Número identificador 

 SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

RTR INSTITUTE, INC.,

Apelada,

v.

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES;

VILMARY BÁEZ 

CONCEPCIÓN y la 

sociedad legal de 

gananciales compuesta 

con ISRAEL CLASS 

ARCE; ISRAEL CLASS 

ARCE y la sociedad legal 

de gananciales 

compuesta con VILMARY 

BÁEZ,

Apelante.

KLAN202400239

APELACIÓN

procedente del Tribunal de 

Primera Instancia,

Sala Superior de Carolina.

Civil núm.:

CA2022CV03512.

Sobre:

cobro de dinero.

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza 

Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2024.

Comparece la parte apelante integrada por Israel Class Arce, 

Vilmary Báez Concepción y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos. Nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, el 22 de 

enero de 2024, notificada al día siguiente. Mediante el referido dictamen el 

foro primario declaró con lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por la apelada RTR Institute, Inc. (RTR). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos

la Sentencia apelada. 

I 

El 2 de noviembre de 2022, RTR presentó una demanda contra la 

parte apelante al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V1. En síntesis, alegó que, el 5 de junio de 2021, las partes habían 

1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 213-216.
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suscrito un contrato de opción de compraventa de unos terrenos. Adujo que 

en el referido contrato se disponía que, de no lograrse la aprobación del 

préstamo por parte de la USDA Rural Development, la parte vendedora, 

aquí apelante, tendría que devolver a la compradora RTR la cantidad de 

$10,000.00, precio estipulado para ejercer la opción2. La parte apelante no 

realizó el pago aludido. Por tanto, RTR solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que declarara con lugar su demanda, ordenara el pago de la 

cantidad adeudada, más los intereses y las costas legales. 

El 27 de abril de 2023, la parte apelante presentó una moción de 

desestimación3. En su escrito, arguyó que RTR había dejado de exponer 

una causa de acción que justificara la concesión de un remedio. Afirmó que 

el contrato en controversia no contenía cláusula alguna que indicara que el 

depósito para separar la propiedad del mercado por el periodo de 12 meses 

fuese reembolsable en caso de que no se aprobase el préstamo.

Por su parte, el 16 de mayo de 2023, RTR presentó su oposición a 

la desestimación y, a su vez, solicitó que se dictara sentencia 

sumariamente a su favor4. 

El 16 de mayo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin 

lugar la solicitud de desestimación presentada por la parte apelante5. 

El 27 de junio de 2023, la parte apelante presentó su contestación a 

la demanda6. En lo pertinente, negó las alegaciones medulares y planteó

varias defensas afirmativas; entre ellas, reiteró que la demanda dejaba de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio. En 

2 El referido contrato de compraventa contenía la siguiente cláusula: 

As agreement between SELLER and BUYER: The quantity ($10,000.00) 

mentioned in paragraph 1 will be returned by the SELLER to RTR Institute 

Inc. (BUYER) on the loan closing day and USDA will issue the payment 

for the total amount of the agreed sale ($220,000.00). 

Véase, apéndice del recurso, a la pág. 120.

3

Íd., a las págs. 199-201.

4

Íd., a las págs. 179-198.

5

Íd., a la pág. 178.

6

Íd., a las págs. 154-156. 
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virtud de lo anterior, solicitó al foro primario que declarara sin lugar la 

demanda instada en su contra. 

Entre tanto, el 6 de septiembre de 2023, el foro primario declaró sin 

lugar la moción de sentencia sumaria presentada por RTR por no satisfacer 

los requisitos de forma que exige la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.

Tras varias incidencias procesales, entre ellas, la conclusión del 

descubrimiento de prueba, el 21 de noviembre de 2023, RTR presentó una 

segunda solicitud de sentencia sumaria7. En esta ocasión, reiteró que de 

los términos del contrato surgía, que el dinero dado en virtud de la opción 

tendría que devolverse de no aprobarse el préstamo de la USDA. 

Por su parte, el 1 de diciembre de 2023, la parte apelante presentó

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria8. En síntesis, arguyó que 

no procedía que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia sumaria,

pues quedaban pendientes asuntos litigiosos en controversia. Apuntó a la 

interpretación del contrato y a si la denegatoria del financiamiento por parte 

de la USDA se había debido a la falta de diligencia, culpa o negligencia de 

RTR, entre otras. En particular, resaltó que quedaba pendiente de dilucidar 

si la causa del contrato era la obtención del préstamo hipotecario o la 

concreción de la compraventa. 

Así las cosas, el 23 de enero de 2024, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó a las partes su sentencia9. En ella, expresó que declaraba 

con lugar la moción presentada al amparo de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Conforme a la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, el 

tribunal no especificó los hechos probados, ni consignó las conclusiones 

7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 104-116. Los siguientes documentos fueron 

adjuntados a la moción de sentencia sumaria: declaración jurada; íd., a las págs. 117-118; 

Contrato de Opción de Compraventa; íd., a las págs. 119-121.; enmienda a contrato de 

opción de compraventa; íd., a las págs. 112-123; carta dirigida al señor Class; íd., a las 

págs. 124-125; correo electrónico; íd., a la pág. 126; correo electrónico; íd., a la pág. 127; 

foto captura de mensajes; íd., a las págs. 128-129; carta de USDA; íd., a la pág. 130.

8

Íd., a las págs. 62-80. Cabe resaltar que la parte apelante no presentó documento alguno

con su oposición.

9

Íd., a la pág. 28.
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de derecho. Finalmente, ordenó a la parte apelante que devolviera los 

$10,000 reclamados y el interés legal aplicable. 

Inconforme con el referido dictamen, la parte apelante presentó una 

moción de reconsideración el 7 de febrero de 202410. En lo pertinente,

sostuvo que en su oposición había aducido que de la prueba documental 

sometida por RTR se desprendían ciertas controversias reales y 

sustanciales sobre hechos medulares. Reiteró que el contrato objeto de la 

controversia era uno de adhesión, el cual debía ser interpretado a favor de 

la parte que no había participado en su redacción. Insistió en que, si bien 

consideraba que la sentencia que debía dictarse era una de desestimación 

de la demanda, por dejar de exponer una reclamación que ameritara la 

concesión de un remedio, resolver en la alternativa requería que se 

dilucidaran controversias sobre la credibilidad y voluntad de las partes al 

otorgar el contrato objeto de controversia. No obstante, en esa misma 

fecha, el Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar la moción de 

reconsideración presentada por la parte apelante11.

Inconforme, el 11 de marzo de 2024, la parte apelante compareció 

ante nos y formuló el siguiente señalamiento: 

Erró el TPI al dictar sentencia sumariamente y al no 

desestimar la demanda por falta de una causa de acción que 

justifique la concesión de un remedio y por la incorrecta 

aplicación del derecho. Específicamente: (a) al interpretar en 

contra de los apelados [sic] las cláusulas contractuales en un 

contrato de adhesión; (b) al acoger la interpretación de la 

apelada de que la causa y finalidad en un contrato de opción 

a compra es el financiamiento, no la compraventa; (c) al no 

considerar que el contrato de opción es uno oneroso y el 

depósito constituyó la prima pactada para su constitución; y 

(d) al interpretar los términos de deposit y down payment en 

el contrato de adhesión. 

(Énfasis omitido).

Por su parte, el 9 de abril de 2024, RTR presentó su alegato en

oposición. En síntesis, arguye que las cláusulas del contrato en las que se 

ampara la parte apelante no se podían interpretar del modo propuesto. Es 

decir, con el fin de concluir que ellos podían retener el pago de $10,000, en 

10 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 5-24. 

11 Íd., a la pág. 5. 
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ocasión de que no se obtuviera el préstamo de la USDA. Además, sostiene 

que la parte apelante conocía que, de no aprobarse el referido préstamo,

tendría que devolver el depósito entregado. Finalmente, recalcó que la 

parte apelante no controvirtió, ni presentó prueba alguna en apoyo de su 

oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes litigantes, 

resolvemos. 

II

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula todo lo 

concerniente a la sentencia sumaria. Como es sabido, el propósito de este 

mecanismo procesal es disponer ágilmente de los casos en los que no 

estén presentes hechos materiales en controversia, que requieran la 

celebración de un juicio en su fondo. Aponte Valentín v. Pfizer 

Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 277 (2011). 

Para que esta proceda debe surgir preponderantemente de la 

prueba que acompaña la sentencia sumaria que no existe controversia 

sobre hechos medulares del caso. Íd. Por tanto, cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene 

que ser una duda que permita concluir la existencia de una controversia 

real y sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes. Íd.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha “definido un hecho material 

como aquel que, de acuerdo con el derecho aplicable, puede alterar la 

forma en que se resuelve un caso”. Íd., a la pág. 278. Véase, además,

Zambrana García v. ELA et al., 204 DPR 328, 341 (2020), y Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Así pues, “[e]n 

ausencia de una controversia de hechos materiales, el tribunal dictará 

sentencia si procede en derecho”. Aponte Valentin v. Pfizer 

Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR, a la pág. 278, y Rivera Matos et al. v. 

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020), 

De otra parte, el Tribunal Supremo ha señalado que no es 

aconsejable dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versen 
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esencialmente sobre asuntos de credibilidad o involucren aspectos 

subjetivos, como es la intención, los propósitos mentales o la 

negligencia. Aponte Valentin v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR, a 

la pág. 278. No obstante, esto no impide la utilización del mecanismo 

de sentencia sumaria en las reclamaciones que requieran elementos 

subjetivos o de intención cuando de los documentos que habrán de 

ser considerados en la solicitud de sentencia sumaria surja que no 

existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Íd.

Finalmente, al evaluar la procedencia de una sentencia sumaria, los 

tribunales revisores nos encontramos en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia. Íd.; Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR, a 

la pág. 1025; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág.

115. Si los hechos materiales realmente están incontrovertidos, nos 

corresponde entonces revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho. Íd. Por lo tanto, “si el juez se convence de que 

no existe una posibilidad razonable de que escuchar lo que lee no podrá 

conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe dictar sentencia 

sumaria”. Aponte Valentin v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR, a la 

pág. 278.

B

Si bien los parámetros del contrato de opción no surgen del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311, et seq., el mismo ha sido regulado 

a través de los requisitos establecidos mediante jurisprudencia. Así, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el contrato de opción como:

[E]l convenio por el cual una parte (llamada concedente, 

promitente u optatario) concede a la otra (llamada optante), 

por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad, 

que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto 

a la celebración de un contrato principal. 

P.D.C.M. Assoc. V. Najul Báez, 174 DPR 716, 724 (2008), citando 

a Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 246 (2002); SLG 

Irizarry v. SLG García, 155 DPR 713, 722 (2001); Atocha Thom McAn, Inc. 

v. Registrador, 123 DPR 571, 583 (1989).

Se ha entendido que el referido contrato otorga al optante la facultad 

de determinar, en el plazo concedido, si perfecciona el contrato definitivo, 
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es decir, el contrato por el cual optó. En su interpretación, el tratadista Puig 

Brutau expresa que “no se opta por optar, sino que la opción es la 

posibilidad de perfeccionar un contrato previamente delimitado”. J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 

1982, T. II, Vol. 2, pág. 50. Asimismo, el optatario está obligado a no frustrar

la facultad que le asiste al optante mientras el plazo para ejercer el derecho 

de opción esté vigente. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR, a 

la pág. 250. 

Como norma general, el optante puede ejercer su derecho de opción 

simplemente notificando al optatario su voluntad de perfeccionar el 

convenio por el cual optó. Íd., a la pág. 246. No obstante, ese derecho 

queda extinguido con su renuncia, o si transcurre el plazo concedido sin 

que el optante ejerza la opción, por lo que se estima caducado. Íd., a la

pág. 249.

Ahora bien, si la opción se ejerce en el plazo acordado, el contrato 

de opción queda extinguido y, a su vez, se perfecciona el contrato 

aceptado, según haya sido previamente delimitado. Íd. Desde entonces, y 

no antes, las partes están obligadas a satisfacer sus respectivas 

prestaciones mediante el contrato definitivo. Véase, Matos González v. 

SLG Rivera Freytes, 181 DPR 835, 842 (2011), opinión de conformidad 

emitida por la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se 

unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton, y la Jueza Asociada 

Señora Fiol Matta, citando a Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 DPR 

796, 809-810 (1975).

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reconocido que las normas 

generales sobre las obligaciones y los contratos aplican al contrato de 

opción. Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 DPR, a la pág. 804; Pérez 

v. Sampedro, 86 DPR 526, 529 (1962). Por tanto, se considera que también 

rige el principio de libertad de contratación o autonomía de la voluntad 

contractual, según el cual las partes pueden pactar las cláusulas y 

condiciones que estimen convenientes mientras no contravengan las leyes, 
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la moral ni el orden público. Ello, según establecía el derogado Código Civil 

de 1930 en su Art. 1207, 31 LPRA sec. 3372, y ahora queda recogido en el 

Código Civil vigente, en su Art. 1232, 31 LPRA sec. 9753. Véase, además,

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005). En consecuencia, resulta 

evidente que una vez las partes prestan su consentimiento, quedan 

entonces vinculadas por los términos del contrato, siendo este la ley 

entre las partes. Art. 1233, 31 LPRA sec. 9754.

III

El planteamiento de la parte apelante se reduce a establecer que el 

contrato suscrito era uno de adhesión y, por tanto, toda duda sobre las 

cláusulas debía ser interpretada a su favor. En cuanto a ello, resaltó que la 

parte apelada fue quien incluyó una cláusula adicional. Además, señaló que 

el contrato provisto por la USDA contenía otra cláusula de la cual surgía 

que en caso de que no se aprobara el financiamiento, la parte apelante 

devolvería a la apelada cualquier down payment dado, no así el depósito12. 

Al distinguir entre estos conceptos, arguyó que el depósito se refería a una 

garantía para la celebración de un contrato futuro, mientras que el down

payment se refería a la cantidad aportada al precio de compra.

Finalmente, la parte apelante reiteró que procedía la retención del 

pago toda vez que la denegatoria del financiamiento de la USDA se debió 

a la falta de diligencia de la parte apelada.

Por su parte, RTR arguye que la parte apelante no puede ampararse 

en la nota realizada en el párrafo número cuatro (4) del contrato, pues esta 

solo entraba en función al aprobarse el préstamo. Además, sostuvo que la 

parte apelante conocía que de no aprobarse el préstamo tendría que 

12 La aludida cláusula disponía como sigue: 

This option is given to enable the Buyer to obtain a loan made by the 

Unites States of America, acting through the x Rural Housing Service; 

Rural Utilities Service;  Rural Business-Cooperative Service;  Farm 

Service Agency, hereinafter called the “Government” for the purchase of 

said property. It is agreed that the Buyer ́s efforts to obtain a loan 

constitute a part of the consideration for this option and any 

downpayment will be refunded if the loan cannot be processed by 

the Government.

Véase, apéndice del recurso, a la pág. 120. (Énfasis nuestro).
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devolver el depósito entregado. Ello en virtud de un correo electrónico, cuya 

copia adjuntó a su moción de sentencia sumaria13.

Evaluadas las sendas posturas de las partes, la totalidad del 

expediente ante nos y el derecho aplicable, consignamos las siguientes 

determinaciones de hechos que no fueron controvertidos: 

1. El 5 de junio de 2021, RTR suscribió un contrato de Opción a 

Compra de Propiedad Real con la parte apelante (Option to Purchase Real 

Property)

14

. 

2. Dicho contrato establecía que, en consideración a la suma de 

$10,000, los apelantes se comprometían irrevocablemente a vender a RTR 

las siguientes fincas: Lotes 4A y 4B, Hogar el Paraíso, Sector Breñas, 

Sabana Ward, Vega Alta15. 

3. Dicho contrato se constituyó con el fin de permitirle al comprador 

obtener un préstamo del gobierno federal de los Estados Unidos a través 

del Rural Housing Service16. 

4. El contrato establece en su párrafo 2 que: 

The option is given to enable the Buyer to obtain a loan made 

by the United States of America, acting through the Rural 

Housing Service [...], hereinafter called “the Government” for 

the purchase of said property. It is agreed that the Buyer’s 

efforts to obtain a loan constitute a part of the consideration 

of this option and any down payment will be refunded if the 

loan cannot be processed by the Government17. 

5. El párrafo tres del contrato, según enmendado, establece que: 

“The total purchase price for said property is $152,000; said amount 

includes the $10,000 mentioned in paragraph 118.”

6. RTR no logró obtener el préstamo solicitado a Rural Housing 

Service19.

13 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 127. 

14 Íd., a las págs. 119-121.

15 Íd., a la pág. 119.

16 Íd., a la pág. 120.

17 Íd.

18 Íd., a la pág. 122. Nota omitida.

19 Íd., a las págs. 126 y 130.
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7. Ante la negativa de la USDA Rural Housing Service de otorgar el 

préstamo, RTR solicitó a los apelantes la devolución de los $10,000 dados 

en opción20. 

8. Los apelantes solicitaron una reducción de los montos a devolver, 

por conceptos no contratados, y reconocieron que procedía la devolución 

por lo que solicitaron una extensión de tiempo de un año para realizar el 

pago21. 

9. A pesar de que RTR les ofreció una breve extensión para realizar 

el pago, la parte apelante nunca respondió y nunca devolvió el dinero22. 

Como planteamos, las normas generales sobre las obligaciones y 

los contratos aplican al contrato de opción. En este caso, tras la evaluación 

de las posturas de las partes, nos resulta evidente que las partes prestaron

su consentimiento y quedaron vinculadas por los términos y cláusulas del 

contrato. Ciertamente, nada surge de los documentos presentados que nos 

persuada de que la parte apelante podía retener el pago de los $10,000 

otorgado en concepto de depósito. De igual modo, de la prueba presentada 

se desprende que la parte apelante tenía conocimiento de que debía 

devolver la cantidad otorgada, mas no respondió a las comunicaciones de 

RTR, ni realizó pago alguno. 

En conclusión, tal como discutimos, cuando los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, nos corresponde revisar de novo si el 

foro primario realizó correctamente el análisis del derecho aplicable. En 

esta ocasión, nos convence que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo leído podrá conducirnos a una decisión a favor de la parte

apelante, por lo que procede dictar sentencia sumaria. En ese sentido,

coincidimos con el Tribunal de Primera Instancia en que la parte apelante

incumplió el contrato y adeuda a la apelada la cantidad principal de 

$10,000, según pactada, más los intereses por mora. 

20 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 128-129.

21 Íd., a la pág. 127. 

22 Íd., a las págs. 126, y 128-129. 
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IV

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia apelada. 

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones