# Diario Oficial C 328/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.328.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 328 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53o año4 de diciembre de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.328.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 328

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año4 de diciembre de 2010

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| Número de información | Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2010/C 328/01 | Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 317 de 20.11.2010 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2010/C 328/01

Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 317 de 20.11.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

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| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES |
| | Tribunal de Justicia |
| 2010/C 328/02 | Asunto C-222/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica [Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) — Comunicaciones electrónicas — Redes y Servicios — Artículo 12 — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Componente social del servicio universal — Artículo 13 — Financiación de las obligaciones de servicio universal — Determinación de la carga injusta] | 2 |
| 2010/C 328/03 | Asunto C-389/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad [Comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) — Artículos 2, letra g), 3 y 4 — Autoridad nacional de reglamentación — Intervención del legislador nacional en condición de autoridad nacional de reglamentación — Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) — Redes y Servicios — Artículo 12 — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Componente social del servicio universal — Artículo 13 — Financiación de las obligaciones de servicio universal — Determinación de la carga injusta] | 2 |
| 2010/C 328/04 | Asunto C-512/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre 2010 — Comisión Europea/República Francesa (Incumplimiento de Estado — Artículo 49 CE — Seguridad social — Asistencia médica proyectada en otro Estado miembro que requiere la utilización de equipos materiales particularmente onerosos — Exigencia de autorización previa — Asistencia programada dispensada en otro Estado miembro — Diferencia entre los niveles de cobertura en vigor en el Estado miembro de afiliación y en el Estado miembro de estancia — Derecho del asegurado social a una intervención de la institución competente complementaria de la de la institución del Estado miembro de estancia) | 3 |
| 2010/C 328/05 | Asunto C-515/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Proceso penal contra Vitor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda (Libre prestación de servicios — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Desplazamiento de trabajadores — Restricciones — Empleadores establecidos en otro Estado miembro — Registro de declaración previa de desplazamiento — Documentos sociales o laborales — Equivalentes a los previstos por el Derecho del Estado miembro de acogida — Copia — Tenencia a disposición de las autoridades nacionales) | 4 |
| 2010/C 328/06 | Asuntos acumulados C-53/09 y C-55/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la House of Lords — Reino Unido) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Loyalty Management UK Ltd (asunto C-53/09), Baxi Group Ltd (asunto C-55/09) (Sexta Directiva IVA — Base imponible — Sistema de promoción de ventas — Programa de fidelización por el que los clientes reciben de los comerciantes puntos que pueden intercambiar por regalos de fidelidad — Pagos efectuados por el gestor del programa a los proveedores que entregan los regalos de fidelidad — Pagos efectuados por el comerciante al gestor del programa que entrega los regalos de fidelidad) | 4 |
| 2010/C 328/07 | Asunto C-154/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE — Comunicaciones electrónicas — Redes y servicios — Artículos 3, apartado 2, y 8, apartado 2 — Designación de las empresas a cargo de las obligaciones de servicio universal — Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Directiva) | 5 |
| 2010/C 328/08 | Asunto C-162/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de octubre de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Reino Unido — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal (Remisión prejudicial — Libre circulación de las personas — Directiva 2004/38/CE — Artículo 16 — Derecho de residencia permanente — Aplicación temporal — Períodos cubiertos antes de la fecha límite para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva) | 5 |
| 2010/C 328/09 | Asunto C-173/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa [Seguridad social — Libre prestación de servicios — Seguro de enfermedad — Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro — Autorización previa — Requisitos de aplicación del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 — Modalidades de reembolso al beneficiario de la seguridad social de los gastos hospitalarios efectuados en otro Estado miembro — Obligación de un tribunal inferior de observar las instrucciones dictadas por un tribunal superior] | 6 |
| 2010/C 328/10 | Asunto C-222/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — República de Polonia) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Sexta Directiva IVA — Artículo 9, apartado 2, letras c) y e) — Trabajos de investigación y de desarrollo efectuados por ingenieros — Determinación del lugar de la prestación de servicios) | 7 |
| 2010/C 328/11 | Asunto C-224/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano — Italia) — Proceso penal contra Martha Nussbaumer (Petición de decisión prejudicial — Directiva 92/57/CEE — Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles — Artículo 3 — Obligaciones de designar a un coordinador en materia de seguridad y de salud así como de establecer un plan de seguridad y de salud) | 8 |
| 2010/C 328/12 | Asunto C-382/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās Tiesas Senāts — República de Letonia) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Capítulo 73 — Cables de acero — Partida 7312 — Código TARIC — Error en la clasificación arancelaria — Despacho en libre práctica de mercancías — Reglamento (CE) no 384/96 — Derechos antidumping — Multa por un importe equivalente al total de los derechos antidumping] | 8 |
| 2010/C 328/13 | Asunto C-49/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República de Eslovenia (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2008/1/CE — Prevención y control integrados de la contaminación — Condiciones para la concesión de permisos para instalaciones existentes — No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado) | 9 |
| 2010/C 328/14 | Asunto C-127/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/42/CE, relativa a las máquinas — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado) | 9 |
| 2010/C 328/15 | Asunto C-400/10 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E. [Cooperación judicial en materia civil — Materia matrimonial y de responsabilidad parental — Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Menores cuyos progenitores no están casados — Derecho de custodia del padre — Interpretación del concepto de derecho de custodia — Principios generales del Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea] | 10 |
| 2010/C 328/16 | Asunto C-142/10 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de marzo de 2010 por Francisco Pérez Guerra contra el auto del Tribunal (Sala Cuarta) dictado el 11 de febrero de 2010 en el asunto T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas y España | 10 |
| 2010/C 328/17 | Asunto C-290/10 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de junio de 2010 por Franssons Verkstäder AB contra el auto dictado por el Tribunal General (Sala Octava) el 10 de mayo de 2010 en el asunto T-98/10, Franssons Verkstäder/OAMI y Lindner Recyclingtech (Picadoras de forraje) | 10 |
| 2010/C 328/18 | Asunto C-368/10: Recurso interpuesto el 22 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos | 10 |
| 2010/C 328/19 | Asunto C-371/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam (Países Bajos) el 26 de julio de 2010 — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam | 11 |
| 2010/C 328/20 | Asunto C-387/10: Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2010 — Comisión Europea/República de Austria | 12 |
| 2010/C 328/21 | Asunto C-428/10: Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2010 — Comisión Europea/República Francesa | 12 |
| 2010/C 328/22 | Asunto C-436/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Bélgica) el 13 de septiembre de 2010 — État belge — SPF Finances/B.L.M. S.A. | 12 |
| 2010/C 328/23 | Asunto C-438/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — Lilia Druțu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău | 13 |
| 2010/C 328/24 | Asunto C-439/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău | 13 |
| 2010/C 328/25 | Asunto C-440/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău | 14 |
| 2010/C 328/26 | Asunto C-441/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău | 14 |
| 2010/C 328/27 | Asunto C-451/10 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de septiembre de 2010 por Télévision française 1 SA (TF1) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión | 15 |
| 2010/C 328/28 | Asunto C-453/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Prešov (República de Eslovaquia) el 16 de septiembre de 2010 — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o. | 15 |
| 2010/C 328/29 | Asunto C-455/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 17 de septiembre de 2010 — G.A.P. Peeters-van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen | 16 |
| 2010/C 328/30 | Asunto C-456/10: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 17 de septiembre de 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado | 16 |
| 2010/C 328/31 | Asunto C-460/10 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de 2010 por Luigi Marcuccio contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 6 de julio de 2010 en el asunto T-401/09, Marcuccio/Tribunal de Justicia | 16 |
| 2010/C 328/32 | Asunto C-463/10 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2010 por Deutsche Post AG contra el auto del Tribunal General (Sala Primera) dictado el 14 de julio de 2010 en el asunto T-570/08, Deutsche Post AG/Comisión Europea | 17 |
| 2010/C 328/33 | Asunto C-467/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Gießen (Alemania) el 28 de septiembre de 2010 — Proceso penal contra Baris Akyüz | 18 |
| 2010/C 328/34 | Asunto C-470/10: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa | 19 |
| 2010/C 328/35 | Asunto C-471/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) el 28 de septiembre de 2010 — Martin Wohl e Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg; otra parte: Finanzamt Salzburg-Stadt | 19 |
| 2010/C 328/36 | Asunto C-473/10: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2010 — Comisión/Hungría | 19 |
| 2010/C 328/37 | Asunto C-475/10 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de octubre de 2010 por la República Federal de Alemania contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión | 21 |
| 2010/C 328/38 | Asunto C-476/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) el 1 de octubre de 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg | 22 |
| 2010/C 328/39 | Asunto C-477/10 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 7 de julio de 2010 en el asunto T-111/07, Agrofert Holding a.s./Comisión Europea | 22 |
| 2010/C 328/40 | Asunto C-479/10: Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia | 24 |
| 2010/C 328/41 | Asunto C-480/10: Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia | 24 |
| 2010/C 328/42 | Asunto C-482/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) el 6 de octubre de 2010 — Teresa Cicala/Regione Siciliana | 25 |
| 2010/C 328/43 | Asunto C-483/10: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de España | 25 |
| 2010/C 328/44 | Asunto C-485/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Helénica | 26 |
| 2010/C 328/45 | Asunto C-497/10 PPU: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 18 de octubre de 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe | 26 |
| | Tribunal General |
| 2010/C 328/46 | Asuntos T-135/06 a T-138/06: Sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2010 — Al-Faqih y otros/Consejo (Política exterior y de seguridad común — Lucha contra el terrorismo — Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Congelación de fondos — Derechos fundamentales — Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a la tutela judicial efectiva) | 28 |
| 2010/C 328/47 | Asuntos T-230/08 y T-231/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de octubre de 2010 — Asenbaum/OAMI (WIENER WERKSTÄTTE) [Marca comunitaria — Solicitudes de marca denominativa comunitaria WIENER WERKSTÄTTE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]] | 28 |
| 2010/C 328/48 | Asunto T-439/08: Sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2010 — Agapiou Joséphidès/Comisión y EACEA [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Documentos relativos a la concesión de un Polo Jean Monnet a la Universidad de Chipre — Documentos procedentes de terceros — Denegación parcial de acceso — Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Inadmisibilidad — Excepción de ilegalidad — Excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales — Obligación de motivación] | 29 |
| 2010/C 328/49 | Asunto T-474/08: Sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2010 — Umbach/Comisión [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Documentos relativos a un contrato celebrado en el marco del programa TACIS — Solicitud de acceso relacionada con el litigio pendiente entre el demandante y la Comisión ante un órgano jurisdiccional belga — Denegación parcial del acceso — Solicitud de acceso basada en principios derivados del Tratado UE — Interés público superior] | 29 |
| 2010/C 328/50 | Asunto T-69/09: Auto del Tribunal General de 5 de octubre de 2010 — Provincie Groningen y Provincie Drenthe/Comisión (Recurso de anulación — FEDER — Decisión por la que se reduce la ayuda y se ordena la devolución parcial de los importes abonados — Entidad regional — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad) | 30 |
| 2010/C 328/51 | Asunto T-415/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 15 de octubre de 2010 — Nexans France/Empresa Común Fusion for Energy (Procedimiento sobre medidas provisionales — Contratos públicos — Procedimiento de licitación — Desestimación de una oferta — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia) | 30 |
| 2010/C 328/52 | Asunto T-431/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 19 de octubre de 2010 — Nencini/Parlamento (Procedimiento sobre medidas provisionales — Miembro del Parlamento Europeo — Recuperación de dietas abonadas en concepto de reembolso de gastos de asistencia parlamentaria y de viaje — Demanda de suspensión de la ejecución — Falta de urgencia) | 30 |
| 2010/C 328/53 | Asunto T-280/09: Recurso interpuesto el 13 de agosto de 2010 — Morte Navarro/Parlamento | 31 |
| 2010/C 328/54 | Asunto T-403/10: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2010 — Brighton Collectibles/OAMI — Felmar (BRIGHTON) | 31 |
| 2010/C 328/55 | Asunto T-404/10: Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2010 — National Lottery Commission/OAMI — Mediatek Italia y De Gregorio (Representación de una mano) | 32 |
| 2010/C 328/56 | Asunto T-416/10: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2010 — Yoshida Metal Industry/OAMI — Pi-Design y otros (superficie cubierta con círculos negros) | 32 |
| 2010/C 328/57 | Asunto T-434/10: Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF/OAMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT) | 33 |
| 2010/C 328/58 | Asunto T-439/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Fulmen/Consejo | 34 |
| 2010/C 328/59 | Asunto T-440/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Mahmoudian/Consejo | 34 |
| 2010/C 328/60 | Asunto T-441/10 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Christian Kurrer contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-139/06, Kurrer/Comisión | 35 |
| 2010/C 328/61 | Asunto T-442/10 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Salvatore Magazzu contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-126/06, Magazzu/Comisión | 36 |
| 2010/C 328/62 | Asunto T-443/10 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Stefano Sotgia contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-130/06, Sotgia/Comisión | 36 |
| 2010/C 328/63 | Asunto T-448/10: Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2010 — Apple/OAMI — Iphone Media (IPH IPHONE) | 36 |
| 2010/C 328/64 | Asunto T-452/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — ClientEarth/Consejo | 37 |
| 2010/C 328/65 | Asunto T-453/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión | 38 |
| 2010/C 328/66 | Asunto T-454/10: Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2010 — Anicav/Comisión | 39 |
| 2010/C 328/67 | Asunto T-458/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — McBride/Comisión | 39 |
| 2010/C 328/68 | Asunto T-459/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Hugh McBride/Comisión | 40 |
| 2010/C 328/69 | Asunto T-460/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Mullglen/Comisión | 41 |
| 2010/C 328/70 | Asunto T-461/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Boyle/Comisión | 42 |
| 2010/C 328/71 | Asunto T-462/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Flaherty/Comisión | 43 |
| 2010/C 328/72 | Asunto T-463/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Ocean Trawlers/Comisión | 44 |
| 2010/C 328/73 | Asunto T-464/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Fitzpatrick/Comisión | 45 |
| 2010/C 328/74 | Asunto T-465/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — McHugh/Comisión | 46 |
| 2010/C 328/75 | Asunto T-466/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Hannigan/Comisión | 47 |
| 2010/C 328/76 | Asunto T-467/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Murphy/Comisión | 48 |
| 2010/C 328/77 | Asunto T-475/10: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Portugal/Comisión | 49 |
| 2010/C 328/78 | Asunto T-483/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — The Pukka Luggage Company/OAMI — Jesús Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA) | 50 |
| 2010/C 328/79 | Asunto T-484/10: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Comisión | 50 |
| 2010/C 328/80 | Asunto T-486/10: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Iberdrola/Commission | 51 |
| 2010/C 328/81 | Asunto T-490/10: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Endesa y Endesa Generación/Comisión | 52 |
| 2010/C 328/82 | Asunto T-492/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Melli Banik/Consejo | 53 |
| 2010/C 328/83 | Asunto T-493/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Persia International Bank/Consejo | 54 |
| 2010/C 328/84 | Asunto T-494/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Saderat Iran/Consejo | 55 |
| 2010/C 328/85 | Asunto T-495/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Saderat/Consejo | 55 |
| 2010/C 328/86 | Asunto T-496/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Mellat/Consejo | 56 |
| 2010/C 328/87 | Asunto T-497/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre 2010 — Divandari/Consejo | 56 |
| 2010/C 328/88 | Asunto T-280/07: Auto del Tribunal General de 7 de octubre de 2010 — Sepracor/OAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA) | 57 |
| 2010/C 328/89 | Asunto T-441/07: Auto del Tribunal General de 5 de octubre de 2010 — Ryanair/Comisión | 57 |
| 2010/C 328/90 | Asunto T-140/10: Auto del Tribunal General de 7 de octubre de 2010 — Söns/OAMI — Settimio (GREAT CHINA WALL) | 57 |
| | Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea |
| 2010/C 328/91 | Asunto F-29/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Vivier/Comisión (Función pública — Agentes temporales — Clasificación en grado — Grados previstos en la convocatoria — Modificación de las normas de clasificación de los agentes — Disposiciones transitorias — Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto — Aplicación por analogía) | 58 |
| 2010/C 328/92 | Asunto F-36/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010) — Gudrun Schulze/Comisión Europea (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidato incluido en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Normas transitorias de clasificación en grado en el momento de la contratación — Clasificación en escalón — Artículo 32 del Estatuto — Artículos 2, 5 y 12 del anexo XIII del Estatuto — Discriminación por razón de edad — Remuneración idéntica para un trabajo del mismo valor — Principio de buena administración — Deber de asistencia y protección) | 58 |
| 2010/C 328/93 | Asunto F-41/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Jacobs/Comisión (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidatos incluidos en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto) | 59 |
| 2010/C 328/94 | Asunto F-76/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Torijano Montero/Consejo (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidatos incluidos en una lista de reserva de un concurso publicado antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Artículo 5 del Estatuto — Artículo 12 del anexo XIII del Estatuto — Principio de igualdad — Principio de confianza legítima — Deber de asistencia y protección — Proporcionalidad) | 59 |
| 2010/C 328/95 | Asunto F-107/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Toth/Comisión (Función pública — Agente temporal — Clasificación en grado — Grados previstos en la convocatoria — Modificación de las normas de clasificación de los agentes temporales introducida después de la publicación de la convocatoria — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Disposiciones transitorias — Aplicación por analogía — Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto — Proporcionalidad — Principio de buena administración) | 59 |
| 2010/C 328/96 | Asunto F-20/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — de Luca/Comisión (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Funcionarios que acceden a un grupo de funciones superiores por concurso general — Candidato incluido en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Normas transitorias de clasificación en grado en el momento de la contratación — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Artículos 5, apartado 2, y 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto) | 60 |
| 2010/C 328/97 | Asunto F-29/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 30 de septiembre de 2010 — Lebedef y Jones/Comisión (Función pública — Funcionarios — Retribuciones — Artículo 64 del Estatuto — Artículo 3, apartado 5, párrafo primero, y artículo 9 del anexo XI del Estatuto — Coeficiente corrector — Igualdad de trato) | 60 |
| 2010/C 328/98 | Asunto F-86/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010 — W/Comisión (Función pública — Agentes contractuales — Remuneración — Complementos familiares — Pareja de personas del mismo sexo — Asignación familiar — Requisito de concesión — Posibilidad de contraer matrimonio civil — Concepto — Artículo 1, apartado 2, letra c), inciso iv), del anexo VII del Estatuto) | 61 |
| 2010/C 328/99 | Asunto F-89/10: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2010 — Bovagnet/Comisión | 61 |
| 2010/C 328/00 | Asunto F-93/10: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Blessemaille/Parlamento | 61 |
| 2010/C 328/01 | Asunto F-95/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — Eberhard Bömcke/BEI | 62 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

2010/C 328/02

Asunto C-222/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica [Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) — Comunicaciones electrónicas — Redes y Servicios — Artículo 12 — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Componente social del servicio universal — Artículo 13 — Financiación de las obligaciones de servicio universal — Determinación de la carga injusta]

2

2010/C 328/03

Asunto C-389/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad [Comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) — Artículos 2, letra g), 3 y 4 — Autoridad nacional de reglamentación — Intervención del legislador nacional en condición de autoridad nacional de reglamentación — Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal) — Redes y Servicios — Artículo 12 — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Componente social del servicio universal — Artículo 13 — Financiación de las obligaciones de servicio universal — Determinación de la carga injusta]

2

2010/C 328/04

Asunto C-512/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre 2010 — Comisión Europea/República Francesa (Incumplimiento de Estado — Artículo 49 CE — Seguridad social — Asistencia médica proyectada en otro Estado miembro que requiere la utilización de equipos materiales particularmente onerosos — Exigencia de autorización previa — Asistencia programada dispensada en otro Estado miembro — Diferencia entre los niveles de cobertura en vigor en el Estado miembro de afiliación y en el Estado miembro de estancia — Derecho del asegurado social a una intervención de la institución competente complementaria de la de la institución del Estado miembro de estancia)

3

2010/C 328/05

Asunto C-515/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Proceso penal contra Vitor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda (Libre prestación de servicios — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Desplazamiento de trabajadores — Restricciones — Empleadores establecidos en otro Estado miembro — Registro de declaración previa de desplazamiento — Documentos sociales o laborales — Equivalentes a los previstos por el Derecho del Estado miembro de acogida — Copia — Tenencia a disposición de las autoridades nacionales)

4

2010/C 328/06

Asuntos acumulados C-53/09 y C-55/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la House of Lords — Reino Unido) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Loyalty Management UK Ltd (asunto C-53/09), Baxi Group Ltd (asunto C-55/09) (Sexta Directiva IVA — Base imponible — Sistema de promoción de ventas — Programa de fidelización por el que los clientes reciben de los comerciantes puntos que pueden intercambiar por regalos de fidelidad — Pagos efectuados por el gestor del programa a los proveedores que entregan los regalos de fidelidad — Pagos efectuados por el comerciante al gestor del programa que entrega los regalos de fidelidad)

4

2010/C 328/07

Asunto C-154/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/22/CE — Comunicaciones electrónicas — Redes y servicios — Artículos 3, apartado 2, y 8, apartado 2 — Designación de las empresas a cargo de las obligaciones de servicio universal — Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Directiva)

5

2010/C 328/08

Asunto C-162/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de octubre de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Reino Unido — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal (Remisión prejudicial — Libre circulación de las personas — Directiva 2004/38/CE — Artículo 16 — Derecho de residencia permanente — Aplicación temporal — Períodos cubiertos antes de la fecha límite para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva)

5

2010/C 328/09

Asunto C-173/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa [Seguridad social — Libre prestación de servicios — Seguro de enfermedad — Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro — Autorización previa — Requisitos de aplicación del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 — Modalidades de reembolso al beneficiario de la seguridad social de los gastos hospitalarios efectuados en otro Estado miembro — Obligación de un tribunal inferior de observar las instrucciones dictadas por un tribunal superior]

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6

2010/C 328/10

Asunto C-222/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — República de Polonia) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (Sexta Directiva IVA — Artículo 9, apartado 2, letras c) y e) — Trabajos de investigación y de desarrollo efectuados por ingenieros — Determinación del lugar de la prestación de servicios)

7

2010/C 328/11

Asunto C-224/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano — Italia) — Proceso penal contra Martha Nussbaumer (Petición de decisión prejudicial — Directiva 92/57/CEE — Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles — Artículo 3 — Obligaciones de designar a un coordinador en materia de seguridad y de salud así como de establecer un plan de seguridad y de salud)

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2010/C 328/12

Asunto C-382/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās Tiesas Senāts — República de Letonia) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Capítulo 73 — Cables de acero — Partida 7312 — Código TARIC — Error en la clasificación arancelaria — Despacho en libre práctica de mercancías — Reglamento (CE) no 384/96 — Derechos antidumping — Multa por un importe equivalente al total de los derechos antidumping]

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2010/C 328/13

Asunto C-49/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República de Eslovenia (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2008/1/CE — Prevención y control integrados de la contaminación — Condiciones para la concesión de permisos para instalaciones existentes — No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado)

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2010/C 328/14

Asunto C-127/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/42/CE, relativa a las máquinas — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

9

2010/C 328/15

Asunto C-400/10 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E. [Cooperación judicial en materia civil — Materia matrimonial y de responsabilidad parental — Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Menores cuyos progenitores no están casados — Derecho de custodia del padre — Interpretación del concepto de derecho de custodia — Principios generales del Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]

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2010/C 328/16

Asunto C-142/10 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de marzo de 2010 por Francisco Pérez Guerra contra el auto del Tribunal (Sala Cuarta) dictado el 11 de febrero de 2010 en el asunto T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas y España

10

2010/C 328/17

Asunto C-290/10 P: Recurso de casación interpuesto el 10 de junio de 2010 por Franssons Verkstäder AB contra el auto dictado por el Tribunal General (Sala Octava) el 10 de mayo de 2010 en el asunto T-98/10, Franssons Verkstäder/OAMI y Lindner Recyclingtech (Picadoras de forraje)

10

2010/C 328/18

Asunto C-368/10: Recurso interpuesto el 22 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

10

2010/C 328/19

Asunto C-371/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam (Países Bajos) el 26 de julio de 2010 — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

11

2010/C 328/20

Asunto C-387/10: Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2010 — Comisión Europea/República de Austria

12

2010/C 328/21

Asunto C-428/10: Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2010 — Comisión Europea/República Francesa

12

2010/C 328/22

Asunto C-436/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Bélgica) el 13 de septiembre de 2010 — État belge — SPF Finances/B.L.M. S.A.

12

2010/C 328/23

Asunto C-438/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — Lilia Druțu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/24

Asunto C-439/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/25

Asunto C-440/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/26

Asunto C-441/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/27

Asunto C-451/10 P: Recurso de casación interpuesto el 15 de septiembre de 2010 por Télévision française 1 SA (TF1) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión

15

2010/C 328/28

Asunto C-453/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Prešov (República de Eslovaquia) el 16 de septiembre de 2010 — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o.

15

2010/C 328/29

Asunto C-455/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 17 de septiembre de 2010 — G.A.P. Peeters-van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

16

2010/C 328/30

Asunto C-456/10: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 17 de septiembre de 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado

16

2010/C 328/31

Asunto C-460/10 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de 2010 por Luigi Marcuccio contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 6 de julio de 2010 en el asunto T-401/09, Marcuccio/Tribunal de Justicia

16

2010/C 328/32

Asunto C-463/10 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2010 por Deutsche Post AG contra el auto del Tribunal General (Sala Primera) dictado el 14 de julio de 2010 en el asunto T-570/08, Deutsche Post AG/Comisión Europea

17

2010/C 328/33

Asunto C-467/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Gießen (Alemania) el 28 de septiembre de 2010 — Proceso penal contra Baris Akyüz

18

2010/C 328/34

Asunto C-470/10: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa

19

2010/C 328/35

Asunto C-471/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) el 28 de septiembre de 2010 — Martin Wohl e Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg; otra parte: Finanzamt Salzburg-Stadt

19

2010/C 328/36

Asunto C-473/10: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2010 — Comisión/Hungría

19

2010/C 328/37

Asunto C-475/10 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de octubre de 2010 por la República Federal de Alemania contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión

21

2010/C 328/38

Asunto C-476/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) el 1 de octubre de 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

22

2010/C 328/39

Asunto C-477/10 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 7 de julio de 2010 en el asunto T-111/07, Agrofert Holding a.s./Comisión Europea

22

2010/C 328/40

Asunto C-479/10: Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia

24

2010/C 328/41

Asunto C-480/10: Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia

24

2010/C 328/42

Asunto C-482/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) el 6 de octubre de 2010 — Teresa Cicala/Regione Siciliana

25

2010/C 328/43

Asunto C-483/10: Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

25

2010/C 328/44

Asunto C-485/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Helénica

26

2010/C 328/45

Asunto C-497/10 PPU: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 18 de octubre de 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

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Tribunal General

2010/C 328/46

Asuntos T-135/06 a T-138/06: Sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2010 — Al-Faqih y otros/Consejo (Política exterior y de seguridad común — Lucha contra el terrorismo — Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Congelación de fondos — Derechos fundamentales — Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a la tutela judicial efectiva)

28

2010/C 328/47

Asuntos T-230/08 y T-231/08: Sentencia del Tribunal General de 12 de octubre de 2010 — Asenbaum/OAMI (WIENER WERKSTÄTTE) [Marca comunitaria — Solicitudes de marca denominativa comunitaria WIENER WERKSTÄTTE — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]]

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2010/C 328/48

Asunto T-439/08: Sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2010 — Agapiou Joséphidès/Comisión y EACEA [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Documentos relativos a la concesión de un Polo Jean Monnet a la Universidad de Chipre — Documentos procedentes de terceros — Denegación parcial de acceso — Recurso de anulación — Plazo para recurrir — Inadmisibilidad — Excepción de ilegalidad — Excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales — Obligación de motivación]

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2010/C 328/49

Asunto T-474/08: Sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2010 — Umbach/Comisión [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Documentos relativos a un contrato celebrado en el marco del programa TACIS — Solicitud de acceso relacionada con el litigio pendiente entre el demandante y la Comisión ante un órgano jurisdiccional belga — Denegación parcial del acceso — Solicitud de acceso basada en principios derivados del Tratado UE — Interés público superior]

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2010/C 328/50

Asunto T-69/09: Auto del Tribunal General de 5 de octubre de 2010 — Provincie Groningen y Provincie Drenthe/Comisión (Recurso de anulación — FEDER — Decisión por la que se reduce la ayuda y se ordena la devolución parcial de los importes abonados — Entidad regional — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad)

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2010/C 328/51

Asunto T-415/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 15 de octubre de 2010 — Nexans France/Empresa Común Fusion for Energy (Procedimiento sobre medidas provisionales — Contratos públicos — Procedimiento de licitación — Desestimación de una oferta — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia)

30

2010/C 328/52

Asunto T-431/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 19 de octubre de 2010 — Nencini/Parlamento (Procedimiento sobre medidas provisionales — Miembro del Parlamento Europeo — Recuperación de dietas abonadas en concepto de reembolso de gastos de asistencia parlamentaria y de viaje — Demanda de suspensión de la ejecución — Falta de urgencia)

30

2010/C 328/53

Asunto T-280/09: Recurso interpuesto el 13 de agosto de 2010 — Morte Navarro/Parlamento

31

2010/C 328/54

Asunto T-403/10: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2010 — Brighton Collectibles/OAMI — Felmar (BRIGHTON)

31

2010/C 328/55

Asunto T-404/10: Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2010 — National Lottery Commission/OAMI — Mediatek Italia y De Gregorio (Representación de una mano)

32

2010/C 328/56

Asunto T-416/10: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2010 — Yoshida Metal Industry/OAMI — Pi-Design y otros (superficie cubierta con círculos negros)

32

2010/C 328/57

Asunto T-434/10: Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF/OAMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

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2010/C 328/58

Asunto T-439/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Fulmen/Consejo

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2010/C 328/59

Asunto T-440/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Mahmoudian/Consejo

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2010/C 328/60

Asunto T-441/10 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Christian Kurrer contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-139/06, Kurrer/Comisión

35

2010/C 328/61

Asunto T-442/10 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Salvatore Magazzu contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-126/06, Magazzu/Comisión

36

2010/C 328/62

Asunto T-443/10 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Stefano Sotgia contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-130/06, Sotgia/Comisión

36

2010/C 328/63

Asunto T-448/10: Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2010 — Apple/OAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

36

2010/C 328/64

Asunto T-452/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — ClientEarth/Consejo

37

2010/C 328/65

Asunto T-453/10: Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión

38

2010/C 328/66

Asunto T-454/10: Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2010 — Anicav/Comisión

39

2010/C 328/67

Asunto T-458/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — McBride/Comisión

39

2010/C 328/68

Asunto T-459/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Hugh McBride/Comisión

40

2010/C 328/69

Asunto T-460/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Mullglen/Comisión

41

2010/C 328/70

Asunto T-461/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Boyle/Comisión

42

2010/C 328/71

Asunto T-462/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Flaherty/Comisión

43

2010/C 328/72

Asunto T-463/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Ocean Trawlers/Comisión

44

2010/C 328/73

Asunto T-464/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Fitzpatrick/Comisión

45

2010/C 328/74

Asunto T-465/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — McHugh/Comisión

46

2010/C 328/75

Asunto T-466/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Hannigan/Comisión

47

2010/C 328/76

Asunto T-467/10: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Murphy/Comisión

48

2010/C 328/77

Asunto T-475/10: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Portugal/Comisión

49

2010/C 328/78

Asunto T-483/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — The Pukka Luggage Company/OAMI — Jesús Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

50

2010/C 328/79

Asunto T-484/10: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Comisión

50

2010/C 328/80

Asunto T-486/10: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Iberdrola/Commission

51

2010/C 328/81

Asunto T-490/10: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Endesa y Endesa Generación/Comisión

52

2010/C 328/82

Asunto T-492/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Melli Banik/Consejo

53

2010/C 328/83

Asunto T-493/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Persia International Bank/Consejo

54

2010/C 328/84

Asunto T-494/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Saderat Iran/Consejo

55

2010/C 328/85

Asunto T-495/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Saderat/Consejo

55

2010/C 328/86

Asunto T-496/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Mellat/Consejo

56

2010/C 328/87

Asunto T-497/10: Recurso interpuesto el 7 de octubre 2010 — Divandari/Consejo

56

2010/C 328/88

Asunto T-280/07: Auto del Tribunal General de 7 de octubre de 2010 — Sepracor/OAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

57

2010/C 328/89

Asunto T-441/07: Auto del Tribunal General de 5 de octubre de 2010 — Ryanair/Comisión

57

2010/C 328/90

Asunto T-140/10: Auto del Tribunal General de 7 de octubre de 2010 — Söns/OAMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

57

Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

2010/C 328/91

Asunto F-29/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Vivier/Comisión (Función pública — Agentes temporales — Clasificación en grado — Grados previstos en la convocatoria — Modificación de las normas de clasificación de los agentes — Disposiciones transitorias — Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto — Aplicación por analogía)

58

2010/C 328/92

Asunto F-36/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010) — Gudrun Schulze/Comisión Europea (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidato incluido en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Normas transitorias de clasificación en grado en el momento de la contratación — Clasificación en escalón — Artículo 32 del Estatuto — Artículos 2, 5 y 12 del anexo XIII del Estatuto — Discriminación por razón de edad — Remuneración idéntica para un trabajo del mismo valor — Principio de buena administración — Deber de asistencia y protección)

58

2010/C 328/93

Asunto F-41/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Jacobs/Comisión (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidatos incluidos en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto)

59

2010/C 328/94

Asunto F-76/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Torijano Montero/Consejo (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidatos incluidos en una lista de reserva de un concurso publicado antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Artículo 5 del Estatuto — Artículo 12 del anexo XIII del Estatuto — Principio de igualdad — Principio de confianza legítima — Deber de asistencia y protección — Proporcionalidad)

59

2010/C 328/95

Asunto F-107/05: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Toth/Comisión (Función pública — Agente temporal — Clasificación en grado — Grados previstos en la convocatoria — Modificación de las normas de clasificación de los agentes temporales introducida después de la publicación de la convocatoria — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Disposiciones transitorias — Aplicación por analogía — Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto — Proporcionalidad — Principio de buena administración)

59

2010/C 328/96

Asunto F-20/06: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — de Luca/Comisión (Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Funcionarios que acceden a un grupo de funciones superiores por concurso general — Candidato incluido en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Normas transitorias de clasificación en grado en el momento de la contratación — Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables — Artículos 5, apartado 2, y 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto)

60

2010/C 328/97

Asunto F-29/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 30 de septiembre de 2010 — Lebedef y Jones/Comisión (Función pública — Funcionarios — Retribuciones — Artículo 64 del Estatuto — Artículo 3, apartado 5, párrafo primero, y artículo 9 del anexo XI del Estatuto — Coeficiente corrector — Igualdad de trato)

60

2010/C 328/98

Asunto F-86/09: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010 — W/Comisión (Función pública — Agentes contractuales — Remuneración — Complementos familiares — Pareja de personas del mismo sexo — Asignación familiar — Requisito de concesión — Posibilidad de contraer matrimonio civil — Concepto — Artículo 1, apartado 2, letra c), inciso iv), del anexo VII del Estatuto)

61

2010/C 328/99

Asunto F-89/10: Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2010 — Bovagnet/Comisión

61

2010/C 328/00

Asunto F-93/10: Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Blessemaille/Parlamento

61

2010/C 328/01

Asunto F-95/10: Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — Eberhard Bömcke/BEI

62

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/1 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/1

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2010/C 328/01

Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

DO C 317 de 20.11.2010

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 301 de 6.11.2010

DO C 288 de 23.10.2010

DO C 274 de 9.10.2010

DO C 260 de 25.9.2010

DO C 246 de 11.9.2010

DO C 234 de 28.8.2010

Estos textos se encuentran disponibles en:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/2 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

(Asunto C-222/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/22/CE (Directiva «servicio universal») - Comunicaciones electrónicas - Redes y Servicios - Artículo 12 - Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal - Componente social del servicio universal - Artículo 13 - Financiación de las obligaciones de servicio universal - Determinación de la carga injusta)

2010/C 328/02

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: H. van Vliet y A. Nijenhuis, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica (representantes: T. Materne y M. Jacobs, agentes, y S. Depré, abogado)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Adaptación incorrecta del Derecho interno a los artículos 12, apartado 1, y 13, apartado 1, y al anexo IV, parte A, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal») (DO L 108, p. 51) — Componente social del servicio universal — Designación de las empresas — Oferta de tarifas especiales particulares — Falta de transparencia.

Fallo

| 1) | El Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben, respectivamente, en virtud del artículo 12, apartado 1, y del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»):






  — | por un lado, al no incluir en el cálculo del coste neto de la prestación del componente social del servicio universal las ventajas comerciales derivadas para las empresas a quienes incumbe la prestación de dicho servicio, incluidos los beneficios inmateriales, y, |
| --- | --- | --- |

1)

El Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben, respectivamente, en virtud del artículo 12, apartado 1, y del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»):

—

por un lado, al no incluir en el cálculo del coste neto de la prestación del componente social del servicio universal las ventajas comerciales derivadas para las empresas a quienes incumbe la prestación de dicho servicio, incluidos los beneficios inmateriales, y,

| — | por otro lado, al declarar de manera general y sobre la base del cálculo de los costes netos del proveedor del servicio universal que era anteriormente el único proveedor de dicho servicio, que aquellas empresas a quienes incumbe en adelante la prestación del referido servicio están efectivamente sujetas a una carga injusta debido a dicha prestación y sin llevar a cabo un examen particular tanto del coste neto que supone el suministro del servicio universal para cada operador en cuestión como de todas las características propias al mismo, como son el nivel de sus equipos o su situación económica y financiera. |
| --- | --- |

—

por otro lado, al declarar de manera general y sobre la base del cálculo de los costes netos del proveedor del servicio universal que era anteriormente el único proveedor de dicho servicio, que aquellas empresas a quienes incumbe en adelante la prestación del referido servicio están efectivamente sujetas a una carga injusta debido a dicha prestación y sin llevar a cabo un examen particular tanto del coste neto que supone el suministro del servicio universal para cada operador en cuestión como de todas las características propias al mismo, como son el nivel de sus equipos o su situación económica y financiera.

| 2) | Desestimar el recurso en todo lo demás. |
| --- | --- |

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

| 3) | Condenar al Reino de Bélgica a soportar las dos terceras partes de las costas. Condenar a la Comisión a soportar un tercio de las mismas. |
| --- | --- |

3)

Condenar al Reino de Bélgica a soportar las dos terceras partes de las costas. Condenar a la Comisión a soportar un tercio de las mismas.

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(1)  DO C 209, de 15.8.2008.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/2 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV/Ministerraad

(Asunto C-389/08) (1)

(Comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/21/CE (Directiva «marco») - Artículos 2, letra g), 3 y 4 - Autoridad nacional de reglamentación - Intervención del legislador nacional en condición de autoridad nacional de reglamentación - Directiva 2002/22/CE (Directiva «servicio universal») - Redes y Servicios - Artículo 12 - Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal - Componente social del servicio universal - Artículo 13 - Financiación de las obligaciones de servicio universal - Determinación de la carga injusta)

2010/C 328/03

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Grondwettelijk Hof

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV

Demandada: Ministerraad

En el que participa: Belgacom NV

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Grondwettelijk Hof — Bélgica — Interpretación del artículo 12 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51) — Cálculo del coste de las obligaciones de servicio universal — Inexistencia de evaluación caso por caso.

Fallo

| 1) | La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»), no se opone, en principio, por sí misma, a que el legislador nacional intervenga en condición de autoridad nacional de reglamentación en el sentido de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), siempre que en el ejercicio de dicha función cumpla con los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia establecidos por dichas Directivas y que las decisiones que adopte en el marco de dicha función puedan ser objeto de un recurso efectivo ante un organismo independiente de las partes implicadas, lo que corresponde verificar al Grondwettelijk Hof. |
| --- | --- |

1)

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»), no se opone, en principio, por sí misma, a que el legislador nacional intervenga en condición de autoridad nacional de reglamentación en el sentido de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), siempre que en el ejercicio de dicha función cumpla con los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia establecidos por dichas Directivas y que las decisiones que adopte en el marco de dicha función puedan ser objeto de un recurso efectivo ante un organismo independiente de las partes implicadas, lo que corresponde verificar al Grondwettelijk Hof.

| 2) | El artículo 12 de la Directiva 2002/22 no se opone a que la autoridad nacional de reglamentación considere con carácter general y sobre la base del cálculo de los costes netos del prestador del servicio universal que era anteriormente el único prestador de este servicio, que la prestación de dicho servicio puede suponer una carga injusta para las empresas designadas en adelante como proveedores del servicio universal. |
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2)

El artículo 12 de la Directiva 2002/22 no se opone a que la autoridad nacional de reglamentación considere con carácter general y sobre la base del cálculo de los costes netos del prestador del servicio universal que era anteriormente el único prestador de este servicio, que la prestación de dicho servicio puede suponer una carga injusta para las empresas designadas en adelante como proveedores del servicio universal.

| 3) | El artículo 13 de la Directiva 2002/22 se opone a que dicha autoridad declare del mismo modo y sobre la base del mismo cálculo que dichas empresas están efectivamente sujetas a una carga injusta debido a dicha prestación, sin llevar a cabo un examen particular de la situación de cada una de ellas. |
| --- | --- |

3)

El artículo 13 de la Directiva 2002/22 se opone a que dicha autoridad declare del mismo modo y sobre la base del mismo cálculo que dichas empresas están efectivamente sujetas a una carga injusta debido a dicha prestación, sin llevar a cabo un examen particular de la situación de cada una de ellas.

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(1)  DO C 285, de 8.11.2008.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/3 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre 2010 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-512/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Artículo 49 CE - Seguridad social - Asistencia médica proyectada en otro Estado miembro que requiere la utilización de equipos materiales particularmente onerosos - Exigencia de autorización previa - Asistencia programada dispensada en otro Estado miembro - Diferencia entre los niveles de cobertura en vigor en el Estado miembro de afiliación y en el Estado miembro de estancia - Derecho del asegurado social a una intervención de la institución competente complementaria de la de la institución del Estado miembro de estancia)

2010/C 328/04

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: N. Yerrell, G. Rozet y E. Traversa, agentes)

Demandada: República Francesa (representantes: A. Czubinski y G. de Bergues, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de España (representante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente), República de Finlandia (representante: A. Guimaraes-Purokoski, agente), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: I. Rao, S. Ossowski, agentes y M.-E. Demetriou, Barrister)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Violación del artículo 49 CE — Necesidad de autorización previa de las autoridades del Estado de afiliación para obtener el reembolso de determinadas prestaciones no hospitalarias recibidas en otro Estado miembro — Inexistencia de reembolso de la diferencia entre el importe percibido por el asegurado que ha recibido atención hospitalaria en un Estado miembro distinto al Estado de afiliación y el importe al que habría tenido derecho si la misma atención hubiese sido dispensada en el Estado de afiliación — Obstáculos injustificados a la libre prestación de servicios.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a la Comisión Europea. |
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2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

| 3) | El Reino de España, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas. |
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3)

El Reino de España, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

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(1)  DO C 44, de 21.2.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/4 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Proceso penal contra Vitor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda

(Asunto C-515/08) (1)

(Libre prestación de servicios - Artículos 56 TFUE y 57 TFUE - Desplazamiento de trabajadores - Restricciones - Empleadores establecidos en otro Estado miembro - Registro de declaración previa de desplazamiento - Documentos sociales o laborales - Equivalentes a los previstos por el Derecho del Estado miembro de acogida - Copia - Tenencia a disposición de las autoridades nacionales)

2010/C 328/05

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Partes en el proceso principal

Vitor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interpretación de los artículos 49 CE y 50 CE — Normativa nacional que obliga a las empresas del sector de la construcción que temporalmente realicen trabajos en otro Estado miembro a proporcionar a las autoridades del país de acogida una declaración de desplazamiento

Fallo

Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE se oponen a una normativa de un Estado miembro que obliga a un empleador establecido en otro Estado miembro que desplaza trabajadores al territorio del primer Estado a enviar una declaración previa de desplazamiento, en la medida en que el comienzo del desplazamiento previsto se subordina a la notificación a este empleador de un número de registro de la declaración y que las autoridades nacionales de ese primer Estado disponen de un plazo de cinco días laborables, desde de la recepción de ésta, para efectuar esta notificación.

Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE no se oponen a una normativa de un Estado miembro que obliga a un empleador establecido en otro Estado miembro que desplaza trabajadores al territorio del primer Estado a tener a disposición de las autoridades nacionales de éste, durante el período de desplazamiento, una copia de los documentos equivalentes a los documentos sociales o laborales exigidos por la legislación del primer Estado, así como a enviar dicha copia a estas autoridades al término de este período.

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(1)  DO C 44, de 21.2.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/4 |
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4.12.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de octubre de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la House of Lords — Reino Unido) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Loyalty Management UK Ltd (asunto C-53/09), Baxi Group Ltd (asunto C-55/09)

(Asuntos acumulados C-53/09 y C-55/09) (1)

(Sexta Directiva IVA - Base imponible - Sistema de promoción de ventas - Programa de fidelización por el que los clientes reciben de los comerciantes puntos que pueden intercambiar por regalos de fidelidad - Pagos efectuados por el gestor del programa a los proveedores que entregan los regalos de fidelidad - Pagos efectuados por el comerciante al gestor del programa que entrega los regalos de fidelidad)

2010/C 328/06

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

House of Lords

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Recurridas: Loyalty Management UK Ltd (asunto C-53/09), Baxi Group Ltd (asunto C-55/09)

Objeto

Peticiones de decisión prejudicial — House of Lords — Interpretación de los artículos 5, 6, 11, parte A, apartado 1, letra a), y 17 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Base imponible — Programa de fidelización que permite a los participantes obtener puntos de las empresas patrocinadoras y canjearlos por regalos o por vales de compra en empresas colaboradoras — Canje de puntos que da lugar a que el promotor del programa pague un precio del servicio a la empresa colaboradora — Programa de fidelización que permite a los clientes de una empresa sujeta al impuesto obtener puntos al efectuar sus compras y canjearlos por regalos ofrecidos por un tercero, una empresa de publicidad y marketing encargada de gestionar el programa — Canje de puntos que da lugar a que el sujeto pasivo pague a ese tercero el precio de venta al público recomendado de los regalos distribuidos

Fallo

En el marco de un programa de fidelización de clientes como el que es objeto de los procedimientos principales, los artículos 5, 6, 11, parte A, apartado 1, letra a), y 17, apartado 2, en la redacción resultante del artículo 28 séptimo, punto 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, deben interpretarse en el sentido de que:

| — | En el asunto C-53/09, los pagos efectuados por el gestor del programa a los proveedores que entregan regalos de fidelidad a los clientes deben considerarse la contraprestación, pagada por un tercero, de una entrega de bienes a esos clientes o, en su caso, de una prestación de servicios a éstos. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si dichos pagos incluyen también la contraprestación de una prestación de servicios consistente en una obligación distinta. |
| --- | --- |

—

En el asunto C-53/09, los pagos efectuados por el gestor del programa a los proveedores que entregan regalos de fidelidad a los clientes deben considerarse la contraprestación, pagada por un tercero, de una entrega de bienes a esos clientes o, en su caso, de una prestación de servicios a éstos. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si dichos pagos incluyen también la contraprestación de una prestación de servicios consistente en una obligación distinta.

| — | En el asunto C-55/09, los pagos efectuados por el patrocinador al gestor del programa que entrega los regalos de fidelidad a los clientes deben considerarse, en parte, la contraprestación, pagada por un tercero, de una entrega de bienes efectuada por el gestor del programa a esos clientes y, en parte, la contraprestación de una prestación de servicios efectuada por el gestor a favor del patrocinador. |
| --- | --- |

—

En el asunto C-55/09, los pagos efectuados por el patrocinador al gestor del programa que entrega los regalos de fidelidad a los clientes deben considerarse, en parte, la contraprestación, pagada por un tercero, de una entrega de bienes efectuada por el gestor del programa a esos clientes y, en parte, la contraprestación de una prestación de servicios efectuada por el gestor a favor del patrocinador.

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(1)  DO C 90, de 18.4.2009.

DO C 148, de 5.6.2010.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/5 |
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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/5

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa

(Asunto C-154/09) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/22/CE - Comunicaciones electrónicas - Redes y servicios - Artículos 3, apartado 2, y 8, apartado 2 - Designación de las empresas a cargo de las obligaciones de servicio universal - Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Directiva)

2010/C 328/07

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Guerra e Andrade y A. Nijenhuis, agentes)

Demandada: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, agente, L. Morais, advogado)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 3, apartado 2, y 8, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal») (DO L 108, p. 51) — Designación de las empresas a cargo de las obligaciones de servicio universal.

Fallo

| 1) | Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 2, y 8, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»), al no haber adaptado correctamente el Derecho nacional a las normas de Derecho de la Unión que regulan la designación del prestador o prestadores de servicio universal y, en cualquier caso, al no haber garantizado en la práctica la aplicación de esas normas. |
| --- | --- |

1)

Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 2, y 8, apartado 2, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»), al no haber adaptado correctamente el Derecho nacional a las normas de Derecho de la Unión que regulan la designación del prestador o prestadores de servicio universal y, en cualquier caso, al no haber garantizado en la práctica la aplicación de esas normas.

| 2) | Condenar en costas a la República Portuguesa. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la República Portuguesa.

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(1)  DO C 153, de 4.7.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/5 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/5

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de octubre de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Reino Unido — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

(Asunto C-162/09) (1)

(Remisión prejudicial - Libre circulación de las personas - Directiva 2004/38/CE - Artículo 16 - Derecho de residencia permanente - Aplicación temporal - Períodos cubiertos antes de la fecha límite para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva)

2010/C 328/08

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Secretary of State for Work and Pensions

Demandada: Taous Lassal

en el que participa: The Child Poverty Action Group

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretación del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (DO L 158, p. 77) — Ciudadano de la Unión que residió legalmente en el Reino Unido durante cinco años antes del 30 de abril de 2006, fecha límite para la adaptación del Derecho interno a la Directiva, y que después abandonó el territorio durante un período de diez meses — Cómputo del período cubierto antes del 30 de abril de 2006 para el reconocimiento del derecho de residencia permanente.

Fallo

El artículo 16, apartados 1 y 4, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que:

| — | los períodos de residencia continuada de cinco años, cubiertos antes de la fecha límite de adaptación del Derecho interno a la Directiva 2004/38, a saber el 30 de abril de 2006, conforme a instrumentos del Derecho de la Unión anteriores a esa fecha, deben tomarse en consideración a efectos de la adquisición del derecho de residencia permanente en virtud del artículo 16, apartado 1, de esa Directiva, y |
| --- | --- |

—

los períodos de residencia continuada de cinco años, cubiertos antes de la fecha límite de adaptación del Derecho interno a la Directiva 2004/38, a saber el 30 de abril de 2006, conforme a instrumentos del Derecho de la Unión anteriores a esa fecha, deben tomarse en consideración a efectos de la adquisición del derecho de residencia permanente en virtud del artículo 16, apartado 1, de esa Directiva, y

| — | las ausencias del Estado miembro de acogida, inferiores a dos años consecutivos, anteriores al 30 de abril de 2006 y posteriores a una residencia legal continuada de cinco años, cubierta antes de esa fecha, no pueden afectar a la adquisición del derecho de residencia permanente en virtud del citado artículo 16, apartado 1. |
| --- | --- |

—

las ausencias del Estado miembro de acogida, inferiores a dos años consecutivos, anteriores al 30 de abril de 2006 y posteriores a una residencia legal continuada de cinco años, cubierta antes de esa fecha, no pueden afectar a la adquisición del derecho de residencia permanente en virtud del citado artículo 16, apartado 1.

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(1)  DO C 153, de 4.7.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/6 |
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4.12.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

(Asunto C-173/09) (1)

(Seguridad social - Libre prestación de servicios - Seguro de enfermedad - Asistencia hospitalaria dispensada en otro Estado miembro - Autorización previa - Requisitos de aplicación del artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 - Modalidades de reembolso al beneficiario de la seguridad social de los gastos hospitalarios efectuados en otro Estado miembro - Obligación de un tribunal inferior de observar las instrucciones dictadas por un tribunal superior)

2010/C 328/09

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Sofia-grad

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Georgi Ivanov Elchinov

Demandada: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretación del artículo 49 CE y del artículo 22, apartado 1, letra c), y apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) — Seguro de enfermedad — Denegación de autorización por la institución nacional competente de gastos financiados a cargo de su presupuesto (formulario E 112) para la obtención de asistencia médica más eficaz en un Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia del paciente asegurado — Presunción de una conexión necesaria entre dicha financiación y la existencia de este tipo de asistencia en el territorio nacional — Concepto de «asistencia que no pueda ser dispensada al interesado en el Estado miembro de residencia» — Formas de autorización de la financiación y régimen aplicable al reembolso de los gastos presentados — Obligación de un órgano jurisdiccional nacional inferior de seguir las instrucciones interpretativas de un órgano jurisdiccional superior que aquél considera contrarias al Derecho comunitario.

Fallo

| 1) | El Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde resolver un asunto que le ha sido remitido por un órgano jurisdiccional superior ante el que se interpuso un recurso de casación, se encuentre vinculado, con arreglo al Derecho procesal nacional, por valoraciones jurídicas efectuadas por el órgano jurisdiccional superior, si, habida cuenta de la interpretación que ha solicitado al Tribunal de Justicia, estima que dichas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión. |
| --- | --- |

1)

El Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde resolver un asunto que le ha sido remitido por un órgano jurisdiccional superior ante el que se interpuso un recurso de casación, se encuentre vinculado, con arreglo al Derecho procesal nacional, por valoraciones jurídicas efectuadas por el órgano jurisdiccional superior, si, habida cuenta de la interpretación que ha solicitado al Tribunal de Justicia, estima que dichas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión.

| 2) | Los artículos 49 CE y 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, se oponen a una normativa de un Estado miembro que se interpreta en el sentido de que excluye, en todos los casos, la cobertura de la asistencia hospitalaria dispensada sin autorización previa en otro Estado miembro. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 49 CE y 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, se oponen a una normativa de un Estado miembro que se interpreta en el sentido de que excluye, en todos los casos, la cobertura de la asistencia hospitalaria dispensada sin autorización previa en otro Estado miembro.

| 3) | Por lo que atañe a la asistencia médica que no puede dispensarse en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social, el artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que una autorización requerida en virtud del apartado 1, letra c), inciso i), del mismo artículo no puede denegarse:






  — | si, cuando las prestaciones previstas por la legislación nacional son objeto de una lista que no menciona expresa y precisamente el método de tratamiento aplicado, pero que define los tipos de tratamientos cubiertos por la institución competente, se comprueba, en aplicación de los principios de interpretación usuales, tras un examen basado en criterios objetivos y no discriminatorios, y tomando en consideración todos los elementos médicos pertinentes y los datos científicos disponibles, que dicho método de tratamiento corresponde a los tipos de tratamientos mencionados en la referida lista, y |
| --- | --- | --- |

3)

Por lo que atañe a la asistencia médica que no puede dispensarse en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social, el artículo 22, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2006, debe interpretarse en el sentido de que una autorización requerida en virtud del apartado 1, letra c), inciso i), del mismo artículo no puede denegarse:

—

si, cuando las prestaciones previstas por la legislación nacional son objeto de una lista que no menciona expresa y precisamente el método de tratamiento aplicado, pero que define los tipos de tratamientos cubiertos por la institución competente, se comprueba, en aplicación de los principios de interpretación usuales, tras un examen basado en criterios objetivos y no discriminatorios, y tomando en consideración todos los elementos médicos pertinentes y los datos científicos disponibles, que dicho método de tratamiento corresponde a los tipos de tratamientos mencionados en la referida lista, y

| — | si un tratamiento alternativo que tenga el mismo grado de eficacia no puede dispensarse en tiempo útil en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social. |
| --- | --- |

—

si un tratamiento alternativo que tenga el mismo grado de eficacia no puede dispensarse en tiempo útil en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social.

El mismo artículo se opone a que los órganos nacionales que han de pronunciarse acerca de una solicitud de autorización previa presuman, a la hora de aplicar dicha disposición, que la asistencia hospitalaria que no puede dispensarse en el Estado miembro en cuyo territorio reside el beneficiario de la seguridad social no figura entre las prestaciones cuya cobertura está prevista por la legislación del referido Estado e, inversamente, que la asistencia hospitalaria que figura entre esas prestaciones puede obtenerse en el antedicho Estado miembro.

| 4) | Cuando se ha demostrado que la negativa a expedir una autorización requerida en virtud del artículo 22, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2006, no era fundada, y la asistencia hospitalaria ya se ha prestado, corriendo el beneficiario de la seguridad social con los gastos correspondientes, el órgano jurisdiccional nacional debe obligar a la institución competente, con arreglo a las normas procesales nacionales, a reembolsar a dicho beneficiario de la seguridad social el importe que normalmente habría abonado ésta si la autorización se hubiese concedido debidamente.
  Dicho importe será igual al que se determine con arreglo a las disposiciones de la legislación a la que esté sujeta la institución del Estado miembro en cuyo territorio se haya dispensado la asistencia hospitalaria. Si ese importe es inferior al que habría resultado de aplicar la normativa en vigor en el Estado miembro de residencia en caso de hospitalización en este último, la institución competente debe abonar además al beneficiario de la seguridad social un reembolso complementario correspondiente a la diferencia entre esos dos importes, dentro del límite de los gastos realmente efectuados. |
| --- | --- |

4)

Cuando se ha demostrado que la negativa a expedir una autorización requerida en virtud del artículo 22, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1992/2006, no era fundada, y la asistencia hospitalaria ya se ha prestado, corriendo el beneficiario de la seguridad social con los gastos correspondientes, el órgano jurisdiccional nacional debe obligar a la institución competente, con arreglo a las normas procesales nacionales, a reembolsar a dicho beneficiario de la seguridad social el importe que normalmente habría abonado ésta si la autorización se hubiese concedido debidamente.

Dicho importe será igual al que se determine con arreglo a las disposiciones de la legislación a la que esté sujeta la institución del Estado miembro en cuyo territorio se haya dispensado la asistencia hospitalaria. Si ese importe es inferior al que habría resultado de aplicar la normativa en vigor en el Estado miembro de residencia en caso de hospitalización en este último, la institución competente debe abonar además al beneficiario de la seguridad social un reembolso complementario correspondiente a la diferencia entre esos dos importes, dentro del límite de los gastos realmente efectuados.

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(1)  DO C 180, de 1.8.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/7 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — República de Polonia) — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Asunto C-222/09) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículo 9, apartado 2, letras c) y e) - Trabajos de investigación y de desarrollo efectuados por ingenieros - Determinación del lugar de la prestación de servicios)

2010/C 328/10

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Kronospan Mielec sp. z o.o.

Demandada: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretación del artículo 9, apartado 2, letras c), primer guión y e), tercer guión, de la Directiva 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), así como de los artículos 52, letra a), y 56, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Determinación del lugar de conexión fiscal — Servicios de investigación y desarrollo prestados a un sujeto pasivo establecido en la Comunidad Europea pero fuera del Estado miembro en el que los servicios se ejecutan materialmente — Clasificación de dichos servicios como «servicios que tienen por objeto actividades científicas» o como «servicios de ingenieros».

Fallo

Las prestaciones de servicio consistentes en trabajos de investigación y desarrollo en materia medioambiental y tecnológica, llevadas a cabo por ingenieros establecidos en un Estado miembro por encargo y en beneficio de un destinatario establecido en otro Estado miembro, deben calificarse de «prestaciones de los ingenieros» en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme.

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(1)  DO C 220, de 12.9.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/8 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano — Italia) — Proceso penal contra Martha Nussbaumer

(Asunto C-224/09) (1)

(Petición de decisión prejudicial - Directiva 92/57/CEE - Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles - Artículo 3 - Obligaciones de designar a un coordinador en materia de seguridad y de salud así como de establecer un plan de seguridad y de salud)

2010/C 328/11

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Bolzano

Parte en el proceso principal

Martha Nussbaumer

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Bolzano — Interpretación del artículo 3 de la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (Octava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 245, p. 6) — Trabajos privados no sujetos a licencia de obra — Excepción a la obligación de designar a un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra o durante su realización.

Fallo

El artículo 3 de la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (octava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe interpretarse de la siguiente manera:

| — | El apartado 1 de dicho artículo se opone a una normativa nacional que, en relación con una obra que implique trabajos privados no sujetos a licencia de obra y en la que estén presentes varias empresas, permite establecer excepciones a la obligación que incumbe a la propiedad o al director de obra de designar a un coordinador de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de la obra o, en cualquier caso, antes de la ejecución de los trabajos. |
| --- | --- |

—

El apartado 1 de dicho artículo se opone a una normativa nacional que, en relación con una obra que implique trabajos privados no sujetos a licencia de obra y en la que estén presentes varias empresas, permite establecer excepciones a la obligación que incumbe a la propiedad o al director de obra de designar a un coordinador de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de la obra o, en cualquier caso, antes de la ejecución de los trabajos.

| — | El apartado 2 del mismo artículo se opone a una normativa nacional que limite la obligación de establecer un plan de seguridad y de salud que recae sobre el coordinador de la ejecución de la obra únicamente al mero supuesto de que intervengan varias empresas en una obra de trabajos privados no sujetos a licencia de obra y que no adopte como criterio de dicha obligación los riesgos específicos tal y como se enumeran en el anexo II de dicha Directiva. |
| --- | --- |

—

El apartado 2 del mismo artículo se opone a una normativa nacional que limite la obligación de establecer un plan de seguridad y de salud que recae sobre el coordinador de la ejecución de la obra únicamente al mero supuesto de que intervengan varias empresas en una obra de trabajos privados no sujetos a licencia de obra y que no adopte como criterio de dicha obligación los riesgos específicos tal y como se enumeran en el anexo II de dicha Directiva.

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(1)  DO C 205, de 29.8.2009.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās Tiesas Senāts — República de Letonia) — Stils Met SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Asunto C-382/09) (1)

(Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Capítulo 73 - Cables de acero - Partida 7312 - Código TARIC - Error en la clasificación arancelaria - Despacho en libre práctica de mercancías - Reglamento (CE) no 384/96 - Derechos antidumping - Multa por un importe equivalente al total de los derechos antidumping)

2010/C 328/12

Lengua de procedimiento: letón

Órgano jurisdiccional remitente

Augstākās Tiesas Senāts

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Stils Met SIA

Demandada: Valsts ieņēmumu dienests

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Augstākās tiesas Senāts — Interpretación del capítulo 73 del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1), y por el Reglamento (CE) no 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004 (DO L 327, p. 1) — Interpretación del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1) — Cables de acero, sin revestimiento o simplemente cincados, cualquiera que sea su composición química, especialmente los de acero aleado, no procedentes de Moldavia ni de Marruecos — Clasificación en los códigos 7312108219, 7312108419 y 7312108619 de la Nomenclatura Combinada en 2004 y 2005 — Normativa nacional que prevé una sanción de un importe correspondiente al del derecho antidumping.

Fallo

| 1) | El Arancel Integrado de las Comunidades Europeas, establecido en el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión aplicable en 2004 y en 2005, debe interpretarse en el sentido de que los cables de acero no inoxidable sin revestimiento o simplemente cincados, cuyo corte transversal en su mayor dimensión sea superior a 3 mm pero igual o inferior a 48 mm y que no procedan ni de Moldavia ni de Marruecos se clasifican en los códigos TARIC 7312108219, 7312108419 o 7312108619, en función de la dimensión de su corte transversal. |
| --- | --- |

1)

El Arancel Integrado de las Comunidades Europeas, establecido en el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión aplicable en 2004 y en 2005, debe interpretarse en el sentido de que los cables de acero no inoxidable sin revestimiento o simplemente cincados, cuyo corte transversal en su mayor dimensión sea superior a 3 mm pero igual o inferior a 48 mm y que no procedan ni de Moldavia ni de Marruecos se clasifican en los códigos TARIC 7312108219, 7312108419 o 7312108619, en función de la dimensión de su corte transversal.

| 2) | El artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone la norma de un Estado miembro que prevé la imposición, en el supuesto de error en la clasificación arancelaria de mercancías importadas en territorio aduanero de la Unión, de una multa por un importe equivalente al total de los derechos antidumping aplicables, siempre que el importe de éste se fije en condiciones análogas a las aplicables en Derecho nacional para infracciones de la misma naturaleza y de la misma gravedad y que confieren a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio, lo que corresponde apreciar al tribunal remitente. |
| --- | --- |

2)

El artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone la norma de un Estado miembro que prevé la imposición, en el supuesto de error en la clasificación arancelaria de mercancías importadas en territorio aduanero de la Unión, de una multa por un importe equivalente al total de los derechos antidumping aplicables, siempre que el importe de éste se fije en condiciones análogas a las aplicables en Derecho nacional para infracciones de la misma naturaleza y de la misma gravedad y que confieren a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio, lo que corresponde apreciar al tribunal remitente.

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(1)  DO C 297, de 5.12.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/9 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/9

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República de Eslovenia

(Asunto C-49/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2008/1/CE - Prevención y control integrados de la contaminación - Condiciones para la concesión de permisos para instalaciones existentes - No adaptación del Derecho interno en el plazo señalado)

2010/C 328/13

Lengua de procedimiento: esloveno

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: A. Alcover San Pedro, agente)

Demandada: República de Eslovenia (representante: N. Pintar Gosenca, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 24, p. 8) — Condiciones para la concesión de permisos para instalaciones existentes — Obligación de garantizar que dichas instalaciones sean explotadas con arreglo a los requisitos de la Directiva.

Fallo

| 1) | Declarar que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, al no haber adoptado las medidas necesarias en materia de concesión de permisos para las instalaciones industriales. |
| --- | --- |

1)

Declarar que la República de Eslovenia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, al no haber adoptado las medidas necesarias en materia de concesión de permisos para las instalaciones industriales.

| 2) | Condenar en costas a la República de Eslovenia. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la República de Eslovenia.

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(1)  DO C 80, de 27.3.2010.

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C 328/9

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 7 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Helénica

(Asunto C-127/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/42/CE, relativa a las máquinas - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

2010/C 328/14

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Karanasou Apostolopoulou y G. Zavvos, agentes)

Demandada: República Helénica (representante: N. Dafniou, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).

Fallo

| 1) | Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva. |
| --- | --- |

1)

Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

| 2) | Condenar en costas a la República Helénica. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la República Helénica.

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(1)  DO C 113, de 1.5.2010.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/10 |
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C 328/10

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de octubre de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E.

(Asunto C-400/10 PPU) (1)

(Cooperación judicial en materia civil - Materia matrimonial y de responsabilidad parental - Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores - Reglamento (CE) no 2201/2003 - Menores cuyos progenitores no están casados - Derecho de custodia del padre - Interpretación del concepto de «derecho de custodia» - Principios generales del Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)

2010/C 328/15

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: J. McB.

Recurrida: L. E.

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Supreme Court — Interpretación del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1) — Menor cuyos progenitores no están casados — Derecho de custodia del padre — Normativa nacional que obliga al padre a obtener una orden de un tribunal competente con el fin de poder invocar el derecho de custodia del menor que haga ilícito el traslado o la no restitución del menor al lugar de su residencia habitual.

Fallo

El Reglamento (CE) no 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro supedite la adquisición del derecho de custodia por el padre de un menor, no casado con la madre de este, a que el padre obtenga una resolución del órgano jurisdiccional nacional competente que le confiera tal derecho que puede hacer ilícito, en el sentido del artículo 2, número 11, de dicho Reglamento, el traslado del menor por su madre o la no restitución de este.

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(1)  DO C 260, de 25.9.2010.

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C 328/10

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Recurso de casación interpuesto el 17 de marzo de 2010 por Francisco Pérez Guerra contra el auto del Tribunal (Sala Cuarta) dictado el 11 de febrero de 2010 en el asunto T-3/10, Pérez Guerra/BNP Paribas y España

(Asunto C-142/10 P)

()

2010/C 328/16

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Francisco Pérez Guerra (representante: G. Soriano Bel, abogado)

Otras partes en el procedimiento: BNP Paribas y Reino de España

Mediante auto de 24 de septiembre de 2010, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) ha desestimado el recurso de casación.

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C 328/10

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Recurso de casación interpuesto el 10 de junio de 2010 por Franssons Verkstäder AB contra el auto dictado por el Tribunal General (Sala Octava) el 10 de mayo de 2010 en el asunto T-98/10, Franssons Verkstäder/OAMI y Lindner Recyclingtech (Picadoras de forraje)

(Asunto C-290/10 P)

()

2010/C 328/17

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Franssons Verkstäder AB (representante: O. Öhlén, advokat)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Mediante auto de 9 de septiembre de 2010, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declaró la inadmisibilidad del recurso.

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Recurso interpuesto el 22 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

(Asunto C-368/10)

()

2010/C 328/18

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: C. Zadra y F. Wilman, agentes)

Demandada: Reino de los Países Bajos

Pretensiones de la parte demandante

| 1) | Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/18/CE, (1) habida cuenta de que el poder adjudicador, en el marco de la adjudicación de un contrato público para el suministro y el mantenimiento de máquinas expendedoras de café, publicado con el número 2008/S 158-213630,






  — | prescribió, en las especificaciones técnicas, la etiqueta Max Havelaar y EKO, o al menos etiquetas con exigencias comparables o idénticas, lo que es contrario al artículo 23, apartados 6 y 8, de la dicha Directiva, |
| --- | --- | --- |

1)

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/18/CE, (1) habida cuenta de que el poder adjudicador, en el marco de la adjudicación de un contrato público para el suministro y el mantenimiento de máquinas expendedoras de café, publicado con el número 2008/S 158-213630,

—

prescribió, en las especificaciones técnicas, la etiqueta Max Havelaar y EKO, o al menos etiquetas con exigencias comparables o idénticas, lo que es contrario al artículo 23, apartados 6 y 8, de la dicha Directiva,

| — | para verificar la aptitud de los empresarios, adoptó criterios y medios de prueba relativos al aprovisionamiento sostenible y a la responsabilidad social de las empresas, lo que es contrario a los artículos 48, apartados 1 y 2, y 44, apartado 2, y, en cualquier caso, al artículo 2, de la mencionada Directiva, |
| --- | --- |

—

para verificar la aptitud de los empresarios, adoptó criterios y medios de prueba relativos al aprovisionamiento sostenible y a la responsabilidad social de las empresas, lo que es contrario a los artículos 48, apartados 1 y 2, y 44, apartado 2, y, en cualquier caso, al artículo 2, de la mencionada Directiva,

| — | al formular los criterios de adjudicación incluyó una remisión a las etiquetas Max Havelaar o EKO, o por lo menos a etiquetas con las mismas exigencias, lo que es contrario al artículo 53, apartado 1, de la referida Directiva. |
| --- | --- |

—

al formular los criterios de adjudicación incluyó una remisión a las etiquetas Max Havelaar o EKO, o por lo menos a etiquetas con las mismas exigencias, lo que es contrario al artículo 53, apartado 1, de la referida Directiva.

| 2) | Que se condene en costas Reino de los Países Bajos. |
| --- | --- |

2)

Que se condene en costas Reino de los Países Bajos.

Motivos y principales alegaciones

A juicio de la Comisión, los Países Bajos han incumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública, y en particular la Directiva 204/18/CE, en el marco del procedimiento de adjudicación anunciado por la Provincie para el suministro y la gestión de máquinas expendedoras de café. Las infracciones señaladas conciernen, por lo que se respecta a las especificaciones técnicas, al artículo 23, apartados 6 y 8, por lo que respecta a la verificación de la aptitud de los empresarios, al artículo 48, apartados 1 y 2, al artículo 44, apartado 2, y en cualquier caso al artículo 2, y, por lo que respecta a los criterios de adjudicación, al artículo 53, apartado 1, de dicha Directiva.

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(1)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/11 |
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C 328/11

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam (Países Bajos) el 26 de julio de 2010 — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

(Asunto C-371/10)

()

2010/C 328/19

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Gerechtshof Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

Demandante: National Grid Indus BV

Demandada: Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Cuando, con ocasión de un traslado del domicilio social, un Estado miembro impone un gravamen de liquidación final a una sociedad constituida con arreglo al Derecho de dicho Estado que traslada su domicilio social efectivo de ese Estado a otro Estado miembro, ¿puede dicha sociedad, en el estado actual del Derecho comunitario, invocar el artículo 43 CE (actualmente, artículo 49 TFUE) frente a dicho Estado? |
| --- | --- |

1)

Cuando, con ocasión de un traslado del domicilio social, un Estado miembro impone un gravamen de liquidación final a una sociedad constituida con arreglo al Derecho de dicho Estado que traslada su domicilio social efectivo de ese Estado a otro Estado miembro, ¿puede dicha sociedad, en el estado actual del Derecho comunitario, invocar el artículo 43 CE (actualmente, artículo 49 TFUE) frente a dicho Estado?

| 2) | En caso de que deba responderse afirmativamente a la primera cuestión: un gravamen de liquidación final como el presente, que se impone a las plusvalías de los elementos del patrimonio de la sociedad transferidos del Estado de salida al Estado de acogida, tal como se encuentran en el momento del traslado del domicilio social, sin demora y sin posibilidad de tener en cuenta posteriores minusvalías, ¿es contrario al artículo 43 CE (actualmente, artículo 49 TFUE), en el sentido de que tal gravamen de liquidación final no puede justificarse por la necesidad de repartir las competencias tributarias entre los Estados miembros? |
| --- | --- |

2)

En caso de que deba responderse afirmativamente a la primera cuestión: un gravamen de liquidación final como el presente, que se impone a las plusvalías de los elementos del patrimonio de la sociedad transferidos del Estado de salida al Estado de acogida, tal como se encuentran en el momento del traslado del domicilio social, sin demora y sin posibilidad de tener en cuenta posteriores minusvalías, ¿es contrario al artículo 43 CE (actualmente, artículo 49 TFUE), en el sentido de que tal gravamen de liquidación final no puede justificarse por la necesidad de repartir las competencias tributarias entre los Estados miembros?

| 3) | La respuesta a la cuestión anterior, ¿depende asimismo de la circunstancia de que el presente gravamen de liquidación final se refiera a los beneficios (del tipo de cambio) obtenidos bajo competencia tributaria neerlandesa, mientras que en el país de acogida dichos beneficios no pueden hacerse patentes con arreglo al régimen tributario allí vigente? |
| --- | --- |

3)

La respuesta a la cuestión anterior, ¿depende asimismo de la circunstancia de que el presente gravamen de liquidación final se refiera a los beneficios (del tipo de cambio) obtenidos bajo competencia tributaria neerlandesa, mientras que en el país de acogida dichos beneficios no pueden hacerse patentes con arreglo al régimen tributario allí vigente?

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/12 |
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4.12.2010

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C 328/12

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Recurso interpuesto el 2 de agosto de 2010 — Comisión Europea/República de Austria

(Asunto C-387/10)

()

2010/C 328/20

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y W. Mölls, agentes)

Demandada: República de Austria

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE y 36 del Acuerdo EEE, al haber adoptado y mantenido disposiciones con arreglo las cuales sólo las entidades de crédito nacionales o los administradores fiduciarios nacionales pueden ser nombrados representantes de los fondos de inversión o de los fondos inmobiliarios. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE y 36 del Acuerdo EEE, al haber adoptado y mantenido disposiciones con arreglo las cuales sólo las entidades de crédito nacionales o los administradores fiduciarios nacionales pueden ser nombrados representantes de los fondos de inversión o de los fondos inmobiliarios.

| — | Que se condene en costas a la República de Austria. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la República de Austria.

Motivos y principales alegaciones

Según la Comisión, las disposiciones con arreglo a las cuales sólo las entidades de crédito nacionales o los administradores fiduciarios nacionales pueden ser nombrados representantes de los fondos de inversión o de los fondos inmobiliarios, constituyen un requisito de establecimiento que restringe la libre prestación de servicios.

Contrariamente a lo que sostiene Austria, las disposiciones controvertidas no son adecuadas ni para mejorar la calidad de la representación fiscal ni para tutelar los intereses de los inversores y de la administración financiera que se refieren al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por lo tanto, no puede admitirse que exista justificación alguna para las limitaciones a la libre prestación de servicios.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/12 |
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4.12.2010

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C 328/12

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Recurso interpuesto el 27 de agosto de 2010 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-428/10)

()

2010/C 328/21

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Braun y L. de Schietere de Lophem, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva, o, en todo caso, al no habérselas comunicado a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva, o, en todo caso, al no habérselas comunicado a la Comisión.

| — | Que se condene en costas a la República Francesa. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 2007/36/CE expiró el 3 de agosto de 2009. En el momento en que se interpuso el presente recurso la parte demandada todavía no había adoptado todas las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva o, en cualquier caso, no las había comunicado a la Comisión.

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(1)  DO L 184, p. 17.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/12 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/12

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Bélgica) el 13 de septiembre de 2010 — État belge — SPF Finances/B.L.M. S.A.

(Asunto C-436/10)

()

2010/C 328/22

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Mons

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: État belge — SPF Finances

Recurrida: B.L.M. S.A.

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), y el artículo 13, parte B, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, (1) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que considera como prestación de servicios exenta, en concepto de arrendamiento o alquiler de bienes inmuebles con arreglo al artículo 13, parte B, letra b), el uso para las necesidades privadas de un directivo y de su familia de una parte de un edificio construido o poseído en virtud de un derecho real inmueble por el sujeto pasivo que es persona jurídica, cuando ese bien de inversión ha originado el derecho a la deducción del impuesto soportado?

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(1)  DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/13 |
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4.12.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — Lilia Druțu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Asunto C-438/10)

()

2010/C 328/23

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bacău

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lilia Druțu

Demandadas: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Cuestiones prejudiciales

| 1) | [...] ¿se opone el artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), al establecimiento de una tasa interna que afecta a la matriculación por primera vez en Rumanía de turismos ya matriculados en un Estado miembro de la Unión Europea, en circunstancias en que los turismos ya matriculados en Rumanía pueden ser objeto de transacciones sin que se perciba tal tasa? |
| --- | --- |

1)

[...] ¿se opone el artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), al establecimiento de una tasa interna que afecta a la matriculación por primera vez en Rumanía de turismos ya matriculados en un Estado miembro de la Unión Europea, en circunstancias en que los turismos ya matriculados en Rumanía pueden ser objeto de transacciones sin que se perciba tal tasa?

| 2) | Dado que el artículo 110 TFUE, apartado 2, tiene como finalidad eliminar los elementos que puedan proteger el mercado nacional y vulnerar los principios de competencia que rigen el mercado comunitario, ¿constituye el establecimiento de exenciones a la obligación de pago de la tasa de contaminación, en cuyo marco también se sitúan los turismos de fabricación interna, una medida de protección de la industria nacional de fabricación de turismos? |
| --- | --- |

2)

Dado que el artículo 110 TFUE, apartado 2, tiene como finalidad eliminar los elementos que puedan proteger el mercado nacional y vulnerar los principios de competencia que rigen el mercado comunitario, ¿constituye el establecimiento de exenciones a la obligación de pago de la tasa de contaminación, en cuyo marco también se sitúan los turismos de fabricación interna, una medida de protección de la industria nacional de fabricación de turismos?

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/13 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/13

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Asunto C-439/10)

()

2010/C 328/24

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bacău

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SC DRA SPEED SRL

Demandadas: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro, que tiene las características establecidas por la OUG no 50/2008 y puede representar un impuesto interno sobre los bienes procedentes de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que la tasa no se percibe cuando se vuelve a matricular en Rumanía un vehículo a motor con las mismas características que un vehículo de segunda mano importado? |
| --- | --- |

1)

El artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro, que tiene las características establecidas por la OUG no 50/2008 y puede representar un impuesto interno sobre los bienes procedentes de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que la tasa no se percibe cuando se vuelve a matricular en Rumanía un vehículo a motor con las mismas características que un vehículo de segunda mano importado?

| 2) | El artículo 110 TFUE, apartado 2 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro y que presenta las características establecidas por la Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008, teniendo en cuenta que mediante la Ordonanță de Urgență a Guvernului 218/2008 se eximió del pago de la tasa de contaminación a la categoría de turismos que responde a las características técnicas de los turismos fabricados en Rumanía? |
| --- | --- |

2)

El artículo 110 TFUE, apartado 2 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro y que presenta las características establecidas por la Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008, teniendo en cuenta que mediante la Ordonanță de Urgență a Guvernului 218/2008 se eximió del pago de la tasa de contaminación a la categoría de turismos que responde a las características técnicas de los turismos fabricados en Rumanía?

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/14 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/14

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Asunto C-440/10)

()

2010/C 328/25

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bacău

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SC SEMTEX SRL

Demandadas: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro, que tiene las características establecidas por la OUG no 50/2008 y puede representar un impuesto interno sobre los bienes procedentes de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que la tasa no se percibe cuando se vuelve a matricular en Rumanía un vehículo a motor con las mismas características que un vehículo de segunda mano importado? |
| --- | --- |

1)

El artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro, que tiene las características establecidas por la OUG no 50/2008 y puede representar un impuesto interno sobre los bienes procedentes de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que la tasa no se percibe cuando se vuelve a matricular en Rumanía un vehículo a motor con las mismas características que un vehículo de segunda mano importado?

| 2) | El artículo 110 TFUE, apartado 2 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro y que presenta las características establecidas por la Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008, teniendo en cuenta que mediante la Ordonanță de Urgență a Guvernului 218/2008 se eximió del pago de la tasa de contaminación a la categoría de turismos que responde a las características técnicas de los turismos fabricados en Rumanía? |
| --- | --- |

2)

El artículo 110 TFUE, apartado 2 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro y que presenta las características establecidas por la Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008, teniendo en cuenta que mediante la Ordonanță de Urgență a Guvernului 218/2008 se eximió del pago de la tasa de contaminación a la categoría de turismos que responde a las características técnicas de los turismos fabricados en Rumanía?

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/14 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/14

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curte de Apel Bacău (Rumanía) el 13 de septiembre de 2010 — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Asunto C-441/10)

()

2010/C 328/26

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bacău

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ioan Anghel

Demandadas: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro, que tiene las características establecidas por la OUG no 50/2008 y puede representar un impuesto interno sobre los bienes procedentes de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que la tasa no se percibe cuando se vuelve a matricular en Rumanía un vehículo a motor con las mismas características que un vehículo de segunda mano importado? |
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1)

El artículo 110 TFUE, apartado 1 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro, que tiene las características establecidas por la OUG no 50/2008 y puede representar un impuesto interno sobre los bienes procedentes de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que la tasa no se percibe cuando se vuelve a matricular en Rumanía un vehículo a motor con las mismas características que un vehículo de segunda mano importado?

| 2) | El artículo 110 TFUE, apartado 2 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro y que presenta las características establecidas por la Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008, teniendo en cuenta que mediante la Ordonanță de Urgență a Guvernului 218/2008 se eximió del pago de la tasa de contaminación a la categoría de turismos que responde a las características técnicas de los turismos fabricados en Rumanía? |
| --- | --- |

2)

El artículo 110 TFUE, apartado 2 (anteriormente artículo 90 CE), a tenor del cual ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones ¿se opone al establecimiento de una tasa de contaminación para vehículos a motor, impuesta con motivo de la primera matriculación en el territorio de un Estado miembro y que presenta las características establecidas por la Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008, teniendo en cuenta que mediante la Ordonanță de Urgență a Guvernului 218/2008 se eximió del pago de la tasa de contaminación a la categoría de turismos que responde a las características técnicas de los turismos fabricados en Rumanía?

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/15 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/15

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Recurso de casación interpuesto el 15 de septiembre de 2010 por Télévision française 1 SA (TF1) contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión

(Asunto C-451/10 P)

()

2010/C 328/27

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Télévision française 1 SA (TF1) (representante: J.-P. Hordies, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Métropole télévision (M6), Canal +, Comisión Europea, República Francesa, France Télévisions

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se declare admisible y fundado el presente recurso de casación. |
| --- | --- |

—

Que se declare admisible y fundado el presente recurso de casación.

| — | Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el 1 de julio de 2010 en los asuntos acumulados T-568/08 y T-573/08, M6 y TF1/Comisión.

| — | Que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación.

Télévision française 1 SA (TF1) alega que el Tribunal General, confirmando la postura de la Comisión, hizo caso omiso de la existencia de dificultades serias para apreciar la compatibilidad con el mercado común de la ayuda recibida por France Télévisions, dificultades que hubieran debido dar lugar a la incoación del procedimiento de investigación formal contemplado en el artículo 108 TFUE, apartado 2. Así, en su primer motivo de casación, la recurrente invoca la violación de las normas relativas a la carga de la prueba y a la práctica de la prueba, en la medida en que el Tribunal General pidió a los demandantes que aportasen la prueba de que existían dudas serias en cuanto al destino real de la aportación de fondos notificada, sin darse por satisfecho con la prueba de que las ayudas no habían recibido una afectación específica.

En su segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho en la aplicación del artículo 106 TFUE, apartado 2, por una parte al considerar que la reducción de los ingresos publicitarios de France Télévisions podía ser compensada mediante ayudas de Estado, aunque hubiera sido causada por errores de gestión, y por otra parte al precisar que para aplicar el citado artículo no era preciso valorar la eficacia con la que funcionaba el servicio público.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/15 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/15

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Prešov (República de Eslovaquia) el 16 de septiembre de 2010 — Jana Pereničová, Vladislav Perenič/S.O.S. financ, spol. s r.o.

(Asunto C-453/10)

()

2010/C 328/28

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Okresný súd Prešov

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Jana Pereničová, Vladislav Perenič

Demandada: S.O.S. financ, spol. s r.o.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Si se detectan cláusulas contractuales abusivas en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, permite el ámbito de la protección de los consumidores considerar que el contrato en su conjunto no vincula al consumidor, aunque le resulte más favorable? |
| --- | --- |

1)

¿Si se detectan cláusulas contractuales abusivas en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, permite el ámbito de la protección de los consumidores considerar que el contrato en su conjunto no vincula al consumidor, aunque le resulte más favorable?

| 2) | ¿Permiten considerar los criterios que configuran una práctica comercial desleal en el sentido de la Directiva 2005/29/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que, cuando el operador menciona en el contrato un interés anual efectivo global (TAEG) inferior al real, este comportamiento del operador frente al consumidor constituye una práctica comercial desleal? En caso de que se detecte una práctica comercial desleal, ¿cabe admitir con arreglo a la Directiva 2005/29 que esta circunstancia influye en la validez del contrato de crédito y en la consecución de la finalidad de los artículos 4, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, cuando la nulidad del contrato sea favorable para el consumidor? |
| --- | --- |

2)

¿Permiten considerar los criterios que configuran una práctica comercial desleal en el sentido de la Directiva 2005/29/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que, cuando el operador menciona en el contrato un interés anual efectivo global (TAEG) inferior al real, este comportamiento del operador frente al consumidor constituye una práctica comercial desleal? En caso de que se detecte una práctica comercial desleal, ¿cabe admitir con arreglo a la Directiva 2005/29 que esta circunstancia influye en la validez del contrato de crédito y en la consecución de la finalidad de los artículos 4, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, cuando la nulidad del contrato sea favorable para el consumidor?

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(1)  DO L 95, p. 29.

(2)  DO L 149, p. 22.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/16 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/16

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 17 de septiembre de 2010 — G.A.P. Peeters-van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Asunto C-455/10)

()

2010/C 328/29

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Centrale Raad van Beroep

Partes en el procedimiento principal

Demandante: G.A.P. Peeters-van Maasdijk

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 71, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1408/71 (1) en el sentido de que esta disposición también se aplica a una trabajadora que, tras desempeñar su última actividad laboral, traslada su residencia, durante el período de percepción de una prestación por incapacidad laboral, desde una región fronteriza a otra región no perteneciente al Estado miembro competente? |
| --- | --- |

1)

¿Debe interpretarse el artículo 71, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1408/71 (1) en el sentido de que esta disposición también se aplica a una trabajadora que, tras desempeñar su última actividad laboral, traslada su residencia, durante el período de percepción de una prestación por incapacidad laboral, desde una región fronteriza a otra región no perteneciente al Estado miembro competente?

| 2) | ¿Deben interpretarse el artículo 45 TFUE o el artículo 21 TFUE en el sentido de que es compatible con dichos artículos una disposición nacional como la del artículo 19, apartado 1, letra f), de la WW, que supedita el restablecimiento del derecho a la percepción de una prestación de desempleo a la residencia de la interesada en el territorio de los Países Bajos, aun cuando ésta resida junto a la frontera neerlandesa y se dirija por completo al mercado de trabajo neerlandés? |
| --- | --- |

2)

¿Deben interpretarse el artículo 45 TFUE o el artículo 21 TFUE en el sentido de que es compatible con dichos artículos una disposición nacional como la del artículo 19, apartado 1, letra f), de la WW, que supedita el restablecimiento del derecho a la percepción de una prestación de desempleo a la residencia de la interesada en el territorio de los Países Bajos, aun cuando ésta resida junto a la frontera neerlandesa y se dirija por completo al mercado de trabajo neerlandés?

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(1)  Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/16 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/16

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Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 17 de septiembre de 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado

(Asunto C-456/10)

()

2010/C 328/30

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

Recurrida: Administración del Estado

Cuestión prejudicial

| 1) | La interpretación del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 285 TCE) ¿permite considerar que la prohibición impuesta a los titulares de expendedurías de tabaco para desarrollar la actividad de importación de labores de tabacos desde otros Estados miembros, conforme el Derecho interno español, constituye una restricción cuantitativa a la importación o una medida de efecto equivalente prohibidas por el Tratado? |
| --- | --- |

1)

La interpretación del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 285 TCE) ¿permite considerar que la prohibición impuesta a los titulares de expendedurías de tabaco para desarrollar la actividad de importación de labores de tabacos desde otros Estados miembros, conforme el Derecho interno español, constituye una restricción cuantitativa a la importación o una medida de efecto equivalente prohibidas por el Tratado?

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/16 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/16

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Recurso de casación interpuesto el 21 de septiembre de 2010 por Luigi Marcuccio contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 6 de julio de 2010 en el asunto T-401/09, Marcuccio/Tribunal de Justicia

(Asunto C-460/10 P)

()

2010/C 328/31

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Luigi Marcuccio (representante: G. Cipressa, avvocato)

Otra parte en el procedimiento: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule en su totalidad y sin excepción alguna el auto de 6 de julio de 2010, dictado en el asunto T-401/09, Marcuccio/Tribunal de Justicia, por la Sala Sexta del Tribunal General. |
| --- | --- |

—

Que se anule en su totalidad y sin excepción alguna el auto de 6 de julio de 2010, dictado en el asunto T-401/09, Marcuccio/Tribunal de Justicia, por la Sala Sexta del Tribunal General.

| — | Que se declare que el recurso en primera instancia, en relación con el cual se dictó el auto recurrido, era admisible en su totalidad y sin excepción alguna.
  Y además: |
| --- | --- |

—

Que se declare que el recurso en primera instancia, en relación con el cual se dictó el auto recurrido, era admisible en su totalidad y sin excepción alguna.

Y además:

| — | Con carácter principal, que se estime en su totalidad y sin excepción alguna el petitum del recurso en primera instancia; que se condene a la parte demandada en primera instancia a rembolsar al recurrente todos los gastos, derechos y honorarios abonados por éste como consecuencia de este litigio en todas las instancias agotadas hasta ahora. |
| --- | --- |

—

Con carácter principal, que se estime en su totalidad y sin excepción alguna el petitum del recurso en primera instancia; que se condene a la parte demandada en primera instancia a rembolsar al recurrente todos los gastos, derechos y honorarios abonados por éste como consecuencia de este litigio en todas las instancias agotadas hasta ahora.

| — | O, con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto que dio lugar al recurso de casación al órgano jurisdiccional de primera instancia, con una composición distinta, con el fin de que se pronuncie de nuevo sobre el fondo de éste. |
| --- | --- |

—

O, con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto que dio lugar al recurso de casación al órgano jurisdiccional de primera instancia, con una composición distinta, con el fin de que se pronuncie de nuevo sobre el fondo de éste.

Motivos y principales alegaciones

El auto impugnado también es ilegal por adolecer de: a) una interpretación y aplicación incorrectas, falsas e ilógicas de los principios de Derecho inherentes a la responsabilidad aquiliana así como por apartarse de modo injustificado e ilógico de la jurisprudencia de la Unión Europea al respecto; b) falta absoluta de motivación, error manifiesto de apreciación, distorsión y desnaturalización de los hechos, examen falaz e incorrecto de las pruebas aportadas por el recurrente, incumplimiento de la obligación de expresarse con claridad, incoherencia, carácter apodíctico, arbitrariedad, naturaleza ilógica, irracional e irrazonable; c) faltas de pronunciamiento sobre aspectos esenciales del litigio e inexistencia absoluta de actividad instructora; d) pretermisión de la obligación del juez de basar sus declaraciones, también en lo que respecta a la valoración de las pruebas, sobre los conceptos del saber, la experiencia y el sentir comunes; e) interpretación y aplicación incorrectas, falsas e ilógicas de los principios de Derecho inherentes a la formación y la carga de la prueba en el juicio.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/17 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/17

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Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2010 por Deutsche Post AG contra el auto del Tribunal General (Sala Primera) dictado el 14 de julio de 2010 en el asunto T-570/08, Deutsche Post AG/Comisión Europea

(Asunto C-463/10 P)

()

2010/C 328/32

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Deutsche Post AG (representantes: J. Sedemund y T. Lübbig, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule en su totalidad el auto recurrido del Tribunal General (Sala Primera), de 14 de julio de 2010, en el asunto T-570/08. |
| --- | --- |

—

Que se anule en su totalidad el auto recurrido del Tribunal General (Sala Primera), de 14 de julio de 2010, en el asunto T-570/08.

| — | Que se desestime la excepción de inadmisibilidad propuesta ante el Tribunal por la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se desestime la excepción de inadmisibilidad propuesta ante el Tribunal por la Comisión.

| — | Que se anule la decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2008, relativa al requerimiento de información en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) 659/1999 en el procedimiento «Ayuda estatal C 36/2007 — Alemania: ayuda estatal a Deutsche Post AG». |
| --- | --- |

—

Que se anule la decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2008, relativa al requerimiento de información en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) 659/1999 en el procedimiento «Ayuda estatal C 36/2007 — Alemania: ayuda estatal a Deutsche Post AG».

| — | Que se condene en costas a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Objeto del presente recurso es el auto del Tribunal General que desestimó por inadmisible el recurso de Deutsche Post AG contra el requerimiento de información de la Comisión de 30 de octubre de 2008, dirigido a la República Federal de Alemania, en el procedimiento relativo a la ayuda estatal concedida a la recurrente.

El presente recurso versa fundamentalmente sobre la cuestión de si y, en su caso, en qué condiciones puede impugnarse un requerimiento de información de la Comisión en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999. A juicio de Deutsche Post AG, el recurso contra una decisión, por la que se ordena que se proporcione información de la que sólo ella dispone, es admisible si cuestiona que se hayan respetado los requisitos procedimentales del artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999 y la necesidad de la información solicitada.

En cambio, el Tribunal negó la admisibilidad de tal recurso con el argumento, fundamentalmente, de que el requerimiento de información no tiene efectos jurídicos, sino que se trata de un mero acto intermedio, que sirve simplemente para preparar una decisión definitiva.

Deutsche Post AG invoca cinco motivos en apoyo de su recurso:

| 1) | El Tribunal General no ha tenido en cuenta en el auto impugnado que el requerimiento de información está sometido, en cuanto acto jurídico vinculante, al examen por parte de los Tribunales europeos. A juicio de la recurrente, el Estado miembro está obligado a proporcionar la información requerida, en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999 en relación con el artículo 228 TFUE, apartado 4, y del principio de cooperación leal del artículo 4 UE, apartado 3. Dado que el Estado miembro debe dar cumplimiento necesariamente a la decisión, la obligación de información se traslada directamente a la recurrente, que es quien posee (en exclusiva) la información solicitada. |
| --- | --- |

1)

El Tribunal General no ha tenido en cuenta en el auto impugnado que el requerimiento de información está sometido, en cuanto acto jurídico vinculante, al examen por parte de los Tribunales europeos. A juicio de la recurrente, el Estado miembro está obligado a proporcionar la información requerida, en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999 en relación con el artículo 228 TFUE, apartado 4, y del principio de cooperación leal del artículo 4 UE, apartado 3. Dado que el Estado miembro debe dar cumplimiento necesariamente a la decisión, la obligación de información se traslada directamente a la recurrente, que es quien posee (en exclusiva) la información solicitada.

| 2) | El Tribunal no ha tenido tampoco en cuenta que, en opinión de la recurrente, resulta incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el Derecho de la Unión, que un Estado miembro y una empresa directamente afectada deban suministrar cualquier información solicitada por la Comisión con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999, sin tener en cuenta si se han respetado las exigencias procedimentales del artículo 10, apartado 3, y si la información solicitada guarda cualquier tipo de relación con el objeto del procedimiento de control de las ayudas estatales. |
| --- | --- |

2)

El Tribunal no ha tenido tampoco en cuenta que, en opinión de la recurrente, resulta incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el Derecho de la Unión, que un Estado miembro y una empresa directamente afectada deban suministrar cualquier información solicitada por la Comisión con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999, sin tener en cuenta si se han respetado las exigencias procedimentales del artículo 10, apartado 3, y si la información solicitada guarda cualquier tipo de relación con el objeto del procedimiento de control de las ayudas estatales.

| 3) | Según Deutsche Post AG, el Tribunal ha interpretado erróneamente los artículos 10, apartado 3, y 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento no 659/1999 al no haber tenido en cuenta que el requerimiento de información tiene efectos directos sobre la posición jurídica del Estado miembro y de la empresa afectada también por el hecho de que el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento no 659/1999 permite a la Comisión, en caso de incumplimiento del requerimiento de información, adoptar la decisión relativa a la posible ayuda basándose en la información disponible. La atenuación de la carga de la prueba que de ahí se deriva para la Comisión provoca que empeore notablemente la situación procesal de la empresa afectada, que, para salvaguardar sus derechos, se ve de hecho obligada a proporcionar la información solicitada. |
| --- | --- |

3)

Según Deutsche Post AG, el Tribunal ha interpretado erróneamente los artículos 10, apartado 3, y 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento no 659/1999 al no haber tenido en cuenta que el requerimiento de información tiene efectos directos sobre la posición jurídica del Estado miembro y de la empresa afectada también por el hecho de que el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento no 659/1999 permite a la Comisión, en caso de incumplimiento del requerimiento de información, adoptar la decisión relativa a la posible ayuda basándose en la información disponible. La atenuación de la carga de la prueba que de ahí se deriva para la Comisión provoca que empeore notablemente la situación procesal de la empresa afectada, que, para salvaguardar sus derechos, se ve de hecho obligada a proporcionar la información solicitada.

| 4) | El Tribunal ha incurrido en un error de Derecho también porque ha negado los efectos jurídicos del requerimiento de información con el argumento de que se trata de un mero acto intermedio, preparatorio de la decisión definitiva. A juicio de la recurrente, el Tribunal ha ignorado en este punto que ello no excluye la posibilidad de impugnarlo, si el presunto acto intermedio –como la decisión en virtud de artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999– genera efectos jurídicos negativos propios. |
| --- | --- |

4)

El Tribunal ha incurrido en un error de Derecho también porque ha negado los efectos jurídicos del requerimiento de información con el argumento de que se trata de un mero acto intermedio, preparatorio de la decisión definitiva. A juicio de la recurrente, el Tribunal ha ignorado en este punto que ello no excluye la posibilidad de impugnarlo, si el presunto acto intermedio –como la decisión en virtud de artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999– genera efectos jurídicos negativos propios.

| 5) | Finalmente, el Tribunal no ha tenido en cuenta que las infracciones cometidas por la Comisión al adoptar el requerimiento de información no pueden ser objeto de una adecuada consideración en el marco de un recurso contra la decisión que pone fin al procedimiento, especialmente porque no se permite alegar que los hechos son incompletos. Al mismo tiempo, sin embargo, el cumplimiento provisional de un requerimiento de información contrario a Derecho puede suponerle a la empresa afectada — como en el presente asunto — un esfuerzo considerable de tiempo y de dinero. |
| --- | --- |

5)

Finalmente, el Tribunal no ha tenido en cuenta que las infracciones cometidas por la Comisión al adoptar el requerimiento de información no pueden ser objeto de una adecuada consideración en el marco de un recurso contra la decisión que pone fin al procedimiento, especialmente porque no se permite alegar que los hechos son incompletos. Al mismo tiempo, sin embargo, el cumplimiento provisional de un requerimiento de información contrario a Derecho puede suponerle a la empresa afectada — como en el presente asunto — un esfuerzo considerable de tiempo y de dinero.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/18 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/18

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Gießen (Alemania) el 28 de septiembre de 2010 — Proceso penal contra Baris Akyüz

(Asunto C-467/10)

()

2010/C 328/33

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Gießen

Parte en el proceso principal

Baris Akyüz

Cuestiones prejudiciales

¿Deben interpretarse

| a) | el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 91/439») (1) |
| --- | --- |

a)

el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 91/439») (1)

| b) | el artículo 2, apartado 1, en relación con el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición) (DO L 403, p. 18; en lo sucesivo, «Directiva 2006/126») (2) |
| --- | --- |

b)

el artículo 2, apartado 1, en relación con el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición) (DO L 403, p. 18; en lo sucesivo, «Directiva 2006/126») (2)

en el sentido de que

| 1) | impiden a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si antes de obtenerse el permiso de conducción en el Estado de expedición se denegó el permiso de conducción en el Estado de acogida por incumplirse los requisitos físicos y mentales para la conducción segura de un vehículo? |
| --- | --- |

1)

impiden a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si antes de obtenerse el permiso de conducción en el Estado de expedición se denegó el permiso de conducción en el Estado de acogida por incumplirse los requisitos físicos y mentales para la conducción segura de un vehículo?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa, ¿impiden [dichas disposiciones] a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si antes de obtenerse el permiso de conducción en el Estado de expedición se denegó el permiso de conducción en el Estado de acogida por incumplirse los requisitos físicos y mentales para la conducción segura de un vehículo
  y
  sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción, de otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición o de otras conclusiones incuestionables, especialmente de la información proporcionada por el propio titular del permiso de conducción u de otras conclusiones seguras del Estado de acogida, se constata que se ha incumplido la regla de la residencia del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439 y del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/126?
  En caso de que fueran insuficientes las otras conclusiones incuestionables, especialmente la información proporcionada por el propio titular del permiso de conducción u otras conclusiones seguras del Estado de acogida, ¿la información también procede del Estado miembro de expedición en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si no ha sido transmitida directamente, sino sólo de forma indirecta, a través de una comunicación de terceros basada en dicha información, especialmente de la embajada del Estado de acogida en el Estado de expedición? |
| --- | --- |

2)

En caso de respuesta afirmativa, ¿impiden [dichas disposiciones] a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si antes de obtenerse el permiso de conducción en el Estado de expedición se denegó el permiso de conducción en el Estado de acogida por incumplirse los requisitos físicos y mentales para la conducción segura de un vehículo
  y
  sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción, de otras informaciones incontestables procedentes del Estado miembro de expedición o de otras conclusiones incuestionables, especialmente de la información proporcionada por el propio titular del permiso de conducción u de otras conclusiones seguras del Estado de acogida, se constata que se ha incumplido la regla de la residencia del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439 y del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/126?

En caso de que fueran insuficientes las otras conclusiones incuestionables, especialmente la información proporcionada por el propio titular del permiso de conducción u otras conclusiones seguras del Estado de acogida, ¿la información también procede del Estado miembro de expedición en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si no ha sido transmitida directamente, sino sólo de forma indirecta, a través de una comunicación de terceros basada en dicha información, especialmente de la embajada del Estado de acogida en el Estado de expedición?

| 3) | ¿Impiden [dichas disposiciones] a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si, a pesar de que se cumplieron los requisitos formales para la obtención de un permiso de conducción en el Estado de expedición, se ha constatado que el único objetivo de la estancia fue la obtención del permiso de conducción («turismo del permiso de conducción») y no ninguna otra finalidad amparada por el Derecho de la Unión, especialmente las libertades fundamentales del TFUE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales? |
| --- | --- |

3)

¿Impiden [dichas disposiciones] a un Estado miembro (Estado de acogida) denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro (Estado de expedición) si, a pesar de que se cumplieron los requisitos formales para la obtención de un permiso de conducción en el Estado de expedición, se ha constatado que el único objetivo de la estancia fue la obtención del permiso de conducción («turismo del permiso de conducción») y no ninguna otra finalidad amparada por el Derecho de la Unión, especialmente las libertades fundamentales del TFUE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales?

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(1)  DO L 237, p. 1.

(2)  DO L 403, p. 18.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/19 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/19

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Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2010 — Comisión Europea/República Portuguesa

(Asunto C-470/10)

()

2010/C 328/34

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. França e I.V. Rogalski, agentes)

Demandada: República Portuguesa

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 TFUE y de los artículos 5 a 7 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, (1) al mantener la exigencia de registro y acreditación por las autoridades portuguesas en relación con cualquier prestación temporal de los agentes de patentes comunitarios establecidos legalmente en otro Estado miembro y al efectuar un control de las cualificaciones profesionales de los agentes de patentes comunitarios que se desplacen a Portugal, aun en el caso de prestación temporal. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 TFUE y de los artículos 5 a 7 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, (1) al mantener la exigencia de registro y acreditación por las autoridades portuguesas en relación con cualquier prestación temporal de los agentes de patentes comunitarios establecidos legalmente en otro Estado miembro y al efectuar un control de las cualificaciones profesionales de los agentes de patentes comunitarios que se desplacen a Portugal, aun en el caso de prestación temporal.

| — | Que se condene en costas a la República Portuguesa. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la República Portuguesa.

Motivos y principales alegaciones

La normativa portuguesa controvertida impide a los agentes de marcas y de patentes establecidos legalmente en otro Estado miembro ejercer sus actividades de representación ante el Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) en Portugal cuando se desplacen a este último Estado miembro para prestar servicios a clientes domiciliados en otro Estado miembro, si no han superado previamente un examen para su acreditación o reconocimiento por este instituto.

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(1)  DO L 255, p. 2.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/19 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/19

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) el 28 de septiembre de 2010 — Martin Wohl e Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg; otra parte: Finanzamt Salzburg-Stadt

(Asunto C-471/10)

()

2010/C 328/35

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Martin Wohl e Ildiko Veres

Recurrida: Magistrat der Stadt Salzburg

Otra parte: Finanzamt Salzburg-Stadt

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el anexo X de la Lista contemplada en el artículo 24 del Acta de adhesión de la República de Hungría a la Unión Europea (1. Libre circulación de personas), (1) en el sentido de que la cesión de trabajadores de Hungría a Austria no debe considerarse desplazamiento de trabajadores y que las restricciones nacionales al empleo de trabajadores húngaros/eslovacos en Austria son también aplicables en Austria a los trabajadores húngaros/eslovacos cedidos por empresas húngaras (y legalmente empleados en ellas)?

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(1)  DO 2003, L 236, p. 846.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/19 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/19

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Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 2010 — Comisión/Hungría

(Asunto C-473/10)

()

2010/C 328/36

Lengua de procedimiento: húngaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: H. Støvlbæk y B.D. Simon, agentes)

Demandada: República de Hungría

Pretensiones de la parte demandante

| 1) | Que se declare que la República de Hungría:






  — | ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, (1) en su versión modificada, así como en virtud del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE, (2) al no haber garantizado la independencia de la adjudicación de franjas con respecto a las empresas ferroviarias; |
| --- | --- | --- |

1)

Que se declare que la República de Hungría:

—

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440/CEE, (1) en su versión modificada, así como en virtud del artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2001/14/CE, (2) al no haber garantizado la independencia de la adjudicación de franjas con respecto a las empresas ferroviarias;

| — | ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440, en su versión modificada, así como en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado la independencia de la tarifación con respecto a las empresas ferroviarias; |
| --- | --- |

—

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, y del anexo II de la Directiva 91/440, en su versión modificada, así como en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado la independencia de la tarifación con respecto a las empresas ferroviarias;

| — | ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado el equilibrio financiero de los administradores de infraestructuras; |
| --- | --- |

—

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado el equilibrio financiero de los administradores de infraestructuras;

| — | ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber incentivado a los administradores a reducir los costes de la puesta a disposición de infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso; |
| --- | --- |

—

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2001/14, al no haber incentivado a los administradores a reducir los costes de la puesta a disposición de infraestructura y la cuantía de los cánones de acceso;

| — | ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado que el canon por utilización de acceso mínimo y acceso por la vía a instalaciones de servicio sea equivalente al coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario; |
| --- | --- |

—

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2001/14, al no haber garantizado que el canon por utilización de acceso mínimo y acceso por la vía a instalaciones de servicio sea equivalente al coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario;

| — | ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 2001/14, al no haber adoptado un sistema para incentivar a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria. |
| --- | --- |

—

ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 2001/14, al no haber adoptado un sistema para incentivar a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.

| 2) | Que se condene en costas a la República de Hungría. |
| --- | --- |

2)

Que se condene en costas a la República de Hungría.

Motivos y principales alegaciones

Las Directivas 91/440 y 2001/14 tienen por objetivo garantizar a las empresas ferroviarias el acceso equitativo y no discriminatorio a las infraestructuras ferroviarias. Para la consecución de este objetivo, las Directivas citadas disponen que los organismos que presten servicios de transporte ferroviario no pueden tomar decisiones relacionadas con la adjudicación de franjas y que un organismo independiente debe encargarse de la adjudicación de capacidad de infraestructura. Si una empresa ferroviaria lleva a cabo la gestión del tráfico, obtiene necesariamente una ventaja competitiva, porque, para el cumplimiento de esas tareas de gestión, debe contar con información detallada sobre los servicios que prestan las empresas ferroviarias, su volumen y su horario.

La interposición del presente recurso viene motivada, entre otras razones, por el hecho de que en Hungría, en contra de lo establecido en las Directivas mencionadas, la gestión del tráfico ferroviario queda a cargo de organismos que prestan servicios de transporte ferroviario.

No puede considerarse que la gestión del tráfico sea una actividad de administración de la infraestructura no relacionada con la adjudicación de franjas o de capacidad, dado que quien la lleva a cabo necesariamente participa en los procedimientos decisorios relativos a tal adjudicación. Por un lado, el gestor del tráfico debe estar al tanto de las decisiones de adjudicación de capacidad para poder desarrollar su actividad de gestión; por otro lado, en caso de perturbación del tráfico o de emergencia ha de ejecutar las medidas que resulten necesarias para el restablecimiento de la circulación en los términos programados, lo que implica necesariamente una nueva adjudicación de la capacidad de red y las franjas disponibles.

Se infringe el principio de independencia de la gestión del tráfico en la medida en que en Hungría las empresas ferroviarias expiden facturas detalladas sobre los cánones por utilización de infraestructuras. Dado que las facturas detalladas se refieren necesariamente, entre otros extremos, a los servicios utilizados por determinadas empresas ferroviarias, así como a su volumen y horario, proporcionan a las empresas que las expiden una ventaja competitiva.

Además del incumplimiento de la exigencia de independencia de la adjudicación de franjas, la República de Hungría también ha incumplido las obligaciones derivadas de las Directivas 91/440 y 2001/14, en la medida en que:

| — | no ha establecido los requisitos necesarios para garantizar el equilibrio financiero de los administradores de infraestructuras; |
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—

no ha establecido los requisitos necesarios para garantizar el equilibrio financiero de los administradores de infraestructuras;

| — | no ha adoptado las medidas necesarias para obligar a los administradores de infraestructuras a reducir los cánones de acceso a la red y los costes de gestión; |
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—

no ha adoptado las medidas necesarias para obligar a los administradores de infraestructuras a reducir los cánones de acceso a la red y los costes de gestión;

| — | no ha adoptado las medidas de ejecución necesarias para garantizar la aplicación del principio de coste directo en la determinación de los cánones de acceso por la vía a instalaciones de servicio y, por último, |
| --- | --- |

—

no ha adoptado las medidas de ejecución necesarias para garantizar la aplicación del principio de coste directo en la determinación de los cánones de acceso por la vía a instalaciones de servicio y, por último,

| — | no ha adoptado un sistema de medidas para incentivar a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria. |
| --- | --- |

—

no ha adoptado un sistema de medidas para incentivar a las empresas ferroviarias y al administrador de infraestructuras a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.

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(1)  Directiva del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 237, p. 25).

(2)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 29).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/21 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/21

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Recurso de casación interpuesto el 1 de octubre de 2010 por la República Federal de Alemania contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión

(Asunto C-475/10 P)

()

2010/C 328/37

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: República Federal de Alemania (representantes: T. Henze, J. Möller y N. Graf Vitzthum, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule el auto del Tribunal de la Unión Europea de 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión Europea. |
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—

Que se anule el auto del Tribunal de la Unión Europea de 14 de julio de 2010 en el asunto T-571/08, República Federal de Alemania/Comisión Europea.

| — | Que se condene en costas a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

El objeto del presente recurso de casación es el auto por el que el Tribunal, en una cuestión incidental, declaró la inadmisibilidad del recurso de la República Federal de Alemania contra la orden de dar información de la Comisión, de 30 de octubre de 2008, en el procedimiento relativo a la ayuda de Estado a favor de Deutsche Poste AG (en lo sucesivo, «DPAG»).

Mediante la decisión recurrida, la Comisión ordenó a la recurrente que le diese información sobre la totalidad de los ingresos y de los costes de DPAG en el período comprendido entre 1989 a 2007, a pesar de que la privatización de DPAG, en el marco de la cual se realizaron por lo esencial las transferencias controvertidas, ya hubiera terminado en 1994. En vez de aclarar la cuestión preliminar de cuáles son los períodos que deben tenerse en cuenta efectivamente, la Comisión solicitó información, en primer lugar, sobre los ingresos y los costes de DPAG en todo el período que va desde la privatización hasta hoy, sin tomar en consideración la carga generada por tal solicitud. De este modo, la Comisión impuso una carga desproporcionada a la recurrente y a la empresa afectada.

Es necesario que el Tribunal de Justicia aclare fundamentalmente si la Comisión, en el marco de los procedimientos en materia de ayudas de Estado, puede efectivamente obligar a un Estado miembro a aportar cualquier información, sin estar sometida a un control judicial directo. Si la apreciación jurídica del Tribunal General, conforme a la cual tales decisiones no son recurribles, fuera correcta, los Estados miembros y las empresas afectadas deberían siempre, en un primer momento, asumir una carga considerable –también financiera– con el fin de dar cumplimiento a tales órdenes, aun cuando considerasen que estas son ilegales. Asimismo, habría un riesgo de divulgación de secretos comerciales, cuyo conocimiento no tiene, en su caso, importancia para el procedimiento en materia de ayudas de Estado.

El auto recurrido del Tribunal es jurídicamente erróneo en varios aspectos.

En primer lugar, el Tribunal interpretó de manera jurídicamente errónea el concepto de acto recurrible y no tuvo en cuenta la jurisprudencia al respecto, porque examinó el acto recurrido «a la luz de su contenido». La apreciación de un acto en relación con sus efectos jurídicos materiales sólo es pertinente a falta de decisión que, por su naturaleza jurídica, sea vinculante. No obstante, como el carácter vinculante de la decisión controvertida de la Comisión, adoptada con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento no 659/1999, se deriva de su naturaleza jurídica, no procede investigar si la voluntad del autor del acto era que este produjese efectivamente efectos jurídicos para la recurrente.

En segundo lugar, el Tribunal incurrió en un error de apreciación del carácter provisional de la orden de dar información concluyendo de manera errónea, refiriéndose a la jurisprudencia relativa a la admisibilidad de un recurso contra la incoación de un procedimiento de investigación en materia de Derecho de la competencia, que el carácter definitivo de la decisión también es determinante para la admisibilidad del recurso contra la orden de dar información de la Comisión controvertida.

En tercer lugar, el Tribunal apreció de manera jurídicamente errónea los efectos jurídicos de la orden de dar información, porque no tuvo en cuenta que un acto produce efectos jurídicos obligatorios cuando afecta los intereses de su destinatario modificando su situación jurídica. Sucede así por lo que respecta a la orden de dar información, porque el hecho de no dar cumplimiento a la misma provoca sanciones. Dichas sanciones consisten, por una parte, en que el Estado miembro no podría invocar el carácter incompleto de los elementos de hecho y que la Comisión podría adoptar una decisión basándose en los elementos de que dispone. Por otra parte, eso implicaría una disminución del nivel de prueba a partir del cual la Comisión puede partir del principio de que las circunstancias que invoca están acreditadas. Esto favorece la situación procesal de la Comisión y, por consiguiente, perjudica la situación del Estado miembro afectado por el procedimiento de investigación formal. La orden de dar información sitúa a la recurrente ante la opción siguiente: incumplir sus obligaciones, lo que le impide no obstante invocar el carácter incompleto de los elementos de hecho y provoca una disminución del nivel de prueba requerido por parte de la Comisión, o bien, para proteger su derecho de defensa, verse obligada a dar una cantidad desproporcionada de información. Lo que implica, además de la desventaja jurídica sufrida, un gasto extraordinario de tiempo y dinero que no se compensa. Abstracción hecha del caso de autos, la orden de dar información puede tener asimismo, efectos jurídicos para el Estado miembro afectado, en la medida en que el no darla cumplimiento puede conducir a un procedimiento por incumplimiento conforme al artículo 258 TFUE y, en último extremo, a un procedimiento de multa coercitiva con arreglo al artículo 260 TFUE.

En cuarto lugar, el auto del Tribunal vulnera el principio del estado de Derecho y de la tutela judicial efectiva, porque considera que el único medio de protegerse contra una orden de dar información excesiva es no darla cumplimiento. Tal forma de proceder no es razonable y vulnera los principios antes citados. La tutela judicial contra órdenes ilegales de dar información no puede depender de que el Estado miembro no las cumpla. La posibilidad de recurrir contra la orden de dar información es el único medio de no someter el deber de lealtad de los Estados miembros a una facultad de apreciación ilimitada de la Comisión y permite además a la Comisión, por su parte, respetar su obligación de cooperación leal con los Estados miembros.

Por último, el Tribunal incurrió en un error al apreciar las competencias en los asuntos de ayudas de Estado al declarar que la protección contra las órdenes de dar información excesivas consiste, para los Estados miembros, en rechazar dar la información que no consideren necesaria para determinar los hechos. Ello provocaría un desplazamiento de la determinación de los hechos y de la obligación de determinación del objeto del procedimiento a los Estados miembros, que sería contraria al reparto de competencias en materia de ayudas de Estado. Dicho desplazamiento de competencia a que se refiere el Tribunal vulneraría la articulación de las competencias establecida en los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, traspasaría el riesgo de error de apreciación a los Estados miembros y, en esa medida, liberaría a la Comisión de la obligación de investigación material rigurosa en el procedimiento administrativo.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/22 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/22

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) el 1 de octubre de 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe/Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

(Asunto C-476/10)

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2010/C 328/38

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic y Herbert Hilbe

Recurrida: Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

Cuestiones prejudiciales

| 1) | En el supuesto de que un nacional del Principado de Liechtenstein, que es miembro del Espacio Económico Europeo, adquiera una segunda residencia, situada en un Estado miembro de la UE, ¿debe seguir aplicándose lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado, (1) con arreglo al cual podrán mantenerse las disposiciones existentes de derecho nacional que regulan la compra de segundas residencias? |
| --- | --- |

1)

En el supuesto de que un nacional del Principado de Liechtenstein, que es miembro del Espacio Económico Europeo, adquiera una segunda residencia, situada en un Estado miembro de la UE, ¿debe seguir aplicándose lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado, (1) con arreglo al cual podrán mantenerse las disposiciones existentes de derecho nacional que regulan la compra de segundas residencias?

| 2) | Una normativa nacional que, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, prohíbe a un nacional del Principado de Liechtenstein la compra de una segunda residencia situada en un Estado miembro de la UE, ¿es contraria a las disposiciones del Acuerdo EEE relativas a la libre circulación de capitales, de modo que una autoridad nacional no debe aplicarla? |
| --- | --- |

2)

Una normativa nacional que, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, prohíbe a un nacional del Principado de Liechtenstein la compra de una segunda residencia situada en un Estado miembro de la UE, ¿es contraria a las disposiciones del Acuerdo EEE relativas a la libre circulación de capitales, de modo que una autoridad nacional no debe aplicarla?

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(1)  L 178, p. 5.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/22 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/22

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Recurso de casación interpuesto el 27 de septiembre de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 7 de julio de 2010 en el asunto T-111/07, Agrofert Holding a.s./Comisión Europea

(Asunto C-477/10 P)

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2010/C 328/39

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: B. Smulders, P. Costa de Oliveira y V. Bottka, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Agrofert Holding a.s., Reino de Suecia, República de Finlandia, Reino de Dinamarca, Polski Koncern Naftowy Orlen SA

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 7 de julio de 2010 en el asunto T-111/07, Agrofert Holding a.s./Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 7 de julio de 2010 en el asunto T-111/07, Agrofert Holding a.s./Comisión.

| — | Que se resuelva definitivamente las cuestiones objeto del presente recurso de casación. |
| --- | --- |

—

Que se resuelva definitivamente las cuestiones objeto del presente recurso de casación.

| — | Que se condene a la demandante en el asunto T-111/07 al pago de las costas de la Comisión que resulten de ese asunto y del presente recurso de casación. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la demandante en el asunto T-111/07 al pago de las costas de la Comisión que resulten de ese asunto y del presente recurso de casación.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso de casación se refiere a la interpretación de las excepciones al derecho de acceso a los documentos relativas a i) la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoria (en lo sucesivo, «excepción de la investigación»), ii) la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica (en lo sucesivo, excepción de los «intereses comerciales»), iii) la protección del proceso de toma de decisiones de la Comisión (en lo sucesivo, excepción «del proceso de toma de decisiones») y, iv) la protección del asesoramiento jurídico (en lo sucesivo, excepción «del asesoramiento jurídico»). Estas excepciones se establecen, respectivamente, en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, en el artículo 4, apartado 2, primer guión, en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, y en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1) (en lo sucesivo, «Reglamento 1049/2001»).

Más concretamente, este recurso de casación se refiere a la aplicación de estas excepciones a los documentos de un expediente de la Comisión relativo a un procedimiento de control de concentraciones con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento de concentraciones»).

La Comisión considera que en la sentencia recurrida el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al interpretar las referidas excepciones puesto que no tuvo en cuenta las características particulares de los procedimientos de derecho de la competencia y las garantías que ofrece el Reglamento de concentraciones a las empresas que participan en un procedimiento de concentraciones. En particular, el objetivo del Tribunal General en su sentencia no fue lograr un equilibrio genuino y armónico entre los dos regímenes jurídicos aplicables en el caso de autos. Al contrario, interpretó erróneamente las reglas de acceso a los documentos y, de este modo, hizo imposible aplicar las reglas de concentraciones.

La primera cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia es el alcance de la obligación de secreto profesional según se recoge en el Reglamento de Concentraciones y en el artículo 339 TFUE, a los efectos de la interpretación de las excepciones al derecho de acceso, en particular las excepciones relativas «a la investigación» y a «los intereses comerciales».

La segunda cuestión planteada al Tribunal de Justicia se refiere a la conclusión del Tribunal General según la cual en el caso de de autos no existían circunstancias particulares que llevasen a denegar el acceso a los documentos, sin que fuese necesario que la Comisión examinase concreta e individualmente cada documento solicitado y que motivase detalladamente la negativa relativa al contenido de cada documento solicitado.

La tercera cuestión se refiere a la interpretación restrictiva de la excepción «de la investigación», según la cual esta excepción no puede aplicarse tras la adopción de la decisión de la Comisión que pone fin al procedimiento administrativo de control de concentraciones.

La cuarta cuestión planteada al Tribunal de Justicia se refiere al alcance de la obligación de motivación a los efectos de demostrar el riesgo de divulgación, especialmente para la protección de los «intereses comerciales», del «proceso de toma de decisiones» y del «asesoramiento jurídico».

Por último, la quinta cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia se refiere a la interpretación de las reglas relativas al acceso parcial. La Comisión considera que para poder llevar a cabo de manera efectiva las investigaciones relativas a las concentraciones debe cumplir las obligaciones que le impone el Reglamento de concentraciones, en particular las relativas al secreto profesional, sin importar que su Decisión sea definitiva. Más aún, cuando las reglas procesales que rigen un área particular de actividad, según la interpretación jurisprudencial, otorgan protección a determinados documentos, como los documentos internos de la Comisión, debe reconocerse que dichos documentos se benefician de una presunción general de inaccesibilidad con arreglo al Reglamento 1049/2001. La sentencia del Tribunal General ha generado incertidumbre en cuanto al alcance de las facultades de la Comisión para llevar a cabo investigaciones a este respecto así como sobre los derechos de las partes que le han aportado documentos y este recurso de casación pretende permitir al Tribunal de Justicia clarificar cuál es el enfoque correcto.

Por consiguiente, la Comisión formula el presente recurso de casación para permitir al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre las cuestiones fundamentales que plantea la sentencia del Tribunal General y ofrecer una interpretación coherente y conforme de los dos instrumentos jurídicos de que se trata.

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(1)  DO L 145, p. 43.

(2)  Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24, p. 1)

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/24 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/24

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Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia

(Asunto C-479/10)

()

2010/C 328/40

Lengua de procedimiento: sueco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: K. Simonsson y A. Alcover San Pedro, en calidad de agentes)

Demandada: Reino de Suecia

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, (1) al superar los valores límite de PM10 durante los años 2005, 2006 y 2007 en las zonas SW 2 y SW 4 y durante 2005 y 2006 en la zona SW 5. |
| --- | --- |

—

Que se declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, (1) al superar los valores límite de PM10 durante los años 2005, 2006 y 2007 en las zonas SW 2 y SW 4 y durante 2005 y 2006 en la zona SW 5.

| — | Que se condene en costas al Reino de Suecia. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Reino de Suecia.

Motivos y principales alegaciones

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 1999/30 establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las concentraciones de PM10 en el aire ambiente no excedan de los valores límite indicados en la sección I del anexo III a partir de las fechas indicadas. La fecha pertinente en este caso es el 1 de enero de 2005.

De los informes relativos a los años 2005 a 2007 enviados a la Comisión por Suecia se desprende que los valores límite de PM10 se superaron en las zonas SW 2 y SW 4 durante todo ese período de tiempo, y en la zona SW 5 en 2005 y 2006.

Por consiguiente, Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 1999/30 respecto de esas zonas durante esos años.

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(1)  DO L 163, p. 41.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/24 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/24

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Recurso interpuesto el 5 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia

(Asunto C-480/10)

()

2010/C 328/41

Lengua de procedimiento: sueco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y K. Simonsson, agentes)

Demandada: Reino de Suecia

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al limitar en la práctica el régimen de agrupación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los prestadores de servicios financieros y de servicios de seguro. |
| --- | --- |

—

Que se declare que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al limitar en la práctica el régimen de agrupación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los prestadores de servicios financieros y de servicios de seguro.

| — | Que se condene en costas al Reino de Suecia. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Reino de Suecia.

Motivos y principales alegaciones

Las disposiciones suecas sobre agrupación a efectos del IVA van en contra de lo previsto en el artículo 11 de la Directiva sobre el IVA, toda vez que la aplicación de las disposiciones se limita a las empresas que operan en el sector financiero. A juicio de la Comisión, los regímenes nacionales sobre agrupación a efectos del IVA deben aplicarse a todas las empresas establecidas en el Estado miembro que aplique el régimen, cualquiera que sea el tipo de actividad que realice la empresa.

El sistema común del IVA es un sistema uniforme. El establecimiento de un régimen especial en tal sistema debe, por lo tanto, en principio, hacerse de tal forma que el régimen sea globalmente aplicable.

Nada se encuentra en el texto del artículo 11 de la Directiva sobre el IVA que indique que un Estado miembro puede limitar la aplicación de un régimen sobre agrupación a efectos del IVA a determinadas empresas que operan en un sector determinado.

La finalidad del artículo 11 de la Directiva sobre el IVA sugiere asimismo que debe interpretarse tal disposición en el sentido de que se aplica a todas las empresas en todos los sectores.

Además, las normas suecas sobre agrupación a efectos del IVA son incompatibles con el principio de Derecho comunitario sobre igualdad de trato.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/25 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/25

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) el 6 de octubre de 2010 — Teresa Cicala/Regione Siciliana

(Asunto C-482/10)

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2010/C 328/42

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Teresa Cicala

Demandada: Regione Siciliana

Cuestiones prejudiciales

| 1) | De conformidad con el artículo 3 de la Ley 241/1990 y el artículo 3 de la Ley regional de Sicilia 10/1991, en relación con el artículo 1 de la Ley 241/90, que obliga a la Administración italiana a aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, en congruencia con la obligación de motivación de los actos de la Administración pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, tercer guión, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿es compatible con el Derecho de la Unión Europea la interpretación y la aplicación de las citadas normas nacionales, según las cuales los actos singulares, es decir, que atañen a derechos subjetivos, y en cualquier caso reglados, en materia de pensiones, pueden sustraerse a la obligación de motivación? ¿Constituye tal caso un vicio sustancial de forma de la resolución administrativa? |
| --- | --- |

1)

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 241/1990 y el artículo 3 de la Ley regional de Sicilia 10/1991, en relación con el artículo 1 de la Ley 241/90, que obliga a la Administración italiana a aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, en congruencia con la obligación de motivación de los actos de la Administración pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, tercer guión, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿es compatible con el Derecho de la Unión Europea la interpretación y la aplicación de las citadas normas nacionales, según las cuales los actos singulares, es decir, que atañen a derechos subjetivos, y en cualquier caso reglados, en materia de pensiones, pueden sustraerse a la obligación de motivación? ¿Constituye tal caso un vicio sustancial de forma de la resolución administrativa?

| 2) | El artículo 21 octies, apartado 2, párrafo primero, de la Ley 241/1990, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia contencioso-administrativa, en relación con la obligación de motivación de los actos administrativos consagrada en el artículo 3 de la citada Ley 241/1990 y en la Ley regional de Sicilia 10/1991, concordante con la obligación de motivación de los actos de la administración pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, tercer guión, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿es compatible con el artículo 1 de la Ley 241/1990, en el que se establece la obligación de la Administración de aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por consiguiente, son compatibles y admisibles la interpretación y la aplicación de la posibilidad de que la Administración complete la motivación de la resolución administrativa en sede jurisdiccional? |
| --- | --- |

2)

El artículo 21 octies, apartado 2, párrafo primero, de la Ley 241/1990, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia contencioso-administrativa, en relación con la obligación de motivación de los actos administrativos consagrada en el artículo 3 de la citada Ley 241/1990 y en la Ley regional de Sicilia 10/1991, concordante con la obligación de motivación de los actos de la administración pública prevista en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 41, apartado 2, tercer guión, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿es compatible con el artículo 1 de la Ley 241/1990, en el que se establece la obligación de la Administración de aplicar los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por consiguiente, son compatibles y admisibles la interpretación y la aplicación de la posibilidad de que la Administración complete la motivación de la resolución administrativa en sede jurisdiccional?

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/25 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/25

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Recurso interpuesto el 6 de octubre de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-483/10)

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2010/C 328/43

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, agentes)

Demandada: Reino de España

Pretensiones

| — | que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, 11, apartado 2, 14, apartado 1, y 30, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y a la aplicación de cánones por su utilización, y en virtud del artículo 10, apartado 7, de la Directiva 91/440/CEE (2) del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. |
| --- | --- |

—

que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, apartado 1, 11, apartado 2, 14, apartado 1, y 30, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y a la aplicación de cánones por su utilización, y en virtud del artículo 10, apartado 7, de la Directiva 91/440/CEE (2) del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios.

| — | que se condene en costas al Reino de España. |
| --- | --- |

—

que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión considera que el Reino de España ha incumplido las siguientes disposiciones de las directivas arriba mencionadas:

| 1) | el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE, en la medida en que la cuantía de los cánones por utilización de la infraestructura ferroviaria viene «determinada» exhaustivamente por las autoridades estatales, quedando la función del «administrador de infraestructuras» (ADIF) reducida al mero cobro de los cánones; |
| --- | --- |

1)

el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE, en la medida en que la cuantía de los cánones por utilización de la infraestructura ferroviaria viene «determinada» exhaustivamente por las autoridades estatales, quedando la función del «administrador de infraestructuras» (ADIF) reducida al mero cobro de los cánones;

| 2) | el artículo 11 de la Directiva 2001/14/CE, ya que el sistema de tarificación establecido por las autoridades españolas no estipula ningún sistema de incentivos con arreglo a la criterios previstos en dicho artículo; |
| --- | --- |

2)

el artículo 11 de la Directiva 2001/14/CE, ya que el sistema de tarificación establecido por las autoridades españolas no estipula ningún sistema de incentivos con arreglo a la criterios previstos en dicho artículo;

| 3) | el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE, ya que la normativa española no garantiza suficientemente la independencia del organismo regulador (el Comité de Regulación Ferroviaria) frente a ADIF (el administrador de la infraestructura ferroviario) y RENFE-Operadora (una empresa ferroviaria adscrita al Ministerio de Fomento); |
| --- | --- |

3)

el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE, ya que la normativa española no garantiza suficientemente la independencia del organismo regulador (el Comité de Regulación Ferroviaria) frente a ADIF (el administrador de la infraestructura ferroviario) y RENFE-Operadora (una empresa ferroviaria adscrita al Ministerio de Fomento);

| 4) | el artículo 10, apartado 7, de la Directiva 91/440/CEE, porque el organismo regulador (el Comité de Regulación Ferroviaria) carece de los medios necesarios para ejercer la función de supervisión de la competencia en los mercados ferroviarios que le confiere dicho artículo; y |
| --- | --- |

4)

el artículo 10, apartado 7, de la Directiva 91/440/CEE, porque el organismo regulador (el Comité de Regulación Ferroviaria) carece de los medios necesarios para ejercer la función de supervisión de la competencia en los mercados ferroviarios que le confiere dicho artículo; y

| 5) | el artículo 13, apartado 2, y el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE en la medida en que la normativa española estipula criterios para la adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria que son discriminatorios; pueden lleva a que, de hecho, se adjudiquen franjas con una duración superior a un periodo de vigencia del horario de servicio; y carecen de especificidad. |
| --- | --- |

5)

el artículo 13, apartado 2, y el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE en la medida en que la normativa española estipula criterios para la adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria que son discriminatorios; pueden lleva a que, de hecho, se adjudiquen franjas con una duración superior a un periodo de vigencia del horario de servicio; y carecen de especificidad.

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(1)  DO L 75, p. 29

(2)  DO L 237, p. 25

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/26 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/26

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Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — Comisión Europea/República Helénica

(Asunto C-485/10)

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2010/C 328/44

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: B. Stromsky y M. Kostantinidis, agentes)

Demandada: República Helénica

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11 a 18 de la Decisión C(2008) 3118 de la Comisión, de 2 de julio de 2008, en su versión modificada por la Decisión de la Comisión de 13 de agosto de 2008, aplicadas por Grecia a favor de Ellenika Nafpigeia AE, y en virtud del TFUE, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a dicha Decisión o, en todo caso, al no haber informado suficientemente a la Comisión de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 19 de la Decisión. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 11 a 18 de la Decisión C(2008) 3118 de la Comisión, de 2 de julio de 2008, en su versión modificada por la Decisión de la Comisión de 13 de agosto de 2008, aplicadas por Grecia a favor de Ellenika Nafpigeia AE, y en virtud del TFUE, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a dicha Decisión o, en todo caso, al no haber informado suficientemente a la Comisión de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 19 de la Decisión.

| — | Que se condene en costas a la República Helénica. |
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—

Que se condene en costas a la República Helénica.

Motivos y principales alegaciones

El recurso de la Comisión tiene por objeto la no ejecución por parte de la República Helénica de la Decisión de la Comisión sobre las ayudas de Estado ilegales que se concedieron a la empresa Ellenika Nafpigeia AE y que deben ser recuperadas a través del departamento no militar de dicha empresa

La Comisión sostiene que Grecia debía garantizar la ejecución de la Decisión en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de su notificación. La Decisión se le notificó el 13 de agosto de 2008 y la Comisión no prorrogó el plazo previsto para la ejecución de dicha Decisión. Por consiguiente, el plazo que se señaló a Grecia para dar cumplimiento a la Decisión finalizó, desde el punto de vista formal, el 13 de diciembre de 2008.

La Comisión recuerda que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el único motivo que puede justificar que un Estado miembro puede invocar ante un recurso por incumplimiento presentado por la Comisión con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la Decisión.

Sin embargo, en el presente caso, las autoridades helénicas no invocaron nunca el argumento basado en la imposibilidad absoluta de ejecución. Por el contrario, expresaron, de entrada, su voluntad de ejecutar la decisión cuanto antes. No obstante, la Comisión señala que en el momento en que presentó este recurso, las autoridades helénicas no habían adoptado ninguna medida dirigida a ejecutar ni siquiera parcialmente la Decisión.

La Comisión estima que Grecia no ha adoptado las medidas necesarias para ejecutar la Decisión con arreglo a la solución que acordaron sus servicios y las autoridades helénicas o bien de cualquier otro modo que resulte adecuado.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/26 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/26

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) el 18 de octubre de 2010 — Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Asunto C-497/10 PPU)

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2010/C 328/45

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Barbara Mercredi

Recurrida: Richard Chaffe

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Se pide al Tribunal de Justicia que especifique cuál es criterio apropiado para determinar la residencia habitual de un menor, a efectos:






  a) | del artículo 8 del Reglamento (CE) no 2201/2003 (1) y |
| --- | --- | --- |

1)

Se pide al Tribunal de Justicia que especifique cuál es criterio apropiado para determinar la residencia habitual de un menor, a efectos:

a)

del artículo 8 del Reglamento (CE) no 2201/2003 (1) y

| b) | del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2201/2003. |
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b)

del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2201/2003.

| 2) | ¿Es un órgano jurisdiccional una «institución u organismo» que pueda adquirir un derecho de custodia a efectos de las disposiciones del Reglamento (CE) no 2201/2003? |
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2)

¿Es un órgano jurisdiccional una «institución u organismo» que pueda adquirir un derecho de custodia a efectos de las disposiciones del Reglamento (CE) no 2201/2003?

| 3) | ¿Es aplicable el artículo 10 con posterioridad a que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro requerido hayan rechazado la restitución del menor solicitada con arreglo al Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, sobre la base de que no se cumplen los requisitos de los artículos 3 y 5 de éste?
  En particular, ¿cómo debe resolverse el conflicto que surge cuando el Estado requerido estima que los requisitos de los artículos 3 y 5 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores no se cumplen y el Estado requirente estima que sí se cumplen? |
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3)

¿Es aplicable el artículo 10 con posterioridad a que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro requerido hayan rechazado la restitución del menor solicitada con arreglo al Convenio de La Haya sobre sustracción de menores, sobre la base de que no se cumplen los requisitos de los artículos 3 y 5 de éste?

En particular, ¿cómo debe resolverse el conflicto que surge cuando el Estado requerido estima que los requisitos de los artículos 3 y 5 del Convenio de La Haya sobre sustracción de menores no se cumplen y el Estado requirente estima que sí se cumplen?

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(1)  Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (DO L 338, p. 1).

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Tribunal General

| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/28 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/28

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Sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2010 — Al-Faqih y otros/Consejo

(Asuntos T-135/06 a T-138/06) (1)

(Política exterior y de seguridad común - Lucha contra el terrorismo - Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Congelación de fondos - Derechos fundamentales - Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a la tutela judicial efectiva)

2010/C 328/46

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Reino Unido); Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham); Ghunia Abdrabbah (Birmingham), y Taher Nasuf (Manchester, Reino Unido) (representantes: inicialmente N. Garcia-Lora, Solicitor, y S. Cox, Barrister, posteriormente N. Garcia-Lora y E. Grieves, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y E. Finnegan, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente P. J. Kuijper, posteriormente C. O’Reilly y J. Aquilina, más tarde E. Paasivirta y P. Aalto, y, por último, E. Paasivirta y M. Konstantinidis, agentes); y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: C. Gibbs, Z. Bryanston-Cross y S. Ossowski, agentes, asistidos por A. Dashwood, Barrister)

Objeto

Pretensión de que se anule el artículo 2 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 139, p. 9), en su versión modificada por sexagésima tercera vez por el Reglamento (CE) no 246/2006 de la Comisión, de 10 de febrero de 2006 (DO L 40, p. 13), el cual incluyó los nombres de los demandantes en el anexo del Reglamento no 881/2002.

Fallo

| 1) | Acumular los asuntos T-135/06 a T-138/06 a efectos de la sentencia. |
| --- | --- |

1)

Acumular los asuntos T-135/06 a T-138/06 a efectos de la sentencia.

| 2) | Anular el artículo 2 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, en su versión modificada por sexagésima tercera vez por el Reglamento (CE) no 246/2006 de la Comisión, de 10 de febrero de 2006, en la medida en que dicho artículo afecta a los demandantes Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah y Sanabel Relief Agency Ltd. |
| --- | --- |

2)

Anular el artículo 2 del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, en su versión modificada por sexagésima tercera vez por el Reglamento (CE) no 246/2006 de la Comisión, de 10 de febrero de 2006, en la medida en que dicho artículo afecta a los demandantes Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah y Sanabel Relief Agency Ltd.

| 3) | Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar, además de con sus propias costas, con las costas causadas por los demandantes, así como con las cantidades anticipadas por la Caja del Tribunal General en concepto de justicia gratuita. |
| --- | --- |

3)

Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar, además de con sus propias costas, con las costas causadas por los demandantes, así como con las cantidades anticipadas por la Caja del Tribunal General en concepto de justicia gratuita.

| 4) | El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas. |
| --- | --- |

4)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

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(1)  DO C 165, de 15.7.2006.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/28 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/28

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Sentencia del Tribunal General de 12 de octubre de 2010 — Asenbaum/OAMI (WIENER WERKSTÄTTE)

(Asuntos T-230/08 y T-231/08) (1)

(Marca comunitaria - Solicitudes de marca denominativa comunitaria WIENER WERKSTÄTTE - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009])

2010/C 328/47

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Paul Asenbaum (Viena) (representantes: P. Vögel y E. Ploil, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: S. Schäffner, agente)

Objeto

Recursos interpuestos contra dos resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 10 de abril de 2008 (asuntos R 1573/2006-4 y R 1571/2006-4), relativos a dos solicitudes de registro del signo denominativo WIENER WERKSTÄTTE como marca comunitaria.

Fallo

| 1) | Acumular los asuntos T-230/08 y T-231/08 a efectos de la sentencia. |
| --- | --- |

1)

Acumular los asuntos T-230/08 y T-231/08 a efectos de la sentencia.

| 2) | Desestimar los recursos. |
| --- | --- |

2)

Desestimar los recursos.

| 3) | Condenar en costas al Sr. Paul Asenbaum |
| --- | --- |

3)

Condenar en costas al Sr. Paul Asenbaum

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(1)  DO C 223, de 30.8.2008.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/29 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/29

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Sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2010 — Agapiou Joséphidès/Comisión y EACEA

(Asunto T-439/08) (1)

(Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Documentos relativos a la concesión de un Polo Jean Monnet a la Universidad de Chipre - Documentos procedentes de terceros - Denegación parcial de acceso - Recurso de anulación - Plazo para recurrir - Inadmisibilidad - Excepción de ilegalidad - Excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona - Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales - Obligación de motivación)

2010/C 328/48

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia) (representante: C. Joséphidès, abogado)

Demandadas: Comisión Europea (representantes: M. Owsiany-Hornung y G. Rozet, agentes); y «Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural» (EACEA) (representante: H. Monet, agente)

Objeto

Demanda de anulación, por una parte, de la decisión de la EACEA, de 1 de agosto de 2008, relativa a una solicitud de acceso a documentos sobre la concesión de un Polo Jean Monnet a la Universidad de Chipre y, por otra parte, de la decisión C(2007) 3749 de la Comisión, de 8 de agosto de 2007, relativa a una decisión individual de concesión de subvenciones en el marco del Programa de aprendizaje permanente, subprograma Jean Monnet.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Kalliope Agapiou Joséphidès. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a Kalliope Agapiou Joséphidès.

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(1)  DO C 237, de 20.12.2008.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/29 |
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4.12.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/29

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Sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2010 — Umbach/Comisión

(Asunto T-474/08) (1)

(Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Documentos relativos a un contrato celebrado en el marco del programa TACIS - Solicitud de acceso relacionada con el litigio pendiente entre el demandante y la Comisión ante un órgano jurisdiccional belga - Denegación parcial del acceso - Solicitud de acceso basada en principios derivados del Tratado UE - Interés público superior)

2010/C 328/49

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Dieter C. Umbach (Bangkok, Tailandia) (representante: M. Stephani, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Costa de Oliveira y T. Scharf, agentes)

Objeto

Anulación de la decisión de la Comisión, de 2 de septiembre de 2008, por la que se deniega al demandante el acceso a determinados datos contenidos en la documentación relativa a un contrato denominado «TACIS Service Contract no 98.0414», sobre asistencia a la redacción de un Código administrativo en favor de la Federación de Rusia.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas al Sr. Dieter C. Umbach. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas al Sr. Dieter C. Umbach.

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(1)  DO C 32, de 7.2.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/30 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/30

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Auto del Tribunal General de 5 de octubre de 2010 — Provincie Groningen y Provincie Drenthe/Comisión

(Asunto T-69/09) (1)

(Recurso de anulación - FEDER - Decisión por la que se reduce la ayuda y se ordena la devolución parcial de los importes abonados - Entidad regional - Inexistencia de afectación directa - Inadmisibilidad)

2010/C 328/50

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandantes: Provincie Groningen (Países Bajos) y Provincie Drenthe (Países Bajos) (representantes: C. Dekker y E. Belhadj, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Steiblytė y W. Roels, agentes)

Objeto

Anulación parcial de la Decisión C(2008) 8355 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2008, por la que se reducen las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedidas sobre la base del documento único de programación no 97.07.13.003, comprendido en el objetivo no 2, relativo a las provincias de Groninga y de Drente (Países Bajos), con arreglo a la Decisión C(1997) 1362 de la Comisión, de 26 de mayo de 1997.

Fallo

| 1) | Declarar la inadmisibilidad del recurso. |
| --- | --- |

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

| 2) | Condenar en costas a Provincie Groningen y Provincie Drenthe. |
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2)

Condenar en costas a Provincie Groningen y Provincie Drenthe.

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(1)  DO C 90, de 18.4.2009.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/30 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/30

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Auto del Presidente del Tribunal General de 15 de octubre de 2010 — Nexans France/Empresa Común Fusion for Energy

(Asunto T-415/10 R)

(Procedimiento sobre medidas provisionales - Contratos públicos - Procedimiento de licitación - Desestimación de una oferta - Demanda de suspensión de la ejecución - Inexistencia de urgencia)

2010/C 328/51

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Nexans France SAS (Clichy, Francia) (representantes: J.-P. Tran Thiet y J.-F. Le Corre, abogados)

Demandada: Empresa común europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión (Barcelona) (representantes: A. Verpont, agente, asistida por C. Kennedy-Loest, C. Thomas, M. Farley, Solicitors, J. Derenne y N. Pourbaix, abogados)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución de las decisiones, adoptadas por la demandada en el marco de un procedimiento de licitación, de rechazar la oferta de la demandante y de adjudicar a otro licitador el contrato de suministro de conductores de campo toroidal y de campo poloidal.

Fallo

| 1) | Desestimar la demanda de medidas provisionales. |
| --- | --- |

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

| 2) | Reservar la decisión sobre las costas. |
| --- | --- |

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/30 |
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4.12.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/30

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Auto del Presidente del Tribunal General de 19 de octubre de 2010 — Nencini/Parlamento

(Asunto T-431/10 R)

(Procedimiento sobre medidas provisionales - Miembro del Parlamento Europeo - Recuperación de dietas abonadas en concepto de reembolso de gastos de asistencia parlamentaria y de viaje - Demanda de suspensión de la ejecución - Falta de urgencia)

2010/C 328/52

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Riccardo Nencini (Barberino di Mugello, Italia) (representante: F. Bertini, abogado)

Demandada: Parlamento Europeo (representantes: N. Lorens, A. Caiola y D. Moore, agentes)

Objeto

Petición de varias decisiones del Parlamento relativas a la recuperación de determinadas cantidades supuestamente percibidas de modo indebido.

Fallo

| 1) | Desestimar la demanda de medidas provisionales. |
| --- | --- |

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

| 2) | Reservar la decisión sobre las costas. |
| --- | --- |

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/31 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/31

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Recurso interpuesto el 13 de agosto de 2010 — Morte Navarro/Parlamento

(Asunto T-280/09)

()

2010/C 328/53

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: José Carlos Morte Navarro (Zaragoza, España) (representante: J. González Buitrón, abogado)

Demandado: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que anule la Decisión de 5 de mayo de 2009 y número de salida 202.660 de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la cual archivó la petición cursada por el Sr. Morte Navarro con el número 1818-08, dictando otra por la que acuerde admitir a trámite la petición formulada por el Sr. Morte Navarro con el número 1818-08 ante el Parlamento Europeo y examinar la misma conforme al procedimiento legalmente establecido, con expresa condena en costas a la parte demandada; |
| --- | --- |

—

Que anule la Decisión de 5 de mayo de 2009 y número de salida 202.660 de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la cual archivó la petición cursada por el Sr. Morte Navarro con el número 1818-08, dictando otra por la que acuerde admitir a trámite la petición formulada por el Sr. Morte Navarro con el número 1818-08 ante el Parlamento Europeo y examinar la misma conforme al procedimiento legalmente establecido, con expresa condena en costas a la parte demandada;

| — | que subsidiariamente a lo solicitado en el punto anterior y para el caso de que la pretensión anterior no sea admitida, se anule la Decisión de 5 de mayo de 2009 arriba mencionada, y |
| --- | --- |

—

que subsidiariamente a lo solicitado en el punto anterior y para el caso de que la pretensión anterior no sea admitida, se anule la Decisión de 5 de mayo de 2009 arriba mencionada, y

| — | que condene a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a dictar nueva resolución en la que determine la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición formulada por el Sr. Morte Navarro, con expresa condena en costa a la parte demandada. |
| --- | --- |

—

que condene a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a dictar nueva resolución en la que determine la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición formulada por el Sr. Morte Navarro, con expresa condena en costa a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso se dirige contra la resolución de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 2009, por la que se archiva la petición cursada por el demandante, por no incidir claramente en el ámbito de competencias de la Unión Europea.

Mediante la referida petición, el demandante solicitaba la apertura de una investigación, por parte del Parlamento Europeo, al objeto de que éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, instara al Consejo a constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte del Estado español de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, contemplados en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega la falta de la debida motivación de la resolución impugnada, dado que la misma no aporta argumentación alguna, más allá de la mera aseveración de que la cuestión planteada no incide claramente en el ámbito de actividades de la Unión Europea, que le permita ahora conocer los motivos y fundamentos que han llevado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a archivar su petición.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/31 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/31

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Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2010 — Brighton Collectibles/OAMI — Felmar (BRIGHTON)

(Asunto T-403/10)

()

2010/C 328/54

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Brighton Collectibles, Inc. (City of Industry, Estados Unidos) (representante: R. Delorey, abogada)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Felmar (París)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión adoptada por la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) el 30 de junio de 2010 en el asunto R 408/2009-4. |
| --- | --- |

—

Que se anule la decisión adoptada por la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) el 30 de junio de 2010 en el asunto R 408/2009-4.

| — | Que se anulen todas las decisiones en materia de costas adoptadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) contra la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anulen todas las decisiones en materia de costas adoptadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) contra la demandante.

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «BRIGHTON», para productos de la clase 25

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

Marca o signo invocados en oposición: Marcas denominativas y figurativas «BRIGHTON» y «Brighton» no registradas y utilizadas en el tráfico económico en el Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia para cinturones; marcas denominativas y figurativas «BRIGHTON» y «Brighton» notoriamente conocidas y utilizadas en el tráfico económico en el Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia para marroquinería, sombreros, joyas y relojes

Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), por cuanto la Sala de Recurso apreció erróneamente que los derechos anteriores en los que se basaba la oposición no habían quedado demostrados; infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, por haber excluido erróneamente la Sala de Recurso la existencia de riesgo de confusión.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/32 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/32

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Recurso interpuesto el 8 de septiembre de 2010 — National Lottery Commission/OAMI — Mediatek Italia y De Gregorio (Representación de una mano)

(Asunto T-404/10)

()

2010/C 328/55

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: National Lottery Commission (Londres) (representante: B. Brandreth, Barrister)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mediatek Italia Srl (Nápoles, Italia), Giuseppe De Gregorio (Nápoles, Italia)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 9 de junio de 2010 en el asunto R 1028/2009-1. |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 9 de junio de 2010 en el asunto R 1028/2009-1.

| — | Que se devuelva el asunto a la División de Anulación. |
| --- | --- |

—

Que se devuelva el asunto a la División de Anulación.

| — | Que se condene en costas a la parte demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: Marca gráfica consistente en la representación de una mano con dos dedos cruzados y una cara sonriente, para productos y servicios de las clases 9, 16, 25, 28 y 41 — Marca comunitaria registrada con el no 4.800.389

Titular de la marca comunitaria: La demandante

Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: Las otras partes del procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca o signo del solicitante de la nulidad: Las partes que solicitan la declaración de nulidad han basado su pretensión en las causas de nulidad establecidas en los artículos 53, apartado 1, letra c), y 53, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo

Resolución de la División de Anulación: Declaración de nulidad de la marca comunitaria

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: La demandante alega que la resolución impugnada infringe el artículo 53, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, ya que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al analizar dicho artículo, así como en su planteamiento sobre la valoración de los hechos, y no ejerció sus facultades de investigación. La demandante considera asimismo que la Sala de Recurso no ejerció en toda su extensión las facultades que ostenta con arreglo al artículo 78 del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/32 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/32

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Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2010 — Yoshida Metal Industry/OAMI — Pi-Design y otros (superficie cubierta con círculos negros)

(Asunto T-416/10)

()

2010/C 328/56

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Japón) (representantes: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Pi-Design AG (Triengen, Suiza), Bodum France SA (Neuilly sur Seine, Francia), Bodum Logistics A/S (Billund, Dinamarca)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 20 de mayo de 2010, en el asunto R 1237/2008-1. |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 20 de mayo de 2010, en el asunto R 1237/2008-1.

| — | Que se confirme la resolución de la División de Anulación de 15 de julio de 2008 relativa a la solicitud de marca comunitaria no 1372580. |
| --- | --- |

—

Que se confirme la resolución de la División de Anulación de 15 de julio de 2008 relativa a la solicitud de marca comunitaria no 1372580.

| — | Que se confirme la validez del registro de marca comunitaria no 1372580. |
| --- | --- |

—

Que se confirme la validez del registro de marca comunitaria no 1372580.

| — | Que se condene en costas a la demandada y a las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada y a las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria registrada, respecto a la que se presentó una solicitud de nulidad: La marca figurativa que representa una superficie cubierta con círculos negros para productos de las clases 8 y 21 — Solicitud de registro de marca comunitaria no 1372580

Titular de la marca comunitaria: La demandante

Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: Las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca o signo del solicitante de la nulidad: Las partes que solicitan la declaración de nulidad basaron su solicitud en los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo

Resolución de la División de Anulación: Desestimación de la solicitud de que se declare la nulidad de la marca comunitaria

Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución impugnada y del registro de la marca comunitaria

Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, al haber incurrido la Sala de Recurso en un error al declarar que las disposiciones de dicho artículo son aplicables a la marca comunitaria controvertida.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/33 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/33

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Recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2010 — Václav Hrbek trading as BODY-HF/OAMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

(Asunto T-434/10)

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2010/C 328/57

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Václav Hrbek trading as BODY-HF (Praga) (representante: C. Jäger, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Reino Unido)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 8 de julio de 2010 en el asunto R 1441/2009-2. |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 8 de julio de 2010 en el asunto R 1441/2009-2.

| — | Que se ordene a la demandada que estime la oposición no B1276692 y que acepte el registro de la solicitud no 5779351 en su totalidad. |
| --- | --- |

—

Que se ordene a la demandada que estime la oposición no B1276692 y que acepte el registro de la solicitud no 5779351 en su totalidad.

| — | Que se condene en costas a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandante.

| — | Que se condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a pagar las costas del procedimiento, incluidas las efectuadas por la demandante en los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso y la División de Oposición, en el caso de que pase a ser parte coadyuvante en este asunto. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a pagar las costas del procedimiento, incluidas las efectuadas por la demandante en los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso y la División de Oposición, en el caso de que pase a ser parte coadyuvante en este asunto.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», para productos de las clases 18, 24, 25 y 28 — Solicitud de marca comunitaria no 5779351

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca o signo invocados en oposición: Registro de marca comunitaria no 2165017 de la marca figurativa «alpine», para productos de las clases 18 y 25

Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: La demandante considera que la resolución impugnada infringe los artículos 65, apartado 2, y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, por cuanto la Sala de Recurso se extralimitó en el ejercicio de sus facultades al adoptar dicha resolución ya que ésta carece de objetividad y de fundamento jurídico, y aplicó erróneamente los criterios para establecer la existencia de riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca impugnada.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/34 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/34

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Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Fulmen/Consejo

(Asunto T-439/10)

()

2010/C 328/58

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Fulmen (Teherán, Irán) (representante: A. Kronshagen, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 11, sección I B, del anexo del Reglamento (UE) no 668/2010 del Consejo, (1) sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, así como la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 en la medida en que afecta a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 11, sección I B, del anexo del Reglamento (UE) no 668/2010 del Consejo, (1) sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, así como la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 en la medida en que afecta a la demandante.

| — | Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

La parte demandante solicita la anulación del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007, así como la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, (2) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán con el fin de evitar la proliferación nuclear, en la medida en que el nombre de la demandante figura en la lista de las personas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición.

En apoyo de su recurso, la parte demandante alega que la Decisión del Consejo impugnada debería ser anulada, ya que ninguna decisión pertinente de una autoridad competente justifica, en el momento de su adopción, la inclusión de la demandante en la lista de organizaciones vinculadas al programa nuclear y balístico de Irán.

Además, la parte demandante alega una violación de las garantías procesales dado que se han vulnerado su derecho de defensa y su derecho a un juicio justo, en la medida en que:

| — | El Consejo no motivó suficientemente su decisión de incluir el nombre de la parte demandante en la lista controvertida. |
| --- | --- |

—

El Consejo no motivó suficientemente su decisión de incluir el nombre de la parte demandante en la lista controvertida.

| — | La decisión del Consejo no vino precedida de una comunicación de los cargos que se imputan a la parte demandante. |
| --- | --- |

—

La decisión del Consejo no vino precedida de una comunicación de los cargos que se imputan a la parte demandante.

| — | La parte demandante no pudo alegar efectivamente su puesto de vista en relación con tales cargos. |
| --- | --- |

—

La parte demandante no pudo alegar efectivamente su puesto de vista en relación con tales cargos.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(2)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/34 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/34

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Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Mahmoudian/Consejo

(Asunto T-440/10)

()

2010/C 328/59

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Fereydoun Mahmoudian (Teherán) (representante: A. Kronshagen, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 2, sección I A, del anexo del Reglamento (UE) no 668/2010 del Consejo, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, así como la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 en la medida en que afecta al demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 2, sección I A, del anexo del Reglamento (UE) no 668/2010 del Consejo, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán, así como la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 en la medida en que afecta al demandante.

| — | Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

La parte demandante solicita la anulación del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007, (1) así como la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, (2) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán con el fin de evitar la proliferación nuclear, en la medida en que el nombre del demandante figura en la lista de las personas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición.

Los motivos y principales alegaciones invocados por el demandante son idénticos a los invocados en el marco del asunto T-439/10, Fulmen/Consejo, que se refieren a la sociedad de la que el demandante es director general.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(2)  Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/35 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/35

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Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Christian Kurrer contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-139/06, Kurrer/Comisión

(Asunto T-441/10 P)

()

2010/C 328/60

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Bélgica) (representante: M. Velardo, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule la sentencia dictada en el asunto F-139/06, Kurrer/Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se anule la sentencia dictada en el asunto F-139/06, Kurrer/Comisión.

| — | Que se anule la Decisión de 27 de marzo de 2006 en la parte que clasifica al recurrente como funcionario en prácticas en el grado A*6, escalón 2. |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de 27 de marzo de 2006 en la parte que clasifica al recurrente como funcionario en prácticas en el grado A*6, escalón 2.

| — | Con carácter alternativo, que se devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública para su resolución. |
| --- | --- |

—

Con carácter alternativo, que se devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública para su resolución.

| — | Que se condene en costas a la parte recurrida en casación, incluidas las causadas en el procedimiento en primera instancia. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la parte recurrida en casación, incluidas las causadas en el procedimiento en primera instancia.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso de casación, el recurrente solicita que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública (TFP) de 8 de julio de 2010, dictada en el asunto F-139/06, Kurrer/Comisión, que desestimó el recurso por el que el recurrente, antiguo agente temporal clasificado en el grado A*8, había solicitado la anulación de la decisión de la Comisión mediante la que ésta: i) nombraba al recurrente administrador en prácticas a raíz de una oposición general publicada antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en la medida en que tal decisión le clasificaba en el grado A*6, escalón 2, con arreglo a las normas del nuevo Estatuto, y ii) no mantenía sus puntos de promoción.

Para fundamentar su recurso, el recurrente alega que el artículo 5, apartado 4, del anexo XIII del Estatuto de los Funcionarios debe interpretarse en el sentido de que todos los agentes temporales que hayan superado un concurso interno o una oposición general deben mantener su grado al ser clasificados como funcionarios conforme al Estatuto, mientras que el TFP consideró en cambio que este beneficio corresponde únicamente a los agentes temporales que ascienden a una categoría superior en el momento de su titularización.

En este contexto, el recurrente invoca cuatro motivos de casación:

| — | La falta de motivación y un error de Derecho, al haberse pronunciado el TFP sin mayor detenimiento respecto de la discriminación entre agentes temporales contratados por la Comisión Europea y agentes temporales contratados por el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, pues estos últimos, al ser clasificados, mantuvieron su grado y antigüedad, con independencia de la clasificación prevista en la convocatoria de la oposición que habían aprobado. |
| --- | --- |

—

La falta de motivación y un error de Derecho, al haberse pronunciado el TFP sin mayor detenimiento respecto de la discriminación entre agentes temporales contratados por la Comisión Europea y agentes temporales contratados por el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, pues estos últimos, al ser clasificados, mantuvieron su grado y antigüedad, con independencia de la clasificación prevista en la convocatoria de la oposición que habían aprobado.

| — | La violación de las reglas en materia de interpretación del Derecho comunitario, en la medida en que la interpretación del TFP no se basa, en su opinión, ni en el tenor literal ni en la lógica del artículo 5, apartado 4, del anexo XIII del Estatuto de los Funcionarios. |
| --- | --- |

—

La violación de las reglas en materia de interpretación del Derecho comunitario, en la medida en que la interpretación del TFP no se basa, en su opinión, ni en el tenor literal ni en la lógica del artículo 5, apartado 4, del anexo XIII del Estatuto de los Funcionarios.

| — | La violación del principio de igualdad de trato y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como un error de Derecho, ya que la interpretación del TFP conculca el principio según el cual dos situaciones que no son sustancialmente diferentes no pueden ser tratadas de manera diferente, por cuanto no existe, a su juicio, una diferencia sustancial entre agentes temporales titularizados al ascender de categoría y agentes temporales nombrados funcionarios a raíz de una oposición general; además, afirma que algunos agentes temporales que se convirtieron en funcionarios a raíz de una oposición general mantuvieron sus puntos de promoción, a diferencia de lo que sucede con el recurrente. |
| --- | --- |

—

La violación del principio de igualdad de trato y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como un error de Derecho, ya que la interpretación del TFP conculca el principio según el cual dos situaciones que no son sustancialmente diferentes no pueden ser tratadas de manera diferente, por cuanto no existe, a su juicio, una diferencia sustancial entre agentes temporales titularizados al ascender de categoría y agentes temporales nombrados funcionarios a raíz de una oposición general; además, afirma que algunos agentes temporales que se convirtieron en funcionarios a raíz de una oposición general mantuvieron sus puntos de promoción, a diferencia de lo que sucede con el recurrente.

| — | La violación del Derecho comunitario y, en particular, del principio de carrera y de las expectativas de los agentes temporales de convertirse en funcionarios. |
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—

La violación del Derecho comunitario y, en particular, del principio de carrera y de las expectativas de los agentes temporales de convertirse en funcionarios.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/36 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/36

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Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Salvatore Magazzu contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-126/06, Magazzu/Comisión

(Asunto T-442/10 P)

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2010/C 328/61

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Salvatore Magazzu (Bruselas) (representante: M. Velardo, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule la sentencia dictada en el asunto F-126/06, Salvatore Magazzu contra Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se anule la sentencia dictada en el asunto F-126/06, Salvatore Magazzu contra Comisión.

| — | Que se anule la Decisión de 13 de diciembre de 2005, en la parte en que se clasifica al recurrente como funcionario en prácticas de grado A*6, escalón 2, a partir del 1 de enero de 2006. |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de 13 de diciembre de 2005, en la parte en que se clasifica al recurrente como funcionario en prácticas de grado A*6, escalón 2, a partir del 1 de enero de 2006.

| — | Que se devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública para que este último resuelva. |
| --- | --- |

—

Que se devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública para que este último resuelva.

| — | Que se condene en costas a la parte recurrida en casación, incluidas las causadas en primera instancia. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la parte recurrida en casación, incluidas las causadas en primera instancia.

Motivos y principales alegaciones

Los motivos y principales alegaciones invocados por el recurrente son sustancialmente idénticos o similares a los formulados en el asunto T-441/10 P, Kurrer/Comisión.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/36 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/36

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Recurso de casación interpuesto el 20 de septiembre de 2010 por Stefano Sotgia contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 8 de julio de 2010 en el asunto F-130/06, Sotgia/Comisión

(Asunto T-443/10 P)

()

2010/C 328/62

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Stefano Sotgia (Dublín) (representante: M. Velardo, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule la sentencia dictada en el asunto F-130/06, Sotgia/Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se anule la sentencia dictada en el asunto F-130/06, Sotgia/Comisión.

| — | Que se anule la decisión de 11 de abril de 2006, en la medida en que clasifica al recurrente en casación como funcionario en prácticas de grado A*6, escalón 2, desde el 16 de abril de 2006. |
| --- | --- |

—

Que se anule la decisión de 11 de abril de 2006, en la medida en que clasifica al recurrente en casación como funcionario en prácticas de grado A*6, escalón 2, desde el 16 de abril de 2006.

| — | Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública para que dicte sentencia. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública para que dicte sentencia.

| — | Que se condene a la parte recurrida en el procedimiento de casación al pago de las costas, incluidas las del procedimiento en primera instancia. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la parte recurrida en el procedimiento de casación al pago de las costas, incluidas las del procedimiento en primera instancia.

Motivos y principales alegaciones

Los motivos y principales alegaciones invocados por el recurrente en casación son esencialmente idénticos o similares a los invocados en el asunto T-441/10 P, Kurrer/Comisión.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/36 |
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4.12.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/36

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Recurso interpuesto el 23 de septiembre de 2010 — Apple/OAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)

(Asunto T-448/10)

()

2010/C 328/63

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Apple, Inc. (Cupertino, Estados Unidos) (representantes: M. Engelman, Barrister y J. Olsen, Solicitor)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Iphone Media, S.A. (Sevilla)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 21 de julio de 2010, en el asunto R 1084/2009-4). |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 21 de julio de 2010, en el asunto R 1084/2009-4).

| — | Que se estime la oposición de la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se estime la oposición de la demandante.

| — | Con carácter subsidiario, que se estime la solicitud de la demandante en relación con los productos y servicios para los que se considere que existe posibilidad de confusión y/o para los productos y servicios para los que se determine que se corre el riesgo de que la solicitud de marca se aproveche injustamente de, o sea perjudicial para, el carácter distintivo o el renombre de la marca de la demandante. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, que se estime la solicitud de la demandante en relación con los productos y servicios para los que se considere que existe posibilidad de confusión y/o para los productos y servicios para los que se determine que se corre el riesgo de que la solicitud de marca se aproveche injustamente de, o sea perjudicial para, el carácter distintivo o el renombre de la marca de la demandante.

| — | Que se condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al pago de las costas del procedimiento. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al pago de las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa «IPH IPHONE», para productos y servicios de las clases 16, 35, 38, 41 y 42 — Solicitud de marca comunitaria no 5.562.822

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

Marca o signo invocados en oposición: La marca comunitaria registrada no 2901007 de la marca denominativa «IPHONE», para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42

Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: La demandante considera que la resolución impugnada infringe el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, dado que la Sala de Recurso aplicó erróneamente lo dispuesto en dichos artículos a la marca impugnada.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/37 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/37

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Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — ClientEarth/Consejo

(Asunto T-452/10)

()

2010/C 328/64

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: ClientEarth (Londres) (representantes: S. Hockman, QC, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la demandada incumplió el Reglamento (CE) no 1049/2001. (1) |
| --- | --- |

—

Que se declare que la demandada incumplió el Reglamento (CE) no 1049/2001. (1)

| — | Que se declare que el Consejo incumplió el artículo 294 TFUE, apartado 6, al no haber informado al Parlamento Europeo cumplidamente de las razones que le llevaron a adoptar su posición en primera lectura. |
| --- | --- |

—

Que se declare que el Consejo incumplió el artículo 294 TFUE, apartado 6, al no haber informado al Parlamento Europeo cumplidamente de las razones que le llevaron a adoptar su posición en primera lectura.

| — | Que se anule la Decisión impugnada de 26 de julio de 2010 (ref. 15/c/01/10), en virtud de la cual el Consejo dio una respuesta negativa amparándose en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, reteniendo de ese modo el documento no 6865/09. |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión impugnada de 26 de julio de 2010 (ref. 15/c/01/10), en virtud de la cual el Consejo dio una respuesta negativa amparándose en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, reteniendo de ese modo el documento no 6865/09.

| — | Que se ordene a la demandada que facilite el acceso al documento solicitado. |
| --- | --- |

—

Que se ordene a la demandada que facilite el acceso al documento solicitado.

| — | Que se condene a la demandada a pagar las costas en que incurrió la demandante con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluidas las costas de cualquier parte coadyuvante. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la demandada a pagar las costas en que incurrió la demandante con arreglo al artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluidas las costas de cualquier parte coadyuvante.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la demandante solicita, de conformidad con el artículo 263 TFUE, la anulación de la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010, en virtud de la cual la demandada denegó a la demandante el acceso al documento no 6865/09, que contiene un dictamen del Servicio Jurídico de la demandada relativo a la propuesta de la Comisión de modificar la redacción del Reglamento (CE) no 1049/2001 y, en particular, las enmiendas recomendadas por el Parlamento Europeo que figuran en el informe Cashman.

En apoyo de su recurso, la demandante invoca los siguientes motivos:

| | En primer lugar, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 y el artículo 294 TFUE, apartado 6. La revelación de ese dictamen jurídico no menoscabaría la protección del asesoramiento jurídico del mismo modo que no menoscabaría el interés del Consejo en solicitar y recibir un asesoramiento jurídico sincero, objetivo y exhaustivo. La fase de la primera lectura del procedimiento legislativo debe suponer que se revelen los dictámenes jurídicos que se refieren a la admisibilidad de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. |
| --- | --- |

En primer lugar, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001 y el artículo 294 TFUE, apartado 6. La revelación de ese dictamen jurídico no menoscabaría la protección del asesoramiento jurídico del mismo modo que no menoscabaría el interés del Consejo en solicitar y recibir un asesoramiento jurídico sincero, objetivo y exhaustivo. La fase de la primera lectura del procedimiento legislativo debe suponer que se revelen los dictámenes jurídicos que se refieren a la admisibilidad de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.

| | En segundo lugar, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1049/2001. El artículo 4, apartado 3, no es aplicable a la protección del asesoramiento jurídico. Aunque ello fuera así, la revelación del dictamen solicitado no comprometería seriamente el proceso decisorio del Consejo. La revelación no menoscabaría la capacidad del Servicio Jurídico para representar la posición del Consejo en juicio al margen de cualquier influencia externa así como la independencia del Servicio Jurídico del Consejo, ni tampoco impediría la discusión interna en el seno del Consejo acerca de las enmiendas del Parlamento. |
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En segundo lugar, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1049/2001. El artículo 4, apartado 3, no es aplicable a la protección del asesoramiento jurídico. Aunque ello fuera así, la revelación del dictamen solicitado no comprometería seriamente el proceso decisorio del Consejo. La revelación no menoscabaría la capacidad del Servicio Jurídico para representar la posición del Consejo en juicio al margen de cualquier influencia externa así como la independencia del Servicio Jurídico del Consejo, ni tampoco impediría la discusión interna en el seno del Consejo acerca de las enmiendas del Parlamento.

| | Además, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, último guión, y el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al no haber apreciado si existe un interés público predominante en que se produzca la revelación y en que se facilite una declaración pormenorizada sobre las razones de dicha negativa. El Consejo no sopesa la protección del asesoramiento jurídico frente al interés público en que se permita el acceso a dicho documento teniendo en cuenta las ventajas que resultan de una menor opacidad y del hecho de que el acceso al asesoramiento solicitado permitiría una participación más próxima de los ciudadanos en el proceso de modificación del Reglamento (CE) no 1049/2001, el cual afecta al público en general puesto que confiere a éste la base que le permite ejercer su derecho a acceder a los documentos que obren en poder de las instituciones de la UE. |
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Además, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, último guión, y el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al no haber apreciado si existe un interés público predominante en que se produzca la revelación y en que se facilite una declaración pormenorizada sobre las razones de dicha negativa. El Consejo no sopesa la protección del asesoramiento jurídico frente al interés público en que se permita el acceso a dicho documento teniendo en cuenta las ventajas que resultan de una menor opacidad y del hecho de que el acceso al asesoramiento solicitado permitiría una participación más próxima de los ciudadanos en el proceso de modificación del Reglamento (CE) no 1049/2001, el cual afecta al público en general puesto que confiere a éste la base que le permite ejercer su derecho a acceder a los documentos que obren en poder de las instituciones de la UE.

| | Por último, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al no haber permitido un acceso parcial al documento solicitado. |
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Por último, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al no haber permitido un acceso parcial al documento solicitado.

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(1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/38 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/38

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Recurso interpuesto el 24 de septiembre de 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Comisión

(Asunto T-453/10)

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2010/C 328/65

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast, Reino Unido) (representantes: K. Brown, Solicitor, y D. Wyatt QC, Barrister)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión 2010/399/UE (1) de la Comisión, de 15 de julio de 2010 [notificada con el número C(2010) 4894], en la medida en que establece una corrección a tanto alzado, correspondiente a una cantidad de 18 600 258,71 euros, del 5 % del gasto efectuado en Irlanda del Norte durante el ejercicio 2007. |
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—

Que se anule la Decisión 2010/399/UE (1) de la Comisión, de 15 de julio de 2010 [notificada con el número C(2010) 4894], en la medida en que establece una corrección a tanto alzado, correspondiente a una cantidad de 18 600 258,71 euros, del 5 % del gasto efectuado en Irlanda del Norte durante el ejercicio 2007.

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
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—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la parte demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, la anulación parcial de la Decisión 2010/399/UE de la Comisión, de 15 de julio de 2010 [notificada con el número C(2010) 4849], en la medida en que excluyó de la financiación de la Unión Europea una cantidad de 18 600 258,71 euros, correspondiente a una corrección a tanto alzado del 5 % del gasto efectuado en Irlanda del Norte durante el ejercicio 2007.

La demandante invoca los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, la Comisión incurrió en errores de hecho y de Derecho al adoptar su decisión respecto a la entrada controvertida, toda vez que las deficiencias por ella detectadas, que afectaban a los controles clave, y las posibles consecuencias sobre la declaración de hectáreas subvencionables de la campaña de solicitudes de 2006 no han podido suponer un riesgo del 5 % de la totalidad del gasto efectuado en Irlanda del Norte a lo largo de ese ejercicio. Las declaraciones excesivas de superficies no pueden haber incrementado los importes de referencia derivados de los pagos a agricultores durante los años 2000-2002, y, por consiguiente, solo pueden haber incrementado el número, y no el valor, de los derechos de ayuda establecidos en 2005. Aproximadamente el 78 % del importe de los derechos de ayuda que deben ser atribuidos y divididos entre las hectáreas subvencionables declaradas por los agricultores en 2005 se determinó en función de los pagos realizados a los agricultores afectados en los años 2000-2002; esa cantidad no se ve alterada por los errores cometidos al determinar en 2005 el número de hectáreas subvencionables que se hayan repetido en 2006. Además, las disposiciones relativas a las reducciones y exclusiones, o sanciones, se aplican con sujeción al principio del ajuste retroactivo de los derechos de ayuda y al principio de que si un agricultor realiza una declaración excesiva de hectáreas subvencionables y derechos de ayuda, pero la superficie considerada subvencionable es suficiente para activar todos los derechos de ayuda que de hecho le corresponden, no se impone ninguna sanción. La Comisión ha interpretado erróneamente las disposiciones en las que se basan estos principios y, en consecuencia, ha sobrestimado de forma considerable los importes que deben devolver los agricultores de Irlanda del Norte en relación con la declaración excesiva de la campaña de solicitudes de 2006. |
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En primer lugar, la Comisión incurrió en errores de hecho y de Derecho al adoptar su decisión respecto a la entrada controvertida, toda vez que las deficiencias por ella detectadas, que afectaban a los controles clave, y las posibles consecuencias sobre la declaración de hectáreas subvencionables de la campaña de solicitudes de 2006 no han podido suponer un riesgo del 5 % de la totalidad del gasto efectuado en Irlanda del Norte a lo largo de ese ejercicio. Las declaraciones excesivas de superficies no pueden haber incrementado los importes de referencia derivados de los pagos a agricultores durante los años 2000-2002, y, por consiguiente, solo pueden haber incrementado el número, y no el valor, de los derechos de ayuda establecidos en 2005. Aproximadamente el 78 % del importe de los derechos de ayuda que deben ser atribuidos y divididos entre las hectáreas subvencionables declaradas por los agricultores en 2005 se determinó en función de los pagos realizados a los agricultores afectados en los años 2000-2002; esa cantidad no se ve alterada por los errores cometidos al determinar en 2005 el número de hectáreas subvencionables que se hayan repetido en 2006. Además, las disposiciones relativas a las reducciones y exclusiones, o sanciones, se aplican con sujeción al principio del ajuste retroactivo de los derechos de ayuda y al principio de que si un agricultor realiza una declaración excesiva de hectáreas subvencionables y derechos de ayuda, pero la superficie considerada subvencionable es suficiente para activar todos los derechos de ayuda que de hecho le corresponden, no se impone ninguna sanción. La Comisión ha interpretado erróneamente las disposiciones en las que se basan estos principios y, en consecuencia, ha sobrestimado de forma considerable los importes que deben devolver los agricultores de Irlanda del Norte en relación con la declaración excesiva de la campaña de solicitudes de 2006.

| | Además, la Comisión ha vulnerado el principio de proporcionalidad al haber estimado que la pérdida probable asciende al 5 % del total de los gastos efectuados, aunque el principio que ha de aplicarse en los supuestos en que no es posible realizar una estimación precisa de las pérdidas para los fondos de financiación pertinentes de la Unión Europea es que el porcentaje de corrección tiene que estar claramente en relación con las pérdidas probables. La estimación realizada por la Comisión se ha basado en dos premisas erróneas. La primera es que, según la Comisión, es irrelevante que los errores en la sobrestimación de la superficie subvencionable en 2005 y 2006 no puedan haber tenido ningún efecto adverso sobre aproximadamente el 78 % del total de los derechos de ayuda que han de atribuirse a los agricultores y que, por lo tanto, no puedan haber supuesto, en esa medida, un riesgo para la financiación. La segunda premisa errónea es que la Comisión sobrestimó de manera notable los importes que deban devolver los agricultores de Irlanda del Norte en caso de declaraciones excesivas en 2006. Por último, dado que la aplicación por parte de la Comisión de una reducción a tanto alzado del 5 % se basa en una sobreestimación considerable de las probables pérdidas efectivas para los fondos de financiación de la Unión Europea, la conclusión a que se llega es que, en las circunstancias del presente asunto, una reducción a tanto alzado del 5 % era excesiva y, por tanto, desproporcionada. |
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Además, la Comisión ha vulnerado el principio de proporcionalidad al haber estimado que la pérdida probable asciende al 5 % del total de los gastos efectuados, aunque el principio que ha de aplicarse en los supuestos en que no es posible realizar una estimación precisa de las pérdidas para los fondos de financiación pertinentes de la Unión Europea es que el porcentaje de corrección tiene que estar claramente en relación con las pérdidas probables. La estimación realizada por la Comisión se ha basado en dos premisas erróneas. La primera es que, según la Comisión, es irrelevante que los errores en la sobrestimación de la superficie subvencionable en 2005 y 2006 no puedan haber tenido ningún efecto adverso sobre aproximadamente el 78 % del total de los derechos de ayuda que han de atribuirse a los agricultores y que, por lo tanto, no puedan haber supuesto, en esa medida, un riesgo para la financiación. La segunda premisa errónea es que la Comisión sobrestimó de manera notable los importes que deban devolver los agricultores de Irlanda del Norte en caso de declaraciones excesivas en 2006. Por último, dado que la aplicación por parte de la Comisión de una reducción a tanto alzado del 5 % se basa en una sobreestimación considerable de las probables pérdidas efectivas para los fondos de financiación de la Unión Europea, la conclusión a que se llega es que, en las circunstancias del presente asunto, una reducción a tanto alzado del 5 % era excesiva y, por tanto, desproporcionada.

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(1)  Decisión de la Comisión de 15 de julio de 2010 por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2010) 4894] (DO L 184, p. 6).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/39 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/39

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Recurso interpuesto el 30 de septiembre de 2010 — Anicav/Comisión

(Asunto T-454/10)

()

2010/C 328/66

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) (Nápoles, Italia) (representantes: J. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins y S. Carvalho de Sousa, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anulen las disposiciones del artículo 52 y del anexo VIII del Reglamento no 1580/2007 (1) de la Comisión, en la versión modificada por el Reglamento no 687/2010 (2) de la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se anulen las disposiciones del artículo 52 y del anexo VIII del Reglamento no 1580/2007 (1) de la Comisión, en la versión modificada por el Reglamento no 687/2010 (2) de la Comisión.

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante la presente demanda, el demandante pretende, con arreglo al artículo 263 TFUE, la anulación parcial Reglamento no 1580/2007 de la Comisión, en la versión modificada por el Reglamento no 687/2010 de la Comisión.

En apoyo de su recurso, la demandante invoca los siguientes motivos:

| | En primer lugar, la demandante alega que la medida impugnada vulnera el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (en lo sucesivo, «Reglamento único para las OCM») (DO L 299, p. 1). |
| --- | --- |

En primer lugar, la demandante alega que la medida impugnada vulnera el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (en lo sucesivo, «Reglamento único para las OCM») (DO L 299, p. 1).

| | i) Al no incluir las actividades de transformación en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión e ii) al excluir las actividades de preparación, envasado y tratamiento posterior del valor de la producción comercializada de los productos destinados a ser transformados, la medida impugnada vulnera el Reglamento único para las OCM, por cuanto éste establece que las disposiciones relativas a organizaciones de productores, en particular, la concesión de ayudas, serán aplicables únicamente a productos incluidos en la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. |
| --- | --- |

i) Al no incluir las actividades de transformación en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión e ii) al excluir las actividades de preparación, envasado y tratamiento posterior del valor de la producción comercializada de los productos destinados a ser transformados, la medida impugnada vulnera el Reglamento único para las OCM, por cuanto éste establece que las disposiciones relativas a organizaciones de productores, en particular, la concesión de ayudas, serán aplicables únicamente a productos incluidos en la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas.

| | En segundo lugar, la demandante alega que la medida impugnada vulnera el principio de no discriminación; al conceder a las organizaciones de productores ayudas que incluyen actividades industriales llevadas también a cabo por industrias privadas, la medida impugnada vulnera el principio de no discriminación que prohíbe tratar de modo diferente situaciones comparables, a menos que dicho trato esté objetivamente justificado. |
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En segundo lugar, la demandante alega que la medida impugnada vulnera el principio de no discriminación; al conceder a las organizaciones de productores ayudas que incluyen actividades industriales llevadas también a cabo por industrias privadas, la medida impugnada vulnera el principio de no discriminación que prohíbe tratar de modo diferente situaciones comparables, a menos que dicho trato esté objetivamente justificado.

| | Por último, la demandante alega que la medida impugnada vulnera el principio de proporcionalidad; al conceder a las organizaciones de productores ayudas que incluyen actividades industriales llevadas también a cabo por industrias privadas, la medida impugnada vulnera el principio de proporcionalidad por cuanto excede de lo que sería necesario para alcanzar el objetivo hipotético de la Política Agrícola Común relativo a la integración vertical de organizaciones de productores. |
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Por último, la demandante alega que la medida impugnada vulnera el principio de proporcionalidad; al conceder a las organizaciones de productores ayudas que incluyen actividades industriales llevadas también a cabo por industrias privadas, la medida impugnada vulnera el principio de proporcionalidad por cuanto excede de lo que sería necesario para alcanzar el objetivo hipotético de la Política Agrícola Común relativo a la integración vertical de organizaciones de productores.

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(1)  Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 350, p. 1).

(2)  Reglamento (UE) no 687/2010 de la Comisión, de 30 de julio de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 1580/2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 199, p. 12).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/39 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/39

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — McBride/Comisión

(Asunto T-458/10)

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2010/C 328/67

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Peter McBride (Downings, Irlanda) (representantes: A. Collins SC, N. Travers, Barrister, y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4758 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Peadar Elaine II– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699). |
| --- | --- |

—

Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4758 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Peadar Elaine II– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

| — | Que se condene en costas a la parte demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4758 como un escrito a Irlanda, de rechazar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Peadar Elaine II– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

El demandante alega los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc. |
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En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. |
| --- | --- |

En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

| | En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001. |
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En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001.

| | Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que es infundada la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante basándose en que, al haber usado el Peadar Elaine II la capacidad de sustitución de varios buques más pequeños, no se incrementó la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se registró dicho buque. |
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Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que es infundada la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante basándose en que, al haber usado el Peadar Elaine II la capacidad de sustitución de varios buques más pequeños, no se incrementó la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se registró dicho buque.

| | Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de buena administración. Aduce que la negativa de la Comisión a apreciar los méritos de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto, del derecho a que su solicitud fuera examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable», con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/EC, del Consejo. |
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Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de buena administración. Aduce que la negativa de la Comisión a apreciar los méritos de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto, del derecho a que su solicitud fuera examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable», con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/EC, del Consejo.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/40 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/40

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Hugh McBride/Comisión

(Asunto T-459/10)

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2010/C 328/68

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Hugh McBride (Downings, Irlanda) (representantes: A. Collins, SC, N. Travers, Barrister, y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4748 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Heather Jane II– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699). |
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Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4748 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Heather Jane II– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

| — | Que se condene en costas a la parte demandada. |
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Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4748 como un escrito a Irlanda, de rechazar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Heather Jane II– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

El demandante alega los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc. |
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En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. |
| --- | --- |

En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

| | En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001. |
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En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001.

| | Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que es infundada la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante basándose en que, al haber usado el Heather Jane II la capacidad de sustitución de varios buques más pequeños, no se incrementó la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se registró dicho buque. |
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Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que es infundada la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante basándose en que, al haber usado el Heather Jane II la capacidad de sustitución de varios buques más pequeños, no se incrementó la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se registró dicho buque.

| | Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de buena administración. Aduce que la negativa de la Comisión a apreciar los méritos de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto, del derecho a que su solicitud fuera examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable», con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413, del Consejo. |
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Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de buena administración. Aduce que la negativa de la Comisión a apreciar los méritos de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto, del derecho a que su solicitud fuera examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable», con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413, del Consejo.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/41 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/41

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Mullglen/Comisión

(Asunto T-460/10)

()

2010/C 328/69

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Mullglen Ltd (Killybegs, Irlanda) (representantes: A. Collins, SC, N. Travers, Barrister y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión notificada a Irlanda por correo con el número C(2010) 4757, de 13 de julio de 2010, notificada a la demandante el 16 de julio de 2010, por la que se deniega la solicitud de capacidad por motivos de seguridad para un nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Pacelli, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión, Rec. p. II-1699. |
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—

Que se anule la Decisión de la Comisión notificada a Irlanda por correo con el número C(2010) 4757, de 13 de julio de 2010, notificada a la demandante el 16 de julio de 2010, por la que se deniega la solicitud de capacidad por motivos de seguridad para un nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Pacelli, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión, Rec. p. II-1699.

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, interpuesto conforme al artículo 263 TFUE, la demandante pretende la anulación de la Decisión de la Comisión notificada por correo a Irlanda con el número C(2010) 4757, de 13 de julio de 2010, notificada a la demandante el 16 de julio de 2010, por la que se denegó una solicitud de capacidad por motivos de seguridad para el nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Pacelli, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total, que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión, Rec. p. II-1699.

La demandante invoca los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, la demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE de la Comisión, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por ello, la Comisión supuestamente carecía de base legal para adoptar la Decisión como decisión ad hoc. |
| --- | --- |

En primer lugar, la demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE de la Comisión, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por ello, la Comisión supuestamente carecía de base legal para adoptar la Decisión como decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró un requisito procesal esencial. La demandante sostiene que, según la Decisión no 97/413/CE del Consejo, la Decisión impugnada debería haberse adoptado siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al adoptar una decisión ad hoc, la Comisión incumplió los requisitos esenciales del procedimiento. |
| --- | --- |

En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró un requisito procesal esencial. La demandante sostiene que, según la Decisión no 97/413/CE del Consejo, la Decisión impugnada debería haberse adoptado siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al adoptar una decisión ad hoc, la Comisión incumplió los requisitos esenciales del procedimiento.

| | En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión se extralimitó en sus facultades al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE del Consejo, en particular apoyándose en criterios irrelevantes e ignorando la definición de «esfuerzo pesquero» contenida en la Decisión no 97/413/CE del Consejo y en la normativa sobre el sector pesquero comunitario aplicable cuando presentó la solicitud individual de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, en diciembre de 2001. |
| --- | --- |

En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión se extralimitó en sus facultades al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE del Consejo, en particular apoyándose en criterios irrelevantes e ignorando la definición de «esfuerzo pesquero» contenida en la Decisión no 97/413/CE del Consejo y en la normativa sobre el sector pesquero comunitario aplicable cuando presentó la solicitud individual de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, en diciembre de 2001.

| | Se añade que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de la demandante de aumento de tonelaje por motivos de seguridad. En particular, la demandante sostiene que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud por razón del mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en comparación con el Pacelli está manifiestamente viciada, al igual que su suposición de que el nuevo buque propuesto tendrá un mayor «esfuerzo pesquero» que el Pacelli. |
| --- | --- |

Se añade que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de la demandante de aumento de tonelaje por motivos de seguridad. En particular, la demandante sostiene que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud por razón del mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en comparación con el Pacelli está manifiestamente viciada, al igual que su suposición de que el nuevo buque propuesto tendrá un mayor «esfuerzo pesquero» que el Pacelli.

| | Finalmente, la demandante alega que la Comisión violó el derecho a la igualdad de trato. Se sostiene que la negativa de la Comisión por el mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto da lugar a una gran diferencia de trato que supone una discriminación inadmisible contra ella, si se compara con el enfoque totalmente distinto con que fueron tratadas algunas de las solicitudes de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, aprobadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como una de las solicitudes inicialmente denegada en tal Decisión y posteriormente aprobada en la Decisión de la Comisión notificada con el número C(2010) 4765, de 13 de julio de 2010. |
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Finalmente, la demandante alega que la Comisión violó el derecho a la igualdad de trato. Se sostiene que la negativa de la Comisión por el mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto da lugar a una gran diferencia de trato que supone una discriminación inadmisible contra ella, si se compara con el enfoque totalmente distinto con que fueron tratadas algunas de las solicitudes de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, aprobadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como una de las solicitudes inicialmente denegada en tal Decisión y posteriormente aprobada en la Decisión de la Comisión notificada con el número C(2010) 4765, de 13 de julio de 2010.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/42 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/42

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Boyle/Comisión

(Asunto T-461/10)

()

2010/C 328/70

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Cathal Boyle (Killybegs, Irlanda) (representantes: A. Collins, SC, N. Travers, Barrister y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión notificada a Irlanda por correo con el número C(2010) 4751, de 13 de julio de 2010, notificada a la demandante el 16 de julio de 2010, por la que se deniega la solicitud de capacidad por motivos de seguridad para un nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Marie Dawn, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión, Rec. p. II-1699. |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de la Comisión notificada a Irlanda por correo con el número C(2010) 4751, de 13 de julio de 2010, notificada a la demandante el 16 de julio de 2010, por la que se deniega la solicitud de capacidad por motivos de seguridad para un nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Marie Dawn, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión, Rec. p. II-1699.

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, interpuesto conforme al artículo 263 TFUE, la demandante pretende la anulación de la Decisión de la Comisión notificada por correo a Irlanda con el número C(2010) 4751, de 13 de julio de 2010, notificada a la demandante el 16 de julio de 2010, por la que se denegó una solicitud de capacidad por motivos de seguridad para el nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Marie Dawn, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total, que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal General de 13 de junio de 2006, T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión, Rec. p. II-1699.

La demandante invoca los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, la demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE de la Comisión, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue proporcionando base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por ello, la Comisión supuestamente carecía de base legal para adoptar la Decisión como decisión ad hoc. |
| --- | --- |

En primer lugar, la demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE de la Comisión, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue proporcionando base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por ello, la Comisión supuestamente carecía de base legal para adoptar la Decisión como decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró un requisito procesal esencial. La demandante sostiene que, según la Decisión no 97/413/CE del Consejo, la Decisión impugnada debería haberse adoptado siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al adoptar una decisión ad hoc, la Comisión incumplió los requisitos esenciales del procedimiento. |
| --- | --- |

En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró un requisito procesal esencial. La demandante sostiene que, según la Decisión no 97/413/CE del Consejo, la Decisión impugnada debería haberse adoptado siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al adoptar una decisión ad hoc, la Comisión incumplió los requisitos esenciales del procedimiento.

| | En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión se extralimitó en sus facultades al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE del Consejo, en particular apoyándose en criterios irrelevantes e ignorando la definición de «esfuerzo pesquero» contenida en la Decisión no 97/413/CE del Consejo y en la normativa sobre el sector pesquero comunitario aplicable cuando presentó la solicitud individual de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, en diciembre de 2001. |
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En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión se extralimitó en sus facultades al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE del Consejo, en particular apoyándose en criterios irrelevantes e ignorando la definición de «esfuerzo pesquero» contenida en la Decisión no 97/413/CE del Consejo y en la normativa sobre el sector pesquero comunitario aplicable cuando presentó la solicitud individual de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, en diciembre de 2001.

| | Se añade que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de la demandante de aumento de tonelaje por motivos de seguridad. En particular, la demandante sostiene que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud por razón del mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en comparación con el Marie Dawn está manifiestamente viciada, al igual que su suposición de que el nuevo buque propuesto tendrá un mayor «esfuerzo pesquero» que el Marie Dawn. |
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Se añade que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de la demandante de aumento de tonelaje por motivos de seguridad. En particular, la demandante sostiene que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud por razón del mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en comparación con el Marie Dawn está manifiestamente viciada, al igual que su suposición de que el nuevo buque propuesto tendrá un mayor «esfuerzo pesquero» que el Marie Dawn.

| | Finalmente, la demandante alega que la Comisión violó el derecho a la igualdad de trato. Se sostiene que la negativa de la Comisión por el mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto da lugar a una gran diferencia de trato que supone una discriminación inadmisible contra ella, si se compara con el enfoque totalmente distinto con que fueron tratadas algunas de las solicitudes de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, aprobadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como una de las solicitudes inicialmente denegada en tal Decisión y posteriormente aprobada en la Decisión de la Comisión notificada con el número C(2010) 4765, de 13 de julio de 2010. |
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Finalmente, la demandante alega que la Comisión violó el derecho a la igualdad de trato. Se sostiene que la negativa de la Comisión por el mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto da lugar a una gran diferencia de trato que supone una discriminación inadmisible contra ella, si se compara con el enfoque totalmente distinto con que fueron tratadas algunas de las solicitudes de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, aprobadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como una de las solicitudes inicialmente denegada en tal Decisión y posteriormente aprobada en la Decisión de la Comisión notificada con el número C(2010) 4765, de 13 de julio de 2010.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/43 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/43

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Flaherty/Comisión

(Asunto T-462/10)

()

2010/C 328/71

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Thomas Flaherty (Kilronan, Irlanda) (representantes: A. Collins SC y N. Travers, Barristers, y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada a Irlanda mediante escrito con el número C(2010) 4764, por la que se deniega una solicitud de aumento de capacidad por razones de seguridad en una propuesta de un nuevo buque de arrastre pelágico para sustituir al MFV Westward Isle, y adoptada en sustitución de la decisión relativa a dicha solicitud que se contiene en la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afecta al demandante, mediante la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el 17 de abril de 2008 en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión (Rec. p. I-2649). |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada a Irlanda mediante escrito con el número C(2010) 4764, por la que se deniega una solicitud de aumento de capacidad por razones de seguridad en una propuesta de un nuevo buque de arrastre pelágico para sustituir al MFV Westward Isle, y adoptada en sustitución de la decisión relativa a dicha solicitud que se contiene en la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afecta al demandante, mediante la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el 17 de abril de 2008 en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión (Rec. p. I-2649).

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, la anulación de la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada a Irlanda mediante escrito con el número C(2010) 4764, por la que se deniega una solicitud de aumento de capacidad por razones de seguridad en una propuesta de un nuevo buque de arrastre pelágico para sustituir al MFV Westward Isle, y adoptada en sustitución de la decisión relativa a dicha solicitud que se contiene en la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afecta al demandante, mediante la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el 17 de abril de 2008 en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión (Rec. p. I-2649).

Para fundamentar su recurso, el demandante invoca los siguientes motivos:

| | En primer lugar, el demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27), sigue constituyendo la base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por tanto, la Comisión actuó sin base legal supuestamente para adoptar la decisión como una decisión ad hoc. |
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En primer lugar, el demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27), sigue constituyendo la base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por tanto, la Comisión actuó sin base legal supuestamente para adoptar la decisión como una decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, el demandante sostiene que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. Aduce que la Decisión impugnada, con arreglo a la Decisión del Consejo 97/413/CE, debía haber sido adoptada mediante el procedimiento del Comité de gestión y que, al inclinarse por adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. |
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En segundo lugar, el demandante sostiene que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. Aduce que la Decisión impugnada, con arreglo a la Decisión del Consejo 97/413/CE, debía haber sido adoptada mediante el procedimiento del Comité de gestión y que, al inclinarse por adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

| | En tercer lugar, el demandante afirma que, al interpretar erróneamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, la Comisión se excedió de sus competencias, concretamente al basarse en criterios irrelevantes y no tener en cuenta la definición de «esfuerzo pesquero» que contiene dicha Decisión y la normativa comunitaria en materia de pesca aplicable en el momento en que el demandante presentó la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad, en diciembre de 2001. |
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En tercer lugar, el demandante afirma que, al interpretar erróneamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, la Comisión se excedió de sus competencias, concretamente al basarse en criterios irrelevantes y no tener en cuenta la definición de «esfuerzo pesquero» que contiene dicha Decisión y la normativa comunitaria en materia de pesca aplicable en el momento en que el demandante presentó la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad, en diciembre de 2001.

| | Además, se arguye que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad que presentó el demandante. En particular, este último afirma que la decisión de la Comisión de denegar su solicitud — debido al mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en relación con el Westward Isle — es manifiestamente errónea, pues considera que el esfuerzo pesquero del nuevo buque propuesto será mayor que el del Westward Isle. |
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Además, se arguye que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad que presentó el demandante. En particular, este último afirma que la decisión de la Comisión de denegar su solicitud — debido al mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en relación con el Westward Isle — es manifiestamente errónea, pues considera que el esfuerzo pesquero del nuevo buque propuesto será mayor que el del Westward Isle.

| | Por último, el demandante alega que la Comisión vulneró el derecho a la igualdad de trato. Sostiene que la denegación por parte de la Comisión de la solicitud, a causa del mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto, constituye un trato muy diferente que equivale a una discriminación inadmisible frente a él en comparación con el enfoque completamente distinto adoptado respecto del tratamiento dado a algunas de las solicitudes de aumento de capacidad por razones de seguridad que se aceptaron mediante la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, así como respecto de una de las solicitudes inicialmente rechazadas mediante dicha Decisión, posteriormente aceptada, sin embargo, por la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el número C(2010) 4765. |
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Por último, el demandante alega que la Comisión vulneró el derecho a la igualdad de trato. Sostiene que la denegación por parte de la Comisión de la solicitud, a causa del mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto, constituye un trato muy diferente que equivale a una discriminación inadmisible frente a él en comparación con el enfoque completamente distinto adoptado respecto del tratamiento dado a algunas de las solicitudes de aumento de capacidad por razones de seguridad que se aceptaron mediante la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, así como respecto de una de las solicitudes inicialmente rechazadas mediante dicha Decisión, posteriormente aceptada, sin embargo, por la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el número C(2010) 4765.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/44 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/44

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Ocean Trawlers/Comisión

(Asunto T-463/10)

()

2010/C 328/72

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlanda) (representantes: A. Collins, SC, N. Travers, Barrister y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión notificada a Irlanda por correo con el número C(2010) 4750, de 13 de julio de 2010, por la que se deniega la solicitud de capacidad por motivos de seguridad para un nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Golden Rose, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión, Rec. p. I-2649. |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de la Comisión notificada a Irlanda por correo con el número C(2010) 4750, de 13 de julio de 2010, por la que se deniega la solicitud de capacidad por motivos de seguridad para un nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Golden Rose, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión, Rec. p. I-2649.

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso, interpuesto conforme al artículo 263 TFUE, la demandante pretende la anulación de la Decisión de la Comisión notificada por correo a Irlanda con el número C(2010) 4750, de 13 de julio de 2010, por la que se denegó una solicitud de capacidad por motivos de seguridad para el nuevo buque pelágico propuesto para remplazar al MFV Golden Rose, y adoptada en sustitución de la resolución de dicha solicitud contenida en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, por lo que respecta a la demandante, por la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión, Rec. p. I-2649.

La demandante invoca los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, la demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE de la Comisión, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue proporcionando base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por ello, la Comisión supuestamente carecía de base legal para adoptar la Decisión como decisión ad hoc. |
| --- | --- |

En primer lugar, la demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE de la Comisión, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue proporcionando base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por ello, la Comisión supuestamente carecía de base legal para adoptar la Decisión como decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró un requisito procesal esencial. La demandante sostiene que, según la Decisión no 97/413/CE del Consejo, la Decisión impugnada debería haberse adoptado siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al adoptar una decisión ad hoc, la Comisión incumplió los requisitos esenciales del procedimiento. |
| --- | --- |

En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión vulneró un requisito procesal esencial. La demandante sostiene que, según la Decisión no 97/413/CE del Consejo, la Decisión impugnada debería haberse adoptado siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al adoptar una decisión ad hoc, la Comisión incumplió los requisitos esenciales del procedimiento.

| | En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión se extralimitó en sus facultades al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE del Consejo, en particular apoyándose en criterios irrelevantes e ignorando la definición de «esfuerzo pesquero» contenida en la Decisión no 97/413/CE del Consejo y en la normativa sobre el sector pesquero comunitario aplicable cuando presentó la solicitud individual de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, en diciembre de 2001. |
| --- | --- |

En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión se extralimitó en sus facultades al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión no 97/413/CE del Consejo, en particular apoyándose en criterios irrelevantes e ignorando la definición de «esfuerzo pesquero» contenida en la Decisión no 97/413/CE del Consejo y en la normativa sobre el sector pesquero comunitario aplicable cuando presentó la solicitud individual de aumento de tonelaje por motivos de seguridad, en diciembre de 2001.

| | Se añade que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud de la demandante de aumento de tonelaje por motivos de seguridad. En particular, la demandante sostiene que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud por razón del mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en comparación con el Golden Rose está manifiestamente viciada, al igual que su suposición de que el nuevo buque propuesto tendrá un mayor «esfuerzo pesquero» que el Golden Rose. |
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Se añade que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud de la demandante de aumento de tonelaje por motivos de seguridad. En particular, la demandante sostiene que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud por razón del mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto en comparación con el Golden Rose está manifiestamente viciada, al igual que su suposición de que el nuevo buque propuesto tendrá un mayor «esfuerzo pesquero» que el Golden Rose.

| | Finalmente, la demandante alega que la Comisión violó el derecho a la igualdad de trato. Se sostiene que la negativa de la Comisión por el mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto da lugar a una gran diferencia de trato que supone una discriminación inadmisible contra ella, si se compara con el enfoque totalmente distinto con que fueron tratadas algunas de las solicitudes de aumento de tonelaje por motivos de seguridad aprobadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como una de las solicitudes inicialmente denegada en tal Decisión y posteriormente aprobada en la Decisión de la Comisión notificada con el número C(2010) 4765, de 13 de julio de 2010. |
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Finalmente, la demandante alega que la Comisión violó el derecho a la igualdad de trato. Se sostiene que la negativa de la Comisión por el mayor espacio bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto da lugar a una gran diferencia de trato que supone una discriminación inadmisible contra ella, si se compara con el enfoque totalmente distinto con que fueron tratadas algunas de las solicitudes de aumento de tonelaje por motivos de seguridad aprobadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como una de las solicitudes inicialmente denegada en tal Decisión y posteriormente aprobada en la Decisión de la Comisión notificada con el número C(2010) 4765, de 13 de julio de 2010.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/45 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/45

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Fitzpatrick/Comisión

(Asunto T-464/10)

()

2010/C 328/73

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Patrick Fitzpatrick (Kileany, Irlanda) (representantes: A. Collins SC y N. Travers, Barristers, y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada a Irlanda mediante escrito con el número C(2010) 4761, y notificada al demandante el 16 de julio de 2010, por la que se deniega una solicitud de aumento de capacidad por razones de seguridad en una propuesta de un nuevo buque de arrastre pelágico para sustituir al MFV Shauna Ann, y adoptada en sustitución de la decisión relativa a dicha solicitud que se contiene en la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afecta al demandante, mediante la sentencia del Tribunal General dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699). |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada a Irlanda mediante escrito con el número C(2010) 4761, y notificada al demandante el 16 de julio de 2010, por la que se deniega una solicitud de aumento de capacidad por razones de seguridad en una propuesta de un nuevo buque de arrastre pelágico para sustituir al MFV Shauna Ann, y adoptada en sustitución de la decisión relativa a dicha solicitud que se contiene en la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afecta al demandante, mediante la sentencia del Tribunal General dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, la anulación de la Decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada a Irlanda mediante escrito con el número C(2010) 4761, y notificada al demandante el 16 de julio de 2010, por la que se deniega una solicitud de aumento de capacidad por razones de seguridad en una propuesta de un nuevo buque de arrastre pelágico para sustituir al MFV Shauna Ann, y adoptada en sustitución de la decisión relativa a dicha solicitud que se contiene en la Decisión de la Comisión 2003/245/CE, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del POP IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afecta al demandante, mediante la sentencia del Tribunal General dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

En apoyo de su recurso, el demandante invoca los siguientes motivos:

| | En primer lugar, el demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27), sigue constituyendo la base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por tanto, la Comisión actuó sin base legal supuestamente para adoptar la decisión como una decisión ad hoc. |
| --- | --- |

En primer lugar, el demandante alega que la demandada actuó sin base legal. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27), sigue constituyendo la base legal adecuada para la Decisión impugnada y, por tanto, la Comisión actuó sin base legal supuestamente para adoptar la decisión como una decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, el demandante sostiene que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. Aduce que la Decisión impugnada, en virtud de la Decisión del Consejo 97/413/CE, debía haber sido adoptada mediante el procedimiento del Comité de gestión y que, al inclinarse por adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. |
| --- | --- |

En segundo lugar, el demandante sostiene que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. Aduce que la Decisión impugnada, en virtud de la Decisión del Consejo 97/413/CE, debía haber sido adoptada mediante el procedimiento del Comité de gestión y que, al inclinarse por adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

| | En tercer lugar, el demandante afirma que, al interpretar erróneamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, la Comisión se excedió de sus competencias, concretamente al basarse en criterios irrelevantes y no tener en cuenta la definición de «esfuerzo pesquero» que contiene dicha Decisión y la normativa comunitaria en materia de pesca aplicable en el momento en que el demandante presentó la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad, en diciembre de 2001. |
| --- | --- |

En tercer lugar, el demandante afirma que, al interpretar erróneamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, la Comisión se excedió de sus competencias, concretamente al basarse en criterios irrelevantes y no tener en cuenta la definición de «esfuerzo pesquero» que contiene dicha Decisión y la normativa comunitaria en materia de pesca aplicable en el momento en que el demandante presentó la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad, en diciembre de 2001.

| | Además, se arguye que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad que presentó el demandante. En particular, este último afirma que la decisión de la Comisión de denegar su solicitud por esos motivos es infundada, ya que la utilización por el buque Shauna Ann de la capacidad que dejan de utilizar otros buques de menor tamaño no daba lugar a un aumento de la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se matriculó dicho buque. |
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Además, se arguye que la Decisión impugnada contiene varios errores manifiestos en la apreciación de la solicitud de aumento del tonelaje por razones de seguridad que presentó el demandante. En particular, este último afirma que la decisión de la Comisión de denegar su solicitud por esos motivos es infundada, ya que la utilización por el buque Shauna Ann de la capacidad que dejan de utilizar otros buques de menor tamaño no daba lugar a un aumento de la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se matriculó dicho buque.

| | Por último, el demandante alega que la Comisión vulneró su derecho a una buena administración. Sostiene que la negativa de la Comisión a examinar la fundamentación de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 389) y, en particular, una violación del derecho del demandante a que su solicitud, conforme al artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, sea examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable». |
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Por último, el demandante alega que la Comisión vulneró su derecho a una buena administración. Sostiene que la negativa de la Comisión a examinar la fundamentación de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 389) y, en particular, una violación del derecho del demandante a que su solicitud, conforme al artículo 4, apartado 2, de la Decisión del Consejo 97/413/CE, sea examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable».

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/46 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/46

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — McHugh/Comisión

(Asunto T-465/10)

()

2010/C 328/74

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Eamon McHugh (Killybegs, Irlanda) (representantes: A. Collins, SC, N. Travers, Barrister, y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4767 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo arrastrero pelágico –el Antartic– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699). |
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Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4767 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo arrastrero pelágico –el Antartic– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

| — | Que se condene en costas a la parte demandada. |
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—

Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4767 como un escrito a Irlanda, de rechazar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo arrastrero pelágico –el Antartic– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

El demandante alega los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc. |
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En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. |
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En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

| | En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001. |
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En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001.

| | Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante a causa de un mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto, el Antartic, así como la asunción de que el «esfuerzo de pesca» del nuevo buque propuesto es superior a la de los buques que sustituía, son manifiestamente incorrectas. |
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Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante a causa de un mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto, el Antartic, así como la asunción de que el «esfuerzo de pesca» del nuevo buque propuesto es superior a la de los buques que sustituía, son manifiestamente incorrectas.

| | Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de igualdad de trato. Aduce que la denegación de su solicitud por la Comisión a causa del mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto constituye una gran diferencia de trato que provoca una discriminación intolerable en su contra comparado con la aproximación totalmente diferente adoptada en relación con el tratamiento de las solicitudes de aumento de tonelaje aceptadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como con una de las solicitudes inicialmente denegadas en dicha decisión pero posteriormente aceptadas en la decisión de 13 de julio de 2010, contenida en la Decisión de la Comisión notificada con el documento C(2010) 4765. |
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Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de igualdad de trato. Aduce que la denegación de su solicitud por la Comisión a causa del mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto constituye una gran diferencia de trato que provoca una discriminación intolerable en su contra comparado con la aproximación totalmente diferente adoptada en relación con el tratamiento de las solicitudes de aumento de tonelaje aceptadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como con una de las solicitudes inicialmente denegadas en dicha decisión pero posteriormente aceptadas en la decisión de 13 de julio de 2010, contenida en la Decisión de la Comisión notificada con el documento C(2010) 4765.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/47 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/47

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Hannigan/Comisión

(Asunto T-466/10)

()

2010/C 328/75

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Eugene Hannigan (Killybegs, Irlanda) (representantes: A. Collins SC, N. Travers, Barrister y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4754 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Niamh Eoghan– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699). |
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—

Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4754 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero –el Niamh Eoghan– que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

| — | Que se condene en costas a la parte demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4754 como un escrito a Irlanda, de rechazar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo buque pesquero — el Niamh Eoghan — que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 13 de junio de 2006 en los asuntos acumulados T-218/03 a T-240/03, Boyle y otros/Comisión (Rec. p. II-1699).

El demandante alega los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc. |
| --- | --- |

En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. |
| --- | --- |

En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. La demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

| | En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001. |
| --- | --- |

En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001.

| | Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que es infundada la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante basándose en que, al haber usado el Niamh Eoghan la capacidad de sustitución de varios buques más pequeños, no se incrementó la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se registró dicho buque. |
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Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que es infundada la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante basándose en que, al haber usado el Niamh Eoghan la capacidad de sustitución de varios buques más pequeños, no se incrementó la capacidad total del segmento polivalente de la flota irlandesa cuando se registró dicho buque.

| | Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de buena administración. Aduce que la negativa de la Comisión a apreciar los méritos de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto, del derecho a que su solicitud fuera examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable», con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/EC, del Consejo. |
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Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de buena administración. Aduce que la negativa de la Comisión a apreciar los méritos de su solicitud constituye un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto, del derecho a que su solicitud fuera examinada «equitativamente y dentro de un plazo razonable», con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/EC, del Consejo.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/48 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/48

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Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2010 — Murphy/Comisión

(Asunto T-467/10)

()

2010/C 328/76

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Larry Murphy (Castletownbere, Irlanda) (representantes: A. Collins SC, N. Travers, Barrister, y D. Barry, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4753 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo arrastrero pelágico para sustituir al MFV Menhaden, que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245, de la Comisión de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 17 de abril de 2008 en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión (Rec. p. I-2649). |
| --- | --- |

—

Que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4753 como un escrito remitido a Irlanda, de denegar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo arrastrero pelágico para sustituir al MFV Menhaden, que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245, de la Comisión de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 17 de abril de 2008 en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión (Rec. p. I-2649).

| — | Que se condene en costas a la parte demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita, con arreglo al artículo 263 TFUE, que se anule la decisión de la Comisión de 13 de julio de 2010, notificada con el documento C(2010) 4753 como un escrito a Irlanda, de rechazar la solicitud de capacidad de seguridad de un nuevo arrastrero pelágico para sustituir al MFV Menhaden, que fue adoptada para sustituir la decisión sobre la citada solicitud contenida en la Decisión 2003/245/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2003, relativa a las solicitudes recibidas por la Comisión de aumentar los objetivos del Programa de Orientación Plurianual IV a fin de tener en cuenta determinadas mejoras en materia de seguridad, navegación marítima, higiene, calidad de los productos y condiciones de trabajo en los buques de más de 12 metros de eslora total (DO L 90, p. 48), que fue anulada, en la medida en que afectaba al demandante, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada el 17 de abril de 2008 en los asuntos acumulados C-373/06 P, C-379/06 P y C-382/06 P, Flaherty y otros/Comisión (Rec. p. I-2649).

El demandante alega los siguientes motivos en apoyo de su recurso:

| | En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc. |
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En primer lugar, el demandante alega que la actuación de la demandada carece de fundamento jurídico alguno. El artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413/CE del Consejo, de 26 de junio de 1997, relativa a los objetivos y normas tendentes a reestructurar el sector pesquero comunitario, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, con vistas a conseguir un equilibrio sostenible entre los recursos y la explotación de los mismos (DO L 175, p. 27) sigue siendo la base jurídica adecuada de la decisión impugnada y, por lo tanto, la Comisión no contaba con una base jurídica que le permitiese adoptar la decisión como una decisión ad hoc.

| | En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. El demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. |
| --- | --- |

En segundo lugar, el demandante alega que la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma. El demandante sostiene que, con arreglo a la Decisión 97/413 del Consejo, la decisión impugnada debería haber sido adoptada siguiendo el procedimiento del comité de gestión y que, al decidir adoptar la decisión con carácter ad hoc, la Comisión incurrió en un vicio sustancial de forma.

| | En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001. |
| --- | --- |

En tercer lugar, el demandante alega que, al interpretar incorrectamente el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 97/413 del Consejo, la Comisión se excedió en sus facultades, en particular al basarse en criterios irrelevantes e ignorar la definición de «esfuerzo de pesca» que figura en la citada Decisión 97/413 del Consejo y en la normativa comunitaria sobre pesquerías aplicable en la época en que el demandante presentó su solicitud relativa al tonelaje de seguridad en diciembre de 2001.

| | Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante a causa de un mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto comparada con el Menhaden, así como la asunción de que el «esfuerzo de pesca» del nuevo buque propuesto es superior a la del Menhaden son manifiestamente incorrectas. |
| --- | --- |

Asimismo, aduce que la decisión impugnada contiene varios errores manifiestos de apreciación de la solicitud del demandante relativa al tonelaje de seguridad. En particular, el demandante afirma que la decisión de la Comisión de denegar la solicitud del demandante a causa de un mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto comparada con el Menhaden, así como la asunción de que el «esfuerzo de pesca» del nuevo buque propuesto es superior a la del Menhaden son manifiestamente incorrectas.

| | Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de igualdad de trato. Aduce que la denegación de su solicitud por la Comisión a causa del mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto constituye una gran diferencia de trato que provoca una discriminación intolerable en su contra comparado con la aproximación totalmente diferente adoptada en relación con el tratamiento de las solicitudes de aumento de tonelaje aceptadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como con una de las solicitudes inicialmente denegadas en dicha decisión pero posteriormente aceptadas en la decisión de 13 de julio de 2010, contenida en la Decisión de la Comisión notificada con el documento C(2010) 4765. |
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Por ultimo, el demandante alega que la Comisión violó el principio de igualdad de trato. Aduce que la denegación de su solicitud por la Comisión a causa del mayor volumen bajo la cubierta principal del nuevo buque propuesto constituye una gran diferencia de trato que provoca una discriminación intolerable en su contra comparado con la aproximación totalmente diferente adoptada en relación con el tratamiento de las solicitudes de aumento de tonelaje aceptadas en la Decisión no 2003/245 de la Comisión, así como con una de las solicitudes inicialmente denegadas en dicha decisión pero posteriormente aceptadas en la decisión de 13 de julio de 2010, contenida en la Decisión de la Comisión notificada con el documento C(2010) 4765.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/49 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/49

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Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Portugal/Comisión

(Asunto T-475/10)

()

2010/C 328/77

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Demandante: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, agente, asistido por C. Botelho Moniz y P. Gouveia e Melo, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión C(2010) 4891 final de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a la tasa parafiscal para la promoción del vino aplicada por Portugal — Asunto C-43/2004 (ex NN 38/2003). |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión C(2010) 4891 final de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a la tasa parafiscal para la promoción del vino aplicada por Portugal — Asunto C-43/2004 (ex NN 38/2003).

| — | Con carácter subsidiario, que se anulen las condiciones séptima y novena del artículo 3, apartado 2, de la Decisión. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, que se anulen las condiciones séptima y novena del artículo 3, apartado 2, de la Decisión.

| — | En todo caso, que se condene en costas a la Comisión. |
| --- | --- |

—

En todo caso, que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

| a) | Error de Derecho, por haberse vulnerado el artículo 107, apartado 1, del Tratado, al calificarse de fondos estatales la parte de los ingresos de la tasa para la promoción que se destina, conforme al Decreto-ley no 119/97, de 15 de mayo, a la financiación del apoyo a la promoción y publicidad del vino. |
| --- | --- |

a)

Error de Derecho, por haberse vulnerado el artículo 107, apartado 1, del Tratado, al calificarse de fondos estatales la parte de los ingresos de la tasa para la promoción que se destina, conforme al Decreto-ley no 119/97, de 15 de mayo, a la financiación del apoyo a la promoción y publicidad del vino.

| b) | Error de Derecho, por haberse vulnerado los artículos 107, apartado 1, y 296 del Tratado y el Reglamento (CE) no 1860/2004, (1) al haber calificado la Comisión de ayuda de Estado el apoyo a la promoción y publicidad del vino, sin analizar si podía restringir el juego de la competencia dentro del mercado ni verificar si podía constituir una medida de ayuda de minimis. |
| --- | --- |

b)

Error de Derecho, por haberse vulnerado los artículos 107, apartado 1, y 296 del Tratado y el Reglamento (CE) no 1860/2004, (1) al haber calificado la Comisión de ayuda de Estado el apoyo a la promoción y publicidad del vino, sin analizar si podía restringir el juego de la competencia dentro del mercado ni verificar si podía constituir una medida de ayuda de minimis.

| c) | Error en la apreciación de los hechos, por haberse considerado que la tasa para la promoción, como instrumento de financiación de las acciones de promoción y publicidad del vino en otros Estados miembros y Estados terceros, es discriminatorio con respecto a los productos importados e infringe el artículo 110 del Tratado, y vulneración del principio de buena administración, al no haberse efectuado ninguna diligencia de investigación adicional, tras la solicitud de información de 24 de abril de 2006, para solventar las dudas que subsistían a este respecto. |
| --- | --- |

c)

Error en la apreciación de los hechos, por haberse considerado que la tasa para la promoción, como instrumento de financiación de las acciones de promoción y publicidad del vino en otros Estados miembros y Estados terceros, es discriminatorio con respecto a los productos importados e infringe el artículo 110 del Tratado, y vulneración del principio de buena administración, al no haberse efectuado ninguna diligencia de investigación adicional, tras la solicitud de información de 24 de abril de 2006, para solventar las dudas que subsistían a este respecto.

| d) | Error de Derecho en la aplicación de los artículos 108 del Tratado y 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 (2) y de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, en la medida en que –aun admitiendo la legalidad del análisis efectuado por la Comisión en la Decisión (que no se admite)– la séptima condición impuesta en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión contradice el análisis y las conclusiones alcanzados por la Comisión en los fundamentos de dicha Decisión. |
| --- | --- |

d)

Error de Derecho en la aplicación de los artículos 108 del Tratado y 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 (2) y de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, en la medida en que –aun admitiendo la legalidad del análisis efectuado por la Comisión en la Decisión (que no se admite)– la séptima condición impuesta en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión contradice el análisis y las conclusiones alcanzados por la Comisión en los fundamentos de dicha Decisión.

| e) | Error de Derecho, por vulnerar la novena condición impuesta en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión los artículos 108 y 296 del Tratado, los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 4, del Reglamento no 659/1999, los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato y el derecho de defensa. |
| --- | --- |

e)

Error de Derecho, por vulnerar la novena condición impuesta en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión los artículos 108 y 296 del Tratado, los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 4, del Reglamento no 659/1999, los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato y el derecho de defensa.

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(1)  Reglamento de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario y pesquero (DO L 325, p. 10).

(2)  Reglamento del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/50 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/50

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Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — The Pukka Luggage Company/OAMI — Jesús Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

(Asunto T-483/10)

()

2010/C 328/78

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: The Pukka Luggage Company Ltd (Londres) (representantes: K.E. Gilbert y M.H. Blair, Solicitors)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Jesús Miguel Azpiroz Arruti (San Sebastián)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 29 de julio de 2010, en el asunto R 1175/2008-4. |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 29 de julio de 2010, en el asunto R 1175/2008-4.

| — | Con carácter subsidiario, que se anule la resolución impugnada por cuanto estima la oposición contra «luggage». |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, que se anule la resolución impugnada por cuanto estima la oposición contra «luggage».

| — | O, con carácter subsidiario, que se anule la resolución impugnada por cuanto estima la oposición contra «hard suitcases, hard trolley cases». |
| --- | --- |

—

O, con carácter subsidiario, que se anule la resolución impugnada por cuanto estima la oposición contra «hard suitcases, hard trolley cases».

| — | Que se condene a la demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con sus propias costas y con las de la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la demandada y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «PUKKA» para productos de la clase 18 — Solicitud de marca comunitaria no 4.061.545

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca o signo invocados en oposición: Registro español no 1.570.450 de la marca figurativa «PUKAS», para productos de la clase 18; Registro comunitario no 19.802 de la marca figurativa «PUKAS», para productos y servicios de las clases 25, 28 y 39.

Resolución de la División de Oposición: Estimó parcialmente la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimó el recurso

Motivos invocados: La demandante considera que la resolución impugnada infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, pues la Sala de Recurso erró en su apreciación de la similitud de los productos y en su apreciación de la marca impugnada en relación con la marca anterior.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/50 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/50

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Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Gas Natural Fenosa SDG/Comisión

(Asunto T-484/10)

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2010/C 328/79

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madrid, España) (representantes: F. González Díaz y F. Salerno, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión de la Comisión Europea de 29 de septiembre de 2010, y |
| --- | --- |

—

Que se anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la Decisión de la Comisión Europea de 29 de septiembre de 2010, y

| — | que se condene en costas a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

—

que se condene en costas a la Comisión Europea.

Motivos y principales alegaciones

La Decisión impugnada en el presente procedimiento autoriza la normativa española tendente a compensar los costes suplementarios soportados por los productores de electricidad que, en virtud de una obligación de servicio público, deben efectuar una parte de su producción utilizando carbón autóctono.

Gas Natural Fenosa considera que la Decisión es contraria a Derecho comunitario, por lo que solicita su anulación sobre la base de los siguientes motivos:

| 1) | En primer lugar, la Decisión viola los artículos 108, apartado 2 TFUE, y 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) en la medida en que las ayudas controvertidas plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común. |
| --- | --- |

1)

En primer lugar, la Decisión viola los artículos 108, apartado 2 TFUE, y 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, (1) en la medida en que las ayudas controvertidas plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.

| 2) | En segundo lugar, la Decisión infringe diversas disposiciones de derecho primario y derivado, por lo que la ayuda no puede ser considerada compatible con el mercado común, a saber:






  — | La reglamentación comunitaria sobre medio ambiente, en concreto los artículos 4 del TUE y 191 TFUE, y las normas de aplicación de los compromisos en materia medioambiental, y en particular la Directiva 2003/87/CE, recientemente modificada por la Directiva 2009/29/CE, (2) en tanto que la medida controvertida fomenta el funcionamiento de instalaciones que incrementan el nivel de gases emitidos en la atmósfera, viola la prohibición de asignar nuevos derechos de emisiones gratuitos, y, promociona actividades mineras que representan una severa amenaza al hábitat natural. |
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2)

En segundo lugar, la Decisión infringe diversas disposiciones de derecho primario y derivado, por lo que la ayuda no puede ser considerada compatible con el mercado común, a saber:

—

La reglamentación comunitaria sobre medio ambiente, en concreto los artículos 4 del TUE y 191 TFUE, y las normas de aplicación de los compromisos en materia medioambiental, y en particular la Directiva 2003/87/CE, recientemente modificada por la Directiva 2009/29/CE, (2) en tanto que la medida controvertida fomenta el funcionamiento de instalaciones que incrementan el nivel de gases emitidos en la atmósfera, viola la prohibición de asignar nuevos derechos de emisiones gratuitos, y, promociona actividades mineras que representan una severa amenaza al hábitat natural.

| — | Las normas del Tratado en materia de mercado interior, en concreto los artículos 34 y 49 del TFUE, en la medida en que obstaculiza y hace mas gravosa la importación de energía eléctrica generada a partir de carbón no español o de gas así como los planes de expansión de la capacidad de generación eléctrica a partir de gas y/o de carbón importado. |
| --- | --- |

—

Las normas del Tratado en materia de mercado interior, en concreto los artículos 34 y 49 del TFUE, en la medida en que obstaculiza y hace mas gravosa la importación de energía eléctrica generada a partir de carbón no español o de gas así como los planes de expansión de la capacidad de generación eléctrica a partir de gas y/o de carbón importado.

| — | Los artículos 101 y 102 TFEU en combinación con el artículo 4, apartado 3 TUE, al fomentar un comportamiento anticompetitivo por parte de los productores de carbón español. |
| --- | --- |

—

Los artículos 101 y 102 TFEU en combinación con el artículo 4, apartado 3 TUE, al fomentar un comportamiento anticompetitivo por parte de los productores de carbón español.

| — | El artículo 126, apartado 1 TFUE dado que la medida controvertida aumentará innecesaria y desproporcionadamente el gasto público. |
| --- | --- |

—

El artículo 126, apartado 1 TFUE dado que la medida controvertida aumentará innecesaria y desproporcionadamente el gasto público.

| — | El Reglamento no 1407/2002, (3) al autorizar un incremento en el volumen de ayuda ya concedida por medidas anteriores, y provocar una distorsión en el mercado de producción de energía eléctrica. |
| --- | --- |

—

El Reglamento no 1407/2002, (3) al autorizar un incremento en el volumen de ayuda ya concedida por medidas anteriores, y provocar una distorsión en el mercado de producción de energía eléctrica.

| 3) | En tercer lugar, la Decisión viola los artículos 3, apartado 2, y 11, apartado 4, de la Segunda Directiva del mercado de la electricidad (Directiva 2003/54/CE), (4) 106, apartado 2 TFUE así como el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público y el principio de proporcionalidad al no darse las condiciones exigidas por dichas disposiciones para la constitución de un Servicio de Interés Económico General por motivos de seguridad del suministro, y, en todo caso, al existir alternativas menos gravosas para alcanzar los objetivos perseguidos por la medida controvertida. |
| --- | --- |

3)

En tercer lugar, la Decisión viola los artículos 3, apartado 2, y 11, apartado 4, de la Segunda Directiva del mercado de la electricidad (Directiva 2003/54/CE), (4) 106, apartado 2 TFUE así como el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público y el principio de proporcionalidad al no darse las condiciones exigidas por dichas disposiciones para la constitución de un Servicio de Interés Económico General por motivos de seguridad del suministro, y, en todo caso, al existir alternativas menos gravosas para alcanzar los objetivos perseguidos por la medida controvertida.

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(1)  DO L 83, p. 1.

(2)  Directiva 2009/29/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (DO L 140, p. 63).

(3)  Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (DO L 205, p. 1).

(4)  Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (DO L 176, p. 37/56).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/51 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/51

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Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Iberdrola/Commission

(Asunto T-486/10)

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2010/C 328/80

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Iberdrola, SA (Bilbao, España) (representantes: J. Ruiz Calzado y E. Barbier de la Serre, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión, y |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión, y

| — | que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento. |
| --- | --- |

—

que se condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas que se deriven del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

La Decisión impugnada en el presente procedimiento es la misma que en los asuntos T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Comisión y T-490/10, Endesa/Comisión.

Según la demandante, la Comisión ha cometido una serie de errores de Derecho y errores manifiestos de apreciación al estimar, tras llevar a cabo un examen previo según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999, (1) que la compensación por servicio público notificada por el Reino de España está justificada de acorde con las normas de la UE sobre ayudas estatales. La demandante formula cinco motivos de anulación.

En el primer motivo de anulación la demandante denuncia que la Comisión se haya abstenido de incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento a pesar de existir serias dudas sobre la compatibilidad de la ayuda notificada con el mercado interior. Por ello, la demandante alega que la Comisión ha violado manifiestamente el artículo 108, apartado 2, TFUE y el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 659/1999.

En el segundo motivo de anulación, que consta de dos partes, la demandante alega, en la primera parte, que la Comisión ha incurrido en errores de derecho y de apreciación al considerar que la medida notificada por el Reino de España responde a la necesidad de compensar el coste de prestación de un servicio de interés económico general justificado por motivos de seguridad de suministro, cuando ni existen, ni es previsible que existan a medio plazo problemas de seguridad de suministro en España; y, en la segunda parte, alega un error manifiesto de apreciación al estimar que la medida notificada por el Reino de España es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 106, apartado 2, TFUE y de la tercera directiva de electricidad.

En el tercer motivo de anulación, la demandante arguye que la ayuda de Estado autorizada por la Comisión es contraria a los límites materiales y temporales establecidos en el Reglamento (CE) no 1407/2002 (2) sobre las ayudas estatales a la industria del carbón y en la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

En el cuarto motivo de anulación, la demandante sostiene que la Comisión ha violado el principio de buena administración, que le obliga a examinar de forma diligente, detenida e imparcial todos los elementos pertinentes del asunto, al no haber estimado oportuno recabar todas las opiniones necesarias para estar plenamente informada del conjunto de datos del asunto antes de adoptar su decisión, prefiriendo aprobar la medida notificada en primera fase.

En el quinto motivo de alegación, que consta de tres partes, la demandante alega que la Comisión ha violado el principio jurisprudencial que impide a la Comisión declarar compatible con el mercado interior una ayuda de Estado que infringe otras disposiciones del Tratado, en particular, al ignorar que la medida contraviene los preceptos que reconocen el principio de libre circulación de mercancías, los objetivos perseguidos por las directivas de mercado interior de electricidad y los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.

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(1)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).

(2)  Reglamento (CE) no 1907/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (DO L 205, p. 1).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/52 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/52

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Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2010 — Endesa y Endesa Generación/Comisión

(Asunto T-490/10)

()

2010/C 328/81

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandantes: Endesa, SA (Madrid, España), Endesa Generación, SA (Sevilla, España) (representante: M. Merola, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de las partes demandantes

| — | Que se tenga por presentado y admisible el recurso de anulación; |
| --- | --- |

—

Que se tenga por presentado y admisible el recurso de anulación;

| — | que se declare fundado el recurso, anulando la Decisión en su integridad, y |
| --- | --- |

—

que se declare fundado el recurso, anulando la Decisión en su integridad, y

| — | que se otorgue a las partes demandantes la totalidad de las costas vinculadas con el recurso. |
| --- | --- |

—

que se otorgue a las partes demandantes la totalidad de las costas vinculadas con el recurso.

Motivos y principales alegaciones

La Decisión impugnada en el presente procedimiento es la misma que en los asuntos T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Comisión y T-486/10, Iberdrola/Comisión.

En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan tres motivos:

| 1) | Primer motivo de recurso, basado en el error manifiesto en que ha incurrido la Comisión al haber considerado que la medida notificada se encuentra amparada en la Directiva 2003/54/CE. (1) En relación con este motivo las partes demandantes sostienen que:






  — | La Comisión ha incurrido en un error manifiesto al haber interpretado que el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/54/CE no requiere que las autoridades nacionales invoquen y demuestren la existencia de razones de seguridad de suministro a fin de adoptar medidas incompatibles con las normas de armonización contenidas en la Directiva. Tal interpretación es contraria a la obligación de interpretar de forma restrictiva una disposición que establece una excepción. |
| --- | --- | --- |

1)

Primer motivo de recurso, basado en el error manifiesto en que ha incurrido la Comisión al haber considerado que la medida notificada se encuentra amparada en la Directiva 2003/54/CE. (1) En relación con este motivo las partes demandantes sostienen que:

—

La Comisión ha incurrido en un error manifiesto al haber interpretado que el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/54/CE no requiere que las autoridades nacionales invoquen y demuestren la existencia de razones de seguridad de suministro a fin de adoptar medidas incompatibles con las normas de armonización contenidas en la Directiva. Tal interpretación es contraria a la obligación de interpretar de forma restrictiva una disposición que establece una excepción.

| — | La interpretación que hace la Comisión del artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/54/CE significaría autorizar a los Estados miembros a hacer un uso indefinido de una norma que sólo puede tener una aplicación transitoria de acuerdo con el artículo 114 del Tratado. La interpretación adoptada por la Comisión resulta así incompatible con la base jurídica de la Directiva 2003/54/CE. |
| --- | --- |

—

La interpretación que hace la Comisión del artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/54/CE significaría autorizar a los Estados miembros a hacer un uso indefinido de una norma que sólo puede tener una aplicación transitoria de acuerdo con el artículo 114 del Tratado. La interpretación adoptada por la Comisión resulta así incompatible con la base jurídica de la Directiva 2003/54/CE.

| — | La Comisión ha incurrido en un error manifiesto al haber calculado el umbral del 15 % establecido en la Directiva 2003/54/CE de forma tal que el mismo queda desprovisto del efecto útil perseguido por el legislador de la Unión. |
| --- | --- |

—

La Comisión ha incurrido en un error manifiesto al haber calculado el umbral del 15 % establecido en la Directiva 2003/54/CE de forma tal que el mismo queda desprovisto del efecto útil perseguido por el legislador de la Unión.

| — | La Comisión ha incurrido en un error manifiesto puesto que no existen problemas de seguridad de suministro en España que justifiquen la adopción de la medida notificada. |
| --- | --- |

—

La Comisión ha incurrido en un error manifiesto puesto que no existen problemas de seguridad de suministro en España que justifiquen la adopción de la medida notificada.

| — | La medida notificada no respeta las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE, la cual dispone que las obligaciones de servicio público deben ser claras, transparentes, no discriminatorias y controlables, además de garantizar a las empresas eléctricas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. |
| --- | --- |

—

La medida notificada no respeta las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/54/CE, la cual dispone que las obligaciones de servicio público deben ser claras, transparentes, no discriminatorias y controlables, además de garantizar a las empresas eléctricas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales.

| 2) | Segundo motivo de recurso, basado en el error manifiesto en que ha incurrido la Comisión al haber considerado que el artículo 106, apartado 2, del Tratado resulta aplicable a la medida notificada. Con base en este motivo las partes demandantes afirman que:






  — | La Comisión ha incurrido en error manifiesto al haber considerado que lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/54/CE hace innecesario examinar si se dan en el caso de autos los requisitos indispensables para definir una obligación de servicio público. |
| --- | --- | --- |

2)

Segundo motivo de recurso, basado en el error manifiesto en que ha incurrido la Comisión al haber considerado que el artículo 106, apartado 2, del Tratado resulta aplicable a la medida notificada. Con base en este motivo las partes demandantes afirman que:

—

La Comisión ha incurrido en error manifiesto al haber considerado que lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/54/CE hace innecesario examinar si se dan en el caso de autos los requisitos indispensables para definir una obligación de servicio público.

| — | La Comisión ha incurrido en un error manifiesto al no haber valorado correctamente la proporcionalidad de la medida notificada y haber limitado dicho análisis a determinar la ausencia de compensación excesiva. |
| --- | --- |

—

La Comisión ha incurrido en un error manifiesto al no haber valorado correctamente la proporcionalidad de la medida notificada y haber limitado dicho análisis a determinar la ausencia de compensación excesiva.

| — | Al aplicar el artículo 106, apartado 2, del Tratado, la Comisión no ha analizado la vulneración que la medida notificada supone para el derecho de propiedad consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. |
| --- | --- |

—

Al aplicar el artículo 106, apartado 2, del Tratado, la Comisión no ha analizado la vulneración que la medida notificada supone para el derecho de propiedad consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

| 3) | Tercer motivo de recurso, basado en una violación relacionada con determinados aspectos de procedimiento. Sobre este particular, las partes demandantes entienden que:






  — | La Comisión ha vulnerado el artículo 108 del Tratado y el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 (2) al no haber incoado una investigación formal, pese a existir indicios objetivos y concordantes que demuestran que existían serias dificultades para valorar la compatibilidad de la medida notificada. |
| --- | --- | --- |

3)

Tercer motivo de recurso, basado en una violación relacionada con determinados aspectos de procedimiento. Sobre este particular, las partes demandantes entienden que:

—

La Comisión ha vulnerado el artículo 108 del Tratado y el artículo 4, apartado 4, del Reglamento no 659/1999 (2) al no haber incoado una investigación formal, pese a existir indicios objetivos y concordantes que demuestran que existían serias dificultades para valorar la compatibilidad de la medida notificada.

| — | La Comisión ha incurrido en una desviación de poder por haber utilizado la fase de prenotificación con el propósito de evitar la incoación de un procedimiento formal de investigación. |
| --- | --- |

—

La Comisión ha incurrido en una desviación de poder por haber utilizado la fase de prenotificación con el propósito de evitar la incoación de un procedimiento formal de investigación.

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(1)  Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (DO L 176, p. 37).

(2)  Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/53 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/53

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Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Melli Banik/Consejo

(Asunto T-492/10)

()

2010/C 328/82

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Melli Bank plc (Londres) (representantes: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 5 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (1) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 5 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (1) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se anule el apartado 3 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (2) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 3 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (2) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se declare la inaplicabilidad a la demandante del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo. (3) |
| --- | --- |

—

Que se declare la inaplicabilidad a la demandante del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo. (3)

| — | Que se condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En el presente asunto la demandante solicita la anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo y de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, en la medida en que incluye a la demandante en la lista de las personas físicas y jurídicas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición. Asimismo, la demandante solicita, de conformidad con el artículo 277 TFUE, la inaplicabilidad del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007.

En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca los siguientes motivos.

En primer lugar, la demandante sostiene que el Reglamento y la Decisión impugnados se adoptaron vulnerando sus derechos de defensa y de tutela judicial efectiva ya que las razones que expuso el Consejo resultan insuficientes para que la demandante pueda entender el fundamento sobre el que se produjo su designación y, como consecuencia de ésta, la congelación de sus fondos y recursos. Asimismo, la demandante alega que el Consejo no ha aportado las pruebas y documentos que constan en el expediente en el que éste se basó y que, por lo tanto, le ha resultado imposible formarse una opinión efectiva sobre esa designación.

En segundo lugar, la demandante afirma que no concurren los requisitos materiales para su designación y que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al determinar si se cumplían o no dichos criterios. La demandante señala que «no es propiedad ni está bajo el control» de entidades que se dediquen, estén directamente vinculadas o presten apoyo a las presuntas actividades de proliferación nuclear o en el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares de Irán, en el sentido dado a las expresiones «sean de su propiedad o estén bajo su control» en la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2009, Melli Bank/Consejo (T-246/08). (4)

En tercer lugar, la demandante solicita que, dado que el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo y el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2000/413/PESC son vinculantes y exigen que el Consejo designe una filial para cada sociedad matriz designada, dichas disposiciones no son lícitas.

En cuarto lugar, la demandante alega que no concurren los criterios materiales para la designación de su sociedad matriz y, por lo tanto, de la propia demandante y que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al determinar si se cumplían o no dichos criterios. La demandante señala que, en la medida en que se estimen las pretensiones formuladas por su sociedad matriz para impugnar los Reglamentos (CE) no 1100/2009 del Consejo (5) (asunto T-35/10) (6) y la Decisión 2008/475/CE del Consejo (7) (asunto T-390/08), (8) deberán anularse el Reglamento de Ejecución (EU) no 668/2010 y la Decisión 2010/413/PESC del Consejo en la medida en que se refieran a la demandante.

En quinto lugar, la demandante sostiene que su designación y la congelación de sus fondos y recursos en todo el mundo no guardan ningún vínculo racional con el objetivo perseguido por el Consejo y vulnera el derecho de propiedad. Además, alega que las medidas restrictivas impuestas son desproporcionadas por cuanto le causan un perjuicio considerable y no son los medios menos restrictivos que podrían haberse utilizado.

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(1)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

(2)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(3)  Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 103, p. 1).

(4)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2009, Melli Bank/Consejo (T-246/08 y T-332/08, Rec. p. II-2629), actualmente recurrida en casación (asunto Melli Bank/Consejo, C-380/09 P, DO C 282, p. 30).

(5)  Reglamento (CE) no 1100/2009 de 17 de noviembre de 2009, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento CE) no 423/2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga la Decisión 2008/475/CE (DO L 303, p. 31).

(6)  Sentencia Bank Melli Iran/Consejo (T-35/10, DO C 100, p. 47).

(7)  Decisión del Consejo de 23 de junio de 2008, relativa a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 163, p. 29).

(8)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Conesjo (T-390/08, Rec. p. II-3967), actualmente recurrida en casación (asunto Bank Melli Iran/Consejo, C-548/09 P, DO C 80, p. 10).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/54 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/54

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Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Persia International Bank/Consejo

(Asunto T-493/10)

()

2010/C 328/83

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Persia International Bank plc (Londres) (representantes: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 2 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 2 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se anule el apartado 4 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 4 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se declare la inaplicabilidad a la demandante del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo. (3) |
| --- | --- |

—

Que se declare la inaplicabilidad a la demandante del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo. (3)

| — | Que se condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En el presente asunto la demandante solicita la anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo y de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, en la medida en que incluye a la demandante en la lista de las personas físicas y jurídicas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición. Asimismo, la demandante solicita, de conformidad con el artículo 277 TFUE, la inaplicabilidad del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007.

Los motivos y principales alegaciones invocados por la demandante son idénticos o similares a los invocados en el asunto T-492/10, Melli Bank/Consejo.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(2)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

(3)  Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 103, p. 1).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/55 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/55

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Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Saderat Iran/Consejo

(Asunto T-494/10)

()

2010/C 328/84

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Bank Saderat Iran (Teherán, Irán) (representante: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 5 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 5 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se anule el apartado 4 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 4 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En el presente asunto la demandante solicita la anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo y de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, en la medida en que incluye a la demandante en la lista de las personas físicas y jurídicas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición.

Los tres motivos invocados por la demandante son idénticos o similares a los motivos primero, segundo y quinto invocados en el asunto T-492/10, Melli Bank/Consejo.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(2)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/55 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/55

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Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Saderat/Consejo

(Asunto T-495/10)

()

2010/C 328/85

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Bank Saderat plc (Londres) (representantes: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 5 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 5 del cuadro B del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se anule el apartado 7 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 7 del cuadro B del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se declare la inaplicabilidad a la demandante del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo. (3) |
| --- | --- |

—

Que se declare la inaplicabilidad a la demandante del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo. (3)

| — | Que se condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En el presente asunto la demandante solicita la anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo y de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, en la medida en que incluye a la demandante en la lista de las personas físicas y jurídicas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición. Asimismo, la demandante solicita, de conformidad con el artículo 277 TFUE, la inaplicabilidad del artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) no 423/2007.

Los motivos y principales alegaciones invocados por la demandante son idénticos o similares a los motivos primero, segundo y quinto invocados en el asunto T-492/10, Melli Bank/Consejo.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(2)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

(3)  Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 103, p. 1).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/56 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/56

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Recurso interpuesto el 7 de octubre de 2010 — Bank Mellat/Consejo

(Asunto T-496/10)

()

2010/C 328/86

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Bank Mellat (Teherán, Irán) (representantes: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 1 del cuadro A del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 1 del cuadro A del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se anule el apartado 2 del cuadro A del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 2 del cuadro A del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En el presente asunto la demandante solicita la anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo y de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, en la medida en que incluye a la demandante en la lista de las personas físicas y jurídicas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición.

Los tres motivos invocados por la demandante son idénticos o similares a los motivos primero, segundo y quinto invocados en el asunto T-492/10, Melli Bank/Consejo.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(2)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/56 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/56

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Recurso interpuesto el 7 de octubre 2010 — Divandari/Consejo

(Asunto T-497/10)

()

2010/C 328/87

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Ali Divandari (Teherán, Irán) (representantes: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el apartado 1 del cuadro A del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 1 del cuadro A del anexo al Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010, (1) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se anule el apartado 2 del cuadro A del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el apartado 2 del cuadro A del anexo II a la Decisión 2010/413/PESC, (2) en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Que se condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En el presente asunto la demandante solicita la anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo y de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, en la medida en que incluye a la demandante en la lista de las personas físicas y jurídicas, organismos y entidades cuyos fondos y recursos se congelan en aplicación de esa disposición.

Los cuatro motivos invocados por la demandante son idénticos o similares a los motivos primero, segundo y quinto invocados en el asunto T-492/10, Melli Bank/Consejo.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 195, p. 25).

(2)  Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO L 195, p. 39).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/57 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/57

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Auto del Tribunal General de 7 de octubre de 2010 — Sepracor/OAMI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

(Asunto T-280/07) (1)

()

2010/C 328/88

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 235, de 6.10.2007.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/57 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/57

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Auto del Tribunal General de 5 de octubre de 2010 — Ryanair/Comisión

(Asunto T-441/07) (1)

()

2010/C 328/89

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 37, de 9.2.2008.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/57 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/57

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Auto del Tribunal General de 7 de octubre de 2010 — Söns/OAMI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

(Asunto T-140/10) (1)

()

2010/C 328/90

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 148, de 5.6.2010.

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Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/58 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/58

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Vivier/Comisión

(Asunto F-29/05) (1)

(Función pública - Agentes temporales - Clasificación en grado - Grados previstos en la convocatoria - Modificación de las normas de clasificación de los agentes - Disposiciones transitorias - Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto - Aplicación por analogía)

2010/C 328/91

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Jean-François Vivier (Petten, Países Bajos) (representantes: inicialmente S. Orlandi, A. Coolen y É. Marchal, abogados, posteriormente S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente H. Krämer y K. Herrmann, agentes, posteriormente J. Currall, agente)

Objeto

Anulación de la decisión de la Comisión por la que se clasifica al demandante en el grado A*6 en el momento de su contratación como agente temporal.

Fallo

| 1) | Anular la decisión de clasificación de la Comisión Europea, tal como figura como anexo de 21 de julio de 2004 al contrato de agente temporal firmado por el Sr. Vivier el 10 de junio de 2004. |
| --- | --- |

1)

Anular la decisión de clasificación de la Comisión Europea, tal como figura como anexo de 21 de julio de 2004 al contrato de agente temporal firmado por el Sr. Vivier el 10 de junio de 2004.

| 2) | Condenar a la Comisión Europea a abonar sus propias costas y las efectuadas por el Sr. Vivier. |
| --- | --- |

2)

Condenar a la Comisión Europea a abonar sus propias costas y las efectuadas por el Sr. Vivier.

---

(1)  DO C 193, de 6.8.2005, p. 31 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-196/05 y trasladado al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15 de diciembre 2005).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/58 |
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4.12.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/58

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010) — Gudrun Schulze/Comisión Europea

(Asunto F-36/05) (1)

(Función pública - Funcionarios - Nombramiento - Candidato incluido en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto - Normas transitorias de clasificación en grado en el momento de la contratación - Clasificación en escalón - Artículo 32 del Estatuto - Artículos 2, 5 y 12 del anexo XIII del Estatuto - Discriminación por razón de edad - Remuneración idéntica para un trabajo del mismo valor - Principio de buena administración - Deber de asistencia y protección)

2010/C 328/92

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Gudrun Schulze (Bruselas) (representantes: inicialmente S. Rodrigues y A. Jaume, abogados, posteriormente S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: J, Currall y H. Krämer, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agentes)

Objeto

Por una parte, anulación de la Decisión de la Comisión por la que se clasifica a la demandante, que figura en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto, en aplicación de las disposiciones menos favorables de éste [artículo 12 del anexo XIII del Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios] y, por otra, una solicitud de indemnización de daños y perjuicios.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Cada parte cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

---

(1)  DO C 193, de 6.8.2005, p. 36 (asunto inicialmente registrado ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-207/05 y trasladado al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15 de diciembre de 2005).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/59 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/59

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Jacobs/Comisión

(Asunto F-41/05) (1)

(Función pública - Funcionarios - Nombramiento - Candidatos incluidos en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto - Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables - Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto)

2010/C 328/93

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Kurt Jacobs (Brujas, Bélgica) (representante: L. Vogel, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: H. Krämer y K. Hermann, agentes)

Objeto

Por una parte, anulación de la decisión de la Comisión por la que se clasifica al demandante, que figura en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto, en aplicación de las disposiciones menos favorables de éste [artículo 12 del anexo XIII del Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios] y, por otra, una solicitud de indemnización de daños y perjuicios.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Cada parte cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

---

(1)  DO C 205, de 20.8.2005, p. 26 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-220/05 y trasladado al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15 de diciembre 2005).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/59 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/59

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Torijano Montero/Consejo

(Asunto F-76/05) (1)

(Función pública - Funcionarios - Nombramiento - Candidatos incluidos en una lista de reserva de un concurso publicado antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto - Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables - Artículo 5 del Estatuto - Artículo 12 del anexo XIII del Estatuto - Principio de igualdad - Principio de confianza legítima - Deber de asistencia y protección - Proporcionalidad)

2010/C 328/94

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Javier Torijano Montero (Bruselas) (representantes: inicialmente S. Rodrigues y A. Jaume, abogados, posteriormente S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agentes)

Objeto

Anulación de la decisión del Consejo por la que se clasifica al demandante, que figura en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto, en aplicación de las disposiciones menos favorables de éste [artículo 12 del anexo XIII del Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios].

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Cada parte cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 281, de 12.11.2005, p. 23 (asunto inicialmente registrado en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-302/05 y trasladado al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15 de diciembre de 2005).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/59 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/59

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — Toth/Comisión

(Asunto F-107/05) (1)

(Función pública - Agente temporal - Clasificación en grado - Grados previstos en la convocatoria - Modificación de las normas de clasificación de los agentes temporales introducida después de la publicación de la convocatoria - Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables - Disposiciones transitorias - Aplicación por analogía - Artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto - Proporcionalidad - Principio de buena administración)

2010/C 328/95

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Gergely Toth (Besozzo, Italia) (representantes: inicialmente S. Rodrigues y Y. Minatchy, abogados, posteriormente, S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz y R. Albelice, abogados, finalmente S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y H. Krämer, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agentes, posteriormente K. Zieleśkiewicz y M. Bauer, agentes)

Objeto

Por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión por la que se clasifica al demandante en el grado A*6, escalón segundo, en el momento de su contratación como agente temporal y, por otra, una solicitud de indemnización por daños y perjuicios.

Fallo

| 1) | Anular la decisión de la Comisión Europea por la que se clasifica al Sr. Toth en el grado A*6, segundo escalón, que figura en el artículo 3 del contrato de agente temporal firmado el 17 de enero de 2005. |
| --- | --- |

1)

Anular la decisión de la Comisión Europea por la que se clasifica al Sr. Toth en el grado A*6, segundo escalón, que figura en el artículo 3 del contrato de agente temporal firmado el 17 de enero de 2005.

| 2) | Desestimar el recurso en todo lo demás. |
| --- | --- |

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

| 3) | Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las costas efectuadas por el demandante. |
| --- | --- |

3)

Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las costas efectuadas por el demandante.

| 4) | El Consejo de la Unión Europea, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

4)

El Consejo de la Unión Europea, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.

---

(1)  DO C 22, de 28.1.2006, p. 15 (asunto inicialmente registrado ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas con el número T-401/05 y trasladado al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea mediante auto de 15 de diciembre de 2005).

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/60 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/60

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010 — de Luca/Comisión

(Asunto F-20/06) (1)

(Función pública - Funcionarios - Nombramiento - Funcionarios que acceden a un grupo de funciones superiores por concurso general - Candidato incluido en una lista de reserva antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto - Normas transitorias de clasificación en grado en el momento de la contratación - Clasificación en grado en aplicación de las nuevas normas menos favorables - Artículos 5, apartado 2, y 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto)

2010/C 328/96

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Patricia de Luca (Bruselas) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y H. Krämer)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio Santacruz y M. Simm, agentes)

Objeto

Anulación de la decisión de la Comisión de 23 de febrero de 2005 de nombrar a la demandante, funcionaria ya clasificada en el grado A*10 e incluida en la lista de aptitud de un concurso para los grados A5/A4, para un puesto como administrador en la dirección general «Justicia, libertad y seguridad», en la medida en que modifica su clasificación del grado A*10 al grado A*9.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
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1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Cada parte cargará con sus propias costas. |
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2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 108, de 6.5.2006, p. 31.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/60 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/60

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 30 de septiembre de 2010 — Lebedef y Jones/Comisión

(Asunto F-29/09) (1)

(Función pública - Funcionarios - Retribuciones - Artículo 64 del Estatuto - Artículo 3, apartado 5, párrafo primero, y artículo 9 del anexo XI del Estatuto - Coeficiente corrector - Igualdad de trato)

2010/C 328/97

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Georgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburgo) y Trevor Jones (Ernzen, Luxemburgo) (representantes: F. Frabetti y J.-Y. Vergnaud, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y D. Martin, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: K. Zieleśkiewicz y M. Bauer, agentes)

Objeto

Pretensión de anulación de la decisión por la que se deniega elevar el poder adquisitivo de las retribuciones en Luxemburgo hasta un nivel equivalente al del poder adquisitivo de las retribuciones en Bruselas y, subsidiariamente, pretensión de anulación de las hojas de haberes de los demandantes emitidas a partir del 15 de junio de 2008.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
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1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar a los Sres. Lebedef y Jones a cargar con las costas del procedimiento, excepto las correspondientes al Consejo de la Unión Europea. |
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2)

Condenar a los Sres. Lebedef y Jones a cargar con las costas del procedimiento, excepto las correspondientes al Consejo de la Unión Europea.

| 3) | El Consejo de la Unión Europea, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas. |
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3)

El Consejo de la Unión Europea, parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 129, de 6.6.2009, p. 21.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/61 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/61

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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010 — W/Comisión

(Asunto F-86/09) (1)

(Función pública - Agentes contractuales - Remuneración - Complementos familiares - Pareja de personas del mismo sexo - Asignación familiar - Requisito de concesión - Posibilidad de contraer matrimonio civil - Concepto - Artículo 1, apartado 2, letra c), inciso iv), del anexo VII del Estatuto)

2010/C 328/98

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: W (Bruselas) (representante: É. Boigelot, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y D. Martin, agentes)

Objeto

Recurso de anulación de la decisión por la que se deniega al demandante la asignación familiar porque el demandante y su pareja podían contraer matrimonio civil en Bélgica.

Fallo

| 1) | Anular las decisiones de la Comisión de 5 de marzo de 2009 y de 17 de julio de 2009, por las que se deniega a W la asignación familiar prevista en el artículo 1 del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea. |
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1)

Anular las decisiones de la Comisión de 5 de marzo de 2009 y de 17 de julio de 2009, por las que se deniega a W la asignación familiar prevista en el artículo 1 del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

| 2) | Condenar a la Comisión Europea al pago de todas las costas. |
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2)

Condenar a la Comisión Europea al pago de todas las costas.

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(1)  DO C 11, de 16.1.2010, p. 40.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/61 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/61

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Recurso interpuesto el 28 de septiembre de 2010 — Bovagnet/Comisión

(Asunto F-89/10)

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2010/C 328/99

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: François-Carlos Bovagnet (Luxemburgo) (representante: M. Korving, abogada)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión de la parte demandada de no reembolsar íntegramente los gastos de escolaridad de los hijos del demandante.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se estime la reclamación de la parte demandante y se le conceda el reembolso íntegro de todas las facturas controvertidas, relativas al año escolar 2009/2010, lo que se concreta en el pago de un importe de 2 580 euros por el PMO (Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales). |
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—

Que se estime la reclamación de la parte demandante y se le conceda el reembolso íntegro de todas las facturas controvertidas, relativas al año escolar 2009/2010, lo que se concreta en el pago de un importe de 2 580 euros por el PMO (Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales).

| — | Que se condene en costas a la Comisión. |
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—

Que se condene en costas a la Comisión.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/61 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/61

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Recurso interpuesto el 4 de octubre de 2010 — Blessemaille/Parlamento

(Asunto F-93/10)

()

2010/C 328/100

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Philippe Blessemaille (Remich, Luxemburgo) (representantes: E. Boigelot y S. Woog, abogados)

Demandada: Parlamento Europeo

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión de la parte demandada de no incluir al demandante en la lista de funcionarios promovidos al grado AST 8 en el ejercicio de promoción de 2009 y pretensión de reparación del daño moral sufrido.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión del Parlamento, publicada el 2 de diciembre de 2009, de no incluir al demandante en la lista de funcionarios promovidos del grado AST 7 al grado AST 8 en el ejercicio de promoción de 2009. |
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—

Que se anule la decisión del Parlamento, publicada el 2 de diciembre de 2009, de no incluir al demandante en la lista de funcionarios promovidos del grado AST 7 al grado AST 8 en el ejercicio de promoción de 2009.

| — | Como consecuencia de tal anulación, que se lleve a cabo un nuevo examen comparativo de los méritos del demandante y de los méritos de los demás candidatos en el marco de los ejercicios de promoción 2008 y 2009 y que se reconozca al demandante la promoción al grado AST 8 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2008, así como el derecho a percibir, desde esa misma fecha, intereses sobre las retribuciones atrasadas, al tipo fijado por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación, incrementado en dos puntos, sin poner en tela de juicio, no obstante, la promoción de los restantes funcionarios que sí la obtuvieron. |
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—

Como consecuencia de tal anulación, que se lleve a cabo un nuevo examen comparativo de los méritos del demandante y de los méritos de los demás candidatos en el marco de los ejercicios de promoción 2008 y 2009 y que se reconozca al demandante la promoción al grado AST 8 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2008, así como el derecho a percibir, desde esa misma fecha, intereses sobre las retribuciones atrasadas, al tipo fijado por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación, incrementado en dos puntos, sin poner en tela de juicio, no obstante, la promoción de los restantes funcionarios que sí la obtuvieron.

| — | Que se condene al Parlamento a abonar al demandante la cantidad de 3 500 euros en concepto de reparación del daño moral sufrido como consecuencia de no haber sido promovido el 1 de enero de 2008, sin perjuicio de que dicha cantidad pueda ser incrementada en el transcurso del procedimiento. |
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—

Que se condene al Parlamento a abonar al demandante la cantidad de 3 500 euros en concepto de reparación del daño moral sufrido como consecuencia de no haber sido promovido el 1 de enero de 2008, sin perjuicio de que dicha cantidad pueda ser incrementada en el transcurso del procedimiento.

| — | Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal estime que la promoción al grado AST 8 no puede surtir efecto en una fecha anterior al 1 de enero de 2009, que se condene al Parlamento a pagar una indemnización complementaria en concepto de reparación del perjuicio material de un importe correspondiente a la diferencia entre el sueldo que debería haber percibido el demandante en 2008 en virtud de la promoción de 1 de enero de 2008 y el sueldo que efectivamente percibió en 2008, calculado con respecto al período comprendido, bien entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, bien entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2008, según la fecha en la que se reconozca que ha surtido efecto la promoción controvertida (el 1 de enero de 2009 o el 1 de septiembre de 2008, respectivamente). |
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Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal estime que la promoción al grado AST 8 no puede surtir efecto en una fecha anterior al 1 de enero de 2009, que se condene al Parlamento a pagar una indemnización complementaria en concepto de reparación del perjuicio material de un importe correspondiente a la diferencia entre el sueldo que debería haber percibido el demandante en 2008 en virtud de la promoción de 1 de enero de 2008 y el sueldo que efectivamente percibió en 2008, calculado con respecto al período comprendido, bien entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, bien entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2008, según la fecha en la que se reconozca que ha surtido efecto la promoción controvertida (el 1 de enero de 2009 o el 1 de septiembre de 2008, respectivamente).

| — | Que se condene en costas al Parlamento. |
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—

Que se condene en costas al Parlamento.

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| 4.12.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 328/62 |
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4.12.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 328/62

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Recurso interpuesto el 8 de octubre de 2010 — Eberhard Bömcke/BEI

(Asunto F-95/10)

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2010/C 328/101

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Eberhard Bömcke (Athus, Bélgica) (representante: D. Lagasse, abogado)

Demandada: Banco Europeo de Inversiones

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión adoptada por el director de recursos humanos de la parte demandada que confirma que el mandato de representante de personal del demandante ha expirado y solicitud de indemnización por daños y perjuicios.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión del director de recursos humanos del BEI notificada al demandante por escrito de 22 de septiembre de 2010, recibido el 24 de septiembre de 2010. |
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Que se anule la decisión del director de recursos humanos del BEI notificada al demandante por escrito de 22 de septiembre de 2010, recibido el 24 de septiembre de 2010.

| — | Que se condene al BEI a reparar el daño moral causado al demandante por dicha resolución y que se concedan al demandante 25 000 euros en tal concepto. |
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—

Que se condene al BEI a reparar el daño moral causado al demandante por dicha resolución y que se concedan al demandante 25 000 euros en tal concepto.

| — | Que se condene en costas al BEI. |
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—

Que se condene en costas al BEI.

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