Número Identificador: RES2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

EL PUEBLO DE

PUERTO RICO

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

ANTHONY VÁZQUEZ

DEMANDADA(S)-

PETICIONARIA(S)

KLCE202400205

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de HUMACAO

Caso Núm. 

HSCR202300637 y 

HSCR202300638

(204)

Sobre:

Art. 401; Art. 412 Ley 

de Sustancias 

Controladas

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 15 de marzo de 2024. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor

ANTHONY VÁZQUEZ (señor VÁZQUEZ) mediante Petición de Certiorari

incoada el 20 de febrero de 2024. En su recurso, nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 29 de enero de 2024 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Humacao.

1

Mediante la referida determinación, el foro de instancia declaró ha 

lugar la Moción sobre Desestimación al Amparo de la Regla 64(P) de 

las de Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley presentada 

el 8 de diciembre de 2023 por el señor VÁZQUEZ. Así las cosas, dejó 

sin efecto las determinaciones de causa en los delitos imputados; 

devolvió el caso a la etapa de vista preliminar para la celebración de 

audiencia; y pautó señalamiento para el 27 de febrero de 2024.

1 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 31 de enero 

de 2024. Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 37-41.
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Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la 

presente controversia.

- I -

El 27 de marzo de 2023, el MINISTERIO PÚBLICO presentó dos 

(2) denuncias por alegadas violaciones a los Artículos 401 y 412 de 

la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida 

como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, contra el señor 

VÁZQUEZ.

2 Ese mismo día, en la audiencia de causa probable para 

arresto, se determinó causa probable y se pautó la vista preliminar 

para el 5 de abril de 2023.

Luego de varios incidentes procesales, tal audiencia se celebró 

el 26 de septiembre de 2023. En dicha vista, el MINISTERIO PÚBLICO

presentó el testimonio del Agte. Juan P. Albizu De Jesús, placa núm. 

37301, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Humacao.

Al culminar la presentación de la prueba, se hizo determinación de 

no causa probable para acusar en los delitos imputados al señor 

VÁZQUEZ. Ante esta situación, en corte abierta, el MINISTERIO PÚBLICO

solicitó una vista preliminar en alzada, la cual fue pautada para el 

12 de octubre de 2023.

El 5 de octubre de 2023, el MINISTERIO PÚBLICO presentó una 

Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración en cuanto a la 

determinación de no causa para acusar.

3 El 10 de octubre de 2023, 

el expediente del caso fue remitido a la consideración de la juez que 

atendió la vista preliminar. Al día siguiente, el 11 de octubre de 

2023, se emitió Orden requiriéndole al señor VÁZQUEZ fijar su 

posición sobre la solicitud de reconsideración. 

Consecuentemente, el 12 de octubre de 2023, el juez asignado 

para celebrar la vista preliminar en alzada determinó que no podía 

atender el caso ante la solicitud de reconsideración. Inclusive, en 

2 24 LPRA § 2101. Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 1- 4.

3 Íd., págs. 5- 7.
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corte abierta, la entonces representación legal del señor VÁZQUEZ

informó que estaba lista para replicar la solicitud de 

reconsideración. No obstante, el juez instruyó al licenciado Carlos 

M. Aponte Nieves a realizar los planteamientos ante la juez que 

atendió la vista preliminar.

Después, el 31 de octubre de 2023, se celebró una audiencia 

sobre reconsideración. Ese día, el licenciado Aponte Nieves renunció 

a la representación del señor VÁZQUEZ; la cual fue aceptada por el 

Tribunal; se instruyó al señor VÁZQUEZ buscar nueva representación 

legal y, en consecuencia, se reséñaló la audiencia sobre 

reconsideración para el 3 de noviembre de 2023.

En la audiencia pautada para el 3 de noviembre de 2023, el 

señor VÁZQUEZ compareció sin representación legal. A pesar de, y 

sin la presencia de un abogado de defensa, el Tribunal modificó su 

dictamen; determinó causa probable para acusar; y dejó citado al 

señor VÁZQUEZ para el Acto de Lectura de Acusación a celebrarse el 

13 de noviembre de 2023.4

El 9 de noviembre de 2023, el señor VÁZQUEZ presentó una 

Moción en Virtud del Debido Proceso de Ley y el Derecho a Estar 

Representado por Abogado en la cual solicitó se dejara sin efecto la 

determinación tomada en la vista de reconsideración.

5 Días 

después, el 13 de noviembre de 2023, en el acto de lectura de 

acusación, el tribunal primario prescribió posponer el señalamiento 

para el 29 de noviembre de 2023. Ante ese proceder, la juez que 

atendió la vista preliminar señaló una audiencia para el 27 de 

noviembre de 2023 y, le requirió al MINISTERIO PÚBLICO exponer su 

posición.

4 Ese mismo día, el licenciado Erick J. Vázquez González fue designado como 

Abogado Voluntario de Oficio. Junto a la designación, recibió las denuncias y 

Resolución emitida el 3 de noviembre de 2023. Véase Apéndice de Petición de 

Certiorari, págs. 8- 11.

5 Íd., págs. 12- 16.
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El 27 de noviembre de 2023, escuchados los planteamientos 

de ambas partes, el foro a quo declaró no ha lugar a la Moción en 

Virtud del Debido Proceso de Ley y el Derecho a Estar Representado 

por Abogado y ordenó la continuación de los procedimientos, 

conforme a su dictamen de 3 de noviembre de 2023. El señor 

VÁZQUEZ – en corte abierta- solicitó que se notificara la Resolución o 

Minuta para recurrir de dicha determinación. El 28 de noviembre de 

2023, el señor VÁZQUEZ presentó Urgente Moción Informando 

Intención de Recurrir al Tribunal de Apelaciones y Solicitud de Minuta 

y/o Resolución del Tribunal para Recurrir.

6 El 7 de diciembre de 

2023, el tribunal primario declaró no ha lugar la paralización del 

acto de lectura de acusación.

7

Al próximo día, el señor VÁZQUEZ presentó Moción sobre 

Desestimación al Amparo de la Regla 64(P) de las de Procedimiento 

Criminal y el Debido Proceso de Ley.

8 Reiteró su contención de que 

el ordenamiento jurídico no le reconoce al MINISTERIO PÚBLICO una 

vista para reconsiderar una determinación de no causa y, por ende,

solo tienen a su disposición el mecanismo procesal de la vista 

preliminar en alzada. En respuesta, el 22 de diciembre de 2023, el

MINISTERIO PÚBLICO presentó su Moción en Oposición a 

Desestimación al Amparo de la Regla 64 (P) de las de Procedimiento 

Criminal.

9

El 29 de enero de 2024, en corte abierta, el foro primario 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación presentada por el 

señor VÁZQUEZ. Ante ello, el 31 de enero de 2024, se notificó la 

Resolución objeto del presente recurso. 

6 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 17- 19.

7 Íd., pág. 20. El 29 de noviembre de 2024, se celebró el acto de lectura y se pautó 

audiencia para el 20 de diciembre de 2024.

8 Íd., págs. 25- 32.

9 Íd., págs. 33- 36.
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En desacuerdo con ese proceder, el 20 de febrero de 2024, el

señor VÁZQUEZ recurrió ante este tribunal intermedio punteando

el(los) siguiente(s) error(es):

Erró el Tribunal de Primera Instancia al variar su 

dictamen de No Causa para Acusar emitido en una 

vista preliminar conforme la Regla 23, mediante la 

celebración de una vista de reconsideración.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al disponer 

que desestimadas las acusaciones en virtud de la 

Regla 64(p) se debe regresar a una vista preliminar 

en la que previamente hubo una determinación de 

No causa probable para acusar.

Ese mismo día, pronunciamos Resolución en la cual, entre 

otras cosas, concedimos un plazo hasta el 23 de febrero de 2024,

para presentar posición sobre la moción de auxilio de jurisdicción y 

mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto de certiorari y 

revocar el dictamen impugnado.

El día 23 de febrero de 2024, el MINISTERIO PÚBLICO, presentó

una Solicitud de Desestimación por Academicidad.

10

Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y 

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos 

encontramos en posición de resolver. Puntualizamos las normas de 

derecho pertinentes a las (s) controversia(s) planteada(s).

- II -

- A -

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que cuenta un 

tribunal para considerar y decidir los casos y controversias ante su 

consideración.11 Por ende, la falta de jurisdicción de un tribunal 

10 Dicho escrito está acompañado de copia de Moción de Archivo al Amparo de la 

Regla 247 A de las de Procedimiento Criminal presentada el 22 de febrero de 2024 

en el caso HSCR202300637 y 00638. En lo pertinente expuso: “[e]l MINISTERIO 

PÚBLICO ha determinado, luego de examinar minuciosamente el sumario fiscal y 

el tracto procesal del caso de autos, solicitar al Honorable Tribunal el archivo sin 

perjuicio de estos asuntos, al amparo de la Regla 247 a de las de Procedimiento 

Criminal”. 

11 Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50, 211 DPR ____ (2023); FCPR v. ELA et 

al., 2023 TSPR 26, 211 DPR ___ (2023).
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incide directamente sobre su poder para adjudicar una 

controversia.12

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Aun en ausencia de un señalamiento por alguna de las 

partes, la falta de jurisdicción puede ser considerada motu proprio

por los tribunales. Las cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia. Si un tribunal se 

percata que carece de jurisdicción, así tiene que declararlo y 

desestimar el caso.13 

El Tribunal Supremo ha resuelto enfáticamente que la 

ausencia de jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias: 

“(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste 

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6) 

puede presentarse en cualquier etapa de los procedimientos, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.14

Por tratarse de una cuestión de umbral en todo procedimiento 

judicial, si un tribunal determina que carece de jurisdicción solo 

resta así declararlo y desestimar la reclamación inmediatamente, sin 

entrar en los méritos de la controversia, conforme lo ordenado por 

las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento del recurso en 

cuestión.15

Un recurso presentado antes del tiempo correspondiente 

(prematuro), al igual que el presentado luego del plazo aplicable 

12 Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020).

13 Pueblo v. Torres Medina, supra; FCPR v. ELA et al., supra; Allied Mgmt. Group v. 

Oriental Bank, supra, págs. 366-387.

14 MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 2023 TSPR 08, 211 DPR ___ (2023); 

Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., supra, pág. 395; Beltrán Cintrón v. ELA, 

204 DPR 89, 101-102 (2020).

15 Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Torres Alvarado v. Madera Atiles,

202 DPR 495, 501 (2019).
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(tardío), “sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”.16 En ambos 

casos, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico.17

La doctrina jurídica de justiciabilidad limita la intervención de 

los tribunales a aquellos casos en que exista una controversia 

genuina surgida entre partes opuestas que tengan un interés real 

en obtener un remedio.18 Este principio constituye una 

autolimitación al ejercicio del Poder Judicial de arraigo 

constitucional y persigue el fin de evitar que se obtenga un fallo 

sobre una controversia inexistente, una determinación de un 

derecho antes de que el mismo sea reclamado o una sentencia en 

referencia a un asunto que, al momento de ser emitida, no tendría 

efectos prácticos sobre la cuestión sometida.19 No se consideran 

controversias justiciables aquellas en que: 1) se procura resolver 

una cuestión política; 2) una de las partes carece de legitimación 

activa; 3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la 

controversia en académica; 4) las partes están tratando de obtener 

una opinión consultiva, o; (5) se intenta promover un pleito que no 

está maduro.20 Así pues, el ejercicio válido del poder judicial sólo se 

justifica si media la existencia de una controversia real y 

sustancial.21

La academicidad es una manifestación de la doctrina de 

justiciabilidad. Un caso es académico cuando se trata de obtener un 

fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o 

una determinación de un derecho antes de que este haya sido 

reclamado o una sentencia sobre un asunto que, al dictarse, por 

16 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).

17 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, supra.

18 Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019). 

19 San Gerónimo Caribe Proyect v. ARPE, 174 DPR 640 (2008). 

20 Íd.

21 Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219 (2001). 
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alguna razón, no tendrá efectos prácticos sobre una controversia 

existente.22 Como regla general, un caso es académico “cuando 

ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia 

particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el 

remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto 

real alguno en cuanto a esa controversia”.23

La Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en lo pertinente que: “Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

[ ]...(5) que el recurso se ha convertido en académico”.

24 Una vez 

un tribunal determina que no tiene jurisdicción, “procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado 

por las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos”.25 Ello sin entrar en los méritos de la controversia ante sí.

- B -

Cuando evaluamos nuestro ordenamiento procesal penal, el 

vehículo apropiado mediante el cual un tribunal de justicia puede 

archivar o sobreseer una acusación o denuncia es la Regla 247 de 

las de Procedimiento Criminal.26 La aludida regla dispone:

(a) Por el Secretario de Justicia o fiscal. El Secretario de 

Justicia o el fiscal podrán, previa aprobación del 

tribunal, sobreseer con o sin perjuicio para un 

nuevo proceso una denuncia o acusación con 

respecto a todos o algunos de los acusados. Excepto 

según se dispone en el inciso (c) de esta regla, dicho 

sobreseimiento no podrá solicitarse durante el juicio, 

sin el consentimiento de dichos acusados.27

22 Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014).

23 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59 (2017). 

24 Dicho inciso lee: “(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: (1) que el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción; (2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa para 

ello; (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe; (4) que 

el recurso es frívolo y surge claramente que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos; o (5) que el recurso se ha convertido en académico”. 

25 Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra, pág. 385. 

26 34 LPRA Ap. II. R. 247. 

27 (Énfasis nuestro). 
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Esto implica, que para que proceda el archivo al palio de la 

referida Regla 247 de las de Procedimiento Criminal es necesario 

evaluar la naturaleza del delito por el cual el acusado está siendo 

procesado. En esa dirección, el sobreseimiento es con perjuicio si 

se trata de un delito menos grave o se realiza bajo el inciso (b) o (c) 

de la citada norma. Por el contrario, el sobreseimiento será sin 

perjuicio cuando se realiza con el consentimiento del acusado y la 

previa autorización del tribunal.28

- III -

En su petición de Certiorari, el señor VÁZQUEZ nos solicita que 

revisemos la Resolución dictaminada el 29 de enero de 2024 por el 

foro de primera instancia, mediante la cual se declaró ha lugar su

Moción sobre Desestimación al Amparo de la Regla 64(P) de las de 

Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley presentada el 8 de 

diciembre de 2023. Así las cosas, se dejaron sin efecto las 

determinaciones de causa en los delitos imputados; se devolvió el 

caso a la etapa de vista preliminar para la celebración de audiencia; 

y se pautó señalamiento para el 27 de febrero de 2024.

Hemos evaluado nuestro legajo, así como la página web del 

Poder Judicial del cual surge que el pasado 22 de febrero, se 

presentó Moción de Archivo al Amparo de la Regla 247 A de las de 

Procedimiento Criminal enunciando: “[e]l MINISTERIO PÚBLICO ha 

determinado, luego de examinar minuciosamente el sumario fiscal 

y el tracto procesal del caso de autos, solicitar al Honorable Tribunal 

el archivo sin perjuicio de estos asuntos, al amparo de la Regla 247 

de las de Procedimiento Criminal”. Ante ello, tomamos conocimiento 

judicial de dicho escrito. Ello, sin duda, tuvo el efecto de tornar en 

académica la controversia interlocutoria planteada en el recurso de 

Certiorari, aun cuando esta pudo haber sido justiciable en un inicio. 

28 D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma 

edición, págs. 155 – 156 (2018). (énfasis nuestro). 
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Ante ello, entendemos que los hechos medulares han cambiado, y el 

planteamiento del señor VÁZQUEZ ha sido atendido. Ante la ausencia 

de una controversia genuina entre las partes, entendemos que la 

petición de Certiorari se ha tornado académica y en consecuencia, 

carecemos de jurisdicción para atender la misma.

– IV –

Por los fundamentos antes expuestos y en conformidad con la 

Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

desestimamos, por academicidad, el recurso de Certiorari 

entablado el 20 de febrero de 2024 por el señor VÁZQUEZ, y 

ordenamos el cierre y archivo del presente caso.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones