Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III ESPECIAL

PREMIER COMPUTER, 

INC.

Apelado

v.

MUNICIPIO DE SAN JUAN

Apelante

KLAN202301049

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

K CD2015-0597

Sobre:

Incumplimiento 

de contrato, 

cobro de dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro

Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 19 de agosto de 2024.

Comparece el Municipio de San Juan, en adelante 

MSJ o apelante, y solicita que revoquemos una 

Sentencia emitida el 9 de agosto de 2023, notificada y 

archivada en autos el 15 de agosto de 2023, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

adelante TPI.1 Mediante el referido dictamen, el foro 

de instancia declaró ha lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria que presentó Premier Computer, Inc., en 

adelante Premier o apelado, y ordenó al MSJ a 

satisfacer la cantidad de $6,559,292.36, en concepto 

de principal e intereses.

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.

1 Apéndice del apelante, págs. 7624-7645.
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-IEl 11 de marzo de 2015, Premier presentó una

Demanda contra MSJ por incumplimiento de contrato y

cobro de dinero.2 Reclamó el pago de $6,218,046.30, por 

servicios alegadamente prestados y no pagados por 

concepto de facturación y cobro de servicios médicohospitalarios provistos por distintas entidades 

médicas del apelante, correspondientes al periodo de

julio de 2010 hasta enero de 2014. Alegó que la deuda 

estaba vencida, era líquida y exigible, por lo que 

solicitó su pago inmediato, más intereses, costas y 

honorarios de abogado.

Mediante su Contestación a Demanda, Defensas 

Afirmativas y Reconvención, el apelante negó las 

alegaciones y levantó como defensas afirmativas, entre 

otras, que las facturas reclamadas por el apelado no 

son válidas o sobrepasan los límites presupuestados 

para los contratos en pugna.3 Además, señaló que los 

contratos no son válidos; que no fueron inscritos en 

la Oficina del Contralor de Puerto Rico; y que son 

contrarios al orden público. Finalmente, reconvino por 

el monto de $6,118,939.42, por Premier presuntamente 

haber prestado servicios defectuosos contrario a sus 

obligaciones contractuales.4

Posteriormente, MSJ presentó Contestación 

Enmendada a Demanda, Defensas Afirmativas y 

Reconvención.5 En esta ocasión, aceptó la existencia y

el otorgamiento de los contratos suscritos con

Premier. No obstante, alegó que este último incumplió 

con su obligación contractual de facturar servicios 

2 Id., págs. 1-13.

3 Id., págs. 14-20.

4 Id.

5 Id., págs. 21-29.
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médicos, lo que generó pérdidas millonarias que 

exceden la cuantía reclamada originalmente. Debido a 

ello, subió a $12,000,000.00 el monto de la 

reconvención.

En desacuerdo, Premier presentó una Moción para 

Ofrecer Contestación a Reconvención Enmendada, en la 

que negó las alegaciones de MSJ. Sostuvo que no 

incumplió con sus obligaciones contractuales. A su 

vez, aseguró que todos los servicios que le brindó al 

apelante fueron autorizados por el apelado. En 

consecuencia, solicitó la desestimación de la 

reconvención y reiteró su solicitud de cobro de 

dinero, más intereses, costas y honorarios de abogado.6

Tras varias incidencias procesales innecesarias 

pormenorizar para adjudicar la controversia ante 

nuestra consideración, el apelado presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria [...].7 En ella, reiteró que la 

deuda por la suma de $6,218,046.30 era líquida, 

vencida y exigible. Ello así, debido a que las 

facturas sometidas por el apelado fueron 

reconciliadas, validadas y no pagadas por la parte 

apelante. Por consiguiente, solicitó que se dictara 

sentencia a su favor en la que se ordenara el pago de 

lo adeudado, más intereses legales y honorarios de 

abogados por temeridad. En la alternativa, pidió se 

emitiera una sentencia parcial a su favor por la 

cantidad de $3,750,750.96, más honorarios de abogado e 

intereses. En cuanto al remanente de $2,667,088.28, 

Premier solicitó que el tribunal emitiera

6 Id., pág. 7625.

7 Id., págs. 372-415.
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determinaciones de hechos materiales y esenciales 

conforme surgen de su moción.

En su Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria 

de Premier Computer, Inc.,8 MSJ negó las alegaciones 

esbozadas por el apelado, así como la validez de los 

contratos. Sobre este particular, sostuvo que los 

acuerdos en pugna no contienen las firmas requeridas 

por ley para la contratación gubernamental. A su vez, 

afirmó que existen facturas pendientes que deben ser 

revisadas por un comisionado especial, por lo que el 

tribunal estaba impedido de adjudicar la controversia.

También, cuestionó la validez del proceso de 

reconciliación de las cuentas presentado por Premier 

junto a su solicitud de sentencia sumaria. Por último, 

solicitó la desestimación de la demanda o, en la 

alternativa, que se declarara no ha lugar la petición 

de sentencia sumaria por existir controversias sobre

la liquidez de las cantidades reclamadas por el 

apelado.9

Posteriormente, el apelado presentó Réplica a 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria10, en la que

adujo que MSJ no presentó oposición a su solicitud de 

forma oportuna y que al hacerlo obvió que se 

encontraba en rebeldía. A su vez, recalcó que el 

apelante admitió la validez de los contratos. Por 

tanto, exigió se le concediera el remedio solicitado 

en su petición sumaria.

Evaluadas las posiciones de las partes, el TPI 

emitió Sentencia en la que declaró Ha Lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria [...] de Premier y ordenó a MSJ

8 Id., págs. 7558-7579.

9 Id.

10 Id., págs. 7580-7603.
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pagarle la cantidad de $6,559,292.36, por concepto de 

principal e intereses.

Inconforme, el apelante presentó una Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia11, a la que se opuso 

Premier12 y que el TPI declaró “No ha Lugar”13.

Aún insatisfecho, MSJ presentó el recurso de 

epígrafe en el que señaló que el TPI cometió los 

siguientes errores:

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE LA PARTE 

APELADA EN CLARA VIOLACIÓN DEL MANDATO DEL TRIBUNAL DE 

APELACIONES BAJO EL CASO KLCE2021-01557, QUE ORDENÓ LA 

DESIGNACIÓN DE UN COMISIONADO ESPECIAL PARA EVALUAR LA 

RECLAMACIÓN DEL APELADO Y ASÍ DETERMINAR LA CUANTÍA PRECISA 

QUE PUDIESE TENER DERECHO EL APELADO.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL MANTENER EL ESTADO 

DE REBELDÍA IMPUESTO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL CASO.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA 

SUMARIA CUANDO EXISTEN ELEMENTOS ESENCIALES EN CONTROVERSIA 

QUE IMPIDEN QUE EL ASUNTO PUEDA ADJUDICARSE SUMARIAMENTE.

Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, resolvemos.

-IIA. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.14 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

11 Id., págs. 7646-7663.

12 Id., págs. 7664-7703.

13 Id., págs. 7704-7705.

14 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 

277-279 (2021); Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 110-113 (2015); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 

586, 594 (2013); Ramos Pérez v. Univisión de PR, 178 DPR 200, 213 

(2010).
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sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.15

Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil

dispone que un reclamante debe “presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.16

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.17 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.18 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.19 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

15 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra; Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. Univisión 

de PR, supra, pág. 214.

16 Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).

17 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).

18 Id.; Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA 

Ap. V).

19 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.
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referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.20

Cónsono con lo anterior, el TSPR ha insistido en 

que:

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 

Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a 

la solicitud presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada Regla 36 de 

Procedimiento Civil, traer a la atención del Tribunal 

la evidencia que demuestra que existen hechos 

materiales en controversia.21

De modo que: 

[L]a parte contraria no podrá descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede.22

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, supra, el TSPR estableció el estándar 

específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones al revisar una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes 

de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 

los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. 

Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron 

ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 

adjudicar los hechos materiales en controversia, ya

que ello le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable a 

favor de la parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a su favor.

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro apelativo 

20 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA

Ap. V).

21 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, supra, pág. 122.

22 Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).
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intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia.

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.23

B.

En nuestro ordenamiento jurídico, las 

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitas en 

que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.24 Aquellas que nacen de un contrato 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y

sus causahabientes, y en consecuencia deben cumplirse 

a tenor de este.25 Por su parte, los contratos son 

negocios jurídicos que existen desde que concurren los 

requisitos de consentimiento, objeto y causa.26 Así 

pues, una vez las partes acuerdan mediante su 

consentimiento libre y voluntario, obligarse a cumplir 

determinadas prestaciones, surge entonces el 

contrato.27 

De esta forma, se reconoce el principio de 

autonomía contractual, que significa que los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, la moral y al orden 

23 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

(Énfasis en el original).

24 31 LPRA sec. 2992. Como los contratos en controversia se 

constituyeron previo a noviembre 2020, están regulados por el 

Código Civil de 1930.

25 31 LPRA sec. 2994.

26 31 LPRA sec. 3391.

27 31 LPRA sec. 3371. Véase, además, Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000).
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público.28 En consecuencia, aquellos quedan vinculados 

al cumplimiento de todas las consecuencias jurídicas 

que surjan como parte de los acuerdos estipulados.29 

Por ende, la parte que se vea afectada por el

incumplimiento de los términos pactados tiene en su 

haber exigir el cumplimiento específico de la 

obligación incumplida, o pedir la resolución del 

acuerdo y, en ambos casos, el resarcimiento de los 

daños causados.30 

Ahora bien, en reclamaciones de cobro de dinero 

por motivo del incumplimiento de las obligaciones 

pactadas, “[e]l demandante s[o]lo tiene que probar que 

existe una deuda válida, que la misma no se ha pagado, 

que él es el acreedor y los demandados sus deudores”.31 

Debe alegar además, que la deuda es líquida, está 

vencida y es exigible.32 Una deuda es “líquida” cuando 

la cuantía adeudada es “cierta” y “determinada”33; en 

cambio, “[l]a voz ‘exigible’ refiriéndose a una 

obligación, significa que puede demandarse su 

cumplimiento”.34 Este concepto lleva ínsito el 

elemento de legalidad.35

En fin, al alegar que la deuda es líquida y 

exigible se declara que la cantidad reclamada ha sido 

aceptada como correcta por el deudor y que está 

28 31 LPRA sec. 3372; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo,

supra, pág. 582.

29 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).

30 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 19 (2005); 

Master Concrete Corp. v. Fraya, SE, 152 DPR 616, 625 (2000).

31 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43

(1986). 

32 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001); 

Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).

33 Ramos y otros v. Colón y otros, supra, pág. 546; Freeman v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965); MA del Arco Torres y M.

Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Tomo Segundo, pág. 

168 (1984).

34 Carazo v. Srio. De Hacienda, 118 DPR 306, 315 (1987); Guadalupe 

v. Rodríguez, supra. 

35 Id. 
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vencida.36 En cambio, para determinar su vencimiento 

se debe atender al carácter de la deuda, es decir, si 

es pagadera desde luego, como ocurre con las 

obligaciones puras y las sujetas a condición 

resolutoria, o por el contrario, si es pagadera cuando 

venza un plazo o se cumpla una condición, como ocurre 

en el supuesto de una obligación sujeta a condición 

suspensiva.37

C.

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil dispone que 

cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia hubiera dejado de presentar alegaciones o de 

defenderse en otra forma, el Tribunal puede ordenar que 

se le anote la rebeldía por iniciativa propia o por 

solicitud de parte.38 Esta disposición opera,

cuando el demandado no cumple con el requisito de 

comparecer a contestar la demanda o a defenderse en 

otra forma prescrita por ley, y no presenta alegación 

alguna contra el remedio solicitado; o en las 

situaciones en que una de las partes en el pleito ha

incumplido con algún mandato del tribunal, lo que 

motiva a éste a imponerle la rebeldía como sanción.39

La anotación de rebeldía tiene como propósito “[...]

disuadir a aquellos que recurran a la dilación de los 

procedimientos como una estrategia de litigación”.40

Además, “[...] opera como remedio coercitivo contra una 

parte adversaria a la cual, habiéndosele concedido la 

36 Ramos y otros v. Colón y otros, supra.

37 31 LPRA 3222; J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, Ed. 

2da, 1997, págs. 220-221.

38 Regla 45.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V). 

Véase, además, González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 

1068-1069 (2019); Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 179 

(2015); Correa v. Marcano, 139 DPR 856, 861 (1996); Imp. Vilca, 

Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679 (1987); R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 

6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 327; J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1338.

39 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670 (2005). Véase, además,

Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587-588 

(2011).

40 González Pagán v. Moret Guevara, supra, pág. 1069; Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 587; Ocasio v. Kelly

Servs., supra, pág. 671; Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1339.
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oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad 

o temeridad opta por no defenderse”.41

El efecto jurídico de la anotación de rebeldía es 

que se admiten como ciertos todos los hechos 

correctamente alegados en la demanda y la causa de 

acción podrá continuar dilucidándose sin que el 

demandado participe.42 Sin embargo, el tribunal podrá 

dictar sentencia en rebeldía solo si concluye que 

procede la concesión del remedio solicitado.43

Por su parte, la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil autoriza al Tribunal a levantar una 

anotación de rebeldía cuando haya mediado causa 

justificada.44 Tal doctrina está arraigada en la 

primordial política judicial de que los casos deben 

ventilarse en sus méritos.45 Descansa en la sana 

discreción del Tribunal integrar dicho principio con el 

interés legítimo de que los pleitos se tramiten y 

finalicen en un término razonable.46 En estos casos, 

debe considerarse si la parte afectada cuenta con una 

reclamación o defensa válida que oponer a la parte 

contraria, antes de tomar una disposición que tenga el 

efecto de privarla de su día en corte.47

Cuando en un caso existe la posibilidad de que la 

parte demandada cuente con una buena defensa y la 

reapertura del caso no ocasiona perjuicio alguno, 

41 Id.; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 

(2002); Continental Ins. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 

(1978); Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1338.

42 Id.; Bco. Popular v. Andino Solís, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, supra, pág. 588; Correa v. Marcano, supra. 

Véase, además, Hernández Colón, op. cit., pág. 329.

43 Id.; Bco. Popular v. Andino Solís, supra; Ocasio v. Kelly

Servs., supra, pág. 671; Continental Ins. v. Isleta Marina, supra.

44 Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).

45 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).

46 Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451, 457-458 (1974).

47 Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 825 (1998); Fine Art 

Wallpaper v. Wolff, supra, pág. 459; JRT v. Missy Mfg. Corp., 99 

DPR 805, 811 (1971).
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constituye un claro abuso de discreción el denegarla. 

Como regla general, una buena defensa debe siempre 

inclinar la balanza a favor de una vista en los 

méritos, a menos que las circunstancias del caso sean 

de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o 

temerario por parte del demandado.48

Finalmente, en nuestro ordenamiento jurídico

prevalece la tendencia a resolver las causas en sus 

méritos, siempre que con ello no se cause perjuicio 

verdadero a los demás litigantes, o dilación 

irrazonable en el procedimiento judicial.49 Conforme lo 

anterior, el trámite en rebeldía desalienta el uso de 

la dilación como estrategia de litigación.50 Sin 

embargo, por lo oneroso y drástico que resulta sobre la 

parte demandada una sentencia en rebeldía, se ha 

adoptado la norma de interpretación liberal, debiendo 

resolverse cualquier duda a favor de quien solicita se 

deje sin efecto la anotación de rebeldía, a fin de que 

el caso pueda verse en los méritos.51 No obstante,

conviene recordar que en procesos de esta naturaleza, 

los tribunales no son meros autómatas obligados a 

conceder remedios simplemente porque el caso está

tramitándose en rebeldía.52

-IIIPara MSJ el TPI abusó de su discreción al hacer 

caso omiso del mandato emitido por el Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLCE2021001557 y no designar un 

48 Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982); JRT v. Missy 

Mfg. Corp., supra, pág. 811.

49 Ghigliotti v. ASA, 149 DPR 902, 915 (1999).

50 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 

(2011). 

51 JRT v. Missy Mfg. Corp., supra, pág. 811.

52 Ocasio v. Kelly Serv., 163 DPR 653, 671-672 (2005).
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comisionado especial para establecer las cantidades 

adeudadas.

A su entender, erró el foro sentenciador, además,

al anotarle la rebeldía como sanción. Ello obedece a 

que problemas de contratación con su anterior 

representación legal “resultó en que no se atendieran 

ciertos aspectos del litigio con la premura

necesaria.” Sin embargo, el caso “nunca se encontró en 

un estado de abandono o dejadez.” Así pues, “nunca 

hubo atrasos significativos, gastos excesivamente 

onerosos o daños irreparables al desarrollo del caso.” 

Por el contrario, procede dejar sin efecto la rebeldía 

porque tiene una buena defensa en los méritos, a 

saber: 1) falta de perfeccionamiento de los contratos 

y 2) ausencia de prueba de varias de las facturas 

reclamadas.

Conviene añadir que, para el apelante, el foro 

sentenciador incidió al resolver sumariamente la 

reclamación. Ello obedece, a que existe controversia 

sobre la validez de los contratos, la cantidad 

adeudada y respecto a si la deuda está vencida, es 

líquida y exigible.

Como fundamento adicional, MSJ arguye que los 

contratos son nulos, porque contrario a las normas de 

contratación gubernamental aplicables, no incluyen las 

certificaciones requeridas y son de carácter 

retroactivo. 

Finalmente, el apelante alega que la moción de 

sentencia sumaria de Premier es improcedente porque se 

apoya en prueba inadmisible en evidencia.

Por su parte, Premier aduce que el apelante actuó 

contra sus propios actos porque “en pos de la economía 
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procesal del caso,” solicitó y obtuvo del TPI la 

abstención de nombrar un comisionado especial. En su 

lugar, pidió al foro primario que atendiera la 

petición de despacho sumario porque ello “podría dar 

por concluidas las controversias del caso.”

De todos modos, el apelado entiende que era 

improcedente nombrar a un comisionado especial porque 

obra en el expediente la prueba necesaria para 

resolver la controversia sumariamente.

Además, para Premier, procede mantener en 

rebeldía, impuesta al apelante en el 2018, porque 

este, de forma reiterada, incumplió con las órdenes y 

resoluciones del TPI.

Sostiene, además, que como MSJ está en rebeldía 

no puede presentar prueba para impugnar los méritos de 

la demanda o apoyar sus defensas. Por tal razón, como 

cuestión de hecho y de derecho, los señalamientos 

sobre la validez de los contratos y de las facturas 

son improcedentes. En todo caso, la validez de 

aquellos fue admitida por MSJ temprano en el pleito, 

ya que estipuló la existencia de los contratos y su 

debida registración en la Oficina del Contralor.

Finalmente, Premier asegura que cualquier 

impugnación a la sentencia sumaria es inconsecuente, 

porque cumplió cabalmente con los requisitos de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, mientras que el 

apelante no se opuso a la moción de sentencia sumaria 

conforme a los parámetros de nuestro ordenamiento 

procesal civil.

Conforme a la normativa previamente expuesta, 

procede revisar de novo la totalidad del expediente, 
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ello de la forma más favorable a la parte que se opone 

al despacho sumario, en nuestro caso, MSJ. 

Nuestro examen independiente del expediente 

revela que la Moción de Sentencia Sumaria de Premier 

Computer, Inc., cumple cabalmente con la Regla 36.3 

(a) (1-6) de Procedimiento Civil. Veamos. 

Para comenzar, contiene una exposición breve de 

las alegaciones de las partes; de los asuntos 

litigiosos; de la causa de acción que se solicita en 

sentencia sumaria y una relación concisa, organizada y 

en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

sobre los cuales Premier alega no hay controversia 

sustancial; con indicación de los párrafos, de las 

facturas en que apoya su contención y de las citas de 

las deposiciones en las que fundamenta parcialmente 

sus alegaciones.53

En su moción de sentencia sumaria Premier 

presenta claramente las razones por las cuales se debe 

dictar sentencia sumariamente a su favor, argumenta el 

derecho que a su entender es aplicable y solicita el 

remedio que debe ser concedido.54

En cambio, MSJ incumplió con la mayoría de los 

requisitos exigidos para oponerse a una moción de 

sentencia sumaria en nuestro ordenamiento civil 

procesal.

Así pues, no expuso brevemente las alegaciones de 

las partes55 y tampoco incorporó en su escrito la causa 

53 Regla 36.3(a)(1)-(4) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA 

Ap. V).

54 Regla 36.3(a)(5)-(6) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA 

Ap. V).

55 Regla 36.3(a)(1) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. 

V).
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de acción o reclamación respecto a la cual se solicita 

la sentencia sumaria.56

Tampoco indicó los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas o la prueba admisible en 

evidencia que permite controvertir los hechos 

propuestos por Premier.57 Por el contrario, el apelante

hizo lo que la Regla 36 dispone que no se debe hacer,

a saber: “descansar previamente en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones”. Por tal razón, la

“oposición” de MSJ está repleta de alegaciones, 

“conclusorias”, e insustanciales, incapaces de 

constituir una oposición procesalmente válida a la 

moción de sentencia sumaria de Premier.

Establecido que el apelante no se opuso a la

moción de sentencia sumaria conforme a los parámetros 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, debemos

determinar si existen hechos en controversia que 

impidan la adjudicación sumaria de la reclamación de 

cobro de dinero ante nos. 

Luego de revisar paciente y cuidadosamente las 

7,705 páginas que componen el Apéndice del recurso y 

el expediente completo del caso de epígrafe,

concluimos que no existen hechos en controversia. Por 

tal razón, procede revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el derecho a la controversia y 

determinamos, que sí lo hizo. Fundamentemos nuestra

conclusión. 

En primer lugar, quedó establecido que “[n]o hubo 

problemas de incumplimiento de contrato por parte de

56 Regla 36.3(3) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).

57 Regla 36.3(4) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).
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Premier”.58 De modo que, “el Municipio de San Juan no 

dejó de cobrar cantidades algunas por negligencia de 

Premier”.59 Así pues, “Premier no incurrió en 

incumplimiento de contrato con el Municipio de San 

Juan”.60

En segundo lugar, también, es un hecho 

incontrovertido que las facturas en controversia 

fueron pre intervenidas,61 recibidas y ajustadas62, es 

decir, “[h]ubo una reconciliación de factura a factura

por las partes”63.

De lo anterior es razonable concluir que la deuda 

entre Premier y MSJ es válida;64 es líquida, es decir, 

el monto adeudado es cierto y determinado;65 no se ha 

pagado;66 que Premier es el acreedor67 y que MSJ es su 

deudor68. 

No obstante lo anterior, el apelante solicita que 

se deje sin efecto la rebeldía. Este planteamiento 

presenta, al menos, dos dificultades. 

En primer lugar, es tardío. La anotación de 

rebeldía data de 31 de julio de 2018 y advino final y 

58 Apéndice del apelado, pág. 384 (Hecho no controvertido #42 en 

la Sentencia Sumaria de Premier, Transcripción de la Deposición, 

en adelante TD, de la Sra. Nixa Rivera Rodríguez, págs. 47-50 y 

63-66). Véase, además, TD de la Sra. Maritza Vega, págs. 33-35.

59 Id., pág. 385 (Hecho no controvertido #53 en la Sentencia 

Sumaria de Premier, TD de la Sra. Maritza Vega, págs. 31-35).

Véase, además, TD de la Sra. Nixa Rivera Rodríguez, págs. 33-38 y 

57.

60 Id., pág. 385 (Hecho no controvertido #54 en la Sentencia

Sumaria de Premier, TD de la Sra. Maritza Vega, págs. 31-35).

Véase, además, TD de la Sra. Nixa Rivera Rodríguez, págs. 33-38,

47-50 y 63-66.

61 Id., pág. 384 (Hecho no controvertido #43 en la Sentencia 

Sumaria de Premier, TD de la Sra. Nixa Rivera Rodríguez, págs. 

45-47).

62 Id., págs. 405-406 (Hechos no controvertidos #88-91 en la 

Sentencia Sumaria de Premier).

63 Id., pág. 388 (Hecho no controvertido #82 en la Sentencia 

Sumaria de Premier, TD del Sr. Jorge Peña Antonmarchi, págs. 61-

63, 66 y 75). “La tabla con las facturas presentadas por Premier 

que sumaban los $6.5 millones, fue revisada por el señor Peña 

Antonmarchi a modo de preparación para la contestación a 

interrogatorio. Hubo una reconciliación de factura a factura”.

64 General Electric v. Concessionaires, Inc., supra.

65 Ramos y otros v. Colón y otros, supra.

66 General Electric v. Concessionaires, Inc., supra.

67 Id.

68 Id.
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firme desde el 12 de abril de 2019, fecha en la que el 

TSPR declinó revisar la denegatoria de la expedición

del auto en el caso KLCE201801258. Por ende, en la 

etapa en que se encuentra el litigio de epígrafe es un 

dictamen judicial final y firme, que constituye la ley 

del caso.69

A esto hay que añadir, que luego de examinar el 

abultado expediente del presente caso, no hay

circunstancia alguna que justifique emplear una norma 

diferente.70 Sobre el particular, es conveniente 

destacar que la conducta procesal de MSJ en el

presente pleito se caracterizó por un patrón de 

incumplimiento con el descubrimiento de prueba, 

consistente en desobedecer las órdenes del TPI en la 

incomparecencia a vistas y deposiciones.71

En segundo lugar, el apelante no tiene una buena 

defensa en sus méritos. Distinto a su opinión, la 

prueba documental no controvertida fundamenta la 

reclamación de cobro de dinero de Premier. 

En tercer lugar, las impugnaciones a la validez 

de los contratos son inconsecuentes. Esto es así,

porque desde una etapa temprana en el pleito, 

específicamente, el 25 de febrero de 2016, MSJ

reconoció la validez de los contratos entre las 

partes. Además, en su condición de rebelde, el 

apelante no tiene facultad para invocar fundamentos de 

derecho contra Premier. Como se sabe, la parte a la 

que se le anota la rebeldía “renunció a presentar 

prueba contra las alegaciones de la demanda y a 

69 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 8 (2016).

70 Rivera Robles v. Insurance Company of Puerto Rico, 103 DPR 91, 

94-95 (1974).

71 Sobre el particular, véase, KLCE201801258.
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levantar sus defensas afirmativas...”.72 Conviene 

destacar que los planteamientos sobre los defectos de 

los contratos fueron rechazados de plano por el TPI y 

dicha determinación advino final y firme a principios 

de marzo de 2022.73

Para terminar, el señalamiento de error 

relacionado con la no designación de un comisionado 

especial es doblemente improcedente. Como surge 

inequívocamente del expediente, la tramitación del 

caso por la vía sumaria se hizo, en ánimo de promover 

la economía procesal, a solicitud de MSJ. No puede 

ahora “obrar contra sus propios actos”.74 A esto hay 

que añadir, que dicha determinación no ha causado 

perjuicio alguno al apelante. Así pues, ha tenido por 

años la prueba a su disposición, se ha conducido un 

extenso descubrimiento de prueba y ha litigado 

vigorosamente su posición acudiendo ante este tribunal 

intermedio, al menos en cuatro ocasiones. 

-IVPor los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. El Juez Ronda 

Del Toro disiente sin voto escrito.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

72 Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). (Citas 

omitidas).

73 Véase, KLCE202200258.

74 Domenech v. Integration Corp. et al., 187 DPR 595, 621 (2013).