NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

RICARDO LAUREANO 

BERMÚDEZ

Recurrente

v. 

DEPARTAMENTO DE

CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400204

Revisión Judicial 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2024.

 Comparece el señor Ricardo Laureano Bermúdez (señor Laureano 

Bermúdez o recurrente), quien es miembro de la población penal, 

solicitando que revisemos sendas Resoluciones emitidas por la Oficina de 

Programas de Desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(DCR), el 15 de marzo de 20241. Ante una petición del señor Laureano 

Bermúdez dirigida al DCR para beneficiarse del Programa de Desvío, 

infra., el foro recurrido la denegó, explicando que este no cumplía con los 

criterios de elegibilidad para beneficiarse de: (1) Programa Extendido con 

Monitoreo Electrónico; (2) Programas Comunitarios de Base Religiosa y de 

fe; y (3) Programas Comunitarios Seculares. El DCR concluyó que al 

momento del recurrente cometer los delitos por los cuales cumple 

sentencia, los programas aludidos no existían, por lo que no tenía 

expectativa de beneficiarse de ellos. 

1 Notificadas el 21 de marzo de 2024. 
KLRA202400204 2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, cabe

confirmar la determinación recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal 

Por hechos cometidos por el señor Laureano Bermúdez el 5 de 

marzo de 1989, este fue encontrado culpable y posteriormente

sentenciado, el 12 de septiembre de 1989, a cumplir noventa y nueve

años por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de robo e 

infracción a la Ley de Armas. Actualmente, el recurrente tiene 53 años y 

ha cumplido alrededor de 34 años de reclusión. 

Respecto a lo que concierne, el 28 de octubre de 2020, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento determinó reclasificar el grado de custodia en 

que se encontraba el señor Laureano Bermúdez, de mediana a mínima. A 

los pocos años, el 19 de octubre de 2023, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento emitió otra Resolución, evaluando el Plan Institucional del 

recurrente y sobre este señaló lo siguiente: 

No ha incurrido en querellas ni informes negativos y 

ha demostrado consistencia en el buen comportamiento. La 

conducta actual refleja la adaptación del confinado al 

encarcelamiento y demuestra funcionar bajo medidas de 

mínima supervisión. Entendemos de [la] evaluación de[l]

expediente social y criminal ha ganado madurez y sentido de 

responsabilidad durante su proceso de rehabilitación. A 

través de su participación en los programas de tratamiento 

ha reconocido cuáles son sus responsabilidades como 

confinado dentro de la Agencia. Demuestra compromiso con 

continuar con el plan institucional que se le continúe 

asignando. 

El comité de Clasificación y Tratamiento le recomienda 

que continúe sin incurrir en Querellas y continúe 

participando de las actividades o programas de tratamiento 

que vayan surgiendo durante su sentencia; como lo ha 

estado haciendo hasta ahora. Le exhortamos a que 

mantenga los excelentes ajustes institucionales que ha

logrado obtener. 

No obstante, el 15 de marzo de 2024,2 la Coordinadora del 

Programa de Desvío del DCR emitió una Respuesta de la planilla de 

información necesaria para evaluar candidatos para el programa Pase 

2 Notificada el 21 de marzo de 2024. 
KLRA202400204 3

extendido con monitoreo electrónico, en la que determinó denegar la 

participación del recurrente en el Programa de supervisión electrónica. Al 

así denegar tal beneficio al señor Laureano Bermúdez la referida 

funcionaria indicó que este: 

No cumple con criterios de elegibilidad. 

La fecha de los hechos de los delitos por los que fue 

sentenciado, fueron el 5 de marzo de 1989. El Programa de 

Supervisión Electrónica fue reglamentado por primera vez el 

28 de febrero de 1994. (Reglamento #5065).

Por ende, al momento de usted cometer [los] delitos por los 

que cumple sentencia el Programa de Supervisión 

Electrónica no había sido creado y usted no tenía expectativa 

de beneficiarse del Programa. 

Conforme a la determinación del Tribunal de Apelaciones 

para el Primer Circuito de Boston en los casos: 

Efraín González Fuentes vs Carlos Molina Rodríguez, Caso 

Núm. 08-1818 y Carmen Rivera Feliciano vs. Luis Fortuño 

Burset, Caso Núm. 08-19193. 

En la misma fecha,

4 el DCR le notificó al señor Laureano 

Bermúdez sobre la denegatoria a participar en los Programas Religiosos y 

Seculares. En lo pertinente, el DCR fundamentó su determinación en que 

al momento del recurrente cometer los delitos por los cuales está

sentenciado, los programas de tratamiento no existían, así que no tenía 

expectativa de beneficiarse de ellos. 

Inconforme, el señor Laureano Bermúdez presentó el recurso de

revisión judicial que está ante nuestra consideración, imputando la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Departamento de Corrección al denegar una 

concesión del privilegio simplemente basados en la fecha de 

la comisión de delitos, sin entrar en los méritos de 

elegibilidad del confinado y su ajuste institucional. 

El 16 de mayo de 2024, emitimos una Resolución concediéndole un 

término de treinta días a la parte recurrida para presentar su Alegato. 

3 Anejo I del recurso de revisión judicial.

4 Notificada el 21 de marzo de 2024. 
KLRA202400204 4

En efecto, la Oficina del Procurador General, en representación del 

DCR, compareció ante nosotros mediante Escrito en cumplimiento de 

resolución. 

Contando con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho

A. Revisión Judicial

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 

9601 et seq., dispone sobre el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida ley, como la 

jurisprudencia aplicable, establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos consiste 

esencialmente en determinar si la actuación de la agencia fue dictada 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la misma es 

legal y razonable. T–JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 

(1999). Al respecto, es norma de derecho claramente establecida que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y consideraciones 

a las decisiones de los organismos administrativos en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado5. Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro Unido, 

168 DPR 592, 615–616 (2006). Por lo tanto, los tribunales deben ser

cautelosos al intervenir con las decisiones administrativas. Metropolitana, 

S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 

DPR 275, 289–290 (1992). 

5 Los fundamentos aportados en la muy reciente decisión del Tribunal Supremo Federal en Loper Bright 

Enterprises et al., v. Raimondo, 603 U.S. __ (2024), 144 S.Ct. 2444, cuestionan en lo esencial buena parte 

de la jurisprudencia que dirige el proceso de revisión por los tribunales de las determinaciones 

administrativas. Sin embargo, juzgamos que la situación fáctica en el caso ante nuestra atención no nos 

requiere ahondar sobre el asunto.
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Es por las razones expuestas que las decisiones de los foros 

administrativos están investidas de una presunción de regularidad y 

corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 

(2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). La presunción de corrección que

acarrea una decisión administrativa deberá sostenerse por los 

tribunales, a menos que la misma logre ser derrotada mediante la 

identificación de evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998); A.R.P.E. 

v. J.A.C.L., 124 DPR 858, 864 (1989). 

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Conforme 

a lo cual, habrá que determinar si la actuación de la agencia fue 

arbitraria, ilegal, caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso 

de discreción. Mun. De San Juan v. CRIM, 178 DPR 164, 175 (2010). Por 

tanto, la revisión judicial de una determinación administrativa se 

circunscribe a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 

4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9675; Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 (2016). 

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha identificado 

circunstancias en que corresponde no observar tal deferencia. En 

específico, dicho alto foro ha reconocido que la referida deferencia a las 

determinaciones administrativas cederá cuando: (1) la decisión no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha 
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errado en la aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación 

irrazonable o ilegal. Acarón, et al v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012); 

Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). 

B. Programa de Desvío 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone que será política pública del Estado 

reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos 

en forma efectiva, y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA Tomo 1; 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 619 (2012). 

Inicialmente, bajo la Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974, Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, según enmendada, (Ley 

Núm. 116), que dio lugar a la creación de la Administración de 

Corrección, predecesora del DCR, se delegó en dicha agencia administrar 

un sistema correccional integrado e implantar enfoques para estructurar 

formas de tratamiento individualizado y programas de rehabilitación en 

la comunidad, de conformidad al propósito constitucional citado en el 

párrafo que precede. Art. 4, 4 LPRA sec. 1111. La misma legislación 

citada contempló que la agencia pública a cargo del sistema correccional 

proveyera programas de trabajo, estudio o tratamiento para los 

confinados, en tanto fueran compatibles con la seguridad pública. Art. 5, 

4 LPRA sec. 1112.

Eventualmente, el 21 de noviembre de 2011, se aprobó el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 

(Plan 2-2011), a través de la Ley Núm. 182-2009, 3 LPRA Ap. XVIII, 

derogando expresamente la citada Ley Núm. 116. Bajo el referido Plan

fue creado el DCR, consolidando en éste la Administración de Corrección 

y la Administración de Instituciones Juveniles. Art. 4 del Plan 2-2011. 
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Entre las facultades que le confirió el Plan 2-2011 al DCR se encuentran

las de: (1) diseñar y operar un sistema diversificado de instituciones, 

programas y servicios que viabilice la implantación de un tratamiento 

individualizado y adecuado para los transgresores y los miembros de la 

población correccional; y (2) desarrollar métodos de rehabilitación en las 

comunidades, los cuales podrán incluir entre otros, programas de 

trabajo, estudio o tratamiento, cuando ello sea compatible con la 

seguridad pública. 3 LPRA, AP. XVIII, Art. 7.

En específico, el Artículo 16 del Plan 2-2011 dispone que:

El Secretario establecerá mediante reglamento los objetivos 

de cada programa de desvío, cómo habrán de operar, los 

criterios y condiciones para la concesión de dicho privilegio, 

así como también los criterios, condiciones y procesos que 

habrá de seguirse para la revocación del privilegio y 

administrará los programas de desvío donde las personas 

convictas puedan cumplir parte de su sentencia fuera de la 

institución correccional. La opinión de la víctima habrá de 

tomarse en consideración como uno de los criterios para 

conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la 

población correccional en un programa de desvío. 3 LPRA, 

Ap. XVIII, Art. 16. 

Sin embargo, el mismo artículo indicó qué confinados no serían

elegibles para participar en los programas de desvío establecidos por el 

DCR. En lo concerniente al caso de epígrafe, el Art. 16 del Plan 2-2011 

desde un principio estableció que no sería elegible: toda persona convicta 

por el delito grave de segundo grado o de un delito de mayor severidad. 

Posteriormente, el referido artículo 16 del Plan 2-2011 fue 

enmendado por la Ley 79-2022, pero el artículo 16 no sufrió cambio 

respecto a la exclusión de ciertos delitos por los cuales los confinados no 

podrían beneficiarse del programa de desvío. En específico, en el citado 

artículo se mantuvo la exclusión de los programas de desvío, en lo 

pertinente, a: toda persona convicta por delito grave de primer grado. 

Se ha de tomar en consideración que, a tenor con el Plan 2-2011, 

se aprobaron los Reglamento[s] del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria, Núm. 8177 de 12 de abril de 2012, Núm. 8559 de 17 de 
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febrero de 2015, y Núm. 9242 de 11 de diciembre de 2020. Todos los 

reglamentos aludidos también excluían de participar de los programas de 

desvío a las personas convictas por delito grave de segundo grado o de 

un delito de mayor severidad y violaciones a la Ley de Armas. En idéntica 

manera, el vigente Reglamento Núm. 9488 de 9 de agosto de 2023,

(Reglamentó Núm.9488), excluyó de la participación de los programas de 

desvío a aquellos convictos de delito grave de primer grado, y toda 

persona convicta por violación a Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, y 

sus leyes antecesoras. Reglamento Núm. 9488, Artículo VIII. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos

a.

Sin resultar necesario reproducir los datos ya incluidos en el tracto 

procesal, aduce el recurrente que incidió el DCR al determinar que no 

cualificaba para participar en los siguientes: (1) Programa Extendido con 

Monitoreo Electrónico; (2) Programas Comunitarios de Base Religiosa y de 

Fe; y (3) Programas Comunitarios Seculares. Según el recurrente, el error 

del DCR yace en denegar la concesión de los privilegios 

fundamentándose únicamente en la fecha de la comisión de los delitos, 

sin analizar los méritos de elegibilidad y su ajuste institucional. El señor 

Laureano Bermúdez argumenta que ha completado una parte sustancial 

de su sentencia y que ha exhibido buena conducta, completando los 

talleres y terapias que brinda el DCR. Asimismo, sostiene que no tiene 

querellas ni informes disciplinarios y que se encuentra en custodia 

mínima. A tenor, argumenta que cumple satisfactoriamente con todos los 

requisitos para beneficiarse de los programas de desvío. Por otro lado, el 

recurrente arguye que debió ser elegible a los programas conforme a la 

Ley 79-2022, y que las exclusiones establecidas en el Plan 2-2011, según 

enmendado, no les aplican a las personas sentenciadas previo a la 

creación de los programas de desvío. 
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Respecto a lo aseverado por el recurrente, conviene iniciar por 

reconocer que es cierto que su expediente refleja que ha exhibido buena 

conducta, ha hecho serios ajustes, completado talleres y terapias, sin

que se observen informes de indisciplina, ni querellas administrativas en 

su contra, lo que resulta encomiable y marca una ruta importante en su 

proceso de rehabilitación. 

Sin embargo, tales buenos ajustes del confinado, que en modo 

alguno minimizamos, no resultan suficientes para la concesión del 

beneficio al que aspira, puesto que el Legislador ha determinado no 

reconocerlo en casos como los del recurrente. Es por esto que, juzgamos,

a pesar de la citación que hace el recurrente en su recurso de revisión 

judicial de la legislación y reglamentación que gobierna la concesión del 

beneficio del programa de desvío, lo cierto es que no se detuvo a discutir, 

y ni siquiera reconoció las excepciones que el Legislador impuso a la 

concesión de dicho beneficio, y han quedado consistentemente 

plasmadas en la reglamentación que a tales fines ha sido aprobada. Es 

decir, el recurrente eludió discutir la expresa exclusión del beneficio de 

desvío a confinados sentenciados por haber cometido asesinato en 

primer grado, como es su caso.

Según adelantamos, el recurrente fue sentenciado el 12 de 

septiembre de 1989 a cumplir una pena de noventa y nueve años de 

cárcel por los delitos de: asesinato en primer grado, tentativa de robo y 

Ley de Armas. Para la fecha de los hechos por los cuales resultó convicto, 

se encontraba vigente la Ley Núm. 116, la cual expresamente establecía 

que sería inelegible para participar de programas de desvío o tratamiento 

y rehabilitación aquella persona convicta que estuviera cumpliendo 

sentencia por delito de asesinato. De esta manera, al momento de ser 

sentenciado, el recurrente no tenía ninguna expectativa de participar de 
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los programas de desvío, puesto que estaba excluído al haber sido 

sentenciado por el delito de asesinato en primer grado. 

Además, según trazamos en la exposición de derecho, no hemos 

encontrado legislación o reglamentación alguna que viabilice la concesión 

del beneficio al que aspira el recurrente, cuando se trata de un confinado

que ha sido sentenciado a cumplir pena por asesinato en primer grado.

Contrario a lo alegado por el recurrente, el derecho vigente

expresamente lo excluye de poder beneficiarse de los programas de 

desvío. Según discutido, el Artículo VIII del Reglamento Núm. 9488 dejó 

plasmada la exclusión de los programas de desvío a toda persona 

convicta por delito grave de primer grado. Igualmente, el Artículo 16 del 

Plan 2-2011, según enmendado, expresamente excluye de los 

mencionados programas a las personas convictas por delito grave de 

primer grado. 

En consecuencia, aunque las resoluciones administrativas ante 

nuestra consideración denegaron la concesión de programas de desvío al 

recurrente basados exclusivamente en que no estaban disponibles al 

momento de los hechos delictivos por los cuales sentenciaron al 

recurrente, lo cierto es que la legislación o reglamentación subsiguiente 

tampoco viabilizó tal concesión en casos como el del recurrente. Es a 

partir de este hecho que valoramos las actuaciones del DCR como 

razonable. 

IV. Parte dispositiva

Por los fundamentos expuestos, se confirman las resoluciones 

recurridas. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones