Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

ALICIA FELICIANO 

SOTOMAYOR

Apelante

v.

HOSPITAL EPISCOPAL SAN 

LUCAS, INC. H/N/C CENTRO 

MÉDICO EPISCOPAL SAN 

LUCAS; X, Y y Z

Apelados

KLAN202400127

Recurso de Apelación 

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce

Caso Núm. 

PO2022CV00504

Sobre: 

Reclamación Laboral 

Despido Injustificado; 

Represalias; Daños; 

Procedimiento Sumario 

Laboral 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, 

el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Marrero Guerrero, Juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

Comparece Alicia Feliciano Sotomayor (querellante, apelante o 

señora Feliciano Sotomayor), y solicita que revoquemos la Sentencia

emitida el 30 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (TPI), notificada y archivada en autos el 31 de 

enero de 2024.1 Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

con lugar la Moción de Sentencia Sumaria del Hospital Episcopal San 

Lucas, Inc. h/n/c Centro Médico Episcopal San Lucas X, Y y Z (parte 

apelada u Hospital) y,2 consecuentemente, desestimó con perjuicio la 

demanda en su totalidad.

Por las razones que expondremos a continuación, confirmamos

la Sentencia recurrida.

3 Veamos el tracto procesal y las normas

jurídicas que sostienen nuestra determinación.

1 Apéndice de la Apelación, Anejo 1, pág. 1; Anejo 2, págs. 2-22.

2 Íd., Anejo 9, págs. 112-285.

3 Íd., Anejo 2, págs. 2-22.
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-IEl caso ante nuestra consideración tiene su génesis el 3 de 

marzo de 2022 cuando la señora Feliciano Sotomayor presentó una 

Querella sobre despido injustificado, al amparo de la Ley sobre 

Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976 (Ley 

Núm. 80-1976), según enmendada, 29 LPRA secs. 185a et seq.; 

represalias, a tenor con la Ley contra el Despido Injusto o Represalias 

a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, 

Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991

(Ley Núm. 115-1991), según enmendada, 29 LPRA secs. 194 et seq.; y 

daños y perjuicios mediante el procedimiento sumario, a tenor con la 

Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborables, Ley Núm.

2 del 17 de octubre de 1961 (Ley Núm. 2-1961), según enmendada, 32 

LPRA secs. 3118 et seq. en contra del Hospital.4 En la misma la 

querellante adujo que, en o para el 23 de marzo de 2021, el Hospital 

llevaba a cabo el proceso de vacunación contra el COVID-19, donde la 

señora Feliciano Sotomayor trabajó en el área de facturación de dicha 

clínica y allí percibió que se estaban vacunando a personas no

autorizadas por los protocolos del Hospital y las directrices impartidas 

por las órdenes ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico y el CDC,

incluyendo a personas menores de sesenta (60) años. Posteriormente, 

la querellante sostuvo que le informó a sus supervisores y a los 

empleados del Hospital sobre lo acontecido, más fue despedida. 

El 18 de marzo de 2022, la parte apelada presentó una 

Contestación a Querella por la cual arguyó el despido de la querellante 

como uno justificado, a tenor con la Ley Núm. 80-1976, supra, y

arguyó que la querellante no participó de una actividad protegida, al 

amparo de la Ley Núm. 115-1991, supra.

5 El Hospital alegó que, el 23 

de marzo de 2021, la querellante gritó, frente a todos los empleados y 

4 Íd., Anejo 14, págs. 307-311.

5 Íd., Anejo 13, págs. 290-306.
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pacientes presentes, que el Hospital estaba vacunando a los pacientes 

sin seguir las fases establecidas por el Gobierno de Puerto Rico. 

Además, alegó el Hospital que, la querellante manifestó que el personal 

de la parte apelada estaba haciendo lo que les daba la gana. Según 

sostuvo la parte apelada, las imputaciones de la querellante fueron 

difamatorias respecto al labor del personal y la Administración de la 

parte apelada en violación al Manual del Empleado del Hospital. 

También reflejó un rasgo de la señora Feliciano Sotomayor de carácter

lesivo al bienestar y a la adecuada marcha del Hospital, contrario a los 

deberes básicos de todo empleado. El Hospital arguyó que lo anterior 

justificó el despido de la querellante.

El 19 de agosto de 2022, el TPI emitió una Orden, notificada y

archivada en autos ese mismo día, por la cual, en lo pertinente, 

concedió hasta el 31 de octubre de 2022 para concluir el 

descubrimiento de prueba.6

Luego de atender una moción conjunta, el foro primario emitió 

una Orden del 27 de diciembre de 2022, notificada y archivada en 

autos el 28 de diciembre de 2023, mediante la cual extendió el 

descubrimiento de prueba hasta el 28 de abril de 2023.7

El 27 de abril de 2023, el foro a quo emitió una Orden, notificada 

y archivada en autos ese mismo día, por la cual extendió el 

descubrimiento de prueba hasta el 30 de julio de 2023, después de 

atender una moción conjunta.

8 

Tras varios trámites procesales, el 29 de agosto de 2023, el

Hospital presentó una Moción de Sentencia Sumaria por la cual alegó 

falta de hechos en controversia que ameritaran la celebración de un 

juicio en su fondo, y, por ello, solicitó la desestimación sumaria del 

caso de epígrafe.9 En síntesis, según arguyó el Hospital, la querellante 

6 Véase, Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), 

Entrada Núm. 9.

7 Íd., Entrada Núm. 12. 

8 Íd., Entrada Núm. 15.

9 Apéndice de la Apelación, Anejo 9, págs. 112-285.
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fue despedida justificadamente luego de una investigación interna 

realizada por el Hospital. Esta investigación, alegó la parte apelada, 

reveló que, durante horas laborables y utilizando un tono de voz alto 

frente a empleados y pacientes, la señora Feliciano Sotomayor efectuó

imputaciones falsas en contra del Hospital y su administración 

afectando así la adecuada marcha de las operaciones del Hospital, su 

reputación, administración y empleados. Por lo tanto, de acuerdo con 

las alegaciones de la parte apelada, la conducta de la querellante 

justificó el despido inmediato, a tenor con el Reglamento Disciplinario 

del Manual de Empleado del Hospital, la Ley Núm. 80-1976, supra, la 

Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 del 26 de 

enero de 2017, según enmendada, 29 LPRA secs. 121 et seq., y 

jurisprudencia interpretativa. Además, arguyó que la querellante no 

participó de una actividad protegida, al amparo de la Ley Núm. 115-

1991, supra.

Por su parte, el 30 de agosto de 2023, el TPI emitió una Orden, 

notificada y archivada en autos ese mismo día, por la cual le concedió 

a la señora Feliciano Sotomayor veinte (20) días para reaccionar y 

expresar los fundamentos por los cuales no debía concederle lo 

solicitado.10 

El 18 de septiembre de 2023, la querellante presentó una 

Solicitud de Prórroga para Oponernos a Moción de Sentencia Sumaria, 

mediante la cual solicitó un término adicional de treinta (30) días para 

presentar su oposición a la solicitud de sentencia sumaria.11

Así las cosas, el foro primario emitió una Orden del 19 de 

septiembre de 2023, notificada y archivada en autos el 20 de 

septiembre de 2023, por la cual, en lo pertinente, le concedió a la 

señora Feliciano Sotomayor el término solicitado.12

10 Íd., Anejo 10, pág. 286.

11 Íd., Anejo 11, págs. 287-288.

12 Íd., Anejo 12, pág. 289.
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El 20 de diciembre de 2023, la querellante presentó una 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19].

13

Ese mismo día, la parte apelada presentó una Solicitud para que 

se tenga por no puesta la “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”, 

a tenor con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3.

14 Lo anterior, pues, según arguyó la parte apelada, la querellante 

presentó la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19] el 20 de 

diciembre de 2023 sin justificación alguna por su dilación.

El 20 de diciembre de 2023, el foro a quo emitió una Resolución, 

notificada y archivada en autos ese mismo día, por la cual dio por 

sometida la Moción de Sentencia Sumaria sin oposición.15 Ello, pues la 

querellante presentó la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de 

“manera tardía, sin razón para ello ni justa causa que lo amerite, en 

incumplimiento con la prórroga de 30 días concedida el 19 de 

septiembre de 2023 por esta Curia”, la cual venció el 19 de octubre de 

2023.16 Esto es, la querellante tardó dos (2) meses en la presentación 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19].

El 31 de enero de 2024, el TPI emitió una Sentencia por la cual 

desestimó sumariamente el pleito de marras en su totalidad.17 El foro 

primario fundamentó su dictamen en:

En este caso, lo manifestado por la querellante 

frente a empleados y pacientes de la Clínica de 

Vacunación, sin canalizar su preocupación a sus 

supervisores, llevó a que las operaciones de la [Cl]ínica 

se vieran afectadas, poniendo en riesgo el buen y 

normal funcionamiento de la empresa. Indulac v. 

[Central General de Trabajadores, 207 DPR 279 (2021)].

Los actos llevados a cabo por la parte querellante están 

contemplados en el Manual de Empleado del Hospital, ya 

que consistieron en “comentarios o declaraciones falsas, 

viciosas o maliciosas sobre . . . paciente/cliente o la 

administración” y los “comentarios [fueron realizados] a 

empleados o terceras personas en contra de la Institución 

o de la Administración, que lesi[o]n[aron] su prestigio e 

integridad”. Estas infracciones, según dispone el manual, 

llevan consigo el despido como primera sanción. 

13 Íd., Anejo 8, págs. 33-111.

14 Íd., Anejo 7, págs. 30-32.

15 Íd., Anejo 4, pág. 26.

16 Íd.

17 Íd., Anejo 2, págs. 2-22.
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Concluimos que tales normas satisfacen el estándar 

de razonabilidad requerido por nuestro ordenamiento 

considerando la industria en que se desempeña el 

patrono querellado. Ante la violación de normas 

establecidas por el patrono que forman parte del contrato 

de trabajo que conllevan el despido como primera 

sanción, que eran de conocimiento de la querellante y que 

afectaron el orden, la eficiencia y el buen y normal 

funcionamiento del Hospital, este Tribunal concluye que 

el despido de la Sra. Feliciano fue uno razonable. 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., [129 DPR 763 (1992)]; 

Rivera v. Pan Pepín, [161 DPR 681 (2004)]; Ortiz v. 

Medtronic, [209 DPR 759 (2022)]. A su vez, al tratarse de 

despido justificado y tener disponible el mecanismo de 

sentencia sumaria para adjudicar la controversia ante 

nuestra consideración, procede la desestimación de la 

reclamación por despido por represalias debido a los 

actos de la querellante el 23 de marzo de 2022 que 

llevaron a su despido no son actividades protegidas por la 

ley. Ley Núm. 115, supra; Feliciano Martes v. Sheraton, 

[182 DPR 368 (2011)]; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2015).

Es norma reiterada que la moción de sentencia 

sumaria podrá concederse en aquellos casos en donde, 

por medio del examen de las alegaciones y la prueba que 

se acompañe ̧ se demuestre la inexistencia de una 

controversia sobre hechos materiales y que procede 

que el Tribunal aplique el derecho a hechos 

incontrovertidos. Véase, SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414,430 (2013); Roldán Flores v. 

Cuebas et al., [199 DPR 664 (2018)]; Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, 199 DPR 209 (2015); R. Hernández Colón, 

[R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta edición, Puerto Rico, LEXIS 

NEXIS, 2017, pág. 31]. Nuestro ordenamiento laboral 

establece que, a pesar de que la Ley Núm. 80, supra, no 

favorece el despido como primera falta, esta norma no es 

absoluta, ya que existen circunstancias en donde una 

sola ofensa o primera falta justificaría el despido. Indulac 

v. Unión, supra. Así mismo, el Tribunal ha reiterado 

que no es necesario esperar a que la conducta lesiva 

al orden de la empresa se reitere para que el patrono 

pueda despedir al empleado si la primera ofensa es 

de tal severidad o naturaleza, ya que podría 

constituir una imprudencia esperar a que reiterarse 

la conducta. Id.

. . . .

18

Inconforme, el 12 de febrero de 2024, la apelante acudió ante 

nos mediante el presente recurso de Apelación, en el que le atribuyó al 

TPI la comisión de los siguientes errores:

1. Erró el TPI al dictar sentencia sumariamente 

cuando de los hechos presentados por la parte 

apelada surgen controversias y elementos 

18 Íd., págs. 21-22. (Énfasis nuestro y suplido).
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subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia que deben ser dirimidos en un juicio 

plenario.

2. Erró el TPI al no aceptar la moción en oposición ya 

presentada en los autos.

En síntesis, la apelante plantea que procede revocar la Sentencia

recurrida pues, según arguye, existen hechos en controversia y los 

hechos admitidos como incontrovertidos fueron apoyados por prueba 

self-serving. Además, alega la querellante, el foro primario debe 

examinar en un juicio si la razón del despido fue para encubrir una 

violación del Hospital. La señora Feliciano Sotomayor también arguye

que todo reglamento de empleado que disponga el despido del 

empleado por este prestar una declaración que no sea del agrado del 

patrono es uno irrazonable. Por último, sostiene erradamente que el 

foro primario acogió su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 

19] y posteriormente, ante la Solicitud para que se tenga por no puesta 

la “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, el foro a quo no acogió su 

oposición.

Por su parte, el Hospital alega, en síntesis, que no existen 

hechos en controversia y que los hechos incontrovertidos apoyan el 

despido de la querellante como uno justificado por haber incurrido en 

conducta grave, a tenor con el Reglamento Disciplinario del Manual de 

Empleado del Hospital y la Ley Núm. 80-1976, supra, junto a su 

jurisprudencia interpretativa. Según sostiene la parte apelada, la 

querellante cuestionó, frente a empleados y pacientes del Hospital, el 

proceso de vacunación y el cumplimiento por parte de este con las 

reglamentaciones estatales y federales respecto a las fases de 

vacunación frente a empleados y pacientes del Hospital. Lo anterior 

sin presentar evidencia alguna del alegado incumplimiento. También 

arguye el Hospital que la querellante no participó de una actividad 

protegida, conforme a la Ley Núm. 115-1991, supra. Por último, alega 

que la querellante presentó su oposición a la solicitud de sentencia 
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sumaria de forma tardía y en claro incumplimiento con las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, y las normas reglamentarias aplicables. 

En vista del error imputado al TPI, exponemos la normativa 

jurídica atinente a este recurso.

-II-

-AEs norma conocida que la solicitud de sentencia sumaria “es un 

mecanismo procesal que posibilita la ágil disposición de casos sin la 

celebración de un juicio, siempre que no presenten controversias 

genuinas de hechos materiales”. Birriel Colón v. Supermercado Los 

Colobos, 2023 TSPR 120 (2023); véase, además, Segarra Rivera v. Int’l. 

Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022); Fernández Martínez v. RADMAN San Juan III-D, LLC, 208 DPR 310, 334 (2021). A esos efectos, un

hecho material es uno esencial, pertinente y que puede afectar el 

resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo aplicable. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; véase, además, Regla 36.1 

de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1. Además, la controversia sobre 

el hecho material debe ser real. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. En otras palabras, debe ser “de una calidad suficiente como para 

que sea necesario que un juez dirima a través de un juicio plenario. . 

.”. Íd. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

supra, R. 36.3 (e), establece que procede dictar una moción de 

sentencia sumaria “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente. . .”. Véase, además, Birriel Colón v. Supermercado Los 

Colobos, supra; véase, además, Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra,

pág. 430. 
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Por otra parte, la parte que se opone a la solicitud de sentencia 

sumaria deberá refutar los hechos materiales que entienda están en 

disputa con evidencia sustancial. Birriel Colón v. Supermercado Los 

Colobos, supra; Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, 

supra, págs. 336-337. Ahora bien, si la petición de sentencia sumaria 

está sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte que 

se opone no puede descansar en meras alegaciones, sino que deberá 

contestar de una forma tan detallada y especifica como lo haya hecho 

la parte promovente. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; 

véase, además, Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Regla 36.3 

(c), supra, R. 36.3(c). De lo anterior, incluso si no se presenta prueba 

para controvertir la evidencia presentada, ello no conduce a la 

concesión automática de una solicitud de sentencia sumaria. Birriel 

Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; Fernández Martínez v. RADMAN San Juan III-D, LLC, supra, pág. 337.

Respecto a la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, se 

sostiene, además que, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, 

establece que, “(b) [l]a contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) días de su 

notificación. . .”. Por ello, “[s]i la parte contraria no presenta la 

contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal”. Íd. (Énfasis suplido).

Nuestro más alto foro estableció en Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, págs. 117-119, el estándar específico que debemos 

seguir como Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de solicitudes de sentencia sumaria. 

Primero, nos encontramos en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las mociones de sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. En otras 

palabras, se aplicarán los mismos criterios que la Regla 36 de 
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Procedimiento Civil, supra, R. 36, le exige al foro a quo. Así pues, este 

Tribunal está llamado a llevar a cabo una revisión de novo. Sin 

embargo, no podemos tomar en consideración evidencia que las partes 

no presentaron ante el TPI, y debemos examinar el expediente de la 

forma más favorable hacia la parte que se opuso a la moción de 

sentencia sumaria, “llevando a cabo todas las inferencias permisibles 

a su favor”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116.

Segundo y cónsono con lo anterior, al encontrarnos en la misma 

posición que el foro a quo, debemos revisar que tanto la petición de 

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y los discutidos en el caso de 

SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118.

Tercero, nuestro Tribunal debe revisar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia. Íd. De haberlos, debemos cumplir 

con la exigencia establecida en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 36.4, y exponer cuáles son los hechos materiales que están 

en controversia y cuáles son incontrovertidos. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

Cuarto y último, si este Tribunal determina que no existen 

hechos materiales en controversia, entonces procederemos a revisar si 

el TPI aplicó correctamente el derecho. Íd., pág. 119.

-BMediante la Ley Núm. 80-1976, supra, se protege a los 

empleados contra actuaciones arbitrarias del patrono disponiendo 

remedios económicos que desalienten despidos injustificados. Ortiz 

Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra, pág. 770; SLG 

Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015); 

Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643, 649 (2014); Feliciano Martes v. 

Sheraton, supra, pág. 379. Este resarcimiento es conocido como la 

mesada y es un remedio exclusivo para aquellos empleados 
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despedidos injustificadamente. Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico 

Operations, Co., supra, pág. 772; León Torres v. Rivera Lebrón, 204 

DPR 20, 37 (2020); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, págs. 

230-231. Por ello, la Ley Núm. 80-1976, supra, tiene como propósito 

desalentar la práctica de despedir a empleados sin existir justa causa 

para ello, y proveerles a los empleados remedios ante daños causados 

por los despidos injustificados. Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico 

Operations, Co., supra, pág. 772; González Méndez v. Acción Social, 

196 DPR 213, 229 (2016). 

Este estatuto incluye una lista taxativa de circunstancias que 

justifican un despido mediante justa causa. Indulac v. Central General 

de Trabajadores, supra, pág. 299; González Santiago v. Baxter 

Healthcare of Puerto Rico, 202 DPR 281, 292 (2019). Algunas de las 

instancias por las cuales se justifica el despido de un empleado son: 

Se entenderá por justa causa para el despido de un 

empleado aquella que no esté motivada por razones 

legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 

capricho del patrono. Además, se entenderá por justa 

causa aquellas razones que afecten el buen y normal 

funcionamiento de un establecimiento que incluyen, 

entre otras, las siguientes: 

(a) Que el empleado incurra en un patrón de conducta 

impropia o desordenada. 

(b) Que el empleado incurra en un patrón de desempeño 

deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o 

negligente. Esto incluye incumplir con normas y 

estándares de calidad y seguridad del patrono, baja 

productividad, falta de competencia o habilidad para 

realizar el trabajo a niveles razonables requeridos por el 

patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono. 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.

. . . . Íd., sec. 185b.

Como norma general, la Ley Núm. 80-1976, supra, no favorece 

el despido como sanción ante una primera falta. Indulac v. Central 

General de Trabajadores, supra, págs. 299-300 (citando a Secretario 

del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542-543 (1979)). No obstante, esta 

regla no es absoluta. Indulac v. Central General de Trabajadores, 
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supra, pág. 300. Lo anterior pues, nuestro más alto foro ha resuelto 

que existen circunstancias en las cuales una sola ofensa o primera 

falta pudieran justificar un despido. Íd. Específicamente, nuestro 

máximo foro expresó:

La falta o acto aislado que dé lugar a[l] despido del 

empleado en primera ofensa ha de ser de tal seriedad o 

naturaleza que revele una actitud o un detalle de su 

carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, 

que constituiría imprudencia esperar su reiteración para 

separarlo del establecimiento. Secretario del Trabajo v. 

I.T.T., supra, pág. 544.

Asimismo, en Indulac v. Central General de Trabajadores, supra, 

págs. 300-301, se explicó que, “lo esencial es que del agravio 

perpetrado por el empleado ponga de manifiesto una condición, que 

dentro del contexto del empleo sea inaceptable o intolerable, 

independientemente de que se trate de una primera falta”. 

-CLa Ley Núm. 2-1961, supra, establece un mecanismo especial 

para la rápida consideración y adjudicación de las querellas de 

empleados principalmente en casos sobre reclamaciones salariales y 

beneficios como la mesada por despido injustificado. Pena Lacern v. 

Martínez, 210 DPR 425, 434 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy 

Assurance Company, Inc., 206 DPR 194, 206-207 (2021); Bacardí

Corporation v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019). Para ello, la 

Asamblea Legislativa acortó términos y condiciones de la litigación civil 

en nuestra jurisdicción. Pena Lacern v. Martínez, supra, pág. 434; Díaz 

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207 PR 339, 

347 (2021); León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 31. Una de las 

condiciones modificadas en este tipo de tramite especial es que el 

patrono ostenta “una sola alegación responsiva en la cual deberá 

incluir todas sus defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia a 

todas las defensas u objeciones que no incluya en dicha alegación 

responsiva”. Véase, Ley Núm. 2-1961, supra, sec. 3120 (énfasis 

suplido); Pena Lacern v. Martínez, supra, págs. 434, 435. A tenor con 
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lo anterior, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, aplicarán 

supletoriamente en todo aquello que no esté en conflicto con las 

disposiciones o con el carácter sumario de la Ley Núm. 2-1961, supra, 

sec. 3120; Pena Lacern v. Martínez, supra, pág. 435. Además, 

“[a]unque se ha reconocido la posibilidad de tener cierta flexibilidad 

ante las circunstancias extraordinarias que pueda presentar un caso 

en particular, en modo alguno se autoriza a los tribunales a soslayar 

el inequívoco y obligatorio precepto de rapidez en el trámite judicial 

estatuido en la Ley Núm. 2”. Pena Lacern v. Martínez, supra, pág. 436.

-DLa Ley Núm. 115-1991, supra, provee una protección empleados 

frente a represalias que tome un patrono contra estos por haber 

provisto testimonio, expresión o información en algún foro judicial 

legislativo o administrativo; véase, además, Íd., sec. 194 (a); Rivera 

Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 

177 DPR 345, 361 (2011); Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 

392; Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 685 (2005). Cónsono con 

ello, se le otorga al empleado una causa de acción si, por realizar una

actividad protegida, es despido, amenazado o discriminado en el 

empleo. Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

de Puerto Rico, supra, pág. 361; Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 

170 DPR 149, 159 (2007); Cintrón v. Ritz Carlton, 162 DPR 32, 37 

(2004). Además, mediante la Ley Núm. 115-1991, supra, la Asamblea 

Legislativa creó una presunción de violación a este estatuto a favor de 

la querellante. Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico, supra, pág. 361; Marín v. Fastening 

Systems, Inc., 142 DPR 499 (1997). Consecuentemente, el empleado 

puede probar la violación mediante evidencia directa o circunstancial, 

o establecer un caso prima facie de violación, tras evidenciar haber

participado de una actividad protegida por la Ley Núm. 115-1991, 

supra, y consecuentemente, haber sido despedido, amenazado o 
KLAN202400127 14

discriminado. Íd., sec. 194b (c). Una vez establecido lo anterior, “el 

patrono deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no 

discriminatoria para el despido”. Íd. Si el patrono logra ello, el 

empleado debe demostrar que la razón alegada por el patrono 

realmente era un mero pretexto para el despido. Íd.; véase, además, 

Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

Rico, supra, pág. 362; Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 392; 

Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248 (1998).

-EEs harto conocido que una persona que mediante culpa o 

negligencia cause daño a otra, deberá repararlo. Código Civil del 2020, 

31 LPRA sec. 10801. En esa misma línea, la parte reclamante debe 

establecer tres (3) requisitos: (i) la existencia de un daño real; (ii) el 

nexo causal entre el daño y la acción u omisión; y (iii) el acto u omisión 

culposo o negligente. Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, 2023 TSPR 

108; Cruz Flores v Hospital Ryder Memorial Inc., 210 DPR 465, 483-

484 (2022); Pérez Hernández v. Lares Medical Center, Inc., 207 DPR 

965, 976 (2021). Asimismo, la culpa o negligencia consiste en la falta 

del debido cuidado, el cual consiste en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto o una omisión de un acto. Mena 

Pamias v. Jiménez Meléndez, supra; López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 151 (2006); Torres Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997). Por su 

parte, el daño es definido como “todo menoscabo material o moral 

causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y 

del cual haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 

151 (citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. 2, Vol. 3, pág. 92). 

Intrínseco al concepto de daño se encuentran aquellos daños

patrimoniales y no patrimoniales. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 177 DPR 484, 505 (2009); Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR 688 

(2014). Por un lado, los daños patrimoniales consisten en el 
KLAN202400127 15

menoscabo del patrimonio de la persona perjudicada. Sagardía De 

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 505-506. Por otro lado, los 

daños no patrimoniales so aquellos “cuya valoración en dinero no tiene 

la base equivalencial que caracteriza a los patrimoniales, por afectar 

precisamente a elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria”. 

Íd., pág. 506 (citando a J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil, 

Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. III, pág. 460). Dentro de los daños no 

patrimoniales se encuentran los morales los cuales a su vez 

incorporan “el dolor físico o corporal, las angustias mentales, hasta los 

daños o las lesiones corporales”. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, págs. 506-507; SLG Pagan-Renta v. Walgreens, 190 DPR 

251 (2014). En cuanto a las angustias mentales, estas son aquellas 

reacciones “de la mente y de la consciencia a un daño corporal o un 

evento sufrido y su impacto subjetivo en el bienestar personal”.

Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 508. Por lo tanto, 

las angustias mentales no siempre guardan relación con los danos 

corporales, pues afectan principalmente el ámbito emocional y mental. 

Íd.

-FLas declaraciones juradas constituyen una de las formas de 

establecer hechos incluidos en las solicitudes de sentencia sumaria. 

De una mirada a la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se 

desprende que: 

(a) La moción de sentencia sumaria se notificará a 

la parte contraria y contendrá lo siguiente: 

. . . ; 

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos 

enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en

evidencia donde se establecen estos hechos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; . . . . 
KLAN202400127 16

Por su parte, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.5, indica que, “[l]as declaraciones juradas para sostener u oponerse 

a la moción se basarán en el conocimiento personal del o de la 

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en 

evidencia y demostrarán afirmativamente que el o la declarante está 

cualificado para testificar en cuanto a su contenido”. Del mismo modo, 

esta regla permite complementar e impugnar las declaraciones juradas 

mediante deposiciones o declaraciones juradas adicionales. Íd. 

Cónsono con ello, nuestro más alto foro ha expresado que las 

declaraciones juradas serán suficientes para sostener o controvertir 

una solicitud de sentencia sumaria si contienen hechos específicos y 

hechos que establezcan que el declarante tiene conocimiento personal 

del asunto declarado. Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 677 

(2018); véase, además, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-

216 (2010). Sin embargo, en un procedimiento sobre sentencia 

sumaria, declaraciones juradas con conclusiones solamente, sin 

hechos específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, y por 

ello, son insuficientes para demostrar lo que allí se concluye. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216 (2010) (citando a Corp. Presidig 

Bishop CJC of LD v. Purcell, 117 DPR 68, 722 (1986)).

Por esa misma línea, la evidencia pertinente es aquella que 

aumenta o disminuye la probabilidad de la existencia de un hecho y 

tiene consecuencias para la adjudicación de la acción. Véase, Regla 

401 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 401; Pueblo v. Santiago Irizarry, 

198 DPR 35, 43 (2017). Igualmente, la evidencia pertinente es aquella 

que tiene “algún valor probatorio, por mínimo que sea, para adjudicar 

la acción”. Pueblo v. Santiago Irizarry, supra, pág. 43 (citando a E.L. 

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, 

Pubs. JTS, 2009, pág. 114). Como regla general, la evidencia 

pertinente es admisible, sin embargo, los tribunales ostentan

discreción para excluir prueba pertinente si su valor probatorio queda 
KLAN202400127 17

superado por perjuicio, confusión, desorientación en el jurado, 

dilación indebida de los procedimientos o innecesaria presentación de 

prueba acumulativa, a tenor con la Regla 403 de Evidencia, supra, R. 

403; Pueblo v. Santiago Irizarry, supra, pág. 44.

-IIIEn el caso ante nuestra consideración, la parte apelada presentó 

una Moción de Sentencia Sumaria el 29 de agosto de 2023. 

Fundamentó su solicitud en que, luego de una investigación interna 

del Hospital, se determinó que durante horas laborables, frente a 

empleados y pacientes, la querellante utilizó un tono alto para efectuar 

imputaciones falsas en contra del Hospital y su administración, lo cual 

afectó la adecuada marcha de la Clínica de Vacunación del Hospital, y 

el bienestar de los empleados y pacientes. Además, la parte apelada 

sostuvo que, la querellante no participó de una actividad protegida, 

conforme a la Ley Núm. 115-1991, supra. Finalmente, arguyó que, la 

querellante presentó su oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

de forma tardía y en claro incumplimiento con las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, y las normas reglamentarias aplicables.

Por lo anterior, solicitó la desestimación sumaria y con perjuicio del 

caso de epígrafe. El foro primario dio por sometida la Moción de 

Sentencia Sumaria sin oposición, y emitió una Sentencia mediante la 

cual declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria. El tribunal 

concluyó que la querellante no canalizó su preocupación a través de

sus supervisores y sus manifestaciones afectaron las operaciones de 

la Clínica de Vacunación del Hospital, poniendo así en riesgo el buen 

y normal funcionamiento de la empresa. Consecuentemente, 

determinó que el despido de la señora Feliciano Sotomayor fue 

justificado.

Inconforme, la querellante acudió en revisión ante nos. 
KLAN202400127 18

Tras un minucioso análisis de la normativa relevante y los 

hechos particulares, así como la totalidad del expediente de este caso, 

concluimos que el foro primario no erró al desestimar la querella. 

La apelante arguye que procede revocar la Sentencia recurrida 

pues, existen hechos en controversia y los hechos admitidos como 

incontrovertidos fueron apoyados por prueba self-serving. Además, la 

apelante arguye erradamente que el foro primario acogió su Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria [Doc. 19] y posteriormente, ante la 

Solicitud para que se tenga por no puesta la Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria, el foro a quo no acogió su oposición.

Como se expuso en la sección anterior, este Tribunal se 

encuentra en la misma posición que el foro a quo al momento de 

revisar mociones de sentencia sumaria. En otras palabras, nuestra 

revisión es de novo y debemos aplicar los mismos criterios de la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, respecto a las solicitudes de 

sentencia sumaria y sus oposiciones. Cónsono con ello, debemos 

corroborar si la petición de sentencia sumaria y su oposición cumplen 

con los criterios esbozados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Por un lado, en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se 

indica que quien presenta una solicitud de sentencia sumaria, 

integrará a esta una relación concisa, organizada y en párrafos de 

todos los hechos esenciales y pertinentes incontrovertidos apoyados 

de, en parte, declaraciones juradas o cualquier otro documento 

admisible en evidencia incluido en el expediente del tribunal. Nótese 

que, las declaraciones juradas serán suficientes para sostener o 

controvertir una solicitud de sentencia sumaria si contienen hechos 

específicos y hechos que establezcan que el declarante tiene 

conocimiento personal del asunto declarado. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, 199 DPR 664, 677 (2018); véase, además, Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Sin embargo, en un 

procedimiento sobre sentencia sumaria, las declaraciones juradas con 
KLAN202400127 19

conclusiones solamente, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio, y por ello, son insuficientes para demostrar lo 

que allí se concluye. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216 

(2010) (citando a Corp. Presidig Bishop CJC of LD v. Purcell, 117 DPR 

68, 722 (1986)). 

De una lectura cuidadosa de las declaraciones juradas 

presentadas por la parte apelada para apoyar los hechos propuestos 

como incontrovertidos en la Moción de Sentencia Sumaria, a saber, las 

declaraciones juradas de Annette Vélez Irizarry (señora Vélez Irizarry), 

Gerente de Recursos Humanos; Christina Medina Zamora (señora 

Medina Zamora), Secretaria Ejecutiva; y María García Torres (señora 

García Torres), se desprenden los hechos específicos materiales sobre 

el incidente en cuestión. Por lo tanto, aunque se hayan incluido ciertos

hechos concluyentes en las aludidas declaraciones juradas, ello de por 

sí solo no las hace insuficientes. Consecuentemente, procede 

confirmar la admisión de las declaraciones juradas en apoyo de los 

hechos propuestos como incontrovertidos en la Moción de Sentencia 

Sumaria.

Por otro lado, en la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, 

establece que, “(b) [l]a contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) días de su 

notificación. . .”. A tenor con ello, “[s]i la parte contraria no presenta la 

contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal”. Surge del expediente que 

la querellante tuvo tiempo suficiente para presentar la Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria, sin embargo, la presentó tardíamente y 

sin justa causa. Específicamente, el foro primario le concedió dos (2) 

prórrogas, la primera de veinte (20) días y la segunda de treinta (30) 

días. Este último término venció el 19 de octubre de 2023. Sin 

embargo, sin explicación alguna, la señora Feliciano Sotomayor 
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presentó la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria dos (2) meses 

después de dicha prórroga y sin proveer justa causa para ello. Por lo 

tanto, confirmamos la determinación del TPI que dio por sometida la

moción de sentencia sumaria para la consideración del tribunal sin la 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Considerado el excesivo 

tiempo transcurrido sin que la querellante presentase su escrito, no 

actúo contrario a derecho el TPI al negarse a admitir la Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por dicha parte. 

Establecido lo anterior, nos corresponde revisar si, en efecto, 

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, debemos 

cumplir con la exigencia establecida en la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, y exponer cuáles son los hechos materiales que están en 

controversia y cuáles son incontrovertidos. De un análisis ponderado 

del expediente, los hechos propuestos como incontrovertidos en la 

Moción de Sentencia Sumaria junto a la evidencia debidamente citada 

en esta petición, concluimos que no existen hechos materiales en 

controversia.

No habiendo hechos materiales en controversia, debemos 

revisar de novo si el foro primario aplicó correctamente el derecho en 

el caso ante su consideración. Resulta importante discutir las dos (2) 

reclamaciones principales del caso de marras de forma independiente; 

estas siendo: (i) despido injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80-

1976, supra, y (ii) despido como represalia, a tenor con la Ley Núm. 

115-1991, supra. 

Es norma conocida que el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

sec. 185b, no plasma una lista taxativa de circunstancias que 

justifiquen un despido mediante justa causa. Véase, además, Indulac 

v. Central General de Trabajadores, supra, pág. 299; González Santiago 

v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 202 DPR 281, 292 (2019). Acorde 

con ello, si bien tres de las circunstancias de dicho artículo requieren 

un patrón de conducta impropia o desordenada, un patrón de 
KLAN202400127 21

desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o 

negligente, y violación reiterada por el empleado de reglas y 

reglamentos, nuestro máximo foro ha reiterado que un solo acto o 

una sola falta puede ser suficiente para justificar el despido como 

sanción ante una primera ofensa. Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

sec. 185b; Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 544; Indulac v. 

Central General de Trabajadores, supra, págs. 300-301.

Específicamente, esa falta o acto debe ser de tal naturaleza que “ponga 

de manifiesto una condición, que dentro del contexto del empleo sea 

inaceptable o intolerable, independientemente de que se trate de una 

primera falta”. Indulac v. Central General de Trabajadores, supra, págs. 

300-301.

Del expediente del caso de epígrafe no existe duda de que, en 

lugar de dirigirle las aludidas preocupaciones a sus supervisores, la 

señora Feliciano Sotomayor optó por utilizar un tono de voz alto para 

cuestionar el cumplimiento del Hospital y su Administración frente a

pacientes y empleadas. Dicho acto por parte de la querellante 

evidentemente afectó el buen funcionamiento de la Clínica de 

Vacunación. En consideración de la importancia del tema de los 

procesos de vacunación durante una pandemia de salud pública, y 

recordando que las expresiones falsas y difamatorias se hicieron 

dentro del Hospital y frente a pacientes, si bien se trató de un solo acto, 

el mismo fue de tal gravedad y agravio que puso en peligro el orden y 

la eficiencia del funcionamiento del Hospital, y constituiría

imprudencia esperar su reiteración.

En cuanto a la reclamación de represalias, la Ley Núm. 115-

1991, supra, provee una protección para empleados frente a 

represalias cuando realizan algún testimonio, expresión o 

información en algún foro judicial legislativo o administrativo; véase, 

además, Íd., sec. 194 (a); Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 361 (2011); Feliciano 
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Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 392 (2011); Ocasio v. Kelly Servs., 

163 DPR 653, 685 (2005). En el caso de epígrafe, la querellante no 

presentó prueba directa ni circunstancial en apoyo a la violación de 

este estatuto. Mucho menos estableció un caso prima facie de 

represalia. Aquí la señora Feliciano Sotomayor emitió sus 

manifestaciones en contra del Hospital y la Administración del 

Hospital frente empleados y pacientes. En ningún momento recurrió a 

su supervisora, la señora Vélez Irizarry, para comunicarle su 

preocupación. Peor aún, ante la llamada de su supervisora para 

dialogar sobre lo ocurrido, la querellante indicó que no había sucedido 

nada. Concluyentemente, la querellante no realizó una de las 

actividades protegidas por Ley Núm. 115-1991, supra, y por ello, 

actuó correctamente el TPI al desestimar la reclamación de represalias. 

Así las cosas, consideradas la totalidad de las circunstancias 

antes expuestas, procedía la desestimación sumaria y con perjuicio de

la acción presentada por la querellante.

-IVPor los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

recurrida.

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones