Número Identificador

 SEN2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

WILLIAM I. TORRES ROSARIO

Recurrido

v.

LABORATORIO CLÍNICO M. 

LANDRÓN, INC., H/N/C 

LABORATORIO CLÍNICO DE 

REFERENCIA M. LADRÓN, 

INC., CARLOS A. GONZÁLEZ 

AYALA Y MARÍA PÉREZ VERA

Peticionario

KLCE202301117

Certiorari

procedente del

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Bayamón

Caso Núm.

VB2020CV00382

Sobre:

Despido 

Injustificado

(Ley Núm. 80) 

y otros

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

I.

El 2 de septiembre de 2020, el Sr. William I. Torres Rosario 

presentó Querella ante el Tribunal de Primera Instancia contra el 

Laboratorio Clínico M. Landrón Inc. (Laboratorio Landrón), el Sr. 

Carlos A. González Ayala y la Sra. María Pérez Vera1. Alegó haber 

sido despedido injustificadamente, según la Ley Núm. 80-1976.

2

Además, se amparó en la protección contra despidos por represalias, 

codificada en la Ley Núm. 115-19913.

En su Querella, sostuvo que el 26 de marzo de 2020, se le 

entregó una mascarilla especial para entrenamiento físico marca 

Vikingstrength Fitness, con el propósito de sustituir las mascarillas 

desechables que se utilizaban en el trabajo para la prevención del 

1 El señor González Ayala y la señora Pérez Vera fueron demandados en su 

carácter personal. El señor González Ayala es el vicepresidente, administrador y 

co-dueño de la corporación querellada. Por su parte, la señora Pérez Vera es la 

presidenta y co-dueña de la corporación querellada. 

2 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA § 185 et seq.

3 Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA § 194a et 

seq.
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virus del COVID-19. Tras recibir la nueva mascarilla, alegó que el 1 

de abril de 2020, presentó una queja ante el Sr. Salomón Rodríguez

quien estaba encargado de proveer dicho equipo. Expresó que, el 

señor Rodríguez reaccionó de una forma violenta, ocasionándole 

daños y angustias mentales que no le permitieron presentarse a 

trabajar al día siguiente. 

Sostuvo que, tras haberse ausentado, el 2 de abril del 2020, 

recibió una carta del Sr. Carlos A. González, el vicepresidente del 

Laboratorio Landrón, notificándole que había sido suspendido 

indefinidamente de su puesto por la confrontación que había 

surgido. Adicionalmente, expresó que el señor González le solicitó 

pruebas especializada,

4 como evidencia médica, tras haber indicado 

que se encontraba indispuesto para presentarse al trabajo. 

Posteriormente, el 15 de octubre de 2020, el Laboratorio

Landrón compareció y en esencia argumentó que, el señor Torres 

Rosario actuó de forma insubordinada y agresiva, alterando la paz 

del ambiente laboral en violación al reglamento y a las normas del 

Laboratorio Landrón. Además, expresó que no se habían tomado 

represalias contra el señor Torres Rosario, sino que, por el contrario, 

la misiva le notificaba que se evaluaría legalmente sus actuaciones. 

Sobre las pruebas médicas solicitadas, arguyó que se trataba de una 

medida cautelar y en protección de los empleados por la emergencia 

del COVID-19, al haber expresado que estaba indispuesto. 

Tras varias incidencias procesales, el 10 de febrero de 2023, 

el Laboratorio Landrón presentó Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial sobre Alegada Represalia. Arguyó que, no se configuraban 

los elementos sobre la reclamación al amparo de la Ley Núm. 115-

1991, por lo que procedía su desestimación. Específicamente, 

expresó que, el acto de desaprobar una mascarilla provista por un 

4 Le fue solicitado una evaluación médica que incluyera pruebas de Influenza, 

Mycoplasma y COVID-19.
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patrono y solicitar una de otro tipo, no constituye una actividad 

protegida bajo la Ley Núm. 115-1991.

Por su parte, el 14 de marzo de 2023, el señor Torres Rosario 

presentó Moción en Oposición a Sentencia Sumaria y en Solicitud de 

Sentencia Sumaria. Planteó que, las acciones de su patrono 

constituían una clara y patente muestra de represalia. Ello, debido 

a que fue suspendido indefinidamente por haberse quejado de las 

condiciones laborales, en cuanto a las mascarillas provistas. 

El 6 de mayo de 2023, el Laboratorio Landrón sometió una 

Réplica a “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria” y Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Sostuvo que no existía controversia 

real sobre los hechos materiales relacionados a la entrega de la 

mascarilla. Ello así, argumentó, que el Foro primario solamente 

debía evaluar si el acto del señor Torres Rosario el 1 de abril de 

2020, de solicitarle al señor Rodríguez otra mascarilla por no estar 

de acuerdo con la brindada, constituía una actividad protegida al 

amparo de la Ley Núm. 115-1991.

El 13 de mayo de 2023, notificada el 15, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución declarando “No Ha Lugar” la dos 

(2) Solicitudes de Sentencia Sumaria. Concluyó que, a base de la 

prueba presentada hasta ese momento, no estaba en posición de 

resolver si el despido del señor Torres Rosario fue injustificado y si 

hubo represalias por la queja relacionada a la mascarilla.

En dicha Resolución, el Foro primario estableció los siguientes 

hechos como probados: 

1. Landrón es una corporación organizada bajo las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

registro número 51954.

2. Landrón se dedica a ofrecer servicios de pruebas de 

laboratorios, en Vega Baja y San Juan, así como 

servicios de referencia a otros laboratorios de Puerto 

Rico. 

3. Para el 1 de abril de 2020, la Sra. María Pérez Veras 

era la presidenta y una de las accionistas de 

Landrón, siendo el otro accionista el señor González 

Ayala. 
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4. El señor Torres comenzó a trabajar en Landrón como 

empleado regular, en octubre de 2009. 

5. Durante su tiempo trabajando en Landrón, el 

querellante fungió en el puesto de “Carrero”. Este 

puesto consistía en dar servicio recorriendo toda la 

isla de Puerto Rico, recogiendo y entregando 

muestras de pruebas clínicas, en diferentes 

laboratorios de la isla, a diversos laboratorios, CDTs 

y hospitales. 

6. Para el 1 de abril de 2020, el señor Torres se 

desempeñaba como mensajero (carrero), en 

Landrón, siendo sus funciones recoger muestras 

tomadas en distintas facilidades de laboratorios que 

eran clientes de Landrón. 

7. Para marzo y abril de 2020, el Sr. Salomón Rodríguez 

era el “Comptroller” de Landrón. 

8. El 1 de abril de 2020 el querellante le solicitó al Sr. 

Salomón Rodríguez una mascarilla “de tela 

desechable de protección fácil, como se le había 

provisto anteriormente” y expresó que la mascarilla 

marca “Vikingstrength” que Landrón le había 

provisto “no lo dejaba respirar”. 

9. El 1 de abril de 2020, luego de solicitar al Sr. 

Salomón Rodríguez mascarilla “de tela desechable de 

protección facial, como se le había provisto 

anteriormente” y expresar que la “Vikingstrength” no 

lo dejaba respirar, el señor Torres Rosario se dirigió 

a la oficina de la entonces presidenta de Landrón, 

María Pérez y se reunió con ella. 

10. La investigación sobre lo ocurrido entre el señor 

William Torres y el Sr. Salomón Rodríguez duró 

menos de un día y solo se habló con él y se tomó en 

cuenta la versión del Sr. Salomón Rodríguez. 

11. El 2 de abril de 2020, el señor Torres envió un 

mensaje por la aplicación WhatsApp a su supervisor 

el señor Marrero que lee “estoy indispuesto...”, sin 

informar la razón de su indisposición. 

12. El 2 de abril de 2020, el Sr. Jonathan Marrero 

contestó el mensaje de WhatsApp del Querellante, 

expresando “[b]uenos días!! ¡Me dejas saber por la 

tarde como sigues!”

13. El 2 de abril de 2020, el Sr. Jonathan Marrero le 

notificó la carta firmada por el señor González Ayala 

al señor Torres, suspendiéndolo de empleo y sueldo 

de manera indefinida. En dicha carta se reconoció 

que el señor Torres se quejó de que el equipo 

entregado no era el querido para la protección contra 

el Covid-19. 

14. En dicha carta se le señaló al señor Torres que 

debido a que él solicitaba una mascarilla adecuada 

para trabajar, este debía presentar una prueba de 

Covid-19, Influenza y Micoplasma.

15. El último día que trabajó el señor Torres en 

Landrón fue el 1 de abril de 2020. 

16. Landrón entregó al querellante el Manual de 

Políticas y Procedimientos de Empleados.

17. Posterior a la fecha de la presentación de la 

presente demanda y la contestación de la misma, se 

liquidaron las vacaciones y Bono de Navidad del 

señor Torres.
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De igual forma, indentificó los siguientes hechos en 

controversia: 

1. Las razones por las cuales se despidió al señor 

Torres. 

2. Si hubo represalias en contra del señor Torres, por 

este quejarse sobre las mascarillas.

3. ¿Qué ocurrió entre el señor Torres y el señor 

Rodríguez, el 1 de abril de 2020? 

4. Si Landrón llevó a cabo una investigación adecuada 

para determinar si procedía el despido del 

querellante. 

El 30 de mayo de 2023, el señor Torres Rosario radicó una 

Moción de Reconsideración Solicitando Determinación de Hechos 

Adicionales no Controvertidos. Por su parte, el 30 de junio de 2023, 

el Laboratorio Landrón presentó Oposición a “Moción de 

Reconsideración Solicitando Determinación de Hechos Adicionales No 

Controvertidos”. Argumentó que de la Querella y del expediente no 

surgía una causa de acción bajo la protección contra represalias de 

la Ley Núm. 115-1991.

El 7 de julio de 2023, el señor Torres Rosario radicó una 

Moción Urgente en Solicitud de Desglose de Moción y Desglose de 

Evidencia Presentada en Oposición a “Moción de Reconsideración 

Solicitando Determinación de Hechos Adicionales No Controvertidos”. 

Luego, el 27 de julio de 2023 el Laboratorio Landrón se opuso a la 

misma mediante Oposición a “Moción Urgente en Solicitud de 

Desglose”. Evaluadas las mociones, el 6 de septiembre de 2023, 

notificada el 7, el Foro primario emitió Resolución declarando “No Ha 

Lugar” la solicitud de reconsideración.

Insatisfecho, el 10 de octubre de 2023, el Laboratorio Landrón

acudió ante nos mediante Petición de Certiorari. Sostiene que el Foro 

primario cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR 

ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE 

DISCRECIÓN, PERJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL 

DECLARAR SIN LUGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA DE LA PETICIONARIA, DETERMINANDO 

QUE EL QUEJARSE DEL TIPO DE MASCARA 
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PROVISTA POR EL PATRONO ES UNA ACTIVIDAD 

PROTEGIDA BAJO LA LEY 115 SOBRE REPRESALIA.

SEGUNDO ERROR 

ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE 

DISCRECIÓN, PERJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL 

NO INCLUIR EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA COMO 

HECHOS ADMITIDOS LOS HECHOS NÚM. 2, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 21, DE LA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA DE LA PETICIONARIA, NO 

CONTROVERTIDOS POR EL RECURRIDO. 

TERCER ERROR 

ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE 

DISCRECIÓN, PERJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL 

DETERMINAR EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA QUE 

EL RECURRIDO PRESENTÓ UNA QUEJA ANTE EL SR. 

RODRÍGUEZ SOBRE LA MASCARA PROVISTA.

CUARTO ERROR 

ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE 

DISCRESCIÓN, PERJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL 

INCLUIR COMO HECHOS PROBADOS EN EL PÁRRAFO 

5 DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA QUE EL 

RECURRIDO RECOGÍA Y ENTREGABA MUESTRAS DE 

PRUEBAS CLÍNICAS EN “CDTs Y HOSPITALES”.

QUINTO ERROR 

ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE 

DISCRECIÓN, PERJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL 

INCLUIR COMO HECHOS PROBADOS LOS LISTADOS 

EN EL PÁRRAFO 10 DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.

SEXTO ERROR 

ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE 

DISCRECIÓN, PERJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL 

INCLUIR COMO HECHOS PROBADOS LA SEGUNDA 

ORACIÓN DEL PÁRRAFO 13 DE LA RESOLUCIÓN 

RECURRIDA.

SÉPTIMO ERROR 

ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE 

DISCRECIÓN, PERJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL

NO INCLUIR LA PALABRA “TAMBIEN” EN EL HECHO 

NÚMERO 8 DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, SEGÚN 

EXPUESTO EN EL HECHO NÚMERO 9 DE LA MOCIÓN 

DE SENTENCIA SUMARIA DE LA PETICIONARIA.

El 12 de octubre de 2023, concedimos término de veinte (20) 

días al señor Torres Rosario para que se expresara en torno al 

recurso. A esos efectos, el 2 de noviembre de 2023, el señor Torres 

Rosario compareció mediante Alegato en Oposición a Recurso de 

Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.
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II.

A. 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, permite la solución justa, rápida y 

económica de los litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales, es decir, de aquellos hechos que 

puedan afectar el resultado de la reclamación bajo el derecho 

sustantivo aplicable.5 De manera que, cuando los documentos no 

controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria 

demuestran que no hay una controversia de hechos esenciales y 

pertinentes, se prescinde de la celebración de un juicio y por lo 

tanto, únicamente resta aplicar el Derecho.6

Para prevalecer por la vía sumaria, la parte promovente 

deberá presentar prueba incontrovertible sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción.7 Con ese fin, deberá desglosar 

los hechos que alega no están en controversia con referencia 

específica a la prueba admisible y sustancial que lo sustenta.8 Por 

el contrario, ante una solicitud de sentencia sumaria el promovido 

no deberá tomar una actitud pasiva ni descansar solamente en sus 

alegaciones. Este debe controvertir la prueba presentada por el 

promovente, mediante contestación detallada y específica sobre 

aquellos hechos pertinentes acompañada de prueba admisible, y así 

demostrar que existe una controversia real y sustancial que debe 

dilucidarse en un juicio.9

Si el promovido se cruza de brazos, se expone a que dicten 

sentencia sumaria en su contra sin la oportunidad de un juicio en 

5 32 LPRA Ap. V, R. 36; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN San Juan, 208 DPR 

310 (2021); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664 (2018); Bobé et al. v. 

UBS Financial Services, 198 DPR 6 (2017).

6 Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796 (2020); León Torres v. Rivera 

Lebrón, 204 DPR 20 (2020); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015).

7 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).

8 León, 204 DPR, págs. 41-42; Roldán, 199 DPR, pág. 676. 

9 Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010); Piovanetti v. S.L.G. Touma, 

S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 774 (2010).
KLCE202301117 8

su fondo.10 Ahora bien, si el promovido no contraviene la prueba 

presentada en la solicitud de sentencia sumaria, no necesariamente 

significará que procede automáticamente la concesión de la 

sentencia.11 Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse 

a favor o en contra del promovente, según proceda en Derecho.12 Es 

decir, se debe cumplir con el criterio rector de que los hechos 

incontrovertidos y la evidencia de autos demuestren que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente.13

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable.14 Al atender la petición, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Pueden considerar todos 

los documentos en el expediente, por lo que no tienen que limitarse 

a los hechos o a los documentos que se produzcan en la solicitud.15

Al considerar la solicitud, se deben asumir como ciertos los 

hechos no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente.16 La inferencia razonable 

que pueda surgir de los hechos y de los documentos se debe 

interpretar en contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues 

sólo procede el dictamen sumario si bajo ningún supuesto de hechos 

prevalece el promovido.17 La parte que se oponga deberá demostrar 

que existe una controversia de hechos y, como regla general, deberá 

10 León, 204 DPR, págs. 41-42. 

11 Piovanetti, 178 DPR, pág. 174.

12 Rosado, 205 DPR, págs. 808-809; Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 

144 DPR 563 (1997).

13 Rosado, 205 DPR, pág. 809. 

14 S.L.G. Szendrey-Ramos, 184 DPR, pág. 167. 

15 Véase, SLG Zapata-Rivera, 189 DPR, pág. 433; Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012). 

16 E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 

17 Íd., pág. 625. 
KLCE202301117 9

presentar las contradeclaraciones y los documentos que refuten los 

del promovente.18 Es importante que la controversia sea real, la 

parte promovida no puede descansar en sus alegaciones o meras 

afirmaciones.19 “Cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”.20 No obstante, la parte contra la que 

se solicite el mecanismo sumario no debe cruzarse de brazos, pues 

se expone a que se acoja la solicitud y se resuelva en su contra.21

B. 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.

22 Procede dictar sentencia 

sumaria si “las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiese, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica”.23

El revisar sentencias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia a través del mecanismo de sentencia sumaria, o las 

resoluciones denegatorias de las mismas, el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición que el tribunal de instancia para 

evaluar su procedencia.24 Al disponer de una moción de sentencia 

sumaria, el tribunal necesariamente tendrá que inquirir las 

alegaciones de la demanda o las defensas interpuestas para 

18 Íd. 

19 Véase, Meléndez, 193 DPR, pág. 110; Rodríguez Méndez v. Laser Eye,195 DPR 

769, 785 (2016).

20 Meléndez, 193 DPR, pág. 110. 

21 Ramos, 178 DPR, págs. 214-215. 

22 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 

(2019); Roldán, 199 DPR, pág. 676; Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 

DPR, pág. 785; Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). 

23 Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36; González, 202 DPR, pág. 

291; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG ZapataRivera,189 DPR, pág. 430. 

24 Meléndez, 193 DPR, pág. 137.
KLCE202301117 10

determinar si existen hechos en controversia que deben esclarecerse 

mediante un juicio.25 Los criterios para seguir por este foro 

intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria dictada 

por el foro primario han sido enumerados con exactitud por el 

Tribunal Supremo.26 Son: 

1. Examinar de novo el expediente y aplicar los 

criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; 

2. Revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la referida Regla 36.

3. Revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, de 

exponer concretamente cuales hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuales están 

incontrovertidos; 

4. Y de encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debe proceder a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho en controversia. 

Además, al revisar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia respecto a una sentencia sumaria, estamos limitados de 

dos maneras: (1) solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia y; (2) solo podemos 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.27

El primer punto se enfoca en que las partes que recurren a un foro 

apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro de instancia. Mientras que el segundo limita la 

facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su 

consideración existen controversias reales en cuando a los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos.28 También, se ha aclarado 

que al foro apelativo le es vedado adjudicar hechos materiales 

25 León 204 DPR, pág 42. 

26 Íd. 

27 193 DPR 100 (2015). 

28 Íd., pág 115. 
KLCE202301117 11

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de 

primera instancia.29

III.

Luego de un estudio del expediente colegimos que los 

siguientes hechos quedaron debidamente establecidos: 

1. El señor Torres Rosario presentó su Querella el 2 de 

septiembre de 2020. 

2. La Querella radicada el 2 de septiembre de 2020, no 

ha sido enmendada. 

3. El Laboratorio Clínico M. Landrón Inc., es una 

corporación organizada bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, registro número 

51954. 

4. El Laboratorio Landrón se dedica a ofrecer servicios 

de pruebas de laboratorios en Vega Baja y San Juan, 

así como los servicios de referencia a otros 

laboratorios de Puerto Rico. 

5. Al 1 de abril de 2020, la señora Pérez Veras era la 

Presidenta y una de las accionistas del Laboratorio

Landrón siendo el otro accionista el señor González 

Ayala. 

6. Al 1 de abril de 2020, el señor Torres Rosario se 

desempeñaba como mensajero (carrero) en el 

Laboratorio Landrón, siendo sus funciones recoger 

muestras tomadas en distintas facilidades de 

laboratorio que eran clientes del Laboratorio

Landrón.

7. Para marzo y abril de 2020, el señor Rodríguez era el

“comptroller” del Laboratorio Landrón. 

8. El 1 de abril de 2020, el señor Torres Rosario le 

solicitó al señor Rodríguez una mascarilla “de tela 

desechable de protección facial, como se le había 

provisto anteriormente” y expresó que la máscara 

marca Vikingstrength que el Laboratorio Ladrón le 

había provisto no lo dejaba respirar. 

9. El 1 de abril de 2020, luego de solicitar al señor 

Rodríguez mascarilla “de tela desechable de 

protección facial, como se le había provisto 

anteriormente” y expresar que la Vikingstrength no 

lo dejaba respirar, el señor Torres Rosario se dirigió 

a la oficina de la entonces presidenta del Laboratorio

Landrón, la señora Pérez Vera y se reunió con ella. 

10. En la reunión del señor Torres Rosario con la 

señora Pérez Vera el 1 de abril de 2020, el señor 

Torres no se quejó de situación laboral alguna. 

11. El 2 de abril de 2020, el señor Torres Rosario le 

envió un mensaje por WhatsApp a su supervisor el 

señor Marrero que lee “estoy indispuesto...”, sin 

informar la razón de su indisposición. 

12. El 2 de abril de 2020, el señor Marrero contestó 

el mensaje de Whatsapp del señor Torres Rosario de 

la siguiente forma: “Buenos días!! Me dejas saber por 

la tarde como sigues!”. 

29 Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 
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13. La determinación de suspensión indefinida al 

señor Torres Rosario se redujo a escrito por el señor 

González Ayala mediante carta el 2 de abril de 2020. 

14. En la Carta de Suspensión Indefinida no se 

expone que el señor Torres Rosario se quejó del 

equipo entregado por el Laboratorio Landrón por 

entender que el mismo no era el requerido para la 

protección contra el Covid-19.

15. Para la fecha del 1 de abril de 2020, no era 

obligatorio que los patronos brindaran mascarillas a 

sus empleados en Puerto Rico. 

16. Al señor Torres Rosario no se le adeuda dinero 

en concepto de vacaciones y enfermedad. 

17. El Laboratorio Landrón entregó al señor Torres 

Rosario el Manual de Políticas y Procedimientos de 

los empleados. 

18. El último día de trabajo del señor Torres Rosario 

en Landrón fue el 1 de abril de 2020.

19. El 2 de abril de 2020, el señor Marrero le notificó la 

carta firmada al señor González Ayala. 

Por otro lado, consideramos que del expediente se desprenden 

que los siguientes hechos están en controversia: 

1. ¿Qué ocurrió entre el señor Torres Rosario y el señor 

Rodríguez el 1 de abril de 202,0 luego de que el señor 

Torres Rosario expresara su malestar con las 

mascarillas provistas por el Laboratorio Landrón?

2. Si el Laboratorio Landrón realizó una investigación 

sobre el altercado entre el señor Torres Rosario y el 

señor Rodríguez y ¿cuáles fueron las 

determinaciones de dicha investigación?

3. La existencia de represalias en contra del señor 

Torres Rosario por este quejarse de las mascarillas 

provistas. 

IV.

En su primer señalamiento de error, el Laboratorio Landrón 

plantea que el Foro primario erró al declarar “No Ha Lugar” su 

Moción de Sentencia Sumaria determinando que el quejarse del tipo 

de máscara provista por el patrono es una actividad protegida bajo 

la Ley Núm. 115-1991 sobre represalias. No le asiste razón. Veamos. 

Coincidimos con la premisa en la que el Foro a quo basó su 

Resolución para atender este asunto. “Lo que sí queda claro es que 

el señor Torres sí presentó una queja ante el señor Rodríguez, sobre 

la mascarilla, pues toda la prueba presentada por Landrón así lo 

acepta. El hecho de que esta crea o no que la queja presentada [es 

o] no una querella según la Ley Núm. 115-1991, resulta irrelevante, 

pues la ley y la jurisprudencia no ponen restricciones sobre el tipo 
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de queja que se presenta y cómo se presenta, solo que la persona no 

sea discriminada o acosada por presentar una queja ante el 

patrono”. 

El Laboratorio Landrón señala, como segundo señalamiento 

de error, que el Foro primario erró al no incluir en su resolución los 

hechos 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 como admitidos. Luego de 

evaluar exhaustivamente el expediente, determinamos que le asiste 

razón en cuanto al hecho 2, 11,12, 14, 16, y 21. En cuanto al hecho 

13 y 15, no le asiste razón ya que son hechos que se encuentran en 

controversia y deben ser dilucidados por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

Como tercer señalamiento de error, el Laboratorio Landrón 

plantea que el Foro primario erró al determinar que el señor Torres 

Rosario presentó una queja ante el señor Rodríguez sobre la 

máscara provista. No tiene razón.

En el hecho incontrovertido número 11 presentado por el 

Laboratorio Landrón en su Moción de Sentencia Sumaria se establece 

que el 1 de abril de 2020, el señor Torres Rosario le solicitó al señor 

Rodríguez una mascarilla de tela desechable como la que se le había 

provisto anteriormente y le expresó que la marca “Vikingstrength”

provista por Laboratorio Landrón no lo dejaba respirar. Este hecho 

fue controvertido por el señor Torres Rosario, pero no sobre el hecho 

particular de la queja o expresión de insatisfacción sobre la 

mascarilla, sino sobre los hechos que ocurrieron justo después de 

expresar la queja. No hay duda de que el señor Torres Rosario le 

expresó insatisfacción al señor Rodríguez sobre la mascarilla, pero 

existe controversia en cuanto a la reacción de las partes luego de 

expresar esta insatisfacción. 

Como cuarto señalamiento de error, el Laboratorio Landrón 

alega que el Foro primario incidió al incluir como hecho probado en 
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la Resolución, que el señor Torres Rosario recogía y entregaba 

muestras de pruebas clínicas en CDTs y hospitales. Tiene razón. 

Es meritorio indicar que no se estableció que el señor Torres 

Rosario recogía y entregaba muestras en CDTs y hospitales en la 

Querella que inicia este pleito. En la Querella el señor Torres Rosario 

se limitó a establecer que su puesto de carrero “consistía en dar 

servicio recorriendo toda la isla de Puerto Rico recogiendo y 

entregando muestras de pruebas clínicas en diferentes laboratorios 

de la isla”. Luego, el señor Torres Rosario enmienda su Querella en 

la Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria del Laboratorio 

Landrón para añadir que recogía y entregaba muestras en diversos 

laboratorios, CDTs y hospitales. Sin embargo, la Declaración Jurada 

que ofreció para probar este hecho no es suficiente. 

Como quinto señalamiento de error, el Laboratorio Landrón 

plantea que el Foro primario erró al incluir como hecho probado el 

párrafo número 10 de la Resolución. Refiere a que el Tribunal de 

Primera Instancia estableció como hecho incontrovertido que la 

investigación sobre lo ocurrido entre el señor Torres y el señor 

Rodríguez duró menos de un día y solo se habló con él y tomó en 

cuenta la versión del señor Rodríguez. Le asiste razón. 

De una evaluación exhaustiva del expediente observamos que 

existe controversia en cuanto al proceso de investigación que llevó a 

cabo el Laboratorio Landrón. En ninguna etapa de los 

procedimientos se le ha provisto al Tribunal de Primera Instancia el 

procedimiento de investigación llevado a cabo por el Laboratorio 

Landrón en este caso, ni los criterios de investigación de este. Por lo 

tanto, el hecho establecido en el párrafo número 10 es uno que se 

encuentra en controversia. 

Como sexto señalamiento de error el Laboratorio Landrón 

alega que el Foro primario erró al incluir como hechos probados la 

segunda oración del párrafo 13 de la Resolución. En síntesis, esta 
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segunda oración establece que en la Carta de Suspensión emitida 

por el Laboratorio Landrón reconoce que el señor Torres Rosario se 

quejó que el equipo entregado no era el requerido para la protección 

contra el Covid-19. De una lectura de la misiva que forma parte del 

expediente se puede apreciar que, en ningún momento se menciona 

en la carta alguna queja sobre el equipo, el encargado de repartirlo 

o sobre la protección que brindaba el equipo contra el Covid-19. Por 

lo tanto, no es un hecho probado.

Finalmente, prescindimos de atender el séptimo señalamiento 

de error por entender que el error sugerido no solo carece de mérito 

para demostrar que el foro primario abusó de su discreción, actuó 

con perjuicio, o incidió en un error manifiesto, sino que la inclusión 

de la palabra “también” no cambia el hecho estipulado que fue 

probado. 

V.

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

Certiorari, modificamos el dictamen con el fin de incluir los hechos 

controvertidos y los hechos no incontrovertidos entre las partes. Así 

modificada, se confirma la decisión recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones