# Diario Oficial C 337/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.337.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 337 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53o año14 de diciembre de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.337.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 337

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año14 de diciembre de 2010

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | DICTÁMENES |
| | Banco Central Europeo |
| 2010/C 337/01 | Dictamen del Banco Central Europeo, de 19 de noviembre de 2010, sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (CON/2010/82) | 1 |

Número de información

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Banco Central Europeo

2010/C 337/01

Dictamen del Banco Central Europeo, de 19 de noviembre de 2010, sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (CON/2010/82)

o

1

| | II   Comunicaciones |
| --- | --- |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2010/C 337/02 | Comunicación de la Comisión — Notificación de títulos de formación — Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (anexo V) (
  1
  ) | 10 |

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2010/C 337/02

Comunicación de la Comisión — Notificación de títulos de formación — Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (anexo V) (
  1
  )

1

10

| | IV   Información |
| --- | --- |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2010/C 337/03 | Tipo de cambio del euro | 13 |
| 2010/C 337/04 | Decisiones por las que se concluye el procedimiento de investigación formal tras la retirada de la notificación por el estado miembro — Ayuda estatal — Finlandia (Artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) — Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE — retirada de la notificación — Ayuda estatal C 9/10 (ex N 417/09) — Exención temporal del impuesto de plusvalías sobre las ventas de tierras cultivadas | 14 |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2010/C 337/05 | Informe Especial no 9/2010 ¿Se ha utilizado de manera óptima el gasto de las Medidas Estructurales de la UE en abastecimiento de agua para uso doméstico? | 15 |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 2010/C 337/06 | Información comunicada por los estados miembros en relación con el cierre de pesquerías | 16 |

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2010/C 337/03

Tipo de cambio del euro

13

2010/C 337/04

Decisiones por las que se concluye el procedimiento de investigación formal tras la retirada de la notificación por el estado miembro — Ayuda estatal — Finlandia (Artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) — Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE — retirada de la notificación — Ayuda estatal C 9/10 (ex N 417/09) — Exención temporal del impuesto de plusvalías sobre las ventas de tierras cultivadas

14

Tribunal de Cuentas

2010/C 337/05

Informe Especial no 9/2010 ¿Se ha utilizado de manera óptima el gasto de las Medidas Estructurales de la UE en abastecimiento de agua para uso doméstico?

o

15

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2010/C 337/06

Información comunicada por los estados miembros en relación con el cierre de pesquerías

16

| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión Europea |
| 2010/C 337/07 | Ayuda estatal — España — Ayuda estatal C 23/10 (ex NN 36/10) — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE (
  1
  ) | 17 |
| 2010/C 337/08 | Ayuda estatal — Rumanía (Artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) — Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE — retirada de la notificación — Ayuda estatal C 36/09 — Garantía del Marco temporal a favor de Oltchim (
  1
  ) | 27 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

2010/C 337/07

Ayuda estatal — España — Ayuda estatal C 23/10 (ex NN 36/10) — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE (
  1
  )

1

17

2010/C 337/08

Ayuda estatal — Rumanía (Artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) — Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE — retirada de la notificación — Ayuda estatal C 36/09 — Garantía del Marco temporal a favor de Oltchim (
  1
  )

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27

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| 2010/C 337/09 | Nota al lector (véase página tres de cubierta) | s3 |

2010/C 337/09

Nota al lector (véase página tres de cubierta)

Nota al lector

s3

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

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| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Banco Central Europeo

| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/1 |
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14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/1

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DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 19 de noviembre de 2010

sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia

(CON/2010/82)

2010/C 337/01

Introducción y fundamento jurídico

El 26 de julio de 2010 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una solicitud de dictamen sobre una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (1) (en adelante el «reglamento propuesto»).

La competencia consultiva del BCE se basa en el apartado 4 del artículo 127 y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, puesto que el reglamento propuesto contiene disposiciones que afectan a la contribución del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) a la buena gestión de las políticas con respecto a la estabilidad del sistema financiero, conforme establece el apartado 5 del artículo 127 del Tratado. De acuerdo con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.

Observaciones generales

| 1. | El BCE celebra en general las medidas introducidas por el reglamento propuesto encaminadas a reforzar el marco regulador de las agencias de calificación crediticia y dirigidas en particular a: a) conferir amplios poderes a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en lo relativo al registro y la vigilancia de las agencias de calificación crediticia, y b) introducir un mayor grado de transparencia y competencia en el mercado de la calificación de los instrumentos de financiación estructurada. El BCE se felicita de que el Reglamento (CE) no 1060/2009 (2) haya incorporado muchas de las observaciones formuladas previamente en: a) la contribución del Eurosistema a la consulta pública acerca del proyecto de Directiva/Reglamento de la Comisión sobre las agencias de calificación crediticia (3), y b) el Dictamen del BCE CON/2009/38, de 21 de abril de 2009, acerca de una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia (4). |
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1.

El BCE celebra en general las medidas introducidas por el reglamento propuesto encaminadas a reforzar el marco regulador de las agencias de calificación crediticia y dirigidas en particular a: a) conferir amplios poderes a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en lo relativo al registro y la vigilancia de las agencias de calificación crediticia, y b) introducir un mayor grado de transparencia y competencia en el mercado de la calificación de los instrumentos de financiación estructurada. El BCE se felicita de que el Reglamento (CE) no 1060/2009 (2) haya incorporado muchas de las observaciones formuladas previamente en: a) la contribución del Eurosistema a la consulta pública acerca del proyecto de Directiva/Reglamento de la Comisión sobre las agencias de calificación crediticia (3), y b) el Dictamen del BCE CON/2009/38, de 21 de abril de 2009, acerca de una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia (4).

| 2. | Como se advierte en la contribución del Eurosistema en 2008 (5), desde la perspectiva de garantizar la coordinación y la igualdad de condiciones, un sistema de supervisión de las agencias de calificación crediticia basado en una entidad única es preferible a una supervisión dispersa. En este contexto, el BCE acoge con satisfacción la atribución a la AEVM de una serie de funciones relacionadas con el registro y la vigilancia de las agencias de calificación crediticia. El BCE entiende que el marco regulador respetará el derecho de las autoridades supervisoras nacionales de reconocer a las agencias de calificación crediticia como instituciones externas de evaluación del crédito de conformidad con los artículos 81 a 83 de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) (6). |
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2.

Como se advierte en la contribución del Eurosistema en 2008 (5), desde la perspectiva de garantizar la coordinación y la igualdad de condiciones, un sistema de supervisión de las agencias de calificación crediticia basado en una entidad única es preferible a una supervisión dispersa. En este contexto, el BCE acoge con satisfacción la atribución a la AEVM de una serie de funciones relacionadas con el registro y la vigilancia de las agencias de calificación crediticia. El BCE entiende que el marco regulador respetará el derecho de las autoridades supervisoras nacionales de reconocer a las agencias de calificación crediticia como instituciones externas de evaluación del crédito de conformidad con los artículos 81 a 83 de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición) (6).

| 3. | El BCE apoya en general, sin perjuicio de las observaciones que se formulan más abajo, los mecanismos de transparencia establecidos en los nuevos artículos 8 bis y 8 ter propuestos para el Reglamento (CE) no 1060/2009 (7), que requieren que los emisores de los instrumentos de financiación estructurada den acceso a la información que faciliten a las agencias de calificación contratadas también a otras agencias de calificación crediticia determinadas. La introducción de estas obligaciones de información trata de mejorar la calidad y transparencia del proceso de calificación de los instrumentos de financiación estructurada y podría además contribuir a aumentar la competencia entre las agencias de calificación crediticia. Por otra parte, las nuevas obligaciones son en cierta medida similares a las normas que aplica la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (US Securities and Exchange Commission — SEC) desde junio de 2008 (8). La convergencia, en lo posible, entre los marcos reguladores de la UE y de EE UU constituye un aspecto importante de la igualdad de condiciones.
  No obstante, el BCE observa ciertos problemas potenciales en la aplicación de las nuevas obligaciones de información. En primer lugar, conforme a los mecanismos propuestos, cabe esperar que la agencia de calificación crediticia contratada para emitir una calificación crediticia en un caso determinado esté sujeta a una mayor competencia por parte de otras agencias admisibles (no contratadas). Concretamente, puede ser más fácil para las agencias de calificación crediticia no contratadas emitir calificaciones crediticias no solicitadas, ya que tendrán acceso a la información facilitada por el emisor a la agencia de calificación crediticia contratada. Sin embargo, puede haber notables obstáculos para el acceso al mercado de las agencias de calificación crediticia no contratadas si se tienen en cuenta: a) los requisitos legales de acceso a la información del emisor, y b) la información oficiosa disponible para la agencia de calificación crediticia contratada, como consecuencia de su relación duradera con el emisor. Ciertamente, la experiencia en la aplicación de las normas introducidas por la SEC no ha confirmado aún de manera concluyente que dichas normas tengan un efecto sustancial en las prácticas de las agencias de calificación crediticia, en concreto, aumentando el número de calificaciones crediticias no solicitadas. En segundo lugar, la posibilidad de obtener múltiples calificaciones crediticias permitiría a los emisores seleccionar la más favorable («rating shopping»), lo cual podría llevar a las agencias de calificación crediticia a competir por ofrecer las calificaciones más favorables. Ello podría influir negativamente en la calidad de las calificaciones emitidas. En tercer lugar, también será preciso examinar la situación del propio emisor, teniendo en cuenta elementos como: a) la carga de dar acceso a la información a agencias de calificación crediticia no contratadas, y b) la protección contra abusos potenciales de la información recibida por agencias de calificación crediticia no contratadas.
  El BCE entiende que los mecanismos de transparencia establecidos en los nuevos artículos 8 bis y 8 ter que se proponen han obtenido amplio respaldo en el trabajo preparatorio del reglamento propuesto (9). Por tanto, el BCE propone solo modificaciones limitadas (10). Al mismo tiempo, el BCE recomienda que la AEVM siga de cerca las novedades en los temas mencionados, en conexión con la aplicación del reglamento propuesto, de modo que la Comisión pueda proponer los ajustes pertinentes conforme a la experiencia adquirida (11). |
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3.

El BCE apoya en general, sin perjuicio de las observaciones que se formulan más abajo, los mecanismos de transparencia establecidos en los nuevos artículos 8 bis y 8 ter propuestos para el Reglamento (CE) no 1060/2009 (7), que requieren que los emisores de los instrumentos de financiación estructurada den acceso a la información que faciliten a las agencias de calificación contratadas también a otras agencias de calificación crediticia determinadas. La introducción de estas obligaciones de información trata de mejorar la calidad y transparencia del proceso de calificación de los instrumentos de financiación estructurada y podría además contribuir a aumentar la competencia entre las agencias de calificación crediticia. Por otra parte, las nuevas obligaciones son en cierta medida similares a las normas que aplica la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (US Securities and Exchange Commission — SEC) desde junio de 2008 (8). La convergencia, en lo posible, entre los marcos reguladores de la UE y de EE UU constituye un aspecto importante de la igualdad de condiciones.

No obstante, el BCE observa ciertos problemas potenciales en la aplicación de las nuevas obligaciones de información. En primer lugar, conforme a los mecanismos propuestos, cabe esperar que la agencia de calificación crediticia contratada para emitir una calificación crediticia en un caso determinado esté sujeta a una mayor competencia por parte de otras agencias admisibles (no contratadas). Concretamente, puede ser más fácil para las agencias de calificación crediticia no contratadas emitir calificaciones crediticias no solicitadas, ya que tendrán acceso a la información facilitada por el emisor a la agencia de calificación crediticia contratada. Sin embargo, puede haber notables obstáculos para el acceso al mercado de las agencias de calificación crediticia no contratadas si se tienen en cuenta: a) los requisitos legales de acceso a la información del emisor, y b) la información oficiosa disponible para la agencia de calificación crediticia contratada, como consecuencia de su relación duradera con el emisor. Ciertamente, la experiencia en la aplicación de las normas introducidas por la SEC no ha confirmado aún de manera concluyente que dichas normas tengan un efecto sustancial en las prácticas de las agencias de calificación crediticia, en concreto, aumentando el número de calificaciones crediticias no solicitadas. En segundo lugar, la posibilidad de obtener múltiples calificaciones crediticias permitiría a los emisores seleccionar la más favorable («rating shopping»), lo cual podría llevar a las agencias de calificación crediticia a competir por ofrecer las calificaciones más favorables. Ello podría influir negativamente en la calidad de las calificaciones emitidas. En tercer lugar, también será preciso examinar la situación del propio emisor, teniendo en cuenta elementos como: a) la carga de dar acceso a la información a agencias de calificación crediticia no contratadas, y b) la protección contra abusos potenciales de la información recibida por agencias de calificación crediticia no contratadas.

El BCE entiende que los mecanismos de transparencia establecidos en los nuevos artículos 8 bis y 8 ter que se proponen han obtenido amplio respaldo en el trabajo preparatorio del reglamento propuesto (9). Por tanto, el BCE propone solo modificaciones limitadas (10). Al mismo tiempo, el BCE recomienda que la AEVM siga de cerca las novedades en los temas mencionados, en conexión con la aplicación del reglamento propuesto, de modo que la Comisión pueda proponer los ajustes pertinentes conforme a la experiencia adquirida (11).

| 4. | Asimismo, el BCE espera que la Comisión emprenda sus trabajos sobre los mecanismos de transparencia de más largo alcance relativos a la emisión de calificaciones crediticias sobre la base de la experiencia adquirida con la aplicación de las normas del reglamento propuesto. Para lograr el efecto perseguido, los mecanismos de transparencia han de encontrar el equilibrio entre, por una parte, los intereses comerciales de los emisores que facilitan información sensible a las agencias de calificación crediticia y, por otra, las necesidades de bancos centrales, supervisores y otros interesados en obtener un mayor acceso a la información que les permita una evaluación independiente de la actuación de las agencias de calificación crediticia. Todos los elementos mencionados son de especial relevancia para el mercado de titulizaciones. Sobre este particular, el objetivo del Eurosistema es tener acceso, en el marco de su sistema de evaluación de activos de garantía, a una información préstamo a préstamo que permita la evaluación continua de los riesgos de los instrumentos titulizados. |
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4.

Asimismo, el BCE espera que la Comisión emprenda sus trabajos sobre los mecanismos de transparencia de más largo alcance relativos a la emisión de calificaciones crediticias sobre la base de la experiencia adquirida con la aplicación de las normas del reglamento propuesto. Para lograr el efecto perseguido, los mecanismos de transparencia han de encontrar el equilibrio entre, por una parte, los intereses comerciales de los emisores que facilitan información sensible a las agencias de calificación crediticia y, por otra, las necesidades de bancos centrales, supervisores y otros interesados en obtener un mayor acceso a la información que les permita una evaluación independiente de la actuación de las agencias de calificación crediticia. Todos los elementos mencionados son de especial relevancia para el mercado de titulizaciones. Sobre este particular, el objetivo del Eurosistema es tener acceso, en el marco de su sistema de evaluación de activos de garantía, a una información préstamo a préstamo que permita la evaluación continua de los riesgos de los instrumentos titulizados.

Observaciones particulares

Mayor transparencia del proceso de calificación

| 5. | El reglamento propuesto requiere que las agencias de calificación crediticia contratadas proporcionen a sus competidores una lista de los instrumentos de financiación estructurada cuya calificación crediticia estén preparando, junto con un enlace al sitio web donde el emisor almacene la información utilizada en la preparación de las calificaciones. Las agencias de calificación crediticia no contratadas podrán obtener acceso a esta información siempre que: a) en el momento de la solicitud cuenten con los sistemas y la estructura organizativa adecuados para proteger la confidencialidad de la información, y b) tras haber accedido a la información, proporcionen anualmente calificaciones con respecto al 10 % como mínimo de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales hayan solicitado información (12). El BCE recomienda que en el reglamento propuesto se defina más claramente, en primer lugar, el método empleado por la AEVM para la verificación del cumplimiento de estos criterios; en segundo lugar, el método de cálculo aplicado para verificar el cumplimiento del segundo criterio (13), y, en tercer lugar, las situaciones en que el incumplimiento del segundo criterio pudiera acarrear la imposición de sanciones (14). |
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5.

El reglamento propuesto requiere que las agencias de calificación crediticia contratadas proporcionen a sus competidores una lista de los instrumentos de financiación estructurada cuya calificación crediticia estén preparando, junto con un enlace al sitio web donde el emisor almacene la información utilizada en la preparación de las calificaciones. Las agencias de calificación crediticia no contratadas podrán obtener acceso a esta información siempre que: a) en el momento de la solicitud cuenten con los sistemas y la estructura organizativa adecuados para proteger la confidencialidad de la información, y b) tras haber accedido a la información, proporcionen anualmente calificaciones con respecto al 10 % como mínimo de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales hayan solicitado información (12). El BCE recomienda que en el reglamento propuesto se defina más claramente, en primer lugar, el método empleado por la AEVM para la verificación del cumplimiento de estos criterios; en segundo lugar, el método de cálculo aplicado para verificar el cumplimiento del segundo criterio (13), y, en tercer lugar, las situaciones en que el incumplimiento del segundo criterio pudiera acarrear la imposición de sanciones (14).

| 6. | Asimismo, el BCE formula las recomendaciones siguientes a fin de resolver los problemas referidos en el apartado 3.
  En primer lugar, debe exigirse a las agencias de calificación crediticia que comuniquen cada seis meses a la AEVM datos sobre el número de calificaciones crediticias que hayan emitido en un período determinado, desglosadas en: a) calificaciones crediticias solicitadas por una entidad calificada o por un tercero vinculado, y b) calificaciones crediticias no solicitadas, junto con datos que indiquen la proporción de estas calificaciones no solicitadas que hayan sido superiores, iguales o inferiores a las calificaciones crediticias correspondientes emitidas por la agencia de calificación crediticia contratada. Esta información debe incluirse en las comunicaciones periódicas de las agencias de calificación crediticia a la AEVM (15).
  En segundo lugar, debe encomendarse a la AEVM que vigile el cumplimiento de los nuevos artículos 8 bis y 8 ter propuestos, a fin de determinar: a) la repercusión de estas disposiciones en la cantidad y calidad de las calificaciones crediticias emitidas, incluidas las no solicitadas; b) cualquier posible necesidad de modificar los criterios de admisibilidad de las agencias de calificación crediticia no contratadas, con objeto de evitar obstáculos excesivos de acceso al mercado; c) la carga impuesta a los emisores, y d) cualquier posible necesidad de proteger a los emisores contra el abuso de la información que faciliten a las agencias de calificación crediticia no contratadas. Un informe de la AEVM debe servir de base para la revisión por la Comisión de los nuevos artículos 8 bis y 8 ter en el período especificado posterior a su entrada en vigor. |
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6.

Asimismo, el BCE formula las recomendaciones siguientes a fin de resolver los problemas referidos en el apartado 3.

En primer lugar, debe exigirse a las agencias de calificación crediticia que comuniquen cada seis meses a la AEVM datos sobre el número de calificaciones crediticias que hayan emitido en un período determinado, desglosadas en: a) calificaciones crediticias solicitadas por una entidad calificada o por un tercero vinculado, y b) calificaciones crediticias no solicitadas, junto con datos que indiquen la proporción de estas calificaciones no solicitadas que hayan sido superiores, iguales o inferiores a las calificaciones crediticias correspondientes emitidas por la agencia de calificación crediticia contratada. Esta información debe incluirse en las comunicaciones periódicas de las agencias de calificación crediticia a la AEVM (15).

En segundo lugar, debe encomendarse a la AEVM que vigile el cumplimiento de los nuevos artículos 8 bis y 8 ter propuestos, a fin de determinar: a) la repercusión de estas disposiciones en la cantidad y calidad de las calificaciones crediticias emitidas, incluidas las no solicitadas; b) cualquier posible necesidad de modificar los criterios de admisibilidad de las agencias de calificación crediticia no contratadas, con objeto de evitar obstáculos excesivos de acceso al mercado; c) la carga impuesta a los emisores, y d) cualquier posible necesidad de proteger a los emisores contra el abuso de la información que faciliten a las agencias de calificación crediticia no contratadas. Un informe de la AEVM debe servir de base para la revisión por la Comisión de los nuevos artículos 8 bis y 8 ter en el período especificado posterior a su entrada en vigor.

Provisión de información a la AEVM y al Eurosistema

| 7. | El BCE observa que las agencias de calificación crediticia tendrán que comunicar a un registro central establecido por la AEVM información acerca de sus resultados históricos (16). El BCE recomienda que esta información se facilite en un formato comparable y acorde con el marco estadístico de la Unión. En la estructuración y el almacenamiento de los datos deberían adoptarse en la mayor medida posible identificadores y estándares comunes (p. ej. mediante el empleo de información de referencia estandarizada, como los códigos ISIN). |
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7.

El BCE observa que las agencias de calificación crediticia tendrán que comunicar a un registro central establecido por la AEVM información acerca de sus resultados históricos (16). El BCE recomienda que esta información se facilite en un formato comparable y acorde con el marco estadístico de la Unión. En la estructuración y el almacenamiento de los datos deberían adoptarse en la mayor medida posible identificadores y estándares comunes (p. ej. mediante el empleo de información de referencia estandarizada, como los códigos ISIN).

| 8. | Asimismo, tal como se señaló en la contribución del Eurosistema en 2008, el nuevo marco para la regulación de las agencias de calificación crediticia debe permitir un nivel adecuado de cooperación entre las autoridades supervisoras y el Eurosistema. El Eurosistema, por sus funciones relacionadas con la estabilidad financiera, tiene mucho interés en el tema de las calificaciones crediticias. Además, existe ya un marco a escala del Eurosistema para la vigilancia de las agencias de calificación crediticia en el contexto de las operaciones de política monetaria (17). En consecuencia, el BCE celebra los mecanismos de intercambio de información previstos en el nuevo artículo 27 propuesto para el Reglamento (CE) no 1060/2009. Con todo, el BCE recomienda que esta disposición garantice expresamente el acceso del SEBC y del BCE, y de las autoridades de los Estados miembros especificadas, a la información relevante para el ejercicio de sus funciones estatutarias. |
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8.

Asimismo, tal como se señaló en la contribución del Eurosistema en 2008, el nuevo marco para la regulación de las agencias de calificación crediticia debe permitir un nivel adecuado de cooperación entre las autoridades supervisoras y el Eurosistema. El Eurosistema, por sus funciones relacionadas con la estabilidad financiera, tiene mucho interés en el tema de las calificaciones crediticias. Además, existe ya un marco a escala del Eurosistema para la vigilancia de las agencias de calificación crediticia en el contexto de las operaciones de política monetaria (17). En consecuencia, el BCE celebra los mecanismos de intercambio de información previstos en el nuevo artículo 27 propuesto para el Reglamento (CE) no 1060/2009. Con todo, el BCE recomienda que esta disposición garantice expresamente el acceso del SEBC y del BCE, y de las autoridades de los Estados miembros especificadas, a la información relevante para el ejercicio de sus funciones estatutarias.

Propuestas de redacción

En el anexo del presente dictamen figuran las propuestas de redacción específicas, acompañadas de explicaciones, correspondientes a las recomendaciones del BCE encaminadas a modificar el reglamento propuesto.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 19 de noviembre de 2010.

El presidente del BCE

Jean-Claude TRICHET

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(1)  COM(2010) 289 final.

1

(2)  DO L 302 de 17.11.2009, p.1.

2

(3)  Septiembre de 2008 (en adelante, la «contribución del Eurosistema en 2008»), disponible en el sitio web del BCE http://www.ecb.europa.eu

3

(4)  DO C 115 de 20.5.2009, p. 1.

4

(5)  Página 4.

5

(6)  DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.

6

(7)  Véase el apartado 4 del artículo 1 del reglamento propuesto.

7

(8)  Véase la modificación de la norma 17g-5 de la parte 240 de la Securities Exchange Act de 1934, SEC Release No 34-61050 (23 de noviembre de 2009), Federal Register Vol. 74, No 232, p. 63832 (4 de diciembre de 2009) (en adelante, la «norma SEC modificada 240.17g-5»), disponible en el sitio web de la SEC http://www.sec.gov La norma SEC modificada 240.17g-5 se aplica a los emisores de EE UU desde el 2 de junio de 2010, y se aplicará a los emisores de fuera de EE UU que contraten a una agencia de calificación crediticia situada en EE UU desde el 2 de diciembre de 2010; véase también la Orden de la SEC de 19 de mayo de 2010 que exime condicional y temporalmente a las organizaciones de calificación estadística reconocidas a nivel nacional de los requisitos de la norma 17g-5 conforme a la Securities Exchange Act de 1934 y solicitud de observaciones (Release No 34-62120), disponible en el sitio web de la SEC).

8

(9)  Compárese la actual redacción del reglamento propuesto con la de la propuesta del compromiso de la Presidencia de 7 de octubre de 2010, 2010/0160 (COD), p. 17.

9

(10)  Véanse más comentarios en el apartado 5.

10

(11)  Véanse más comentarios en el apartado 6.

11

(12)  Véase el apartado 2 del nuevo artículo 8 bis propuesto para el Reglamento (CE) no 1060/2009.

12

bis

o

(13)  Compárese la actual redacción con la sección (a)(3)(iii)(B)(1) de la norma SEC modificada 240.17g-5.

13

1

(14)  Véase el apartado 1 de los nuevos artículos 24 y 36 bis propuestos para el Reglamento (CE) no 1060/2009, conjuntamente con la letra w) de la sección I del anexo III de dicho Reglamento.

14

bis

o

(15)  Véase el nuevo apartado 3 propuesto para el artículo 11 del Reglamento (CE) no 1060/2009, conjuntamente con la parte II, sección E del anexo I de dicho reglamento.

15

o

(16)  Véase el nuevo apartado 2 del artículo 11 propuesto para el Reglamento (CE) no 1060/2009.

16

o

(17)  Véanse la contribución del Eurosistema en 2008, p. 5, y la sección 6.3 («Sistema de evaluación del crédito del Eurosistema») de la Orientación BCE/2000/7, de 31 de agosto de 2000, sobre los instrumentos y procedimientos de la política monetaria del Eurosistema, DO L 310 de 11.12.2000, p. 1.

17

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ANEXO

Propuestas de redacción

| Texto que propone la Comisión | Modificaciones que propone el BCE (1) |
| --- | --- |
| 1a modificación |
| Tercer visto (nuevo) |
| Ningún texto. | «Visto el dictamen del Banco Central Europeo,» |
| Justificación


  Puesto que según el apartado 4 del artículo 127 y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado debe consultarse al BCE el reglamento propuesto, este debe incluir un visto conforme al segundo párrafo del artículo 296 del Tratado, que dispone que los actos jurídicos hagan referencia, entre otras cosas, a los dictámenes previstos por los Tratados. |
| 2a modificación |
| Considerando 5 y (nuevos) considerandos 11 bis y 16 bis |
| «(5) | A fin de intensificar la competencia entre agencias de calificación crediticia, de contribuir a evitar posibles conflictos de intereses motivados por el modelo «el emisor paga», que resultan particularmente virulentos cuando se trata de la calificación de instrumentos de financiación estructurada, y de mejorar la transparencia y calidad de las calificaciones correspondientes a los citados instrumentos, resulta oportuno que las agencias de calificación crediticia registradas o certificadas tengan acceso a una lista de instrumentos de financiación estructurada que son objeto de calificación por sus competidores. El emisor o un tercero vinculado deben proporcionar la información destinada a dicha calificación con vistas a la emisión de calificaciones competidoras no solicitadas sobre los instrumentos de financiación estructurada. La emisión de tales calificaciones no solicitadas promoverá, en principio, el recurso a más de una calificación por instrumento de financiación estructurada. Procede conceder acceso a los sitios web únicamente si la agencia de calificación crediticia puede garantizar la confidencialidad de la información solicitada.» |

Texto que propone la Comisión

Modificaciones que propone el BCE (1)

1a modificación

Tercer visto (nuevo)

Ningún texto.

«Visto el dictamen del Banco Central Europeo,»

Justificación

Justificación

Puesto que según el apartado 4 del artículo 127 y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado debe consultarse al BCE el reglamento propuesto, este debe incluir un visto conforme al segundo párrafo del artículo 296 del Tratado, que dispone que los actos jurídicos hagan referencia, entre otras cosas, a los dictámenes previstos por los Tratados.

Puesto que según el apartado 4 del artículo 127 y el apartado 5 del artículo 282 del Tratado debe consultarse al BCE el reglamento propuesto, este debe incluir un visto conforme al segundo párrafo del artículo 296 del Tratado, que dispone que los actos jurídicos hagan referencia, entre otras cosas, a los dictámenes previstos por los Tratados.

2a modificación

2a

Considerando 5 y (nuevos) considerandos 11 bis y 16 bis

bis

bis

«(5)

A fin de intensificar la competencia entre agencias de calificación crediticia, de contribuir a evitar posibles conflictos de intereses motivados por el modelo «el emisor paga», que resultan particularmente virulentos cuando se trata de la calificación de instrumentos de financiación estructurada, y de mejorar la transparencia y calidad de las calificaciones correspondientes a los citados instrumentos, resulta oportuno que las agencias de calificación crediticia registradas o certificadas tengan acceso a una lista de instrumentos de financiación estructurada que son objeto de calificación por sus competidores. El emisor o un tercero vinculado deben proporcionar la información destinada a dicha calificación con vistas a la emisión de calificaciones competidoras no solicitadas sobre los instrumentos de financiación estructurada. La emisión de tales calificaciones no solicitadas promoverá, en principio, el recurso a más de una calificación por instrumento de financiación estructurada. Procede conceder acceso a los sitios web únicamente si la agencia de calificación crediticia puede garantizar la confidencialidad de la información solicitada.»

| «(5) | La calificación de instrumentos de financiación estructurada puede resultar especialmente afectada por conflictos de intereses relacionados con el modelo “el emisor paga”. Para resolver este problema, debe intensificarse la competencia entre agencias de calificación crediticia incentivando la utilización de calificaciones crediticias múltiples, de modo que mejoren la transparencia y calidad del proceso calificador.
  Por tanto, las agencias de calificación crediticia registradas o certificadas deben tener acceso a una lista de instrumentos de financiación estructurada que son objeto de calificación por sus competidores. El emisor o un tercero vinculado deben proporcionar la información destinada a dicha calificación con vistas a la emisión de calificaciones competidoras no solicitadas sobre los instrumentos de financiación estructurada. Procede conceder acceso a los sitios web únicamente si la agencia de calificación crediticia puede garantizar la confidencialidad de la información solicitada. Debe encomendarse a la AEVM que vigile el cumplimiento de estas disposiciones sobre transparencia y que elabore un informe que analice su repercusión efectiva en la práctica de emisión de calificaciones crediticias, así como la necesidad de introducir ajustes. |
| --- | --- |

«(5)

La calificación de instrumentos de financiación estructurada puede resultar especialmente afectada por conflictos de intereses relacionados con el modelo “el emisor paga”. Para resolver este problema, debe intensificarse la competencia entre agencias de calificación crediticia incentivando la utilización de calificaciones crediticias múltiples, de modo que mejoren la transparencia y calidad del proceso calificador.
  Por tanto, las agencias de calificación crediticia registradas o certificadas deben tener acceso a una lista de instrumentos de financiación estructurada que son objeto de calificación por sus competidores. El emisor o un tercero vinculado deben proporcionar la información destinada a dicha calificación con vistas a la emisión de calificaciones competidoras no solicitadas sobre los instrumentos de financiación estructurada. Procede conceder acceso a los sitios web únicamente si la agencia de calificación crediticia puede garantizar la confidencialidad de la información solicitada. Debe encomendarse a la AEVM que vigile el cumplimiento de estas disposiciones sobre transparencia y que elabore un informe que analice su repercusión efectiva en la práctica de emisión de calificaciones crediticias, así como la necesidad de introducir ajustes.

...

| (11 bis) | A fin de permitir la vigilancia efectiva de la AEVM, las agencias de calificación crediticia deben comunicar a un registro central establecido por la AEVM información acerca de sus resultados históricos. Esto debe hacerse en un formato acorde con el marco estadístico de la Unión que facilite las comparaciones directas entre los datos históricos proporcionados por distintas agencias de calificación crediticia. Asimismo, para salvaguardar el funcionamiento adecuado de la práctica de emisión de calificaciones crediticias no solicitadas, en las comunicaciones periódicas que las agencias de calificación crediticia remitan a la AEVM debe incluirse información específica relativa a la emisión de dichas calificaciones. |
| --- | --- |

(11 bis)

A fin de permitir la vigilancia efectiva de la AEVM, las agencias de calificación crediticia deben comunicar a un registro central establecido por la AEVM información acerca de sus resultados históricos. Esto debe hacerse en un formato acorde con el marco estadístico de la Unión que facilite las comparaciones directas entre los datos históricos proporcionados por distintas agencias de calificación crediticia. Asimismo, para salvaguardar el funcionamiento adecuado de la práctica de emisión de calificaciones crediticias no solicitadas, en las comunicaciones periódicas que las agencias de calificación crediticia remitan a la AEVM debe incluirse información específica relativa a la emisión de dichas calificaciones.

...

| (16 bis) | Las autoridades de supervisión competentes, los bancos centrales de los Estados miembros, el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo, en su calidad de autoridades monetarias, la Junta Europea de Riesgo Sistémico y, en su caso, otras autoridades de los Estados miembros responsables de vigilar los sistemas de pago y liquidación, deben tener acceso a la información que la AEVM haya recabado de las agencias de calificación crediticia que sea relevante para el ejercicio de sus funciones.» |
| --- | --- |

(16 bis)

Las autoridades de supervisión competentes, los bancos centrales de los Estados miembros, el Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo, en su calidad de autoridades monetarias, la Junta Europea de Riesgo Sistémico y, en su caso, otras autoridades de los Estados miembros responsables de vigilar los sistemas de pago y liquidación, deben tener acceso a la información que la AEVM haya recabado de las agencias de calificación crediticia que sea relevante para el ejercicio de sus funciones.»

Justificación

Justificación

Véanse los apartados 5 a 8 del dictamen. Estas modificaciones se refieren a las modificaciones 3 a 7.

Véanse los apartados 5 a 8 del dictamen. Estas modificaciones se refieren a las modificaciones 3 a 7.

3a modificación

3a

Apartado 4 del artículo 1 del reglamento propuesto

«4.   Se insertan los artículos 8 bis y 8 ter siguientes:

“Artículo 8 bis

Información sobre instrumentos de financiación estructurada

...

| 2. | En el supuesto de que otras agencias de calificación crediticia registradas o certificadas de conformidad con el presente Reglamento soliciten acceso a la información a que se refiere el apartado 1, se les concederá acceso sin demora siempre y cuando reúnan todas las condiciones siguientes:






  a) | cuenten con los sistemas y la estructura organizativa oportunos para garantizar la confidencialidad de la citada información; |
| --- | --- | --- |

2.

En el supuesto de que otras agencias de calificación crediticia registradas o certificadas de conformidad con el presente Reglamento soliciten acceso a la información a que se refiere el apartado 1, se les concederá acceso sin demora siempre y cuando reúnan todas las condiciones siguientes:

a)

cuenten con los sistemas y la estructura organizativa oportunos para garantizar la confidencialidad de la citada información;

| b) | proporcionen anualmente calificaciones con respecto al 10 %, como mínimo, de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales solicitan acceso a la información mencionada en el apartado 1. |
| --- | --- |

b)

proporcionen anualmente calificaciones con respecto al 10 %, como mínimo, de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales solicitan acceso a la información mencionada en el apartado 1.

...” »

«4.   Se insertan los artículos 8 bis, 8 ter y 8 quater siguientes:

“Artículo 8 bis

Información sobre instrumentos de financiación estructurada

...

| 2. | En el supuesto de que otras agencias de calificación crediticia registradas o certificadas de conformidad con el presente Reglamento soliciten acceso a la información a que se refiere el apartado 1, se les concederá acceso sin demora siempre y cuando se les haya concedido la autorización a que se refiere al apartado 2 ter. | |
| --- | --- | --- |

2.

En el supuesto de que otras agencias de calificación crediticia registradas o certificadas de conformidad con el presente Reglamento soliciten acceso a la información a que se refiere el apartado 1, se les concederá acceso sin demora siempre y cuando se les haya concedido la autorización a que se refiere al apartado 2 ter.

2 bis.

| | |
| --- | --- |

| 2 bis. | Las agencias de calificación crediticia que, conforme al apartado 2, hayan obtenido la información a que se refiere el apartado 1 sobre más de 10 instrumentos de financiación estructurada dentro de un año natural, emitirán, dentro del mismo año natural, calificaciones crediticias sobre el 10 %, como mínimo, de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales hayan obtenido la información. |
| --- | --- |

| 2 ter. | La AEVM verificará anualmente si las agencias de calificación crediticia registradas o certificadas de acuerdo con el presente reglamento:







  a) | disponen de sistemas y estructuras organizativas que garanticen la confidencialidad de la información a que se refiere el apartado 1, y |
| --- | --- | --- |

2 ter.

a)

disponen de sistemas y estructuras organizativas que garanticen la confidencialidad de la información a que se refiere el apartado 1, y

| b) | han cumplido, en el año natural precedente, la obligación establecida en el apartado 2 bis. |
| --- | --- |

b)

han cumplido, en el año natural precedente, la obligación establecida en el apartado 2 bis.

Si el resultado de la verificación es positivo, la AEVM concederá una autorización de acceso a la información a que se refiere el apartado 1, que tendrá validez durante un período de 12 meses.

...

Artículo 8 quater

Revisión

| 1. | Antes del 1 de abril de 2012, la AEVM elaborará un informe que analice la experiencia adquirida en la aplicación de los artículos 8 bis y 8 ter. El informe abordará en particular los asuntos siguientes: a) la repercusión de dichos artículos en la cantidad y calidad de las calificaciones crediticias emitidas, incluidas las no solicitadas; b) cualquier necesidad de modificar los criterios de admisibilidad establecidos en el apartado 2 del artículo 8 bis, con objeto de evitar obstáculos excesivos de acceso al mercado; c) la carga impuesta a los emisores por el apartado 1 del artículo 8 bis, y d) cualquier necesidad de proteger a los emisores contra el abuso de la información que faciliten a las agencias de calificación crediticia no contratadas. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Tras presentar la AEVM el informe a que se refiere el apartado 1, la Comisión formulará, si procede, propuestas de modificación de los artículos 8 bis y 8 ter.” » |
| --- | --- |

2.

Tras presentar la AEVM el informe a que se refiere el apartado 1, la Comisión formulará, si procede, propuestas de modificación de los artículos 8 bis y 8 ter.” »

Justificación

Justificación

Véanse los apartados 5 y 6 del dictamen.

Véanse los apartados 5 y 6 del dictamen.

4a modificación

4a

Apartado 7 del artículo 1 del reglamento propuesto

«7.   En el artículo 11, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

“2.   Las agencias de calificación crediticia comunicarán a un registro central establecido por la AEVM información acerca de sus resultados históricos, incluida la frecuencia de transición de las calificaciones e información sobre calificaciones crediticias emitidas en el pasado y sobre los cambios de las mismas. Las agencias de calificación crediticia facilitarán la información a este registro en un formato estándar, según lo previsto por la AEVM. La AEVM pondrá esa información a disposición del público y publicará anualmente un resumen de los principales cambios observados.

....” »

«7.   En el artículo 11, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

“2.   Las agencias de calificación crediticia comunicarán a un registro central establecido por la AEVM información acerca de sus resultados históricos, incluida la frecuencia de transición de las calificaciones e información sobre calificaciones crediticias emitidas en el pasado y sobre los cambios de las mismas. Las agencias de calificación crediticia facilitarán la información a este registro en un formulario estándar proporcionado por la AEVM en un formato acorde con el marco estadístico de la Unión que facilite, mediante el uso de identificadores y estándares comunes, las comparaciones directas entre los datos históricos facilitados por distintas agencias de calificación crediticia. La AEVM pondrá esa información a disposición del público y publicará anualmente un resumen de los principales cambios observados.

....” »

Justificación

Justificación

Véase el apartado 7 del dictamen.

Véase el apartado 7 del dictamen.

5a modificación

5a

Apartado 17 del artículo 1 del reglamento propuesto

«17.   Los artículos 26 y 27 se sustituyen por el texto siguiente:

“...

Artículo 27

Intercambio de información

...

| 2) | La AEVM podrá transmitir a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, a los bancos centrales, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su calidad de autoridades monetarias, a la Junta Europea de Riesgo Sistémico y, en su caso, a otras autoridades públicas responsables de supervisar los sistemas de pago y liquidación, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus funciones. De igual modo, tampoco se impedirá a dichas autoridades u organismos comunicar a la AEVM la información que ésta pueda necesitar para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento.” » |
| --- | --- |

2)

La AEVM podrá transmitir a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, a los bancos centrales, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su calidad de autoridades monetarias, a la Junta Europea de Riesgo Sistémico y, en su caso, a otras autoridades públicas responsables de supervisar los sistemas de pago y liquidación, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus funciones. De igual modo, tampoco se impedirá a dichas autoridades u organismos comunicar a la AEVM la información que ésta pueda necesitar para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento.” »

«17.   Los artículos 26 y 27 se sustituyen por el texto siguiente:

“...

Artículo 27

Intercambio de información

...

| 2) | La AEVM transmitirá a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, a los bancos centrales de los Estados miembros, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su calidad de autoridades monetarias, a la Junta Europea de Riesgo Sistémico y, en su caso, a otras autoridades de los Estados miembros responsables de supervisar los sistemas de pago y liquidación, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus funciones. De igual modo, tampoco se impedirá a dichas autoridades u organismos comunicar a la AEVM la información que ésta pueda necesitar para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento.”» |
| --- | --- |

2)

La AEVM transmitirá a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, a los bancos centrales de los Estados miembros, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo, en su calidad de autoridades monetarias, a la Junta Europea de Riesgo Sistémico y, en su caso, a otras autoridades de los Estados miembros responsables de supervisar los sistemas de pago y liquidación, la información confidencial necesaria para el ejercicio de sus funciones. De igual modo, tampoco se impedirá a dichas autoridades u organismos comunicar a la AEVM la información que ésta pueda necesitar para desempeñar sus funciones con arreglo al presente Reglamento.”»

Justificación

Justificación

Véase el apartado 8 del dictamen.

Véase el apartado 8 del dictamen.

6a modificación

6a

Punto 3 del anexo I del reglamento propuesto (nuevo)

Ningún texto.

| «3. | En la parte II de la sección E, el punto 1 se sustituye por el siguiente:







  “1) | cada seis meses:








  a) | los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de sus categorías de calificación, distinguiendo entre las principales áreas geográficas de sus emisores, con indicación de si dichas tasas históricas han variado a lo largo del tiempo, y |
| --- | --- | --- | --- |

«3.

“1)

cada seis meses:

a)

los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de sus categorías de calificación, distinguiendo entre las principales áreas geográficas de sus emisores, con indicación de si dichas tasas históricas han variado a lo largo del tiempo, y

| b) | los datos sobre el número de calificaciones crediticias que hayan emitido en un período determinado, desglosados en: i) calificaciones crediticias solicitadas por una entidad calificada o por un tercero vinculado, y ii) calificaciones crediticias no solicitadas, junto con datos que indiquen la proporción de estas calificaciones no solicitadas que hayan sido superiores, iguales o inferiores a las calificaciones crediticias correspondientes emitidas por la agencia de calificación crediticia contratada por una entidad calificada o por un tercero vinculado.” |
| --- | --- |

b)

los datos sobre el número de calificaciones crediticias que hayan emitido en un período determinado, desglosados en: i) calificaciones crediticias solicitadas por una entidad calificada o por un tercero vinculado, y ii) calificaciones crediticias no solicitadas, junto con datos que indiquen la proporción de estas calificaciones no solicitadas que hayan sido superiores, iguales o inferiores a las calificaciones crediticias correspondientes emitidas por la agencia de calificación crediticia contratada por una entidad calificada o por un tercero vinculado.”

...»

Justificación

Justificación

Véase el apartado 6 del dictamen.

Véase el apartado 6 del dictamen.

7a modificación

7a

Anexo II del reglamento propuesto

«Se añade el siguiente anexo III al Reglamento (CE) no 1060/2009:

SANCIONES

Infracciones

I.   Infracciones relacionadas con conflictos de intereses, requisitos organizativos o de funcionamiento

...

| w) | La agencia de calificación crediticia infringirá lo dispuesto en el artículo 8 bis, apartado 2, letra b), si no proporciona anualmente calificaciones con respecto al 10 %, como mínimo, de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales haya solicitado acceso a la información del sitio web del emisor o el tercero vinculado. |
| --- | --- |

w)

La agencia de calificación crediticia infringirá lo dispuesto en el artículo 8 bis, apartado 2, letra b), si no proporciona anualmente calificaciones con respecto al 10 %, como mínimo, de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales haya solicitado acceso a la información del sitio web del emisor o el tercero vinculado.

...” »

«Se añade el siguiente anexo III al Reglamento (CE) no 1060/2009:

SANCIONES

Infracciones

I.   Infracciones relacionadas con conflictos de intereses, requisitos organizativos o de funcionamiento

...

| w) | La agencia de calificación crediticia infringirá lo dispuesto en el artículo 8 bis, apartado 2 bis, si en un determinado año natural ha tenido acceso a la información sobre más de 10 instrumentos de financiación estructurada en el sitio o los sitios web facilitados de conformidad con el artículo 8 bis, apartado 2, y no ha emitido calificaciones crediticias con respecto al 10 %, como mínimo, de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales hayaobtenido acceso a dicha información. |
| --- | --- |

w)

La agencia de calificación crediticia infringirá lo dispuesto en el artículo 8 bis, apartado 2 bis, si en un determinado año natural ha tenido acceso a la información sobre más de 10 instrumentos de financiación estructurada en el sitio o los sitios web facilitados de conformidad con el artículo 8 bis, apartado 2, y no ha emitido calificaciones crediticias con respecto al 10 %, como mínimo, de los instrumentos de financiación estructurada en relación con los cuales hayaobtenido acceso a dicha información.

...” »

Justificación

Justificación

Véase el apartado 5 del dictamen.

Véase el apartado 5 del dictamen.

---

(1)  El texto en negrita indica las novedades que propone el BCE. El texto tachado es lo que el BCE propone suprimir.

1

---

II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/10 |
| --- | --- | --- | --- |

14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/10

---

Comunicación de la Comisión — Notificación de títulos de formación — Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (anexo V)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 337/02

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, modificada por la Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, dispone en su artículo 21, apartado 7, que los Estados miembros notifiquen a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten en materia de expedición de títulos de formación en el ámbito cubierto por el capítulo III de la propia Directiva. El mismo apartado 7 establece también que la Comisión publique la oportuna comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, indicando las denominaciones adoptadas por los Estados miembros para los títulos de formación, así como, en su caso, el organismo que los expida, el certificado que los acompañe y, cuando proceda, los títulos profesionales correspondientes, tal y como recoge el anexo V de la Directiva en sus puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1, junto con la fecha o el curso académico de referencia (1).

Dado que varios Estados miembros han notificado nuevos títulos o cambios en los que ya estaban recogidos en el anexo V, la Comisión publica la presente comunicación de conformidad con el artículo 21, apartado 7, de la Directiva 2005/36/CE (2).

1.   Médico

Austria ha notificado el cambio siguiente en el título de formación básica de médico que figura en la Directiva (anexo V, punto 5.1.1, de la Directiva 2005/36/CE):

| País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Fecha de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Österreich | Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) | Medizinische Fakultät einer Universität | | 1.1.1994 |

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Fecha de referencia

Österreich

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

Medizinische Fakultät einer Universität

1.1.1994

2.   Arquitecto

| 1) | Italia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):









  País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Curso académico de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Italia | Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto | Università degli Studi di Napoli «Federico II» | Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 2002/2003 |
| Laurea Magistrale in Architettura (Restauro) | Università degli Studi di Napoli «Federico II» | 2002/2003 |
| Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione architettonica | Università degli Studi di Napoli «Federico II» | 2002/2003 |
| Laurea Magistrale in Ingegneria edile/architettura | Università degli Studi di Perugia | 2006/2007 |

1)

Italia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico de referencia

Italia

Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto

Università degli Studi di Napoli «Federico II»

Diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

2002/2003

Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)

Università degli Studi di Napoli «Federico II»

2002/2003

Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione architettonica

Università degli Studi di Napoli «Federico II»

2002/2003

Laurea Magistrale in Ingegneria edile/architettura

Università degli Studi di Perugia

2006/2007

| 2) | Finlandia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):









  País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Curso académico de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suomi/Finland | Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen | — | Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet |

2)

Finlandia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico de referencia

Suomi/Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

—

Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet

1998/1999

| — | Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet |
| --- | --- |

—

Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet

1998/1999

| 3) | Francia ha notificado el nuevo título de arquitecto siguiente (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):









  País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Curso académico de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France | Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'État d'architecte conférant le grade de master (parcours d'architecte pour ingénieur) | Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur) | Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, délivrée par le Ministère chargé de l'architecture | 2005/2006 |

3)

Francia ha notificado el nuevo título de arquitecto siguiente (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico de referencia

France

Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'État d'architecte conférant le grade de master (parcours d'architecte pour ingénieur)

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, délivrée par le Ministère chargé de l'architecture

2005/2006

| 4) | Alemania ha notificado el nuevo título de arquitecto siguiente (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):









  País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Curso académico de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland | Master of Arts — M.A. | Hochschule Bremen — University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt — School of Architecture Bremen | Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste | 2003/2004 |

4)

Alemania ha notificado el nuevo título de arquitecto siguiente (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico de referencia

Deutschland

Master of Arts — M.A.

Hochschule Bremen — University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt — School of Architecture Bremen

Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste

2003/2004

| 5) | Polonia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):









  País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Curso académico de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | magister inżynier architekt (mgr inż. arch.) | — | Politechnika Białostocka |

5)

Polonia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico de referencia

Polska

magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)

—

Politechnika Białostocka

Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby

2007/2008

| — | Politechnika Gdańska |
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—

Politechnika Gdańska

2007/2008

| — | Politechnika Łódzka |
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—

Politechnika Łódzka

2007/2008

| — | Politechnika Śląska |
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—

Politechnika Śląska

2007/2008

| — | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny |
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—

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

2007/2008

| 6) | Portugal ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):









  País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Curso académico de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portugal | Carta de Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura | Universidade do Minho | Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos | 2006/2007 |
| Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo | Universidade Fernando Pessoa | 2006/2007 |

6)

Portugal ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico de referencia

Portugal

Carta de Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura

Universidade do Minho

Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos

2006/2007

Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo

Universidade Fernando Pessoa

2006/2007

| 7) | Eslovaquia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):









  País | Título de formación | Organismo que expide el título de formación | Certificado que acompaña al título de formación | Curso académico de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slovensko | Diplom inžiniera Architekta (titul Ing. arch.) | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus | Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3-ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky | 2007/2008 |
| Diplom magistra umení (titul Mgr. art.) | Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7 „Architektonická tvorba“ | 2007/2008 |

7)

Eslovaquia ha notificado los nuevos títulos de arquitecto siguientes (anexo V, punto 5.7.1, de la Directiva 2005/36/CE):

País

Título de formación

Organismo que expide el título de formación

Certificado que acompaña al título de formación

Curso académico de referencia

Slovensko

Diplom inžiniera Architekta (titul Ing. arch.)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus

Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3-ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky

2007/2008

Diplom magistra umení (titul Mgr. art.)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7 „Architektonická tvorba“

2007/2008

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(1)  El curso académico de referencia se aplica a los títulos de arquitecto. El artículo 21, apartado 5, de la Directiva 2005/36/CE dispone que «Los títulos de formación de arquitecto enumerados en el punto 5.7.1 del anexo V que son objeto de reconocimiento automático (...) sancionarán una formación que haya comenzado como muy pronto durante el curso académico de referencia que dicho anexo considera.». Para todos los demás títulos profesionales que enumera el anexo V, la fecha de referencia es aquélla a partir de la cual deben aplicarse en el Estado miembro de que se trate los requisitos de formación mínimos que se definen en la Directiva para cada profesión.

(2)  En la dirección siguiente puede encontrarse una versión consolidada del anexo V de la Directiva 2005/36/CE: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/13 |
| --- | --- | --- | --- |

14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/13

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Tipo de cambio del euro (1)

13 de diciembre de 2010

2010/C 337/03

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,3267 |
| JPY | yen japonés | 111,55 |
| DKK | corona danesa | 7,4545 |
| GBP | libra esterlina | 0,84375 |
| SEK | corona sueca | 9,1464 |
| CHF | franco suizo | 1,2987 |
| ISK | corona islandesa | |
| NOK | corona noruega | 7,9265 |
| BGN | lev búlgaro | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 25,168 |
| EEK | corona estonia | 15,6466 |
| HUF | forint húngaro | 278,34 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| LVL | lats letón | 0,7095 |
| PLN | zloty polaco | 4,0156 |
| RON | leu rumano | 4,2925 |
| TRY | lira turca | 1,9970 |
| AUD | dólar australiano | 1,3390 |
| CAD | dólar canadiense | 1,3359 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 10,3175 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,7630 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,7353 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 518,96 |
| ZAR | rand sudafricano | 9,0900 |
| CNY | yuan renminbi | 8,8451 |
| HRK | kuna croata | 7,4175 |
| IDR | rupia indonesia | 11 961,04 |
| MYR | ringgit malayo | 4,1658 |
| PHP | peso filipino | 58,247 |
| RUB | rublo ruso | 40,9723 |
| THB | baht tailandés | 39,889 |
| BRL | real brasileño | 2,2648 |
| MXN | peso mexicano | 16,4982 |
| INR | rupia india | 59,9120 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3267

JPY

yen japonés

111,55

DKK

corona danesa

7,4545

GBP

libra esterlina

0,84375

SEK

corona sueca

9,1464

CHF

franco suizo

1,2987

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

7,9265

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

25,168

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

278,34

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7095

PLN

zloty polaco

4,0156

RON

leu rumano

4,2925

TRY

lira turca

1,9970

AUD

dólar australiano

1,3390

CAD

dólar canadiense

1,3359

HKD

dólar de Hong Kong

10,3175

NZD

dólar neozelandés

1,7630

SGD

dólar de Singapur

1,7353

KRW

won de Corea del Sur

1 518,96

ZAR

rand sudafricano

9,0900

CNY

yuan renminbi

8,8451

HRK

kuna croata

7,4175

IDR

rupia indonesia

11 961,04

MYR

ringgit malayo

4,1658

PHP

peso filipino

58,247

RUB

rublo ruso

40,9723

THB

baht tailandés

39,889

BRL

real brasileño

2,2648

MXN

peso mexicano

16,4982

INR

rupia india

59,9120

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(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/14 |
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14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/14

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DECISIONES POR LAS QUE SE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL TRAS LA RETIRADA DE LA NOTIFICACIÓN POR EL ESTADO MIEMBRO

Ayuda estatal — Finlandia

(Artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)

Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE — retirada de la notificación

Ayuda estatal C 9/10 (ex N 417/09) — Exención temporal del impuesto de plusvalías sobre las ventas de tierras cultivadas

2010/C 337/04

La Comisión ha decidido concluir el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE, incoado el 24 de marzo de 2008 respecto a la citada medida (1), puesto que Finlandia retiró su notificación el 29 de abril de 2010.

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(1)  DO C 249 de 16.9.2010.

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Tribunal de Cuentas

| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/15 |
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14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/15

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Informe Especial no 9/2010 «¿Se ha utilizado de manera óptima el gasto de las Medidas Estructurales de la UE en abastecimiento de agua para uso doméstico?»

2010/C 337/05

El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial no 9/2010 «¿Se ha utilizado de manera óptima el gasto de las Medidas Estructurales de la UE en abastecimiento de agua para uso doméstico?».

El informe puede consultarse o descargarse en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo: http://www.eca.europa.eu

También puede obtenerse gratuitamente en versión papel enviando una petición a la dirección siguiente:

| Tribunal de Cuentas Europeo |
| --- |
| Unidad «Comunicación e informes» |
| 12, rue Alcide De Gasperi |
| 1615 Luxembourg |
| LUXEMBOURG |
| Tel. +352 4398-1 |
| E-mail: euraud@eca.europa.eu |

Tribunal de Cuentas Europeo

Unidad «Comunicación e informes»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

o rellenando una orden de pedido electrónico en EU-Bookshop.

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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/16 |
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14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/16

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Información comunicada por los estados miembros en relación con el cierre de pesquerías

2010/C 337/06

De conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), se ha decidido el cierre de la pesquería contemplada en el siguiente cuadro:

| Fecha y hora del cierre | 7.6.2010 |
| --- | --- |
| Duración | 7.6.2010-31.12.2010 |
| Estado miembro | Portugal |
| Población o grupo de poblaciones | DWS/56789- |
| Especie | Tiburones de aguas profundas |
| Zona | V, VI, VII, VIII y IX (aguas comunitarias y aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países) |
| Tipos de buques pesqueros | — |
| Número de referencia | — |

Fecha y hora del cierre

7.6.2010

Duración

7.6.2010-31.12.2010

Estado miembro

Portugal

Población o grupo de poblaciones

DWS/56789-

Especie

Tiburones de aguas profundas

Zona

V, VI, VII, VIII y IX (aguas comunitarias y aguas no sujetas a la soberanía o jurisdicción de terceros países)

Tipos de buques pesqueros

—

Número de referencia

—

Enlace a la página web de la decisión del Estado miembro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

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(1)  DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/17 |
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14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/17

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AYUDA ESTATAL — ESPAÑA

Ayuda estatal C 23/10 (ex NN 36/10) — Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT)

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 337/07

Por carta de 29 de septiembre de 2010, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a España su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con la ayuda antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Ayudas Estatales |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |
| Fax +32 22961242 |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dichas observaciones serán comunicadas a España. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Y DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

El 18 de mayo de 2009 la Comisión recibió una denuncia (ref. A/11951) de SES Astra referente a un presunto régimen de ayudas en España en relación con la transición de la televisión analógica a la digital. La denunciante alegaba que la medida implicaba ayuda no notificada y, por tanto, ilegal, que ocasionaba un falseamiento de la competencia entre la plataforma de radiodifusión satelital y la terrestre.

En España, la transición a la televisión digital está regulada por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (aprobado por el Real Decreto 944/2005) y el Plan Nacional de Transición de la TDT (aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2007). Estos dos instrumentos regulatorios aportan la base jurídica y las directrices para los planes de transición adoptados por cada Comunidad Autónoma.

La transición a la radiodifusión digital se completó el 3 de abril de 2010, cuando los centros emisores terrestres, tanto los digitalizados como los de nueva construcción, empezaron a funcionar. En concreto, el régimen de transición comprendía tres zonas geográficas distintas: primero, para el territorio que comprendía el 96 % de la población (la zona I), los radiodifusores y los operadores de la plataforma tuvieron que financiar ellos mismos el cambio (obligatorio). En la zona II, que abarca el 2,5 % de la población, la digitalización no es rentable desde el punto de vista privado, por lo que el Gobierno español había diseñado un plan de ayuda de aproximadamente 196,3 millones EUR (1). Por último, el 1,5 % de la población vive en la zona III, que es tan remota que solo puede alcanzarse por la tecnología de satélite. El Gobierno español ha impuesto a los radiodifusores obligaciones de radiodifusión para asegurarse de que ponen sus canales a disposición del operador de satélite.

Este asunto se refiere al régimen que afecta a la zona II.

EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LA MEDIDA DE AYUDA

La Comisión considera que el régimen que afecta a la zona II constituye ayuda (no notificada), pues la jurisprudencia Altmark no es aplicable. Entre otras razones, la gestión del funcionamiento de una plataforma de TDT no puede considerarse un servicio público (lo que excluiría también la aplicación del artículo 106, apartado 2, del TFUE). Además, la ayuda genera una ventaja directa para los operadores de la plataforma, ya que la digitalización de su red, así como los costes de funcionamiento y mantenimiento, están totalmente sufragados mediante la financiación pública.

Los radiodifusores se encuentran con una ventaja indirecta, ya que pueden transmitir sus señales gratuitamente en la zona II y así expandir su audiencia sin incurrir en costes adicionales. Algunos operadores (como los operadores de telecomunicaciones regionales) también pueden aprovechar la red para la prestación de otros servicios.

Por lo que se refiere a la evaluación de la compatibilidad de la ayuda, como el régimen está destinado a la plataforma terrestre, la Comisión duda que se cumpla el principio de proporcionalidad habida cuenta de la exclusión de las plataformas no terrestres. Esta exclusión también parece vulnerar el principio de neutralidad tecnológica. Debido a la financiación de los costes de funcionamiento, esta infracción se mantiene de cara al futuro.

TEXTO DE LA CARTA

«Por la presente, la Comisión tiene el honor de comunicar al Reino de España que, tras haber examinado la información facilitada por sus autoridades sobre la medida arriba indicada, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El procedimiento comprende el Plan Nacional de Transición de la TDT, descrito a continuación, y su aplicación por parte de todas las Comunidades Autónomas españolas con la excepción de Castilla-La Mancha. Esta última es objeto de un procedimiento aparte.

I.   PROCEDIMIENTO

| (1) | A raíz de una solicitud de aclaraciones del Ministerio español de Industria, por carta de 17 de abril de 2009, los servicios de la DG Competencia consideraron que las transferencias de capital entre el Gobierno central y las distintas Comunidades Autónomas no necesitan ser notificadas, no obstante la obligación de notificar cualquier concesión posterior de ayudas estatales por parte de las Comunidades Autónomas. La carta sugería también que se notificara, si procedía, un régimen marco válido para todas las concesiones efectuadas por las Comunidades Autónomas en lugar de presentar notificaciones individuales. El Gobierno español no ha seguido esta sugerencia. |
| --- | --- |

(1)

A raíz de una solicitud de aclaraciones del Ministerio español de Industria, por carta de 17 de abril de 2009, los servicios de la DG Competencia consideraron que las transferencias de capital entre el Gobierno central y las distintas Comunidades Autónomas no necesitan ser notificadas, no obstante la obligación de notificar cualquier concesión posterior de ayudas estatales por parte de las Comunidades Autónomas. La carta sugería también que se notificara, si procedía, un régimen marco válido para todas las concesiones efectuadas por las Comunidades Autónomas en lugar de presentar notificaciones individuales. El Gobierno español no ha seguido esta sugerencia.

| (2) | El 18 de mayo de 2009 la Comisión recibió una denuncia (ref. A/11951) de SES Astra (en lo sucesivo, “Astra”). El objeto de la denuncia era un presunto régimen de ayuda estatal que las autoridades españolas habían adoptado en el contexto de la conversión de la televisión analógica a la televisión digital en España. La denunciante alegaba que la medida implicaba ayuda no notificada y, por tanto, ilegal, que ocasionaba un falseamiento de la competencia entre la plataforma de radiodifusión satelital y terrestre. La denuncia constaba de información adicional presentada por Astra y de aclaraciones aportadas en reuniones ad hoc con los servicios de la Comisión. |
| --- | --- |

(2)

El 18 de mayo de 2009 la Comisión recibió una denuncia (ref. A/11951) de SES Astra (en lo sucesivo, “Astra”). El objeto de la denuncia era un presunto régimen de ayuda estatal que las autoridades españolas habían adoptado en el contexto de la conversión de la televisión analógica a la televisión digital en España. La denunciante alegaba que la medida implicaba ayuda no notificada y, por tanto, ilegal, que ocasionaba un falseamiento de la competencia entre la plataforma de radiodifusión satelital y terrestre. La denuncia constaba de información adicional presentada por Astra y de aclaraciones aportadas en reuniones ad hoc con los servicios de la Comisión.

| (3) | El 10 de agosto de 2009, la Comisión solicitó (ref. D/53461) al Reino de España que formulara sus observaciones sobre la denuncia presentada por Astra. Tras una prórroga del plazo, las autoridades españolas respondieron el 4 de septiembre de 2009 (ref. A/19192) y el 5 de octubre de 2009 (ref. A/21238). En ambos casos se adjuntaban numerosas pruebas documentales en CD-ROM. |
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(3)

El 10 de agosto de 2009, la Comisión solicitó (ref. D/53461) al Reino de España que formulara sus observaciones sobre la denuncia presentada por Astra. Tras una prórroga del plazo, las autoridades españolas respondieron el 4 de septiembre de 2009 (ref. A/19192) y el 5 de octubre de 2009 (ref. A/21238). En ambos casos se adjuntaban numerosas pruebas documentales en CD-ROM.

| (4) | A pesar de la abundante documentación facilitada por las autoridades españolas, al término del análisis, seguía faltando información esencial. Por consiguiente, el 12 de octubre de 2009, se envió un recordatorio (ref. D/54291) a las autoridades españolas con el fin de obtener información más completa sobre la medida en cuestión. Las autoridades españolas respondieron el 2 de noviembre de 2009. Desde entonces, las autoridades españolas han presentado, en muchos casos por propia iniciativa, una serie de documentos que consideraban relevantes para que la Comisión evaluara el asunto. El 17 de junio de 2010 se envió una solicitud final de información (ref. D/7719), a la que las autoridades españolas respondieron el 28 de junio de 2010 (ref. A/10340). |
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(4)

A pesar de la abundante documentación facilitada por las autoridades españolas, al término del análisis, seguía faltando información esencial. Por consiguiente, el 12 de octubre de 2009, se envió un recordatorio (ref. D/54291) a las autoridades españolas con el fin de obtener información más completa sobre la medida en cuestión. Las autoridades españolas respondieron el 2 de noviembre de 2009. Desde entonces, las autoridades españolas han presentado, en muchos casos por propia iniciativa, una serie de documentos que consideraban relevantes para que la Comisión evaluara el asunto. El 17 de junio de 2010 se envió una solicitud final de información (ref. D/7719), a la que las autoridades españolas respondieron el 28 de junio de 2010 (ref. A/10340).

II.   ANTECEDENTES

| (5) | El asunto que nos ocupa se refiere a una posible infracción de las normas sobre ayudas estatales, en relación con fondos que las Comunidades Autónomas españolas han destinado a digitalizar partes de la plataforma de televisión terrestre existente y a financiar la extensión de esta última en zonas que actualmente no están cubiertas por el servicio. |
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(5)

El asunto que nos ocupa se refiere a una posible infracción de las normas sobre ayudas estatales, en relación con fondos que las Comunidades Autónomas españolas han destinado a digitalizar partes de la plataforma de televisión terrestre existente y a financiar la extensión de esta última en zonas que actualmente no están cubiertas por el servicio.

a)   Transición a la tecnología digital y marco regulatorio

| (6) | En España, la transición a la televisión digital está regulada por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (aprobado por el Real Decreto 944/2005) y el Plan Nacional de Transición de la TDT (aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2007). Estos dos instrumentos regulatorios (el “Marco regulatorio”) aportan la base jurídica y las directrices para los planes de transición adoptados por cada Comunidad Autónoma. |
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(6)

En España, la transición a la televisión digital está regulada por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (aprobado por el Real Decreto 944/2005) y el Plan Nacional de Transición de la TDT (aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2007). Estos dos instrumentos regulatorios (el “Marco regulatorio”) aportan la base jurídica y las directrices para los planes de transición adoptados por cada Comunidad Autónoma.

| (7) | La transición a la radiodifusión digital se completó el 3 de abril de 2010, cuando los centros emisores terrestres, tanto los digitalizados como los de nueva construcción, empezaron a funcionar. En concreto, el régimen de transición comprendía tres zonas geográficas distintas:
  —   Zona I: Incluye el 96 % de la población nacional (98 % en el caso del radiodifusor público), respecto de la cual rigen las obligaciones de cobertura mínima para los radiodifusores. Por lo que se refiere a esta zona, la conversión terrestre es obligatoria, no se facilita financiación pública y corresponde a los radiodifusores y/o a los operadores de la plataforma invertir en la digitalización de la red
  —   Zona II: la zona afectada por la medida en cuestión cubre el 2,5 % de la población nacional (esa es la media nacional, ya que en algunas regiones el porcentaje es diferente), donde la obligación de cobertura mínima no se aplica. Puesto que, según las autoridades españolas, la digitalización no es rentable de forma privada, de no haber medidas, los telespectadores de esta zona no tendrían acceso a canales emitidos por la red terrestre. No obstante, recibirían transmisión por satélite
  —   Zona III: la zona más aislada, que comprende el 1,5 % de la población nacional, en la que no es posible construir una red terrestre y en la que el satélite es la única plataforma disponible. Para tener acceso a los canales en abierto en esta zona, el Gobierno ha adoptado los Decretos Ley 1/2009 y 7/2009. Estos Decretos prevén obligaciones de radiodifusión por las que se ordena a los radiodifusores terrestres que pongan sus canales en abierto a disposición de un operador de satélite como mínimo. La Comisión tiene indicios de que tanto Hispasat como Astra están aprovechando esta oportunidad. |
| --- | --- |

(7)

La transición a la radiodifusión digital se completó el 3 de abril de 2010, cuando los centros emisores terrestres, tanto los digitalizados como los de nueva construcción, empezaron a funcionar. En concreto, el régimen de transición comprendía tres zonas geográficas distintas:

—   Zona I: Incluye el 96 % de la población nacional (98 % en el caso del radiodifusor público), respecto de la cual rigen las obligaciones de cobertura mínima para los radiodifusores. Por lo que se refiere a esta zona, la conversión terrestre es obligatoria, no se facilita financiación pública y corresponde a los radiodifusores y/o a los operadores de la plataforma invertir en la digitalización de la red

—   Zona II: la zona afectada por la medida en cuestión cubre el 2,5 % de la población nacional (esa es la media nacional, ya que en algunas regiones el porcentaje es diferente), donde la obligación de cobertura mínima no se aplica. Puesto que, según las autoridades españolas, la digitalización no es rentable de forma privada, de no haber medidas, los telespectadores de esta zona no tendrían acceso a canales emitidos por la red terrestre. No obstante, recibirían transmisión por satélite

—   Zona III: la zona más aislada, que comprende el 1,5 % de la población nacional, en la que no es posible construir una red terrestre y en la que el satélite es la única plataforma disponible. Para tener acceso a los canales en abierto en esta zona, el Gobierno ha adoptado los Decretos Ley 1/2009 y 7/2009. Estos Decretos prevén obligaciones de radiodifusión por las que se ordena a los radiodifusores terrestres que pongan sus canales en abierto a disposición de un operador de satélite como mínimo. La Comisión tiene indicios de que tanto Hispasat como Astra están aprovechando esta oportunidad.

| (8) | Todas las Comunidades Autónomas españolas siguen el camino marcado por el Plan Técnico Nacional de la TDT del Gobierno central. Efectivamente, en ejecución de los instrumentos legislativos y contractuales adoptados a nivel central, las Comunidades Autónomas (a excepción de Castilla-La Mancha, que ha concedido ayuda económica directamente al operador de la plataforma) organizaron licitaciones para el suministro e instalación de los equipos de telecomunicación necesarios para digitalizar los centros emisores existentes o construir otros nuevos. Las Comunidades Autónomas contribuyen con fondos presupuestarios a parte de la inversión necesaria. |
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(8)

Todas las Comunidades Autónomas españolas siguen el camino marcado por el Plan Técnico Nacional de la TDT del Gobierno central. Efectivamente, en ejecución de los instrumentos legislativos y contractuales adoptados a nivel central, las Comunidades Autónomas (a excepción de Castilla-La Mancha, que ha concedido ayuda económica directamente al operador de la plataforma) organizaron licitaciones para el suministro e instalación de los equipos de telecomunicación necesarios para digitalizar los centros emisores existentes o construir otros nuevos. Las Comunidades Autónomas contribuyen con fondos presupuestarios a parte de la inversión necesaria.

| (9) | La transferencia financiera del Gobierno central a las Comunidades Autónomas consiste en créditos sin intereses. Los créditos son reembolsables en una serie de años (generalmente quince), con un periodo de carencia de tres años. |
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(9)

La transferencia financiera del Gobierno central a las Comunidades Autónomas consiste en créditos sin intereses. Los créditos son reembolsables en una serie de años (generalmente quince), con un periodo de carencia de tres años.

| (10) | Las autoridades españolas niegan que las Comunidades Autónomas actúen siguiendo directrices del Gobierno pero esto se contradice con las declaraciones de las propias Comunidades Autónomas en sus respuestas a la solicitud de información de la Comisión (2). |
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(10)

Las autoridades españolas niegan que las Comunidades Autónomas actúen siguiendo directrices del Gobierno pero esto se contradice con las declaraciones de las propias Comunidades Autónomas en sus respuestas a la solicitud de información de la Comisión (2).

| (11) | A este respecto, hay que señalar que todas las Comunidades Autónomas españolas aplicaron este régimen de financiación sin que España lo notificara a la Comisión como posible ayuda estatal. España solo notificó tardíamente un régimen que ya se aplicaba en la Comunidad de Murcia. Según las estadísticas facilitadas por las autoridades españolas, se han gastado o comprometido aproximadamente 196 millones EUR (3) en virtud de acuerdos vinculantes (4). |
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(11)

A este respecto, hay que señalar que todas las Comunidades Autónomas españolas aplicaron este régimen de financiación sin que España lo notificara a la Comisión como posible ayuda estatal. España solo notificó tardíamente un régimen que ya se aplicaba en la Comunidad de Murcia. Según las estadísticas facilitadas por las autoridades españolas, se han gastado o comprometido aproximadamente 196 millones EUR (3) en virtud de acuerdos vinculantes (4).

b)   Operadores de mercado

| (12) | El asunto que nos ocupa afecta al sector de la radiodifusión, en concreto como mínimo a tres niveles distintos de la cadena de productos de radiodifusión: i) radiodifusores de canales de televisión, ii) operadores de la plataforma, y iii) proveedores de equipos de telecomunicación (también llamados “instaladores”). |
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(12)

El asunto que nos ocupa afecta al sector de la radiodifusión, en concreto como mínimo a tres niveles distintos de la cadena de productos de radiodifusión: i) radiodifusores de canales de televisión, ii) operadores de la plataforma, y iii) proveedores de equipos de telecomunicación (también llamados “instaladores”).

| (13) | Por lo que se refiere a la medida controvertida, el 29 de octubre de 2009 el Gobierno español facilitó una lista exhaustiva de contratos de suministro de equipos de telecomunicación, de cada una de las Comunidades Autónomas. Los datos facilitados muestran que Abertis, el operador dominante de la plataforma terrestre, ha participado en la mayoría de las licitaciones organizadas por las Comunidades Autónomas y se ha convertido en el mayor contratista de las mismas para el suministro e instalación de equipos de telecomunicación. |
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(13)

Por lo que se refiere a la medida controvertida, el 29 de octubre de 2009 el Gobierno español facilitó una lista exhaustiva de contratos de suministro de equipos de telecomunicación, de cada una de las Comunidades Autónomas. Los datos facilitados muestran que Abertis, el operador dominante de la plataforma terrestre, ha participado en la mayoría de las licitaciones organizadas por las Comunidades Autónomas y se ha convertido en el mayor contratista de las mismas para el suministro e instalación de equipos de telecomunicación.

| (14) | Según las autoridades españolas, Abertis participó en las licitaciones únicamente como “proveedor de red” y no como “operador de red”. Esto significa que, excepto durante la puesta en marcha y el periodo de garantía (por término medio, un año) las plataformas financiadas no estarán operadas por Abertis, sino por las propias Comunidades Autónomas, ya sea directamente o mediante departamentos o entidades ad hoc. |
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(14)

Según las autoridades españolas, Abertis participó en las licitaciones únicamente como “proveedor de red” y no como “operador de red”. Esto significa que, excepto durante la puesta en marcha y el periodo de garantía (por término medio, un año) las plataformas financiadas no estarán operadas por Abertis, sino por las propias Comunidades Autónomas, ya sea directamente o mediante departamentos o entidades ad hoc.

III.   LA DENUNCIA

| (15) | La denunciante es un operador de plataforma por satélite. Fundada en 1985 como Société Européenne des Satellites (SES), SES ASTRA (en lo sucesivo, “Astra”) fue el primer operador privado de satélite de Europa. Astra opera el ASTRA Satellite System, que ofrece una amplia cartera de soluciones de radiodifusión y banda ancha para clientes dentro y fuera de Europa. Emite programas de radio y televisión directamente a millones de hogares y ofrece acceso internet y servicios de red a administraciones públicas, grandes empresas, PYME y viviendas particulares. |
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(15)

La denunciante es un operador de plataforma por satélite. Fundada en 1985 como Société Européenne des Satellites (SES), SES ASTRA (en lo sucesivo, “Astra”) fue el primer operador privado de satélite de Europa. Astra opera el ASTRA Satellite System, que ofrece una amplia cartera de soluciones de radiodifusión y banda ancha para clientes dentro y fuera de Europa. Emite programas de radio y televisión directamente a millones de hogares y ofrece acceso internet y servicios de red a administraciones públicas, grandes empresas, PYME y viviendas particulares.

| (16) | Astra ha denunciado el Plan y su aplicación como ayuda ilegal al operador de la plataforma de TDT en posición de monopolio de facto (ABERTIS SA) y, posiblemente, a otros operadores de la plataforma de TDT. En concreto, Astra hace hincapié en la falta de neutralidad tecnológica de que adolece la medida, que discrimina a los operadores de satélite y pone en peligro su supervivencia en el mercado. |
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(16)

Astra ha denunciado el Plan y su aplicación como ayuda ilegal al operador de la plataforma de TDT en posición de monopolio de facto (ABERTIS SA) y, posiblemente, a otros operadores de la plataforma de TDT. En concreto, Astra hace hincapié en la falta de neutralidad tecnológica de que adolece la medida, que discrimina a los operadores de satélite y pone en peligro su supervivencia en el mercado.

| (17) | En opinión de Astra, para cumplir el objetivo de ofrecer televisión digital en abierto a los telespectadores de la zona II, el Gobierno podía elegir entre invertir en digitalizar la red terrestre analógica o aportar fondos para emitir dichos servicios a través de plataformas digitales alternativas ya existentes. Astra considera que está en condiciones de emitir canales en abierto por satélite por una parte de lo que cuesta la conversión terrestre. Por consiguiente, en opinión de Astra, la conversión terrestre no habría sido necesaria en la zona II. |
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(17)

En opinión de Astra, para cumplir el objetivo de ofrecer televisión digital en abierto a los telespectadores de la zona II, el Gobierno podía elegir entre invertir en digitalizar la red terrestre analógica o aportar fondos para emitir dichos servicios a través de plataformas digitales alternativas ya existentes. Astra considera que está en condiciones de emitir canales en abierto por satélite por una parte de lo que cuesta la conversión terrestre. Por consiguiente, en opinión de Astra, la conversión terrestre no habría sido necesaria en la zona II.

| (18) | Astra alega además que la Comunidad Autónoma de Cantabria rescindió un contrato ya firmado con Astra (5), cuando se facilitó la ayuda financiera del Gobierno para la transmisión digital terrestre. Esto mostraría que i) la transmisión por satélite sería efectivamente una alternativa para cubrir la zona controvertida y que ii) Astra ha resultado perjudicada por la intervención del Gobierno español en beneficio de una plataforma tecnológica concreta. |
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(18)

Astra alega además que la Comunidad Autónoma de Cantabria rescindió un contrato ya firmado con Astra (5), cuando se facilitó la ayuda financiera del Gobierno para la transmisión digital terrestre. Esto mostraría que i) la transmisión por satélite sería efectivamente una alternativa para cubrir la zona controvertida y que ii) Astra ha resultado perjudicada por la intervención del Gobierno español en beneficio de una plataforma tecnológica concreta.

| (19) | Astra añade que se trata de una ayuda continuada. Los gobiernos autonómicos financiarán los costes de operación y mantenimiento de las redes locales en la zona II. Esto supondría un gasto anual de 42,9 millones EUR, o aproximadamente 430 millones EUR durante los próximos diez años (6). |
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(19)

Astra añade que se trata de una ayuda continuada. Los gobiernos autonómicos financiarán los costes de operación y mantenimiento de las redes locales en la zona II. Esto supondría un gasto anual de 42,9 millones EUR, o aproximadamente 430 millones EUR durante los próximos diez años (6).

| (20) | Por último, ASTRA señala que, al excluirla como competidor en la zona II, su posición competitiva en el mercado español general de la plataforma resulta debilitada. Dado que su mercado de televisión de pago ya no crece, ASTRA se está centrando en contratos con radiodifusores nacionales. Convertirse en el operador de la plataforma en la zona II le habría “abierto la puerta” para competir también en un futuro con Abertis en el mercado de televisión en España, que es más amplio. Desde el punto de vista de ASTRA esta cuestión es más importante que el acceso a los mercados regionales en sí. |
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(20)

Por último, ASTRA señala que, al excluirla como competidor en la zona II, su posición competitiva en el mercado español general de la plataforma resulta debilitada. Dado que su mercado de televisión de pago ya no crece, ASTRA se está centrando en contratos con radiodifusores nacionales. Convertirse en el operador de la plataforma en la zona II le habría “abierto la puerta” para competir también en un futuro con Abertis en el mercado de televisión en España, que es más amplio. Desde el punto de vista de ASTRA esta cuestión es más importante que el acceso a los mercados regionales en sí.

IV.   POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS

| (21) | La posición del Gobierno se fundamenta en tres argumentos principales: i) en la transición a la TDT no ha habido ayuda estatal; ii) la jurisprudencia Altmark es aplicable, ya que está implicado un servicio público, y, por consiguiente, la medida no constituye ayuda estatal; iii) si se considerara que existe ayuda estatal, en cualquier caso sería compatible con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Los argumentos del Gobierno se resumen brevemente como sigue: |
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(21)

La posición del Gobierno se fundamenta en tres argumentos principales: i) en la transición a la TDT no ha habido ayuda estatal; ii) la jurisprudencia Altmark es aplicable, ya que está implicado un servicio público, y, por consiguiente, la medida no constituye ayuda estatal; iii) si se considerara que existe ayuda estatal, en cualquier caso sería compatible con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Los argumentos del Gobierno se resumen brevemente como sigue:

a)   No existe ayuda estatal

| (22) | En primer lugar, el Gobierno alega que en las medidas controvertidas no existe ayuda estatal. En particular, se aduce, entre otras cosas, que no hay subvención si las Comunidades Autónomas siguen las normas de contratación pública al adquirir bienes y servicios. Además, no existe discriminación ya que las plataformas de TDT y satélite operan en distintos mercados. La primera realiza un servicio público y emite fundamentalmente canales en abierto mientras que la segunda se basa en el modelo empresarial de televisión de pago. Se añade, además, que las medidas controvertidas no son selectivas, puesto que también los operadores de satélite pueden participar en las licitaciones organizadas por las Comunidades Autónomas (Astra lo ha hecho en Cantabria), que no excluyen expresamente la participación de operadores de la plataforma por satélite. |
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(22)

En primer lugar, el Gobierno alega que en las medidas controvertidas no existe ayuda estatal. En particular, se aduce, entre otras cosas, que no hay subvención si las Comunidades Autónomas siguen las normas de contratación pública al adquirir bienes y servicios. Además, no existe discriminación ya que las plataformas de TDT y satélite operan en distintos mercados. La primera realiza un servicio público y emite fundamentalmente canales en abierto mientras que la segunda se basa en el modelo empresarial de televisión de pago. Se añade, además, que las medidas controvertidas no son selectivas, puesto que también los operadores de satélite pueden participar en las licitaciones organizadas por las Comunidades Autónomas (Astra lo ha hecho en Cantabria), que no excluyen expresamente la participación de operadores de la plataforma por satélite.

b)   Es aplicable la jurisprudencia Altmark

| (23) | En segundo lugar, el Gobierno aduce que lograr la máxima cobertura de TDT es parte de una obligación de servicio público y, por consiguiente, la jurisprudencia Altmark se aplicaría a las medidas controvertidas. La medida en cuestión simplemente cubre parte de los costes de digitalización, por lo que no hay compensación excesiva y aumenta la eficiencia, en comparación con el satélite. Por último, por lo que se refiere al cuarto criterio Altmark, la adjudicación de las licitaciones para el suministro de los equipos de telecomunicación de transmisión digital se ha realizado mediante procedimientos competitivos respetando las normas comunitarias, lo que garantiza que resulte seleccionado el proveedor más eficiente. |
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(23)

En segundo lugar, el Gobierno aduce que lograr la máxima cobertura de TDT es parte de una obligación de servicio público y, por consiguiente, la jurisprudencia Altmark se aplicaría a las medidas controvertidas. La medida en cuestión simplemente cubre parte de los costes de digitalización, por lo que no hay compensación excesiva y aumenta la eficiencia, en comparación con el satélite. Por último, por lo que se refiere al cuarto criterio Altmark, la adjudicación de las licitaciones para el suministro de los equipos de telecomunicación de transmisión digital se ha realizado mediante procedimientos competitivos respetando las normas comunitarias, lo que garantiza que resulte seleccionado el proveedor más eficiente.

c)   La ayuda, caso de haberla, es compatible con el artículo 107, apartado 3

| (24) | Por último, el Gobierno sostiene que, si la Comisión considerara que hay ayuda estatal, dicha ayuda sería compatible con el mercado común de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), ya que fomenta la realización de un objetivo de interés comunitario (es decir, la conversión a la radiodifusión digital). La ayuda está bien diseñada ya que solo afecta a la pequeña porción del mercado —2,5 % de la población— que no entra en las obligaciones de cobertura impuestas a los operadores de la plataforma terrestre. Se conseguirían economías de escala y alcance si la red digital terrestre se ampliara también a la zona II. Así pues, sería más eficiente efectuar esta actualización de la red analógica ya existente que cambiar a otra plataforma. Alega además que, en este supuesto, la neutralidad tecnológica no es un principio absoluto ya que la TDT es la única plataforma que ofrece un amplio surtido de canales en abierto. Sea como fuere, de facto, ASTRA tenía la posibilidad de participar en las licitaciones (7). |
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(24)

Por último, el Gobierno sostiene que, si la Comisión considerara que hay ayuda estatal, dicha ayuda sería compatible con el mercado común de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), ya que fomenta la realización de un objetivo de interés comunitario (es decir, la conversión a la radiodifusión digital). La ayuda está bien diseñada ya que solo afecta a la pequeña porción del mercado —2,5 % de la población— que no entra en las obligaciones de cobertura impuestas a los operadores de la plataforma terrestre. Se conseguirían economías de escala y alcance si la red digital terrestre se ampliara también a la zona II. Así pues, sería más eficiente efectuar esta actualización de la red analógica ya existente que cambiar a otra plataforma. Alega además que, en este supuesto, la neutralidad tecnológica no es un principio absoluto ya que la TDT es la única plataforma que ofrece un amplio surtido de canales en abierto. Sea como fuere, de facto, ASTRA tenía la posibilidad de participar en las licitaciones (7).

V.   EVALUACIÓN PRELIMINAR

| (25) | En primer lugar, se considera si es aplicable la jurisprudencia Altmark. De serlo, la medida controvertida no puede ser considerada ayuda estatal. En caso contrario, sin embargo, sería necesario evaluar si la medida controvertida entraña ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, y, de ser así, si tal ayuda podría considerarse compatible con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3. |
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(25)

En primer lugar, se considera si es aplicable la jurisprudencia Altmark. De serlo, la medida controvertida no puede ser considerada ayuda estatal. En caso contrario, sin embargo, sería necesario evaluar si la medida controvertida entraña ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, y, de ser así, si tal ayuda podría considerarse compatible con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3.

a)   Observaciones generales

Misión de servicio público

| (26) | En España, la radiodifusión pública y privada se define por ley como servicio público (8). Esta definición de servicio público, no obstante, no da prioridad a ninguna plataforma en particular, como se desprende del hecho de que no haya una connotación tecnológica del servicio de televisión en la definición legislativa de servicio público más reciente (2006). |
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(26)

En España, la radiodifusión pública y privada se define por ley como servicio público (8). Esta definición de servicio público, no obstante, no da prioridad a ninguna plataforma en particular, como se desprende del hecho de que no haya una connotación tecnológica del servicio de televisión en la definición legislativa de servicio público más reciente (2006).

Elección de tecnología

| (27) | Las autoridades españolas han explicado que digitalizar la red terrestre ya existente era el camino más barato y rápido hacia la conversión al sistema digital (9). Para ampliar la cobertura de la plataforma de TDT, las autoridades españolas han previsto la digitalización de los centros emisores existentes y la construcción de otros totalmente nuevos. |
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(27)

Las autoridades españolas han explicado que digitalizar la red terrestre ya existente era el camino más barato y rápido hacia la conversión al sistema digital (9). Para ampliar la cobertura de la plataforma de TDT, las autoridades españolas han previsto la digitalización de los centros emisores existentes y la construcción de otros totalmente nuevos.

| (28) | Sin embargo, la estructura de costes de las plataformas terrestre y por satélite es diferente. Para determinar si efectivamente la digitalización de la plataforma terrestre es menos onerosa, deben compararse los costes de extensión de la TDT con los costes que hubiera supuesto ofrecer canales en abierto en la plataforma por satélite. A este respecto, las autoridades españolas han presentado un estudio comparativo de análisis de costes realizado en 2007. Sin embargo, como se explica con más detalle a continuación, parece que i) estos supuestos no están totalmente justificados y ii) no es concluyente en absoluto qué tecnología es menos onerosa (10). |
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(28)

Sin embargo, la estructura de costes de las plataformas terrestre y por satélite es diferente. Para determinar si efectivamente la digitalización de la plataforma terrestre es menos onerosa, deben compararse los costes de extensión de la TDT con los costes que hubiera supuesto ofrecer canales en abierto en la plataforma por satélite. A este respecto, las autoridades españolas han presentado un estudio comparativo de análisis de costes realizado en 2007. Sin embargo, como se explica con más detalle a continuación, parece que i) estos supuestos no están totalmente justificados y ii) no es concluyente en absoluto qué tecnología es menos onerosa (10).

b)   Aplicabilidad de la jurisprudencia Altmark

| (29) | La jurisprudencia Altmark establece cuatro criterios que deben reunirse para que una medida concreta no constituya ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1 (11). La sentencia Altmark se refiere a una situación en la que el dinero público se pagó a un beneficiario directo; había una relación directa (en términos jurídicos, un contrato bilateral o sinalagmático) entre el servicio público y su compensación. Además, se aplicó la prueba de costes y la prueba de compensación excesiva con respecto al beneficiario de los fondos públicos, que era el prestador del servicio público. |
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(29)

La jurisprudencia Altmark establece cuatro criterios que deben reunirse para que una medida concreta no constituya ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1 (11). La sentencia Altmark se refiere a una situación en la que el dinero público se pagó a un beneficiario directo; había una relación directa (en términos jurídicos, un contrato bilateral o sinalagmático) entre el servicio público y su compensación. Además, se aplicó la prueba de costes y la prueba de compensación excesiva con respecto al beneficiario de los fondos públicos, que era el prestador del servicio público.

| (30) | No hay que olvidar que, en la cadena de producción de radiodifusión, hay al menos tres niveles de competencia relevantes en el presente asunto: i) los proveedores de equipos de TDT y satélite, ii) los operadores de la plataforma, y iii) los radiodifusores. Los fabricantes de equipos de telecomunicación no tienen una misión de servicio público. Por lo tanto, la jurisprudencia Altmark no se les puede aplicar. |
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(30)

No hay que olvidar que, en la cadena de producción de radiodifusión, hay al menos tres niveles de competencia relevantes en el presente asunto: i) los proveedores de equipos de TDT y satélite, ii) los operadores de la plataforma, y iii) los radiodifusores. Los fabricantes de equipos de telecomunicación no tienen una misión de servicio público. Por lo tanto, la jurisprudencia Altmark no se les puede aplicar.

| (31) | Los radiodifusores sí tienen una misión de servicio público. No obstante, estos últimos solo pueden ser considerados beneficiarios indirectos. En la zona I, es decir, el 96 % de la población española, los radiodifusores pagan al operador de la plataforma por la difusión de sus señales. En la zona II, los radiodifusores no pagan por utilizar la plataforma (12). Así pues, los radiodifusores se benefician del régimen, puesto que, gracias a una red digital más extensa, pueden incrementar (o, como mínimo, mantener) su audiencia entre aproximadamente el millón de habitantes con que cuenta la zona II. Supuestamente, esto genera también ingresos publicitarios adicionales (13). Por otra parte, los radiodifusores públicos no reciben dinero para la actualización de la red terrestre. Tampoco se beneficiarían si hubiera una compensación excesiva. Así pues, la prueba Altmark no es adecuada para evaluar los beneficios indirectos que se generarán para los radiodifusores. |
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(31)

Los radiodifusores sí tienen una misión de servicio público. No obstante, estos últimos solo pueden ser considerados beneficiarios indirectos. En la zona I, es decir, el 96 % de la población española, los radiodifusores pagan al operador de la plataforma por la difusión de sus señales. En la zona II, los radiodifusores no pagan por utilizar la plataforma (12). Así pues, los radiodifusores se benefician del régimen, puesto que, gracias a una red digital más extensa, pueden incrementar (o, como mínimo, mantener) su audiencia entre aproximadamente el millón de habitantes con que cuenta la zona II. Supuestamente, esto genera también ingresos publicitarios adicionales (13). Por otra parte, los radiodifusores públicos no reciben dinero para la actualización de la red terrestre. Tampoco se beneficiarían si hubiera una compensación excesiva. Así pues, la prueba Altmark no es adecuada para evaluar los beneficios indirectos que se generarán para los radiodifusores.

| (32) | En cambio, los operadores de la plataforma terrestre se benefician directamente de la extensión de la red de TDT financiada por el Estado. Si el operador de la plataforma terrestre es el titular de la red de TDT ampliada, se evita los costes de extensión de la red (y/o de la actualización tecnológica). No obstante, tampoco en ese caso es aplicable la jurisprudencia Altmark. Y lo que es más importante, como se ha explicado anteriormente, los operadores de la plataforma no están incluidos en la misión de servicio público. Por tanto, las ayudas a los operadores de la plataforma terrestre no estarían cubiertas por el primer criterio Altmark
   (14). |
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(32)

En cambio, los operadores de la plataforma terrestre se benefician directamente de la extensión de la red de TDT financiada por el Estado. Si el operador de la plataforma terrestre es el titular de la red de TDT ampliada, se evita los costes de extensión de la red (y/o de la actualización tecnológica). No obstante, tampoco en ese caso es aplicable la jurisprudencia Altmark. Y lo que es más importante, como se ha explicado anteriormente, los operadores de la plataforma no están incluidos en la misión de servicio público. Por tanto, las ayudas a los operadores de la plataforma terrestre no estarían cubiertas por el primer criterio Altmark
   (14).

| (33) | Aun cuando se considerara que la misión de servicio público es extensiva a la plataforma terrestre, es dudoso que el régimen de TDT cumpliera el tercer y cuarto criterio de la sentencia Altmark. |
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(33)

Aun cuando se considerara que la misión de servicio público es extensiva a la plataforma terrestre, es dudoso que el régimen de TDT cumpliera el tercer y cuarto criterio de la sentencia Altmark.

| (34) | Por lo que se refiere al tercer criterio, el coste de digitalización de la zona II, incluidos su operación y mantenimiento, están totalmente cubiertos por la financiación estatal. Habida cuenta de los beneficios para los radiodifusores y los operadores de la plataforma, como se ha explicado, se produciría una compensación excesiva. Las autoridades españolas no han evaluado si la financiación estatal excede el coste de las obligaciones de servicio público más un beneficio razonable. |
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(34)

Por lo que se refiere al tercer criterio, el coste de digitalización de la zona II, incluidos su operación y mantenimiento, están totalmente cubiertos por la financiación estatal. Habida cuenta de los beneficios para los radiodifusores y los operadores de la plataforma, como se ha explicado, se produciría una compensación excesiva. Las autoridades españolas no han evaluado si la financiación estatal excede el coste de las obligaciones de servicio público más un beneficio razonable.

| (35) | Por lo que se refiere al cuarto criterio Altmark, las autoridades españolas remiten a la competencia entre los proveedores de equipos de telecomunicación. No obstante, para evaluar una posible ventaja para los operadores de la plataforma, habría sido necesario organizar una licitación pública que permitiera la competencia entre operadores de distintas plataformas o, al menos, hacer una comparación de las inversiones realizadas por las autoridades españolas y los costes de un competidor eficiente. No ha habido tal licitación y el citado estudio de costes de 2007 no aporta un análisis de costes fiable y concluyente a este respecto. |
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(35)

Por lo que se refiere al cuarto criterio Altmark, las autoridades españolas remiten a la competencia entre los proveedores de equipos de telecomunicación. No obstante, para evaluar una posible ventaja para los operadores de la plataforma, habría sido necesario organizar una licitación pública que permitiera la competencia entre operadores de distintas plataformas o, al menos, hacer una comparación de las inversiones realizadas por las autoridades españolas y los costes de un competidor eficiente. No ha habido tal licitación y el citado estudio de costes de 2007 no aporta un análisis de costes fiable y concluyente a este respecto.

| (36) | En conclusión, la Comisión considera que la jurisprudencia Altmark no puede aplicarse en el presente asunto. Aparte de que los beneficios para los radiodifusores, como beneficiarios indirectos, son difíciles de conciliar con el planteamiento Altmark, los operadores de la plataforma terrestre no tienen una misión de servicio público. Aunque existiera tal misión de servicio público, no parecen cumplirse los demás criterios Altmark. |
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(36)

En conclusión, la Comisión considera que la jurisprudencia Altmark no puede aplicarse en el presente asunto. Aparte de que los beneficios para los radiodifusores, como beneficiarios indirectos, son difíciles de conciliar con el planteamiento Altmark, los operadores de la plataforma terrestre no tienen una misión de servicio público. Aunque existiera tal misión de servicio público, no parecen cumplirse los demás criterios Altmark.

c)   Existencia de ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1

Transferencia de recursos estatales

| (37) | La medida controvertida entraña una transferencia de recursos financieros del Estado a entidades que realizan una actividad económica. En primer lugar, se transfieren recursos presupuestarios del Gobierno central a las Comunidades Autónomas. A continuación las Comunidades Autónomas financian la extensión de la red de TDT.
  Selectividad y ventaja: beneficiarios de la medida controvertida |
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(37)

La medida controvertida entraña una transferencia de recursos financieros del Estado a entidades que realizan una actividad económica. En primer lugar, se transfieren recursos presupuestarios del Gobierno central a las Comunidades Autónomas. A continuación las Comunidades Autónomas financian la extensión de la red de TDT.

Selectividad y ventaja: beneficiarios de la medida controvertida

Proveedores de equipos de telecomunicación

| (38) | Los proveedores de equipos de telecomunicación son los contratistas directos de las Comunidades Autónomas una vez que se adjudican las licitaciones para la digitalización. El Gobierno adquiere el equipamiento para la TDT en condiciones de mercado y respetando las normas de contratación pública (licitación abierta). Puesto que la adquisición se realiza a precio de mercado, prima facie, no implica una ventaja para un proveedor de red concreto (a pesar de que Abertis haya conseguido la mayoría de las obras licitadas). No obstante, como la demanda de estos productos va en aumento debido a la medida de ayuda, en esta fase no puede descartarse por completo que la medida entrañe una ventaja selectiva para los proveedores de equipos de telecomunicación. |
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(38)

Los proveedores de equipos de telecomunicación son los contratistas directos de las Comunidades Autónomas una vez que se adjudican las licitaciones para la digitalización. El Gobierno adquiere el equipamiento para la TDT en condiciones de mercado y respetando las normas de contratación pública (licitación abierta). Puesto que la adquisición se realiza a precio de mercado, prima facie, no implica una ventaja para un proveedor de red concreto (a pesar de que Abertis haya conseguido la mayoría de las obras licitadas). No obstante, como la demanda de estos productos va en aumento debido a la medida de ayuda, en esta fase no puede descartarse por completo que la medida entrañe una ventaja selectiva para los proveedores de equipos de telecomunicación.

| (39) | Además, la decisión de las autoridades españolas de adquirir únicamente equipos para la actualización de la plataforma terrestre implica una discriminación hacia los proveedores del equipamiento utilizado para otras plataformas (por ejemplo, descodificadores para satélite y antenas parabólicas). |
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(39)

Además, la decisión de las autoridades españolas de adquirir únicamente equipos para la actualización de la plataforma terrestre implica una discriminación hacia los proveedores del equipamiento utilizado para otras plataformas (por ejemplo, descodificadores para satélite y antenas parabólicas).

Operadores de plataforma

| (40) | Por lo que se refiere a los operadores de plataforma, las Comunidades Autónomas han adoptado distintas medidas. Cuando ya existía un operador de la red analógica, ese operador continúa operando la red de TDT (por ejemplo, Telecom Castilla-La Mancha, Aragón Telecom, etc.). Según las autoridades españolas, en la mayoría de los casos, son los propios ayuntamientos los que operan la red. En otros casos, la responsable es una entidad pública. Estos operadores no reciben directamente dinero del Gobierno. No obstante, el equipamiento adquirido por el Gobierno (autonómico) se pone a su disposición para que amplíen su red. Por consiguiente, los operadores de la plataforma se benefician directamente de la financiación pública de la extensión y actualización de su red digital. |
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(40)

Por lo que se refiere a los operadores de plataforma, las Comunidades Autónomas han adoptado distintas medidas. Cuando ya existía un operador de la red analógica, ese operador continúa operando la red de TDT (por ejemplo, Telecom Castilla-La Mancha, Aragón Telecom, etc.). Según las autoridades españolas, en la mayoría de los casos, son los propios ayuntamientos los que operan la red. En otros casos, la responsable es una entidad pública. Estos operadores no reciben directamente dinero del Gobierno. No obstante, el equipamiento adquirido por el Gobierno (autonómico) se pone a su disposición para que amplíen su red. Por consiguiente, los operadores de la plataforma se benefician directamente de la financiación pública de la extensión y actualización de su red digital.

| (41) | Cuando el beneficiario es un operador de plataforma regional, este operador se beneficia de la extensión de su red regional en zonas aisladas de esa región en concreto. En algunas regiones la “zona II” puede comprender hasta el 10 % de la población. Por consiguiente, gracias a la medida estatal, la cobertura global de las redes regionales aumenta, lo que incrementa el atractivo de la red a la hora de competir con otras plataformas para la difusión de señales de televisión en esa región concreta. |
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(41)

Cuando el beneficiario es un operador de plataforma regional, este operador se beneficia de la extensión de su red regional en zonas aisladas de esa región en concreto. En algunas regiones la “zona II” puede comprender hasta el 10 % de la población. Por consiguiente, gracias a la medida estatal, la cobertura global de las redes regionales aumenta, lo que incrementa el atractivo de la red a la hora de competir con otras plataformas para la difusión de señales de televisión en esa región concreta.

| (42) | Además, las instalaciones subvencionadas aumentan la capilaridad de la red de TDT en su conjunto. Como consecuencia, la red se hace adecuada para la prestación de servicios de valor añadido (por ejemplo, la televisión digital móvil o DVB-H) y los radiodifusores y operadores de la plataforma tendrán mayores oportunidades de ser los primeros proveedores en ofrecer servicios digitales de nueva generación. |
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(42)

Además, las instalaciones subvencionadas aumentan la capilaridad de la red de TDT en su conjunto. Como consecuencia, la red se hace adecuada para la prestación de servicios de valor añadido (por ejemplo, la televisión digital móvil o DVB-H) y los radiodifusores y operadores de la plataforma tendrán mayores oportunidades de ser los primeros proveedores en ofrecer servicios digitales de nueva generación.

| (43) | Estos beneficios se ven reforzados por la subsidiarización continuada de los costes de funcionamiento de las redes locales por parte de los gobiernos autonómicos. En algunas regiones los gobiernos locales han manifestado su compromiso de correr con los gastos de mantenimiento y de personal de la red. Esto también se aplica cuando la explotación de la infraestructura la realiza una entidad privada. Cuando estos pagos se efectúan a operadores de redes locales, aumenta el riesgo de compensación excesiva, es decir, de cobertura parcial de otros costes de la red. Puede ser el caso, por ejemplo, cuando el equipo se utiliza conjuntamente para las zonas I y II. |
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(43)

Estos beneficios se ven reforzados por la subsidiarización continuada de los costes de funcionamiento de las redes locales por parte de los gobiernos autonómicos. En algunas regiones los gobiernos locales han manifestado su compromiso de correr con los gastos de mantenimiento y de personal de la red. Esto también se aplica cuando la explotación de la infraestructura la realiza una entidad privada. Cuando estos pagos se efectúan a operadores de redes locales, aumenta el riesgo de compensación excesiva, es decir, de cobertura parcial de otros costes de la red. Puede ser el caso, por ejemplo, cuando el equipo se utiliza conjuntamente para las zonas I y II.

| (44) | De la misma manera, según ASTRA, Abertis obtiene también una ventaja directa al competir con operadores de otras plataformas. Como proveedor de la red, Abertis consiguió la mayoría de los contratos para la actualización de esas redes locales, aunque no opera por sí misma ninguna de ellas. No obstante, al competir con otra plataforma como operador de la plataforma, la extensión de la red terrestre permite a Abertis ofrecer a los radiodifusores un mayor alcance y una capilaridad superior de su propia red. Mientras que, sin la medida, la red digital terrestre solo llegaría al 96-98 % de la población, esta cobertura se incrementa a casi el 100 %, sin coste adicional para el radiodifusor. Un radiodifusor interesado en la cobertura nacional tendría, por tanto, menos incentivos para optar por la plataforma por satélite. |
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(44)

De la misma manera, según ASTRA, Abertis obtiene también una ventaja directa al competir con operadores de otras plataformas. Como proveedor de la red, Abertis consiguió la mayoría de los contratos para la actualización de esas redes locales, aunque no opera por sí misma ninguna de ellas. No obstante, al competir con otra plataforma como operador de la plataforma, la extensión de la red terrestre permite a Abertis ofrecer a los radiodifusores un mayor alcance y una capilaridad superior de su propia red. Mientras que, sin la medida, la red digital terrestre solo llegaría al 96-98 % de la población, esta cobertura se incrementa a casi el 100 %, sin coste adicional para el radiodifusor. Un radiodifusor interesado en la cobertura nacional tendría, por tanto, menos incentivos para optar por la plataforma por satélite.

Radiodifusores de TDT

| (45) | Por último, los radiodifusores podrían considerarse beneficiarios indirectos. Sin el régimen estatal, en la zona II, los radiodifusores solo tendrían la opción de comprar capacidad de satélite a Astra. Aún así, llegarían a menos hogares, puesto que al menos algunos de ellos no comprarían el equipo de tierra necesario (descodificador para satélite y antena parabólica). |
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(45)

Por último, los radiodifusores podrían considerarse beneficiarios indirectos. Sin el régimen estatal, en la zona II, los radiodifusores solo tendrían la opción de comprar capacidad de satélite a Astra. Aún así, llegarían a menos hogares, puesto que al menos algunos de ellos no comprarían el equipo de tierra necesario (descodificador para satélite y antena parabólica).

| (46) | En el mercado de la televisión de pago, las iniciativas de acceso condicional lanzadas recientemente en la plataforma de TDT compiten con la difusión de canales en la plataforma por satélite. Puesto que la medida controvertida es extensiva a la plataforma de TDT, los canales de TDT de acceso condicional resultan favorecidos frente a los canales de acceso condicional de la plataforma por satélite. |
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(46)

En el mercado de la televisión de pago, las iniciativas de acceso condicional lanzadas recientemente en la plataforma de TDT compiten con la difusión de canales en la plataforma por satélite. Puesto que la medida controvertida es extensiva a la plataforma de TDT, los canales de TDT de acceso condicional resultan favorecidos frente a los canales de acceso condicional de la plataforma por satélite.

Conclusión sobre la ventaja selectiva

| (47) | Así pues, el régimen controvertido parece dar una ventaja selectiva a los proveedores/instaladores de red (ventaja sectorial), a los operadores de la plataforma de TDT y a los radiodifusores de TDT, tanto en abierto como en acceso condicional. |
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(47)

Así pues, el régimen controvertido parece dar una ventaja selectiva a los proveedores/instaladores de red (ventaja sectorial), a los operadores de la plataforma de TDT y a los radiodifusores de TDT, tanto en abierto como en acceso condicional.

Falseamiento de la competencia

Proveedores de equipos de telecomunicación

| (48) | A primera vista, la medida controvertida parece entrañar una ventaja competitiva (consistente en el incremento de la demanda) en beneficio de los proveedores de equipos de telecomunicación. |
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(48)

A primera vista, la medida controvertida parece entrañar una ventaja competitiva (consistente en el incremento de la demanda) en beneficio de los proveedores de equipos de telecomunicación.

Operadores de la plataforma

| (49) | Podría producirse falseamiento de la competencia entre diferentes plataformas (terrestre y satélite), ya que la medida controvertida va dirigida a la digitalización e instalación de centros emisores terrestres totalmente nuevos, sin considerar la transmisión por satélite. |
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(49)

Podría producirse falseamiento de la competencia entre diferentes plataformas (terrestre y satélite), ya que la medida controvertida va dirigida a la digitalización e instalación de centros emisores terrestres totalmente nuevos, sin considerar la transmisión por satélite.

| (50) | Las autoridades españolas aducen que la plataforma por satélite operada por ASTRA no pertenece al mismo mercado que la plataforma terrestre, puesto que no tiene los derechos de emisión en abierto. |
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(50)

Las autoridades españolas aducen que la plataforma por satélite operada por ASTRA no pertenece al mismo mercado que la plataforma terrestre, puesto que no tiene los derechos de emisión en abierto.

| (51) | La información que consta en el expediente muestra que Astra pudo competir por la plataforma para la extensión en Cantabria y que el Gobierno cántabro rescindió unilateralmente al contrato cuando se aprobaron las medidas controvertidas a favor de la TDT. Además, uno de los radiodifusores indicó que no concedería derechos a Astra mientras no hubiera cobertura de TDT en la zona. Aún es más, la plataforma por satélite se utiliza en la zona III y el Gobierno ha impuesto obligaciones de radiodifusión a los radiodifusores para garantizar que sus señales se envíen a través de esta plataforma. |
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(51)

La información que consta en el expediente muestra que Astra pudo competir por la plataforma para la extensión en Cantabria y que el Gobierno cántabro rescindió unilateralmente al contrato cuando se aprobaron las medidas controvertidas a favor de la TDT. Además, uno de los radiodifusores indicó que no concedería derechos a Astra mientras no hubiera cobertura de TDT en la zona. Aún es más, la plataforma por satélite se utiliza en la zona III y el Gobierno ha impuesto obligaciones de radiodifusión a los radiodifusores para garantizar que sus señales se envíen a través de esta plataforma.

| (52) | El hecho de que actualmente los radiodifusores en abierto sean reacios a utilizar la plataforma por satélite no implica que la plataforma satelital y terrestre pertenezcan a mercados diferentes. En esencia, los radiodifusores pueden optar por una de las dos plataformas. La difusión por las dos plataformas simultáneamente solo aumenta los costes para los radiodifusores sin aportar gran valor añadido mientras ambas plataformas ofrezcan cobertura nacional. Puesto que, gracias a la intervención estatal, la extensión de la TDT a la zona II es gratuita, los radiodifusores no tienen incentivos para pasarse a la plataforma por satélite en la zona II. Naturalmente, esto podría ser diferente sin las subvenciones estatales. En ese caso, como se ha hecho en la zona III, el Gobierno podría haber impuesto obligaciones de transmisión para garantizar la trasmisión en la zona II (15). |
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(52)

El hecho de que actualmente los radiodifusores en abierto sean reacios a utilizar la plataforma por satélite no implica que la plataforma satelital y terrestre pertenezcan a mercados diferentes. En esencia, los radiodifusores pueden optar por una de las dos plataformas. La difusión por las dos plataformas simultáneamente solo aumenta los costes para los radiodifusores sin aportar gran valor añadido mientras ambas plataformas ofrezcan cobertura nacional. Puesto que, gracias a la intervención estatal, la extensión de la TDT a la zona II es gratuita, los radiodifusores no tienen incentivos para pasarse a la plataforma por satélite en la zona II. Naturalmente, esto podría ser diferente sin las subvenciones estatales. En ese caso, como se ha hecho en la zona III, el Gobierno podría haber impuesto obligaciones de transmisión para garantizar la trasmisión en la zona II (15).

Radiodifusores

| (53) | La medida controvertida podría también haber falseado la competencia entre los radiodifusores. Antes, la plataforma terrestre generalmente albergaba a radiodifusores en abierto y la plataforma por satélite fundamentalmente a radiodifusores de televisión de pago o de acceso condicional. Actualmente, sin embargo, los radiodifusores en abierto están lanzando incitativas de televisión de pago en la plataforma terrestre y los radiodifusores por satélite buscan acceso a canales en abierto con el fin de completar su oferta y competir más activamente con los radiodifusores en abierto. |
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(53)

La medida controvertida podría también haber falseado la competencia entre los radiodifusores. Antes, la plataforma terrestre generalmente albergaba a radiodifusores en abierto y la plataforma por satélite fundamentalmente a radiodifusores de televisión de pago o de acceso condicional. Actualmente, sin embargo, los radiodifusores en abierto están lanzando incitativas de televisión de pago en la plataforma terrestre y los radiodifusores por satélite buscan acceso a canales en abierto con el fin de completar su oferta y competir más activamente con los radiodifusores en abierto.

Conclusión sobre el falseamiento de la competencia

| (54) | Al financiar los costes asociados a la extensión de la plataforma de TDT, el régimen podría por tanto determinar un falseamiento de la competencia potencial o real entre los proveedores de equipos de telecomunicación activos en distintas tecnologías y entre las plataformas terrestre y por satélite. Además, la medida podría crear un falseamiento de la competencia entre los radiodifusores de TDT y de satélite, tanto en televisión en abierto como de pago, ya que la primera utiliza una plataforma que, sin la medida, no estaría disponible (o estaría disponible a un coste superior). |
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(54)

Al financiar los costes asociados a la extensión de la plataforma de TDT, el régimen podría por tanto determinar un falseamiento de la competencia potencial o real entre los proveedores de equipos de telecomunicación activos en distintas tecnologías y entre las plataformas terrestre y por satélite. Además, la medida podría crear un falseamiento de la competencia entre los radiodifusores de TDT y de satélite, tanto en televisión en abierto como de pago, ya que la primera utiliza una plataforma que, sin la medida, no estaría disponible (o estaría disponible a un coste superior).

Efecto sobre el comercio entre Estados miembros

| (55) | La medida controvertida tiene también efectos sobre el comercio, ya que modifica las condiciones competitivas en la totalidad del territorio de un Estado miembro y, además, porque en la industria de radiodifusión española invierten empresas de otros Estados miembros (por ejemplo, Telecinco, un radiodifusor controlado por la italiana Mediaset, o ASTRA). |
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(55)

La medida controvertida tiene también efectos sobre el comercio, ya que modifica las condiciones competitivas en la totalidad del territorio de un Estado miembro y, además, porque en la industria de radiodifusión española invierten empresas de otros Estados miembros (por ejemplo, Telecinco, un radiodifusor controlado por la italiana Mediaset, o ASTRA).

d)   Compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c)

| (56) | Una vez se llega a la conclusión de que la medida controvertida implica ayuda estatal, el régimen adoptado por las autoridades españolas debe ser evaluado con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), con el fin de verificar su posible compatibilidad con el mercado interior. La compatibilidad de la medida controvertida debe ser evaluada en el contexto de la transición de la televisión analógica a la digital. |
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(56)

Una vez se llega a la conclusión de que la medida controvertida implica ayuda estatal, el régimen adoptado por las autoridades españolas debe ser evaluado con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), con el fin de verificar su posible compatibilidad con el mercado interior. La compatibilidad de la medida controvertida debe ser evaluada en el contexto de la transición de la televisión analógica a la digital.

| (57) | A este respecto, el Gobierno ha aducido que la financiación pública era necesaria para superar una deficiencia del mercado que impedía la digitalización de zonas que quedaban fuera de las obligaciones legales de cobertura impuestas a los radiodifusores. |
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(57)

A este respecto, el Gobierno ha aducido que la financiación pública era necesaria para superar una deficiencia del mercado que impedía la digitalización de zonas que quedaban fuera de las obligaciones legales de cobertura impuestas a los radiodifusores.

| (58) | En su sentencia de 6 de octubre de 2009 (16), el Tribunal General dictaminó en la solicitud de anulación interpuesta por Alemania de la Decisión 2006/513/CE de la Comisión en el asunto DVB-T-Berlín-Brandemburgo
   (17), que trataba cuestiones similares a las que la Comisión tiene que abordar en el asunto que nos ocupa. En particular, el Tribunal trató los criterios que la Comisión debe aplicar al evaluar la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE, que se consideran a continuación. |
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(58)

En su sentencia de 6 de octubre de 2009 (16), el Tribunal General dictaminó en la solicitud de anulación interpuesta por Alemania de la Decisión 2006/513/CE de la Comisión en el asunto DVB-T-Berlín-Brandemburgo
   (17), que trataba cuestiones similares a las que la Comisión tiene que abordar en el asunto que nos ocupa. En particular, el Tribunal trató los criterios que la Comisión debe aplicar al evaluar la compatibilidad con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE, que se consideran a continuación.

Deficiencia del mercado
   (18)

| (59) | En principio, en caso de conversión al sistema digital, la Comisión aceptó el argumento de la deficiencia del mercado en el asunto DVB-T-Berlín-Brandemburgo. Existen externalidades positivas en la conversión al sistema digital (el dividendo digital). La tecnología digital da lugar a una oferta más amplia para el cliente final. No obstante, sería necesario demostrar asimismo que los propios operadores terrestres no invertirían en la digitalización de su red (19). A este respecto, el Gobierno español ha aportado indicios suficientes sobre la reticencia de los radiodifusores a soportar inversiones adicionales para la extensión de la red de TDT (20). |
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(59)

En principio, en caso de conversión al sistema digital, la Comisión aceptó el argumento de la deficiencia del mercado en el asunto DVB-T-Berlín-Brandemburgo. Existen externalidades positivas en la conversión al sistema digital (el dividendo digital). La tecnología digital da lugar a una oferta más amplia para el cliente final. No obstante, sería necesario demostrar asimismo que los propios operadores terrestres no invertirían en la digitalización de su red (19). A este respecto, el Gobierno español ha aportado indicios suficientes sobre la reticencia de los radiodifusores a soportar inversiones adicionales para la extensión de la red de TDT (20).

| (60) | Como alternativa, la plataforma por satélite podría utilizarse ya para la difusión digital. No obstante, también en ese caso habría que hacer inversiones adicionales. Los particulares tendrían que comprar el equipo de tierra necesario, lo que supone una inversión importante (que incluye también la instalación de la antena parabólica). Ni el operador de satélite ni los particulares han realizado hasta el momento esas inversiones en instalaciones en tierra a una escala que pueda considerarse que la zona II está suficientemente servida por la red satelital. |
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(60)

Como alternativa, la plataforma por satélite podría utilizarse ya para la difusión digital. No obstante, también en ese caso habría que hacer inversiones adicionales. Los particulares tendrían que comprar el equipo de tierra necesario, lo que supone una inversión importante (que incluye también la instalación de la antena parabólica). Ni el operador de satélite ni los particulares han realizado hasta el momento esas inversiones en instalaciones en tierra a una escala que pueda considerarse que la zona II está suficientemente servida por la red satelital.

| (61) | Por razones de cohesión y acceso a la información, el Gobierno desea dar acceso a la televisión en abierto a toda la población en las mismas condiciones, es decir, sin suscripción alguna de los telespectadores a los canales de televisión. Puesto que, también en el caso de la transmisión por satélite, esto solo podría lograrse con apoyo del Gobierno, puede concluirse que existe una deficiencia del mercado. |
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(61)

Por razones de cohesión y acceso a la información, el Gobierno desea dar acceso a la televisión en abierto a toda la población en las mismas condiciones, es decir, sin suscripción alguna de los telespectadores a los canales de televisión. Puesto que, también en el caso de la transmisión por satélite, esto solo podría lograrse con apoyo del Gobierno, puede concluirse que existe una deficiencia del mercado.

Proporcionalidad

| (62) | Por lo que se refiere a la proporcionalidad, en su decisión DVB-T-Berlín-Brandemburgo, la Comisión consideró necesario comparar la medida adoptada con posibles alternativas. La Comisión concluyó que la ayuda no era necesaria ni proporcionada. |
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(62)

Por lo que se refiere a la proporcionalidad, en su decisión DVB-T-Berlín-Brandemburgo, la Comisión consideró necesario comparar la medida adoptada con posibles alternativas. La Comisión concluyó que la ayuda no era necesaria ni proporcionada.

| (63) | Las autoridades españolas alegan que la digitalización de los centros emisores terrestres existentes (y, en ocasiones, la construcción de otros nuevos) era la solución menos costosa y más rápida para la digitalización. A este respecto, han presentado un estudio de análisis de costes que compara los costes de la transmisión terrestre y por satélite (21). Ese estudio, no obstante, aporta pocas pruebas para abordar la cuestión de la proporcionalidad. |
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(63)

Las autoridades españolas alegan que la digitalización de los centros emisores terrestres existentes (y, en ocasiones, la construcción de otros nuevos) era la solución menos costosa y más rápida para la digitalización. A este respecto, han presentado un estudio de análisis de costes que compara los costes de la transmisión terrestre y por satélite (21). Ese estudio, no obstante, aporta pocas pruebas para abordar la cuestión de la proporcionalidad.

| (64) | En primer lugar, al comparar los costes de las dos tecnologías, el estudio evalúa el coste de los descodificadores para transmisión por satélite, pero no evalúa el coste de los descodificadores (o de un nuevo aparato de televisión con descodificador incorporado), orientación de la antena y sustitución del cable que son necesarios en caso de cambiar a la tecnología de TDT. En segundo lugar, el estudio concluye que es más eficiente una u otra tecnología dependiendo de las condiciones geográficas y del tamaño de la ciudad o pueblo de que se trate. Esta última conclusión, sin embargo, daría a entender que las Comunidades Autónomas organizan licitaciones tanto para tecnología de TDT como por satélite, así como que los organismos territoriales a los que se sirve son de tamaño variable. Al organizar licitaciones exclusivamente para tecnología de TDT, se ignoró la conclusión del estudio (22). |
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(64)

En primer lugar, al comparar los costes de las dos tecnologías, el estudio evalúa el coste de los descodificadores para transmisión por satélite, pero no evalúa el coste de los descodificadores (o de un nuevo aparato de televisión con descodificador incorporado), orientación de la antena y sustitución del cable que son necesarios en caso de cambiar a la tecnología de TDT. En segundo lugar, el estudio concluye que es más eficiente una u otra tecnología dependiendo de las condiciones geográficas y del tamaño de la ciudad o pueblo de que se trate. Esta última conclusión, sin embargo, daría a entender que las Comunidades Autónomas organizan licitaciones tanto para tecnología de TDT como por satélite, así como que los organismos territoriales a los que se sirve son de tamaño variable. Al organizar licitaciones exclusivamente para tecnología de TDT, se ignoró la conclusión del estudio (22).

| (65) | Se pide al Gobierno español que aporte más información sobre este punto. |
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(65)

Se pide al Gobierno español que aporte más información sobre este punto.

Neutralidad tecnológica

| (66) | La Comunicación de 2003 de la Comisión sobre la transición a la radiodifusión digital prevé que, para lograr la transición a la norma digital, deben tomarse en consideración todos los modos de transmisión. En su decisión DVB-T-Berlín-Brandemburgo, la Comisión concluyó que la tecnología DVB-T terrestre no es superior a otras soluciones tecnológicas. El apoyo para esta plataforma sería una excepción injustificada al principio de neutralidad tecnológica y podría impedir la expansión de otras plataformas. En su sentencia T-21/06, el Tribunal remitía a la Comunicación de 2003 y consideró que, puesto que la DVB-T apoyaba claramente solo la red terrestre, esta medida no cumplía el requisito de neutralidad (23). |
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(66)

La Comunicación de 2003 de la Comisión sobre la transición a la radiodifusión digital prevé que, para lograr la transición a la norma digital, deben tomarse en consideración todos los modos de transmisión. En su decisión DVB-T-Berlín-Brandemburgo, la Comisión concluyó que la tecnología DVB-T terrestre no es superior a otras soluciones tecnológicas. El apoyo para esta plataforma sería una excepción injustificada al principio de neutralidad tecnológica y podría impedir la expansión de otras plataformas. En su sentencia T-21/06, el Tribunal remitía a la Comunicación de 2003 y consideró que, puesto que la DVB-T apoyaba claramente solo la red terrestre, esta medida no cumplía el requisito de neutralidad (23).

| (67) | En el asunto T-177/07, Mediaset, relativo a las subvenciones para la adquisición de descodificadores digitales terrestres y de cable, el Tribunal General respaldó las conclusiones de la Comisión según las cuales la exclusión de los descodificadores de satélite de la subvención implicaba una discriminación contraria al principio de neutralidad tecnológica y que, como tal, impedía que la medida controvertida fuera declarada compatible con el mercado interior. |
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(67)

En el asunto T-177/07, Mediaset, relativo a las subvenciones para la adquisición de descodificadores digitales terrestres y de cable, el Tribunal General respaldó las conclusiones de la Comisión según las cuales la exclusión de los descodificadores de satélite de la subvención implicaba una discriminación contraria al principio de neutralidad tecnológica y que, como tal, impedía que la medida controvertida fuera declarada compatible con el mercado interior.

| (68) | En el presente asunto, el Gobierno se ha centrado en la tecnología de TDT como solución principal para la digitalización. Efectivamente, la opción tecnológica se hizo desde el principio mismo del proceso administrativo, cuando se aprobó el Real Decreto 944/2005, que hace referencia explícita a la tecnología de TDT. Las Comunidades Autónomas no han hecho más que seguir las directrices del Gobierno. No obstante, los distintos ayuntamientos han optado por una gran variedad de procedimientos de licitación. En algunos caso, el texto de las licitación deja abierto qué tecnología se utilizará. En otros, la licitación da una lista de centros emisores que se utilizarán en el despliegue del equipo de TDT. |
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(68)

En el presente asunto, el Gobierno se ha centrado en la tecnología de TDT como solución principal para la digitalización. Efectivamente, la opción tecnológica se hizo desde el principio mismo del proceso administrativo, cuando se aprobó el Real Decreto 944/2005, que hace referencia explícita a la tecnología de TDT. Las Comunidades Autónomas no han hecho más que seguir las directrices del Gobierno. No obstante, los distintos ayuntamientos han optado por una gran variedad de procedimientos de licitación. En algunos caso, el texto de las licitación deja abierto qué tecnología se utilizará. En otros, la licitación da una lista de centros emisores que se utilizarán en el despliegue del equipo de TDT.

| (69) | En una fase posterior del procedimiento, el Gobierno ha presentado a la Comisión ejemplos de correspondencia (tres correos electrónicos) entre el Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas. En esos correos, las Comunidades preguntan si los fondos estatales para TDT pueden utilizarse también para financiar transmisión por satélite (la respuesta fue afirmativa). El Gobierno sugiere que esto prueba que la licitación organizada por las Comunidades Autónomas, aunque hacía referencia explícita a la TDT, estaba de facto abierta a todas las tecnologías. No obstante, esto solo es aplicable a unas cuantas Comunidades Autónomas. En segundo lugar, cuando la opción tecnológica se confirmó ex post, no era del conocimiento público y, por tanto, no podía impedir que los operadores de otras plataformas distintas de la TDT desistieran de participar en la licitación. De hecho, en sus escritos, Astra ha señalado que la referencia general a la TDT en los documentos de licitación hizo que se abstuviera de participar en las licitaciones. |
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(69)

En una fase posterior del procedimiento, el Gobierno ha presentado a la Comisión ejemplos de correspondencia (tres correos electrónicos) entre el Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas. En esos correos, las Comunidades preguntan si los fondos estatales para TDT pueden utilizarse también para financiar transmisión por satélite (la respuesta fue afirmativa). El Gobierno sugiere que esto prueba que la licitación organizada por las Comunidades Autónomas, aunque hacía referencia explícita a la TDT, estaba de facto abierta a todas las tecnologías. No obstante, esto solo es aplicable a unas cuantas Comunidades Autónomas. En segundo lugar, cuando la opción tecnológica se confirmó ex post, no era del conocimiento público y, por tanto, no podía impedir que los operadores de otras plataformas distintas de la TDT desistieran de participar en la licitación. De hecho, en sus escritos, Astra ha señalado que la referencia general a la TDT en los documentos de licitación hizo que se abstuviera de participar en las licitaciones.

e)   Aplicabilidad de la regla de minimis

| (70) | En relación con la aplicabilidad de la regla de minimis, la Comisión señala que la ayuda no es “transparente” a tenor del artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1998/2006 sobre ayudas de minimis. Efectivamente, el importe de la ayuda es el valor económico de la actualización tecnológica de que disfrutaron los operadores y radiodifusores de la plataforma de TDT y del incremento de la demanda para los proveedores de equipos de telecomunicación. |
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(70)

En relación con la aplicabilidad de la regla de minimis, la Comisión señala que la ayuda no es “transparente” a tenor del artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1998/2006 sobre ayudas de minimis. Efectivamente, el importe de la ayuda es el valor económico de la actualización tecnológica de que disfrutaron los operadores y radiodifusores de la plataforma de TDT y del incremento de la demanda para los proveedores de equipos de telecomunicación.

f)   Aplicabilidad del artículo 106, apartado 2

| (71) | El artículo 106, apartado 2, del Tratado CE dispone una “excepción de servicio público” que puede aplicarse en casos en los que no se reúnen los criterios Altmark. No obstante, puede concluirse a este respecto, que los elementos factuales que impiden la aplicación de la jurisprudencia Altmark (en particular, la falta de una definición precisa de servicio público y la falta de una encomienda clara del mismo) ponen también en duda la aplicación del artículo 106, apartado 2. |
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(71)

El artículo 106, apartado 2, del Tratado CE dispone una “excepción de servicio público” que puede aplicarse en casos en los que no se reúnen los criterios Altmark. No obstante, puede concluirse a este respecto, que los elementos factuales que impiden la aplicación de la jurisprudencia Altmark (en particular, la falta de una definición precisa de servicio público y la falta de una encomienda clara del mismo) ponen también en duda la aplicación del artículo 106, apartado 2.

VI.   CONCLUSIÓN

| (72) | Con carácter preliminar, se concluye que el régimen antes citado de transición a la tecnología digital de televisión constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado CE. La Comisión lamenta que esta ayuda haya sido aplicada sin haber recibido autorización previa. Basándose en la información existente, dicha ayuda puede no ser compatible salvo que se adopten las medidas adecuadas, en particular, para solucionar el efecto de falseamiento de la competencia entre los operadores de plataforma. |
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(72)

Con carácter preliminar, se concluye que el régimen antes citado de transición a la tecnología digital de televisión constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado CE. La Comisión lamenta que esta ayuda haya sido aplicada sin haber recibido autorización previa. Basándose en la información existente, dicha ayuda puede no ser compatible salvo que se adopten las medidas adecuadas, en particular, para solucionar el efecto de falseamiento de la competencia entre los operadores de plataforma.

| (73) | Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión, en el marco del procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, insta al Reino de España para que presente sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la medida en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente. En su respuesta, se pide al Reino de España que formule también sus observaciones sobre las siguientes cuestiones:






  1) | ¿Cuál es el margen existente para el desarrollo de competencia entre plataformas en el mercado español de radiodifusión de televisión en el futuro? |
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(73)

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión, en el marco del procedimiento del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, insta al Reino de España para que presente sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la medida en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente. En su respuesta, se pide al Reino de España que formule también sus observaciones sobre las siguientes cuestiones:

1)

¿Cuál es el margen existente para el desarrollo de competencia entre plataformas en el mercado español de radiodifusión de televisión en el futuro?

| 2) | ¿Qué barreras existen en el mercado español para la competencia entre plataformas y cómo podrían superarse? |
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2)

¿Qué barreras existen en el mercado español para la competencia entre plataformas y cómo podrían superarse?

| 3) | Para la totalidad de la zona II, considerando todas las Comunidades Autónomas en conjunto ¿cuánto dinero se dedicará aproximadamente a costes de operación y mantenimiento de las redes de TDT en el periodo 2010-2015? |
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3)

Para la totalidad de la zona II, considerando todas las Comunidades Autónomas en conjunto ¿cuánto dinero se dedicará aproximadamente a costes de operación y mantenimiento de las redes de TDT en el periodo 2010-2015?

| 4) | ¿Sería viable licitar la operación de la transmisión digital de la señal de televisión de manera tecnológicamente neutra (de forma que los costes de operación y mantenimiento se minimicen)? |
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4)

¿Sería viable licitar la operación de la transmisión digital de la señal de televisión de manera tecnológicamente neutra (de forma que los costes de operación y mantenimiento se minimicen)?

| (74) | Además, la Comisión insta a las autoridades españolas a que transmitan inmediatamente una copia de la presente carta a los beneficiarios potenciales de la ayuda. |
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(74)

Además, la Comisión insta a las autoridades españolas a que transmitan inmediatamente una copia de la presente carta a los beneficiarios potenciales de la ayuda.

| (75) | La Comisión desea recordar al Reino de España que el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene efecto suspensivo y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario. |
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(75)

La Comisión desea recordar al Reino de España que el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene efecto suspensivo y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario.

| (76) | Por la presente, la Comisión comunica al Reino de España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados en los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.». |
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Por la presente, la Comisión comunica al Reino de España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados en los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.».

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(1)  La cifra está actualizada a febrero de 2010. A 15 de octubre, Abertis era con diferencia el mayor contratista (57,18 % del importe financiado), seguido por Castilla-La Mancha Telecom (13,72 %). Castilla-La Mancha es objeto de la denuncia 19/2009.

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(2)  En sus respuestas, las Comunidades Autónomas remiten explícitamente al Plan Nacional de Transición de la TDT adoptado por el Real Decreto 944/2005 y al denominado Plan Avanza, un plan nacional para mejorar la digitalización de las redes de comunicación (es decir, redes de radiodifusión y de banda ancha). Véase, por ejemplo, la Comunidad de Extremadura, que explica que “Conforme a lo dispuesto (...) del Real Decreto 944/2005 (...) por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, en la cual se recoge la iniciativa local en la extensión de la cobertura de la TDT ... ”.

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(3)  De esta cifra 60,2 millones EUR consisten en préstamos morosos del Gobierno central a las Comunidades Autónomas y 136,1 millones EUR están financiados por las Comunidades Autónomas. En febrero de 2010, ya se habían adjudicado 144,1 millones EUR para la extensión de la red TDT, mientras que la adjudicación de 52 millones EUR seguía pendiente (Fuente: Gobierno español, doc. A/1980).

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Fuente:

(4)  La cifra está actualizada a febrero de 2010. A 15 de octubre de 2009, Abertis era con diferencia el mayor contratista (57,18 % del importe financiado), seguido por Castilla-La Mancha Telecom (13,72 %). Castilla-La Mancha es objeto de la denuncia 19/2009.

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(5)  Mediante carta enviada por Indican, la entidad regional creada por la Comunidad de Cantabria, a Astra el 7 de noviembre de 2008. La carta rescinde unilateralmente el contrato con Astra, alegando que “la decisión sobrevenida de la Administración del Estado Español de implantar la cobertura del 100 % de los servicios de televisión digital para todo el territorio nacional hace inviable la implantación del servicio concertado ... y, por ello, la ejecución e implementación del referido contrato”. (Escrito de Astra de 30 de noviembre de 2009).

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(6)  En su respuesta al escrito de Astra de 8 de junio de 2010, las autoridades españolas negaron que los ayuntamientos fueran a financiar los costes de operación y mantenimiento en el futuro. No obstante, se cuestiona la cifra total. Entre otros puntos, las autoridades españolas aducen que en algunos contratos este coste ya está incluido en la licitación para la instalación de los equipos para la TDT. En consecuencia, la cifra total sería inferior.

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(7)  Las autoridades españolas presentaron correspondencia entre algunas Comunidades Autónomas y el Gobierno central que probaba que aquéllas no excluían otras plataformas alternativas a la plataforma terrestre. No obstante, esta prueba solo se refiere a tres de las 19 Comunidades Autónomas y lo único que muestra es que la neutralidad tecnológica se consideró ex post, pero no fue un principio rector del plan de digitalización del Gobierno (en una reunión sobre el asunto N 595/2009, el Gobierno de Murcia confirmó que solo se discutió sobre la neutralidad tecnológica después de la denuncia presentada por Astra a la Comisión).

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ex post

(8)  La legislación relevante data de 1983-1988 (servicios de televisión a nivel regional), 1995 (servicios de televisión a nivel local) y, más recientemente, 2006 (servicios de televisión a nivel nacional).

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(9)  En particular, en su primera respuesta, el Gobierno explicó que “[...] la evolución hacia la TDT puede requerir trabajos de adaptación de la antena existente (reorientación, amplificadores), pero en ningún caso su sustitución por un nuevo elemento de recepción. Por el contrario, la utilización de cualquier otro medio de recepción de televisión digital requiere la instalación de nuevos elementos de recepción, como puede ser una antena parabólica” y que “[p]or tanto, se considera que el cubrir ese porcentaje del 2,5 % de la población a través del servicio de TDT y no del servicio de televisión por satélite es mucho más eficiente, especialmente para los ciudadanos afectados [...]”.

9

(10)  Por ejemplo, el Gobierno no ha estimado los costes de llevar el servicio público de radiodifusión a los telespectadores de la zona II en condiciones similares a las condiciones en que se hizo en la zona III (mediante el Decreto Ley 1/2009, con el fin de llegar al 1,5 % de la población por satélite en la zona III).

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(11)  La jurisprudencia Altmark es aplicable siempre y cuando i) la empresa beneficiaria esté encargada de un servicio público, que haya sido definido claramente; ii) los parámetros para el cálculo de la compensación se hayan establecido previamente de forma objetiva y transparente; iii) la compensación no supere el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los costes del servicio público, más un beneficio razonable; iv) la empresa encargada del servicio público debe ser elegida mediante un procedimiento de contratación pública o, en su defecto, su remuneración debe calcularse sobre la de los costes de una empresa eficiente.

11

Altmark

(12)  En una reunión celebrada el 14 de enero de 2009, las autoridades españolas explicaron que los radiodifusores protestaron enérgicamente por tener que soportar el coste de la conversión digital en la zona I. Consideraban que los beneficios de cubrir el 2,5 % adicional de la población en la zona II eran escasos. Por ello, se negaron a pagar por la transmisión en la zona II.

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(13)  En la misma reunión, las autoridades españolas sugirieron que estos ingresos publicitarios adicionales serían de poca importancia. No obstante, no se han presentado pruebas al respecto.

13

(14)  Además, la medida controvertida afecta al 2,5 % de la población a la que no llega la TDT, porque no entra en las obligaciones de cobertura impuestas a los radiodifusores en su calidad de titulares de la concesión de servicio público. Por tanto, puede incluso considerarse que la zona II no está cubierta por la misión de servicio público de los radiodifusores. Hasta la fecha, el Gobierno no ha dado unas indicaciones claras sobre este punto ni ha aportado un acto por el que se encomiende la misión referente a la plataforma terrestre.

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(15)  También hay que tener presente que, en un contexto de mercado en el que las plataformas convergen progresivamente y en el que Abertis es dominante en el mercado de la TDT y también ocupa una posición destacada en el mercado de plataforma por satélite, la medida prevista por el Gobierno pudo debilitar a Astra, reduciendo así la competencia en el mercado para los operadores de la plataforma.

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(16)  Sentencia del Tribunal General de 6 octubre de 2009 en el asunto T-21/06, Alemania/Comisión.

16

(17)  Decisión 2006/513/CE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2005 (DO L 200 de 22.7.2006, p. 14).

17

(18)  La Comisión se ha referido a las “deficiencias del mercado” como a un factor a tener en cuenta al analizar la compatibilidad tanto en la Comunicación sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital [COM(2003) 541 final] y en su Plan de acción de ayudas estatales 2005 [COM(2005) 107 final] y en decisiones sobre ayudas estatales.

18

(19)  En DVD-T-Berlín-Brandemburgo, la Comisión consideró que la transmisión digital terrestre es más barata que la transmisión analógica. Por consiguiente, las empresas habrían hecho la conversión de todas formas y la ayuda no era necesaria.

19

(20)  En particular, por lo que se refiere a la necesidad de la medida, el Gobierno presentó documentos que probaban que los radiodifusores comerciales han solicitado al Gobierno español que rebaje la obligación de cobertura mínima del 96 % al 90 % en la zona I. Dado que ni siquiera la cobertura obligatoria del 96 % de la población sería comercialmente viable, los radiodifusores se negaron a financiar la conversión del 2,5 % adicional de la población en la zona II. Véase, inter alia, el escrito de UTECA de 16 de enero de 2007, enviado al Ministerio de Industria. También el Gobierno de Cantabria, en su último escrito, ha confirmado que “todas las tentativas de compartir gastos con los radiodifusores en televisión digital han dado resultados negativos”.

20

inter alia

(21)  Véase el “Informe de costes de referencia para el proceso de universalización de la televisión digital terrestre en España” presentado por las autoridades españolas el 21 de enero de 2001. El Gobierno explicó que dicho estudio, de julio de 2007, se presentó a las Comunidades Autónomas como un referencia a la hora de evaluar qué tecnología, terrestre o por satélite, era más eficiente.

21

(22)  También parece haberse pasado por alto la posibilidad de imponer a los radiodifusores obligaciones de radiodifusión como una opción para llevar canales en abierto al 2,5 % de la población en la zona II.

22

(23)  T-21/06, Alemania/Comisión, pendiente de publicación, apartado 69.

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| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/27 |
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14.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/27

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AYUDA ESTATAL — RUMANÍA

(Artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)

Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE — retirada de la notificación

Ayuda estatal C 36/09 — Garantía del Marco temporal a favor de Oltchim

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2010/C 337/08

La Comisión ha decidido concluir el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE, incoado el 19 de noviembre de 2009 (1), con respecto a la citada medida, constatando que Rumanía ha confirmado que la ayuda no había sido concedida.

I.   Procedimiento

Por decisión de 19 de noviembre de 2009, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal contemplado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a una garantía estatal a favor de la empresa petroquímica rumana Oltchim.

II.   Descripción

La garantía estatal de 62 millones EUR para un préstamo comercial de 62 millones EUR se emitió al amparo del Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

La Comisión manifestó dudas sobre si Oltchim cumplía los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco temporal para poder acogerse a dicha ayuda.

III.   Evaluación

En el curso del procedimiento, Rumanía declaró que la mencionada ayuda no se había concedido.

IV.   Conclusión

Por consiguiente, la Comisión decidió archivar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE por carecer de objeto al no haberse concedido la ayuda.

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(1)  DO C 19 de 26.1.2010, p. 31.

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14.12.2010

| 14.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 337/s3 |
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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 337/s3

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AVISO

El 14 de diciembre de 2010 se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea C 337 A el «Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas».

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