Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

GUILLERMO CRUZ 

CORREA

Recurrente

v.

JUNTA DE LIBERTAD 

BAJO PALABRA

Recurrido

KLRA202400010

Revisión 

procedente de la 

Junta de Libertad 

Bajo Palabra

Caso núm.: 147513

Confinado 

B705-37437

Sobre: Denegatoria 

de Libertad Bajo 

Palabra

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez 

Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

La Junta de Libertad Bajo Palabra (la “Junta”) denegó una

solicitud de privilegio de libertad bajo palabra, ello al razonar que no 

se había corroborado que existiese un hogar viable para el 

solicitante. Según se explica en detalle a continuación, procede la 

confirmación de la decisión recurrida.

I.

El Sr. Guillermo Cruz Correa (el “Recurrente”) cumple una 

sentencia de 48 años de reclusión. La fecha tentativa para cumplir 

su sentencia es el 3 de junio de 2057. El Recurrente advino elegible 

para ser considerado por la Junta en junio de 2023. El Recurrente 

solicitó a la Junta que le concediera el privilegio de libertad bajo 

palabra.

Mediante una Resolución de 30 de agosto de 2023, la Junta 

denegó la solicitud del Recurrente. En lo pertinente, la Junta razonó 

que el Recurrente “no cuenta con propuesta de hogar viable, según 

surge de la corroboración de información realizada por el programa 

de comunidad Carolina” y que el Recurrente “no dispone de un plan 

de salida debidamente estructurado y viable en sus tres áreas de 
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salida”. A la luz de lo anterior, la Junta determinó no conceder el 

privilegio al Recurrente y volver a considerar el caso en agosto de 

2024. Además, la Junta indicó que, para esa nueva vista, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) deberá 

someter un informe de ajuste y progreso con el plan de salida 

debidamente corroborado. 

Al tomar su decisión, la Junta contó con un Informe de 

Libertad Bajo Palabra realizado por Corrección. El mismo arrojó que 

el Recurrente informó que se proponía residir en el hogar de su 

madre, la Sa. Marta Correa López, quien se encuentra bajo el 

privilegio de pase extendido, con monitoreo electrónico, por haber 

sido condenada por los hechos que culminaron en la condena del 

Recurrente. Surge, además, que el núcleo familiar incluía a su 

padrastro, el Sr. Iván Rosario López. El Recurrente cuenta con 

oferta de empleo y propuso al Sr. Isidro Valenzuela Beltre como 

amigo consejero, ya que este lo conoce hace 19 años.

El Recurrente solicitó reconsideración a la Junta; en esta 

ocasión, propuso un nuevo hogar para residir. El titular de la 

residencia propuesta es el Sr. Valenzuela, quien ya fue corroborado 

como su amigo consejero. En atención a dicha reconsideración, el 

10 de octubre de 2023, la Junta acogió la misma. Mediante esta, la 

Junta determinó solicitar al Programa de Comunidad de Carolina de 

Corrección corroborar el hogar propuesto por el Recurrente. La 

Junta le concedió a Corrección un término de 30 días para cumplir 

con lo ordenado. 

El 29 de noviembre, el Programa de Comunidad de Carolina 

de Corrección rindió a la Junta un Informe Breve Libertad Bajo 

Palabra, mediante el cual corroboró el hogar propuesto por el 

Recurrente. A su vez, dispuso que el hogar propuesto se encuentra 

en una avenida muy concurrida rodeada, en su mayoría, de oficinas 

comerciales. Posteriormente, el Oficial Examinador rindió un
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informe en el que recomendó a la Junta conceder el privilegio de 

libertad bajo palabra al Recurrente, sujeto a ciertas condiciones.

El 19 de diciembre, la Junta notificó una Resolución mediante 

la cual denegó la solicitud de reconsideración del Recurrente.

Inconforme, el 10 de enero, el Recurrente presentó el recurso 

de epígrafe, en el que formula los siguientes señalamientos de error:

1. Erró y abusó de su discreción la Junta de 

Libertad Bajo Palabra en denegar la libertad 

bajo palabra al Recurrente a pesar de que no 

existe en el expediente recomendación 

negativa y el privilegio fue recomendado por el 

Examinador que evaluó el plan de salida.

2. Erró y abusó de su discreción la Junta de 

Libertad Bajo Palabra al denegar la concesión 

de libertad bajo palabra sin expresar las 

razones para su denegación en la que se limitó 

a suscribir un simple no ha lugar.

Resolvemos.

II.

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable 

de acuerdo con la totalidad de la prueba examinada. Íd. Por lo 

tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia 

actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd. 

Por su parte, debemos sostener las determinaciones de hecho 

de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo. 3 LPRA sec. 9675. Sin 
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embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las 

conclusiones de derecho de la agencia. Íd.

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).

III.

La Junta está autorizada a “decretar la libertad bajo palabra 

de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones 

penales de Puerto Rico [...]” para que cumpla la última parte de su 

sentencia fuera de la institución. Arts. 1 y 3 de la Ley Núm. 118 de 

22 de julio de 1974, según enmendada (“Ley 118”), 4 LPRA secs. 

1501 y 1503. 

El beneficio de la libertad bajo palabra es un privilegio, no un 

derecho, y se le otorgará a un confinado cuando sirva al mejor 

interés de la sociedad y propicie la rehabilitación moral y económica 

del individuo, según la sana discreción de la Junta. Quiles v. Del 

Valle, 167 DPR 458, 475 (2006); Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de 

Distrito, 91 DPR 567, 570-571 (1964); Emanuelli v. Tribunal de 

Distrito, 74 DPR 541, 549 (1953).

Para ejercer adecuadamente su discreción, la Junta aprobó el

Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 

9232 de 18 de noviembre de 2020 (Reglamento 9232). Este 

reglamento establece las reglas procesales y sustantivas que 

gobiernan las funciones adjudicativas del mencionado organismo 

administrativo. A su vez, este incorpora las disposiciones de los 
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procedimientos adjudicativos estatuidos por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.1

El Artículo X del Reglamento 9232 establece los criterios que 

la Junta deberá considerar al evaluar la solicitud de libertad bajo 

palabra de un confinado. Específicamente, la Sección 10.1 del 

Reglamento 9232 detalla ciertos criterios de elegibilidad, entre los 

cuales destacamos los recogidos en la Sección 10.1 (B)(7):

7. Si cuenta con un plan de salida 

estructurado y viable en las áreas de 

oferta de empleo y/o estudio, residencia y 

amigo consejero.

a. El plan de salida podrá ser en Puerto Rico, 

en cualquier estado de los Estados 

Unidos o en cualquier otro país que tenga 

un tratado de reciprocidad con Estados 

Unidos.

b. Cuando el plan de salida propuesto sea 

fuera de la jurisdicción de Puerto Rico:

[...]

e. Residencia

i. Todo peticionario tiene que indicar el 

lugar en el cual piensa residir de 

serle concedida la libertad bajo 

palabra, bien sea en una residencia o 

un programa interno.

ii. De proponer una residencia, el 

peticionario proveerá el nombre 

completo y número de teléfono de 

la persona con la cual residirá, o de 

algún familiar cercano, así como la 

dirección física de la residencia. 

En estos casos, se realizará una 

investigación sobre la actitud de la 

comunidad donde propone residir 

el peticionario, de serle concedida 

la libertad bajo palabra.

iii. De proponer una residencia propia 

y no contar con recurso familiar, 

deberá presentar como recurso y 

apoyo el amigo consejero o alguna 

persona que le pueda servir de 

apoyo, aunque no resida con el 

peticionario. Deberá presentar el 

nombre completo de esa persona, 

número de teléfono y correo 

1 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA secs. 9601 y ss.
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electrónico. En estos casos, se 

realizará una investigación sobre 

la actitud de la comunidad donde 

propone recibir el peticionario de 

serle concedida la libertad bajo 

palabra.

iv. Si el peticionario interesa ingresar a 

un programa interno, tendrá que 

presentar la carta de aceptación del 

programa, así como proponer una 

residencia alterna en la cual 

disfrutará de los pases, en los casos 

que aplique. Dicha residencia alterna 

será corroborada para determinar su 

viabilidad. Si la residencia alterna no 

resulta viable, el peticionario no 

podrá disfrutar de pases hasta tanto 

no provea una residencia alterna 

viable, y así lo autorice la Junta.

v. Para determinar si la vivienda 

propuesta es viable, la Junta 

considerará:

(a) Las características personales 

e historial delictivo de las 

personas con las cuales 

convivirá el peticionario en la 

vivienda, y cómo el 

peticionario se relaciona con 

estos.

(b) Opinión de la comunidad sobre 

la determinación de conceder el 

privilegio y las personas con las 

cuales convivirá el peticionario.

(c) Condición de la planta física de 

la residencia y cantidad de 

habitantes de la misma.

(d) Si la residencia propuesta está 

relativamente cercana a la

residencia de la víctima de 

delito.

(e) Si existe algún impedimento 

en ley para que el peticionario 

resida en la vivienda 

propuesta, excepto se 

encuentre incluido en el 

contrato de vivienda o 

certificación de la 

administración 

correspondiente.

(f) Cualquier otra consideración 

que la Junta estime pertinente 

dentro de los méritos del caso 

individual.
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f. Amigo consejero

i. El amigo consejero tiene la función 

de cooperar con la Junta y el 

Programa de Comunidad en la 

rehabilitación del peticionario.

[...] (Énfasis suplido).

Resulta preciso señalar que “la Junta tendrá discreción para 

considerar los mencionados criterios según considere conveniente y 

cualquier otro meritorio con relación a la rehabilitación del 

peticionario y al mejor interés de la sociedad”. Sec. 10.1 (B)(12) del 

Reglamento 9232.

A su vez, la Sección 10.2 del Reglamento 9232 enumera los 

documentos que deberán ser sometidos ante la Junta para que se 

pueda considerar una solicitud. Será deber de los empleados de 

Corrección proveer a la Junta todo documento que contenga 

información relevante a los criterios antes esbozados. Sec. 10.2 (A) 

del Reglamento 9232. Entre los documentos que deberán ser 

remitidos a la Junta se encuentran: el Informe de Libertad Bajo 

Palabra y el Informe Breve de Libertad Bajo Palabra. 

El Informe de Libertad Bajo Palabra es un “[e]studio realizado 

por un técnico de servicio sociopenales del Programa de Comunidad 

de [Corrección], el cual incluye el historial social y delictivo; 

circunstancias del delito(s), versión oficial del delito, dirección postal 

y física y opinión del perjudicado, opinión de la familia y la 

comunidad respecto a la liberación del miembro de la población 

correccional, ajustes institucionales, descripción, corroboración, 

evaluación del plan de salida, más cualquier otra información 

relevante que el técnico de servicios sociopenales considere debe 

conocer la Junta”. Art. V (y) del Reglamento 9232.

Por otro lado, el Informe Breve de Libertad Bajo Palabra

constituye una “[i]nvestigación realizada por el técnico de servicios 

sociopenales del Programa de Comunidad del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación, cuyo fin será, entre otras cosas, 

corroborar la viabilidad del plan de salida propuesto y la opinión de 

la comunidad inmediata”. Art. V (w) del Reglamento 9232.

Las vistas en los casos de libertad bajo palabra se celebrarán 

ante la Junta, cualquier miembro o un Oficial Examinador. Art. XI 

(C) del Reglamento 9232. Una vez celebrada una vista, presidida 

por un Oficial Examinador, éste preparará un informe en el cual 

hará un resumen de la evidencia recibida, exponiendo 

separadamente las determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho que fundamentan su recomendación. Sec. 14.2(A) del 

Reglamento 9232. En cuanto a la recomendación del Oficial 

Examinador, la Junta la evaluará, pero emitirá su propia 

determinación mediante la correspondiente resolución. Art. XIV, 

Sección 14.2 (D) del Reglamento Núm. 9232. 

Por otro lado, las conclusiones y recomendaciones contenidas 

en un informe no obligan a la agencia, la cual tiene facultad para 

dictaminar sobre las cuestiones en controversia sobre la base de su 

propia consideración. Es decir, una agencia administrativa no tiene 

que acoger la totalidad de un informe preparado por un oficial 

examinador, sino las partes de aquél que considere correctas. 

Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 933-934 (1998).

Finalmente, en cuanto a las determinaciones sobre libertad 

bajo palabra, el reglamento dispone que “[c]uando la Junta deniegue 

la libertad bajo palabra, expresará individualmente en su resolución 

las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que 

fundamentan dicha determinación, así como indicará fecha (mes y 

año) en que volverá a considerar el caso”. Sec. 12.3 (B) del

Reglamento 9232. Así, dispone que la Junta tomará toda 

determinación final a base de la preponderancia de la prueba, a la 

luz de la prueba presentada durante la vista y la totalidad del 

expediente del caso. Sec. 14.1 (A) del Reglamento 9232.
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IV.

Concluimos que procede confirmar la decisión recurrida, pues 

el Recurrente no demostró que la misma sea irrazonable o contraria 

a derecho. 

Consideramos razonable la conclusión inicial de la Junta, 

plasmada en la Resolución de 30 de agosto de 2023, a los efectos de 

que el Recurrente no contaba con un hogar viable, por lo cual no 

presentó un plan de salida debidamente estructurado. En efecto, el 

Informe de Libertad Bajo Palabra demostró que el Recurrente 

propuso residir en el hogar de su madre, quien se encuentra bajo el 

privilegio de pase extendido con monitoreo electrónico. Así, en esta 

etapa, el Recurrente falló en demostrar ante la Junta un hogar viable 

para la concesión del privilegio de libertad bajo palabra. 

Tampoco podemos concluir que sea irrazonable, o contraria a 

derecho, la determinación de la Junta de denegar la reconsideración 

del Recurrente. Del récord surge que, a pesar de hacer las gestiones 

pertinentes, Corrección no pudo obtener la postura de la comunidad 

en la cual está el hogar que el Recurrente propuso en 

reconsideración. Resaltamos, además, que el deber último de 

determinar sobre la concesión del privilegio de la libertad bajo 

palabra recae en la Junta, sin que está tenga necesariamente que 

coincidir con las recomendaciones del Oficial Examinador.

En consecuencia, no podemos concluir, ni el Recurrente nos 

ha convencido, que la Junta haya actuado de forma irrazonable al

no concederle el privilegio de libertad bajo palabra. Por el contrario, 

su determinación se basó en la ley y la reglamentación que rigen su 

discreción y en la evidencia sustancial que obraba en el expediente 

que tenía ante sí.

V.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución 

recurrida.
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones