Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

FERNANDO FIGUEROA 

ALEJANDRO, RENÉ 

FIGUEROA ALEJANDRO, 

BLANCA FIGUEROA 

MÉNDEZ

Demandantes - Apelados

v.

AIXA CATALINA DÁVILA 

RODRÍGUEZ T/C/C AIXA 

DÁVILA RODRÍGUEZ

Demandada - Apelantes

KLAN202300980

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Civil Núm.: 

D AC2018-0161

Sobre: 

Impugnación de 

Testamento; Acción 

de Testamento 

Inoficioso; 

Preterición/Nulidad 

de Institución de 

Herederos; Apertura 

de Declaratoria de 

Herederos; Partición y 

Liquidación de 

Comunidad 

Hereditaria y 

Solicitud de Órdenes

FERNANDO FIGUEROA 

ALEJANDRO, RENÉ 

FIGUEROA ALEJANDRO, 

BLANCA FIGUEROA 

MÉNDEZ

Demandantes - Apelantes

v.

AIXA CATALINA DÁVILA 

RODRÍGUEZ T/C/C AIXA 

DÁVILA RODRÍGUEZ

Demandados - Apelados

KLAN202300990

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Civil Núm.: 

D AC2018-0161

Sobre: 

Impugnación de 

Testamento; Acción 

de Testamento 

Inoficioso; 

Preterición/Nulidad 

de Institución de 

Herederos; Apertura 

de Declaratoria de 

Herederos; Partición y 

Liquidación de 

Comunidad 

Hereditaria y 

Solicitud de Órdenes

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez

Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

Luego de un juicio, y en conexión con una acción de división 

de herencia entre una viuda y los hijos del causante producto de un 

matrimonio anterior, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 
KLAN202300980, KLAN202300990 2

determinó que el causante pagaba la hipoteca de un inmueble con 

fondos privativos y que los pagos de hipoteca realizados por la viuda 

luego del fallecimiento del causante se tomarían como el pago de la 

renta que esta debía por ocupar un inmueble privativo del causante. 

Según se explica en detalle a continuación, al no haber reproducido 

la prueba oral, la viuda no nos colocó en posición de evaluar los 

errores que plantea se cometieron; en cuanto a la apelación de los 

hijos, la misma se presentó de forma tardía, por lo cual estamos 

obligados a desestimarla.

I.

En abril de 2018, Fernando Figueroa Alejandro, René 

Figueroa Alejandro y Blanca Figueroa Méndez (los “Hijos”) 

presentaron la acción de referencia, sobre impugnación de 

testamento y división de comunidad hereditaria (la “Demanda”), en

contra de la Sa. Aixa Catalina Dávila Rodríguez (la “Viuda”). 

Alegaron que, entre los bienes que dejó su padre (el Sr. Porfirio 

Figueroa Ayala, o el “Causante”), se encuentra una propiedad 

privativa ubicada en la urbanización Villas de Buena Vista, G1 Calle 

Hera, en Bayamón, valorada en $163,000.00 (el “Inmueble”).

Adujeron, además, que el Inmueble se encontraba en posesión de la 

Viuda. La Viuda contestó la Demanda.

Luego de varios trámites, el TPI anuló un testamento del 

Causante, abrió la sucesión intestada y, determinó que los 

herederos del Causante eran los Hijos y la Viuda, en la cuota 

usufructuaria que dispone la Ley. El juicio en su fondo se celebró 

el 19 y 20 de julio de 2022; desfiló prueba testimonial y documental.

Mediante una sentencia notificada el 6 de septiembre de 2023

(la “Sentencia”), el TPI adjudicó la Demanda; en la misma, se 

formularon varias determinaciones de hechos, de las cuales 

destacamos las siguientes:
KLAN202300980, KLAN202300990 3

3. El causante contrajo segundas nupcias con 

Aixa Catalina Dávila Rodríguez y estuvieron 

casados desde el 28 de febrero de 2006 hasta 

el 3 de febrero de 2018, fecha de su 

fallecimiento.

4. El causante y la demandada no otorgaron 

capitulaciones matrimoniales, por lo que se 

estableció una sociedad legal de bienes 

gananciales como el régimen económico 

matrimonial.

7. Previo a su matrimonio con la demandada, el 

causante era titular de un inmueble 

localizado en Villas de Buena Vista, GI, Calle 

Hera, Bayamón, Puerto Rico adquirido 

durante su primer matrimonio (en adelante 

“el inmueble”). El inmueble perteneció a la 

extinta sociedad de gananciales entre el 

causante y su primera esposa, Doña 

Ricarda.

9. El causante residió en el inmueble con la 

demandada hasta la fecha de su muerte.

11. El mencionado inmueble está gravado por 

una hipoteca, con un pago mensual de 

$698.45. El causante realizaba los pagos 

de la hipoteca.

12. Luego del fallecimiento del causante, la 

demandada ha realizado el pago del 

préstamo hipotecario.

14. La demandada ha residido en el inmueble 

desde el fallecimiento del causante hasta el 

presente sin el pago de renta.

16. El causante también era titular de dos (2) 

vehículos de motor:

a. Honda CR-V LX, año 2004, tablilla 

FNM812, valorado en $5,000.00; y 

b. Honda Civic DX VP, año 2009, tablilla 

HKE139, valorado en $7,500.00.

18. El causante era titular de varias cuentas 

bancarias. [...]

19. El total depositado en las cuentas bancarias 

es de $9,208.53.

21. Con relación al vehículo Honda CR-V LX del 

año 2004, la Sra. María del Carmen Díaz, 

hija de la demandada, declaró durante el 

juicio que el causante le vendió el vehículo 

por $3,000.00, los cuales ella estaba 

pagando a plazos y en efectivo. La testigo 

declaró que a la fecha del fallecimiento del 

causante todavía adeudaba 
KLAN202300980, KLAN202300990 4

aproximadamente $1,050.00, pero su madre 

-la demandada- le indicó que se podía llevar 

el vehículo y ella así lo hizo. Al Tribunal no le 

mereció credibilidad el testimonio en torno a 

la venta del vehículo y los pagos en efectivo.

22. La demandada dispuso del vehículo Honda 

CR-V LX, de manera unilateral, en perjuicio 

de los demás miembros de la sucesión.

24. La demandada dispuso, de forma unilateral, 

de las pertenencias personales y recuerdos 

familiares del causante, sin el conocimiento 

de los codemandantes. (Citas omitidas).

Como el TPI determinó que el Inmueble fue adquirido antes 

del matrimonio del Causante con la Viuda, y que su hipoteca se 

pagaba con dinero privativo del Causante vigente dicho matrimonio, 

el TPI determinó que la Viuda no era acreedora a crédito alguno por 

dichos pagos. Además, el TPI concluyó que, como la Viuda reside y 

mantiene el control del Inmueble desde la muerte del Causante, 

debía pagar a los Hijos por el uso del mismo; al respecto, el TPI 

estimó que, como el “pago mensual de la hipoteca es de $698.45, 

nos parece razonable acreditar los pagos de la hipoteca a la renta 

que la [Viuda] debió pagar por el uso exclusivo” del Inmueble.

Inconformes, el 21 de septiembre, ambas partes solicitaron la 

reconsideración de la Sentencia; el TPI denegó las referidas 

mociones mediante unos dictámenes notificados el 4 de octubre.

El 3 de noviembre, la Viuda presentó uno de los recursos que 

nos ocupa (KLAN202300980); formula los siguientes señalamientos 

de error:

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

conceder créditos a la Apelante por el pago de 

la hipoteca que grava el inmueble privativo con 

dinero ganancial.

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

conceder créditos a la Apelante por el pago de 

la hipoteca que grava el inmueble privativo 

luego del fallecimiento del causante.
KLAN202300980, KLAN202300990 5

Por su parte, el 6 de noviembre (lunes), los Hijos presentaron

el otro recurso que nos ocupa (KLAN202300990); formulan los 

siguientes señalamientos de error:

1. Erró el TPI al no tomar en consideración que 

la demandada-apelada entró al matrimonio 

con el causante teniendo éste bienes privativos 

(dinero en sus cuentas bancarias) 

pertenecientes a los herederos de su difunta 

esposa anterior. Por tanto, en la liquidación de 

la comunidad hereditaria debe computarse la 

deuda que tiene el causante con sus herederos 

codemandantes-apelantes Fernando Figueroa 

y René Figueroa, hijos de su anterior esposa 

antes de liquidar la comunidad hereditaria 

compuesta de los herederos del causante y la 

demandada-apelada.

2. Erró el TPI al no resolver sobre el perjurio 

cometido por la demandada-apelada, y sus 

consecuencias, según fuera señalado por el 

mismo TPI y recogido en la Minuta de la Vista 

de PT, Apéndice XXI, pág. 152, primer y 

segundo párrafo.

3. Erró el TPI y abusó de su discreción al no 

incluir en la liquidación de los bienes la deuda 

de la hipoteca, a pesar de contar con prueba 

producida por la propia parte demandadaapelada donde se desglosaba el balance 

adeudado de la hipoteca (Apéndice XIX, pág. 

127-129). Además, el TPI erró en el cómputo 

de la liquidación al concluir que los herederos 

le adjudicaban a la demandada el vehículo 

Honda Civic DX VP, año 2009, sin solicitar 

crédito alguno sobre éste.

4. Erró el TPI al adjudicar un usufructo a la 

demandada-apelada, que por sus actos debe 

perder dicho derecho; la demandada no 

custodió bienes de la herencia como buen 

padre de familia y dispuso de ellos sin 

autorización de los herederos.

Mediante una Resolución emitida el 9 de noviembre,

consolidamos ambos recursos y concedimos un término a las partes 

para informar si reproducirían la prueba oral desfilada durante el 

juicio. 

El 14 de noviembre, la Viuda nos informó que no reproduciría 

la prueba oral, pues los errores apuntados “se sostienen por la 

prueba documental admitida en el juicio e incluida en el apéndice 
KLAN202300980, KLAN202300990 6

del escrito, y por los hechos incontrovertibles que se recogieron en 

la sentencia”.

Además, la Viuda solicitó la desestimación de la apelación de 

los Hijos. Los Hijos se opusieron; aunque admitieron que 

presentaron el recurso luego de expirado el término jurisdiccional 

de 30 días, arguyeron que, como consecuencia de la presentación 

por la Viuda de su apelación, el término de los Hijos de algún modo 

se había extendido. 

Por otra parte, los Hijos presentaron un alegato en oposición 

a la apelación de la Viuda. Resolvemos.

II.

En cuanto al recurso KLAN202300990, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para considerarlo y, por tanto, procede su 

desestimación, pues el mismo fue presentado de forma tardía.

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.

Íd. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado.

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

Por su parte, la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 13(A), establece que el término para presentar el 

recurso de apelación será dentro “de treinta (30) días contados desde 

el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia”. Dicho 

término es de carácter jurisdiccional. Íd.; véase también la Regla 

52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). Como es 

sabido, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable. Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 
KLAN202300980, KLAN202300990 7

(2000). Por ello, no puede acortarse, ni extenderse. Torres v. Toledo,

152 DPR 843, 851 (2000).

Ahora bien, el referido término se interrumpe cuando una de 

las partes oportunamente presenta una moción de reconsideración 

dentro del término jurisdiccional de quince (15) días establecido en 

la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. En 

tal caso, el término para recurrir mediante el recurso de apelación 

comenzará a transcurrir a partir de la notificación de la resolución 

adjudicando la moción de determinaciones de hechos adicionales 

y/o de reconsideración. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 

DPR 989 (2015); Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 DPR 592, 603 

(2003); Castro Martínez v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 

213, 221 (1999).

En este caso, el TPI notificó la Sentencia el 6 de septiembre de 

2023. El 21 de septiembre, los Hijos y la Viuda presentaron sus 

respectivas mociones de reconsideración, las cuales fueron 

denegadas mediante Resoluciones notificadas por el TPI el 4 de 

octubre.

Por tanto, el término para apelar la Sentencia comenzó a 

transcurrir el 4 de octubre y, así, ambas partes tenían 30 días, hasta 

el 3 de noviembre (viernes), para presentar y notificar una apelación. 

Sin embargo, los Hijos presentaron su apelación el lunes, 6 de 

noviembre, es decir, luego de expirado el correspondiente término

jurisdiccional. Contrario a lo planteado (sin referencia a autoridad 

alguna) por los Hijos, la presentación de una apelación por la Viuda 

no tuvo efecto alguno sobre el término de ellos para apelar la 

Sentencia. En consecuencia, carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso KLAN202300990.

III.

La sociedad legal de bienes gananciales es el régimen 

económico matrimonial que rige de manera supletoria en ausencia 
KLAN202300980, KLAN202300990 8

de capitulaciones matrimoniales válidas. Ésta comienza con la 

celebración del matrimonio y concluye con su disolución mediante 

muerte, divorcio o nulidad. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 

967, 978 (2010).

Contraído el matrimonio bajo el régimen de la sociedad legal 

de gananciales, la gestión que realiza cada cónyuge se hace en 

beneficio de dicha sociedad y no para beneficio individual. Íd. 

Durante la existencia de la sociedad legal de gananciales, los 

cónyuges son codueños y coadministradores de la totalidad del 

patrimonio matrimonial, sin distinción de cuotas. Montalván v. 

Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004); véase, además, los Artículos 

1295-1326 del Código Civil de 1930 y Artículos 488-489 del Código 

Civil de 2020, 31 LPRA secs. 6911-6912. 

En consecuencia, este régimen económico tiene personalidad 

jurídica distinta a los cónyuges que la componen, pero a su vez, 

ambos poseen titularidad conjunta sobre el patrimonio ganancial. 

Montalván, supra. Es decir, los bienes que componen el patrimonio 

matrimonial en la sociedad legal de gananciales pertenecen a ambos 

cónyuges. Reyes v. Cantera Ramos Inc., 139 DPR 925 (1996).

Según el Artículo 513 del Código Civil, 31 LPRA sec. 6965, son 

bienes gananciales los adquiridos durante la vigencia del 

matrimonio a expensas del caudal común, así como los obtenidos 

por la industria, el sueldo o trabajo de cualquiera de los cónyuges y 

los frutos, rentas o intereses devengados mientras subsiste la unión, 

procedentes de bienes comunes o privativos. 

Por otro lado, el Artículo 509 del Código Civil, 31 LPRA sec.

6961, establece que son bienes privativos de cada uno de los 

cónyuges:

(a) los que le pertenecen desde antes de contraer 

matrimonio, o desde antes de que la sociedad 

adquiera vigencia si esta se establece después;
KLAN202300980, KLAN202300990 9

(b) los que adquiere por título gratuito durante la 

vigencia de la sociedad, sea por donación, por 

legado o por herencia;

(c) los que adquiere a costa o en sustitución de 

otros bienes privativos;

(d) los bienes y los derechos patrimoniales 

inherentes a su persona y los no transmisibles 

o indisponibles en vida a favor de un tercero;

(e) el resarcimiento por los daños inferidos a su 

persona o a sus bienes privativos;

(f) las cantidades o los créditos adquiridos antes 

de la vigencia de la sociedad y pagaderos en 

cierto número de años, aunque las sumas 

vencidas se reciban durante la vigencia de 

esta; y

(g) los adquiridos por el derecho de retracto sobre 

bienes que le pertenecían antes de estar 

vigente la sociedad.

Al disolverse el vínculo matrimonial, se extingue la sociedad 

legal de bienes gananciales y surge una comunidad de bienes. Esta 

estará compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial, y 

cada participante posee una cuota con el correspondiente derecho a 

intervenir en la administración de la comunidad post ganancial. 

Dicha comunidad perdurará hasta que todas las operaciones 

conducentes a su eventual liquidación concluyan. Island Holdings 

v. Sucn, Hernández Ramírez, 201 DPR 1026 (2019).

IV.

Al ejercer nuestra función revisora, le debemos gran respeto y 

deferencia a las determinaciones de hechos que hacen los foros de 

instancia, así como a su apreciación sobre la credibilidad de testigos 

y el valor de la prueba desfilada. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770-772 (2013); González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). Lo anterior responde a 

que los jueces del TPI están en mejor posición para evaluar la prueba 

ya que tienen la oportunidad de escuchar a los testigos mientras 

declaran y de observar su comportamiento. Íd.
KLAN202300980, KLAN202300990 10

Es preciso señalar que la norma de deferencia antes descrita 

no es absoluta y cuando el juzgador de primera instancia haya 

actuado mediando pasión, perjuicio o parcialidad, o cuando haya 

incurrido en error manifiesto, podremos intervenir con las 

determinaciones de hechos emitidas. Íd. Para determinar si el TPI 

cometió un error o incurrió en la conducta antes descrita, debemos 

analizar la totalidad de la evidencia presentada. Íd. De tal manera, 

será meritoria nuestra intervención “cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba”. Íd.

A esos efectos, la Regla 19 de nuestro Reglamento dispone lo 

siguiente:

Cuando la parte apelante haya señalado algún 

error relacionado con la suficiencia de la prueba 

testifical o con la apreciación errónea de ésta por 

parte del tribunal apelado, someterá una 

transcripción, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 19(A).

En consecuencia, ante la ausencia de la transcripción de 

prueba oral o cualquier otra prueba que nos coloque en posición de 

ponderar la prueba presentada ante el juzgador o juzgadora de los 

hechos, no contaremos con los elementos para descartar la 

apreciación razonada y fundamentada de la prueba realizada por el 

foro de primera instancia. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 

DPR 281, 289 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013); Hernández Maldonado, supra.

V.

Concluimos que no es posible evaluar los errores señalados 

por la Viuda sin conocer la prueba oral que desfiló en el juicio. 

Adviértase que ambos señalamientos de la Viuda dependen de la 

prueba que desfiló; es decir, versan sobre cuál era la procedencia 

del dinero con el cual se pagaba la hipoteca del Inmueble durante el 

matrimonio entre el Causante y la Viuda, si hubo un requerimiento 
KLAN202300980, KLAN202300990 11

de pago de renta por los Hijos a la Viuda luego del fallecimiento del 

Causante, y cuál sería el monto razonable de tal renta.

No obstante, a pesar de que le ordenamos a las partes 

informar si reproducirían la prueba oral, la Viuda consignó que no 

lo haría, por entender que su recurso se podía adjudicar sin el 

beneficio de la misma. Sin embargo, por la naturaleza de los errores 

señalados, sin la oportunidad de examinar la totalidad de la prueba 

que tuvo ante sí el TPI, no tenemos en este caso los elementos de 

juicio para evaluar dichos errores o para descartar la apreciación 

razonada y fundamentada de la prueba realizada por el TPI, razón 

por la cual no intervendremos con la misma. Hernández Maldonado, 

181 DPR a las págs. 281, 288-289.

Más aún, de todos los documentos que obran en el expediente, 

no encontramos prueba alguna que nos permitiría, aun en ausencia 

de prueba oral, alterar las determinaciones del TPI. Es decir, la 

Viuda tampoco apuntó a prueba documental específica que pudiese 

sustentar sus contenciones. Debemos recordar que meras 

alegaciones no constituyen prueba. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). En fin, ante la omisión de la Viuda de reproducir 

la prueba oral desfilada en juicio, y ante la ausencia de apoyo en el 

récord para sus señalamientos, prevalece la presunción de 

corrección de la Sentencia.

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

KLAN202300990 por haber sido presentado luego de expirado el 

término jurisdiccional aplicable y, en cuanto al recurso 

KLAN202300980, se confirma la sentencia apelada.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones