Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

LUIS SAMUEL NEGRÓN 

CASTRO, et als.

Apelados

v.

HIRAM. M. SOLER 

BERNARDINI, su esposa 

MARISOL PORTILLA 

DELGADO y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos; 

HOSPITAL EPISCOPAL SAN 

LUCAS PONCE; BERNARDO 

CAMPOS GONZÁLEZ, 

HOSPITAL ESPAÑOL 

AUXILIO MUTUO DE 

PUERTO RICO, INC.; 

BEAZLEY GROUP; THE 

MEDICAL PROTECTIVE 

COMPANY; SIMED; PUERTO 

RICO MEDICAL DEFENSE 

INSURANCE; JOHN DOE, 

RICHARD ROE

Apelantes

KLAN202300984

consolidado con

KLAN202300987

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Ponce

Civil Núm.:

J DP2018-0133

Sobre:

Impericia Prof. 

Médico

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez

Pérez Ocasio y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

El 3 de noviembre de 2023, comparecieron ante nos el 

Hospital Episcopal San Lucas Ponce (Hospital San Lucas) y su 

aseguradora, Beazley Group, mediante recurso de Apelación 

(KLAN202300984), en el cual nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia Parcial2 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI).

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la 

Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución de la Hon. 

Ivelisse M. Domínguez Irizarry.

2 Apéndice de Apelación, Anejo XX, págs. 753-780. Notificada y archivada en autos 

el 15 de marzo de 2023.
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Por su parte, ese mismo día, mediante Escrito de Apelación 

(KLAN202300987) compareció el Sindicato de Aseguradores para la

Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad MédicoHospitalaria (SIMED) como aseguradora del Dr. Hiram M. Soler 

Bernadini (Dr. Soler Bernadini). En dicha comparecencia, también 

nos solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el TPI.

Mediante su Sentencia Parcial, el TPI determinó que, “como 

cuestión de derecho que, a los codemandados, Dr. Hiram Soler 

Bernadini y el Hospital Episcopal San Lucas le son de aplicación 

los límites dispuestos en la [Ley Núm.] 136-2006, no así a sus 

correspondientes aseguradoras, SIMED y Beazley Group”.3

Además, resolvió que dichos límites solo se activarán “una vez 

recaiga sentencia por actos constitutivos de negligencia médica 

hospitalaria”.4

Por recurrirse de la misma Sentencia Parcial, el 14 de 

noviembre de 2023, este Tribunal ordenó la consolidación de los 

casos de epígrafe.

Por las razones que discutiremos a continuación, revocamos 

la Sentencia Parcial del TPI.

I.

El caso ante nuestra consideración nos permitirá resolver una 

controversia recurrente en nuestra jurisdicción: si los límites de 

responsabilidad establecidos por el Artículo 2 de la Ley de Pleitos 

Contra el Estado, según enmendada, Ley Núm. 104 de 29 de junio 

de 1955, 32 LPRA sec. 3077 (Ley de Pleitos), extendidos a los Centros 

Médicos Académicos Regionales (CMAR) y su facultad docente por 

el Artículo 7 de la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales 

de Puerto Rico, Ley Núm. 136-2006, 24 LPRA sec. 10035 (Ley Núm. 

136-2006) son también de aplicación a sus aseguradoras. Es decir, 

3 Íd., pág. 779. (Énfasis en la original).

4 Íd., págs. 779-780.
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si una aseguradora responde hasta el límite de responsabilidad 

establecido por ley, o si responde hasta el monto de su póliza 

pactada con su asegurado.

El caso de marras se originó el 9 de mayo de 2018, cuando el 

señor Luis Samuel Negrón Castro (Sr. Negrón Castro), Sonia Enid 

Lugo Ramos, la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos y 

los menores N.A., V.S. y A.S. (en conjunto, los demandantes), 

presentaron una Demanda5 en contra del Dr. Soler Bernadini, su 

esposa, la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos, el 

Hospital San Lucas, el doctor Bernardo Campos González (Dr. 

Campos González), el Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico 

(Hospital Auxilio Mutuo), Beazley Group, the Medical Protective 

Company, Puerto Rico Medical Defense y SIMED (en conjunto, 

Codemandados). Según la Demanda, los codemandados responden

solidariamente por los daños sufridos por el Sr. Negrón Castro y los 

demandantes, alegadamente causados por actos constitutivos de 

impericia médica.

Según alegaron los demandantes, para el año 2017, el Sr. 

Negrón Castro comenzó a sentir molestias abdominales, por lo que 

su gastroenterólogo, el Dr. Martínez Sierra, le diagnosticó “presencia 

de cálculos en la vesícula” y lo refirió al cirujano, Dr. Soler Bernadini 

para cirugía y remoción de la vesícula. También fue evaluado por el 

Dr. Rodríguez Arias, quien estuvo de acuerdo con la cirugía. Dicha 

cirugía fue programada para el 24 de abril de 2017 en el Hospital 

San Lucas de Ponce. Ese día, el Dr. Soler Bernadini le realizó la 

cirugía, utilizando un instrumento “Endo-GIA” para “dividir y ligar 

el conducto cístico y la arteria cística, para poder remover la vesícula 

5 Apéndice del Escrito de Apelación, Anejo IV, págs. 29-41. (La Demanda

presentada el 9 de mayo de 2018, Íd., Anejo I, págs. 1-12, fue enmendada 

posteriormente el 30 de enero de 2019 y por una segunda vez el 29 de septiembre 

de 2021). 
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del lecho del hígado, previa disección en esa área”.6 Realizada la 

cirugía, el Sr. Negrón Castro fue dado de alta el 25 de abril de 2017.

Entre el 25 de abril y 2 de mayo de 2017, el Sr. Negrón Castro 

no se sintió bien; le manifestó a su esposa que sentía dolores 

abdominales, por lo que ella llamó al Dr. Soler Bernadini para 

adelantar su cita de seguimiento para el 2 de mayo de 2017. En 

dicha cita, el Dr. Soler Bernadini lo refirió a la Sala de Emergencias 

del Hospital San Lucas, donde fue hospitalizado, estando “amarillo 

y con deshidratación severa”.7 El 3 de mayo de 2017, la 

gastroenteróloga no identificada en la Demanda le realizó una 

endoscopía que identificó “una obstrucción del conducto biliar 

común, ocasionado por clip” alegadamente atribuible a la cirugía del 

Dr. Soler Bernadini.8

Así las cosas, el 7 de mayo de 2017, el Sr. Negrón Castro fue 

referido por el personal del Hospital San Lucas al Dr. Campos 

González, especialista en cirugía hepatobiliar, en el Hospital Auxilio 

Mutuo en San Juan. La cirugía reconstructiva fue pautada para el 

10 de mayo de 2017. En su diagnóstico, el Dr. Campos González 

anotó que el Sr. Negrón Castro sufría de “latrogenic transection of 

bile duct at hilum”, lo que bloqueó la salida de la bilis que se produce 

en el hígado.9 Los demandantes atribuyen esto a las acciones del Dr. 

Soler Bernadini durante la cirugía realizada el 24 de abril 2017. El 

10 de mayo de 2017, luego de que el Dr. Campos González 

culminara la cirugía programada, el Sr. Negrón Castro fue ubicado 

en la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Auxilio Mutuo. Dos 

días más tarde, el 12 de mayo de 2017, desarrolló un “cuadro de 

sangramiento masivo gastrointestinal alto”, ocasionando un “shock 

hipovolémico”.10 Ante este cuadro, se le realizaron transfusiones de 

6 Íd., pág. 32.

7 Íd.

8 Íd., pág. 33.

9 Íd., pág. 34.

10 Íd., págs. 34-35.
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sangre para estabilizarlo. Luego, a las 4:00pm de esa tarde, el Sr. 

Negrón Castro sufrió un paro cardiaco de diez (10) minutos, con 

convulsiones durante la noche. El 13 de mayo de 2017, surgió 

“evidencia clínica de severo daño cerebral, [evidenciado por] 

asimetría de las pupilas”.11 La neuróloga consultada determinó que 

había “daño cerebral irreversible”, que eventualmente se confirmó 

como muerte cerebral y estado permanente vegetativo.12

Por los hechos alegados, los demandantes presentaron una 

Demanda contra los codemandados por impericia médica. El TPI 

ordenó la paralización de los procedimientos contra el Dr. Campos 

González por este haber radicado una petición de quiebras ante el 

foro federal. El 27 de septiembre de 2019, luego de varios trámites 

procesales, el Dr. Soler Bernadini presentó una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial,

13 mediante la cual arguyó que, en el caso 

de marras, eran de aplicación los límites de responsabilidad 

contemplados en la Ley de Pleitos Contra el Estado, según 

enmendada, Ley Núm. 104 de junio de 1955, 32 LPRA sec. 3077 et 

seq. (Ley de Pleitos). Esto puesto que la Ley de los Centros Médicos 

Académicos Regionales de Puerto Rico, según enmendada, Ley Núm. 

136-2006, 24 LPRA sec. 10031 et seq. (Ley Núm. 136-2006), 

extiende los límites de la Ley de Pleitos Contra el Estado “a los 

Centros Médicos Académicas Regionales (CMAR), estudiantes, 

médicos en adiestramiento postgraduado y miembros de la facultad 

de los mismos, por los procedimientos médicos que se llevan a cabo” 

en los CMAR.14 Por lo tanto, le solicitó al TPI que aplicara el límite 

de responsabilidad de $75,000.00 a la presente causa de acción.15

11 Íd., pág. 35.

12 Íd.

13 Íd., Anejo VIII, págs. 64-72.

14 Íd., págs. 69-70.

15 Íd., pág. 70.
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El 17 de octubre de 2019, los demandantes se opusieron a la 

Moción de Sentencia Sumaria.

16 En esta Oposición, arguyeron que:

[E]l Dr. Soler [Bernadini] es el único médico que es parte 

de [un] CMAR. Los topes de responsabilidad aplicables 

a la presente causa de acción, de evidenciar que el Dr. 

Soler en efecto, realizó la operación al Sr. Luis S. Negrón 

Castro como parte de sus labores docentes, se 

extienden a la suma de $150,000.00 por reclamar 

daño[s] varios co-demandantes según surge del cuerpo 

de la demanda enmendada.17

La parte demandante además arguyó que el Dr. Soler 

Bernadini no incluyó en la Moción de Sentencia Sumaria evidencia 

de que, en efecto, operó al Sr. Negrón Castro como parte de su labor 

docente el 24 de abril de 2017. Tampoco incluyó prueba de que los 

residentes, cuyos contratos forman parte de los anejos incluidos por 

la parte codemandada, formaron parte de la operación. El 27 de 

noviembre de 2019, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria por entender que esta no atendió la adjudicación 

de una reclamación de la Demanda y que “sería impropio declarar 

la posible responsabilidad sin adjudicar si hubo alguna, que permita 

concluir que le aplican los topes de Ley”.18

El 5 de julio de 2021, falleció el Sr. Negrón Castro, 

alegadamente como consecuencia de la negligencia de la parte 

demandada. Por lo tanto, el 26 de octubre de 2021, los demandantes 

presentaron una Demanda Enmendada.

19

Así las cosas, y luego de culminar el proceso del 

descubrimiento de prueba, el 22 de junio de 2022, el Dr. Soler 

Bernadini presentó una Segunda Moción Solicitando que se Dicte 

Sentencia Parcial Sobre los Límites Aplicables al Caso Conforme 

Dicha Ley (Moción de Sentencia Sumaria del Dr. Soler Bernadini).20

En esta, el Dr. Soler Bernadini le solicitó al TPI que emitiera una 

16 Íd., Anejo IX, págs. 73-82.

17 Íd., págs. 81-82.

18 Íd., Anejo X, pág. 86.

19 Íd., Anejo XII, págs. 87-99.

20 Íd., Anejo XV, págs. 114-125.
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sentencia sumaria parcial únicamente para fijar los límites de 

responsabilidad aplicables al caso, según la Ley Núm. 136-2006, 

supra, previo la celebración de vistas en el mismo.21 El Dr. Soler 

Bernadini arguyó que según la prueba, alegadamente participaron 

estudiantes y médicos en entrenamiento de la Residencia de Cirugía 

durante el tratamiento médico recibido por el Sr. Negrón Castro en 

el Hospital San Lucas. En consecuencia, el caso ya tenía la “madurez 

para que este Honorable Tribunal[,] en esta etapa de los 

procedimientos[,] considere esta solicitud[...]”,22 y que, si en algún 

futuro, el TPI determina algún tipo de responsabilidad monetaria, le 

serán de aplicación las cuantías máximas establecidas 

estatutariamente de $75,000.00 por los daños sufridos por una 

persona o un máximo de $150,000.00 cuando hayan sufrido daños 

más de una persona, conforme a la Ley de Pleitos, supra, y la Ley 

Núm. 136-2006, supra.

El 11 de agosto de 2022, la parte demandante presentó una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial (Moción de Sentencia 

Sumaria de la parte demandante).23 Mediante esta, los demandantes 

le solicitaron al TPI que determinara que SIMED y Beazley Group, 

“que no practican la medicina y no son parte del CMAR, [no] están 

facultados en ley y [no] pueden [beneficiarse] de los topes de 

responsabilidad” dispuestos en la Ley Núm. 136-2006.24 Alegaron 

que dicha ley “no incluye en ninguno de sus incisos que dichos topes 

de responsabilidad se extiendan a las compañías aseguradoras”.25

Dispuso además que no existen hechos en controversias que 

impidieran que el TPI dicte sentencia sumaria parcial sobre este 

21 Íd., pág. 114.

22 Íd.

23 Íd., Anejo XVI, págs. 126-145.

24 Íd., pág. 137. 

25 Íd.
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asunto.26 En consecuencia, argumentaron que ambas aseguradoras 

deben responder hasta el monto total de su cubierta.27

El 16 de agosto de 2022, compareció SIMED en oposición a la 

Moción de Sentencia Sumaria de la parte demandante.28 En esta, 

argumentó que, “por aplicación de las disposiciones y principios 

establecidos en el Código de Seguros, que las compañías 

aseguradoras de tales codemandados estarán expuestas a 

responder hasta el grado de responsabilidad de sus asegurados”.29

Por su parte, el 14 de septiembre de 2024, comparecieron el Hospital 

San Lucas y Beazley Group para unirse a la Moción del Dr. Soler 

Bernadini30 y el 23 de septiembre de 2022 presentaron su oposición 

a la Moción de la parte demandante.31 En esta, se unió a los 

argumentos de SIMED, incluyendo como anejo el contrato entre 

Beazley Group y el Hospital San Lucas.

En resumen, el TPI tenía ante sí dos mociones de sentencia 

sumaria: una moción de codemandados solicitándole que le aplique 

los límites de responsabilidad de la Ley de Pleitos al Hospital San 

Lucas y al Dr. Soler Bernadini por ser doctor-profesor en un CMAR 

y haber actuado en dicha función durante su intervención médica 

con el Sr. Negrón Castro y, otra moción, por parte de los

demandantes, solicitándole que no le aplique dichos límites a las 

aseguradoras del Hospital San Lucas y del Dr. Soler Bernadini por 

estas no estar contempladas por la Ley Núm. 136-2006. La posición 

de SIMED y Beazley Group en cuanto a la Moción de la parte 

demandante se resume en que los límites de la Ley Núm. 136-2006 

les aplican de forma indirecta, puesto que sólo deben responder 

hasta el grado de responsabilidad de sus asegurados.

26 Íd., pág. 138.

27 Íd., pág. 139.

28 Íd., Anejo XVII, págs. 146-153.

29 Íd., pág. 151. (Énfasis en la original).

30 Apéndice de Apelación, supra, Anejo XIX, págs. 670-752.

31Íd., Anejo XVIII págs. 575-669.
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Así las cosas, y con las comparecencias de las partes, el 13 de 

marzo de 2023, el TPI emitió la Sentencia Parcial de la cual se 

recurre.32 En esta, atendió las mociones de las partes, primero 

resolviendo que los límites de responsabilidad eran de aplicación al 

Dr. Soler Bernadini y al Hospital San Lucas. El TPI entendió que el 

Dr. Soler Bernadini pudo establecer, mediante una declaración 

jurada, tener rango de Instructor del Departamento de Cirugía de 

los Médicos Residentes del Programa de Cirugía, así como con los 

estudiantes de la Escuela de Medicina, y que estos intervinieron, 

bajo su supervisión e instrucción, durante la hospitalización del Sr. 

Negrón Castro en el Hospital San Lucas el 24 de abril de 2017 y 

entre el 2 al 7 de mayo de 2017.33 Además, concluyó que es un 

“hecho incontrovertible de que el Sr. Luis Samuel Negrón Castro fue 

atendido en el Hospital Episcopal San Lucas, el cual es un [CMAR], 

conforme lo establecido en la [Ley Núm. 136-2006] [...]”.34 Por lo 

tanto, no está en controversia el hecho de que los límites de 

responsabilidad de la Ley de Pleitos le son de aplicación al Hospital 

San Lucas y al Dr. Soler Bernadini.

En cuanto a las aseguradoras, el TPI no les dio la razón. Este 

determinó que:

Del ordenamiento jurídico reseñado, surge que el 

Artículo 7 de la Ley Núm. 136-2006, supra, y el Artículo 

41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, [26 LPRA 

sec. 4105], establece[n] claramente la extensión del 

límite de responsabilidad que [le] aplica al Estado a los 

[CMAR], cuando recaiga una sentencia por actos de 

impericia médico-hospitalaria cometidos por sus 

estudiantes y miembros de su facultad en el desempeño 

de sus funciones docentes. Es decir, el límite de 

responsabilidad solo aplica ante actos culposos y 

negligentes de estudiantes y miembros de la 

facultad médica en funciones docentes. No obstante, 

no cubre a médicos y otro personal de un hospital que 

no es parte del programa académico. Por consiguiente, 

de probarse los elementos de la causa de acción de 

impericia médico-hospitalaria, por actos cometidos 

por el personal no docente, el hospital respondería 

32 Íd., Anejo XX, págs. 753-780.

33 Íd., págs. 775-776.

34 Íd., pág. 776.
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de manera vicaria, sin el beneficio de los límites de 

responsabilidad.

35

El TPI entendió que la Ley Núm. 136-2006 establece una 

protección “personalísima” para los doctores-profesores laborando 

en un CMAR. Por lo tanto, concluyó que “surge claramente de la Ley 

Núm. 136-2006 que la misma no se extiende a las aseguradoras”.36

Por lo tanto, SIMED y Beazley Group deben responder hasta el límite 

de responsabilidad dispuesto en la póliza o contrato que tengan con 

su asegurado.

El 30 de marzo de 2023, SIMED presentó una Moción Bajo las 

Reglas 43.2 y 47 de Procedimiento Civil,

37 a la cual se unieron el 

Hospital San Lucas y Beazley Group. En esta le solicitó al TPI que 

enmendara y reconsiderara su Sentencia Parcial. Luego de varios 

trámites procesales, el 3 de octubre de 2023, el TPI emitió una 

Resolución38 en la que enmendó sus determinaciones de hechos 

para acoger un hecho adicional incontrovertido presentado por 

SIMED. Sin embargo, determinó No Ha Lugar a la reconsideración 

solicitada. Sobre esto, dispuso:

De esta forma, reconocemos que la Póliza emitida por 

SIMED a favor de su asegurado el Dr. Soler Bernadini 

dispone que SIMED será responsable del pago de todas 

las cantidades que el asegurado pueda ser legalmente 

obligado a pagar como daños. No obstante, nos 

reiteramos en que tal disposición contractual no es 

contraria a nuestra determinación de que los límites 

dispuestos en la [Ley Núm. 136-2006], no son de 

aplicación a las aseguradoras, SIMED y Beazley 

Group. Adviértase que de recaer una sentencia por 

actos constitutivos de negligencia médica hospitalaria 

en contra del asegurado existe la posibilidad que su 

responsabilidad legal exceda los límites dispuestos en 

la [Ley Núm. 136-2006]. En este escenario, sus 

respectivas aseguradoras vendrían llamadas a 

responder por dicho exceso hasta los límites de las 

correspondientes pólizas expedidas.39

35 Íd., págs. 776-777. (Énfasis nuestro).

36 Íd., págs. 777-778.

37 Íd., Anejo XXI, págs. 781-794.

38 Íd., Anejo XXX, págs. 822-828.

39 Íd., pág. 828. (Énfasis nuestra y en la original).
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Inconforme con dicha Resolución, el 3 de noviembre de 2023, 

el Hospital San Lucas y Beazley Group presentaron una Apelación

con referencia de KLAN202300984. En esta, señaló tres errores:

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LOS LÍMITES 

DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN VIRTUD 

DE LA [LEY NÚM. 136-2006] CONSTITUYEN UNA 

DEFENSA PERSONALÍSIMA.

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE SI LA 

RESPONSABILIDAD LEGAL DEL HOSPITAL SAN 

LUCAS EXCEDIERA LOS LÍMITES DISPUESTOS EN 

LA [LEY NÚM. 136-2006], BEAZLEY GROUP 

RESPONDERÍA POR ENCIMA DE DICHOS LÍMITES.

ERRÓ EL TPI AL IGNORAR LAS CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES CONTENIDAS EN LA PÓLIZA 

EXPEDIDA POR BEAZLEY GROUP A FAVOR DE 

HOSPITAL SAN LUCAS, QUE ESTABLECEN 

CLARAMENTE QUE SU OBLIGACIÓN ES PAGAR 

HASTA LA CANTIDAD TOTAL EN DAÑOS QUE DICHO 

HOSPITAL ESTUVIESE LEGALMENTE OBLIGADO A 

PAGAR.

Por su parte, el mismo día, SIMED presentó un Escrito de 

Apelación con referencia de KLAN202300987. En esta, señaló dos 

errores:

COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER QUE LOS 

LÍMITES DE LA [LEY NÚM. 136-2006] NO SON 

OPONIBLES A LAS ASEGURADORAS.

COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER QUE LAS 

ASEGURADORAS PODRÍAN TENER QUE 

RESPONDER POR UN EXCESO, HASTA LOS LÍMITES 

DE LA PÓLIZA, DADA LA “POSIBILIDAD” DE QUE LA 

RESPONSABILIDAD LEGAL DE SU ASEGURADO 

EXCEDA LOS LÍMITES DISPUESTOS EN LA [LEY 

NÚM. 136-2006].

II.

A.

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100, 115 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 
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DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 299 (2012). La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, permite dictar sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre 

parte de una reclamación. Su función esencial es permitir en 

aquellos litigios de naturaleza civil que una parte pueda mostrar 

previo al juicio que, tras las partes contar con la evidencia que ha 

sido debidamente descubierta, no existe una controversia material 

de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario y que, por 

tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa evidencia para 

disponer del caso ante sí. Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 195 

DPR 769, 784-785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 

DPR 209, 223 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de Derecho, 

procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Es decir, únicamente procede 

en aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo que lo único 

que queda, por parte del poder judicial, es aplicar el Derecho. 

Oriental Bank v. Perapi S.E, 192 DPR 7, 25 (2014); SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 848 (2010). 
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Sobre el particular, hay que señalar que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010) (citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609); Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010). La calidad del “hecho 

material” debe ser suficiente como para que sea necesario que un 

juez o jueza la dirima a través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. Es decir, luego de aquilatar prueba testifical y de 

dirimir cuestiones de credibilidad.

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversia de hechos, la parte promovente está obligada a exponer 

las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales 

aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados y 

para cada uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los 

apoye y las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia 

argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

supra, pág. 432. 

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, 

según la citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, deberá 

controvertir la prueba presentada por la parte que la solicita. Para 

ello, deberá cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que 

cumplir el proponente, pero, además, su solicitud deberá contener: 

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia 

a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal. Íd., Regla 36.3 (b) (2). 
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De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665-666 (2000). 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria, si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede derrotar 

la moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante, (2) si presenta prueba que apoye 

una defensa afirmativa, (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 

DPR 541, 556 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen 

controversias de hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el 

juzgador debe analizar los documentos que acompañan la solicitud 

de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la oposición, 

así como los que obren en el expediente. Dicho examen debe ser 

guiado por el principio de liberalidad a favor de la parte que se opone 

a que se dicte sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente, ya que este 

mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 

(2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-

280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 

(1986).
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B.

Sabido es que el Gobierno de Puerto Rico disfruta de 

inmunidad soberana, por lo que no puede ser demandado salvo que 

este lo permita expresamente.40 Porto Rico v. Rosaly, 227 US 270, 

273 (1913). Como una renuncia parcial de su inmunidad soberana, 

el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley de Pleitos, supra, que crea 

una causa de acción para demandar al Gobierno de Puerto Rico por 

los daños y perjuicios causados por los actos u omisiones “de 

cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier 

otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su 

función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”. Íd., Art. 

2(a). En virtud de esta ley, el Estado responde por los actos u 

omisiones culposas o negligentes de un funcionario. Esto impide que 

un demandante persiga una acción en contra de un funcionario del 

Gobierno luego de haber recaído una sentencia en contra del 

Estado. Viuda de Valentín v. E.L.A., 84 DPR 112, 120 (1961). Esto 

puesto que la Ley de Pleitos persigue “evitar que un demandante 

recobre tanto del Gobierno como del empleado”. De Paz Lisk v. 

Aponte Roque, 124 DPR 472, 493 (1989). Por lo tanto, la Ley de 

Pleitos no crea una inmunidad sino un límite de responsabilidad a 

favor del Estado, que “se refiere a una limitación impuesta por la 

Asamblea Legislativa a las cuantías compensables por actos u 

omisiones culposos o negligentes”. Rodríguez Figueroa et al. v. 

Centro de Salud, 197 DPR 876, 884 (2017). Es importante destacar 

que la responsabilidad jurídica por actos culposos o negligentes de 

una persona es distinta e independiente de los daños que esta haya 

causado. El Estado no puede limitar los daños que haya sufrido una 

40 En Porto Rico v. Rosaly, 227 US 270 (1913), el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos resolvió que: “It is not open to controversy that, aside from the existence 

of some exception, the government which the organic act established in Porto Rico 

is of such nature as to come within the general rule exempting a government 

sovereign in its attributes from being sued without its consent.”
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persona; el Estado sólo puede limitar el monto de su 

responsabilidad.

El Estado, mediante legislación, puede extender los límites de 

responsabilidad que le cobijan a personas o entidades que no son 

empleados directos del Gobierno. En virtud de dicha potestad, el 27 

de julio de 2006, el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 

136-2006. Mediante esta, el Estado creó los Centros Médicos 

Académicos Regionales (CMAR) con el propósito de fortalecer y 

desarrollar un sistema integrado de salud pública, desarrollar 

programas de educación para los profesionales de salud que no 

cuentan con suficientes espacios de internado y residencia para 

rendir sus servicios y proseguir con sus prácticas, y evitar poner en 

riesgo la acreditación de programas de educación y adiestramiento 

existentes, al igual que el éxodo de nuestros profesionales de salud. 

Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud, supra, págs. 881-882. 

En su séptimo artículo, esta dispone que:

Se extenderán las limitaciones impuestas en la Ley 

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 

a los Centros Médicos Académicos Regionales, y 

miembros de facultad de estos, por los 

procedimientos médicos que se lleven a cabo en dichos 

Centros en el ejercicio de sus funciones académicas y 

docentes. Dicha limitación establece un máximo de 

$75,000 por los daños sufridos por una persona y 

hasta $150,000 cuando los daños y perjuicios se le 

causaron a más de una persona, o cuando sean 

varias las causas de acción a que tenga derecho un 

solo perjudicado. Además, se extenderá la inmunidad 

para que no sean acumulados en un pleito ante los 

tribunales o cualquier foro con competencia, a todos los 

estudiantes, médicos residentes, médicos en programa 

de internados y médicos en adiestramiento post 

graduado y/o en entrenamiento de las instituciones 

médico-hospitalarias públicas y privadas. Lo aquí 

dispuesto será un eximente de responsabilidad, a los 

fines de extender la inmunidad absoluta provista en las 

acciones por daños y perjuicios por actos de impericia 

médico-hospitalarias públicas y privadas como parte de 

un contrato como médico residente con el 

Departamento de Salud de Puerto Rico, con la 

Universidad de Puerto Rico o con un Programa de 

Educación Médica Graduada acreditado por el 

“Accreditation Council of Medical Education” (ACGME). 

Se establece que en los casos en donde aplica la 

inmunidad absoluta los médicos en programa de 
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internado y residentes estarán exentos de mantener 

una póliza de responsabilidad por impericia médica 

según dispone el Artículo 41.050 del Código de Seguros 

de Puerto Rico.

Art. 7, Ley Núm. 136-2006, supra. (Énfasis nuestro).

Mediante este Artículo, se extendieron a los estudiantes, 

médicos en adiestramientos posgraduados y miembros de facultad 

que realicen procedimientos médicos en los Centros Médicos 

Académicos Regionales las limitaciones de responsabilidad que 

disfruta el Estado al amparo de la Ley de Pleitos. Este beneficio es 

extensivo tanto a los hospitales y centros de salud como a su 

facultad docente. En lo pertinente a la controversia ante nuestra 

consideración, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que el 

Hospital San Lucas, como parte de un consorcio con la Escuela de 

Medicina de Ponce, “estaba sujeto a los límites de responsabilidad 

establecidos por la Ley Núm. 136[-2006]”. Ortiz et al. v. Hosp. San 

Lucas et al., 205 DPR 222, 230 (2020). En consecuencia, no existe 

controversia en cuanto a la aplicación del límite de responsabilidad 

a favor del Hospital San Lucas y su facultad docente, como es el Dr. 

Soler Bernadini.

C.

Entre los contratos reconocidos por nuestro ordenamiento 

jurídico están aquellos a favor de los terceros. Los contratos a favor

de tercero “son únicamente aquellos que las partes celebran para 

atribuir de manera directa o indirecta un derecho a un tercero, que, 

sin embargo, no ha tenido participación ni directa ni indirecta en la 

celebración del negocio y que no queda por consiguiente obligado ni 

vinculado por él”. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil 

Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 296. “Es el 

contrato en el que una de las partes conviene con la otra la 

realización de una prestación en provecho de un tercero, esto es, de 

una persona ajena a la conclusión del contrato y que no está 
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representada en el mismo”. J. Puig Brutau, Compendio de derecho 

civil, 2a ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1994, Vol. II, pág. 237. El 

Artículo 1209 del Código Civil de 1930,

41 (30 LPRA sec. 2994) (Código 

Civil de 1930), reconoce la validez de estos contratos en Puerto Rico, 

disponiendo que “[s]i el contrato contuviere alguna estipulación en 

favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que 

hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya 

sido aquélla revocada”.

La figura del contrato a favor de tercero tiene su mayor 

expresión en los contratos de seguros. “Un contrato de seguro es un 

acuerdo mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra, 

o a proveerle un beneficio específico o determinable, ante la 

ocurrencia de un suceso incierto pero previsto en el contrato”. S.L.G. 

Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009). “Como norma 

general, los contratos de seguro tienen como característica esencial 

la obligación de indemnizar. [...] Asimismo, otro requisito esencial 

de un contrato de seguro es la asunción de un riesgo de pérdida y el 

compromiso de asegurar contra dicha pérdida”. OCS v. CODEPOLA, 

202 DPR 842, 859 (2019).

El negocio de los seguros está revestido de un alto interés 

público, por lo que el Estado ha considerado apropiado regirlo 

mediante su propia legislación especial, el Código de Seguros de 

Puerto Rico, supra. Ante el marco interpretativo de los contratos de 

seguros, el Código Civil de 1930 regirá las normas sobre la 

contratación de forma supletoria. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 

supra, pág. 384. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los 

contratos de seguros son contratos de adhesión, que son “aquellos 

contratos en que una sola de las partes dicta las condiciones del 

41 Aunque el Código Civil de 1930 fue derogado tras la aprobación del Código Civil 

de 2020, Ley Núm. 55-2020, (31 LPRA sec. 5311 et seq.), hacemos referencia al 

Código Civil de 1930, puesto que estaba vigente al momento de los hechos del 

presente caso.
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contrato que ha de aceptar la otra”. Zequeira v. CRUV, 83 DPR 878, 

880 (1961). Esto puesto que los modelos de pólizas de seguros deben 

ser aprobados por el Comisionado de Seguros, antes de ofrecerse a 

la venta. Art. 11.110, Código de Seguros de Puerto Rico, supra. Los 

mismos no son el producto de una negociación entre el asegurador 

y el asegurado; son prefijados por el asegurador sin que el asegurado 

tenga la facultad de variarlos. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 

supra, pág. 386.

“Como un contrato de adhesión, el de seguros debe 

interpretarse liberalmente a favor del asegurado para así sostener la 

cubierta por vía de una interpretación razonable”. Íd. Aun así, no 

podemos obviar que los contratos de seguros siguen siendo 

contratos, por lo que rigen su eficacia y alcance son las cláusulas 

pactadas. “Al igual que todo contrato, el contrato de seguro 

constituye la ley entre las partes” y “debe interpretarse 

globalmente, a partir del conjunto total de sus términos y 

condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan 

ampliado, extendido o modificado dichos términos por cualquier 

aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos a la póliza para 

formar parte de ésta”. Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 20 

(2007). (Énfasis nuestro). Véase, además, Art. 11.250 del Código de 

Seguros, supra. Dichos términos serán interpretados de la manera 

más favorable al asegurado, para proveer la mayor cubierta y 

cumplir con el propósito del contrato. 

El Art. 41.050 del Código de Seguros, supra, le exige a los 

funcionarios de salud e instituciones médicas a tener una póliza de 

seguros de responsabilidad médico-hospitalaria que cubra no 

menos de $100,000.00 por incidente y $300,000.00 en agregado 

cada año. Por lo tanto, es forzoso concluir que un contrato de 

seguros no puede pactar una cobertura menor que la exigida por 

ley. Sin embargo, esto no quiere decir que las aseguradoras no 
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pueden limitar su responsabilidad o las situaciones y circunstancias 

bajo las cuales se activa la póliza de seguro. Es decir, por ser la 

oferta en un contrato de seguros una voluntaria, los aseguradores 

podrán incluir cualquier cláusula de exclusión que no sea contraria 

a la ley, moral u orden público. 7A Couch on Insurance 3d, Sec. 

108:3 (1999). Estas “serán interpretadas restrictivamente; las dudas 

serán resueltas de modo que se cumpla con el propósito de la 

póliza”. PFZ, Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 902 

(1994). Sobre estas, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que:

[S]i una cláusula de exclusión aplica claramente a 

determinada situación, la aseguradora no está obligada 

a responder por los riesgos expresamente excluidos.

Después de todo, una póliza es en última instancia 

un contrato y, como todo otro contrato, constituye 

la ley entre las partes. Así, cuando los términos de 

la póliza son claros, específicos y libre de 

ambigüedades, las partes tienen que atenerse a lo 

allí dispuesto.

Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 267-268 (2005). 

(Cita omitida). (Énfasis nuestro).

Para que una cláusula de exclusión sea válida, esta debe ser 

clara, específica, libre de ambigüedades y detallar la situación o el 

riesgo que se excluye; así, se alerta al asegurado sobre los eventos 

particulares que quedan fuera de la cubierta. Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 899 (2012). Estas cláusulas, sin 

embargo, suelen ser utilizadas para excluir ciertos riesgos de la 

póliza de seguros; no son de utilización para limitar la 

responsabilidad de la aseguradora por debajo de lo establecido en la 

póliza.

D.

Las aseguradoras son partes en pleitos principalmente por 

causa de sus vínculos con los alegados causantes de daños. Esto 

puesto que las aseguradoras, en virtud de los contratos pactados 

entre ellas y sus asegurados, están llamadas a sustituir a sus 

asegurados cuando estos deben responder por acciones y 
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circunstancias contempladas en las pólizas de seguros. En virtud de 

esta asociación, las aseguradoras tienen derecho a beneficiarse de 

las defensas que pueden levantar sus asegurados. Sin embargo, esta 

norma no es absoluta. Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que 

“la legislatura tuvo la intención de otorgarle al asegurador el derecho 

de alegar las defensas que podría alegar contra el asegurado, pero 

no aquellas defensas puramente personales entre el asegurado 

y el reclamante, y que de ninguna manera hubieren surgido o 

estuvieren relacionadas con el accidente o la póliza”. García v. 

Northern Assurance Co., 92 DPR 245, 255 (1965). (Énfasis nuestro). 

Esto es, la compañía aseguradora puede esgrimir las defensas que 

corresponderían a su asegurado, siempre que éstas no sean

personalísimas de este último.

Una defensa personalísima es aquella que sólo la puede 

levantar quien goza de ella y no puede ser transmitida o delegada. 

En Quilez-Velar et al. v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 1079 (2017), 

nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de “analizar el efecto 

que tiene el límite de responsabilidad que cobija a un municipio 

sobre su codeudor solidario en una acción de daños y perjuicios”.

Íd., pág. 1080. En esa ocasión, determinó que “[l]as inmunidades o 

los límites de responsabilidad que se establecen por ley son 

excepciones, o defensas, personales que puede presentar un 

deudor”. Íd., pág. 1089. (Énfasis nuestro). “[A]nte los demandantes, 

el Municipio ostentaba una defensa personal de límite de 

responsabilidad estatutaria”. Íd. (Énfasis nuestro). Por lo tanto, el 

codemandado, Ox Bodies, Inc., sólo podía levantar la defensa 

personal de límites de responsabilidad en cuanto a la 

responsabilidad del Municipio, no en cuanto a la suya. “[H]oy 

resolvemos que un deudor solidario puede valerse del límite de 

responsabilidad estatutaria que cobija a un municipio codeudor, en 
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la porción de la deuda que sea atribuible a ese municipio”. Íd. Esta 

defensa sólo puede ser levantada por un deudor solidario.

En el ámbito de las aseguradoras, nuestro Tribunal ha 

resuelto que “[p]ara que exista solidaridad entre una compañía 

aseguradora y el asegurado, ello debe surgir claramente del contrato 

de seguros. Dicha solidaridad debe haberse pactado expresamente 

o, al menos, debe surgir claramente del contenido del contrato que 

la relación entre las partes se constituyó con tal carácter”. Gen. 

Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 537 (1999). Dicha norma 

está plasmada en el Art. 1090 del Código Civil de 1930, supra, que 

dispone que “[l]a concurrencia de [...] dos o más deudores no implica 

que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos 

deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá 

lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, 

constituyéndose con el carácter de solidaria”. Íd., (Énfasis 

nuestro). Las obligaciones que nacen en virtud de los contratos de 

seguros no son distintas. 

Hemos aludido a que los límites de responsabilidad que 

establecen las leyes son defensas personales de quienes benefician 

la ley. Para poder determinar si la Ley Núm. 136-2006, u otra ley 

pertinente, de alguna forma incluye a las aseguradoras en su 

alcance, debemos recurrir al texto de esta. El Artículo 7 de la Ley 

Núm. 136-2006 dispone que “[s]e extenderán las limitaciones 

impuestas en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada, a los Centros Médicos Académicos Regionales, y 

miembros de facultad de estos [...]”. (Énfasis nuestro). Por su 

parte, el Art. 41.050 del Código de Seguros, supra, dispone que: 

Art. 41.050- Responsabilidad Financiera

[...]

Se aplicarán los límites de responsabilidad que la Ley 

Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según enmendada, 
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impone al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

similares circunstancias, en los siguientes escenarios:

[...]

(vii) a los Centros Médicos Académicos Regionales 

de Puerto Rico, sus estudiantes y miembros de 

facultad cuando recaiga sentencia por actos 

constitutivos de impericia médica hospitalaria 

(malpractice) cometida por sus estudiantes y 

miembros de su facultad en el desempeño de sus 

funciones docentes;

(Énfasis nuestro).

Como podemos ver, ninguno de estos estatutos extiende de 

manera expresa los límites de responsabilidad a las aseguradoras. 

Ante el silencio estatutario, los tribunales deben determinar si se 

trata de una omisión voluntaria o involuntaria. Para esto, debemos 

recurrir al contexto o al historial legislativo. Dicho análisis debe 

realizarse manteniendo en mente que los límites de responsabilidad 

constituyen excepciones, por lo que debemos interpretar su alcance 

de manera restrictiva, en contra de su existencia. 

El 27 de junio de 2011, mediante la Ley Núm. 103-2011, la 

Asamblea Legislativa enmendó el Art. 7 la Ley Núm. 136-2006 y el 

Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico para aclarar el 

alcance de los límites de responsabilidad que estas extienden a los

CMAR y facultad docente. En su exposición de motivos, la Ley 

dispone que “esta Asamblea Legislativa entiende necesario aclarar 

que quienes están sujetos a los límites que le aplican al Estado, 

además de los propios [CMAR], son los estudiantes, residentes y 

profesionales de salud que en ellos laboren mientras se 

encuentren ejerciendo funciones docentes”. Exposición de Motivos, 

Ley Núm. 103-2011. (Énfasis nuestro). Las enmiendas a la Ley Núm. 

136-2006 y Código de Seguros de Puerto Rico del 8 de agosto de 

2023 tampoco extendieron dichos límites de responsabilidad a las 

aseguradoras. Ley Núm. 94-2023.
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Es forzoso concluir que la omisión de las aseguradoras en el 

texto del Art. 7 de la Ley Núm. 136-2006 y Art. 41.050 del Código 

de Seguros fue una intencional. La Asamblea Legislativa ha 

enmendado las leyes para aclarar sus alcances y nunca ha señalado 

o extendido los mismos a las aseguradoras. Cónsono con una 

interpretación restrictiva de las excepciones, debemos concluir que 

los límites de responsabilidad sólo son de aplicación para aquellos 

sujetos expresamente señalados en las leyes pertinentes. 

Examinado el derecho aplicable, procedemos a aplicar el 

derecho a los hechos.

III.

Por estar los señalamientos de error estrechamente 

relacionados, los atenderemos en conjunto.

Tanto SIMED como Beazley Group tienen pólizas de seguro a 

favor de asegurados que gozan de los beneficios de la Ley Núm. 136-

2006, supra, y el Art. 41.050 del Código de Seguros, supra. Es decir 

que a tanto el Dr. Soler Bernadini como al Hospital San Lucas les 

son de beneficio los límites de responsabilidad que tiene el Estado 

por virtud de la Ley de Pleitos, supra. Esta fue la conclusión del TPI, 

cónsona con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Ortiz et al. v. Hosp. San Lucas et al., supra. La misma tampoco ha 

sido cuestionada por las partes, por lo que no existe controversia 

sobre este asunto.

Ahora bien, el TPI determinó que dichos límites de 

responsabilidad no son aplicables a sus aseguradoras, por lo que 

estas deberán responder hasta el límite de sus pólizas pactadas. Por 

el contrario, las aseguradoras-apelantes plantean que estas sólo 

deben responder por la cuantía por la cual responden sus 

asegurados, es decir, hasta los límites de responsabilidad 

establecidos por ley. Para esto, han presentado los contratos de 

seguros que tienen con sus asegurados, que, como veremos 
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adelante, contienen cláusulas que limitan su responsabilidad hasta 

aquella de sus asegurados.

Por recurrir de una sentencia sumaria, este Tribunal debe 

hacer una determinación de los hechos incontrovertidos y 

controvertidos de novo. Sin embargo, ninguna de las partes ha 

cuestionado las determinaciones que hizo el TPI. No hemos sido 

presentados con alguna razón para no acoger los mismos. En 

consecuencia, y en vista de que no existe controversias de hecho, 

acogemos las determinaciones hechas por el TPI y procedemos a 

resolver en los méritos, acogiendo las mismas determinaciones de 

hecho que hizo el TPI.

En primer lugar, el TPI concluyó que los límites de 

responsabilidad de la Ley Núm. 136-2006 constituyen una defensa 

personalísima por lo que las aseguradoras no tienen derecho a 

beneficiarse directamente de ellas salvo exista solidaridad entre 

estas y sus asegurados. Beazley Group y el Hospital San Lucas 

cuestionaron dicha conclusión en su Apelación. 

No podemos obviar que las disposiciones en controversia de 

la Ley Núm. 136-2006 y el Código de Seguros son concesiones por 

parte del Estado a favor de los CMAR y su facultad médica docente. 

Tienen el propósito de fomentar el estudio de la medicina en Puerto 

Rico y prevenir el éxodo de la clase médica de nuestra jurisdicción. 

Estas también constituyen excepciones a las normas generales del 

derecho que los causantes de daños vienen obligados a repararlo 

completamente, (Véase Art. 1802 del Código Civil de 1930, supra) 

por lo que debemos interpretarlas restrictivamente. Pueblo v. Pérez 

Casillas, 126 DPR 702, 709 (1990) (“Sabido es que en nuestra tarea 

de interpretar estatutos, hemos adoptado un enfoque restrictivo 

cuando nos enfrentamos a las excepciones de un principio general”).

Como bien determinó el TPI, concluimos que los beneficios de 

la Ley Núm. 136-2006 únicamente le aplican a aquellas personas y 
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entidades explícitamente contempladas por la Ley. En el caso ante 

nos, sólo le aplican al Dr. Soler Bernadini y al Hospital San Lucas, 

y constituyen defensas personalísimas de estos. Por ser así, las 

aseguradoras sólo podrán beneficiarse de los límites de 

responsabilidad de la Ley de Pleitos si se pactó la solidaridad entre 

ellas y sus asegurados. Para aquello, debemos recurrir a los 

contratos firmados entre SIMED y Beazley Group y el Dr. Soler 

Bernadini y el Hospital San Lucas, respectivamente. Luego de 

evaluar los expedientes, es evidente que ni del Contrato entre SIMED 

y el Dr. Soler Bernadini (Contrato SIMED),42 ni del Contrato entre 

Beazley Group y el Hospital San Lucas (Contrato Beazley Group),43

surge que las partes hayan pactado la solidaridad expresamente. En 

consecuencia, las aseguradoras-apelantes no pueden levantar los 

límites de responsabilidad a favor de sus asegurados como defensas, 

puesto que no existe la solidaridad entre ellos y sus asegurados.

Ahora bien, aquí no termina nuestro análisis, puesto que las 

aseguradoras-apelantes también han levantado como error que el 

TPI no consideró cláusulas pactadas en los contratos entre las 

aseguradoras y sus asegurados que expresamente limitan su 

responsabilidad a la que sus asegurados están legalmente obligados 

a pagar. Para esto, también debemos recurrir a los contratos de 

seguros entre los apelantes para determinar si existe alguna 

cláusula de exclusión que limite la responsabilidad de las 

aseguradoras. Recordemos que al final del día, las pólizas de seguros 

son contratos, por lo que sus cláusulas constituyen la ley entre 

partes, salvo que sean contrarias a la ley, moral u orden público. 

Estas delimitan las condiciones y el alcance de las obligaciones 

pactadas.

La primera página del Contrato SIMED dispone que: 

42 Apéndice de Apelación, supra, Anejo XVI, págs. 491-509.

43 Íd., págs. 510-557.
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I. Coverage Agreements

The Syndicate will pay on behalf of the Insured with 

respect only to his practice within the Commonwealth 

of Puerto Rico:

Coverage A- Individual Professional Liability

All Sums which the Insured shall become legally 

obligated to pay as damages because of injury to 

which this policy applies caused by medical incident 

[...].44

De esta cláusula, surge que la aseguradora SIMED y el 

Dr. Soler Bernadini pactaron que SIMED sólo responderá hasta 

el monto que viene obligado a responder el asegurado. Es decir, 

solo responderá por el monto de su responsabilidad. Un 

lenguaje similar y claro es utilizado en el Contrato Beazley 

Group, que también limita la responsabilidad de la 

aseguradora a la responsabilidad legal del Hospital San 

Lucas. Este dispone:

INSURING AGREEMENTS

1. COVERAGE: Medical Professional Liability

In the event that a claim or claims are first made, in 

writing, against the INSURED during the period of the 

Policy, and notified in accordance with the Reporting 

and Claims Handling Condition of this Policy, and 

provided such claim or claims arise from a MEDICAL 

INCIDENT happening on or after the Retroactive Date 

set forth in Item 6 of the Declarations, Underwriters 

will indemnify the INSURED for that amount of the 

ULTIMATE NET SUM PAYABLE which the INSURED 

shall be legally obligated to pay as damages [...].45

Ambas cláusulas limitan la responsabilidad de las 

aseguradoras a aquella que incurre su asegurado. ¿Puede una 

cláusula de exclusión limitar la responsabilidad de una aseguradora 

de tal manera?

Como hemos señalado, las cláusulas de exclusión deben ser 

claras, específicas, libre de ambigüedades y detallar la situación o el 

riesgo que se excluye. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, 

44 Íd., pág. 494. (Énfasis nuestro y en la original).

45 Íd. (Énfasis nuestro y en la original).
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pág. 899. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe 

que una aseguradora limite su propia responsabilidad por debajo 

del monto de la cubierta que ofrece. Las normas sobre la 

contratación disponen que las partes no podrán contratar cláusulas 

contrarias a la ley, moral u orden público. No vemos razón para 

concluir que una cláusula que limite la responsabilidad de una 

aseguradora a la de su asegurado sea contraria a esta norma. Más 

aun cuando es principio inmemorial de nuestro derecho que “lo no 

prohibido está permitido”. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 

687 (2011); Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 DPR 337, 

345 (1982). En el ámbito del derecho de las obligaciones, rige el 

principio de libertad de contratación. Arthur Young & Co. v. Vega III, 

136 DPR 157, 169 (1994). Ello implica que el tipo de pactos a que 

pueden llegar los contratantes está tan sólo limitado por su 

imaginación, siendo la voluntad de las partes la ley suprema entre 

ellos. En consecuencia, y cónsono con el derecho esbozado, 

validamos las cláusulas de límite de responsabilidad que han 

pactado las aseguradoras-apelantes con sus asegurados.

Mediante esta decisión, dejamos claros que las aseguradoras, 

por lo general, deben responder hasta el monto de sus pólizas con 

sus asegurados. El límite de responsabilidad únicamente limita el 

grado de indemnización cobrable real en contra de quien se beneficia 

del límite. Quilez-Velar v. Ox Bodies, Inc., supra, pág. 1085. Como 

hemos señalado, una interpretación restrictiva de la Ley Núm. 136-

2006 y el Art. 41.050 del Código de Seguros nos obliga a concluir 

que los límites de responsabilidad de la Ley de Pleitos sólo le aplican 

a los CMAR y a su facultad médica docente. Ortiz et al. v. Hosp. San 

Lucas et al., supra. En este sentido, concurrimos con el TPI.

Sin embargo, como señalan los apelantes, el TPI erró al no 

considerar las cláusulas contractuales de los contratos de seguro. 

Las aseguradoras y sus asegurados pueden contratar cláusulas que 
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limiten la responsabilidad de las aseguradoras hasta las cantidades 

que sus asegurados estén obligados a pagar. Tanto el Contrato 

SIMED como el Contrato Beazley Group contienen cláusulas de esta 

clase. En consecuencia, SIMED y Beazley Group sólo 

responderán, en el caso de recaer una sentencia que determine 

que el Dr. Soler Bernadini y el Hospital San Lucas incurrieron 

en acciones u omisiones culposas, por las cantidades que estos 

están legalmente obligados a pagar, según lo pactado en sus 

respectivos contratos de seguros. Así, se cumple con las normas 

de la libertad de contratación. En consecuencia, revocamos la 

determinación del TPI por ser contraria a lo que aquí hemos 

resuelto.

IV.

Por las razones discutidas, revocamos la Sentencia Parcial del 

TPI.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones