Número Identificador

RES2024 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

GENOVEVA VALENTÍN 

SOTO

Recurrida

v.

SERVIDORES PÚBLICOS 

UNIDOS 

DE PUERTO RICO, 

CONCILIO 95 AFSCME Y 

OTROS

Peticionaria

KLCE202400389

Certiorari

Procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala de SAN JUAN

Caso Núm.:

SJ2023CV02059

Sobre:

Despido constructivo; 

Represalias

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2024.

El 4 de abril de 2024, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (en 

adelante, SPUPR o parte peticionaria) instó ante este Tribunal de 

Apelaciones un recurso de Certiorari, mediante el cual ausculta la revisión 

judicial de la Resolución que emitió y notificó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI o foro primario) el 26 

de marzo de 2024, en la causa de epígrafe. Por virtud del aludido dictamen, 

el foro primario denegó la solicitud de sentencia sumaria que presentó la 

peticionaria en el caso, así como aquella que sometiera en su favor la Sra. 

Genoveva Valentín Soto (en adelante, señora Valentín o recurrida) al 

oponerse a dicha petición.

Evaluado el legajo apelativo, en virtud del derecho aplicable que más 

adelante consignaremos, resolvemos denegar el auto de Certiorari. Veamos.

I

La causa de epígrafe es una de naturaleza laboral por despido 

injustificado en la modalidad de despido constructivo, así como por 
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represalias sometida al amparo del procedimiento sumario establecido en 

la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA Sec. 

3118, et seq. Conforme se adujo en la Demanda, a causa de una serie de 

actuaciones hostiles, humillantes y de total menosprecio por parte del Sr. 

Iram Ramírez- quien en ese entonces era su supervisor- en cuanto a los 

términos, condiciones, beneficios y privilegios de su empleo como directora 

de la División Legal de la peticionaria, se vio forzada a renunciar a su 

puesto de trabajo en la SPUPR.

Específicamente, reclamó que: contrario a lo que ocurrió con otros 

directores, no se le solicitó un informe de trabajo realizado y pendiente de 

sus funciones; días más tarde le pagaron una cuantía errónea y menor al 

resto del personal en cuanto a una bonificación; la excluyeron de reuniones 

importantes relacionadas a sus funciones como aquella celebrada el 3 de 

octubre de 2022; y se le cuestionó su participación en otra reunión obrero 

patronal a la cual acudió como compañía de la presidente del sindicato. De 

igual modo, alegó que luego de quejarse sobre estos tratos, se le impuso 

agotar vacaciones por alrededor de 4 meses y fue despojada de sus 

herramientas de trabajo sobre los expedientes de los casos que como 

abogada atendía, lo que ocasionó que por miedo a perder su licencia y ante 

el entendido de no tener otra opción, renunció a su empleo para evitar ser 

sancionada éticamente e intentar mitigar las probabilidades de perder su 

licencia.

Al comparecer a defenderse, la peticionaria negó las alegaciones de 

la Demanda. Afirmativamente, argumentó que a la señora Valentín no se le 

pidió un informe, debido a que el mismo era innecesario pues en ese 

momento ésta ya no era directora de la división legal desde diciembre de 

2014. También, expuso que el pago incorrecto sobre la bonificación especial 

fue un error administrativo o de nómina, que se corrigió entregándosele la 

diferencia a la querellante; que el que no se hubiera citado a la recurrida a 
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reunión no constituía un patrón de vejámenes, humillaciones y conducta 

intimidante o denigrante como se alegó, pues el señor Ramírez como 

Director Ejecutivo lleva a cabo reuniones de distinta índole con el personal 

del sindicato para atender las necesidades de sus respectivas áreas de 

trabajo. Por último, la peticionaria negó haber cuestionado a la presidenta 

del concilio, la Sra. Jessica Martínez, la participación de la peticionaria en

una reunión obrero- patronal, como asevera en su reclamación. De igual 

forma, SPUPR aclaró que la imposición de vacaciones no respondió a las

quejas presentadas por esta, sino más bien a una acumulación excesiva de 

vacaciones. También expuso que el requerimiento de entregar sus 

herramientas de trabajo a la querellante se debió a la necesidad de los 

expedientes de los casos para que el abogado sustituto pudiese realizar su 

trabajo mientras esta se encontraba fuera de sus labores. 

Posteriormente en el caso, luego de llevarse a cabo el descubrimiento 

de prueba, SPUPR sometió una Moción de Sentencia Sumaria en la cual 

propuso que en virtud de los documentos que sometía en su apoyo, no 

existía controversia sobre 98 hechos. En síntesis, allí afirmó que los hechos 

señalados por la recurrida no cumplen con el rigor de magnitud sustancial 

que se requiere para que se configure la figura del despido injustificado en 

su modalidad constructiva o tácita, ni para poder demostrar que fue objeto 

de represalias. Esto, pues expresar su inconformidad sobre una directriz y 

solicitar una reunión es insuficiente para que pueda determinarse que la 

recurrida participó de una actividad protegida bajo el derecho aplicable 

relativa a las represalias. Añadió que los temores aducidos por la señora 

Valentín eran infundados, puesto que los asuntos serían atendidos por 

otros abogados.

El 21 de noviembre de 2023, la recurrida se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria. Al así hacer, admitió alguno de los hechos 

incontrovertidos propuestos. Sin embargo, negó muchos de estos por 
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sostener que la reglamentación citada en estos no estaba vigente a la fecha 

de los hechos propuestos. Asimismo, más allá de reiterar los hechos

alegados en su demanda, destacó que durante los 27 años que laboró para 

SPUPR nunca había sido despojada de sus herramientas de trabajo, ni 

desplazada y mucho menos había sufrido el trato que recibió por parte del 

Sr. Ramírez. Asimismo, sostuvo que a ningún otro empleado o gerencial se 

le requirió lo mismo que a ella y que por tal razón, el trato y la indiferencia 

de parte de su patrono crearon para ella unas condiciones de empleo tan 

intolerables y onerosas que no tuvo otra alternativa que renunciar.

Así las cosas, tras considerar los escritos de las partes y los 

documentos sometidos por las partes en apoyo a estos, el TPI emitió la 

Resolución recurrida. Allí, identificó 79 hechos sobre los que no encontró 

controversia y 3 sobre los que sí. Estos últimos, son los siguientes:

1. Si las acciones tomadas por SPUPR en contra de Valentín Soto, 

luego de culminada la sindicatura, son lo suficientemente 

onerosas para que se constituya un despido constructivo.

2. Si el haberle impuesto unilateralmente unas vacaciones a 

Valentín Soto, el despojarla de sus herramientas de trabajo, y no 

proveerle información referente a los casos que esta llevaba a 

favor de SPUPR, constituye un claro acto de represalias.

3. De prevalecer en la causa de acción de represalias, cuáles serían 

los daños y su valoración.

Tras exponer el derecho aplicable, en su Resolución, el foro primario

concluyó que en el pleito existían controversias de hechos sustanciales que 

impedían su resolución sumaria. Específicamente, manifestó que existía 

controversia en cuanto a, “si las actuaciones del supervisor de la querellante 

al excluirla de reuniones, ignorar su trabajo o posición, ordenarle agotar las 

vacaciones, entre otras, son elementos suficientes para establecer 

condiciones onerosas que obligaron a la querellante renunciar.” Igual de 

controvertido consideró la motivación del patrono para tomar las 

determinaciones que tomó en cuanto a las condiciones de empleo de la 

recurrida. Por ello, resolvió que en el caso era necesario recibir prueba 
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testifical y ponderar la credibilidad de los testimonios mediante la 

celebración de una vista en su fondo, razón por la cual dictaminó que no 

procedía la solución sumaria del caso. 

Inconforme con lo allí resuelto, SPUPR instó el recurso de epígrafe 

en el que señaló la comisión de 3 errores. Estos son:

PRIMER ERROR:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER 

QUE, A BASE DE LOS HECHOS ESENCIALES, LA PRUEBA 

DOCUMENTAL COMÚN Y LAS DETERMINACIONES 

FORMULADAS POR EL PROPIO FORO EN EL DICTAMEN 

RECURRIDO NO PROCEDE LA DESESTIMACIÓN DE LA 

QUERELLA BAJO EL MECANISMO DE SENTENCIA SUMARIA.

SEGUNDO ERROR:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER 

QUE EN ESTE CASO HAY ELEMENTOS DE TIPO “SUBJETIVO” 

QUE LE IMPIDEN RESOLVERLO SUMARIAMENTE EN 

TÉRMINOS DE SI OCURRIÓ O NO UN DESPIDO 

CONSTRUCTIVO BAJO LA LEY 80-1976, CONTRARIO A LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO 

RICO EN RIVERA FIGUEROA V. THE FULLER BRUSH CO., 18[0] 

DPR 894 (2011), QUE RESOLVIÓ QUE EN ESTOS CASOS EL 

CRITERIO A CONSIDERARSE ES EL DEL TIPO “OBJETIVO”.

TERCER ERROR:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RECHAZAR 

LA DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE 

REPRESALIAS TODA VEZ QUE DE LAS ALEGACIONES 

INCONTROVERTIDAS DE LA RECURRIDA A ESOS FINES NO 

SE SURGEN HECHOS QUE ADUZCAN UNA ACTIVIDAD 

PROTEGIDA BAJO LA LEY 115-1991.

Atendido el recurso, el 8 de abril de 2024, emitimos Resolución en la 

que, entre otras cosas, ordenamos a la parte recurrida a someter su 

oposición en 10 días. En cumplimiento con ello, esta compareció el 18 de 

abril de 2024 mediante Oposición a Petición de Certiorari. Habiéndose 

perfeccionado al recurso, resolvemos.

II

-AEl vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil 
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Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de 

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar 

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción 

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica 

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.” Íd.

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un 

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v. 

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, a la pág. 404. 

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

supra; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en consideración al 
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evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.

1 Estos, pautan el 

ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La delimitación que 

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden 

esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. 

ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

supra.

-BEl mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, permite resolver los 

asuntos de aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de 

hechos materiales y que, por consiguiente, no ameritan la celebración de un 

juicio. Cruz Vélez v. CEE y otros, 206 DPR 694 (2021), al citar a Mejías et al.

v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012) y otros. Así pues, conforme la 

discutida regla, procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, 

deposiciones y admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y 

cualquier otra evidencia presentada se acredita la inexistencia de una 

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá, 

también, justificarse por el derecho aplicable. Id., mencionando a Bobé et al.

v. UBS Financial Services, 198 DPR 6 (2017) y demás. 

Por otro lado, la parte que se oponga a la moción de sentencia 

sumaria, deberá así hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su 

notificación, cumpliendo con los requisitos de ley. Así pues, deberá efectuar 

1 Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto 

planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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una exposición breve de las alegaciones, los asuntos litigiosos o en 

controversia. También, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados 

por la parte promovente que entiende están en controversia y para cada 

uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación. Véase, 

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b); Cruz Vélez 

v. CEE y otros; supra; y SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015) Esto es así, ya que cualquier duda no 

es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene 

que ser una que permita concluir la existencia de una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914, 932 (2010) No obstante, el no presentarse oposición a una 

moción de sentencia sumaria no impide que el tribunal falle en contra del 

promovente de esta ya que esta “puede dictarse a favor o en contra del 

promovente, según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).

Así, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria un 

tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de los documentos sometidos 

ante su consideración surge que no existe controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material y solo restaría por resolver una 

controversia estricta de derecho. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R 36.3(e). Por el contrario, no procederá una moción de 

sentencia sumaria cuando (1) existan hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan con 

la moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) 

como cuestión de derecho, no proceda. Cruz Vélez v. CEE y otros, supra.

En cuanto a la revisión judicial de una determinación sobre sentencia 

sumaria, es meritorio señalar que los foros apelativos nos encontramos en 
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la misma posición que el foro primario. Por ello, debemos regirnos por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de esta. No obstante, 

no podemos tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos materiales 

en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de instancia luego 

de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118.

-CLa Ley 115 del 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA Sec. 194, et seq., 

establece que, “[n]ingún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar 

contra un empleado con relación a los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el 

empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier 

testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo 

o judicial en Puerto Rico, así como el testimonio, expresión o información 

que ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos establecidos 

de la empresa, o ante cualquier empleado o representante en una posición 

de autoridad, cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni 

constituyan divulgación de información privilegiada establecida por ley.”2

La discutida legislación tiene un alcance amplio siendo aplicable a 

empleados de la empresa privada, aquellos de los municipios y a todos los 

empleados de gobierno, incluidas aquellas instrumentalidades que 

funcionen como negocio o empresas privadas. Cordero Jiménez v. UPR, 188 

DPR 129 (2013); Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149 (2007). 

La violación a sus disposiciones deberá demostrarse mediante evidencia 

directa o circunstancial. El empleado, podrá también establecer un caso 

prima facie de violación a la ley probando que participó en una actividad 

protegida por el estatuto y que fue subsiguientemente despedido, 

2 29 LPRA Sec. 194a.
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amenazado o discriminado en su contra de su empleo.3 Así establecido, le 

corresponde al patrono alegar y fundamentar una razón legítima y no 

discriminatoria para el despido. Cumplida esta encomienda, deberá el 

empleado demostrar que la razón brindada por el patrono era un mero 

pretexto. Íd.

Para cumplir con la encomienda de establecer una causa de acción 

por represalias mediante el establecimiento de un caso prima facie de 

represalias, el empleado deberá probar que participó en una actividad 

protegida y que fue subsiguientemente despedido o amenazado o sufrió 

discrimen en el empleo. Rivera Menéndez v. Action Service, supra; Marín v. 

Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, (1997).

4 Además, será requerido que 

demuestre que el patrono tomó una acción adversa y que existe un nexo 

causal entre dicha acción adversa y el ejercicio de la actividad protegida. 

-DLa Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 

del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 25 LPRA Sec. 185a, (Ley 80), 

ofrece una valiosa protección a aquellos individuos empleados y 

contratados por tiempo indeterminado a ser remunerados de ser 

despedidos injustificadamente de su trabajo. Este resarcimiento se conoce 

comúnmente como “mesada”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 

(2020) citando a González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213 (2016) 

y otros allí citados. La Ley 80 no establece qué constituye un despido 

injustificado. No obstante, el aludido estatuto informa sobre varios 

escenarios que pueden liberar al patrono de responsabilidad. 

3 Para ello, bastará con que el empleado compruebe que la acción adversa que experimentó 

ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la alegada actividad protegida. O sea, es 

suficiente con que se establezca la proximidad temporal. Rivera Menéndez v. Action 

Service, 185 DPR 431 (2012).

4 Se participa de actividad protegida cuando, por ejemplo, se ofrece testimonio o 

información ante un foro administrativo. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra a la 

pág. 164. 
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Así pues, se reputará justa causa para el despido si el empleado: (1) 

ha exhibido un patrón de conducta impropia o desordenada; (2) no ha 

cumplido con sus labores de manera eficiente, ha realizado su trabajo tarde 

o negligentemente o en violación a las normas aplicables, o (3) ha violado 

reiteradamente aquellas reglas y reglamentos razonablemente establecidos 

para la operación del establecimiento y los cuales le han sido suministrados 

oportunamente. Id. De igual forma, se entenderá que el despido fue 

justificado si sucede a consecuencia de: el cierre total, temporero o parcial 

de las operaciones del establecimiento; los cambios tecnológicos o de 

reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios 

rendidos al público; o reducciones en empleo necesarias debido a una 

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o 

que prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la 

competitividad o productividad del establecimiento. 29 LPRA Sec. 185b.5

Para propósito de la Ley 80, la condición de ser despedido no está 

limitada por la definición usual del término “despido”. Entiéndase pues, 

que, a los efectos de la discutida ley, despido no sólo se trata de la acción 

unilateral del patrono dirigida a cesantear al empleado, sino que también 

abarca aquellas dirigidas a inducir o forzar al empleado a renunciar. A esta 

modalidad de despido se le conoce como despido constructivo o tácito

Ejemplos de los actos que podrían conducir a la determinación de un 

despido constructivo son: imponerle o intentar imponerle condiciones de 

trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en categoría o someterlo 

a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011).

5 Es importante recordar, aun así, que las circunstancias representativas de justa causa 

enumeradas en el discutido estatuto son meros ejemplos de acontecimientos asociados a 

un despido. Ello así, ya que este no puede prever el universo de incidencias que pueden 

surgir en un entorno laboral y que desemboquen en la cesantía de un empleado. León 

Torres v. Rivera Lebrón, supra, citando a SLG Torres Matundan v. Centro Patología, 193 

DPR 920 (2015).
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El despido constructivo ocurre cuando al empleado se le obliga a 

renunciar al imponérsele condiciones de trabajo onerosas. Los actos 

voluntarios e injustificados de un patrono y dirigidos a obligar al empleado 

a renunciar constituyen despido cuando la única alternativa razonable que 

le resta al empleado es abandonar su puesto. Ahora, no basta cualquier 

molestia o condición antipática. Cuando la conducta del patrono se base en 

vejámenes y humillaciones, estos deben ser de magnitud sustancial

utilizándose un criterio objetivo al examinar si una persona razonable se 

sentiría forzada a renunciar como resultado de ellos. Lo decisivo es si por 

los actos del patrono señalados una persona razonable se puede sentir y en 

efecto se siente forzada a renunciar. Hasta tanto tal hecho no quede probado 

a satisfacción del tribunal, no se activará la presunción que la Ley Número 

80 provee. Íd. 

III

Como mencionamos al exponer el tracto procesal del caso, la 

decisión recurrida deniega la moción de sentencia sumaria presentada en 

el pleito por SPUPR, así como la oposición a sentencia sumaria y solicitud 

de sentencia sumaria instada por la recurrida. Por consiguiente, estamos 

ante una de aquellas instancias autorizadas por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que nos autoriza a acoger o no 

discrecionalmente el certiorari instado.

La parte peticionaria discrepa de la conclusión del tribunal de que 

no hubo ante su consideración elementos suficientes que le permitieran 

establecer si hubo o no condiciones onerosas que obligaron a la recurrida a 

renunciar. Específicamente, argumenta que distinto a lo concluido por el 

TPI, en el caso no había necesidad alguna de ir más allá de las alegaciones 

de la querella y escuchar prueba testifical para ponderar credibilidad.

Basándose en tal postura, discute que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, establece que en 
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aquellos casos en los que se reclame la aplicación del despido en su 

modalidad de despido constructivo, el criterio a evaluar y considerar es el 

objetivo de una persona razonable y no la visión subjetiva del empleado. 

Amparándose en estos argumentos, la peticionaria plantea que el 

expediente es claro en cuanto a la falta de elementos que permitan concluir 

que los actos señalados por la recurrida fueron de tal naturaleza que una 

persona prudente y razonable se sentiría forzada a renunciar al trabajo 

pudiéndose entonces constituir la figura de despido constructivo. De igual 

manera, y en cuanto a la causa de acción por represalias, la peticionaria 

alega que constituyó una equivocación clara la negativa del foro primario a 

desestimar la causa de acción de la recurrida, puesto que los documentos 

sometidos demuestran que esta no participó de ninguna actividad 

protegida de las que activa la presunción de represalias. 

Por su parte, la señora Valentín afirma que los argumentos 

sometidos por la peticionaria a los fines de convencernos de intervenir y 

revocar la decisión recurrida no demuestran abuso de discreción por parte 

del TPI, mereciendo pues nuestra deferencia. Asimismo, destaca que 

contrario a lo que la peticionaria manifiesta, las quejas que levantó por las 

actuaciones llevadas en su contra, pudieran constituir una actividad 

protegida, a tenor con la Ley 115-1991, puesto que la misma cataloga una 

actividad protegida, entre otras cosas, el testimonio, expresión o 

información que ofrezca o intente ofrecer el empleado en los 

procedimientos internos, establecidos de la empresa, o ante cualquier 

empleado o representante en una posición de autoridad; cosa que ocurrió 

en su situación.

A los fines de atender el recurso, y dirigiéndose el planteamiento de 

la peticionaria a argumentar la procedencia de una moción de sentencia 

sumaria, evaluamos si el escrito sometido por SPUPR, así como aquel que 

en oposición presentó la recurrida, cumplieron con los requisitos de forma 
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que nuestro ordenamiento jurídico establece para tal instrumento.

Contestamos en la afirmativa. Igualmente, y debido a que, si bien estima 

que el foro primario pudo incluir determinaciones de hechos adicionales, 

no impugna aquellas emitidas por el TPI, aceptamos cada uno de los hechos 

incontrovertidos enunciados por el foro primario en el dictamen recurrido.

Dicho lo anterior, luego de que a los fines de atender los señalamientos 

efectuados evaluáramos las mociones sometidas ante la consideración del 

foro primario, así como las expresiones emitidas por el foro primario en su 

Resolución, no encontramos la existencia de ninguno de aquellos factores 

enunciados en la Regla 40 de nuestro Reglamento que muevan nuestra 

discreción a favor de la expedición del auto discrecional del certiorari para 

intervenir con la decisión recurrida. En esta, el TPI no incurre en error 

manifiesto ni es movido por prejuicio, parcialidad o pasión al determinar 

que existían hechos en controversia esenciales a las causas de acción que 

debían ser dirimidos en un juicio plenario, puesto requerían un evalúo y 

una atribución de credibilidad.

IV

Por las razones antes expresadas, denegamos la expedición del auto 

de Certiorari solicitado por Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones