Número Identificador

SEN2024_____________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

CARIBBEAN MEDICAL

CANNABIS CENTER, LLC/

EARTH GIFT

RECURRENTE

v.

JUNTA

REGLAMENTADORA DEL

CANNABIS MEDICINAL

AGENCIA RECURRIDA

KLRA202400093

Revisión 

administrativa

procedente de la 

Junta 

Reglamentadora del 

Cannabis Medicinal

Caso Núm.

JRCM-2022-014

Sobre:

INFRACCIÓN NÚM 

CM-NI-2021-165

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2024.

La recurrente, Caribbean Medical Cannabis Center, LLC, en 

adelante CMCC, mediante recurso de revisión administrativa solicitó 

la revocación de la determinación de la Junta Reglamentadora del 

Cannabis Medicinal, en adelante JRCM, en la que se le impone un 

conjunto de multas que suman la totalidad de $70,000.00. Además,

cuestiona las determinaciones de la JRCM sobre el peso y manejo 

de la prueba.

La recurrida, Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal,

presentó oposición al recurso solicitando la desestimación de la 

misma.

Los hechos esenciales para comprender la determinación que 

hoy tomamos son los siguientes:

I.

La parte recurrente es una corporación autorizada en Puerto 

Rico para la venta de cannabis medicinal con número de licencia 

CM-2021-288, expedida por la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal. Caribbean Medical Cannabis Center es la operadora del 

dispensario Earth Gift en Plaza Luquillo, ubicado en la carretera PR 
KLRA202400093 2

193, Calle Fernández García en el Barrio Mata de Plátano, Luquillo, 

Puerto Rico.

El 8 de abril de 2022, en horas de la mañana, según los 

hechos expuestos, la JRCM recibió una confidencia en donde se 

alegaba que el dispensario operado por CMCC se encontraba 

operando sin servicio de energía eléctrica ni agua potable. Como 

resultado, en la tarde, la Agencia procedió a enviar a dos inspectores 

a las instalaciones del dispensario. Véase, resolución recurrida en 

las págs. 67-70 del recurso de revisión.

Al personarse en el lugar, los inspectores corroboraron que, 

en efecto, las instalaciones se encontraban sin servicio de energía 

eléctrica y sin generador eléctrico, mientras continuaban con las 

operaciones desde el día 6 de abril de 2022, cuando ocurrió un 

apagón general. Por lo tanto y, a raíz de la inspección, el 14 de abril 

de 2022, la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal impuso 

una serie de multas por infracciones al Reglamento para Manejar el 

Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, 

Normas Aplicables y Límites, aprobado al amparo de la Ley 42-

2017.1 Las multas impuestas por la Junta fueron que:

(1) El establecimiento no notificó a la Oficina sobre la 

pérdida de acceso al sistema de rastreo y, por lo

tanto, incumplió con el Art. 46, inciso (I), sub inciso 

(3), y con el Art. 46, inciso (M) del Reglamento 9038, 

razón por la que se le impuso una multa de 

$20,000.00. (Primera Infracción Grave).

(2) El establecimiento no tenía en funcionamiento el 

sistema de alarmas de seguridad y, por tanto, 

incumplió con el Art. 50, inciso (B), sub inciso (2), y 

con el Art. 50, inciso (I) del Reglamento 9038, por lo 

que se le impuso una multa de $5,000.00. (Primera 

Infracción Leve).

(3) El Establecimiento no tenía en funcionamiento el 

sistema de vigilancia por video y, por tanto, 

incumplió con el Art. 50, inciso (C); inciso (D); inciso 

(G), sub inciso (1) y el Art. 50 (I) del Reglamento 

1 Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la 

Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, Ley Núm. 42 de 9 

de julio de 2017, 24 LPRA sec. 2621 et seq.
KLRA202400093 3

9038, por lo que se le impuso una multa de 

$5,000.00. (Primera Infracción Leve).

(4) En el establecimiento, el área de almacenamiento de 

inventario se encontraba sin mecanismos de 

seguridad y, por tanto, se incumplió con el Art. 53, 

inciso (C) y con el Art. 123, inciso (A), sub inciso (1) 

del Reglamento 9038, por lo que se le impuso una 

multa de $20,000.00. (Primera Infracción Grave).

(5) El establecimiento no contaba con iluminación 

adecuada en el área de procesamiento y 

almacenamiento de productos de cannabis 

medicinal y, por tanto, se incumplió con el Art. 58, 

inciso (C), sub inciso (10) y Art. 60, inciso (A), sub 

inciso (1) y sub inciso (4) y, a tenor con el Art. 123,

inciso (A), sub inciso (1) del Reglamento 9038, por lo 

que se le impuso una multa de $20,000.00. (Primera 

Infracción Grave).

(6) El establecimiento mantuvo operaciones luego de 

haber sido apercibido de un cierre inmediato, sin la 

aprobación previa de la Oficina y, por tanto, el 

establecimiento incumplió con el Art. 144 y con el 

Art. 123, inciso (A), sub inciso (2) del Reglamento 

9038, por lo que se impuso multa de $20,000.00. 

(Primera Infracción Grave).2

Así las cosas, la parte recurrente presentó, dentro del término

establecido en ley, el 29 de abril de 2022, un recurso de revisión 

ante la Agencia Administrativa solicitando la Revisión y 

Desestimación de las Multas Administrativas. La vista en su fondo 

se efectuó el 14 de diciembre de 2022. Prácticamente, un año 

después, el 12 de diciembre de 2023, la Oficial Examinadora rindió 

su informe ante la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal

para el presente caso. En el mismo, se expuso—en esencia—como 

determinaciones de hechos, que:

(1) el día 8 de abril de 2022, los inspectores Yordalis 

Rivera Maldonado y Adair E. Pérez Torres, acudieron 

al establecimiento Caribbean Medical Cannabis 

Center LLC h/n/c Earth Gift, ubicado en la Carr. PR 

193, Calle Fernández García, Plaza Luquillo, Local 6 

y 7, en el Municipio de Luquillo, Puerto Rico por una 

confidencia que aludía a que el establecimiento se 

encontraba operando sin servicio de energía 

eléctrica.

2 Se dejó sin efecto por la JRCM, así resulta del Informe de la Oficial Examinadora 

y de la Resolución Final de la Agencia.
KLRA202400093 4

(2) al llegar al lugar, los inspectores constataron que, en 

efecto, en el local no había servicio eléctrico y que el 

local estaba operando.

De igual forma, y aun cuando no lo consignó en la parte del 

Informe como determinaciones de hechos, la Examinadora concluyó

que de la prueba documental y testifical presentada en la vista 

evidenciaria lo siguiente:

(1) El 8 de abril, día en que los inspectores acudieron 

al establecimiento, la primera puerta no tenía 

mecanismo de seguridad.

(2) En la segunda puerta fueron atendidos por el

guardia de seguridad, Saúl Mercado, quién le

brinda el acceso al interior del establecimiento.

(3) Ese acceso brindado por el guardia de seguridad es 

a través del uso de una puerta con llave.

(4) Una vez dentro del local, fueron atendidos por los 

empleados Kevin Agosto y Verónica Mangual.

(5) Que la falta de servicios de energía ocasionaba que 

las puertas no tuvieran mecanismo de seguridad.

(6) Que de la evidencia presentada no surge que el 

dispensario informara de la pérdida de energía y, 

por consiguiente, de la alegada falta de 

mecanismos de seguridad electrónica y pérdida del 

acceso al sistema de rastreo.

(7) Que, a preguntas de los inspectores, los empleados 

aseguraron estar sin el servicio de energía eléctrica 

desde el 6 de abril de 2022.

(8) Que no poseían un generador eléctrico que les 

supliera de energía ante la falta de servicio de 

electricidad.

(9) El 8 de abril de 2022, en horas de la tarde, la 

Oficina de la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal había emitido una Orden de Acción 

Inmediata ordenando el cierre inmediato del 

establecimiento y solicitando notificación en caso 

de recuperación del servicio eléctrico.

(10) El 8 de abril de 2022 regresó el servicio eléctrico y 

lo notificaron por mensaje de texto al inspector, 

eventualmente, enviaron correo electrónico a la 

oficina notificando la recuperación del servicio.

(11) El 11 de abril de 2022 se presentaron nuevamente 

los inspectores en el local para confirmar la 

recuperación del servicio.

(12) Que, de esta última inspección, aseguran que el 

local contaba con los servicios de energía eléctrica 
KLRA202400093 5

y, a su vez, con mecanismos de seguridad 

funcionando, adicional a poseer un generador 

eléctrico. Ordenando, así, la reapertura del local.

(13) También corroboraron que sin la autorización de la 

Oficina se había desprendido la cinta adhesiva 

colocada en la puerta de la bóveda con la firma, 

fecha y hora donde se custodiaron todos los 

productos de Cannabis Medicinal.

(14) El 14 de diciembre de 2022, el día de la vista en su 

fondo, CMCC presentó como testigos a Enrique 

Domínguez y a la señora Melissa Pagán, a quién 

ofrecieron como perito, aunque no fue aceptada por 

lo que la parte optó por no utilizar su testimonio.

Días después de rendido el informe, la Junta Reglamentadora

del Cannabis Medicinal acogió las recomendaciones de la Oficial 

Examinadora y declaró NO HA LUGAR la petición de desestimar las 

multas, archivando solo una de éstas. La Resolución Final fue 

notificada el día 24 de enero de 2024.

Inconforme, CMCC presentó oportunamente recurso de 

revisión administrativa ante nos, señalando los siguientes errores:

(1) Erró la JRCM al establecer que el peso de la prueba 

en demostrar el funcionamiento de los mecanismos 

de seguridad le pertenecía a la parte Recurrente en 

lugar de la agencia administrativa que impuso las 

multas.

(2) Erró la JRCM al imponer multa de $20,000.00 por 

infracción al Artículo 46, Inciso (I), Sub Inciso (3), y 

a tenor con el Artículo 46, Inciso (M) del Reglamento 

9038.

(3) Erró la JRCM al imponer multa de $5,000.00 por 

infracción al Artículo 50, Inciso (B), Sub Inciso (2), y 

a tenor con el Artículo 50, Inciso (I) del Reglamento 

9038.

(4) Erró la JRCM al imponer multa de $5,000.00 por 

infracción al Artículo 50, Inciso (C), Inciso (D), Inciso 

(G), Sub Inciso (1), y a tenor con el Artículo 50, Inciso 

(I) del Reglamento 9038.

(5) Erró la JRCM al imponer multa de $20,000.00 por 

infracción al Artículo 53, Inciso (C), y a tenor con el 

Artículo 123, Inciso (A), Sub inciso (1) del 

Reglamento 9038.

(6) Erró la JRCM al imponer multa de $20,000.00 por 

infracción al Artículo 58, Inciso (C), Sub Inciso (10) 

y Artículo 60, Inciso (A), Sub Inciso (1) y Sub Inciso 

(4), y a tenor con el Artículo 123, Inciso (A), Sub 

inciso (1) del Reglamento 9038.
KLRA202400093 6

(7) Erró la JRCM al no permitir el testimonio pericial de 

la testigo de la parte aquí Recurrente, Melissa Pagán.

El 1 de abril de 2024, la JRCM presentó su oposición al

recurso.

Evaluados los planteamientos de ambas partes resolvemos.

II.

A. Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del 

Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley 

MEDICINAL”), y la Facultad de la Junta para Reglamentar, 

Investigar, Imponer Multas y Adjudicar

La industria del cannabis es una altamente regulada, de 

manera que solo se permite su uso para fines medicinales y 

científicos, reiterando la prohibición del uso recreacional y el mal 

manejo de esta sustancia.

La Ley 42-2017 provee un marco regulatorio que permite una 

alternativa legítima de tratamiento con cannabis para las personas 

con ciertas condiciones médicas. Además, el Gobierno prioriza el 

papel de la investigación y desarrollo científico, así como la 

integración de la Academia en el estudio del Cannabis y su uso para 

efectos médicos. Exposición de Motivos de la Ley. Esta ley crea como 

ente encargado de administrar el programa de cannabis medicinal,

la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. 24 LPRA sec. 

2621a(k). La JRCM es un Cuerpo Asesor Médico compuesto por el 

Secretario de Salud o su representante, dos médicos, un 

farmacéutico y un miembro de la academia con experiencia en 

investigación. Está adscrita al Departamento de Salud y goza de 

todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a cabo y 

realizar los propósitos y disposiciones de la Ley 42-2017. 24 LPRA 

sec.2622a(a).

Como anticipamos, el Artículo 5 de la Ley Núm. 42-2017,

establece expresamente las facultades que le fueron concedidas a la 

Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal para llevar a cabo los 
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propósitos expuestos en el referido estatuto. Estas facultades 

incluyen, pero sin limitarse a, las siguientes:

[...]

k. Emitir reglamentos para instrumentar esta Ley 

conforme a la Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como “Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme”.3

l. Celebrar vistas públicas conforme a su función 

adjudicativa. Adjudicar casos de asuntos bajo su 

jurisdicción cuando así lo requiera la Ley Núm. 170 de

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.

4

m. Realizar inspecciones a los tenedores de licencias.

n. Emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias 

e imponer multas administrativas conforme a las 

disposiciones de esta Ley y los reglamentos que 

promulgue para instrumentar la misma.

[...]

p. Cualquier otro poder que sea necesario para lograr 

los propósitos de esta Ley. 24 LPRA sec. 2622a.

En Puerto Rico nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido 

la facultad de las agencias para imponer sanciones monetarias por 

violación a las leyes y reglamentos que estos administran. De hecho,

la Asamblea Legislativa ha establecido mediante la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

una regla general en la que faculta a las agencias a multar por un 

máximo de $5,000.00 por infracción. Reconociendo como excepción, 

que cuando la ley especial de que se trate establezca cuantía mayor, 

se podrá imponer la cantidad mayor. 3 LPRA sec. 9701.

Cónsono a esto, la Ley 42-2017 expresamente le concede a la 

JRCM el poder de imponer multas administrativas por cada 

violación hasta un máximo de $100,000.00 a toda persona, natural 

o jurídica, que viole la ley o el reglamento. 24 LPRA sec. 2626d.

3 Ley Derogada por la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico,” Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 3 LPRA 

9601, et seq.

4 Íd.
KLRA202400093 8

Conforme a su poder de reglamentación, la JRCM aprobó el 

Reglamento Núm. 9038, conocido como Reglamento para Manejar el 

Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, 

Normas Aplicables y Límites, en adelante el Reglamento. Este 

establece las reglas que regirán los procedimientos relacionados con 

la radicación, trámite y adjudicación de las solicitudes ante la 

JRCM. Además, aplica a todos los procesos sobre los cuales la JRCM

tiene jurisdicción y competencia. Reglamento Núm. 9038, Artículo 

2. El mismo aplica a toda persona, natural o jurídica que, use, 

posea, cultive, manufacture, transporte, realice pruebas de calidad 

o lleve a cabo estudios científicos sobre el Cannabis y sus derivados 

en Puerto Rico, trabaje para un establecimiento de Cannabis 

Medicinal y participe de una manera u otra en la Industria del 

Cannabis Medicinal. Reglamento Núm. 9038, Artículo 4. El capítulo 

IX del Reglamento Núm. 9038 establece una serie de requisitos 

específicos aplicables a los establecimientos de Cannabis Medicinal, 

tales como sistema de rastreo, licencia sanitaria y equipo de 

primeros auxilios, horarios de operación, requisitos de seguridad y 

otros más. De igual manera establece la gravedad de la infracción 

en caso de no cumplir con la rigurosa reglamentación. El Artículo 

124, Capítulo XXIV, sobre Infracciones, categoriza estas en dos 

clases, leves y graves, así como también establece una aplicación 

progresiva dependiente de la recurrencia de la falta. Fija, entre otras 

cuantías, la de primera infracción leve en $5,000.00 y la de primera 

infracción grave $20,000.00. Véase, Art. 124 del Reglamento Núm. 

9038.

B. Revisión Judicial sobre Determinaciones de Agencias y 

Apreciación de la Prueba

Las determinaciones de las agencias administrativas están 

sujetas a la revisión judicial del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA 

sec. 24y(c). El Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de 
KLRA202400093 9

derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. 3 LPRA sec. 9676.

Precisamente, sobre la revisión judicial de las 

determinaciones de hecho de las decisiones de las agencias, serán

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo. Las conclusiones de derecho 

serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 

9675.

El examen jurídico de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a determinar si las agencias han actuado en forma 

arbitraria, caprichosa, ilegal o tan irrazonablemente que constituya 

un abuso de discreción. Al evaluar, los tribunales revisores hemos 

de otorgar deferencia a las decisiones administrativas, pues estos 

organismos gubernamentales gozan de experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos ante su consideración, lo cual 

ampara sus dictámenes con una presunción de legalidad y 

corrección. Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 211 

DPR 99, 113-114 (2023); OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-

89 (2022); Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 

(2021); Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 

(2020); Municipio de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).

En fin, los dictámenes de las agencias gozan de una presunción de 

legalidad y corrección que subsiste mientras no se produzca 

suficiente prueba para derrotarla. Hernández Feliciano v. Municipio 

de Quebradillas; supra, pág. 114; OEG v. Martínez Giraud, supra, 

pág. 88-89; Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 130 (1998).

La parte que impugna judicialmente las determinaciones de 

hechos de una agencia tiene el peso de demostrar que no están 

basadas en el expediente o que las conclusiones del foro 
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administrativo son irrazonables. La razonabilidad es el criterio 

rector al momento de pasar juicio sobre la decisión de una agencia. 

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas; supra, pág. 115; 

OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Torres Rivera v. Policía de 

PR, 196 DPR 606, 626 (2018); González Segarra et al. v. CFSE, 188 

DPR 252, 276–278 (2013); OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178–179 

(2012); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).

La evidencia sustancial que surge de la totalidad del 

expediente y en la que debe estar basada la determinación 

administrativa, ha sido definida jurisprudencialmente como aquella 

que es relevante y que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. Así las cosas, ha de quedar 

claro que la deferencia no es absoluta y, por tanto, no implica que 

la evidencia sustancial esté sostenida por un ligero destello de 

evidencia o por simples inferencias. De manera que, el crisol 

evaluativo de las determinaciones administrativas siempre estará 

guiado por el concepto de razonabilidad, conforme la evaluación del 

expediente administrativo en su totalidad. OEG v. Martínez Giraud, 

supra, pág. 89. Amparados en la deferencia y razonabilidad, los 

tribunales analizarán las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos. González Segarra et al. v. CFSE, supra.

En cuanto a las determinaciones de derecho de las agencias, 

estas son revisables en todos sus aspectos. 3 LPRA sec. 9675. La 

revisión se ciñe a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue el apropiado, (2) las determinaciones de hecho de la 

agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo visto en su totalidad y (3) las conclusiones 

de derecho fueron correctas. El respeto a la resolución 

administrativa se sostiene hasta que no se presente evidencia 

suficiente para derrotar la presunción de legalidad. OEG v. Martínez 

Giraud, supra, pág. 89; Hernández Feliciano v. Municipio de 
KLRA202400093 11

Quebradillas; supra, pág. 115; Moreno Lorenzo y otros v. Depto. 

Fam., supra, págs. 839–840; Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 

204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 

626–627.

La deferencia a la interpretación que las agencias hacen sobre 

las leyes que le corresponde poner en vigor, cede cuando: 1) erró al 

aplicar la ley, 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente o 3) 

lesionó derechos constitutivos fundamentales. El criterio 

administrativo no prevalece, cuando la interpretación estatutaria 

que realiza la agencia provoca un resultado incompatible o contrario 

al propósito para el cual se aprobó la legislación y con la política 

pública promovida. Es decir, la deferencia cede ante una 

determinación que resulte irrazonable, ilegal o que conduzca a la 

comisión de una injusticia. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90-

91. Por ello, los tribunales tienen que armonizar, siempre que sea 

posible, todos los estatutos y reglamentos administrativos 

involucrados para la solución justa de la controversia, de modo que 

se obtenga un resultado sensato, lógico y razonable. Moreno Lorenzo

y otros v. Depto. Fam., supra, pág. 843.

Así también, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha insistido 

que, en cuanto a las revisiones judiciales, en consideración a la 

norma de corrección que cobija a las determinaciones realizadas por 

el foro primario, cuando un peticionario señala errores dirigidos a 

cuestionar la apreciación o suficiencia de la prueba, la naturaleza 

del derecho apelativo requiere que éste ubique al foro revisor en 

tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro primario utilizando alguno 

de los mecanismos de recopilación de prueba oral, como lo son: (1) 

transcripción de la prueba, (2) exposición estipulada o (3) exposición 

narrativa. Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR 654 (2023).

En consonancia y, específicamente en el contexto de un 

proceso administrativo, en Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 
KLRA202400093 12

LLC, 202 DPR 117 (2019), en el contexto de un proceso 

administrativo, se impugnó la apreciación de la prueba y, sobre ello, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló lo siguiente:

“[c]uando la impugnación de las determinaciones de 

hecho se base en la prueba oral desfilada, así como en 

la credibilidad que le mereció a la agencia 

administrativa, este Tribunal ha expresado que ‘[e]s 

imprescindible que se traiga a la consideración del foro 

revisor la transcripción de la vista celebrada o una 

exposición narrativa de la prueba.” Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).

Dicho de otro modo, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba oral hecha por la agencia 

recurrida cuando no se tiene forma de evaluar la evidencia 

presentada, debido a que la parte promovente no elevó una 

transcripción o una exposición narrativa de tal prueba. J.A. 

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, San 

Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 325.

Cuando se apuntare error en la apreciación de la prueba oral 

o que alguna determinación de hechos no esté sostenida por la 

prueba y sea necesario recurrir a la reproducción de la prueba oral, 

la parte recurrente lo hará constar en moción por separado,

presentada junto al escrito inicial de revisión. De no solicitarlo así 

la parte recurrente, las demás partes podrán efectuar igual solicitud 

dentro de diez días contados a partir de la notificación del recurso 

de revisión. En dicha moción, la parte interesada sustanciará y 

probará la necesidad de recurrir a la prueba oral, con vista a las 

determinaciones de hechos de la agencia o del funcionario o 

funcionaria, haciendo referencia a las cuestiones planteadas en la 

solicitud de revisión y al contenido de los testimonios específicos que 

se interesa utilizar. La omisión de cumplir con esta regla podrá dar 

lugar a que se declare sin lugar la moción. La reproducción de la 

prueba oral se hará conforme a lo estatuido en las Reglas 76 y 76.1 

de este Reglamento, debiendo efectuar la agencia los trámites que 
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corresponden al Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 66.

Es sabido, y así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico, 

que los tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a 

cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante 

alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro 

primario. Pueblo v. Pérez Delgado, supra, pág. 671. El Máximo Foro 

Judicial local ha reiterado en múltiples ocasiones las disposiciones 

reglamentarias que gobiernan los recursos que se presentan ante el 

Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente. Así, los 

abogados vienen obligados a dar fiel cumplimiento al trámite 

prescrito en las leyes y en los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos, y no puede quedar al arbitrio de 

los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias aplican y 

cuándo. De esta forma, es tarea del recurrente presentar al foro 

revisor la prueba oral bajo la que se pretende impugnar las 

determinaciones del tribunal a quo. Pueblo v. Pérez Delgado, supra, 

págs. 671-672.

Es decir, que el recurrente o la parte que impugna la 

adjudicación de apreciación y credibilidad de la prueba oral 

desfilada tiene el deber y obligación de colocar al Tribunal de 

Apelaciones en posición de atender correctamente sus 

planteamientos, mediante la presentación de la transcripción de la 

vista o, en remedio, con una exposición narrativa.

El Tribunal Supremo en el caso OEG v. Martínez Giraud, 

supra, estableció que:

“es un principio reconocido que, de ordinario, el peso de 

la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de 

no presentarse evidencia, o quien sostiene la afirmativa 

en el asunto en controversia. De esta forma, aquel que 

busca de un remedio o una sanción en el ámbito 

administrativo, al igual que en el judicial, tiene que 

probar su caso. Es decir, tiene que evidenciar, con 

prueba suficiente en derecho, que sus alegaciones no 

constituyen meros señalamientos, sino un reclamo 
KLRA202400093 14

cierto y sostenible. Lo contrario, atentaría contra los 

principios más elementales de la justicia.” OEG v. 

Martínez Giraud, supra, pág. 97.

Añade el Tribunal Supremo que, cuando la parte querellada 

se enfrenta a un proceso adversativo que pudiera implicar una 

multa cuantiosa o, en peor escenario, hasta la pérdida o destitución 

del empleo, la carga probatoria no puede recaer, bajo ningún 

concepto, en el querellado. OEG v. Martínez Giraud, supra.

El Máximo Foro local expresa categóricamente que el peso de 

la prueba le corresponde de principio a fin a la Agencia. Y, por 

consiguiente, es totalmente inaceptable, desde el punto de vista de 

responsabilidad pública, permitirles a las agencias que presenten 

querellas sin tan siquiera poseer prueba mínima para poder probar 

los cargos e infracciones que le imputan al querellado. Más aún, 

ante un caso en donde la parte querellada sufre de un menoscabo 

en su interés propietario. Merrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 

138 DPR 215, 221 (1995). Véase, además, Torre Solano v. PRTC, 127 

DPR 499, 523 (1990), D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra 

ed., FORUM, (2013), p. 834.

III.

Ante el recurso presentado es menester establecer, en un 

principio, las diferencias entre las determinaciones de derecho y, de 

hecho. Esto debido a que el recurrente realiza cuestionamientos de 

ambos tipos de determinaciones. Es altamente sabido que, sobre los 

cuestionamientos de derecho, los tribunales revisores pueden entrar 

a considerar todos los aspectos de éstas. Por otro lado, con los 

cuestionamientos de hechos, existe una presunción de legalidad y 

corrección que solo puede ser rebatida con evidencia sustancial.

Como primer error, la CMCC plantea que erró la JRCM al 

establecer que el peso de la prueba en demostrar el funcionamiento 

de los mecanismos de seguridad le pertenecía a la parte recurrente 
KLRA202400093 15

en lugar de la agencia administrativa que impuso las multas. Sobre 

este señalamiento de error podemos concluir que le asiste la razón. 

En el foro administrativo, el peso de la prueba lo tiene el querellante, 

en este caso la JRCM.

No hay duda en que, cuando la parte querellada se enfrenta a 

un proceso adversativo en la agencia administrativa que pudiera 

implicar una multa cuantiosa, la carga probatoria no puede recaer, 

bajo ningún concepto, en el querellado. Véase, OEG v. Martínez 

Giraud, supra, pág. 98. La agencia tiene la responsabilidad de 

demostrar que cuenta con la prueba mínima para probar los cargos 

contra el querellado. Esto como parte del debido proceso de ley,

durante una vista, en donde el querellado sufre un menoscabo en 

su interés propietario. Véase, D. Fernández Quiñones, op. cit., p. 

834.

En este caso, es la Junta Reglamentadora del Cannabis 

Medicinal quién comienza un proceso adversativo contra la parte 

querellada, aquí recurrente. Aquel que busca una sanción en el 

ámbito administrativo, al igual que en el judicial, tiene que probar 

su caso. Es decir, tiene que evidenciar, con prueba suficiente en 

derecho, que sus alegaciones no constituyen meros señalamientos, 

sino un reclamo cierto y sostenible. Lo contrario, atentaría contra 

los principios más elementales de la justicia. OEG v. Martínez 

Giraud, supra, pág. 97.

Ahora bien, en ausencia de una transcripción de la vista 

adjudicativa y de la prueba allí presentada, nos vemos

imposibilitados de cumplir a cabalidad con nuestra función 

apelativa.

Por estar ampliamente relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los planteamientos de error del 2 al 6. La CMCC plantea 

como error en la adjudicación que:
KLRA202400093 16

(2) Erró la JRCM al imponer multa de $20,000.00 por 

infracción al Artículo 46, Inciso (I), Sub Inciso (3), y 

a tenor con el Artículo 46, Inciso (M) del Reglamento 

9038.

(3) Erró la JRCM al imponer multa de $5,000.00 por 

infracción al Artículo 50, Inciso (B), Sub Inciso (2), y 

a tenor con el Artículo 50, Inciso (I) del Reglamento 

9038.

(4) Erró la JRCM al imponer multa de $5,000.00 por 

infracción al Artículo 50, Inciso (C), Inciso (D), Inciso 

(G), Sub Inciso (1), y a tenor con el Artículo 50, Inciso 

(I) del Reglamento 9038.

(5) Erró la JRCM al imponer multa de $20,000.00 por 

infracción al Artículo 53, Inciso (C), y a tenor con el 

Artículo 123, Inciso (A), Sub inciso (1) del 

Reglamento 9038.

(6) Erró la JRCM al imponer multa de $20,000.00 por 

infracción al Artículo 58, Inciso (C), Sub Inciso (10) 

y Artículo 60, Inciso (A), Sub Inciso (1) y Sub Inciso 

(4), y a tenor con el Artículo 123, Inciso (A), Sub 

inciso (1) del Reglamento 9038.

En primer lugar, la Asamblea Legislativa delega la facultad de 

imponer multas a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal.

También es cierto que las determinaciones que tomen las agencias 

son revisables ante nuestro Tribunal. No obstante, como hemos 

dicho antes, esto debe ser dentro del marco de deferencia al 

expertise de las mismas, por lo que les cobija una presunción de 

legalidad y corrección que solo puede ser derrotada con evidencia 

sustancial.

Si bien es cierto que, en el proceso administrativo, el peso de 

la prueba le corresponde a la agencia querellante, ante un proceso 

apelativo se revierte el peso de la prueba. Es decir que, en el proceso 

apelativo, el peso de la prueba corresponde a la parte recurrente o a 

aquella que trata de impugnar una determinación del foro primario.

Para entrar en los méritos de unas alegaciones como las de 

este caso, era deber de la parte recurrente colocar en posición a este 

tribunal, acorde a lo establecido en la jurisprudencia y en la Regla 

66 del Tribunal de Apelaciones. De esta forma, colocarnos en 

posición de evaluar evidencia sustancial que pueda derrotar tal 
KLRA202400093 17

presunción de corrección ante las agencias. Es decir, este Tribunal 

está impedido de ver en sus méritos tales alegaciones y de cumplir 

a cabalidad nuestra función revisora, sin una reproducción de la 

prueba sobre la que descansa la determinación del foro primario, en 

este caso, la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal.

Como séptimo error, el recurrente alega que la JRCM erró al 

no permitir el testimonio pericial de la testigo. Nos disponemos a 

resolver el derecho relacionado al caso de autos, más recalcamos 

que, la parte no nos pone en posición de atender el asunto.

Sobre la calificación del testigo pericial, el juzgador en el foro 

primario tiene una amplia discreción con relación a la admisión o 

exclusión de prueba pericial. Si concluye que un testigo no tiene las 

cualidades requeridas para declarar como perito, con relación a la 

materia que se está investigando, puede excusarlo. Sus 

determinaciones son ampliamente discrecionales, de manera que no 

podemos revocarle, a menos que sean claramente erróneas. S.L.G. 

v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 325 (2010); Salem v. US Line Co., 

370 US 31, 35 (1962).

El propósito del testimonio pericial se ampara bajo el 

fundamento de ayuda al juzgador. En este sentido, existen dos 

interpretaciones sobre el alcance al concepto de ayuda al juzgador: 

(1) cuando la opinión pericial recae sobre un asunto en que el 

juzgador tenga conocimiento general, pero ese conocimiento se verá 

expandido y particularizado por la ayuda pericial y; (2) cuando la 

prueba pericial es sobre materia que está fuera del alcance del lego, 

esto por su naturaleza científica o especializada. Véase, E.L. Chiesa 

Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, 1ra ed., USA, Publicaciones 

JTS, 2005, T. I, pág. 498.

A su vez, Chiesa nos dice que la ayuda al juzgador que 

justifica el testimonio pericial ha de ser extrajurídica. Por ejemplo, 

un juez no necesita peritaje jurídico—salvo en derecho extranjero. 
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Dicho de otra forma, la prueba de testimonio pericial no tiene valor 

probatorio, si realmente no es de ayuda pericial ante un juzgador 

cuyo expertise en el tema es altamente reconocido y goza de la 

deferencia de nuestros tribunales. La facultad y el expertise para 

interpretar el reglamento es de la agencia administrativa.

Expuesto todo el derecho, nos resulta imposible cumplir a 

cabalidad con nuestra función revisora y considerar cualquiera de 

los planteamientos de errores de hechos de la Agencia. Aun 

considerando que el peso de la prueba corresponde a la JRCM, 

concernía al recurrente colocarnos en posición, mediante la 

reproducción de la transcripción de la prueba oral, para revisar la 

supuesta actuación errónea de la Junta Reglamentadora del 

Cannabis Medicinal.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones