Número Identificador

SEN2024_____________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

JOSÉ A. SÁNCHEZ ROA

RECURRENTE

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

RECURRIDA

KLRA202400026

Revisión 

administrativa

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.

ICG-1918-2023

Sobre:

SUSPENSIÓN DE 

VISITA

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

La parte recurrente, José A. Sánchez Roa, comparece ante nos 

mediante un recurso de revisión administrativa. En el mismo, 

solicita la revocación de una determinación administrativa emitida 

por del Departamento de Corrección y Rehabilitación el 29 de 

diciembre de 2023, notificada el 4 de enero de 2024. Mediante el 

referido dictamen, el organismo recurrido le indicó al señor Sánchez 

Roa que no tenía jurisdicción sobre las medidas que se imparten 

como sanciones disciplinarias colectivas.

Los antecedentes que permiten entender el curso de acción 

que hoy tomamos se incluyen a continuación.

I.

El señor Sánchez Roa es miembro de la población correccional 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento). Actualmente se encuentra recluido en la 

Institución Correccional Guerrero de Agudilla, en el Módulo 8-B-II.

Surge del expediente que, el 13 de noviembre de 2023, se 

realizó un registro en el referido módulo, mediante el cual se 

incautaron varios artículos de contrabando. Ante ello, los 
KLRA202400026 2

Superintendentes de la referida institución, Claudio Cortés 

Meléndez y Marguerite García Mestre, aplicaron la Regla 9 del 

Reglamento para Establecer el Procedimiento Disciplinario de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 9221 de 8 de octubre de 

2020, y les suspendieron los privilegios siguientes a los confinados 

del mencionado módulo por un periodo de diez (10) días:

1. Paquetes;

2. Comisaría; 

3. Participación de actividades especiales;

4. Recreación;

5. Correspondencia, exceptuando la legal;

6. Visitas, a excepción de su abogado o 

representante de la agencia), y

7. Cualquier otro privilegio que se le conceda en la 

institución.1

En desacuerdo, el 4 de diciembre de 2023, el recurrente 

presentó una solicitud de remedio administrativo, la cual fue 

recibida por el Oficial Examinador el 29 del mismo mes y año. En la 

misma, planteó que el Departamento no tenía facultad para cancelar 

el privilegio de visitas como sanción disciplinaria colectiva.

Así las cosas, el 20 de diciembre de 2023, los 

Superintendentes les informaron a los confinados del Módulo 8-B-II 

que, según solicitado, el Oficial Examinador, como medida de 

seguridad, había extendido la suspensión de privilegios por un 

periodo adicional de veinte (20) días.

El 29 de diciembre de 2023, la División de Remedios 

Administrativos respondió a la solicitud del señor Sánchez Roa. 

Aseveró que no tenía jurisdicción sobre sanciones disciplinarias 

colectivas que se imparten al amparo de la Regla 9 del Reglamento 

Núm. 9921, supra.

1Anejo I del recurso.
KLRA202400026 3

Inconforme, el 11 de enero de 2024, el recurrente suscribió 

este recurso.2 Esencialmente, nos solicita que ordenemos al 

organismo recurrido a abstenerse de imponer la cancelación de 

visitas como medida disciplinaria colectiva, puesto que, 

presuntamente, va en contra de lo dispuesto por el ordenamiento 

jurídico vigente.

Habiendo examinado el expediente que nos ocupa, y con el 

beneficio de la posición del Departamento, procedemos a delimitar 

el trasfondo normativo aplicable.

II.

A. Deferencia Judicial a las Resoluciones Administrativas

Las determinaciones de las agencias administrativas están 

sujetas a la revisión judicial del Tribunal de Apelaciones. La Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

autoriza expresamente la revisión de las decisiones, órdenes y

resoluciones finales de los organismos administrativos. La revisión 

judicial tiene el objetivo de asegurar que las agencias actúen 

conforme a las facultades concedidas por ley. Los tribunales 

revisores debemos conceder deferencia a las decisiones de las 

agencias, debido a su experiencia y conocimiento especializado 

sobre los asuntos ante su consideración. Los dictámenes de las 

agencias gozan de una presunción de legalidad y corrección que 

subsiste, mientras no se produzca suficiente prueba para derrotarla.

OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022); AAA v. UIA, 200

DPR 903, 910 (2018).

La parte que impugna judicialmente las determinaciones de 

hechos de una agencia tiene el peso de demostrar que no están 

basadas en el expediente o que las conclusiones del foro 

administrativo son irrazonables. La razonabilidad es el criterio 

2 Finalmente, presentado el 18 de enero de 2024.
KLRA202400026 4

rector al momento de pasar juicio sobre la decisión de una agencia. 

La revisión judicial está limitada a evaluar si la agencia actuó 

arbitraria, ilegalmente, de forma irrazonable o abusó de discreción. 

OEG v. Martínez Giraud, supra, a la pág. 89; González Segarra et al 

v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004).

La evidencia sustancial en la que debe estar basada la 

determinación administrativa, ha sido definida 

jurisprudencialmente como aquella que es relevante y que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Sin embargo, esta aceptación no podrá estar sostenida 

por un ligero destello de evidencia o por simples inferencias. Las 

determinaciones de derecho de las agencias son revisables en todos 

sus aspectos. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.

La revisión se ciñe a determinar si: (1) el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado, (2) las determinaciones de hecho de 

la agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Respeto a la resolución administrativa se sostiene hasta 

que no se presente evidencia suficiente para derrotar la presunción 

de legalidad. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.

La deferencia a la interpretación que las agencias hacen sobre 

las leyes que le corresponde poner en vigor, cede cuando: 1) erró al 

aplicar la ley, 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente o 3) 

lesionó derechos constitutivos fundamentales. El criterio 

administrativo no prevalece, cuando la interpretación estatutaria 

que realiza la agencia provoca un resultado incompatible o contrario 

al propósito para el cual se aprobó la legislación y con la política 

pública promovida. OEG v. Martínez Giraud, supra. a la pág. 91. 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); 
KLRA202400026 5

Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35-36 (2018); Otero v. 

Toyota, supra.

B. Solicitudes de remedios Administrativos Radicadas por la 

Población Correccional

La División de Remedios Administrativos (División) fue creada 

para que toda persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera instancia, 

ante el cual pueda presentar una solicitud de remedio, con el fin de 

minimizar las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal, y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los tribunales de justicia. Introducción del Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 del 

4 de mayo de 2015. Así, pues, la referida división podrá atender toda 

solicitud presentada por una persona sumariada relacionada a 

cualquier incidente que afecte su plan institucional directa o 

indirectamente. Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 

243 (2017).

El Reglamento Núm. 8583, supra, define la solicitud de 

remedio como un recurso que presenta un miembro de la población 

correccional relacionado a su confinamiento, y que afecte su calidad 

de vida y seguridad. Regla IV (24). Habida cuenta de ello, la División 

tiene jurisdicción para atender cualquier acto que afecte 

personalmente al confinado en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad mental o plan institucional. Íd., Regla VI (a).

C. Reglamento Disciplinario para la Población Correccional

Sabido es que las prisiones son lugares de cautiverio 

involuntario de personas que no han sido capaces de ajustarse a las 

normas de convivencia pacífica y ordenada. Por ello, y para asegurar 

la protección de las personas que trabajan en las instituciones 

carcelarias, es necesario que se tomen rigurosas medidas de 
KLRA202400026 6

seguridad. Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828, 836 (1986). En 

virtud de lo anterior, se aprobó el Reglamento para Establecer el 

Procedimiento Disciplinario de la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 9221 de 8 de octubre de 2020, con el propósito 

de mantener un ambiente de seguridad y orden en las instituciones 

penales. El Reglamento establece un mecanismo flexible y eficaz 

para imponer medidas disciplinarias a los confinados que incurran 

en violaciones a las normas y procedimientos establecidos en la 

institución.

En lo pertinente al caso de marras, la Regla 16 del referido 

cuerpo normativo incluye una lista de los actos prohibidos de Nivel 

II de severidad, en la cual se incluye el contrabando. El mismo, se 

define como:

[l]a posesión de artículos o materiales considerados no 

peligroso, que no sean suministrados o autorizados por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

También se considera contrabando aquellos artículos 

en exceso de los permitidos en el área de vivienda, tales 

como los artículos de consumo, o cualquier otro 

establecido por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, excluyendo aquellos tipificados como 

contrabando peligroso.

Reglamento Núm. 9921, supra.

El confinado que comete un acto prohibido puede ser 

sancionado con la privación de sus privilegios, que incluyen la 

participación en actividades especiales, recreación activa, compra 

en la comisaría, visitas y cualquier otro remedio que se conceda en 

la institución. Íd., Regla 17 (5). Los referidos privilegios pueden ser 

suspendidos sin la celebración de una vista administrativa en 

circunstancias que pongan en riesgo la seguridad institucional. Sin 

embargo, la suspensión no podrá exceder de un periodo de diez días. 

Regla 9 (2) del Reglamento Núm. 9921, supra.

Ahora bien, queda prohibido que se suspenda el privilegio de 

visitas a un grupo, unidad de vivienda, edificio o institución como 

medida disciplinaria. Se podrá suspender dicho privilegio si 
KLRA202400026 7

responde estrictamente a una medida de seguridad. Regla 9 (2) del 

Reglamento Núm. 9921, supra. Una de las circunstancias que el 

Reglamento considera necesario aplicar una medida de seguridad es 

ante el hallazgo de contrabando peligroso o cualquier material 

prohibido por ley o reglamento. Íd., Regla 9(3)(d).

III.

El recurrente plantea que el Departamento no podía imponer 

la cancelación de visitas como medida disciplinaria colectiva. Luego 

de haber repasado el derecho aplicable a la controversia de autos, 

resolvemos que no le asiste la razón al señor Sánchez Roa.

Según reseñamos, a pesar de que el Reglamento 9221, supra,

establece que en ninguna circunstancia se cancelará el privilegio de 

visitas a un grupo como medida disciplinaria, el mismo se podrá 

suspender si responde a una medida de seguridad. El Reglamento 

específicamente dispone que se justifica imponer la referida medida 

de seguridad cuando se encuentre contrabando peligroso o 

cualquier material prohibido.

En el presente caso, se le canceló el privilegio de visitas al 

recurrente, y a otros confinados los cuales se encontraban recluidos 

en el Módulo 8-B-II, luego de que se incautaran una serie de 

artículos de contrabando. En virtud de lo anterior, el Departamento 

estaba legitimado para imponer la cancelación de visitas como 

medida de seguridad.

Por otra parte, entendemos que es correcta en derecho la 

determinación del organismo recurrido de no acoger el reclamo que 

nos ocupa, al amparo de que no tenía jurisdicción para considerar 

cuestiones colectivas. El Reglamento Núm. 8583, supra, establece 

que la División de Remedios Administrativos únicamente tendrá 

jurisdicción para atender cualquier cuestión que afecte 

personalmente al confinado. Por ello, coincidimos con el 

Departamento en cuanto a que la mencionada división no está 
KLRA202400026 8

facultada para acoger asuntos que afecten a un grupo de 

sumariados.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones