Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I 

CONSEJO DE TITULARES

CONDOMINIO ESTANCIAS

DE ARAGÓN POR

CONDUCTO DE LA JUNTA

DE DIRECTORES DEL

CONDOMINIO ESTANCIAS

DE ARAGÓN

Apelante

V.

JUAN W. HOWE

HERNÁNDEZ

Apelado

KLAN202301089

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce 

Civil Núm.: 

PO2020CV01580

Sobre: 

INJUNCTION 

PRELIMINAR; 

SENTENCIA 

DECLARATORIA; 

LEY DE 

CONDOMINIOS; 

DAÑOS Y 

PERJUICIOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, 

el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Marrero Guerrero

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

I.

El 4 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares del 

Condominio Estancias de Aragón (Consejo de Titulares o parte 

apelante) presentó una Apelación ante nos en la que solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, (TPI) el 15 de septiembre de 2023

y notificada y archivada en autos ese mismo día.

1 Mediante este 

dictamen, se desestimó una Demanda en reclamo de injunction

preliminar, sentencia declaratoria, y daños y perjuicios promovida 

por el Consejo de Titulares en contra del señor Juan W. Howe 

1 Apéndice de la Apelación, Anejo XLIII, págs. 178-189.
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Hernández (señor Howe Hernández o apelado).

2 Además, le ordenó

a la parte apelante el pago de costas, gastos de los procedimientos y 

la suma de $1,000 en concepto de honorarios de abogado.

El 4 de diciembre de 2023, la parte apelante radicó una Moción 

Solicitando que se Emita Resolución al Amparo de la Regla 16(E)(2) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Por medio 

de esta, solicitó un término de quince (15) días adicionales para 

presentar el apéndice del recurso de apelación. 

El 6 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución por la 

cual le concedimos a la parte apelante un término final de diez (10) 

días para cumplir con ello. Además, otorgamos al apelado hasta el 

4 de enero de 2024 para presentar el alegato en oposición.

El 8 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares radicó una 

Moción en Cumplimiento de Resolución al Amparo de la Regla 16 (E)(2) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por la cual 

presentó el aludido apéndice. 

El 8 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó una 

Moción Solicitando Prórroga para presentar su Alegato en Oposición. 

Mediante Resolución, el 9 de enero de 2024, le concedimos al 

apelado el término final del 19 de enero de 2024 para presentar su 

respectiva oposición.

El 25 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó un

Alegato en Oposición y en Cumplimiento de Orden mediante el cual 

planteó los mismos argumentos presentados ante el TPI; esto es, que 

la Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de 

Sentencia incumple con las Reglas 47 y 49 de Procedimiento de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47 y R. 49; el Consejo de 

Titulares no ostenta legitimación activa ya que las alegaciones de la 

Demanda están relacionadas a titulares y terceros ajenos al 

2 Íd., Anejo II, págs. 3-32.
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condominio; la parte apelante no ha acreditado el aval del Consejo 

de Titulares para la presentación del caso de autos; y el caso de 

autos es frívolo.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

damos por perfeccionado el recurso, y pormenorizamos los hechos 

procesales atinentes a la Apelación. 

II.

El caso de marras tiene su génesis el 30 de septiembre de 

2020 cuando el Consejo de Titulares, por conducto de la Presidenta 

de la Junta de Directores, Sra. Noemí Beltrán Soto (Lcda. Beltrán), 

presentó la presente Demanda en contra del señor Howe 

Hernández.

3 En el mismo se alega que el 9 de mayo de 2014 el señor 

Howe Hernández estipuló con el señor Marcelino Molina Pérez, 

guardia de seguridad del condominio, lo siguiente: 

[O]frecer una disculpa al peticionario (Marcelino 

Molina Pérez) y al Presidente de la Junta (Dr. Luis Raúl 

Sánchez Peraza) del Condominio (Estancias de Aragón); 

no fotografiar vehículos o titulares sin autorización; 

no amenazar a empleados y presentar a la Junta 

cualquier queja contra estos; actuar[á] con respeto 

con el personal y demás titulares; dialogará con los 

empleados sólo asuntos del Condominio y seguirá los 

procedimientos del Condominio en todos los asuntos 

como titular.4

Sin embargo, presuntamente, el apelado incumplió este

acuerdo.

5 Ante ello se alega en la Demanda que, el 25 de agosto de 

2018, el Consejo de Titulares celebró una Asamblea Ordinaria por 

la cual aprobaron mediante unanimidad que la Junta de Directores 

realizara alguna gestión judicial para ordenar al señor Howe 

Hernández a cesar y desistir de “insultar, fotografiar, confrontar y 

acosar verbalmente a titulares, residentes, empleados y personal 

3 Íd., Anejo II, págs. 3-32.

4 Íd., págs. 4-5 (Énfasis suplido), 20. Esta estipulación se pactó durante el caso 

Molina v. Howe, JAOPA2014-0173, sobre orden de protección bajo la Ley de 

Acecho de Puerto Rico, Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, 33 LPRA secs.

4013 et seq.

5 Íd., pág. 5.
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voluntariado o con paga y sus pertenencias”.6 El Consejo de 

Titulares indicó que aunque se le notificó al apelado esta 

aprobación, el señor Howe Hernández continuó con dichos actos, 

por lo cual, el 6 de mayo de 2019 la Junta de Directores comenzó 

los trámites relacionados al proceso de cese y desista en contra del 

señor Howe Hernández.7 Además, según alega el Consejo de 

Titulares, el apelado también “[i]nsult[ó], confront[ó] y acos[ó] y 

provey[ó] información falsa y sin fundamento tanto de manera 

personal radicando escritos en diferentes foros (donde no le han 

dado la razón) o por medio de la prensa escita, radial y televisiva”.8

De hecho, a la Demanda se le anejó una declaración jurada suscrita 

por la Lcda. Beltrán, mediante la cual detallan otros eventos que 

también dieron origen al caso de epígrafe.

9 En lo que concierne al 

caso de autos, para el 7 de agosto de 2020, el apelado subió a un 

“chat” fotos de un Guardia de Seguridad, señor Lisandro Medina; 

del Tesorero del Consejo de Titulares, Dr. Luis Raúl Sánchez Peraza

(“Dr. Sánchez Peraza”); de un vehículo jeep perteneciente a un 

titular, Dr. Kenneth Rivera; de un titular, señor Roberto Rodríguez; 

y alegadamente realizó imputaciones falsas sobre otra titular, Sra. 

Sara Cruz.10 Además, el 15 de septiembre de 2020, el señor Howe 

Hernández tomó fotos a los vehículos de la Lcda. Beltrán y de un 

titular sin autorización.

11 Consecuentemente, mediante la 

presente Demanda, el Consejo de Titulares, solicitó una vista de 

injunction preliminar, a tenor con la Regla 56 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 56,12 y una Sentencia Declaratoria ordenando al apelado a 

cesar y desistir de:

[F]otografiar vehículos o titulares sin 

autorización; no amenazar a empleados y presentar a 

6 Íd., págs. 5, 23. 

7 Íd., págs.5, 27.

8 Íd., pág. 5.

9 Íd., págs. 16-19.

10 Íd., pág. 6.

11 Íd., págs. 8, 29-30.

12 Íd., págs. 13-14.
KLAN20231089 5

la Junta cualquier queja contra estos; actuar con 

respe[c]to con el personal y demás titulares; no hacer 

expresiones públicas difamatorias en contra de los 

miembros de la Junta de Directores, los titulares, 

empleados ni el Consejo de Titulares; dialogar con los 

empleados sólo asuntos del Condominio; dialogar con 

los empleados sólo asuntos del Condominio y seguir los 

procedimientos del Condominio en todos los asuntos 

como titular, incluyendo no impedirla celebración de 

Asambleas debidamente convocadas para el bien del 

Condominio y acorde la Ley de Condominios. . . .

13

El 15 de octubre de 2020, el señor Howe Hernández presentó 

una Solicitud de Desestimación.

14 En esta arguyó que la Demanda

es improcedente por falta de legitimación activa, y falta de 

jurisdicción sobre la materia y la persona del Consejo de Titulares;

la Demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 10.2; y la parte apelante no agotó todos los remedios 

internos provistos por la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley

Núm. 129 del 16 de agosto de 2020, 31 LPRA sec. 1921 et seq. (Ley 

de Condominios o Ley Núm. 129-2020), y el Reglamento del 

Condominio.15 Además, el apelado arguyó que los remedios 

solicitados coartaban su derecho a la libre expresión contrario a la 

Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, Art. II,

Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, y jurisprudencia aplicable. Ante 

ello, solicitó se desestimara la reclamación presentada en su contra. 

El 16 de octubre de 2020, el señor Howe presentó una Moción 

Complementaria a “Solicitud de Desestimación” en Torno al Deber del 

Tribunal de Resolver con Preferencia Cuestiones Relativas a 

Jurisdicción reiterando sus anteriores planteamientos, y alegando

que los tribunales deben atender el asunto relativo a la jurisdicción

con preferencia.

16

13 Íd., págs. 13-14. (Énfasis suplido).

14 Íd., Anejo VI, págs. 41-56.

15 Íd., págs. 41-43. La parte apelante no incluyó el reglamento del condominio. 

16 Íd., Anejo VII, págs. 57-61.
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El 20 de octubre de 2020, la parte apelante presentó un 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a Solicitud de 

Desestimación.

17 En esta destacó que, conforme a los Artículos 48 y

54 de la Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922t, 1922z, el Consejo 

de Titulares ostenta personalidad jurídica propia, y será 

representando por su Presidente en los foros pertinentes.18 Además,

alegó que el Artículo 39 (b)(2) de la Ley de Condominios, Íd., sec. 

1922k, concede al Consejo de Titulares legitimación activa, pues de 

esta disposición nace el derecho de presentar causas de acción de 

recursos interdictales “contra aquellos que cometan infracciones a 

las reglas establecidas en esta Ley”.19 También, la parte apelante

niega haber violado el derecho del apelado a la libre expresión, y 

arguye en cambio que, mediante los remedios aquí solicitados, pide

que se le ordene al señor Howe Hernández a actuar conforme a la 

Ley de Condominios y el Reglamento del condominio “en [a]ras de 

que haya una sana convivencia en el Condominio”, a tenor con el

Artículo 2 de la Ley de Condominios, 1921a.

20

El 4 de mayo de 2021, el señor Howe Hernández presentó una 

Reiteración a Solicitud de Desestimación y en Torno al Deber del 

Tribunal en Resolver con Preferencia Cuestiones Relativas a 

Jurisdicción arguyendo nuevamente que el Consejo de Titulares no 

tiene legitimación activa; la Demanda no contiene reclamación 

suficiente para la consignación de un remedio; y el Consejo no ha 

agotado los remedios provistos por la Ley de Condominios, supra, y 

el Reglamento del Condominio. Por lo tanto, solicitó la desestimación 

del pleito de autos.

21

17 Íd., Anejo IX, págs. 63-77.

18 Íd., pág. 64.

19 Íd.

20 Íd., pág. 66; El Reglamento no fue incluido en el apéndice del recurso de

apelación.

21 Íd., Anejo XXVII, págs. 127-145.
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El TPI emitió una Sentencia Parcial el 2 de agosto de 2023, 

notificada el 3 de agosto de 2023,

22 por la cual declaró ha lugar la 

Moción Solicitando Remedio sobre Desestimación Pendiente

presentada el 13 de julio de 2023 por el apelado,

23 y, por ende, se le

autorizó el desistimiento, sin perjuicio, solamente respecto a la

reclamación por daños y perjuicios. 

Tras varias inhibiciones y conflictos en los calendarios del 

tribunal, así como de los abogados de las partes,

24 el 15 de 

septiembre de 2023, el TPI notificó una Sentencia por la cual resolvió

ha lugar la Solicitud de Desestimación presentada originalmente el 

15 de octubre de 2020 por el apelado,25 y, por ende, desestimó la 

Demanda del caso de autos sin perjuicio.

Posteriormente, el Consejo de Titulares presentó una Moción 

en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de 

Sentencia.

26 No obstante, la misma fue denegada mediante 

Resolución dictada el 2 de noviembre de 2023 y notificada ese mismo 

22 Íd., Anejo XLI, pág. 176.

23 Íd., Anejo XXXIX, págs. 173-174. El TPI hizo referencia a la solicitud de 

desestimación, cuando debió haber aludido a la Moción Solicitando Dicte Sentencia 

Parcial de Archivo e Imposición de Sanciones. Mediante este recurso la parte 

apelante solicitó el desistimiento de la causa de acción de daños y perjuicios. Íd., 

Anejo XXXVIII, págs. 171-172.

24 Íd., Anejo XII, págs. 83-96 (comienza vista de injunction preliminar donde 

se completó el directo y se comenzó con el contrainterrogatorio de la Lcda. Beltrán 

Soto; se señaló continuación de juicio en su fondo); Íd., Anejo XIII, págs. 97-

103 (apelado presenta Solicitud de Recusación e Inhibición bajo la Regla 63 

de Procedimiento Civil y Solicitud para Dejar sin Efecto Señalamiento del 

11 de diciembre de 2020); Íd., Anejo XIV, págs. 104-105 (Resolución de

inhibición de la Hon. Itzel Marie Aguilar Pérez); Íd., Anejo XVI, págs. 107-108 (reseñalamiento de vista de injunction preliminar por conflicto con el calendario del 

tribunal); Íd., Anejo XVII, págs. 109-111 (solicitud para recalendarizar vista de 

injunction preliminar por conflicto con el calendario de la representación legal 

de la parte apelante); Íd., Anejo XIX, págs. 113 (se recalendariza vista de 

injunction preliminar); Íd., Anejo XX, pág. 114 (tribunal motu proprio

recalendariza vista de continuación de injunction preliminar); Íd., Anejo XXI, pág. 

115 (Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Hammed Santaella Carlo); 

Íd., Anejo XXII, págs. 116-117 (solicitud de recalendarización de vista por 

conflicto con el calendario de la representación legal de la parte apelante); Íd., 

Anejo XXIII, págs. 118-119 (Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Juez 

Jorge Rafael Rivera Rueda); Íd., Anejo XXVI, págs. 122-126 (vista fue convertida 

a una sobre el estado de los procedimientos al tratarse de una adquisición del 

caso reciente ante las inhibiciones de otros jueces); Íd., Anejo XXVIII, pág. 146

(tribunal motu proprio deja sin efecto el juicio en su fondo); Íd., Anejo XXXII, 

págs. 152-159 (se dejó sin efecto el señalamiento); Íd., Anejo XXXVI, pág. 168 (se 

señala continuación de la conferencia con antelación a juicio); Íd., Anejo 

XXXVII, págs. 169-170 (se señala vista transaccional); Íd., Anejo XL, pág.175

(Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Francisco J. Rosado Colomer).

25 Íd., Anejo VI, págs. 41-56.

26 Íd., Anejo XLIV, págs. 190-207.
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día.

27 Lo anterior, luego de que, el apelado presentara su Moción 

Mostrando Causa en Oposición a “Reconsideración” y Relevo de 

Sentencia el 30 de octubre de 2023.28

En desacuerdo con el referido dictamen, el 4 de diciembre de 

2023, el Consejo de Titulares acude ante este foro mediante recurso 

de apelación y formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI de Ponce al declarar no ha lugar la 

Reconsideración radicada por el apelante en violación 

del debido procedimiento de ley. 

Erró el TPI de Ponce al dictar Sentencia desestimando 

el caso de marras aduciendo falta de legitimación del 

apelante en un caso bajo la Ley de Condominios (Ley 

Núm. 129-2020).

Erró el TPI de Ponce al imponerle honorarios por 

temeridad al apelante, por la dilación causada en el 

caso imputada al apelante.

Ese mismo día, la parte apelante también presentó una

Moción Solicitando que se Emita Resolución al Amparo de la Regla 

16(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico

para presentar el apéndice del recurso de apelación dentro de un 

término de quince (15) días adicionales.

En vista de ello, el 6 de diciembre de 2023, emitimos una 

Resolución en la que le concedimos a la parte apelante un término 

final de diez (10) días para presentar el apéndice. Además, 

otorgamos al apelado hasta el 4 de enero de 2024 para presentar el 

alegato en oposición.

El 8 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares radicó una 

Moción en Cumplimiento de Resolución al Amparo de la Regla 16 (E)(2) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por la cual 

presentó el aludido apéndice. 

El 8 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó una 

Moción Solicitando Prórroga para presentar su Alegato en Oposición. 

27 Íd., Anejo I, pág. 1.

28 Íd., Anejo XLVI, págs. 209-220.
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Mediante Resolución, el 9 de enero de 2024, le concedimos al 

apelado el término final hasta el 19 de enero de 2024 para presentar 

su respectiva oposición.

El 25 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó un

Alegato en Oposición y en Cumplimiento de Orden mediante el cual 

planteó los mismos argumentos ante el TPI; esto es, que la Moción 

en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de Sentencia

incumple con las Reglas 47 y 49 de Procedimiento de Procedimiento 

Civil, supra, R. 47 y R. 49; el Consejo de Titulares no ostenta 

legitimación activa ya que las alegaciones de la Demanda están 

relacionadas a titulares y terceros ajenos al condominio; la parte 

apelante no ha acreditado el aval del Consejo de Titulares para la 

presentación del caso de autos; y el caso de autos es frívolo.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

damos por perfeccionado el recurso. Además, tras un análisis 

objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad del expediente, 

pormenorizamos las normas jurídicas, máximas y doctrinas 

aplicables al caso de autos.

III.

A.

En nuestra jurisdicción, los condominios sometidos al 

Régimen de Propiedad Horizontal están sujetos a la Ley Núm. 129-

2020, supra, mejor conocida como la Ley de Condominios de Puerto 

Rico, anteriormente Ley de Condominios, Ley Núm. 104 del 23 de 

junio de 1958, 31 LPRA sec. 1291 et seq. (derogada). En lo que 

concierne a los condominios sujetos a este régimen previo a la 

creación de la Ley Núm. 129-2020, supra, se regirán por las 

disposiciones incluidas en este estatuto, “irrespectivo de la fecha en 

que fuera sometido a dicho régimen”. Íd.

Uno de los principios fundamentales de la Ley de 

Condominios es facilitar la vida en convivencia y “garantizar a cada 
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titular el pleno disfrute de su propiedad”. Consejo de Titulares v. 

Ramos Vázquez, 186 DPR 311 (2012) (citando a M.J. Godreau

Robles, La Nueva Ley de Condominios: Guía básica para entender el 

Régimen de Propiedad Horizontal según la Ley 103 del 5 de abril de 

2003, San Juan, Ed. Dictum, 2003, pág. 19); Pérez Riera v. Con. 

Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197, 204-205 (2017). Cónsono con 

ello, nuestro más alto foro resolvió:

Desde sus inicios, “[l]a aprobación de la Ley de 

la Propiedad Horizontal adelantó el propósito de 

armonizar el disfrute de cada apartamento por su 

titular y las limitaciones a ese disfrute en interés de 

la colectividad”. D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, 

169 D.P.R. 586, 597 (2006). En otras palabras, subyace 

en estos preceptos la necesidad imperiosa de crear 

“unas reglas mínimas para el uso y disfrute de cada 

apartamento” que “facilit[en] la convivencia entre los 

titulares de un inmueble, sin que se intervenga 

indebidamente con los derechos individuales de los 

demás”. Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, 138 

D.P.R. 150, 154 (1995). 

Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 206, 218 

(2012). (Énfasis suplido y subrayado). 

En otras palabras, el dominio que ejerce un titular sobre su 

propiedad está supeditado a los derechos de los demás titulares

y su “derecho de propiedad sobre su apartamiento tiene que 

ejercerse dentro del marco de convivencia y el respeto al derecho 

ajeno”. Ley de Condominios, supra, sec. 1921a. Precisamente, para 

asegurar una convivencia y el mejor servicio común del condominio, 

la Ley de Condominios, Íd., dispone de dos (2) figuras cruciales cuyo 

rol se centra en la administración del inmueble sujeto al Régimen 

de Propiedad Horizontal; estos son: el Consejo de Titulares y la 

Junta de Directores. 

El Consejo de Titulares es la autoridad suprema del inmueble 

y goza de personalidad jurídica propia. Ley de Condominios, sec. 

1921b; sec.1922t. Véase, además, Pérez Riera v. Con. Tit. Cond. 

Marymar, supra, en la pág. 204; Consejo de Titulares v. Ramos 

Vázquez, supra, en la pág. 326. Es así como, mediante “su 
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existencia hace viable la administración de las áreas comunes del 

inmueble por todos los titulares” protegiendo así los intereses de 

estos frente a la comunidad a terceros. Consejo de Titulares v. 

Ramos Vázquez, supra, en la pág. 326; véase, además, Bravman, 

González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 825 (2011)) (Énfasis 

suplido). Cónsono con ello, entre sus funciones, se encuentra

“[i]ntervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés 

general para la comunidad así, como tomar aquellas medidas 

necesarias y convenientes para el mejor servicio común”, 

incluyendo cumplir y hacer cumplir la Ley Núm. 129-2020, supra,

el Reglamento del inmueble, la escritura matriz y los acuerdos del 

Consejo de Titulares. Ley de Condominios, supra, sec. 1922u; sec. 

1922y; véase, además, Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 

supra, págs. 326-327.

Por otra parte, la Junta de Directores se compone de aquellos 

Directores electos por el Consejo de Titulares, y su Presidente(a) 

ostenta la autoridad de representar a la comunidad en los foros 

pertinentes en los asuntos que la afecten. Ley de Condominios, 

supra,1922z; D.A.C.O. v. Junta Cond. Sandy Hills, supra, pág. 

595. Según fue establecido en el caso de Consejo Tit. V. Galerías

Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 332 (1998), el(la) Presidente(a) posee

la autoridad para acudir al tribunal y reclamar el cumplimiento de 

la Ley de Condominios o Propiedad Horizontal “sin necesidad de 

obtener previamente el aval del Consejo de Titulares, siempre 

que la acción esté relacionada con facultades que le fueron 

expresamente delegadas por la ley”. D.A.C.O. v. Junta Cond. 

Sandy Hills, supra, 595. (Énfasis suplido). Entre sus funciones, la 

Junta de Directores posee la facultad de “a) [a]tender todo lo 

relacionado con el buen gobierno, administración, vigilancia y 

funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las cosas y 

elementos de uso común y los servicios generales, y hacer a estos 
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efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares”. 

Ley de Condominios, supra, sec. 1922y.

Según se indica en el Artículo 2 de la Ley Núm. 129-2020, 

supra, sec. 1921a, el dominio ejercido por un titular sobre su 

propiedad está limitado a los derechos de los demás y por ello, debe 

ejercerse dentro del marco de convivencia y el respeto al derecho 

ajeno. Por ello, en su Artículo 39 se detalla lo siguiente respecto al 

uso y disfrute de cada apartamento:

El uso y disfrute de cada apartamento estará 

sometido a las reglas siguientes:

. . . .

b) La infracción de estos principios o la de las 

reglas enumeradas en los incisos subsiguientes dará 

lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por 

aquel titular u ocupante que resulte afectado, además 

de cualquier otra acción que corresponda en derecho, 

incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley Núm. 

140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 

como, “Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales 

de Derecho”, y cualquier otro remedio en equidad. La 

Junta de Directores queda expresamente autorizada 

a presentar acciones interdictales a nombre del 

Consejo de Titulares contra aquellos que cometan 

infracciones a las reglas establecidas en esta Ley.

. . . .

2) Ningún ocupante del apartamento producirá 

ruidos o molestias ni ejecutará actos que perturben 

la tranquilidad de los demás titulares o vecinos.

. . . . Id., sec. 1922k (Énfasis suplido); véase, 

además, Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, supra,

págs. 325-326.

En otras palabras, esta disposición “establece 

categóricamente, entre otras exigencias y prohibiciones, que todo 

titular tiene el deber de cumplir estrictamente con todas las 

disposiciones de administración que se consignan en la Ley de 

Condominios, en la escritura o en el reglamento del condominio”. 

Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 325.

Ahora, es eminente resaltar que, si bien la Ley 104 del 23 de 

junio de 1958, supra, fue enmendada posteriormente y luego 
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sustituida por la Ley Núm. 129-2020, supra, el texto del Artículo 39 

de la Ley Núm. 129-2020, Íd., sec. 1922k- anteriormente el Artículo 

15 de la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, supra, sec. 1291mpermanece intacto. En otras palabras, la intención del legislador ha 

sido la misma por 60 años; a saber, que las molestias y actos que 

perturben la tranquilidad de los demás titulares y vecinos darán 

paso a la presentación de interdictos por parte de la Junta de 

Directores para el cumplimiento con las disposiciones vertidas en la 

ley, específicamente para el acatamiento con el deber ineludible de

respetar el derecho de los demás titulares al disfrute de sus 

propiedades dentro de un marco de convivencia. Ley Núm. 129-

2020, supra, 1922k; Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, supra, 

sec. 1291m. Es por ello que se les exige a los titulares “obrar según 

los principios de buena fe y equidad, ya sea en el quehacer 

administrativo o privado. Ello para “viabilizar el máximo disfrute 

de la propiedad privada y el aprovechamiento del uso y disfrute 

de los elementos que componen el régimen”. Consejo de 

Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 327 (citando a Bravman, 

González v. Consejo Titulares, supra, pág. 825)). (Énfasis suplido). 

Por lo tanto, con un texto claro como el del Artículo 39 de la 

Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922k, no hay apertura para 

interpretación. Nuestro más alto foro ha hecho énfasis en su 

facultad para interpretar la ley “en bús[queda] de un sentido 

armonioso, el lenguaje claro y explícito de ésta no debe ser 

tergiversado, malinterpretado ni sustituido”. Puerto Rico Fast 

Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público-Privadas, 2023 

TSPR 121. Por ende, solo debe suplir la ley cuando existen 

deficiencias y sea necesario, pues “no p[uede] usurpar la función de 

legislar de la Asamblea Legislativa”. Íd. Más importante aún,

“cuando el lenguaje de una ley es claro, los tribunales venimos 

obligados a respetar la voluntad legislativa”. Íd. (Énfasis suplido); 
KLAN202301089 14

González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 2023 

TSPR 95; San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 

849 (2013). 

B.

El injunction o interdicto es un recurso por el cual se le 

requiere a la persona “absten[erse] de hacer, o de permitir que se 

haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja 

o perjudique el derecho de otra”. Código de Enjuiciamiento Civil, 

Artículo 675, 32 LPRA sec. 3521; Next Step Medical v. 

Bromedicon, supra, págs. 485-486. La razón fundamental para su 

concesión es la existencia de una amenaza real de sufrir algún 

menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en la ley”.

Id., pág. 486.

Según nuestro sistema jurídico, existen tres (3) tipos de 

recursos de injunction; estos son: entredicho provisional, injunction

preliminar e injunction permanente. Id., Regla 57 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 57. El injunction preliminar es un recurso emitido 

por el tribunal previo a la celebración del juicio en su fondo, y 

usualmente, luego de la celebración de una vista “en donde las 

partes tienen la oportunidad de presentar prueba en apoyo y 

oposición a su expedición”. Next Step Medical v. Bromedicon, 

supra, págs. 486. Su función primordial es mantener el status quo

o estado actual de las cosas en lo que se celebre el juicio y para 

prevenir que el demandado no promueva con su conducta una 

situación que convierta en académica la determinación que 

finalmente tome el tribunal. Íd. Específicamente para evitar que “se 

causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna 

persona durante la pendencia del litigio”. Íd., pág. 486. Es por ello 

que se debe expedir de forma expedita y solamente ante una “clara 

e inequívoca violación de un derecho”. Íd., pág. 487. Para su 

expedición o denegación es meritorio evaluar sus requisitos: 
KLAN20231089 15

(1) la naturaleza de los daños que puedan 

ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el 

recurso; (2) su irreparabilidad o la existencia de un 

remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que 

eventualmente la parte promovente prevalezca al 

resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de 

que la causa se torne académica de no concederse el 

injunction, y (5) el posible impacto sobre el interés 

público del remedio que se solicita. Id., pág. 487; véase, 

además, Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, Regla 

57.3; VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 

21, 40-41 (2010); Next Step Medical v. Biomet, Inc., 

195 DPR 739, 751 (2016). 

También será crucial la diligencia y buena fe con la cual obre 

la parte peticionaria. Next Step Medical v. Bromedicon, supra, 

487. Sin embargo, los requisitos previos no son absolutos, sino 

directorios. Íd. Además, la concesión del interdicto es discrecional, 

por lo cual, la determinación del TPI no debe ser revocada, al menos 

que se demuestre abusó de discreción. Íd. pág. 487.

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico reconoce los

injunctions estatutarios. Estos son distintos e independientes a los 

interdictos tradicionales. Una distinción importante entre estos dos 

remedios es que, “el injunction clásico se rige por la Regla 57.3 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 57.3, y las disposiciones 

correspondientes del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3521 et seq., mientras que el interdicto estatutario proviene de un 

mandato legislativo expreso”. Next Step Medical v. Biomet, supra, 

751. Consecuentemente, los interdictos estatutarios están 

“generalmente exento[s] de la normativa aplicable a este último”, ya 

que los requisitos del injunction tradicional son más rigorosos. Next 

Step Medical v. Bromedicon, supra, 497; CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 409 (2010). Por lo tanto, “la 

concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento 

especial, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más 

acotado”, tal como es el caso del interdicto provisto por la Ley de 

Condominios, supra. Next Step Medical v. Bromedicon, supra, 

497.
KLAN202301089 16

En lo que concierne al caso de marras, el Artículo 39 de la Ley 

129-2020, supra, sec. 1922k, expresamente autoriza a la Junta de 

Directores a presentar interdictos “contra aquellos que cometan 

infracciones a las reglas establecidas en esta Ley”, y procede a 

detallar varias circunstancias por las cuales procedería la concesión 

del injunction estatutario:

1) Cada apartamento se dedicará únicamente al 

uso dispuesto para el mismo en la escritura a que se 

refiere el Artículo 4 de esta Ley.

2) Ningún ocupante del apartamento producirá 

ruidos o molestias ni ejecutará actos que perturben la 

tranquilidad de los demás titulares o vecinos.

3) Los apartamentos no se usarán para fines 

contrarios a la ley, a la moral, orden público y a las 

buenas costumbres.

4) Cada titular deberá ejecutar a sus únicas 

expensas las obras de modificación, reparación, 

limpieza, seguridad y mejoras de su apartamento, sin 

perturbar el uso y goce legítimo de los demás. Será 

deber ineludible de cada titular realizar las obras de 

reparación 

y seguridad, tan pronto sean necesarias para que no se 

afecte la seguridad del inmueble ni su buena 

apariencia. Todo titular u ocupante de un apartamento 

vendrá obligado a permitir en su apartamento las 

reparaciones o trabajos de mantenimiento que exija el 

inmueble, permitiendo la entrada al apartamento para 

su realización. Íd. 

C.

Para la intervención en un caso es indispensable que el mismo

sea justiciable. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 

766 (2016); véase, además, ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Lo 

anterior “requiere que exista una controversia genuina, entre partes 

antagónicas, que permita adjudicarla en sus méritos y conceder un 

remedio con efecto real sobre la relación jurídica”. Torres Montalvo 

v. Gobernador ELA, supra, pág. 766; véase, además, Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); Amadeo 

Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 211 DPR 278, 284 (2023); Hernández 

Santa v. Srio. De Hacienda, 208 DPR 727, 738 (2022). Asimismo, 

será necesario que las partes ostenten legitimación activa, la cual 

consiste en la “capacidad para realizar eficazmente actos procesales, 

demandar, y la tenencia de un interés legítimo en la controversia”.
KLAN20231089 17

Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, supra, págs. 284-285; véase, 

además, Pérez Rodríguez v. López Rodriguez et al., 210 DPR 163, 

178 (2022); Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 394 

(2019). Para determinar si una parte posee legitimación activa, se 

deben evaluar estos cuatro (4) requisitos: 

(1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) 

que el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto 

o hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño 

sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la 

causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o 

de una ley. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 

supra, pág. 767 (citando a Hernández Torres v. 

Gobernador, 129 DPR 824, 836 (1992)); véase, además, 

Ramos, Méndez v. García García, supra, 394-395. 

Igualmente, el interés de la parte deberá ser “especial y 

particularizado”. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra, pág. 

767; véase, además, Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 

DPR 559 (1989). 

Otro factor para determinar si un caso es justiciable, es la 

norma de academicidad. El fin primordial de esta doctrina es “evitar 

el uso inadecuado de los recursos judiciales y evitar precedentes 

innecesarios”. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para 

el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, 206 

DPR 803, 815-816 (2021); Moreno v. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974-

975 (2010); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 75 (2005). Según 

ha establecido nuestro más alto foro, un caso es académico cuando 

“se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que 

en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de 

que éste haya sido reclamado o una sentencia sobre un asunto, que,

al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre 

una controversia existente”. Super Asphalt Pavement, Corp. v. 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de 

Puerto Rico, supra, pág. 816; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Shatz, supra, pág. 932; Moreno v. U.P.R. II, supra, pág. 973. De la 

misma forma, un caso puede tornarse académico por cambios en los
KLAN202301089 18

hechos judiciales o fácticos que surgen, durante el transcurso del 

caso. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el 

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, supra, 

pág. 816; Anguiera v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000). Si en efecto 

un caso se convierte en académico, el tribunal debe abstenerse de 

considerarlo en los méritos. Super Asphalt Pavement, Corp. v. 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de 

Puerto Rico, supra, pág. 816; Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 

supra, pág. 287. 

D.

Por otro lado, la Regla 44 de Procedimiento Civil, supra, R. 44, 

permite conceder costas, honorarios de abogado e interés legal. 

Además, le permite evaluar si una parte ha actuado con temeridad.

La temeridad consiste en aquellas “actuaciones en que un litigante 

promueve un pleito que pudo evitarse, que provoquen la 

prolongación indebida del trámite judicial o que obliguen a la otra 

parte a incurrir en gastos innecesarios para hacer valer sus 

derechos”. Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, 2023 TSPR 108; 

véase, además, SLG González Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 

138, 147 (2022). Su concesión, no obstante, recae en la sana 

discreción del TPI. Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, supra, pág. 

14; véase, además, SLG González Figueroa v. SLG et al., supra,

pág. 150; VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 277 (2021); 

Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 (2013). Por 

ello, los foros apelativos solo debemos intervenir con dicha 

determinación cuando “surja claramente un abuso de discreción”.

Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, supra, pág. 14.

Según dispone la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra, 

los honorarios de abogado se impondrán cuando “cualquier parte o 

su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el 
KLAN20231089 19

pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el 

tribunal entienda correspond[a] a tal conducta”. Como mencionado 

anteriormente, la normal general es que la determinación sobre la 

existencia de temeridad recae en la discreción del TPI. VS PR, LLC 

v. Drift-Wind, Inc., supra, pág. 276; véase, además, Torres Vélez 

v. Soto Hernández, supra, pág. 993. Sin embargo, nuestro más alto 

foro ha reiterado que no procede la concesión de estos honorarios 

cuando “lo que se enuncia ante el tribunal son controversias 

complejas y novedosas que no han sido resueltas; cuando se actúa

acorde con una apreciación errónea del derecho y no hay 

precedentes establecidos sobre el asunto, o cuando existe alguna 

discrepancia genuina en cuanto a quién favorece el derecho 

aplicable”. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, 277; véase, 

además, Torres Vélez v. Soto Hernández, supra, págs. 993-994; 

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). 

Distinto es la concesión de costas, las cuales se concederán 

“a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 

apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga 

lo contrario por ley o por estas reglas”. Regla 44.1 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, R. 44.1 (a). Las costas serán aquellos 

“gastos en que se incurra necesariamente en la tramitación de un 

pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su 

discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a otra”. 

Íd.

Otro tipo de imposición posible son los intereses legales por 

temeridad. Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.3; 

González Ramos v. Pacheco Romero, 209 DPR 138, 151 (2022).

Para ello, es indispensable una determinación de temeridad y debe 

tratarse de una acción de cobro de dinero o daños y perjuicios. 

González Ramos v. Pacheco Romero, supra, pág. 151. Si se 
KLAN202301089 20

cumplen estos requisitos, la imposición de intereses legales será

obligatoria. Íd.

IV.

En el caso ante nos, el TPI dictó una Sentencia en la que 

desestimó la Demanda del caso de marras, luego de haber 

comenzado la visa de injunction estatutario y casi tres (3) años 

después de presentada la Moción de Desestimación, y ordenó a la 

parte apelante a pagar el pago de costas y gastos de procedimientos, 

y la suma de $1,000 en concepto de honorario de abogados. El foro 

primario realizó tal desestimación al concluir que la parte apelante 

no posee legitimación activa para continuar el trámite de la sentencia 

declaratoria, a tenor con la Ley Núm. 129-2020, supra, y el injunction

es académico.29 En lo pertinente concluyó que:

En el caso de autos. . . . Nótese que la acción de 

injunction se volvió académica. . . .

A nuestro entender, las reclamaciones de la 

demanda no son asuntos de interés común, por lo 

que no caen dentro de las facultades, prerrogativas 

ni deberes del Consejo de Titulares. El Consejo hace 

referencia a alegadas expresiones difamatorias, toma de 

fotografías por parte del demandado a titulares y 

empleados del Condominio, solicitud de documentación 

por correo electrónico ante la Junta, eventos suscitados 

con terceras personas no titulares en y fuera de las 

inmediaciones del Condominio, entre otras. 

Ciertamente, se trata de una controversia entre 

particulares por asuntos, incluso, de índole de 

libertad de expresión. Nada impide que los titulares 

afectados, en su capacidad individual, hagan uso de 

otros mecanismos administrativos y legales para 

encauzar sus reclamos si así fuere necesario tal como 

dispone el Art. 39 de la Ley Núm.129-2020, 31 LPRA 

sec. 1922k.

Como ya mencionamos, las causas de acción que 

corresponden al Consejo de Titulares tienen que girar 

en torno al mejor servicio común, problemas 

comunales, el menoscabo de áreas comunes, las 

medidas adoptadas para el mejor funcionamiento del 

condominio y daños al patrimonio del Consejo. 

Bravman González v. Consejo de Titulares del Cond. 

Palma Real, supra, pág. 850; Consejo Tit. y. Galerías 

Poncenas, Inc., 145 DPR 315 (1998). De este modo, 

nuestro más alto foro ha reconocido que el Consejo 

29 Anejo XLIII, pág. 188. El TPI no fundamentó ni explicó su determinación de 

academicidad. 
KLAN20231089 21

“existe como persona jurídica independiente cuando 

actúa en función del fin común perseguido”. Hernández 

Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 363 (2009). Sin 

embargo, “el hecho de que el Consejo de Titulares posea 

capacidad jurídica no le faculta para comparecer como 

demandante o demandado en cualquier procedimiento 

judicial que involucre a algún titular del condominio o que 

se relacione de alguna forma con éste”. Íd.30 (Énfasis 

suplido y subrayado en el original)

En cuanto a la imposición de honorarios de abogados, costas 

e intereses legales, el TPI resolvió que el Consejo de Titulares tuvo 

“el evidente propósito de impedir una resolución razonablemente 

rápida de la controversia, ocupando innecesariamente la atención 

del foro judicial, por alrededor de casi tres (3) años”.

31 Además, dicha 

determinación tomó en consideración que “del expediente 

electrónico, el Tribunal le concedió varias oportunidades al Consejo 

de Titulares para examinar sus alegaciones y dialogar sobre una 

posible transacción”.

32 Adviértase que ya el propio Tribunal resolvió 

que el Consejo de Titulares posee legitimación activa para presentar 

este caso. Dicha determinación está contenida en la Minuta de la 

vista celebrada el 9 de enero de 2023, más no fue firmada por la 

jueza que presidió los procedimientos ese día. Tampoco notificó 

posteriormente dicha determinación a las partes, según manifestó 

que haría. 

En desacuerdo, el Consejo de Titulares le imputó al TPI la 

comisión de tres (3) errores. 

Se alegó que erró el TPI al denegar la reconsideración radicada.

Por un lado, la parte apelante arguyó que la Sentencia es inválida y 

viola su debido proceso de ley. Ello debido a que la misma la priva 

de su oportunidad de ser oída, considerando que se desestimó la 

Demanda sin haber culminado el juicio, y tras haber resuelto el 

mismo tribunal, por voz de la Hon. Lynette Ortiz Martínez, que el 

30 Íd. 

31 Íd.

32 Íd.
KLAN202301089 22

Consejo de Titulares tiene legitimación activa para presentar el caso 

y no procede la desestimación. Además, según expuso en su 

Apelación, los remedios solicitados tendrían unos propósitos 

particulares. La sentencia declaratoria serviría para “que los 

titulares vivan en convivencia y sin afectar los derechos de los 

demás”, y, mediante el injunction, se le ordenaría al apelado a cesar 

sus “actuaciones contrarias al Régimen y actuar conforme a la sana 

convivencia del Condominio. . .”.33 

Por otro lado, y como segundo error, la parte apelante alegó 

que el TPI erró al dictar la Sentencia desestimando el caso de marras 

basado en falta de legitimación activa del Consejo de Titulares en un 

caso bajo la Ley Núm. 129-2020, supra. Adujo que el Artículo 39 (b)

de la Ley Núm. 129-2020, Íd., dispone que la “Junta de Directores 

está expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a 

nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que cometan 

infracciones a las reglas establecidas en esta Ley”. Además, la parte 

apelante aludió al Artículo 48 del referido estatuto, el cual mandata

que el Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema; y a 

tenor con el Artículo 49 de la Ley Núm. 129-2020, Íd., el Consejo de 

Titulares debe “j) [i]ntervenir y tomar decisiones sobre aquellos 

asuntos de interés general para la comunidad así, como tomar 

aquellas medidas necesarias y convenientes para el mejor servicio 

común”. Por último, la parte apelante hizo hincapié en la 

determinación de este foro en el caso de Consejo de Titulares v. 

Juan W. Howe Hernández, KLAN202100101 donde un panel 

hermano resolvió que el Consejo de Titulares ostentaba legitimación 

activa para presentar el caso porque la causa de acción “reside en 

que sean asuntos que giren en torno al mejor servicio común, 

problemas comunales, el menoscabo de áreas comunes y medidas 

33 Recurso de Apelación, págs. 16-17.
KLAN20231089 23

adoptadas para el mejor funcionamiento del condominio y daños al 

patrimonio del Consejo de Titulares”. Íd., pág. 11.

En su último error, la parte apelante argumentó que el foro 

primario erró al imponerle honorarios de abogados por temeridad por 

la dilación causada en el caso imputada a la parte apelante. Alegó 

que el TPI no continuó con la vista comenzada ni escuchó la 

grabación del juicio y procedió a desestimar la Demanda. 

Por su parte, en el Alegato en Oposición, el apelado reiteró los

mismos planteamientos incluidos en su Solicitud de Desestimación.

Esto es que, la Demanda es frívola por carecer de razón legal para 

incoarla; la Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de 

Relevo de Sentencia incumple con las Reglas 47 y 49 de 

Procedimiento de Procedimiento Civil, supra, R. 47 y R. 49; y el

Consejo de Titulares carece de legitimación activa porque: (i) las 

alegaciones contenidas en esta Demanda están relacionadas a una 

pugna entre ciertos titulares y terceros ajenos al Condominio 

Estancias de Aragón; y (ii) el Consejo no ha acreditado que la 

presentación de esta Demanda ha sido con el aval del Consejo de 

Titulares mediante acta, según lo exige el artículo 52 de la Ley Núm. 

129 de Condominios de Puerto Rico, sobre Acuerdos del Consejo. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente, 

en correcta práctica apelativa adjudicativa, resulta forzoso concluir 

que el TPI incidió en los errores señalados y, por ende, no procede la 

desestimación del pleito de marras. Lo anterior, pues, la 

determinación del TPI no encuentra apoyo en el estado de derecho 

aplicable ni en el expediente del caso de marras.

Como correctamente señala la parte apelante, del Artículo 39 

de la Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922k, surge palmariamente 

la autoridad expresa de la Junta de Directores para presentar 

reclamaciones de interdictos contra personas que contravienen las 

disposiciones de este estatuto. En lo que concierne al caso de autos, 
KLAN202301089 24

una de las razones para justificar la presentación de interdictos a 

favor de la comunidad de titulares es que, “[n]ingún ocupante del 

apartamento producirá ruidos o molestias ni ejecutará actos que 

perturben la tranquilidad de los demás titulares o vecinos”. Ley Núm. 

129-2020, supra, sec. 1922k. Queda claro de la Demanda que al 

menos dos (2) hechos demuestran perturbaciones y molestias del 

apelado hacia los titulares, como, por ejemplo:

e. El 7 de agosto de 2020 el Sr. Juan Howe subió 

a un “chat” fotos del Sr. Lisandro Medina, guardia de 

seguridad de Estancias de Aragón; del Dr. Sánchez, 

Tesorero de Estancias de Aragón; del vehículo jeep del 

Dr. [K]enneth Rivera, titular; del Sr. Roberto Rodríguez, 

titular y le hace imputaciones en dicho “chat” a la Sra. 

Sara Cruz, titular, de que esta maltrató a otra titular, lo 

que no es cierto.

. . . .

l. El día 15 de septiembre de 2020 continuó 

fotografiando vehículos de titulares sin autorización 

alguna, según Informe de Seguridad de dicho día.34

Además, de un pormenorizado estudio de la Minuta sobre la 

vista de injunction preliminar se desprende documentación 

identificada por la parte apelante, durante el directo de la Lcda. 

Beltrán,

35 la cual provee otros ejemplos preocupantes de 

perturbación a la tranquilidad; a saber: foto de titulares

(identificación 17 marcada como exhibit 12 de la parte 

demandante);36 foto de titular (identificación 19 marcada como 

exhibit 13 de la parte demandante);

37 y foto de titulares

(identificación 22 marcada como exhibit 16 de la parte 

demandante).38 Como se puede apreciar, el argumento de falta de 

legitimación activa levantado por el apelado no encuentra apoyo en 

el derecho ni en los hechos, pues el Artículo 39 de la Ley de 

Condominios, supra, sec. 1922k, provee la autoridad expresa a la 

34 Íd., Anejo II, págs. 6, 8. 

35 Íd., Anejo XII, págs. 83-96. 

36 Íd., pág. 87. 

37 Íd.

38 Íd., pág. 88. 
KLAN20231089 25

Junta de Directores para presentar interdictos, y más cuando la 

reclamación de interdicto en el presente caso demuestra la intención 

de esta de vindicar los derechos de los titulares cónsono con su 

deber de facilitar la convivencia de toda la comunidad, lo cual 

constituye su interés legítimo en la presente controversia. 

Adviértase que ya el propio Tribunal resolvió que el Consejo 

de Titulares posee legitimación activa para presentar este caso. 

Dicha determinación está contenida en la Minuta de la vista 

celebrada el 9 de enero de 2023, más no fue firmada por la jueza 

que presidió los procedimientos ese día. Tampoco notificó 

posteriormente dicha determinación a las partes, según manifestó 

que haría. 

En esa misma línea, en Consejo de Titulares v. Juan W. 

Howe Hernández, KLAN202100101, enfatizamos el criterio para 

determinar si el Consejo de Titulares ostenta legitimación activa 

para presentar determinadas causas de acción; a saber: “reside en 

que sean asuntos que giren en torno al mejor servicio común, 

problemas comunales, el menoscabo de áreas comunes y medidas 

adoptadas para el mejor funcionamiento del condominio y daños al 

patrimonio del Consejo de Titulares”. Es evidente que tomar 

fotografías de titulares y vehículos, así como el interferir 

indebidamente con titulares y empleados del condominio, afecta el 

mejor servicio común, y ha causado problemas comunales, tanto así 

que, durante una asamblea convocada por el Consejo de Titulares, 

se acordó mediante unanimidad que se le autoriza a la Junta de 

Directores realizar algún tipo de gestión judicial para conseguir una 

orden en contra del señor Howe Hernández. Específicamente para el 

“cese y desista de insultar, fotografiar, confrontar, acosar, 

verbalmente a titulares, residentes, empleados y personal 
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voluntariado o con paga y sus pertenencias”.39 Este tipo de gestión, 

de hecho, se acordó que fuese por la vía judicial. Íd. Por lo tanto, el 

Consejo de Titulares tiene legitimación activa en el caso de marras.

Ahora, bien, en cuanto al segundo argumento que presenta el 

apelado de no contar con el aval del Consejo de Titulares y 

acreditarlo mediante acta, también es improcedente. Nótese que la 

Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922z, indica expresamente que 

el(la) Presidente(a) de la Junta de Directores representa al Consejo 

de Titulares en los foros pertinentes en asuntos que afecten la 

comunidad. Adviértase, además que, nuestro más alto foro resolvió 

en Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, pág. 332, que 

el (la) Presidente(a) de la Junta de Directores posee la autoridad para 

acudir al tribunal en aras de poder asegurar el cumplimiento de la 

Ley de Condominios o Propiedad Horizontal “sin necesidad de 

obtener previamente el aval del Consejo de Titulares, siempre 

que la acción esté relacionada con facultades que le fueron 

expresamente delegadas por la ley”. D.A.C.O. v. Junta Cond. 

Sandy Hills, supra, pág. 595. (Énfasis suplido). En otras palabras, 

en el presente caso, la Junta de Directores no necesitaba

autorización para vindicar los derechos de los titulares. Aun así, el 

25 de agosto de 2018, el Consejo de Titulares celebró una Asamblea 

Ordinaria por la cual aprobaron mediante unanimidad que la Junta 

de Directores realice alguna gestión judicial para ordenar al señor 

Howe Hernández a cesar y desistir de “insultar, fotografiar, 

confrontar y acosar verbalmente a titulares, residentes, empleados 

y personal voluntariado o con paga y sus pertenencias”.40 Por lo 

tanto, el argumento de falta de legitimación activa por carecer del 

aval del Consejo de Titulares tampoco es cónsono con el derecho 

considerando que la Junta de Directores no lo necesitaba, y aun así, 

39 Íd., Anejo II, pág. 23. 

40 Íd., Anejo II, págs. 5, 23. 
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mediante una asamblea convocada por el propio Consejo de 

Titulares, se aprobó de forma unánime la presentación del caso de 

marras. 

Además, el TPI erró en resolver, sin fundamento alguno, que 

“la acción de injunction se volvió académica”.41 Si bien uno de las 

causales o razones para clasificar un caso como injusticiable es la 

academicidad, a tenor con los autos, parecería ser que la 

controversia ante nos permanece real y viva. Ello se debe a que el 

apelado pudiera continuar con la conducta que afecta a los demás, 

perjudicando así la convivencia de toda una comunidad. Tampoco 

han surgido hechos judiciales o fácticos que lleven a la

determinación de que se tornó académica, al menos nada explica el 

foro recurrido. Consecuentemente, la reclamación de injunction no 

es académica. 

Por último, el TPI le impuso a la parte apelante el pago de 

costas y gastos de procedimientos, y la suma de $1,000 en concepto 

de honorario de abogados,

42 pues arguyó que el Consejo de Titulares 

tuvo el propósito de impedir una resolución rápida del pleito y “del 

expediente electrónico [surge que], el Tribunal le concedió varias 

oportunidades al Consejo de Titulares para examinar sus 

alegaciones y dialogar sobre una posible transacción”. Sin embargo, 

del expediente surge palmariamente una dilación de tres (3) años, a 

causa de la propia naturaleza del pleito y del accidentado trámite 

procesal ante el TPI; específicamente, por el conflicto en los 

calendarios del tribunal y de los abogados litigantes, y cuatro (4) 

inhibiciones de jueces dentro de un plazo de ocho (8) meses.

43 Por 

41 Íd., Anejo XLIII, pág. 188. 

42 Íd., Anejo XLIII, pág. 189.

43 Íd., Anejo XIII, págs. 97-103 (apelado presenta Solicitud de Recusación e 

Inhibición bajo la Regla 63 de Procedimiento Civil y Solicitud para Dejar 

sin Efecto Señalamiento del 11 de diciembre de 2020); Íd., Anejo XIV, págs. 

104-105 (Resolución de inhibición de la Hon. Itzel Marie Aguilar Pérez; Íd., Anejo 

XXI, pág. 115 (Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Hammed 

Santaella Carlo); Íd., Anejo XXIII, págs. 118-119 (Resolución de inhibición motu 
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lo tanto, la parte apelante no incurrió en temeridad y no procede la 

imposición de honorarios de abogado.

En vista de nuestra determinación, tampoco procede el pago 

de costas, el cual se otorga a una parte ganadora; ni el pago de 

intereses legales. En fin, el TPI erró al imponer el pago de honorarios 

de abogado, costas e intereses legales. 

V.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

apelada. Consecuentemente, se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos; esto es, la continuación del 

juicio en su fondo conforme con lo aquí resuelto.

Considerando que no existe una sentencia final y firme, se 

ordena, además que, luego de celebrar el juicio, el TPI realice un 

balance de intereses entre el derecho de los titulares a disfrutar su 

propiedad y el derecho a la libertad de expresión del apelado para 

determinar si procede la concesión de los remedios aquí solicitados 

por la parte apelante. Solo así haremos cumplida JUSTICIA a las 

partes.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaría del Tribunal de Apelaciones

proprio del Hon. Juez Jorge Rafael Rivera Rueda); Íd., Anejo XL, pág.175 

(Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Francisco J. Rosado Colomer).