Número Identificador

RES2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

OLGA IRIS MONTIJO 

CRUZ

Peticionaria

V. 

SUCN. ANDRES RIVRA 

LABOY Y OTROS

Recurrida

KLCE202400328

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia

Arecibo

Caso Núm:

AR2019CV01638

Sobre:

Liquidación de 

Comunidad de 

Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2024.

El 18 de marzo de 2024, la Sra. Olga Iris Montijo Cruz (señora 

Montijo o peticionaria) compareció ante nos mediante una Petición 

de Certiorari y solicitó la revisión de una Resolución que se dictó el 

5 de febrero de 2024 y se notificó el 6 de febrero de 2024 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI). 

Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Sentencia Sumaria que presentó la peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de epígrafe. 

I.

El 23 de agosto de 2021, la señora Montijo presentó una 

Segunda Demanda Enmendada en contra de la sucesión del Sr. 

Andrés Laboy Rivera (parte demandada o recurrida).1 En esta, alegó 

que convivió con el Sr. Andrés Laboy Rivera (señor Rivera), sin 

casarse con este último, desde el año 1988 hasta el año 1996 en el 

Estado de Chicago. Adujo, que en el año 1996 se trasladó a Puerto 

1 Véase, págs. 78-82 del apéndice del recurso. 
2

Rico y arrendó una propiedad perteneciente a la Sra. María Luisa 

Guzmán Soto (señora Guzmán) y en el año 1998 el señor Rivera se 

trasladó a Puerto Rico y convivió con esta nuevamente en la 

propiedad antes mencionada. Indicó que posteriormente, mediante 

la Escritura Núm. 150 de Compraventa, adquirió la propiedad de la 

señora Guzmán y que en dicha escritura erróneamente aparecía que 

estaba casada con el señor Rivera. Añadió que, de igual forma, se 

otorgó la Escritura Núm. 151 de Hipoteca sobre la propiedad antes 

mencionada y que también aparecía casada con el señor Rivera a 

pesar de que, según ella, estos nunca se casaron legalmente. 

Asimismo, sostuvo que ella pagaba la hipoteca desde que se 

otorgaron las respectivas escrituras y que, en el 2009, el señor 

Rivera falleció y ella continúo pagando la hipoteca. Específicamente 

puntualizó que, aunque aparecía junto al señor Rivera en las 

referidas escrituras, siempre fue la que pagó todo lo relacionado a la 

propiedad por lo que solicitó que se le ordenara al Registro de la 

Propiedad que eliminara el nombre del señor Rivera y se le 

inscribiera como única dueña de la propiedad en su totalidad. 

En respuesta, el 27 de septiembre de 2021, la parte 

demandada presentó su Contestación a Segunda Demanda 

Enmendada y una reconvención.2 En esencia, negaron la mayoría 

de las alegaciones que presentó la señora Montijo en su Demanda y 

presentaron sus defensas afirmativas. Específicamente, alegaron 

que la peticionaria y el señor Rivera tuvieron una comunidad de 

bienes que duró 21 años. Así pues, como parte de su reconvención, 

solicitaron la liquidación de la comunidad de bienes antes 

mencionada. 

Luego de varios trámites procesales que no son pertinentes 

discutir, el 13 de septiembre de 2023 la peticionaria presentó una 

2 Íd., págs. 83-86. 
3

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.

3 En primer lugar, 

enumeró veintidós (22) hechos que, a su juicio, no estaban en 

controversia. Luego, argumentó que los hechos antes mencionados 

y la prueba documental incluida como parte de la solicitud de 

sentencia sumaria eran suficientes para evidenciar que la parte 

demandada no tenía derecho alguno sobre la propiedad objeto de la 

presente controversia ya que el señor Rivera presuntamente no 

aportó monetariamente a la adquisición, hipoteca o reparaciones a 

la propiedad por lo que no podía existir una comunidad de bienes 

entre ellos. Así pues, solicitó que el TPI declarara Ha Lugar la 

sentencia sumaria. 

Así las cosas, el 17 de octubre de 2023, los recurridos 

presentaron una Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria.

4 En síntesis, esbozaron los hechos que entendían que 

estaban en controversia y los que no. A base de ello, concluyeron 

que no se debía dictar sentencia sumaria toda vez que existía una 

controversia real sobre la comunidad de bienes que presuntamente 

constituyeron las partes. 

Evaluadas las posturas de ambas partes, el 5 de febrero de 

2024 el TPI dictó una Resolución que se notificó el 6 de febrero de 

2024.5 En esta, realizó doce (12) determinaciones de hechos y 

estableció cuatro (4) hechos que consideraba que estaban en 

controversia e impedían que se dictara Sentencia Sumaria. Estos 

hechos son los siguientes: 

1. ¿Poseía la Demandante la capacidad de pago para la 

compra de la propiedad y la capacidad de pago de la 

hipoteca? 

2. En caso de no poseer la capacidad de pago, ¿cómo 

logró la demandante cumplir con los pagos 

correspondientes?

3 Íd., págs. 159-174. 

4 Íd., págs. 793-811. 

5 Íd., págs. 1-4. 
4

3. ¿Existió entre el Sr. Andrés Laboy Rivera y la Sra. 

Olga Iris Montijo Cruz una comunidad de bienes en 

la propiedad en controversia? 

4. En caso de ser en la afirmativa la anterior respuesta, 

¿cuál es la participación de cada uno en esa 

comunidad? 

Así pues, declaró No Ha Lugar la solicitud de Sentencia 

Sumaria que presentó la peticionaria. Inconforme con este 

dictamen, el 20 de febrero de 2024, la señora Montijo presentó una

solicitud de reconsideración.6 El 20 de febrero de 2024, el TPI dictó 

una Resolución que se notificó el 21 de febrero de 2024 mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.7

Aún en desacuerdo, el 18 de marzo de 2024, la peticionaria 

presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no realizar las determinaciones de 

hechos conforme a la prueba sometida por ambas 

partes ignorando así al menos dieciséis (16) 

determinaciones materiales sustentadas por la 

peticionaria, con prueba admisible en evidencia que 

no fueron controvertidas por la parte peticionada. 

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al no eliminar la oposición de la 

parte peticionada a pesar de que esta no cumple con 

la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil o lo 

establecido en el caso SLG Zapata Rivera v. J.E. 

Montalvo, supra, y, por lo tanto, todos los hechos 

incontrovertidos plasmados en la Sentencia 

Sumaria debieron ser admitidos. 

Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al denominar como controversias de 

hechos asuntos que realmente son controversias de 

derecho a favor de la peticionaria por la vía sumaria 

y a la luz del derecho aplicable conforme las 

doctrinas establecidas en los casos Ortiz de Jesús v. 

Vázquez, 119 DPR 547 (1987); Cruz v. Sucn. Landrau 

Díaz, 97 DPR 578 (1969); y Quetglas v. Carazo, 134 

DPR 644 (1993); Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801 (2004) 

y Caraballo vs. Acosta, 104 DPR 474 (1975). 

Cuarto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al emitir Resolución citando a Domínguez

v. ELA, 137 DPR 954 porque sus hechos son 

completamente distinguibles del caso de marras. 

6 Íd., págs. 6-16. 

7 Íd., pág. 17. 
5

Atendido el recurso, el 20 de marzo de 2024, emitimos una 

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 1 de abril de 

2024 para presentar su postura en cuanto al recurso. 

Oportunamente, la parte recurrida presentó un Alegato en Oposición 

A Certiorari y negó que el TPI cometiera los errores que la señora 

Montijo le imputó. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes procedemos a resolver el asunto ante nos. Veamos.

II.

-AEl certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales 

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos 

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al 

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, 

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 
6

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

En otros términos, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los 

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 
7

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009).

-BEl mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, R. 36, tiene el propósito 

primordial de proveer una solución justa, rápida y económica en 

aquellos casos en que surja de forma clara que no existen 

controversias materiales de hechos que requieren ventilarse en un 

juicio plenario y el derecho así lo permita. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). 

Particularmente, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2, permite que cualquier parte presente una 

moción, basada o no en declaraciones juradas, para que se dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o alguna parte de la 

reclamación. Municipio de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 

(2013). Al solicitar dicho remedio, la parte que promueve la 

sentencia sumaria “deberá establecer su derecho con claridad y 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho 

material, o sea, sobre ningún componente de la causa de acción”. 

Íd. 

Solicitada la sentencia sumaria basada en declaraciones 

juradas o en documentos admisibles en evidencia, la parte que se 

opone a la sentencia sumaria no puede tomar una actitud pasiva y 

descansar en las aseveraciones o negaciones consignadas en su 

alegación. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 677 

(2018). Por el contrario, dicha parte tiene que refutar los hechos 

alegados y sustanciar su posición con prueba consistente en 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Íd. Es decir, 

esa persona viene obligada a enfrentar la moción de su adversario 
8

de forma tan detallada y especifica como lo ha hecho el promovente 

en su solicitud puesto que, si incumple con lo antes mencionado 

corre el riesgo de que se dicte sentencia es su contra. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 432 (2013). 

Ahora bien, según estableció el Tribunal Supremo en el caso 

Verá v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004), los foros revisores 

utilizarán los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia 

al determinar si procede una sentencia sumaria. Sobre el particular, 

en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118, el 

Tribunal Supremo estableció que al revisar una determinación del 

foro primario en la que se concedió o denegó una moción de 

sentencia sumaria debemos: (1) examinar de novo el expediente; (2) 

revisar que la moción de sentencia sumaria y su oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y con los discutidos en SLG ZapataRivera v. J. Montalvo, supra; (3) en el caso de una revisión de una 

sentencia dictada sumariamente, debemos revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia, y de haberlos, exponer 

concretamente cuáles están en controversia y cuáles no; y (4) de 

encontrar que los hechos materiales no están en controversia, 

debemos revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho. 

Véase, además, Rivera Matos, et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 

1025 (2020).

Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha reiterado que a 

menos que existan circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que la apreciación 

de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 
9

hechas por el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de Gananciales, 

146 DPR 45, 49 (1998). En otras palabras, las determinaciones que 

hace el juzgador de los hechos no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio del foro 

apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación. Rolón v. Charlie Car 

Rental Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 

III.

Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra 

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el 

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las 

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en 

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el 

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso 

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un 

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que 

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos 

escenarios.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso 

de epígrafe. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones