Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

LUIS HIRAM QUIÑONES 

SANTIAGO

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400284

Revisión Judicial 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Sobre:

Solicitud de Remedio 

Administrativo

Caso Número:

GMA-500-126-24

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2024.

El recurrente, señor Luis Hiram Quiñones Santiago, 

comparece ante nos y solicita que dejemos sin efecto Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el 15 de abril de 2024, notificada el 18 de abril de 

2024. Mediante la misma, el referido organismo denegó una 

solicitud dirigida a obtener copia de un informe presentado ante la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la determinación recurrida. 

I

El 12 de febrero de 2024, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo, recibida el 26 de febrero de 2024 por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. En la misma, expuso que, el 2 de 

febrero de 2024, recibió una Resolución de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra en la que determinó que no contaba con un plan de salida 
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vigente. De este modo, solicitó que se le entregara copia del informe 

sometido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. 

En respuesta, el 15 de abril de 2024, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación emitió Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional. En el escrito, el organismo informó al 

recurrente que ya había sido entregado el informe a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, para que tomaran cualquier acción correctiva 

que resultara meritoria. 

Inconforme, el 18 de abril de 2024, el recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración, recibida el 15 de mayo de 2024. 

Planteó no estar de acuerdo con la contestación recibida, ya que 

deseaba recibir el informe para poder llevar su situación ante el 

tribunal, por derecho propio. El 20 de mayo de 2024, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional, denegando 

la petición de reconsideración. Fundamentó su denegatoria en el 

Manual de Normas y Procedimientos A.C. OA-SS-99, Servicios, 

Manejo de Expedientes de la Población Correccional, del 29 de 

noviembre de 1999. Alegó, que este no autorizaba la entrega de la 

copia solicitada. 

Aún en desacuerdo, el 31 de mayo de 2024, el recurrente 

compareció ante nos mediante recurso de revisión judicial. En 

esencia, impugna la respuesta recibida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, y reitera su solicitud de recibir copia 

del aludido informe.

II

A

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 
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administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). La sección 4.5 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, establece el alcance de la revisión 

judicial respecto a las determinaciones administrativas. A tal efecto, 

la referida disposición legal expresa como sigue: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.

3 LPRA sec. 9675.

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, supra. Por ello, los tribunales no deben 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos que emita, 

siempre que estén sostenidas por evidencia sustancial que surja de 

la totalidad del expediente administrativo. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727-728 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003). En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha definido el 

referido concepto como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; Assoc. Ins.

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). 

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no 
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si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra. En caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, esta norma 

de deferencia no es absoluta. La misma cede cuando está presente 

alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando 

ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Costa Azul v. 

Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007).

B

En virtud de la autoridad conferida al Administrador de 

Corrección por el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 3 

LPRA Ap. XVII, según enmendado, se adoptó el Reglamento para 

Atender Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 del 

4 de mayo de 2015. 

El objetivo principal del Reglamento Núm. 8583, supra, es 

que toda persona recluida en una institución correccional disponga 

de un organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar una solicitud de remedio, con el fin de minimizar 

las diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal, y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales de justicia. La solicitud de remedio se define como un 

recurso que presenta un miembro de la población correccional por 

escrito, de una situación que afecte su calidad de vida y seguridad, 

relacionado a su confinamiento. Regla IV (24) del Reglamento 

Núm. 8583, supra. La División de Remedios Administrativos del 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación tendrá jurisdicción, 

entre otras cosas, para atender toda solicitud de remedio radicada 

por los miembros de la población correccional relacionada directa o 

indirectamente con actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar físico, mental, 

en su seguridad personal o plan institucional. Regla VI (1) 

del Reglamento Núm. 8583, supra. 

La División de Remedios Administrativos deberá realizar las 

gestiones necesarias para lograr que el planteamiento del miembro 

de la población correccional sea resuelto. Regla V (1) (c) del 

Reglamento Núm. 8583, supra. Luego de emitida la respuesta, de 

estar en desacuerdo el miembro de la población correccional con 

esta, podrá solicitar reconsideración. Regla XIV del Reglamento 

Núm. 8583, supra. Además, tendrá un término de treinta (30) días 

a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la 

resolución de reconsideración, para solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones. Regla XV del Reglamento Núm. 8583, 

supra. 

En lo aquí pertinente, el Manual de Normas y Procedimientos 

A.C. OA-SS-99, Servicios, Manejo de Expedientes de la Población 

Correccional, del 29 de noviembre de 1999, regula los procedimientos 

y requisitos que deberán cumplirse relacionados a los expedientes 

de los confinados. 

La sección VII (1) del Manual establece que: 

“[l]os miembros de la población correccional 

tendrán acceso a la información en sus expedientes 

por conducto de su técnico de servicios 

sociopenales; en el caso del expediente social[,] el 

técnico de servicios sociopenales la suministrará 

directamente y, en el caso del expediente criminal, hará 

las gestiones con el técnico de record”. (Énfasis 

nuestro). 
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C

Por otra parte, la Junta de Libertad Bajo Palabra fue creada 

mediante la aprobación de la Ley Orgánica de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 

1501 et seq, según enmendada. Dicho estatuto otorgó a la Junta el 

poder para decretar que cualquier persona recluida en las 

instituciones correccionales de Puerto Rico, pueda cumplir la última 

parte de su condena bajo el privilegio de libertad bajo palabra y 

conforme a las condiciones que a tal fin se impongan. 4 LPRA sec. 

1503; Benítez Nieves v. ELA et al., 202 DPR 818, 825 (2019); Toro 

Ruiz v. J.L.B.P. y Otros, 134 DPR 161, 166 (1993). La concesión del 

privilegio de libertad bajo palabra será decretado en el mejor interés 

de la sociedad y cuando medien las circunstancias para creer con 

razonable certeza que ayudará a la rehabilitación del confinado. 4 

LPRA sec. 1503. De ahí que se faculta a la Junta para establecer 

las condiciones que intime necesarias para conciliar ambos fines. 

En virtud de ello, se aprobó el Reglamento de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 9232 de 18 de noviembre 

de 2020, 3 LPRA secs. 9601 et seq. (Reglamento Núm. 9232). Creado 

para establecer las normas procesales que regirán el descargo de la 

función adjudicativa de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, el 

Artículo XVI del Reglamento Núm. 9232, supra, regula lo 

relacionado a los expedientes administrativos. A tal efecto, la 

referida disposición legal expresa como sigue: 

A. La Junta mantendrá un expediente de cada peticionario 

y liberado, el cual contendrá todos los documentos 

relacionados al caso, incluyendo los informes de los 

Oficiales Examinadores, las notificaciones, órdenes y 

resoluciones de la Junta, los escritos presentados por 

las partes y los informes presentados por el 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre 

otros. 

[...]

C. La información contenida en los expedientes de la Junta 

podrá ser divulgada, únicamente, en las siguientes 

instancias: 

1. Cuando medie el consentimiento voluntario y por 

escrito del peticionario o liberado o de la persona 

que tenga al peticionario o liberado bajo su custodia 

legal por estar éste incapacitado para otorgar tal 

consentimiento. 

2. Para propósitos directamente relacionados con la 

administración de la justicia en casos criminales. 

[...]

E. La información relacionada a la dirección residencial y 

de negocios, así como los números telefónicos de las 

víctimas se mantendrá confidencial. Ningún informe, 

papel, dibujo, fotografía o documento que contenga 

dicha información y esté bajo la custodia de la 

Junta, estará disponible para inspección pública, a 

menos que la información de la dirección y teléfono 

de la víctima haya sido omitida. Ningún funcionario 

o empleado público divulgará la información sobre la 

dirección y teléfonos de la víctima, salvo en las 

instancias establecidas en el Artículo 2(c) de la Ley 

Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, 

mejor conocida como la Carta de Derechos de las 

Víctimas y Testigos de Delito.

F. Toda persona que interese la reproducción de 

documentos contenidos en el expediente de la 

Junta, siempre y cuando esté autorizado para 
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accesar dicha información, tendrá que pagar las 

costas de reproducción establecidas por la Junta. El 

Secretario de la Junta no hará entrega de dichas copias 

hasta tanto la parte interesada satisfaga el pago de 

reproducción.

III

En la presente causa, el recurrente, en esencia, impugna la 

respuesta por la cual la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó su solicitud de 

recibir copia del informe presentado ante la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. Habiendo examinado su planteamiento a la luz de los 

hechos acontecidos y el derecho aplicable, resolvemos revocar la 

determinación recurrida. 

Un examen de la reglamentación aplicable mueve nuestro 

criterio a diferir de lo resuelto por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. No podemos, sino, concluir, que en su gestión 

adjudicativa el Departamento de Corrección y Rehabilitación se 

apartó de las normas que adecuadamente atienden la controversia 

de epígrafe, al no suministrar copia del informe entregado ante la 

Junta de Libertad Bajo Palabra, según fue solicitado por el 

recurrente. 

Resaltamos que, surge del Reglamento Núm. 9232, supra, que 

la Junta de Libertad Bajo Palabra mantendrá un expediente, el cual 

deberá contener todos los documentos relacionados al caso del 

peticionario, entre los que se incluye los informes presentados por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación. De igual forma, 

establece que la información contenida en los expedientes podrá ser 

divulgada si media el consentimiento voluntario y por escrito del 

peticionario. Esto, siempre y cuando los documentos relacionados 

no contengan información relacionada a las víctimas, la cual deberá 

mantenerse confidencial, y luego de que la persona interesada en la 
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reproducción de documentos esté autorizada y pague las costas de 

reproducción. 

Cónsono con lo anterior, el aludido Manual de Normas y 

Procedimientos A.C. OA-SS-99, Servicios, Manejo de Expedientes de 

la Población Correccional, del 29 de noviembre de 1999 de la 

Administración de Corrección, establece que los miembros de la 

población correccional deberán tener acceso a la información en sus 

expedientes por conducto de su técnico de servicios sociopenales. 

Al amparo de lo anterior, concluimos que fue irrazonable la 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

puesto a que no se expuso una razón válida por la cual no pueda 

entregársele al recurrente copia del informe solicitado. Destacamos 

que la agencia no justificó su determinación en que los documentos 

solicitados contengan información sobre las víctimas, la cual está 

vedada. 

En mérito de lo antes expuesto, por no tratarse de un 

documento que contenga información confidencial y ser uno 

relacionado directamente al proceso del recurrente ante la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, concluimos que el informe debe ser entregado 

al recurrente. Esto, luego de que se realice el correspondiente pago 

de las costas de reproducción. 

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen 

recurrido y se ordena al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a proveerle al recurrente copia del informe solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Juez Grana Martínez disiente sin 

opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones