N ÚMERO IDENTIFICADOR SEN 2 02 4

______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

RICARDO LAUREANO BERMÚDEZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

Recurrido KLRA202400204 Revisión Judicial procedente del Departamento de Corrección y Reh abilitación

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora Adames Soto, Juez Ponente
SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 202 4

. Comparece el señor Ricardo Laureano Bermúd ez (señor Laureano Bermúdez o recurrente), quien es miembro de la población penal, solicitando que revisemos sendas R esoluciones emitidas por la Oficina de Programas de Desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el 15 de marzo de 2024 1

. Ante una petición del señor Laureano
Ber m ú dez dirigida al DCR para beneficiarse de l Programa de Desvío , infra. , el foro recurrido la den e gó, explicando que este no cumplía con los criterios de elegibi lidad para ben eficiarse de : (1) Programa Extendido con
M onitoreo Electrónico; (2) Programas Comunitarios de Base Religiosa y de fe; y (3) Programas Comunitarios Seculares

. El DCR concluyó que al
momento de l recurrente cometer los delitos por los cual es cumple
sentencia , lo s programas aludidos no existían , por l o que no tenía expectativa de beneficiarse de ellos.

1 Notificadas el 21 de marzo de 2024.KL RA 202 4002 04 2 Por los fundamentos que expondremos a continuación, cabe
confirma r la determinación recurrida

. I. Resumen del tracto procesal
Por hechos comet idos por el señor Laureano Bermúdez el 5 de

marzo de 1989, este fue encontrado cu lpable y posteri o r mente sentenciado , el 12 de septiembre de 1989 , a cumplir noventa y nueve
años por los delito s de asesinato en primer grado, tentativa de robo e infracción a la Ley de Armas

. Actualmente, el recurrente tiene 53 años y ha cumplido alrededor de 34 años de reclusión. Respecto a lo que concierne, el 28 de octubre de 2020, el Comité de Clasificación y Tratamiento determinó reclasific ar el grado de custodia en
que se enc ontraba el señor Laureano Bermúdez , de mediana a mínima. A los pocos años , el 19 de octubre de 2023, el Comité de Clasificación y
Tratamiento emitió otra Resolución , evalu ando el Plan Institucional del
recurrente y s obre este señaló lo siguiente:

No ha incurrid o en querellas ni informes negativos y ha demostrado consistencia en el buen comportamiento. La conducta actual refleja la adaptación del confinado al encarcelamiento y demuestra funcionar bajo medidas de mínima supervisión. Entendemos de [la] evaluación d e [l] expediente social y criminal ha ganado madurez y sentido de responsabilidad durante su proceso de rehabilitación. A través de su participación en los programas de tratamiento ha reconocido cuáles son sus responsabilidades como confinado dentro de la A gencia. Demuestra compromiso con continuar con el plan institucional que s e le continúe asignando. El comité de Clasificación y Tratamiento le recomienda que continúe sin incurrir en Querellas y continúe participando de las actividade s o programas de trata miento que vayan surgiendo durante su sentencia ; como lo ha esta do haciendo hasta ahora. Le exhortamos a que mantenga los excelentes ajustes institucionales que ha logrado obtener. No obstante, el 15 de marzo de 2024, 2 la Coordinadora del Programa de Desvío de l DCR emitió una Respuesta de la planilla de información necesaria para ev aluar candidatos para el programa Pase

2 Notificada el 21 de marzo de 2024.KL RA 2 0 2 4002 04 3

extendido con monitoreo electrónico , en la que determinó denegar la participación del recurrente en el P rograma de supervisión electrónica

. Al así denega r tal beneficio al señor Laureano Bermú dez l a referida
funcionaria in dicó que est e : No cumple con criterios de elegibilidad. La fecha de los hechos de los delitos por los que fue sentenciado, fueron el 5 de marzo de 1989. El Programa de Supervisión Electrónica fue reglamentado por primera vez el 28 de febrero de 1994. (Reglamento #5065)

. Por ende, al momento de usted cometer [ los ] delitos por los que cumple sentencia el Programa de Supervisión Electrónica no había sido creado y usted no tenía expectativa de beneficiarse del Programa.
Confo rme a la determinación del Tribunal d e Apelaciones para el Primer Circuito de Boston e n los casos : Efraín González Fuentes vs Carlos Molina Rodríguez, Caso Núm. 08

- 1818 y Carmen Rivera Feliciano vs. Luis Fortuño Burset, Caso Núm. 08

- 1919 3

. E n la misma fecha , 4 el DCR le notificó al señor Laureano Bermúdez sobre la denegatoria a participar en los Programas Religiosos y Seculares. En lo pertinente, el DCR fundamentó su determinación en que al momento del recurrente cometer los delitos por los cuales está sentenciado, los programas de tratam iento no existían, así que no tenía expectativa de beneficiarse de ellos. Inconforme, el señor Laureano Bermúdez presentó el r ecurso de

r evisión j udicial que está ante nuestra consideración, imputando la
comisión del siguiente error: Erró el Departame nto de Corrección al denegar una concesión del privilegio simplemente basados en la fecha de la comisión de delitos, sin entrar en los méritos de elegibilidad del confinado y su ajuste institucional. El 16 de mayo d e 2024, emitimos una Resolución conce diéndole un
término de tr einta días a la parte recurrida para presentar su Alegato

.

3 A nejo I del recurso de revisión judicial

. 4 Notificada el 21 de marzo de 2024.KL RA 202 4002 04 4 En efecto, la Oficina del Procurador General , en repre sen ta ción de l DCR, compareció ante nosotros mediante E scrito en cumplimiento de

r esolución.
Contando con el benefi cio de las comparecencias de las partes, estamos en posición de resolver.
II. Exposición de Derecho
A. Revisión Judicial La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38

- 20 17, según enmendada, 3 LPRA sec.
9601 e t seq. , dispone sobre el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las agencias. Tanto la referida ley, como la jurisprudencia aplicable, establecen que la función revisora de las
decisiones administrativ as concedida a los tribunales apelat ivos consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es legal y razonable. T

– JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited , 148 DPR 70, 80 (1999). Al respecto, es norma de derecho claramente establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y conocimiento e specializado 5

. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Mun. de San Juan v. Plaza Las
Américas , 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro Unido , 168 DPR 592, 615

– 616 (2006). Por lo tanto, los tribunales deben ser
cautelosos al intervenir con las decis iones administrativas. Metropolitana,
S.E. v. A.R.P.E. , 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell , 131 DPR 275, 289

– 290 (1992).

5 L os fun damentos aportados en la muy reciente decisión del Tribu nal Supremo Federal en Loper Bright Ent e r prises et al., v . Raimondo , 603 U

. S . __ ( 2024 ) , 144 S. Ct. 2444, cues tionan en lo esencial buena parte de la jurisprudencia que dirige el proceso de r e vis ión po r los tri bun ales de l as determinaciones adm inistrativas

. Sin embargo, juzg amos que la si tuación fáctica en el caso ante nuestr a atención no nos requiere ahon dar sobre el asunto

.KL RA 2 0 2 4002 04 5 Es por las razones expuestas que las decisiones de los foros
administrativos están investid as de una presunción de regularidad y
corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp. , 173 DPR 870, 892 (2008); Vélez v. A.R.P.E. , 167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v.
A.R.P.E. , 152 DPR 116, 123 (2000). La presunción de corrección que
acarrea una decisión administrativa de berá sostenerse por los tribunales, a menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario que obre en el expediente
administrativo. Misión Ind. P.R. v. J.P. , 146 DPR 64, 130 (1998); A.R.P.E.

v. J.A.C.L. , 124 DPR 858, 864 (1989).
Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, Motors , 161 DPR 69, 76 (2004). Con forme a lo cual, habrá que determinar s i la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso
de discreción. Mun. De San Juan v. CRIM , 178 DPR 164, 175 (2010). Por tanto, la revisión judicial de una determinación administ rativa se
circunscribe a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38

- 2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9675; Torres Rivera v. Policía de PR , 196 DPR 606, 626

- 627 (2016). Por otra parte, n uestro Tribunal Supremo ha identificado circunstancias en que corresponde no observar tal deferencia. En específico, dicho alto foro ha reconocido que la referida deferencia a las determinaciones administrativas cederá cuando: (1) la decisi ón no está basada en evidencia sustanci al; (2) el organismo administrativo haKL RA 202 4002 04 6

errado en la aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. Acarón, et al v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012) ; Marina Costa Azul v. Comisión , 170 DPR 847, 852 (2007)

. B. Programa de Desv ío
La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico dispone que será política pública del Estado reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos
en fo rma efectiva, y propender, dentro de lo s recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA Tomo 1 ; López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 619 (2012). Inicialmente, bajo la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974 , Ley Orgánica de la Administración de Corrección, según enmendada, (Ley Núm. 116), que dio lugar a la crea ción de la Administración de
Corrección

, pre de ces ora de l DCR , se delegó en dicha ag encia administrar
un sistema correccion al integrado e implantar enfoques para estructurar formas de tratamiento individualizado y programas de rehabilitación en
la comunidad , de conformidad al propósito constitucional citado en el párrafo qu e precede

. Art. 4, 4 LPRA sec. 1111. La misma leg islac ión citada contempló que la agencia pública a cargo de l sistema correccional
prove yera programas de trabajo, estudio o tratamiento para los
confinados , en tanto fueran compatibles con la seguridad pública. Art. 5,
4 L PRA sec. 1112. Eventualmente, e l 21 d e noviembre de 2011, se aprobó el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 , (Plan 2

- 2011), a través de la Ley Núm. 182

- 2009, 3 LPRA Ap. XVIII , derogando expresamente la citada Ley Núm. 116

. Bajo el referido P lan
fue cre ado e l DCR , consolidando en éste la Administración de Corrección y la Administración de Instituciones Juveniles. Art. 4 del Plan 2

- 2011.KL RA 2 0 2 4002 04 7

Entre las facultades que le confirió el Plan 2

- 2011 al DCR se encuentra n la s d e : (1) diseñar y operar un sistema diversificado de i nstituciones, programas y servicios que viabilice la implantación de un tratamiento individualizado y adecuado para los transgresores y los miembros de la población correccional ; y (2) desarrollar métodos de rehab ilitación en las comunidades, los cuales po drán incluir entre otros, programas de trabajo, estudio o tratamiento, cuando ello sea compatible con la seguridad pública. 3 LPRA, AP. XVIII, Art. 7. En específico, el Artículo 16 del Plan 2

- 2011 dispo ne que: El Secretario establecerá mediante reglame nto los objetivos de cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los criterios y condiciones para la concesión de dicho privilegio, así como también los criterios, condiciones y procesos que habrá de seguirse para la revocación del privilegio y adminis trará los programas de desvío donde las personas convictas puedan cumplir parte de su sentencia fuera de la institución correccional. La opinión de la v íctima habrá de tomarse en consideración como uno de los criterios para conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la población correccional en un programa de desvío. 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 16.
S in embargo , el mismo artículo indic ó qu é confinados no ser ían elegibles para participar en los programas de desvío establecidos por el
DCR. En lo concerniente al caso de epígrafe, el Art. 16 del Plan 2

- 2011 desde un principio establec ió que no ser ía elegible : toda persona convicta por el delito grave de segundo grado o de un delito de mayor severidad

. P osteriormente, el re ferido artículo 16 del Plan 2

- 2011 fue

en mendado por la Ley 79

- 2022 , pero el artículo 16 no sufrió cam bio respecto a la exclusión de c iertos delitos por los cuales los confinado s no podrían bene ficiarse del programa de desvío. En específico, e n el citado
artículo se mantuvo la exclu sión de l os programas de desvío, en lo pertinente, a: toda persona convicta por delito grave de primer grad o . Se ha de tomar en consideración que, a tenor con el Plan 2

- 2011 , se aprobaron los Reglamento[s] de l Programa Integral de Reinserción Comunitaria, Núm. 817 7 de 12 de abril de 2012, Núm. 8559 de 17 deKL RA 202 4002 04 8

febrero de 2015, y Núm. 9242 de 11 de diciembre de 2020. Todos los reglamentos aludidos también excluían de participar de los programas de
desvío a las persona s convicta s por delito grave de segundo grado o de

u n delito de mayor severidad y violaciones a la Ley de Armas

. En idéntica

manera , el vigente Reglamento Núm. 9488 de 9 de agosto de 2023, (Reglamentó Núm.9488), excluy ó de la participación de los progr amas de desvío a aquellos convictos de delito grave de p rimer grado , y toda persona convicta por violación a Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, y sus leyes antecesoras

. Reglamento Núm. 9488, Artículo VIII

. III. Aplicación del Derecho a los hechos

a. Sin resultar necesario reproducir los datos ya incluidos en el tracto procesal , adu ce el recurrente que incidió el DCR al determinar que no cualificaba para participar en los siguientes : (1) Programa Extendido con Monitoreo Electrónico; (2) Programas Comunitarios de Base Religiosa y de
F e; y (3) Programas Comunitarios Seculares. Según el recurrente, el error del DCR yace en denegar la concesión de los privilegios
fundament á ndose únicamente en la fecha de la comisión de l os delitos, sin analizar los méritos de elegibilidad y su ajuste institucional . El señor Laureano Bermúdez argumenta que ha completado una parte sustancial de su sentencia y que ha exhibido buena conducta, completando los talleres y terapias que brinda el DCR. Asimi s mo, sostiene que no tiene querellas ni informes disc i plinarios y que se encuentra en custodia mínima. A tenor, argumenta que cumple satisfactoriamente con todos los requisitos para beneficiarse de los programas de desvío. Por otro lado, el

recur rente arguye que debió ser elegible a los programas conforme a la Ley 79

- 2022 , y que las exclusiones establecidas en el Plan 2

- 2011, se gún enmendado , no le s aplican a las personas sentenciadas previo a la creación de los programas de desvío.KL RA 2 0 2 4002 04 9 Respecto a lo aseverado por el recurrente, conviene iniciar por

recono cer que e s cie rto que su expedient e refleja que ha ex h ibido buena conducta, ha he cho serios ajustes , com pletado talleres y terapias, sin
que se observ en informes de indisciplina, ni querellas adminis trativas en su contra, lo que resu lta encom iable y marca una ruta importante en su proceso de rehab ilitació n. Sin embargo, tales buenos ajuste s del confinado, que en modo alguno m inimiza mos, no resultan suficientes para la concesión del beneficio al que aspira, puesto que el Legislador ha determinado no
reconocerlo en ca sos como los del recurrente . Es por esto que, juzgamos,
a pes ar de la citació n que hace el recurre nte en su re c urso de revisión judicial de la legislación y reglamentación que gobierna la co ncesión del beneficio del programa de desvío , lo cierto es que no se detuvo a discutir,
y ni siqu iera reconoció las excepciones que el Legislador impu so a la
concesión de dicho b eneficio, y han quedado consistent em ente plasmadas en la reglamentación que a tales fines ha sido aprobada . Es decir, el recurrente eludió discutir la expres a exclusión del benefi cio de
desv ío a confinados sentenciados por ha ber cometido asesi nato en primer gra do, como es su caso

. S egún adelantamos , el recurrente fue sentenciado el 12 de septiembre de 1989 a cumplir una pe na de noventa y nueve años de cárcel por los delitos de: asesinato en primer grado, tentativa de robo y Ley de Ar mas . Para la fecha de los hechos por los cuales resultó convicto, se encontraba vigente la Ley Núm. 116, la cual expresamente establecía que sería inelegible para participar de programas de desvío o tratamiento y rehabilitación aquella persona convict a que estuviera cumpliendo sentencia por delito de asesinato. De esta manera, al momento de ser
sentenciad o, el recurrente no tenía ninguna expectativa de participar deKL RA 202 4002 04 10

los programas de desvío, puesto que estaba excluído al haber sido sentenciado por el de lito de asesinato en primer grado. Además, según trazamos en la exposición de derecho , no hemos encontrado legislación o reglamentación alguna que via bilice la concesión del beneficio al que aspira el recurrente, cuando se trata de un conf inado
que ha si do sentenciado a cumplir pena por ase sinato en primer grado. Contrario a lo alegado por el recurrente, el derecho vigente expresamente lo excluye de poder beneficiarse de los pr o gramas de
desv í o. Según discutido, el Artículo VIII del Regla m ento Núm. 9488 dejó plasmada la exclusión de los programas de desvío a toda persona convicta por delito grave de primer grado. Igualmente, el Artícu l o 16 del Plan 2

- 2011, según enmendado, expresamente ex c luye de los mencionados programas a las personas convictas por deli to grave de primer grado.
En consecuencia , aunque las resoluciones administrativas ante
nuestra consider ación denegaron la concesión de programas de desvío al
recurrente basados exclusivamente en que no estaban disponibles al
momento de los hechos delict ivos por los cuales sentenciaron al recurrente, lo cierto es que la legislación o reglamentación subs iguiente tampoco via bilizó tal concesión en casos como el del recurrente

. Es a partir de este hecho que valoramos las actuaciones del DCR como razonable

. IV. P arte dispositiva Por los fundamentos expuesto s , se confirma n las resoluciones
recurridas. Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones