Número Identificador
SEN 20 2 4

________ _________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL III ESPECIAL

P REMIER COMPUTER, INC. Apelad o

v.

MUNICIPIO DE SAN JUAN Apelante KLAN202 30 1 049 Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Jua n Civil Núm.: K CD2015

- 0597
Sobre: Incumplimiento de c ontrato , cobro de dinero Panel integrado por su presidente, el J uez Figueroa Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el J ue z Ronda del Toro Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA En San Juan, Puerto R ico a 19 de agosto de 202 4
. Comparece el Municipio de San Juan , en adelante
M SJ o apelante, y solicita que revoquemos una
Sentencia emitida el 9 de agosto de 202 3 , notificada y archivada en autos el 15 de agosto de 2023 , por el
Tribunal de Primera Instanci a , Sala de San Juan , en adelante TPI
. 1 Mediante el referido dictamen, el foro
de in stancia declaró ha lugar la Moción de Sentencia
Sumaria que presentó Premier Computer, Inc., en
adelante Premier o apelado, y ordenó al MSJ a satisfacer la cantid ad de $6,55 9 ,292.36 , en concepto de principal e intereses. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma la Sentencia apelada
.

1 Apéndice de l a pelante, págs. 7624

- 7645
.KL AN2 0 2 3 01049 2

- I El 11 de marzo de 2015, Premier presentó una
D emanda c ontr a MSJ por incumplimiento de contrato y
cobro de dinero
. 2 R eclam ó el pago de $6,2 18,046.30 , por servicios a legadamente prestados y no pagados p or

conce pto de facturación y cobro de servicios médico

hospitalarios provistos por distintas entidades médi cas d el apelante , correspondientes al periodo de julio de 201 0 ha sta enero de 2014. Ale g ó que la deuda
estaba vencida, era líquida y exigible, por lo que solicitó su pago inmediato, más intereses, costas y
honorarios de abogado.
Mediante su Contestación a D em anda , Defensas
Afirmativas y R econvención , el apelante neg ó la s alegaciones y levantó como defensa s afirmativa s , entre otras, que las facturas reclamadas por el apelado no son válidas o sobrepasan los límites presupuestados para los contratos en pugn a. 3 Además, señal ó que los contratos no son válidos ; que no fuer o n i nscritos en
la Oficina del Contralor de Puerto Rico ; y que son contrarios al orden público
. F inalmente , reconvin o por el monto de $6,118,939.42 , por Premier pr esuntamente haber presta do s e rvicios defe c tuosos con t rario a su s obligaciones contractuales
. 4
Po steriormente , MSJ presentó C ontestación
E nmendada a D emanda , Defensas Afirmativas y Reconvención
. 5 En esta ocasión, aceptó la existencia y
el otorga miento de los contratos suscrito s con Premier. No obstante, alegó que este ú ltimo incumplió con su oblig a ció n contractua l de facturar servicios

2 Id
. , pág s . 1

- 13
. 3 Id ., p ág s . 1 4

- 20
. 4 Id
. 5 Id ., pág s . 21

- 29
.KL AN2 0 2 3 01049 3

médicos , lo que generó pérdidas millonarias que exceden la cuantía re c lamada originalmente . Debido a ello, subi ó a $12,000 ,000. 00 el monto de la

recon vención
. En desacue rdo, Premier presentó una Moción para
Ofrecer C ont estación a R econvención Enmendada , en la que negó las alegaciones de MSJ. Sostuvo que no incumplió con sus obligaciones contractuales . A su vez, aseguró que todos los servicios que le br indó al apelante fueron autorizados por el apelado . En consecuenci a , s olicitó la d esestimación de la reconvención y reiteró su solicitud de cobro de
dinero , más intereses , costas y honorarios de abogado. 6 Tras varias incidencias procesales innecesarias
p or menorizar para adjudicar la controversia ante nuestra consideració n , e l apelado pres entó una Moción
de Sentencia Sumaria [...]. 7 En ella, reiteró que la deuda por la su ma de $6,218,046.30 era líquida, vencida y exigible . Ello así , debido a que las
facturas sometidas por el apelado fueron reconciliadas, validadas y no pagad a s p or la part e apelante. Por consiguiente, solicitó que se dictara
sentencia a su favor en la que se ordenara el pago de lo adeudado, más intereses legales y honorarios de abogados por temeridad
. E n la alternativa, pidió se emitiera una sentencia parcial a su f avor por la cantidad de $3,750,750.96, más honorarios de abogado e
intereses. En c uanto al reman ente de $2,667,088.28,
Premier solicitó que el tribunal emitiera

6 Id
. , p ág. 7625. 7 Id
. , p ág s . 372

- 415
.KL AN2 0 2 3 01049 4

determinaciones de hechos materiales y esenciales conforme surge n de su moción.
En su Opo s ici ón a la Moción de Sentencia Sumaria de Premier Computer, Inc. , 8 MSJ negó las alegaci ones esbozadas por el apelado , así como la validez de los
contratos. Sobre este particular , sostuvo que los acuerdos en pugna no contienen las firmas requeridas por ley par a la contratación gubernamental. A su vez, afi rmó que existen facturas pendientes qu e deben ser revisadas por un comisionado especial, por lo que el tribunal estaba impedido de adjudicar la controversia. También, cuestionó la validez del proceso de

rec o nci li ación de las cuentas presentado por Premier junto a su solicitud de sentencia suma ria. Por último,
solicitó la desestimación de la demanda o, en la alternativa, que se declarara no ha lugar la petición de sentencia sumaria por existir controversias s o bre
l a liquidez de las cantidades reclamadas por el apelado. 9 Posteriormente, el apelad o presentó Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 10 , e n la que adujo que MSJ no presentó oposición a su solicitud de forma oportuna y que al hacerlo obvió q ue se encontraba en rebeldía. A su vez, r ecalcó que el apela nte admitió la validez de los contratos . Por tanto, exigió se le concediera el remedio solicitado en su petición sumaria. Evaluadas las posiciones de las partes, el TPI emitió Sentencia en l a que dec lar ó Ha Lugar la Moción
de Sentencia Sumaria [...] de Premier y ordenó a MSJ

8 Id ., p ág s . 7558

- 7 579
. 9 Id
. 10 Id ., págs. 758 0

- 7603
.KL AN2 0 2 3 01049 5

pagarl e la cantidad de $6,559, 292.36, por concepto de principal e intereses.
Incon forme , el apelante presentó una Solicitud de Reconsideración de Sentencia 11 , a la que se op us o
P r emi er 12 y que el TPI de clar ó “ No ha Lu ga r ” 13

. Aún i n satisfecho , MS J presentó el recurso de epígrafe en el que señaló que el TPI cometi ó los siguientes errores:
E RRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL T RIBUNAL DE P RIMERA I NSTAN CIA AL DICTAR S ENTENCIA S UMARIA A FAVO R DE LA PARTE APELADA EN CLARA VIOLACIÓN DEL MANDATO DEL T RIBUNAL DE A PELACIONES BAJO EL CASO KLCE2021

- 01557, QUE ORDENÓ LA DESIGNACIÓN DE UN COMISIONADO ESPECIAL PARA EVALUAR LA RECLAMACIÓN DEL APELADO Y ASÍ DETE RMINA R LA CUANTÍA PRECISA QUE PUDIESE TENER DER ECH O EL APELADO . E RRÓ EL T RIBUNAL DE P R IMERA I NSTANCIA AL MANTENER EL ESTADO DE REBELDÍA IMPUESTO AL M UNICIPIO DE S AN J UAN EN EL CASO . E RRÓ EL T RIBUNAL DE P RIMERA I NSTANCIA AL DICTAR S ENTENCIA S UMARIA CUANDO EXIS TEN ELEMENTOS ESENCIALES EN CONTROVERS I A Q UE IMPIDEN QUE EL ASUNTO PUEDA ADJUDICAR SE SUMARIAMENTE . Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

- II A. La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario y discrecional, q ue ti ene el propósito
de facilitar la soluc i ón jus ta y rápida de los litigios y casos c iviles que no presenten controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en
su fondo. 14 Se trata de un mecanismo p ara a ligerar la tramitación de un caso, cua n do de los documentos que acompañan la solic itud surge que no existe disputa

11 Id ., p ágs
. 7646

- 7663
. 12 I d. , p ág s . 766 4

- 7 70 3
. 13 I d ., p ágs
. 7704

- 7705
. 14 Aponte Valentín v. P fi zer Pharmaceuti cals, LLC , 2 08 D PR 263, 277

- 2 79 (2021); Meléndez González, et al s . v. M. Cuebas , 193 D PR 100, 110

- 113 (2015); Reyes Sánchez v. Eaton E lec trical , 189 DPR 586, 594 (2013); Ramos Pér ez v. Uni visión de P R , 178 DPR 200, 213 (2010).KL AN2 0 2 3 01049 6

sobre algún hecho material y lo que procede es la aplicaci ón del derecho. 15 Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que un r eclamante debe “presentar una moción
f u nda da en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la r ecl ama ción solicitada”. 16 El Tribunal Suprem o de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a
una sol icitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atine nte a los hechos. 17 Esto es, recae sobre el o pon ent e la obligación de citar específicame nte los párrafos, según enumerados en el escrito de sentencia sumaria, que entiende están en controversia, y para cada uno, detallar la evidencia admisible que fundament a su alegación, y especificar la página o s e cci ón de la evidencia que contradice o
refu ta el hecho. 18 Además, el oponente puede someter hechos materiales adicionales que alegadame nte no están en controversia y que impiden la solución
sumaria del conflicto. 19 De a sí hacerlo, tiene la responsabilidad d e , a l i gual que el proponente,
enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la pieza de evidencia que sostiene el hecho, con

15 Aponte Val en tín v. Pfizer P harma ceutica ls, LL C , supra ; M eléndez González , et al s . v. M. Cuebas , supra ; Ramos Pére z v . Univisión de P R , supra , pág. 214. 16 Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009 ( 32 LPRA Ap. V )
. 17 SLG Zapata

- Rivera v. J F Montalvo , 189 DPR 414, 432 (2 013). 18 Id .; Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil de 2009 ( 32 LP RA Ap. V )
. 19 SLG Zapata

- Rivera v. J F Montalvo , supra .KL AN2 0 2 3 01049 7

referencia específica a la parte de la evidencia que lo apoya. 20 Cónsono con lo anterior, el TSPR ha insistido en
que: La pa r te que se opone a una Moción de Sentencia Sumaria tiene el deb er de presentar una Oposición a la solicitud presentada y de acuerdo con los requisitos de forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento Civil , traer a la atención del Tribunal la evidenc i a q ue demuestra que existen hechos materiales en controversia. 21

De mo do que: [L]a parte contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en su s alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan detallada y esp ec í fica, como lo haya hecho la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la sentencia s umaria en su contra si procede. 22 Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, supra, el TSPR estableció el estándar

e specí fico que debe utilizar el Tri bun al de Apelaciones al revisar una sentencia sumaria :
Primero , reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. Bravo , supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra en l a misma posici ón del Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar Sol ici tudes de Sentenci a Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil , supra , y aplicará los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exige n al foro prim ario. Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limi t ado en el sentido de qu e no puede tomar en consideración evi dencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en co ntroversia, ya que ello le compete al foro primario luego de celebrado u n ju ici o en su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción de Se ntencia Sumari a en el foro primario, llevando a cabo todas las inferenci a s p erm isibles a su favo r. Segundo , por estar en la misma po sición que el foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposi ción cumplan c on los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de P r oce dim iento Civil , supr a , y discutidos en SLG Zapata

- Rivera v. JF Montalvo , supra.
Tercero , en el caso de revisión de una Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de Apelacio nes d ebe revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia. De hab erl os, el foro apela tivo

20 Id. ; R egl a 36.3 (b )(3) de Pr ocedimiento Civil de 2009 ( 32 LPRA Ap. V ). 21 Melén dez González, et al s . v. M. Cueb as , su pra , pág. 122
. 22 Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009 ( 32 LPR A Ap. V ).KL AN2 0 2 3 01049 8 intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró q ue es tán en controv ersia y cuáles están incontrovertidos
. Esta determinación p ued e h acerse en la Sent encia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia.
Cuarto , y por último, de enc ontrar que los hechos materiales realmente están incontrov e rti dos , el foro apelati vo intermedio procederá entonces a re visar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 23
B
. En nuestro orden amiento jurídi co, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y

c u asi con tratos, y de los actos y omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. 24 Aquellas que nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre las pa rtes contratantes y sus causahabientes, y en consecuencia deben cumplirse
a t e nor de este. 25 Por su p arte, los contratos son negocios jurídicos que existen desde que concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa. 26 Así pues, una vez las partes acue rdan mediante su consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir
d ete rmi nadas prestacione s, surge entonces el
contrato. 27 De esta forma, se reconoce el principio de autonomía contractual, que significa que los contratantes pueden establecer lo s pac tos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que

no sea n c ontrari o s a las l eyes, la moral y al orden

23 Meléndez Gonz ál ez, et al s . v. M. Cuebas , supra , págs. 118

- 119. (Énfas is en el origina l). 24 31 LPRA se c. 2992. Com o los contratos en cont roversia se constituyeron previo a novie mbre 2 020 , es tán regulad os por el C ódigo Civi l de 1930
. 25 31 LPRA sec. 2 994
. 26 31 LPRA se c. 3 39 1
. 27 31 LPRA sec. 33 71
. V éase , adem ás, Ama dor v. Conc. Igl. Univ. De J esucristo , 150 D PR 571 , 581

- 582 (2000).KL AN2 0 2 3 01049 9

público. 28 En consecuencia, aquellos quedan vinculados al cumplimiento de todas las consecuencias jurídicas que surjan como parte de l os acuerdos es tipulados. 29 Por ende, la parte que se vea afectada por el
inc ump limiento de los t érminos pactados tiene en su haber exigi r el cumplimiento específico de la obligación incumplida, o pedir la resolución del acuerdo y, en amb os ca sos, el resarc imiento de los
daños causados. 30 Ahora bien, en reclamaciones de cobro d e d ine ro por motivo del incumplimiento de las obligaciones pactadas, “[e]l demandante s[o]lo tiene que probar que existe una deuda válid a, qu e la misma no se ha pagado, que él es el acreedor y los demandados sus deudores”. 31

D ebe alegar además, que la deu d a e s l íquida, est á

ven cida y es exig ible
. 32 U na deuda es “líquida” cuando
la cuantía adeudada es “ cierta” y “determinada” 33 ; en cambio, “[l]a voz ‘exigible’ refiriéndose a una obligación, significa que puede demandarse su cumplimiento”. 34 E ste concepto l le v a í nsi to el elemento de legalidad. 35
En fin , al alegar que la deuda es líquid a y exigible se declara que la cantidad reclamada ha sido aceptada como correcta por el deudor y que está

28 31 LPRA s ec. 337 2 ; Amador v. Conc. Igl. Univ . De Jesucr isto , s upr a , pág . 582. 29 Jarra Corp. v . Ax xis Corp. , 155 DPR 764, 772 (2001). 30 31 LPRA s e c. 3052 ; Á l varez v. R ivera , 165 D PR 1, 19 (2 005); M a ster Con crete C or p. v. Fraya, S E , 152 DPR 6 16, 625 (2000 ). 31 General Elec tric v. Co ncessionaires , Inc
. , 11 8 DPR 32, 43 (1 9 86). 32 Ramo s y otros v. Coló n y otros , 153 DPR 534, 546 (2 001); Guadalupe v. Rod ríguez , 7 0 D PR 958, 966 ( 1950)
. 33 Ramos y o tros v. Colón y otros , sup ra , pág. 546; Free man v. T ribunal Superior , 9 2 DPR 1, 25 ( 1965); M A de l A rco T orres y M
. P o ns Gon z ále z , Diccionari o de Derecho C ivil , Tom o Seg und o, pág. 168 (1984)
. 34 Carazo v . Sr io
. D e Hacienda , 11 8 DPR 306, 315 (1987) ; Guadalupe v. Rodrí guez , supra . 35 Id
.KL AN2 0 2 3 01049 10

vencida. 36 En ca mbio , p ara determinar su vencimiento
se debe aten der al c ará cte r de la deuda, es decir, si es pagadera desde luego, como ocurre con las obligacio nes puras y las sujetas a condición resolutoria, o por el contrario , si es pagadera cuando venza un plazo o se cumpla una condición, como ocurre en el supuesto de una o bli gac ión suj eta a condición suspensiva. 37
C
. La Regla 45.1 de Procedimiento Civil dispone que cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia hubiera dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma, el Tribunal puede ordenar que

s e le ano te la rebeldía por iniciativa propia o por solicitud de parte. 38 Esta disposición opera ,

c uando el demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar la demanda o a defenderse en otra forma prescrita por ley, y no presenta alegació n al g u na c ont ra el remedio solicitado; o en las situaciones en que una de las partes en el pleito ha incumplido con algún mandato del tribunal, lo que motiva a éste a imponerle la rebeldía como sanción. 39 La anotación de rebeldía tiene como propósito “[...]
dis u a dir a a quell os que recurran a la dilación de los procedimientos como una estrategia de litigac ión”. 40 Además, “[...] opera como remedio coercitivo contra una parte adversaria a la cual, habiéndosele concedido la

36 Ramos y otros v. Colón y otros , su pra . 37 31 LPRA 3222 ; J
. R. V é lez Torres, Dere ch o de O blig acion es , Ed. 2da, 1997 , págs. 220

- 221. 38 R egla 45.1 de Procedimiento Ci vil de 2009 ( 3 2 LPRA Ap. V )
. Véase, además, Gon zález Pagán v . Moret Guevara , 202 DPR 106 2, 1068

- 1069 (2019); Bco. Popular v. Andino Solís , 192 DPR 172, 179 (2015); Correa v. Marcano , 139 DPR 8 56, 861 (1996); Im p. Vil ca, Inc. v. Hogares C rea, Inc. , 118 DPR 679 (1 987); R. Hernández Colón, Práctica jurídi ca de Puerto Rico: derecho procesal civil , 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 327 ; J.A. C uevas Segarra, Tratado de derecho proces al ci vil , 2da ed., Sa n Juan, Pubs . JTS , 2011, T. I V, pág. 1338. 39 Ocasio v. Kelly Serv s. , 163 DPR 653, 670 (2005). V éase, además, Rivera Figueroa v. Joe's Eu ropean Shop, 183 DPR 580, 587

- 588 (2011). 40 Gonzále z Pagán v. Moret Guevara, supra , pág. 1069 ; Rive ra Fi gueroa v. Joe's Eu ropean Sho p , su pra , pág. 58 7; Ocasio v. Kelly Ser vs . , supra , pág. 671; Cuevas Segarra, op. ci t ., pá g. 1339
.KL AN2 0 2 3 01049 11

oportunidad de refutar la reclamación, po r su p asiv ida d
o t emeridad opta por no defenders e”. 41 El efecto jurídico de la anotación de rebeldía es que se admiten como ciertos todos los hechos correctamente alegados en la demanda y la causa de acción podrá continuar dilucidándose sin que el
demandado par t i cipe
. 42 Sin e mbargo, el tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía solo si concluye que proced e la concesión del remedio solicitado. 43 Por su parte, la Regla 45.3 de las de
Procedimiento Civil autoriza al Tribunal a levantar una anotación de rebeldía cua n d o ha ya mediado causa justificada. 44 Tal doctrina está arraigada en la primordial política judicial de que los casos deben
ventilarse en sus méritos. 45 Descansa en la sana discreción del Tribunal integrar dicho principio con el interés legítimo de que los pl e itos se tramiten y finalicen en un término razonable. 46 En estos casos, debe considerarse si la parte afectada cuenta con una reclamación o defensa válida que oponer a la parte contraria, antes de tomar una disposición que tenga el efecto de privarla de su día en corte. 47 Cuando en un caso existe la posibilidad de que la parte demandada cuente con una buena defensa y la reapertura del caso no ocasiona perjuicio alguno,

41 Id.; Álamo v. Supermerca do Grande, Inc. , 158 DPR 93, 101 (2002); Continenta l Ins. v . Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978) ; C ue vas Segarra , op. c it ., p ág. 1338. 42 Id. ; Bco. Popular v. Andino Sol ís, supra ; Riv era Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág
. 588; Correa v. Marcano , supra . Véase, además, Hernández Colón, op. cit ., pág. 329
. 43 Id.; Bco. Popular v. Andino Solís, s upr a ; Ocasio v. Kelly S ervs., sup ra , p ág. 671; Con tinental Ins. v. Islet a M arina, supra. 44 R egla 45.3 de Procedimiento Civil de 2009 ( 32 LPRA Ap. V )
. 45 Negr ón v. Sri o. de Justicia , 154 DPR 79, 93 (2001). 46 F ine Art Wallpaper v. Wolf , 102 DPR 451, 457

- 458 (19 74 ). 47 Pardo v. Sucn. Stella , 145 D PR 816, 825 (1998); Fine Art Wallp aper v. Wo lff , supra , pág. 459; J R T v. Missy Mfg. Corp. , 99 DPR 805, 811 (1971).KL AN2 0 2 3 01049 12

constituye un claro abuso de discreción el denegarla. Como regla general, una buena defens a deb e s iempre
inclinar la balanza a favor de una vista en los méritos, a menos que las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por parte del demandado. 48 Finalmente, e n nuestro ordenamiento jurídico prevalece la ten dencia a resolver las causas en sus méritos, siempre que con ello no se cause perjuicio verdadero a los demás litigantes, o dilación irrazonable en el procedimiento judicial. 49 Conforme lo anterior, el trámite en rebeldía desalienta el uso de
la dila ción co mo es trategia de litigación. 50 Sin embargo, por lo oneroso y drástico que resulta sobre la parte demandada una sentencia en rebeldía, se ha adoptado la norma de interpretación liberal, debiendo resolverse cualquier duda a favor de quien solicita se
d eje sin efec to la anotación de rebeldía, a fin de que el caso pueda verse en los méritos. 51 No obstante , conviene recordar que en procesos de esta naturaleza, los tribunales no son meros autómatas o bligado s a conceder remedios simpleme nte por que el caso est á
tr ami tándose en rebeldía
. 52

- III Para MSJ el TPI abusó de su discreción al hacer

cas o omiso del mandato emitido por el Tribunal de Apelaciones en e l caso KLCE2021 001557 y no designar un

48 Ro má n Cruz v. Díaz Rifas , 113 DPR 500, 507 (1982); J R T v. Missy Mfg. Corp. , supra , pág. 811. 49 Ghigliott i v. A S A , 149 DPR 902, 915 (1999). 50 Rivera Figueroa v. Joe’s Euro pean Shop , 183 DPR 580, 587 (2011). 51 J R T v. Missy Mfg. Corp. , supra , pág. 811
. 52 Ocas i o v. Kelly Serv ., 163 DPR 653, 671

- 672 (2005).KL AN2 0 2 3 01049 13

c omisionado e special para establecer las cantidades
adeuda das.
A su ente nde r , erró el foro sentenciador , adem á s, al anotarle la rebeldía como sanción. Ell o obedece a que problemas de contratación con su anterior
repre se ntación legal “resu ltó en que no se atendieran ciertos aspectos del litigio con la premura
necesaria.” Si n em bar go, el ca so “nunca se encontró en un estado de abandono o dejadez.” Así pues, “ nunca hubo atrasos significativos, gastos excesivamente

oneroso s o daños irreparable s al desarrollo del caso.” Por el contrario, procede dejar sin efecto l a rebeldía
porq ue t ien e una buena defensa en los méritos, a saber: 1) falta de perfeccionamiento de l os contratos y 2) ausencia de prueba de varias de las facturas

re clamadas
. Conviene a ñadir que, pa ra el apelante, el foro sentenciador incidió al resolver sumariamente l a

re cla mación. Ello obedece, a que existe controversia
sobre la validez de los contrat os, la cantidad adeudada y respecto a si la deuda está vencida, e s líquid a y exigibl e. Como fundamento adicional , MSJ arguye que los
contratos son nulos , por que contrar io a las normas de contratación gubernamental aplicables , no inclu yen las
certificacio nes requeridas y son de carác ter
retr oactivo.
Fi nalmente, el a pelante alega que la m oción de

s entencia s umaria de Premier es impro cedente porque se apoya en prueba i n adm isi ble en evidencia. Por su parte, Premier aduce que el apelante actuó contra sus prop ios actos porque “en pos de la economíaKL AN2 0 2 3 01049 14

proce sal d el caso,” sol i citó y obtuvo del TPI la
abstención de nombrar un c omisionado e speci al
. E n su lugar , pidió al foro primari o q ue ate ndiera la petición de despacho sumario porque ello “podría dar por concluidas las controversias del caso.”
De t odos modos, el apel ad o entien de que era improcedente nombrar a un c omisionado e special porque obra en el expediente la prueba necesaria par a

reso lve r la controversia sumariamente. Además , para Premier , procede mantener en rebeldía , impu es ta al apelante en el 2018 , porque

e ste , de forma reiterad a, incumplió con las órdenes y
resoluciones del TPI.
Sostien e , además, que como MSJ está en rebeldía
no pu ed e presentar pr ueba p ara impugnar los méritos de
la demanda o apoyar sus defensas. Por tal razón, como cuestión de hecho y d e d erecho , los señalami entos
sobre la validez de los contratos y de las facturas

so n improcedentes. En todo caso, la validez de
aqu el los fue admi ti da por MSJ temprano en el pleito,
ya que estipuló la existencia de los contratos y s u debida registración en l a O ficina del Contralo r.
F inalmente, Premier asegura que cualquier impugnación a la sentencia su maria es inconsecuente,
porque cum pl ió cabalment e con lo s requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, mientras que el apelante n o se opuso a la m oción de s entencia s um aria
conform e a los pará metros de nuestro ordenamiento procesal civil.
Conforme a la normativa previamente expuesta,
pr ocede revisa r de nov o la totalidad del expediente,KL AN2 0 2 3 01049 15

ello de la forma más favorable a la parte que s e op o ne

a l despacho sumario , en nuestro caso, MSJ.
Nuestro exa men independiente del expedien te revela que la Moción de Sentencia Sumaria de Premier Compute r , Inc. , cumple cabalm ente co n la Regla 36.3 (a) (1

- 6) de P rocedimiento C ivil
. Veamos. Para comenzar, c ontiene u na exposición breve de las alegaciones de las partes; de los a s untos litigiosos; de la causa de acción que se solicita en sentencia sumaria y u na relación concisa, organi za da y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales
sobre los cuales Premier ale ga no hay controversia sustancial; con indicación de los pá r rafos, de las facturas en que apoya su contención y de las citas de las deposi ci ones en las que fund amenta pa rcialmente sus alegaciones. 53

E n su moción de senten cia sumaria Premier presenta claramente las razones por las cua les se debe
dictar sentencia sumaria mente a su favor, argumenta el derecho que a su entender es apli cable y s o li cita el remedio que debe ser concedido. 54
En cambio , MSJ incumplió con la ma yoría de los requisitos exigidos para oponerse a una moció n de
sentencia sumaria en nuestro ordenamiento civil procesal
. Así pues, no expuso brevemente las al egacion es de las part es 55 y tampo co incorporó e n su escrito la causa

53 Re gla 36.3 (a) (1)

- (4) de P rocedimie nto Civil de 2009 ( 32 LPR A Ap. V )
. 54 Regla 36.3 (a) ( 5 )

- ( 6 ) de P rocedimie nto Civil de 2009 ( 32 LPR A Ap. V )
. 55 Regla 36.3 (a) (1) de P rocedimie nto Civil de 2009 ( 32 LPR A A p. V )
.KL AN2 0 2 3 01049 16

de acción o reclamación resp ecto a la cual se solicita
la se ntencia sum a ria. 56 Tampoco indicó los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o la prueba admisible en
evidenci a que per mite controvertir l os hechos propuestos por Premier. 57 Por el contrario, el ap elante
hiz o lo que la R egla 36 dispone que no se debe hacer, a saber: “descansar previamente en las aseveraciones contenidas en sus alegaciones”. Por t al raz ón , la
“o posición” de MSJ e stá repleta de alegaciones , “concluso rias”, e insustanciale s, incapaces de constituir una oposición procesalmente válida a la
moción de sentencia sumaria de Premier. Establecido que el apelante no se o puso a la moción de sentencia sumaria conforme a lo s parám e tr os de la Re gla 36 de P roced imiento C ivil, debemos
determinar si existen hechos e n contro versia que impidan la a djudicación sumar ia de la reclamación de
cobro de dinero ante nos
. L uego de revisa r paci ent e y cuidadosamente las 7,705 páginas que co mponen el A p énd i c e del recurso y el expediente completo del caso de epígrafe , concluimos que no existen hechos en controversia. Por tal razón, procede revisar de novo si el TPI aplicó
correctamente el der echo a la controversia y
determinamos , que sí lo hizo. F undam e ntem os nuestra conclusión. En primer lugar, quedó establecido que “ [n] o hubo problemas de incumplimien to de contrat o por parte de

56 Regla 36 .3(3) de Procedimi ento Civil de 2009 ( 32 LPR A Ap. V )
. 57 Regla 36.3( 4 ) de Procedimiento Civi l ( 32 LPR A Ap. V ).KL AN2 0 2 3 01049 17

Premier ”. 58 De modo que , “el Municipio de San Jua n no dejó de cobrar c an tidades algunas por negligencia de
Premier”. 59 Así pues, “ Pr emier no incurrió en incumplimiento de contrato con el Municipio de San
Juan”
. 60 En segundo lugar, también, es un hecho incontrovertido que las facturas en controversia
fuero n pre interve nidas , 61 re cibidas y ajustadas 62 , es decir , “[h] ubo una reconciliació n de factura a factura por las partes ” 63

. De lo anterior es razonable concluir que la deuda entre Premier y MSJ es válida ; 64 e s líquida, es decir, el monto adeudado es cierto y determinado ; 65 no se ha pagado; 66 que Premier es el acreedor 67 y que MSJ es su
deud or 68

. N o o bstante lo anterior, el apelante solicita que se deje sin efecto la rebeld í a. Este planteamiento presenta, al menos, dos dificultades. En primer lugar, es tardío. La anotación d e

re beld ía data de 31 de julio de 2018 y advino final y

58 Apéndice del a pelado, pág. 384 ( Hecho no controvertido #42 en la S entencia Sumaria de Premier , Transcripción de la Deposición, en ad e la nte TD, d e la Sra. Ni xa Rivera Rodr ígu ez , págs. 4 7

- 50 y 63

- 66 ). Véase, además , TD de l a Sra. Maritza V e ga, págs. 33

- 35. 59 Id ., pág. 38 5 (Hecho no controvertido # 53 en la Sentencia Sumaria de Premier, TD de la Sra
. Maritza Vega , págs. 3 1

- 3 5 ). Véase, ademá s , TD de la Sra. Ni xa Rivera Rodr ígu ez , págs. 33

- 38 y 57. 60 Id ., pág. 385 (Hecho no controvertido #5 4 en la Senten cia Sumar ia de Premier, TD de la Sra. Maritza Vega, págs. 3 1

- 3 5 ). Véase, además , TD de la Sra. Ni xa Rivera Rodr ígu ez , págs. 33

- 38 , 47

- 50 y 63

- 6 6
. 61 Id ., pág. 38 4 (Hecho no controvertido # 43 en la Sentencia Sumaria de Prem ier, TD de la Sra. Ni xa R ive ra Rodrígu ez , pág s. 4 5

- 4 7 ). 62 Id ., pág s. 405

- 406 (Hecho s no controvertido s # 88

- 91 en la Sentencia Sumaria de Premier )
. 63 Id ., pág. 38 8 (Hecho no cont rovertido # 82 en la Sentencia Sumar ia de Premie r, T D de l Sr. Jorge Peña Antonmarchi, págs. 61

- 63, 66 y 7 5)
. “La tabla con las facturas pr esentadas por Premier que sumaban los $6.5 millones, fue revisada por el señor Peña Antonmarc hi a modo de preparaci ón p ara la c ontestación a interrogatorio. Hubo una reco nciliación de factura a factura”
. 64 General Electri c v. C oncession aires, Inc ., supra . 65 Ramos y otros v. Colón y otros, supra. 66 General Electric v. Concessionaires, Inc ., supra . 67 Id. 68 Id.KL AN2 0 2 3 01049 18

firme desde e l 12 de abril de 2019, fecha en la que el TSPR declinó revisar la denegatoria de la expedición
del auto en el caso KLCE 201801258 . Por ende, en la etapa en que se encuentra el litigio de e pígrafe es un dictamen judicial final y firme, que constituye la le y del caso. 69 A esto hay q ue añadir , que luego de examinar e l abultado expediente del pres ente caso, no hay
cir cunstancia alguna que justifique emplear una norma
diferente. 70 Sobre el partic ular, es con veniente
destacar que la conducta procesal de MSJ en el
p resente pleito se caracteriz ó por un patrón de incumplimiento con el descubrimi e nto de prueba,

c onsistente en desobedecer las órdenes del TPI en la
inc omparecencia a vistas y deposic iones. 71 En segundo lu gar, el apelante no tiene una b uena defensa en sus m éritos. Distinto a s u opinión, la prueba documental no controvertida fundamenta la reclamación de cobro de diner o de Premier
. E n tercer lugar, las impugnaciones a l a validez
de los contratos son inconsecuentes . Esto es así , porque desde una etapa temp ra na en el pleito,

e specíficamente, el 25 de febrero de 2016, MSJ reconoció la validez de los contratos entre las part es. Además , en su condición de rebe lde, el apelante no ti ene facultad para invocar fundamentos de
derecho contra Premier. Como se sa be, la p ar t e a la que se le anota la rebe ldía “ renunció a pre sentar prueba contra las alegaciones de la demanda y a

69 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros , 195 DPR 1, 8 (2016). 70 Ri v era Robles v. Insurance Company o f Puerto Rico , 103 D PR 91, 94

- 95 (1974). 71 Sobre el particular, véa se, KL CE20 1801258.KL AN2 0 2 3 01049 19

levantar su s defensas afirmativas

... ”
. 72 Conviene
des tacar que los p lanteamientos sobr e los defectos de
los contratos fueron rec hazados de plano por el T PI y dicha determinación advino final y firme a principio s de marzo de 2022. 73
Para ter minar, el señalamiento de error relacionado con la no designación de un comisionado especial es doblemente improcedente. Como surge inequívocamente del expediente, la tr amitación del caso por la vía sumaria se hizo, en á n imo de promover
la ec onomía procesal , a solicitud de MSJ. No puede
ahora “ obrar contra sus propios actos ”
. 74 A esto hay
que añadir , que dicha det erminación no ha causado perjuicio al guno al a pelante . Así p ues, ha tenido por

a ños la pr ueba a su disposició n, se ha conducido un extenso descubrimiento de prueba y ha litigado

v i gorosamente su posición acudiendo ante este tribuna l intermedio, al menos en cuatro ocasiones.

- IV Po r los fundamentos que antece de n, se confirma la
Sentencia apelada. Lo acordó y ma nda el Trib unal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. El Juez Ronda
Del Toro disiente sin voto escrit o .

Lcda. Lilia M. Oque ndo Solí s Secr etaria del Tribunal de Ape laciones

72 Rodríguez v. Trib unal Superi or , 102 DPR 290, 294 (1974). (Citas omitidas). 73 Véase, KLCE202200258. 74 Domenech v. Integration C orp. e t al
. , 187 DP R 595 , 621 (2013).