Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

TEKCEL, LLC

Apelante

v.

MUNICIPIO DE CIALES y 

OTROS

Apelado

KLAN202300953

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Arecibo

Civil Núm.:

CI2023CV00152

Sobre:

Mandamus

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Martínez Cordero y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.

Tekcel, LLC. (en adelante Apelante) acude ante nos, mediante 

recurso de Apelación y solicita la revisión y revocación de la 

Sentencia emitida el 29 de septiembre de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante TPI), Sala Superior de Arecibo2. 

Mediante dicho dictamen, el TPI desestimó su Petición de 

Mandamus.

I.

El 13 de junio de 20233, Tekcel, LLC presentó ante el TPI una 

Petición de Mandamus contra el Municipio de Ciales y el Hon. 

Alexander Burgos Otero (en adelante Apelado), en su capacidad 

oficial como alcalde del antedicho municipio. Tekcel, LLC alegó que 

el Apelado incumplió con su deber ministerial para recibir, aceptar 

y emitir recibo de pago de arbitrios de construcción y patentes 

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la 

Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución de la Hon. 

Giselle Romero García.

2 Véase el Apéndice del Apelante, a las págs. 41-45. Notificada el 29 de septiembre de 2023. 

3

Íd. a las págs. 1-21 
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municipales, sin justificación alguna en ley, para la construcción de 

una torre de telecomunicaciones en los predios del municipio. 

El presente pleito tiene su génesis el 13 de marzo de 2023 

cuando el Apelante presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe) una solicitud de permiso de construcción. El 20 de abril de 

2023 Tekcel, LLC fue notificada por la OGPe de un documento 

intitulado “Notificación de Requisitos para la Aprobación de Permiso 

de Construcción”. Este documento exige, como uno de los requisitos 

para la emisión del permiso de construcción, el pago de arbitrios de 

construcción y patentes municipales a favor del municipio donde se 

construirá la facilidad. El Apelante adujo que el Municipio se negó a 

recibir el pago, en contravención a su deber ministerial. A su vez, 

planteó que el ente competente para regular los endosos de planos 

de infraestructura para proyectos de Telecomunicaciones, lo es la 

Oficina de Gerencia de Permisos, a través de su Reglamento 

Conjunto de 2 de diciembre de 2020, sección 9.11.8 y citó la 

siguiente disposición:

Un eficiente sistema de telecomunicaciones es de 

importancia para la salud, seguridad y bienestar 

regional, así como para todo Puerto Rico. Asimismo, el 

endoso de planos de infraestructura y servidumbre para 

instalaciones de telecomunicaciones, televisión por 

cable, banda ancha y otros es una actividad que 

requiere reglamentación particular y aplicación 

uniforme de la misma; por lo que; su implantación 

corresponde al NET.

Las solicitudes de permiso para todo proyecto de 

infraestructura y servidumbre para instalaciones de 

telecomunicaciones, televisión por cable, banda ancha 

y otros serán consideradas por el Secretario Auxiliar de 

la OGPe. En los casos de los Municipios Autónomos se 

presentarán las solicitudes ante estos; no obstante, el 

municipio elevará la solicitud a la OGPe, dentro del 

término de diez (10) días siguientes a la presentación de 

la misma y deberá informar, simultáneamente, sobre 

dicha acción al solicitante, por escrito.

Además, citó disposiciones del Código Municipal de Puerto 

Rico, 21 L.P.R.A. sec. 70014:

4 Ley Núm. 107 del 13 de agosto de 2020, según enmendada. 
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Ningún municipio que tenga la facultad para evaluar y 

expedir permisos para el tipo de obra o proyecto, cuya 

facultad de consideración se retiene por las agencias 

públicas, podrá negarse a aprobar la obra o proyecto, 

de estar dicha obra o proyecto en conformidad con lo 

dispuesto por las agencias públicas, ni podrá modificar 

las condiciones impuestas por estas.

A su vez, el Apelante presentó como una disposición 

mandatoria al municipio, el Artículo 2.110 sec. 7332 del Código 

Municipal, y adujo que del antedicho artículo emanaba la obligación 

ministerial de recibir el pago de arbitrios de construcción y patentes 

municipales. En particular, que dicha sección dispone que una vez 

el proyectista notifica al municipio el costo de la obra, este cuenta 

con un término de 15 días para evaluar el estimado y aceptar o 

rechazar el mismo. El precitado artículo dispone lo siguiente:

Artículo 2.110-Pago del Arbitrio de ConstrucciónReclamaciones y Otros (21 L.P.R.A. sec. 7332)

Los municipios aplicarán las siguientes normas con 

relación al arbitrio de construcción:

(a) Radicación de Declaración- La persona natural o 

jurídica responsable de llevar a cabo la obra como 

dueño, o su representante, deberá someter ante la 

Oficina de Finanzas del municipio en cuestión una 

Declaración de Actividad detallada por renglón que 

describa los costos totales de la obra a realizarse. 

(b) Determinación del Arbitrio – El Director de Finanzas, 

o su representante autorizado, revisará el valor 

estimado de la obra declarada por el contribuyente 

en la Declaración de Actividad e informará su 

decisión mediante correo certificado con acuse de 

recibo o entrega registrada con acuse de recibo al 

solicitante antes de quince (15) días después de 

radicada la Declaración. El Director de Finanzas 

podrá:

(1) Aceptar el valor estimado de la obra declarado 

por el contribuyente, en cuyo caso le aplicará 

el tipo contributivo que corresponda y 

determinará el importe del arbitrio autorizado. 

(2) Rechazar el valor estimado de la obra 

declarado por el contribuyente, en cuyo caso 

este procederá a estimar preliminarmente el 

valor de la obra a los fines de la imposición del 

arbitrio, dentro del término improrrogable de 

quince (15) días, contados a partir de la 

radicación de la Declaración por el 

contribuyente. Efectuada esta determinación 

preliminar, la misma será notificada al 

contribuyente por correo certificado con acuse 

de recibo. 
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(c) Pago del Arbitrio- Cuando el Director de Finanzas, o 

su representante autorizado, acepte el valor 

estimado de la obra declarada por el contribuyente 

según el anterior inciso (b)(1), el contribuyente 

efectuará el pago del arbitrio correspondiente dentro 

de los quince (15) días laborables siguientes a la 

determinación final, en giro bancario, método 

electrónico o cheque certificado pagadero a favor del 

municipio. El oficial de la Oficina de Recaudaciones 

de la División de Finanzas emitirá un recibo de pago 

identificando que se trata del arbitrio sobre la 

actividad de construcción. Cuando el Director de 

Finanzas, o su representante autorizado, rechace el 

valor estimado de la obra e imponga un arbitrio 

según el inciso (b)(2) de este Artículo, el 

contribuyente podrá:

(1) Proceder dentro de los quince (15) días laborables 

siguientes al acuse de recibo, con el pago del 

arbitrio, aceptando así la determinación del 

Director de Finanzas como una determinación 

final. 

(2) Proceder con el pago del arbitrio impuesto bajo 

protesta dentro de los quince (15) días laborables 

siguientes al acuse de recibo de la notificación de 

la determinación preliminar; y, dentro del mismo 

término, solicitar por escrito la reconsideración 

de la determinación preliminar del Director de 

Finanzas, radicando dicha solicitud ante el Oficial 

de la Oficina de Recaudaciones ante quien se 

realice el pago. 

(3) Negarse a efectuar el pago, detener su plan de 

construcción, mover la fecha de comienzo de la 

obra y solicitar una revisión judicial, según lo 

dispuesto por el Artículo 1.050 de este Código, 

dentro del término improrrogable de veinte (20) 

días, contados a partir de la notificación de la 

determinación del Director de Finanzas. 

Todo contribuyente que pague el arbitrio 

voluntariamente o bajo protesta recibirá un 

recibo de pago, por lo que, a su presentación ante 

la Oficina de Permisos correspondiente, esta 

podrá expedir el Permiso de Construcción 

correspondiente. 

Así las cosas, el 23 de junio de 2023 el TPI celebró una vista 

de Mandamus, en la que, la parte Apelante presentó tres (13) 

Exhibits que fueron estipulados:

1. Carta del 8 de mayo de 2023 dirigida al alcalde de Ciales, 

Hon. Alexander Burgos Otero. 

2. Notificación de Requisitos para Aprobación de Permiso de 

Construcción.

3. Desglose de los Costos de Construcción.
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4. Determinación de Cumplimiento Ambiental.

5. Recomendación Ambiental.

6. Aprobación del Negociado de Telecomunicaciones. 

7. Aprobación del Departamento de Recursos Naturales.

8. Aprobación de Bomberos.

9. Aprobación del Programa de Arqueología.

10. Aprobación de la Oficina de Preservación de Sitios 

Históricos.

11. Aprobación de FAA.

12. Aprobación de Fish & Wildlife. 

13. Aprobación de Luma. 

Tras evaluar la solicitud del demandante, el Tribunal 

determinó que, a pesar de la admisión de evidencia documental, de 

haber evaluado los testimonios vertidos durante la vista y haber 

evaluado la Moción de Desestimación, presentada por la parte 

demandada y la Oposición de la parte demandante, este último no 

pudo demostrar lo siguiente:

(a) Que no dispone de otro remedio legal adecuado;

(b) Que existe un deber ministerial, es decir, un acto no 

discrecional de un deber impuesto por ley y el mismo emana 

de un cargo o función pública. 

En síntesis, que la parte demandante fracasó en señalar 

específicamente el estatuto del cual surge el acto mandatorio que 

debe realizar el alcalde.

Por todo lo cual, el TPI declaró No Ha Lugar con perjuicio, a la 

petición de Mandamus presentada por Tekcel, LLC.

Inconforme, el 26 de octubre de 2023, el Apelante recurre a 

nuestro foro mediante un Recurso de Apelación y señala el siguiente 

error:

A. Err[ó] el Honorable Tribunal de Instancia al 

declarar No Ha Lugar [a] la solicitud de petición de 

Mandamus y emitir Sentencia contrario a [d]erecho, 
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al razonar que la parte demandante falló en 

demostrar que carece de otro remedio legal 

adecuado y fracas[ó] en señalar específicamente el 

estatuto legal del cual surge el acto mandatorio que 

debe realizar el Alcalde. 

El 30 de octubre de 2023, este Tribunal concedió mediante 

Resolución, hasta el lunes, 27 de noviembre de 2023, a la Apelada, 

para presentar su alegato. Así las cosas, el 8 de diciembre de 2023, 

la Apelada presentó Escrito en Oposición a Apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II.

El Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3421, define el auto de mandamus como un recurso altamente 

privilegiado, dictado por un tribunal de justicia a nombre del 

Gobierno de Puerto Rico y dirigido a alguna persona, corporación o 

tribunal de inferior jerarquía, requiriéndole el cumplimiento de 

algún acto dentro de sus atribuciones o deberes ministeriales. El 

auto de mandamus sólo procede para exigir el cumplimiento de un 

deber impuesto por la ley; es decir, un deber calificado de 

“ministerial” y que, como tal, no admite discreción en su ejercicio, 

sino que es mandatorio e imperativo. AMPR v. Srio. Educación, ELA, 

178 DPR 253, 263 (2010). 

El requisito fundamental para expedir el recurso de 

mandamus es la constancia de un deber claramente exigido por ley 

que debe ser ejecutado. Si la ley prescribe y define el deber que debe 

cumplirse con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio, el acto es ministerial. Íd. Sin embargo, cuando 

la ejecución del acto o la acción que se describe depende de la 

discreción o juicio del funcionario, tal deber no es ministerial y como 

tal, queda fuera del ámbito del recurso de mandamus. Íd. 

El deber ministerial que exige el mandamus debe emanar de 

un empleo, cargo o función pública, por lo que el recurso procede 
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contra todos los funcionarios del ejecutivo. Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 449 (1994). Puede presentarse en contra de 

funcionarios públicos, cualquier agencia, junta o tribunal inferior de 

nuestro sistema judicial, siempre que éstos estén obligados a 

ejecutar un acto por mandato de ley. Art. 650 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3422.

El auto de mandamus, como lo expresa la ley, es uno 

“altamente privilegiado”. Ello significa que su expedición no se 

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana 

discreción del foro judicial. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra; 

Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 19 DPR 850 (1913).

Su expedición no procederá en los casos en que se encuentre 

un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. Art. 651 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423.

La petición de mandamus debe justipreciarse a la luz de 

diversos requerimientos, entiéndase: (1) que el demandado tenga un 

deber u obligación ministerial impuesto por ley; (2) que el 

peticionario tenga un interés especial en el derecho que reclama; (3) 

que el deber de actuar de la agencia y el derecho del peticionario 

surja de la ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario no 

tiene otro remedio legal para hacer valer su derecho; y (5) que, 

estimado el efecto que tendrá la expedición del auto, el Tribunal 

entienda que los fines de la justicia obligan a su expedición. Véase, 

32 L.P.R.A secs. 3421-3423.

Es importante resaltar, que la carga probatoria en la 

concesión o denegación de un auto de mandamus descansa sobre el 

peticionario. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 269.

III.

En el caso ante nos, discutiremos el error señalado por el 

Apelante quien, en desacuerdo con la determinación del TPI, acude 

ante este foro y señala que erró el TPI al declarar No Ha Lugar a su 
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Petición de mandamus y que emitió una Sentencia contrario a 

derecho, al haber razonado que no pudieron demostrar que carecían 

de otro remedio legal adecuado ni señalar específicamente el 

estatuto legal del cual surge el acto mandatorio que debía realizar el 

alcalde. 

Según explicamos en la discusión del derecho aplicable, el 

mandamus es un recurso altamente privilegiado, discrecional y de 

naturaleza extraordinaria, que no podrá dictarse en los casos en que 

se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de 

la ley. La expedición del mandamus no puede invocarse como una 

cuestión de derecho, sino que depende de la sana discreción del 

Tribunal. De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales 

por el foro de instancia, merece nuestra deferencia. Cónsono con lo 

anterior, un tribunal apelativo sólo podrá intervenir con el ejercicio 

de la discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que el 

foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

Luego de un análisis de la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, forzoso es concluir que no surge el alegado 

deber ministerial que el Alcalde ha incumplido. A pesar, de que el 

Apelante reiteradamente ha señalado que existe disposición 

estatutaria que establece un deber ministerial, de la prueba 

presentada, no surge el acto mandatorio. El Apelante no pudo 

establecer que no dispone de otro remedio legal adecuado. 

Concurrimos con el dictamen emitido por el TPI, que concluyó 

que la parte demandante no pudo demostrar el deber del Alcalde de 

actuar de determinada forma, sin margen a ejercer su discreción.
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IV.

Así pues, a tenor con la normativa atinente discutida, 

confirmamos el dictamen del tribunal apelado, desestimando con 

perjuicio la demanda sobre solicitud de mandamus.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones