Número Identificador

SEN2024______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

Juan C. Quiñones 

Santiago

Demandante

 vs.

Joanmarie Quiñones 

Molina

Demandada

Juan A. Sánchez 

Rivoleda

Interventor-Peticionario

KLCE202400427

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Carolina

Civil Núm.:

F AC2016-0948

Sobre: 

Partición de Herencia

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 

Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.

Comparece ante nos, el licenciado Juan A. Sánchez Rivoleda 

(Lcdo. Sánchez Rivoleda o parte peticionaria), quien presenta 

recurso de certiorari en el que solicita la revocación de la

“Resolución” emitida el 13 de febrero de 2024,1 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. También, solicita la 

revocación de la “Resolución” emitida el 11 de marzo de 2024,2 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. 

Mediante ambas determinaciones, el TPI declaró No Ha Lugar la 

moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

expedimos el auto de certiorari, y confirmamos el dictamen 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

1 Notificada el 13 de marzo de 2024. 

2 Notificada el 13 de marzo de 2024. 
KLCE202400427 2

Además, imponemos una sanción económica de $300.00 a la parte 

peticionaria por la interposición de recursos frívolos y su reiterada

conducta en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. 

I.

El 16 de junio de 2016, el Lcdo. Sánchez Rivoleda presentó 

una “Moción de Intervención” en un pleito de partición de herencia 

(FAC2016-0948) que el señor Juan Carlos Quiñones Santiago instó 

contra la señora Joanmarie Quiñones Molina (Sra. Quiñones 

Molina). Argumentó que tenía derecho a intervenir porque, el 22 

de febrero de 2016, el foro primario dictó Sentencia Parcial en el 

caso K CD2013-0964 sobre cobro de dinero, y determinó que la 

Sra. Quiñones Molina le adeudaba al Lcdo. Sánchez Rivoleda la 

suma de $36,708.19, más intereses, costas y gastos de honorarios 

de abogado. Evaluada su petición, el 4 de agosto de 2016, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud de intervención presentada por la 

parte peticionaria. Inconforme, este último presentó un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201800380. En dicho caso, un panel hermano emitió 

“Sentencia” el 30 de abril de 2018, y revocó la “Resolución” emitida 

el 4 de agosto de 2016, permitiendo la intervención del Lcdo. 

Sánchez Rivoleda. 

Por otra parte, la Sra. Quiñones Molina presentó una 

“Moción de Relevo de Sentencia” en el caso de cobro de dinero (K 

CD2013-0964), y solicitó se dejara sin efecto la sentencia y la

anotación de rebeldía. El 4 de septiembre de 2019, el TPI declaró 

No Ha Lugar la solicitud de la Sra. Quiñones Molina. Insatisfecha, 

el 1 de noviembre de 2019, radicó un certiorari ante este foro 

apelativo (KLCE201901454). Atendido el recurso, el 17 de enero 

de 2020, un panel hermano concluyó que la Sra. Quiñones Molina 

tuvo una inadecuada representación legal en el caso de cobro de 

dinero, lo que violentó su debido proceso de ley. Por consiguiente,
KLCE202400427 3

revocó al foro primario y dejó sin efecto la anotación de rebeldía, 

relevó a la Sra. Quiñones Molina de la sentencia, y ordenó la 

continuación de los procedimientos ante el foro primario. En 

desacuerdo, el Lcdo. Sánchez Rivoleda acudió en revisión al 

Tribunal Supremo en el caso CC2020-30. Nuestro Alto Foro no 

acogió el recurso y, consecuentemente, la “Sentencia” emitida por 

este Foro el 17 de enero de 2020 en el caso KLCE201901454, 

advino final y firme.

Así las cosas, la Sra. Quiñones Molina presentó una “Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda del Interventor Juan A. 

Sánchez Rivoleda”. En ésta, arguyó que: (1) la Sentencia Parcial en 

el caso de cobro de dinero que había dado lugar a la solicitud de 

intervención del Lcdo. Sánchez Rivoleda había sido revocada y 

dejada sin efecto por el Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201901454, y (2) no existía una acreencia legal dictada por 

algún tribunal competente que justificara la intervención en el 

pleito de partición de herencia. Por lo anterior, solicitó la 

desestimación de la “Moción de Intervención” y la continuación de

los procedimientos de la partición de la herencia. El TPI emitió 

una “Resolución”, el 12 de noviembre de 2020, en la que declaró 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la Sra. 

Quiñones Molina. 

En desacuerdo, la Sra. Quiñones Molina presentó un 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE202001303. Nuevamente, planteó que el Lcdo. Sánchez 

Rivoleda no tenía derecho de intervenir en el caso de partición de 

herencia. El 21 de abril de 2021, este Tribunal de Apelaciones

dictó “Sentencia” en la que resolvió que el Lcdo. Sánchez Rivoleda 

no tiene legitimación alguna, ni de crédito, para intervenir en el 

pleito de división de herencia. Lo anterior, debido a que el crédito 

que le generó su derecho a intervenir en el pleito de división de 
KLCE202400427 4

herencia dejó de existir, en el momento que la Sentencia Parcial

emitida el 22 de febrero de 2016 (K CD2013-0964) fue revocada en 

el caso KLCE201901454. De manera que, se desestimó la “Moción

de Intervención” presentada por el Lcdo. Sánchez Rivoleda. 

Luego de varios trámites procesales, el 6 de julio de 2022, el 

peticionario presentó una moción ante el TPI titulada “Moción 

Solicitando Reconsideración a las Reiteradas Equivocaciones y 

Erróneas Determinaciones de la Hon. Pérez Pabón, Jueza” y, entre 

otras cosas, reiteró su intervención en el caso. El 3 de agosto de 

2022, el foro primario emitió “Resolución y Orden”, y declaró No Ha 

Lugar la petición del peticionario fundamentándose en la 

“Sentencia” que desestimó la demanda de interventor.3 Reiteró 

que, “ante la sentencia final y firme emitida por el Tribunal de 

Apelaciones en el caso Núm. KLCE202001303, en nuestra

jurisdicción, los derechos y obligaciones que han sido adjudicados 

mediante un dictamen final y firme constituyen ley del caso”.

4

El 1 de noviembre de 2022, el TPI emitió una “Resolución”, al 

atender la “Moción de Reconsideración” presentada por el Lcdo. 

Sánchez Rivoleda, en la que confirmó su previa “Resolución y 

Orden” emitida el 3 de agosto de 2022 y declaró No Ha Lugar la 

moción. El Lcdo. Sánchez Rivoleda recurrió ante este foro revisor 

de la anterior “Resolución” mediante recurso de certiorari

presentado el 13 de diciembre de 2022. En ese caso, este Tribunal 

de Apelaciones desestimó el auto de certiorari por falta de 

jurisdicción. En ese entonces, enfatizamos que: “[l]a continua 

insistencia del peticionario en revivir una solicitud de intervención 

en un pleito que le ha sido vedada, constituye un flagrante desafío 

a lo dictaminado por este Tribunal”.

5

3 Véase, Sentencia emitida el 21 de abril de 2021 en el caso KLCE202001303.

4 Véase, Apéndice pág. 20. 

5 Véase, Sentencia emitida el 21 de diciembre de 2022 en el caso 

KLAN202201014.
KLCE202400427 5

Tiempo después, el 16 de febrero de 2023, el foro recurrido 

emitió una “Resolución y Orden”. Dicha determinación, se basó en 

el caso KLCE201901454 donde este Tribunal de Apelaciones 

revocó la Sentencia Parcial que le permitía al Lcdo. Sánchez 

Rivoleda ser parte interventora en el pleito. Además, se le ordenó 

al Lcdo. Sánchez Rivoleda “no presentar y/o comparecer a este 

pleito, por lo que se tendría no permitida los escritos presentados 

con posterioridad a dicha Resolución”.

6 

A pesar de lo anterior, el Lcdo. Sánchez Rivoleda intentó, en 

múltiples ocasiones, presentar mociones adicionales para que se 

permitiera su intervención en el caso de partición de herencia. 

Entre éstas, se incluyen: (1) “Moción Informativa y Solicitud de 

Orden” presentada el 8 de mayo de 2023;

7 (2) “Con carácter de 

Urgencia Moción Informativa y Solicitud de Orden” presentada el 

17 de mayo de 2023;8 y (3) “Moción Informativa” presentada el 16 

de junio de 2023. Todas las anteriores fueron declaradas No Ha 

Lugar debido a que el Lcdo. Sánchez Rivoleda no estaba autorizado 

a intervenir en el caso. Vale destacar que, en la “Resolución”

dictada el 5 de julio de 2023, donde se dispuso de la “Moción 

Informativa” presentada el 16 de junio de 2023, el TPI fundamentó 

su decisión en la doctrina de la ley del caso y del mandato judicial.

Así las cosas, el 23 de enero 2024, el Lcdo. Sánchez Rivoleda

presentó una “Moción de Reconsideración”, en la que enfatizó que 

el foro a quo actuó ultra vires al excluir su intervención en los 

procedimientos. Mediante “Resolución” emitida el 13 de febrero de 

2024,9 y el 11 de marzo de 2024,10 el TPI declaró No Ha Lugar la 

“Moción de Reconsideración” presentada por la parte peticionaria. 

Inconforme con dicha determinación, el Lcdo. Sánchez Rivoleda

6 Véase, Apéndice pág. 21. 

7 Declarada No Ha Lugar por el TPI el 30 de mayo de 2023.

8 Declarada No Ha Lugar por el TPI el 30 de mayo de 2023. 

9 Notificada el 13 de marzo de 2024. 

10 Notificada el 13 de marzo de 2024.
KLCE202400427 6

acude ante este foro apelativo intermedio, y señala la comisión del 

siguiente error, a saber:

Erró el TPI al decretar en sus Resoluciones de 11 de 

marzo de 2024 y 13 de febrero de 2024, notificadas el 

13 de marzo de 2024, señalando No ha lugar en todos 

sus extremos la Moción de Reconsideración presentada 

el 23 de enero de 2024 por el Interventor-Acreedor 

violentando así los claros y determinantes artículos de 

los Códigos Civiles de 1930 y 2020. 

II.

-ALa doctrina de la ley del caso dispone que, como norma 

general, si un foro primario o tribunal apelativo ha adjudicado una 

controversia, éstas no pueden rexaminarse. Pueblo v. Serrano 

Chang, 201 DPR 643, 653 (2018). Nuestro Tribunal Supremo se 

ha expresado sobre esta doctrina en el pasado. Al respecto, en 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 8-9 (2016),

nuestro Alto Foro expresó que:

En nuestra jurisdicción, los derechos y las obligaciones 

adjudicados mediante un dictamen judicial, que 

adviene final y firme, constituyen ley del caso. Esos 

derechos y obligaciones “gozan de finalidad y firmeza” 

para que las partes en un pleito puedan proceder “sobre 

unas directrices confiables y certeras”. Por lo tanto, 

de ordinario, las controversias que han sido 

adjudicadas por el foro primario o por un tribunal 

apelativo no pueden rexaminarse.

(Énfasis suplido). (Citas omitidas).

En esencia, esta doctrina solo aplica cuando existe un 

dictamen judicial final sobre una controversia que, a causa de 

dicha finalidad, no podrá volver a examinarse. Asimismo, nuestra 

Alta Curia particularizó que:

En específico, las determinaciones judiciales que 

constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas 

cuestiones finales consideradas y decididas por el 

tribunal. Esas determinaciones, como regla 

general, obligan tanto al tribunal de instancia 

como al que las dictó, si el caso vuelve ante su 

consideración. Así, hemos expresado que la doctrina 

solo puede invocarse cuando exista una decisión final 

de la controversia en sus méritos. Cacho Pérez v. Gotay 

y otros, supra, a la pág. 9.
KLCE202400427 7

(Énfasis nuestro). (Citas omitidas).

Lo anterior no solo aplica a decisiones adjudicadas por el 

foro primario, sino que también a las del tribunal apelativo. 

Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, 204 DPR 183, 201 (2020); 

Cacho Pérez v. Gotay y otros, supra, a la pág. 9. A modo de 

excepción, nuestro Alto Foro expresó “si el caso vuelve ante la 

consideración del tribunal y este entiende que sus determinaciones 

previas son erróneas y pueden causar una grave injusticia, ese foro 

puede aplicar una norma de derecho distinta”. Íd. Resulta evidente

que, solo se puede aplicar una norma de derecho distinta, cuando

aplicar la ley del caso atenta contra los principios básicos de la 

justicia. Íd., a la pág. 10. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

DPR 599, 607 (2000). 

-BEl mandato se ha definido como una “[o]rden de un tribunal 

superior a uno de inferior jerarquía, notificándole haber revisado el 

caso en apelación y enviándole los términos de su sentencia”.

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 300–301 (2012), 

citando a I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 2da 

ed. rev., New Hampshire, Ed. Equity Publishing Corporation, 1989, 

pág. 162. En otras palabras, por medio del mandato, el tribunal 

apelativo puede ordenar al foro primario a cumplir con un 

dictamen. Una vez el mandato es remitido al tribunal inferior, éste 

adquiere jurisdicción solamente para ejecutar la sentencia como 

fue emitida en apelación. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 301.

La regla del mandato dispone que el tribunal inferior no 

tiene discreción para ignorar ni alterar un mandato. No obstante 

lo anterior, los tribunales de menor jerarquía “mantienen 

discreción para reconsiderar asuntos que no fueron expresa o 

implícitamente decididos por el tribunal que emitió el mandato”.
KLCE202400427 8

Íd., a la pág. 302. Nuestro Tribunal Supremo es claro al explicar

exactamente cuales asuntos se pueden reconsiderar, aun cuando 

existe un mandato judicial:

Lo anterior no debe interpretarse como un cheque en 

blanco para que los tribunales inferiores actúen fuera 

de la orden dictada. Por ello, se debe entender que 

son solo aquellos asuntos que son ajenos al 

mandato judicial los que el foro inferior podrá 

revisar, a saber, aquellos asuntos que no surgen 

de manera explícita o implícita. En cuanto a los 

asuntos explícitos, se entenderá que son los que surgen 

de la sentencia claramente y sin espacio a 

ambivalencias. Sin embargo, los asuntos implícitos son 

los que establece el caso Pan American v. Tribunal 

Superior, supra es decir, aquellas cuestiones que, si 

bien no se litigaron, pudieron haberse litigado, aquellas 

que bien surgen del mandato mismo, así como aquellas 

que se deben realizar para que resulte efecto el 

mandato. Íd., a la pág. 303. 

(Énfasis provisto). 

Por lo que, un tribunal inferior no puede entrar a revisar un 

mandato judicial dictado por el foro apelativo a menos que sea 

claramente un asunto que no guarde relación con el mandato 

judicial. 

III.

Según el trámite procesal discutido, el Lcdo. Sánchez 

Rivoleda instó un pleito de cobro de dinero contra la Sra. Quiñones 

Molina. En dicho pleito, se emitió una “Sentencia” el 22 de febrero 

de 2016, en la que se dispuso que la Sra. Quiñones Molina le 

adeudaba al peticionario la suma de $36,708.19, más intereses, 

costas y gastos de litigio. En ese momento, el Lcdo. Sánchez 

Rivoleda tenía un derecho para cobrar su crédito. Además, un 

panel hermano de este Tribunal, mediante “Sentencia” dictada en 

el caso KLCE201800380, entendió que el Lcdo. Sánchez Rivoleda, 

en aquel momento tenía un interés legítimo y era acreedor con 

título reconocido para intervenir en el caso de partición de 

herencia.
KLCE202400427 9

Sin embargo, la Sra. Quiñones Molina presentó ante el TPI 

una moción de relevo de sentencia en el caso de cobro de dinero 

(KCD2013-0964). Al ser denegada por el foro primario, la Sra. 

Quiñones Molina acudió a este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201901454. Este foro apelativo revocó el dictamen de 

Instancia, y se dejó sin efecto la Sentencia Parcial que garantizaba

el crédito del Lcdo. Sánchez Rivoleda. Oportunamente, el Lcdo. 

Sánchez Rivoleda recurrió en certiorari a nuestro Tribunal 

Supremo, el cual fue declarado No Ha Lugar. Debido a lo anterior, 

la “Sentencia” emitida en el caso KLCE201901454 advino 

final y firme. Por lo que, desde el momento en que la “Sentencia”

gozó de finalidad y firmeza, el crédito de la parte peticionaria y su 

derecho para cobrar su acreencia dejó de existir. Precisamente, 

dicho crédito fue el que le generó derecho a intervenir al Ldco. 

Sánchez Rivoleda. 

Así las cosas, la Sra. Quiñones Molina solicitó mediante 

moción que se desestimara la demanda de intervención instada por 

el peticionario en el caso de partición de herencia. Lo anterior 

basado en que, al dejar de existir el crédito, el Lcdo. Sánchez 

Rivoleda no podía continuar como parte interventora en el pleito. 

Por lo anterior, un panel hermano desestimó la demanda de 

intervención. Desde el momento en que el Lcdo. Sánchez Rivoleda 

no tenía el derecho a cobrar el crédito es que pierde la legitimación 

para intervenir en la partición de herencia. Posteriormente, el 

peticionario presentó varias mociones intentando intervenir en el 

pleito de partición de herencia. Por esto, en la “Resolución” 

emitida por el TPI el 16 de febrero de 2023, el tribunal ordenó al

Lcdo. Sánchez Rivoleda: “no presentar y/o comparecer a este 

pleito, por lo que se tendría no permitida los escritos presentados 
KLCE202400427 10

con posterioridad a dicha Resolución”.

11 En consecuencia, los 

escritos presentados por el Lcdo. Sánchez Rivoleda después del 16

de febrero de 2023 fueron denegados por el mismo fundamento: el 

licenciado no tenía legitimación para intervenir en el caso. 

No obstante las órdenes del foro primario, el Lcdo. Sánchez 

Rivoleda comparece ante nos y, nuevamente, solicita que se 

revoquen las determinaciones del TPI, aun cuando se le ha 

notificado previamente que no tiene derecho a intervenir en el caso 

de epígrafe por no tener acreencia de un crédito. No le asiste la 

razón al peticionario. Veamos. 

En el caso de autos, se le deniega intervención al 

peticionario en los trámites procesales. Recalcamos la aplicación 

de la doctrina de la ley del caso y del mandato judicial en la 

situación de hechos presente. Según expusimos anteriormente, la 

doctrina de la ley del caso es de aplicación cuando existe un 

dictamen judicial final sobre una controversia que, a causa de 

dicha finalidad no podrá rexaminarse. Dicha doctrina aplica a las 

decisiones del Foro de Instancia como las del foro revisor apelativo. 

Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, supra, a la pág. 201. 

Cacho Pérez v. Gotay y otros, supra, a la pág. 9. Lo anterior es 

precisamente el caso que nos ocupa. Toda vez que, la “Sentencia”

que revocó el crédito del peticionario advino final y firme por 

lo que no puede ser examinada nuevamente.

Ahora bien, la única instancia en que el tribunal puede 

alejarse de la doctrina de la ley del caso, y aplicar una norma de 

derecho distinta, es cuando se atenta contra los principios básicos 

de la justicia. Cacho Pérez v. Gotay y otros, supra, a la pág. 10. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, a la pág. 607. Tras un 

estudio detenido del expediente, resulta que no aplica la anterior 

excepción a la doctrina de la ley del caso. 

11 Véase, Apéndice pág. 21.
KLCE202400427 11

Máxime, cuando ya un panel hermano de este foro revisor, 

en el caso KLAN202201014, decidió que no tenía jurisdicción en el 

asunto por aplicar la doctrina de la ley del caso. Al así hacerlo, el 

Tribunal de Apelaciones reconoció que la “Sentencia” en 

KLCE201901454 constituye la “ley del caso” y devolvió el caso al 

foro inferior con su mandato.

Surge indubitadamente del expediente, además, la aplicación 

de la doctrina del mandato judicial. Dicha doctrina establece que,

cuando se envía el mandato al foro inferior, éste solo tiene 

jurisdicción para ejecutar la determinación del foro apelativo. 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, a la pág. 301. “El 

dictamen emitido por un tribunal de mayor jerarquía y enviado a 

uno de inferior jerarquía no da base a sugerencias o flexibilidad en 

cuanto a la orden a seguir, sino que esta es una orden rígida y 

definitiva”. Íd. Pueblo v. Serrano Chang, supra, a la pág. 650.

Establecido lo anterior, al advenir final y firme la Sentencia 

dictada en el caso KLCE201901454 y, también, la determinación 

de denegar la intervención del peticionario, se le remitió el 

mandato judicial al foro recurrido. Como ya explicamos, el foro 

primario solo está facultado a dar cumplimiento con el mandato 

expuesto en la sentencia. Como bien indicó el TPI en la 

“Resolución” emitida el 5 de julio de 2023: “[c]ónsono con el 

propósito principal del mandato, el Tribunal de Primera Instancia 

se encuentra vedado de actuar en forma inconsecuente con los 

pronunciamientos del tribunal apelativo en el caso Núm. 

KLCE202001303”.

12 Al adjudicarse el asunto sobre la intervención 

del Lcdo. Sánchez Rivoleda, el foro inferior no puede reconsiderar 

nuevamente el asunto expresamente decidido por el tribunal 

apelativo, conforme la doctrina del mandato judicial. Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, a la pág. 303. Por todo lo anterior, 

12 Véase, Apéndice pág. 24. 
KLCE202400427 12

actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

intervención de la parte peticionaria, acatando así las doctrinas de 

la ley del caso y del mandato judicial.

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de este dictamen, se confirma la “Resolución”

recurrida, emitida por Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina. Además, en virtud de la Regla 85 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

85, imponemos una sanción económica de $300.00 a la parte 

peticionaria por la interposición de recursos frívolos y su reiterada

conducta en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. 

Esta sanción se impone a favor del Gobierno de Puerto Rico, la 

cual deberá pagarse mediante sellos de rentas internas en un 

término de 15 días en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

De igual forma, en un término no mayor de 15 días deberá mostrar 

evidencia de que la sanción fue satisfecha.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones