régimen de ayuda en una nueva ayuda, tanto si afectan al régimen de ayuda propiamente dicho o, simplemente, a la empresa objeto de los cambios legislativos (41). Efectivamente, proceder de otra forma hubiera supuesto que una medida que tiene carácter de régimen de ayuda pasaría de ser ayuda existente a ayuda nueva en relación con algunos beneficiarios, pero no con otros, solamente porque habían cambiado las normas referentes a los primeros, pero no a los últimos. Este resultado sería incompatible con el hecho de que la medida consistía en una medida única.

41

Por consiguiente, antes de examinar qué cambios legislativos son pertinentes para considerar si una medida de ayuda es nueva o existente, hay que determinar en primer lugar si las normas relativas a uno o varios beneficiarios forman parte o no de la medida de ayuda. Por otra parte, cuando la empresa en cuestión recibe ayuda de varias medidas con objetivos y bases jurídicas diferentes, adoptadas en momentos diferentes, unas como medidas individuales y otras con carácter de régimen de ayudas, las diversas medidas deben evaluarse separadamente y no en su conjunto simplemente porque tengan, en todo o en parte, el mismo beneficiario (42).

42

2.3.   CALIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES MEDIDAS COMO AYUDA NUEVA O COMO AYUDA EXISTENTE

2.3.1.   
  La garantía del Estado

La garantía del Estado

La garantía del Estado de que disfrutan todas las entidades públicas en relación con la totalidad de sus obligaciones resulta de normas generales no escritas del Derecho público islandés que son anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo EEE. Esta garantía es aplicable a todas las entidades públicas, independientemente de su fecha de constitución, la naturaleza de sus actividades o los cambios habidos en esas actividades. Esta posible medida de ayuda debe considerarse un régimen de ayuda a efectos de lo dispuesto en el Protocolo 3, parte II, artículo 1, letra d), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Dando por supuesto, una vez más, que se trata de una ayuda, el régimen debe considerarse, en principio, ayuda existente, dado que existía antes de la entrada en vigor del Acuerdo EEE [véase el Protocolo 3, parte II, artículo 1, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción].

Desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE no se ha producido ningún cambio sustancial ni no sustancial en lo que respecta al alcance y a la función de la garantía propiamente dicha. La Ley no 121/1997, relativa a las garantías del Estado, modificada, introdujo una prima de garantía reducida a un tipo del 0,00625 % por trimestre (0,00375 % por trimestre sobre los compromisos interiores hasta 2001). Sin embargo, esta prima solo reduce la ayuda resultante del régimen original de garantía del Estado, que es anterior al Acuerdo EEE. Por tanto, el régimen original no puede calificarse como ayuda nueva, con independencia de las ventajas que puedan derivarse de él (43).

o

43

Es más, ninguno de los cambios en el funcionamiento del HFF que se han descrito en la sección I.2 supuso un cambio de esta índole. La naturaleza de la ventaja era exactamente la misma, como también lo era la base jurídica de la ayuda. El objetivo de esta medida no individual, que iba mucho más allá de las particularidades del sistema de préstamo a la vivienda y que se aplica, de manera general, a todas las entidades públicas, tampoco cambió a raíz de las modificaciones que introdujo en el sistema de préstamo a la vivienda la Ley de la vivienda (44). Es decir, esos cambios legislativos no solo eran separables de esta posible medida de ayuda, sino que no tenían relación alguna con ella. Por consiguiente, el régimen de garantía en cuestión no puede constituir una medida de ayuda nueva que pueda ser objeto de examen en el marco del presente procedimiento formal de investigación.

44

2.3.2.   
  Exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el patrimonio

Exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el patrimonio

La Hacienda pública, así como todas las entidades y empresas públicas sobre las cuales el Estado tiene una responsabilidad ilimitada, han estado exentas del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el patrimonio mucho antes de la entrada en vigor del Acuerdo EEE.

En la actualidad, la exención del impuesto de sociedades se prevé en el artículo 4, apartado 1, de la Ley no 90/2003, relativa al impuesto de sociedades, que es una versión consolidada de la Ley no 75/1981, relativa al impuesto de sociedades y al impuesto sobre el patrimonio. Si se asume que esta exención fiscal constituye una ayuda estatal, debe calificarse en principio como un régimen general a efectos de lo dispuesto en el Protocolo 3, parte II, artículo 1, apartado d), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE no se ha producido ningún cambio sustancial ni no sustancial en relación con el alcance, la financiación o la función de este régimen. Nada ha cambiado en las disposiciones fiscales de carácter general a raíz de las modificaciones introducidas en el sistema de préstamo a la vivienda después del 1 de enero de 1994, ya sea en relación con el HFF, ya sea en relación con cualquier otro beneficiario de la exención. Por otra parte, los cambios introducidos en el sistema de préstamo a la vivienda no tuvieron ninguna incidencia —ni directa ni indirecta— en dicho régimen. En efecto, la Ley de la vivienda no modificó ni el objetivo ni la naturaleza de la exención fiscal. Tampoco alteró la fuente de financiación o la base jurídica. La exención fiscal no puede, por tanto, constituir una medida de ayuda nueva que pueda ser objeto de examen en el marco del presente procedimiento formal de investigación.

impuesto de sociedades

o

o

Hasta la adopción de la Ley no 129/2004, por la que se suprimía el impuesto sobre el patrimonio, el apartado 1 del artículo 4 de la Ley no 90/2003, relativa al impuesto de sociedades y al impuesto sobre el patrimonio, eximía asimismo a las entidades antes mencionadas del pago de ese impuesto. También por lo que hace al impuesto sobre el patrimonio, esta Ley no hizo más que consolidar las normas que ya figuraban en la referida Ley no 75/1981, relativa al impuesto de sociedades y al impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio ha sido completamente suprimido. Las exenciones de que disfrutaban estas entidades hasta su supresión en 2004, en caso de que constituyeran una ayuda, deben calificarse como régimen de ayuda a efectos de lo dispuesto en el Protocolo 3, parte II, artículo 1, letra d), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Entre la entrada en vigor del Acuerdo EEE y la supresión total del impuesto sobre el patrimonio no se produjo ningún cambio sustancial ni no sustancial en lo que respecta al alcance, la financiación o la función de la exención fiscal, y los cambios introducidos en el sistema de préstamo a la vivienda no tuvieron ninguna incidencia en la naturaleza, el objetivo, el funcionamiento o la financiación de la exención fiscal. Por consiguiente, esta exención fiscal no puede constituir una medida de ayuda nueva que pueda ser objeto de examen en el marco del presente procedimiento formal de investigación.

o

o

o

2.3.3.   
  Bonificación de intereses

Bonificación de intereses

Como ya se ha indicado, el Fondo de Vivienda para los Trabajadores concedía préstamos para viviendas sociales de alquiler a tipos de interés reducidos, que eran fijados por el Gobierno. El Fondo recibió una contribución presupuestaria directa para cubrir, entre otras cosas, los gastos incurridos en relación con estos préstamos. Habida cuenta de que se trataba de una entidad pública, el Estado islandés era responsable, en última instancia, de las pérdidas relacionadas con esta categoría de préstamos si las contribuciones directas no eran suficientes para cubrir las pérdidas del Fondo.

La Ley de la vivienda no introdujo prácticamente cambios en relación con esta categoría de préstamos para viviendas sociales en régimen de alquiler y, en un principio, el HFF debía conceder estos préstamos al mismo tipo que se aplicaba con anterioridad (véase el artículo transitorio IX de la Ley). En ese artículo se disponía asimismo que el Estado aportaría contribuciones presupuestarias para cubrir las pérdidas del HFF. Estas cuestiones se regularon posteriormente mediante acuerdos entre el Ministro de Asuntos Sociales y el Ministro de Hacienda (véase la sección I.3.3).

En lo tocante al cambio institucional, la práctica constante de la Comisión demuestra que las entidades beneficiarias de una ayuda pueden cambiar de personalidad jurídica a raíz de una fusión, una escisión u otras circunstancias, sin que ello afecte a la calificación de la ayuda. Así sucede tanto cuando el cambio de personalidad jurídica obedece a una medida de Derecho privado como cuando lo dispone la ley u otra medida de Derecho público (45). En efecto, los cambios impuestos a las cuatro entidades públicas en virtud de la Ley no 97/1993 en comparación con lo que disponía la Ley de la vivienda no pueden afectar, por sí mismos, a la evaluación de la compatibilidad de las medidas en cuestión. Como se recordará, el Fondo de Financiación de la Vivienda se hizo cargo de todos los activos, derechos y obligaciones de sus antecesores y siguió desempeñando las misiones que estos tenían encomendadas, lo que pone de manifiesto que la finalidad de la reforma era asegurar la continuidad de esas entidades (46).

45

o

46

Por consiguiente, tanto el Fondo de Vivienda para los Trabajadores como el HFF tenían la misión de conceder estos préstamos sociales para viviendas en alquiler a un tipo de interés fijado por el Gobierno, que aportaba una financiación prevista por la Ley presupuestaria ya que esos tipos eran demasiado reducidos para cubrir el coste del crédito. La diferencia entre ambas entidades estriba en que la contribución al HFF está destinada específicamente a esta categoría de préstamos, mientras que el Fondo de Vivienda para los Trabajadores recibía contribuciones presupuestarias comunes para todas los tipos de préstamos sociales que concedía. Esa diferencia obedece al hecho de que la Ley de la vivienda suprimió los demás tipos de préstamos sociales del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y que los préstamos complementarios, la principal categoría de préstamo social prevista por la Ley de la vivienda en su versión original, no se financiaban mediante contribuciones presupuestarias al HFF.

Por consiguiente, las modificaciones introducidas por la Ley de la vivienda no alteraron la misión de conceder préstamos a la vivienda social de alquiler, con lo que el objetivo de la medida seguía siendo el mismo (47). Por otra parte, el hecho de que la contribución presupuestaria esté ahora únicamente destinada a estos préstamos es resultado de la supresión de las contribuciones directas del Estado destinadas a otros préstamos sociales. La supresión de las contribuciones directas del Estado a determinadas actividades no altera la financiación de otra medida. Por consiguiente, no puede afectar a la calificación del carácter de la medida que sigue en vigor. Constituye más bien una supresión de una medida de apoyo distinta (48).

47

48

La SFF invocó diversas modificaciones introducidas por la Ley de la vivienda y sostuvo que la ayuda al HFF debía ser calificada, por este motivo, como ayuda nueva. Sea cual sea la naturaleza de estas modificaciones, no concernían a la medida de ayuda en cuestión, que solo se refiere a las pérdidas incurridas por el Fondo en relación con los préstamos para viviendas sociales en régimen de alquiler. En efecto, el alza de la cuantía máxima de los préstamos generales no guardaba relación con este tipo de préstamo. Del mismo modo, las modificaciones introducidas por la Ley no 57/2004, por la que se suprimía el sistema de bonos de vivienda sustituyéndolo por préstamos en efectivo, no afectaban a este tipo de préstamo. El requisito establecido en el artículo 11 de la Ley no 97/1993, en virtud del cual los créditos debían estar garantizados mediante una hipoteca de primera o segunda categoría, no se aplica a este tipo de préstamo sino únicamente a determinados préstamos del Fondo Estatal de la Construcción. Por consiguiente, el hecho de que esta disposición no haya sido incorporada a la Ley de la vivienda es irrelevante para los préstamos en cuestión.

o

o

En conclusión, el Órgano de Vigilancia considera que la ventaja resultante de la bonificación de intereses no puede constituir una ayuda nueva que pueda ser objeto de examen en el marco del presente procedimiento formal de investigación.

2.3.4.   
  Ausencia de pago de dividendos

Ausencia de pago de dividendos

Como ya se indicó en la sección 3.4, en virtud de un principio general del Derecho público islandés, las entidades públicas estructuradas como el HFF no deben abonar dividendos. Este principio es anterior a la entrada en vigor del Acuerdo EEE y es aplicable a las entidades públicas independientemente de la fecha de constitución, la naturaleza de sus actividades o los cambios habidos en esas actividades. Desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE no se ha producido ningún cambio sustancial ni no sustancial en lo que respecta a este principio general. Por otra parte, ni la Ley de la vivienda ni los actos que la precedieron se han apartado nunca de este principio disponiendo el pago de dividendos por parte del HFF. Ni la adopción de la Ley de la vivienda ni sus sucesivas modificaciones han supuesto, pues, cambios en la naturaleza de una posible ventaja o financiación estatal resultante de la ausencia de obligación del pago de dividendos. La finalidad de este principio, que va mucho más allá de las particularidades del sistema de préstamo a la vivienda y que se aplica, de manera general, a todas las entidades públicas, no se ha visto alterada a raíz de las modificaciones introducidas en el sistema de préstamo a la vivienda. En otras palabras, esas modificaciones legislativas eran no solo separables de la posible medida de ayuda, sino que no guardaban ninguna relación con ella. Por consiguiente, en la medida en que la ausencia de pago de dividendos debe considerarse una ayuda, esta debe calificarse como un régimen de ayuda en el sentido de lo dispuesto en el Protocolo 3, parte II, artículo 1, letra d), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Por otra parte, el régimen constituiría una ayuda existente, dado que existía antes de la entrada en vigor del Acuerdo EEE [véase el Protocolo 3, parte II, artículo 1, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción].

Las condiciones de funcionamiento de las diferentes entidades pública encargadas de la vivienda social solo serían objeto de una evaluación de la compatibilidad de las ayudas nuevas si se concluyera que la dispensa del pago de dividendos no derivaba de los principios generales del Derecho público islandés, sino que procedía más bien de la Ley de la vivienda y de los actos que la precedieron. Por consiguiente, solo en tal hipótesis las modificaciones introducidas en el sistema de financiación de la vivienda social después del 1 de enero de 1994 podrían implicar eventualmente que una ayuda relacionada con la ausencia de pago de dividendos pasara de ayuda existente a ayuda nueva.

2.4.   CONCLUSIÓN ACERCA DE LA CALIFICACIÓN COMO AYUDA NUEVA O AYUDA EXISTENTE DE LAS CUATRO POSIBLES MEDIDAS DE AYUDA ESTATAL

Habida cuenta de la apreciación que precede, el Órgano de Vigilancia considera que las siguientes medidas: garantía del Estado, bonificación de intereses, exención fiscal y ausencia de pago de dividendos, a las que se hacía referencia en la Decisión de apertura, no constituyen medidas de ayuda nueva que puedan ser objeto de examen en el marco del presente procedimiento formal de investigación.

Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia va a proceder al cierre del procedimiento formal de investigación y a la apertura del procedimiento previsto en el artículo 1, apartado 1, de la parte I y en la sección V de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, relativo a las ayudas existentes.

En aras de la exhaustividad, el Órgano de Vigilancia desearía precisar que aun en el caso de que se siguiera el enfoque propuesto por el SFF y se concluyera que la Ley de la vivienda, y sus sucesivas modificaciones, era efectivamente pertinente para evaluar la calificación de las posibles medidas de ayuda mencionadas, hubiera tenido que concluir que las modificaciones concretas introducidos en el sistema de vivienda social no suponían un cambio en la calificación —de ayuda existente a ayuda nueva— de las medidas en cuestión:

| — | En primer lugar, el simple hecho de que Islandia haya optado por la adopción de un nuevo acto legislativo en lugar de modificar un acto ya existente no puede implicar en sí mismo la recalificación de una medida hasta ahora considerada existente (49). Lo único que es relevante es si el nuevo acto supuso un cambio sustancial de las medidas de ayuda en cuestión que pudiera incidir en la apreciación de su compatibilidad. A ese respecto, el Órgano de Vigilancia considera de la mayor importancia el hecho de que la Ley de la vivienda haya perpetuado el sistema anterior en todas sus características fundamentales, manteniendo el objetivo consistente en asegurar una vivienda a precios asequibles a todos los residentes en Islandia. Como se indicó en la sección 2.2.3.1, el objetivo de la Ley de la vivienda es el mismo que el que perseguía la Ley no 97/1993. |
| --- | --- |

—

En primer lugar, el simple hecho de que Islandia haya optado por la adopción de un nuevo acto legislativo en lugar de modificar un acto ya existente no puede implicar en sí mismo la recalificación de una medida hasta ahora considerada existente (49). Lo único que es relevante es si el nuevo acto supuso un cambio sustancial de las medidas de ayuda en cuestión que pudiera incidir en la apreciación de su compatibilidad. A ese respecto, el Órgano de Vigilancia considera de la mayor importancia el hecho de que la Ley de la vivienda haya perpetuado el sistema anterior en todas sus características fundamentales, manteniendo el objetivo consistente en asegurar una vivienda a precios asequibles a todos los residentes en Islandia. Como se indicó en la sección 2.2.3.1, el objetivo de la Ley de la vivienda es el mismo que el que perseguía la Ley no 97/1993.

49

o

| — | En segundo lugar, como ya se ha indicado, existe una práctica constante de la Comisión según la cual el cambio de personalidad jurídica del beneficiario de la ayuda es irrelevante para la calificación de la misma. |
| --- | --- |

—

En segundo lugar, como ya se ha indicado, existe una práctica constante de la Comisión según la cual el cambio de personalidad jurídica del beneficiario de la ayuda es irrelevante para la calificación de la misma.

| — | En tercer lugar, la financiación de las posibles medidas de ayuda actualmente en vigor a favor del HFF no ha cambiado como consecuencia de la adopción de la Ley de la vivienda y de sus sucesivas modificaciones. |
| --- | --- |

—

En tercer lugar, la financiación de las posibles medidas de ayuda actualmente en vigor a favor del HFF no ha cambiado como consecuencia de la adopción de la Ley de la vivienda y de sus sucesivas modificaciones.

| — | En cuarto lugar, la Ley de la vivienda no supuso ningún cambio en cuanto a la emisión de bonos de vivienda, la principal categoría de préstamos. En el marco de la reforma del sistema de vivienda social que llevó a cabo la Ley de la vivienda se introdujo un nuevo tipo de préstamo, los llamados «préstamos complementarios». De hecho, sin embargo, este nuevo tipo de préstamo sustituyó a las categorías de préstamos sociales que podían concederse en virtud de la Ley no 97/1993. Como se expuso en la sección I.2.2.3.3.3, el porcentaje máximo de estos tipos de préstamos y los criterios que regían el derecho para poder beneficiarse de ellos eran prácticamente idénticos. Así pues, la principal diferencia en lo que respecta a las normas aplicables a estos tipos de préstamos estriba en que la Ley de la vivienda prevé que, bajo ciertas condiciones, las viviendas sociales podían negociarse libremente a precios de mercado. El Órgano de Vigilancia estima que estas modificaciones legislativas no han alterado sustancialmente el ámbito de los posibles beneficiarios de préstamos sociales ni el alcance de las actividades del HFF en ese campo en comparación con sus antecesores. Además, la supresión de los tipos de préstamos sociales (véase la sección I.2.2.3.3.3) no puede tener por efecto que se califique un régimen de ayudas como ayuda nueva. Tales cambios podrían considerarse, a lo sumo, una supresión de la ayuda. |
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—

En cuarto lugar, la Ley de la vivienda no supuso ningún cambio en cuanto a la emisión de bonos de vivienda, la principal categoría de préstamos. En el marco de la reforma del sistema de vivienda social que llevó a cabo la Ley de la vivienda se introdujo un nuevo tipo de préstamo, los llamados «préstamos complementarios». De hecho, sin embargo, este nuevo tipo de préstamo sustituyó a las categorías de préstamos sociales que podían concederse en virtud de la Ley no 97/1993. Como se expuso en la sección I.2.2.3.3.3, el porcentaje máximo de estos tipos de préstamos y los criterios que regían el derecho para poder beneficiarse de ellos eran prácticamente idénticos. Así pues, la principal diferencia en lo que respecta a las normas aplicables a estos tipos de préstamos estriba en que la Ley de la vivienda prevé que, bajo ciertas condiciones, las viviendas sociales podían negociarse libremente a precios de mercado. El Órgano de Vigilancia estima que estas modificaciones legislativas no han alterado sustancialmente el ámbito de los posibles beneficiarios de préstamos sociales ni el alcance de las actividades del HFF en ese campo en comparación con sus antecesores. Además, la supresión de los tipos de préstamos sociales (véase la sección I.2.2.3.3.3) no puede tener por efecto que se califique un régimen de ayudas como ayuda nueva. Tales cambios podrían considerarse, a lo sumo, una supresión de la ayuda.

o

| — | En quinto lugar, el Órgano de Vigilancia no puede suscribir las observaciones de la SFF en el sentido de que la Ley de la vivienda había facilitada considerablemente la concesión de préstamos por parte del HFF a empresas constructoras de viviendas en alquiler (50). Como ya se indicó en la sección I.2.2.3.3.2, tanto la reglamentación adoptada en aplicación de la Ley de la vivienda como los actos que precedieron a esta Ley preveían la concesión de préstamos a las empresas constructoras con cargo al sistema de bonos de vivienda. |
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En quinto lugar, el Órgano de Vigilancia no puede suscribir las observaciones de la SFF en el sentido de que la Ley de la vivienda había facilitada considerablemente la concesión de préstamos por parte del HFF a empresas constructoras de viviendas en alquiler (50). Como ya se indicó en la sección I.2.2.3.3.2, tanto la reglamentación adoptada en aplicación de la Ley de la vivienda como los actos que precedieron a esta Ley preveían la concesión de préstamos a las empresas constructoras con cargo al sistema de bonos de vivienda.

50

| — | En sexto lugar, como ya se expuso, el sistema de bonos de vivienda fue suprimido por la Ley no 57/2004 y sustituido por préstamos directos en efectivo concedidos por el HFF. La SFF sostuvo que este cambio obliga a calificar estos préstamos como ayuda nueva. Sin embargo, esta Ley no introdujo ningún cambio en cuanto a los criterios de cualificación de los beneficiarios ni modificó el objetivo y la financiación de las posibles medidas de ayuda al HFF. Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia estima que estos cambios han de considerarse de carácter administrativo y técnico, no sustanciales. |
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En sexto lugar, como ya se expuso, el sistema de bonos de vivienda fue suprimido por la Ley no 57/2004 y sustituido por préstamos directos en efectivo concedidos por el HFF. La SFF sostuvo que este cambio obliga a calificar estos préstamos como ayuda nueva. Sin embargo, esta Ley no introdujo ningún cambio en cuanto a los criterios de cualificación de los beneficiarios ni modificó el objetivo y la financiación de las posibles medidas de ayuda al HFF. Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia estima que estos cambios han de considerarse de carácter administrativo y técnico, no sustanciales.

o

| — | En séptimo lugar, en virtud de la Ley no 120/2004, la cuantía máxima de los préstamos generales concedidos por el HFF se incrementó hasta el 90 % del valor estimado del bien. Esta fue la razón por la que se suprimió el capítulo VII de la Ley sobre préstamos complementarios. La Ley no 120/2004 no alteró en nada las actividades de servicio público del sistema HFF. El objetivo de la Ley de la vivienda seguía siendo el mismo, el único beneficiario de la ayuda siguió siendo el HFF y sus actividades se mantuvieron inalteradas. La Ley tampoco cambió los criterios de cualificación para poder optar a un préstamo del HFF, se trataba solo de abrir a todos la cuantía máxima del 90 % (51). En el caso Keller, en cambio, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que el aumento del límite de las inversiones fijas de 7 000 a 80 000 millones ITL que una empresa podía poseer sin salir del ámbito de aplicación de un régimen de ayudas autorizado constituía un cambio sustancial que debería haber sido notificado a la Comisión. El Tribunal estimó que este cambio había supuesto un aumento del número de beneficiarios potenciales del régimen en cuestión, abriéndolo a otros beneficiarios (52). La modificación de un régimen de ayuda que tenga por efecto aumentar el número de sus beneficiarios potenciales constituye una alteración de una de sus características básicas que puede afectar a su compatibilidad con el Tratado CE. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, a efectos de la apreciación de si los préstamos generales pueden ser considerados un servicio público a tenor de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE, es irrelevante si están limitados al 70 % o al 90 % del valor estimado del bien. |
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En séptimo lugar, en virtud de la Ley no 120/2004, la cuantía máxima de los préstamos generales concedidos por el HFF se incrementó hasta el 90 % del valor estimado del bien. Esta fue la razón por la que se suprimió el capítulo VII de la Ley sobre préstamos complementarios. La Ley no 120/2004 no alteró en nada las actividades de servicio público del sistema HFF. El objetivo de la Ley de la vivienda seguía siendo el mismo, el único beneficiario de la ayuda siguió siendo el HFF y sus actividades se mantuvieron inalteradas. La Ley tampoco cambió los criterios de cualificación para poder optar a un préstamo del HFF, se trataba solo de abrir a todos la cuantía máxima del 90 % (51). En el caso Keller, en cambio, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que el aumento del límite de las inversiones fijas de 7 000 a 80 000 millones ITL que una empresa podía poseer sin salir del ámbito de aplicación de un régimen de ayudas autorizado constituía un cambio sustancial que debería haber sido notificado a la Comisión. El Tribunal estimó que este cambio había supuesto un aumento del número de beneficiarios potenciales del régimen en cuestión, abriéndolo a otros beneficiarios (52). La modificación de un régimen de ayuda que tenga por efecto aumentar el número de sus beneficiarios potenciales constituye una alteración de una de sus características básicas que puede afectar a su compatibilidad con el Tratado CE. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, a efectos de la apreciación de si los préstamos generales pueden ser considerados un servicio público a tenor de lo dispuesto en el artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE, es irrelevante si están limitados al 70 % o al 90 % del valor estimado del bien.

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o

51

Keller

52

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las posibles medidas de ayuda, en forma garantía del Estado, de bonificación de intereses, de exenciones fiscales y de ausencia de pago de dividendos, a favor del HFF constituyen una ayuda existente. Se cierra, por tanto, el procedimiento formal de investigación aplicable a las ayudas nuevas.

Artículo 2

El hecho de que el HFF esté exento de la aplicación de las disposiciones del acto contemplado en el anexo IX, capítulo II, punto 14, del Acuerdo EEE no constituye una ayuda estatal.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será la República de Islandia.

Artículo 4

El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2008.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC,

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JAEGER

Miembro del Colegio

---

(1)  En lo sucesivo, «el Órgano de Vigilancia».

1

(2)  En lo sucesivo, «el Acuerdo EEE».

2

(3)  En lo sucesivo, «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción».

3

(4)  En lo sucesivo, «el Protocolo 3».

4

(5)  Directrices relativas a la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo sobre el EEE y del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, adoptadas y promulgadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19 de enero de 1994, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el DO») L 231 de 3.9.1994, y en el Suplemento del EEE no 32 del mismo día. Las Directrices se modificaron en último lugar el 19 de diciembre de 2007. En lo sucesivo, las «Directrices sobre ayudas estatales». La versión actualizada de las Directrices sobre ayudas estatales está disponible en el sitio web del Órgano de Vigilancia: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

5

Diario Oficial de la Unión Europea

o

(6)  Publicada en el DO L 139 de 25.5.2006, p. 37, y en el Suplemento del EEE no 26 del mismo día.

6

o

(7)  Sentencia de 7 de abril de 2006 en el asunto E-9/04. Asociación Islandesa de Entidades Bancarias y Corredores de Valores Bursátiles/Órgano de Vigilancia de la AELC, [2006], Informe del Tribunal de la AELC, p. 42.

7

(8)  Decisión no 185/06/COL, de 21 de junio de 2006, relativa al inicio del procedimiento de investigación formal en relación con el Fondo Islandés de Financiación de la Vivienda (DO C 314 de 21.12.2006, p. 89 y Suplemento del EEE no 63).

8

o

o

(9)  Véase la nota 8 a pie de página.

9

(10)  La consolidación se llevó a cabo de conformidad con la Ley no 61/1993, por la que se modificaba la Ley no 86/1988, y entró en vigor el 12 de agosto de 1993.

10

o

o

(11)  El capítulo VIII de la Ley no 97/1993 establecía normas relativas a las cooperativas de vivienda. Estas normas no se incorporaron a la Ley de la vivienda de 1998. En la actualidad, las cooperativas de vivienda se rigen por una Ley específica, la Ley no 66/2003. El derecho de estas cooperativas a recibir préstamos del Fondo de Financiación de la Vivienda se regula en el capítulo VIII de la Ley de la vivienda [artículo 5, letra d), de la Ley no 66/2003].

11

o

o

o

(12)  Traducción al español a partir de una traducción oficiosa al inglés realizada por el Órgano de Vigilancia. El texto original en islandés puede encontrarse en http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

12

(13)  Traducción al español a partir de una traducción oficiosa al inglés realizada por el Órgano de Vigilancia. El texto original en islandés puede encontrarse en http://www.althingi.is/altext/122/03/r06115030.sgml

13

(14)  Como se indica más adelante, una de estas categorías, la de los préstamos complementarios, fue suprimida por la Ley no 120/2004 (véase el punto 2.2.3.4.2).

14

o

(15)  Mediante la Ley no 57/2004 se suprimieron las disposiciones relativas a los bonos de vivienda, ya que el Fondo comenzó a conceder préstamos en efectivo (véase el punto 2.2.3.4.1).

15

o

(16)  Véase el punto 2.2.2.4.

16

(17)  http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

17

(18)  Estos préstamos complementarios fueron suprimidos por la Ley no 120/2004 (véase el punto 2.2.3.4.2).

18

o

(19)  El comprador no podía tener ingresos superiores a 1 620 000 ISK ni un patrimonio superior a 1 900 000 ISK. Estas cifras debían ser objeto de revisión anual.

19

(20)  Con respecto a las pérdidas en que pudiera incurrir el Fondo de Financiación de la Vivienda en relación con la concesión de estos préstamos complementarios, el artículo 43 de la Ley de la vivienda establecía que los municipios debían poseer y operar un fondo de reserva administrado por el Fondo de Financiación de la Vivienda. Con arreglo al artículo 44, el fondo de reserva compensaría las pérdidas en que incurriera el Fondo de Financiación en relación con los préstamos complementarios. El artículo 45 establecía que, en un primer momento, los municipios debían abonar una contribución del 5 % de cada préstamo complementario concedido en el municipio.

20

(21)  http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

21

(22)  Traducción al español a partir de una traducción oficiosa al inglés realizada por el Órgano de Vigilancia.

22

(23)  Traducción al español a partir de una traducción oficiosa al inglés realizada por el Órgano de Vigilancia. El texto original en islandés puede encontrarse en: http://www.althingi.is/altext/131/s/0223.html

23

(24)  Véase el Reglamento no 540/2006, modificado en último lugar por el Reglamento no 587/2007. El Reglamento establece asimismo un cuantía máxima nominal, que se sitúa actualmente en 18 millones ISK.

24

o

o

(25)  Traducción al español a partir de una traducción oficiosa al inglés realizada por el Órgano de Vigilancia. El texto original en islandés puede encontrarse en: http://www.althingi.is/altext/122/s/0877.html

25

(26)  Carta del Gobierno islandés de 3 de enero de 2007, p. 10.

26

(27)  No ocurre lo mismo en el caso de empresas de propiedad estatal organizadas como sociedades de responsabilidad limitada de Derecho privado.

27

(28)  Para una aplicación de este principio, véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de Islandia, de 5 de noviembre de 1998, en el asunto no 50/1998.

28

o

(29)  DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Este acto fue incorporado por la Decisión no 15/2001 del Comité Mixto del EEE y entró en vigor el 1 de octubre de 2001.

29

o

(30)  La traducción al inglés —«The State’s Building Funds»— fue facilitada por el Gobierno islandés.

30

(31)  Sentencia de 9 de agosto de 1994 en el asunto C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit, Rec. 1994, p. I-3829.

31

Namur-Les Assurances du Crédit

(32)  Sentencia de 5 de abril de 2006 en el asunto T-351/02, Deutsche Bahn/Comisión, Rec. 2006, p. II-1047, apartados 100-103.

32

Deutsche Bahn/Comisión

(33)  Sentencia de 10 de mayo de 2005 en el asunto C-400/99, Italia/Comisión, Rec. 2005, p. I-3657, apartados 47, 54 y 55.

33

Italia/Comisión

(34)  Sentencia de 27 de noviembre de 2003 en el asunto T-190/00, Regione Siciliana/Comisión, Rec. 2003, p. II-5015, apartado 48.

34

Regione Siciliana/Comisión

(35)  Sentencias del Tribunal de 30 de junio de 1992 en el asunto C-312/90, España/Comisión, Rec. 1992, p. I-4117, apartados 14-17; de 30 de junio de 1992 en el asunto C-47/91 Italia/Comisión, Rec. 1992, p. I-4145, apartados 22-25; así como sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2004 en los asuntos acumulados T-195/01 y T-207/01, Government of Gibraltar/Comisión, Rec. 2002, p. II-2309; y de 19 de febrero de 2004 en los asuntos acumulados T-297/01 y T-298/01, SIC II, Rec. 2004, p. II-743.

35

España/Comisión

Italia/Comisión

Government of Gibraltar/Comisión

SIC II

(36)  Sentencia citada anteriormente, Namur-Les Assurances du Crédit, apartados 28-29 (los subrayados son del Órgano de Vigilancia). Véase igualmente el apartado 23, en el que el Tribunal hace referencia a ajustes «que no afectaban a la esencia misma de estas ventajas».

36

Namur-Les Assurances du Crédit

(37)  Asunto citado anteriormente, Namur-Les Assurances du Crédit, apartados 32-33.

37

Namur-Les Assurances du Crédit

(38)  Asunto citado anteriormente Government of Gibraltar/Comisión, apartado 111. Véase igualmente el dictamen de AG Fennelly en los asuntos acumulados C-15/98 y C-105/98, Italia y Sardegna Lines, Servizi Marittimi della Sardegna/Comisión, Rec. 2000, p. I-8855, apartado 64.

38

Government of Gibraltar/Comisión

Italia y Sardegna Lines, Servizi Marittimi della Sardegna/Comisión

(39)  Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2007 en el asunto E 10/2005 (ex C 60/99), considerando 33; Decisión de la Comisión de 4 de abril de 2007 en el asunto E 7/2005 relativo a los regímenes de garantía finlandeses, considerando 16; Decisión de la Comisión de 20 de abril de 2005 en el asunto E 8/2005, Ayuda estatal en favor del Ente Público de Televisión RTVE, punto 2.2; y Decisión de la Comisión en el asunto E 22/2004, Incentivos fiscales directos a favor de actividades relacionadas con la exportación, considerandos 34-35.

39

(40)  Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2007 en el asunto E 3/2005, Financiación de entes públicos de radiodifusión en Alemania, considerandos 200-214, y Decisión de la Comisión E-14/2005, Portugal, Pagos compensatorios al ente de radiodifusión pública RTP, considerandos 61-80.

40

(41)  Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2007 en el asunto E 3/2005, Financiación de entes públicos de radiodifusión en Alemania, considerando 215. Por el hecho de ser entidades de propiedad pública, los bancos públicos alemanes han disfrutado tradicionalmente de una garantía implícita del Estado, la llamada Anstaltslast. En el asunto E-10/2000, relativo a los bancos de los Estados federados (Landesbanken), la Comisión concluyó que el Anstaltlast era un principio general del Derecho alemán anterior al Tratado CE. La ayuda concedida a los bancos en virtud de esta garantía era, pues, una ayuda existente, incluso después de que el Anstaltslast hubiera dejado de derivar simplemente de un principio general del Derecho a raíz de su introducción explícita en disposiciones de Derecho escrito (véase la carta de la Comisión a Alemania de 8 de marzo de 2000 en la que proponía medidas apropiadas en el asunto E 10/2000, punto 7, apartado 1). Según le consta al Órgano de Vigilancia, por lo general, los bancos alemanes que se benefician del Anstaltslast han sido instituidos por un acto específico que regula el establecimiento y las actividades del banco en cuestión. Parece que varios de estos bancos fueron creados después de la entrada en vigor del Tratado CE. La legislación que regula el funcionamiento de los bancos públicos ha sido objeto de frecuentes cambios. La creación de nuevos bancos, la fusión o escisión de bancos públicos y otros cambios en la legislación que regula los bancos públicos puede afectar sin duda a la actividad de la empresa e incidir en el funcionamiento del mercado común, en la competencia o simplemente en la cuantía efectiva de la ayuda a disposición de la empresa. Con todo, la Comisión concluyó que la ventaja derivada del Anstaltslast constituía una ayuda existente sin haber examinado previamente cuándo habían sido creados los diferentes bancos que disfrutaban de la garantía ni haber analizado los cambios en sus actividades u otras medidas relativas a bancos concretos. Véase igualmente la Decisión de la Comisión de 16 de octubre de 2002 en el asunto C 68/02, Francia, Electricité de France (EDF), considerando 68, en el que una de las medidas de ayuda a EDF, una garantía del Estado, resultaba de un principio general del Derecho francés anterior al Tratado CE. Con los años, EDF había diversificado ampliamente sus actividades y conquistado nuevos mercados. Sin embargo, a la hora de determinar si esa medida de ayuda constituía una ayuda nueva o una ayuda existente, la Comisión no consideró necesario examinar esos cambios factuales ni analizar las modificaciones que se habían introducido en la legislación relativa a EDF a raíz de la entrada en vigor del Tratado CE. Véase asimismo la Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (DO L 49 de 22.2.2005, p. 9, considerando 59) y la invitación de la Comisión a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, en el asunto E 3/2002, EDF (DO C 280 de 10.7.2002, p. 8, considerandos 53-55).

41

Anstaltslast

(Landesbanken)

Anstaltlast

Anstaltslast

Anstaltslast

Anstaltslast

(42)  Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2007 en el asunto E 3/2005, Financiación de organismos públicos de radiodifusión en Alemania, considerandos 192-216; Decisión de la Comisión de 20 de abril de 2005 en el asunto E 8/2005, Ayuda estatal en favor del Ente Público de Televisión RTVE, punto 2.2; y Decisión de la Comisión de 20 de abril de 2005 en el asunto E 9/2005, Italia, RAI, considerandos 25-48.

42

(43)  Otra cuestión que se plantea es saber si la exención del HFF de la prima de garantía que se introdujo en 1998 es una ayuda nueva. El Órgano de Vigilancia ha abierto hoy, mediante la Decisión no 406/08/COL, un procedimiento formal de investigación en relación con las exenciones a las primas de garantía establecidas por la Ley no 121/1997, relativa a las garantías del Estado.

43

o

o

(44)  A este respecto, la situación es similar a la de las Decisiones de la Comisión relativas a los servicios públicos de radiodifusión alemanes, Poczta Polska, La Poste, EDF, etc. En esas Decisiones la Comisión tenía que determinar si las garantías del Estado a empresas públicas constituían una ayuda nueva o existente. En todas ellas, la Comisión concluyó que la garantía propiamente dicha no había sido modificado o se había mantenido, en esencia, inalterada. En el marco del examen de la ayuda resultante de la garantía, la Comisión no trató de averiguar si la empresa en cuestión había cambiado de actividad, ya que esta cuestión no afectaba a la medida de ayuda propiamente dicha, sino a uno de los beneficiarios de un régimen de ayuda definido de forma abstracta.

44

(45)  Decisión de la Comisión de 29 de noviembre de 2007, C(2007) 5778, en el asunto de ayuda estatal C 56/07, Francia, Garantía ilimitada del Estado a favor de La Poste, considerandos 93-97; Decisión de la Comisión en el asunto E-14/2005, Portugal, Pagos compensatorios al ente de radiodifusión pública RTP, considerandos 78-80; Decisión de la Comisión de 20 de abril de 2005 en el asunto de ayuda estatal E 10/2005 (ex C 60/99), Canon de radiodifusión TF1, considerando 33; y carta de la Comisión a Alemania, de 8 de mayo de 2000, en la que proponía medidas apropiadas en el asunto E 10/2000, Landesbank, punto 7, apartado 1. En cuanto a la exención del pago de una prima de garantía de la que disfruta el HFF en virtud de la Ley no 121/1997, relativa a las garantías del Estado, la apreciación preliminar del Órgano de Vigilancia es que constituye una ayuda nueva, y esa medida se está tratando por separado (véase la Decisión del Órgano de Vigilancia no 406/08/COL, de 27 de junio de 2008).

45

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o

(46)  De conformidad con el artículo 35 de la Ley no 1/1997, relativa al Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos, los miembros del Fondo pueden optar por que su pensión se incremente de forma equivalente a las subidas salariales correspondientes al último puesto que ocuparon. En opinión del Director de la Agencia Estatal de la Vivienda, su puesto era comparable al de Director del HFF, en contra de la opinión del Fondo de Pensiones. En la sentencia de 22 de enero de 2004 en el asunto no 344/2003, el Tribunal Supremo de Islandia se pronunció a favor del Director. En ella se sostenía, entre otras cosas, que el cometido del Fondo de Financiación de la Vivienda y el de la Agencia Estatal de la Vivienda eran en gran medida el mismo: actuar como entidad de crédito hipotecario para los ciudadanos islandeses. El Tribunal consideró que el puesto de Director de la Agencia era comparable al de Director del Fondo en lo que respecta a sus cometidos, sus competencias y sus responsabilidades.

46

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(47)  En la Decisión de la Comisión en el asunto E-14/2005, Portugal, Pagos compensatorios al ente de radiodifusión pública RTP, considerandos 63 y 74, la Comisión consideró que los cambios introducidos en una medida de ayuda portuguesa no convertían la medida en una nueva ayuda, debido, entre otras cosas, a que las modificaciones de la norma nacional no alteraban el objetivo que perseguían los subsidios.

47

(48)  Decisión 2006/240/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2004, relativa a las medidas ejecutadas por Alemania en favor de los productores de aguardiente de cereales (Kornbranntwein), considerandos 83-84 (DO L 88 de 25.3.2006, p. 50). Véase asimismo el artículo 17, apartado 2, de la carta de la Comisión, de 14 de julio de 2005, en el asunto E 2/2005, relativa a la ayuda neerlandesa al sector de la vivienda, en la que la Comisión alegaba que se trataba de una ayuda existente, aun cuando el régimen de subsidios directos había sido sustituido por un régimen de préstamos estatales y una exención fiscal a raíz de la entrada en vigor del Tratado CE. Ello obedecía a que estos cambios, considerados en su conjunto, habían resultado ser un obstáculo menor a la competencia (véase los apartados 16-26 de la carta).

48

(49)  Decisión de la Comisión en el asunto E 12/2005, Polonia, Garantía ilimitada del Estado a favor de Poczta Polska, considerandos 39-47.

49

(50)  A este respecto, la SFF se remitió a las declaraciones del presidente del Comité Parlamentario cuando se suprimió el término «individual» del artículo 15, apartado 1, relativo a los préstamos generales, del proyecto que pasaría a ser más tarde la Ley de la Vivienda. Véase el punto 7 de estas declaraciones, http://www.althingi.is/altext/122/05/r13133243.sgml

50

(51)  En su Decisión en el asunto relativo los servicios públicos de radiodifusión alemanes, la Comisión concluyó que las subidas de los cánones no debían considerarse una ayuda nueva. En este sentido, alegó que la subida se debía más bien a la creciente necesidad de fondos de los entes públicos de radiodifusión para desempeñar su misión de servicio público. Por consiguiente —y en consonancia con la práctica de la Comisión—, no es separable del régimen de financiación inicial y no constituye una modificación sustancial siempre que la misión de servicio público propiamente dicha no haya cambiado sustancialmente. Decisión de la Comisión de 24 de abril de 2007, antes citada, considerando 206.

51

(52)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2002 en el asunto T-35/1999, Keller/Comisión, Rec. 2002, p. II-261, apartado 62.

52

Keller/Comisión

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