# Diario Oficial C 79/2020

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 79 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 63.° año10 de marzo de 2020 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 79

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

63.° año10 de marzo de 2020

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | RESOLUCIONES |
| | Comité de las Regiones |
| 2020/C 79/01 | Resolución del Comité Europeo de las Regiones — El Pacto Verde en colaboración con los entes locales y regionales | 1 |
| | DICTÁMENES |
| 2020/C 79/02 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Los retos de las regiones metropolitanas y su posición en la futura política de cohesión después de 2020 | 8 |
| 2020/C 79/03 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos | 13 |
| 2020/C 79/04 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El potencial del sector ferroviario para la aplicación de las prioridades políticas de la UE | 18 |
| 2020/C 79/05 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Mejora de la capacidad administrativa de los entes locales y regionales para reforzar la inversión y las reformas estructurales en 2021-2027 | 25 |
| 2020/C 79/06 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pacto de los Alcaldes después de 2020 | 30 |
| 2020/C 79/07 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Trabajo en plataformas digitales: retos normativos en las esferas local y regional | 36 |
| 2020/C 79/08 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un marco europeo de respuestas normativas a la economía colaborativa | 40 |
| 2020/C 79/09 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Configuración de la futura Asociación Oriental por los entes locales y regionales | 45 |
| 2020/C 79/10 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción contra la desinformación | 50 |
| 2020/C 79/11 | Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018 | 54 |

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité de las Regiones

2020/C 79/01

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — El Pacto Verde en colaboración con los entes locales y regionales

1

DICTÁMENES

2020/C 79/02

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Los retos de las regiones metropolitanas y su posición en la futura política de cohesión después de 2020

8

2020/C 79/03

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos

13

2020/C 79/04

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El potencial del sector ferroviario para la aplicación de las prioridades políticas de la UE

18

2020/C 79/05

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Mejora de la capacidad administrativa de los entes locales y regionales para reforzar la inversión y las reformas estructurales en 2021-2027

25

2020/C 79/06

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pacto de los Alcaldes después de 2020

30

2020/C 79/07

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Trabajo en plataformas digitales: retos normativos en las esferas local y regional

36

2020/C 79/08

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un marco europeo de respuestas normativas a la economía colaborativa

40

2020/C 79/09

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Configuración de la futura Asociación Oriental por los entes locales y regionales

45

2020/C 79/10

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción contra la desinformación

50

2020/C 79/11

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018

54

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| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité de las Regiones

| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/1 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/1

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Resolución del Comité Europeo de las Regiones — El Pacto Verde en colaboración con los entes locales y regionales

(2020/C 79/01)

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

Vistos

| — | el Pacto Verde Europeo anunciado por la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados – Mi agenda para Europa»; |
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—

el Pacto Verde Europeo anunciado por la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados – Mi agenda para Europa»;

| — | el hecho de que los entes locales y regionales aplican el 70 % de toda la legislación de la UE, el 70 % de las medidas de mitigación del cambio climático, el 90 % de las políticas de adaptación al cambio climático y el 65 % de los objetivos de desarrollo sostenible, representan un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública; son por tanto ellos quienes aplicarán el Pacto Verde Europeo sobre el terreno; |
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—

el hecho de que los entes locales y regionales aplican el 70 % de toda la legislación de la UE, el 70 % de las medidas de mitigación del cambio climático, el 90 % de las políticas de adaptación al cambio climático y el 65 % de los objetivos de desarrollo sostenible, representan un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública; son por tanto ellos quienes aplicarán el Pacto Verde Europeo sobre el terreno;

Hacia un Pacto Verde ambicioso que logre resultados sobre el terreno y, al mismo tiempo, aspire a actuar a nivel mundial

| 1. | subraya que es necesario un Pacto Verde ambicioso para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro antes de 2050 y se congratula de que sitúe la sostenibilidad en el centro de la elaboración de las políticas. El Pacto Verde deberá ser la herramienta para establecer una agenda que conduzca a la integración de los criterios de sostenibilidad en todas las políticas, prioridades macroeconómicas e instrumentos financieros de la UE, en el Semestre Europeo y en el marco financiero plurianual 2021-2027; |
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1.

| 2. | subraya que el Pacto Verde deberá constituir un instrumento para cumplir los objetivos de la Estrategia sobre la Biodiversidad y el Acuerdo de París, así como aplicar plenamente el Programa de las Naciones Unidas para 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y aportar una contribución ambiciosa de la UE al marco político internacional para la protección de la biodiversidad después de 2020 establecido en la COP15 mediante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); |
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2.

| 3. | hace un llamamiento a la Comisión para que revise, en caso necesario, las metas de la UE incluidas en el paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos»a fin de garantizar una Europa climáticamente neutra que impulse la competitividad europea y la justicia social a más tardar en 2050, y que las consagre en una Ley europea sobre el clima. A este respecto, pide que el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se aumente al menos al 55 %, el objetivo de eficiencia energética al 40 % y el de energías renovables al 40 % para 2030; |
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3.

Un Pacto Verde que aplique un enfoque de base local y garantice la coherencia de las políticas

| 4. | pide que el Pacto Verde adopte un enfoque holístico de base local que proponga soluciones concretas que tengan en cuenta los retos y oportunidades económicos, sociales, geográficos y medioambientales de las regiones y ciudades, además de contar con la participación e implicación de la población local en el diseño y la puesta en práctica de futuras propuestas; |
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4.

| 5. | espera que el Pacto Verde integre la sostenibilidad y haga de la integración de las políticas un enfoque y no solo una prioridad, y que garantice la coherencia de las políticas, también en las evaluaciones o controles de adecuación de la legislación medioambiental, al objeto de armonizar las prioridades, las ambiciones y los plazos de las diferentes políticas de la UE y evitar las duplicaciones o los procedimientos y resultados contradictorios. Insta a la Comisión a que utilice las directrices y la caja de herramientas del programa «Legislar mejor»para ayudar a diseñar una legislación más preparada para el futuro y pone en guardia, en este contexto, contra un enfoque formalista de la mejora de la legislación, como por ejemplo el principio de «uno por otro»aplicado a la legislación de la UE, que no refleja la complejidad de los retos políticos y reglamentarios que hay que afrontar; |
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5.

| 6. | solicita a la Comisión que proponga medidas a escala de la UE para internalizar los costes externos y aplicar de manera coherente el principio de «quien contamina paga»; |
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6.

| 7. | reitera su petición de que se reflejen mejor las consideraciones medioambientales y de cambio climático en las relaciones exteriores de la UE. Destaca la importancia de compartir experiencias entre iguales dentro de las plataformas de cooperación territorial, como la ARLEM y la Corleap, así como a través de las asociaciones entre ciudades. El cambio climático debe seguir constituyendo una prioridad diplomática estratégica de la UE con el fin de garantizar que los terceros países adopten y apliquen políticas ambiciosas para lograr la neutralidad climática; |
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7.

| 8. | subraya, a la vista de lo anterior, la importancia crucial de una política marítima integrada ambiciosa que permita adoptar un enfoque global y coherente sobre los océanos para preservar su contribución a la lucha contra el calentamiento global, proteger su biodiversidad, de la cual depende también de nuestra alimentación, y valorizar su capacidad para contribuir al desarrollo de fuentes de energía renovables; |
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8.

Obtener resultados tangibles sobre el terreno utilizando la gobernanza multinivel y la subsidiariedad activa

| 9. | insta a la Comisión a que vele por que el Pacto Verde se base en un marco de gobernanza multinivel; acoge favorablemente las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 en Madrid y sobre la emergencia climática que llaman a una acción inmediata y ambiciosa para limitar el calentamiento global a 1,5.°C, que reconocen que la transición duradera hacia una sociedad sostenible y con bajas emisiones de carbono no puede lograrse sin una participación ascendente y descendente; subraya que los entes locales y regionales están dispuestos a dar forma al Pacto Europeo sobre el Clima junto con los ciudadanos, las empresas, las universidades y los centros de investigación; |
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9.

| 10. | aboga por que la financiación y el apoyo de los fondos de la UE se sometan siempre a una evaluación del impacto sobre el clima y la sostenibilidad. Las subvenciones, las ayudas y los programas de apoyo directa o indirectamente perjudiciales para el medio ambiente deberían revisarse en relación con su coherencia con los objetivos climáticos y de sostenibilidad y eliminarse; |
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10.

| 11. | hace un llamamiento a la Comisión para que presente programas de acción para ejecutar el «Pacto Verde»con objetivos mensurables, acciones específicas y una financiación adecuada, elaborados en cooperación con los entes locales y regionales, de conformidad con sus competencias jurídicas en sus respectivos Estados miembros. El Pacto Verde solo tendrá éxito si se traduce en estrategias y planes desarrollados y aplicados a escala de la UE, nacional, regional y local; |
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11.

| 12. | pide a la Comisión que supervise los progresos de los gobiernos nacionales y de los entes locales y regionales a la hora de abordar los factores favorables y los obstáculos a través del proceso del Estado de la Unión de la Energía, con una participación directa e inmediata de los entes locales y regionales; |
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12.

| 13. | pide a los Estados miembros que establezcan diálogos multinivel sobre clima y energía y que impliquen activamente a los entes locales y regionales en la elaboración y revisión de los planes nacionales de energía y clima, dirigiendo su ambición hacia vías que conduzcan a la neutralidad climática y desarrollando contribuciones determinadas a nivel regional y local para completar las contribuciones determinadas a nivel nacional (1); |
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13.

| 14. | se compromete, en este sentido, a crear un foro de entes locales y regionales, así como de partes interesadas con vistas a cooperar con la Comisión Europea y los Estados miembros, a fin de reunir periódicamente a todos los agentes pertinentes con el fin de proporcionar información sobre la puesta en práctica de las acciones e iniciativas relacionadas con el Pacto Verde, así como sugerencias de propuestas legislativas y un intercambio de mejores prácticas en todos los niveles de gobernanza; |
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14.

| 15. | solicita a la Comisión que incluya el Pacto Verde entre los temas de la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa, dado que el cambio climático y el desarrollo sostenible en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas repercuten directamente en el bienestar de los ciudadanos de la UE; |
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15.

| 16. | confía en que la Comisión siga apoyando y ampliando iniciativas como el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, tanto dentro como fuera de la UE; |
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16.

| 17. | insta a la Comisión a que tenga plenamente en cuenta las conclusiones que figuran en los informes de aplicación sobre las políticas de calidad del aire y los contratos públicos elaborados en el marco del proyecto piloto de centros regionales (2) del CDR (RegHub). El proyecto RegHub también debería utilizarse para las iniciativas del Pacto Verde; |
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17.

Afrontar las transiciones para hacer más sostenibles las regiones y ciudades

| 18. | pide que el Pacto Verde aborde los diferentes retos de transición, incluidos los relacionados con la energía, los océanos, la economía circular, la producción y consumo de alimentos, la movilidad, la digitalización y el medio ambiente; |
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18.

| 19. | pide al Parlamento Europeo que encargue un estudio oficial sobre el impacto medioambiental del traslado del Parlamento Europeo entre Bruselas y Estrasburgo doce veces al año; |
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19.

| 20. | hace un llamamiento a la Comisión Europea para que garantice que las transiciones son justas y participativas, y que asocien de forma colaborativa a todos los agentes sin dejar a ninguno atrás; |
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20.

| 21. | pide a la Comisión Europea que garantice la cohesión económica, social y territorial de las transiciones, prestando especial atención a las regiones menos favorecidas, a las zonas afectadas por la transición industrial, a las zonas escasamente pobladas y a los territorios frágiles desde el punto de vista medioambiental, como las islas y las regiones de montaña; |
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21.

| 22. | subraya que los contratos públicos constituyen una palanca potencialmente poderosa para garantizar un suministro alimentario más sostenible (local y ecológico) por medio de los contratos de restauración del sector público para los comedores de centros escolares y hospitales, así como para desarrollar la movilidad sostenible. Estos ejemplos pueden reforzar el nexo entre el medio rural y el urbano formulado en la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III; pide una vez más a la Comisión que aclare, en particular, las restricciones existentes en sus normas de contratación pública para aplicar criterios de sostenibilidad, por ejemplo, mediante la publicación de manuales; |
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22.

| 23. | destaca la necesidad de desarrollar una educación global y una formación en competencias, que serán muy necesarias en la transición verde; reitera, a este respecto, su llamamiento en favor de un observatorio que supervise esta transición y reúna datos a nivel regional que apoyen la elaboración de políticas en todos los niveles de gobierno; |
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23.

Transición energética y climática

| 24. | insta a la Comisión a velar por que la Ley europea sobre el clima se base en un análisis exhaustivo de sus repercusiones y beneficios, junto con planes concretos de financiación, cubra tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático y siente las bases de un paquete de medidas sobre neutralidad climática general y ambicioso; |
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24.

| 25. | destaca la importancia de la investigación y la recopilación de datos sobre las variaciones climáticas previstas y la necesidad de impulsar la cooperación interregional para actuar en los puntos más vulnerables al cambio climático; |
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25.

| 26. | reitera su llamamiento a las instituciones de la UE para que garanticen que la adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los desastres —aspectos clave del desarrollo sostenible— se tengan en cuenta en los fondos y proyectos futuros de la UE, poniéndolos en relación con la cohesión, el desarrollo rural, la salud, la investigación y las políticas medioambientales (3); |
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26.

| 27. | pide a la UE que apoye a los entes regionales y locales para que conserven y restauren los sumideros naturales de CO2 que son importantes para lograr la neutralidad climática, en particular mediante una adaptación de la gestión de los suelos orgánicos y la restauración de turberas y humedales; |
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27.

| 28. | pide a la Comisión que establezca definiciones y normas claras para las comunidades locales de energía y otros tipos de «prosumidores»a fin de proporcionarles seguridad y garantizar el acceso al mercado, los instrumentos financieros y los conocimientos técnicos, además de fomentar el autoconsumo colectivo en edificios privados; |
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28.

| 29. | en cuanto a los edificios públicos, pide que se siga trabajando sobre la eficiencia energética y se avance hacia su autoconsumo; pide que se fomenten la recopilación de datos sobre el consumo de electricidad y calor, así como la puesta en marcha de estrategias de inteligencia artificial que contribuyan al ahorro energético; |
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29.

| 30. | pide a la Comisión Europea que siga apoyando el desarrollo y el despliegue de energías renovables sostenibles proporcionando un marco político y reglamentario claro, así como un apoyo adecuado a la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras de energías renovables, incluida una hoja de ruta para el hidrógeno limpio; |
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30.

| 31. | confía en que el Pacto Verde incluya un Plan de Acción de la UE relativo al alojamiento asequible que resulte también coherente con los esfuerzos crecientes para erradicar la pobreza energética. Para que la transición sea justa, hay que tomar medidas encaminadas a garantizar que las personas vulnerables puedan disfrutar de viviendas más caldeadas y eficientes desde el punto de vista energético en las que se haga uso de tecnologías renovables, como la energía solar; |
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31.

| 32. | destaca que el consumo de energía de los edificios representa más del 40 % del consumo total de energía en la UE, por lo que considera que la modernización de la vivienda podría contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y a la erradicación de la pobreza energética. A este respecto, pide a la Comisión que proponga un plan de financiación ambicioso para la renovación de viviendas como parte del paquete sobre el Pacto Verde; |
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32.

Transición hacia la economía circular

| 33. | considera que una estrategia global a largo plazo para la industria europea es un elemento esencial para alcanzar los objetivos del Pacto Verde, ya que impulsará la innovación y ofrecerá ventajas competitivas y oportunidades de creación de empleo, especialmente para los jóvenes; en este contexto, es esencial garantizar que las industrias de gran consumo de energía reciban apoyo en la transición hacia métodos de producción con bajas emisiones de carbono con el fin de limitar las distorsiones de la competencia y evitar fugas de carbono, en particular, mediante la financiación de la UE destinada a la investigación al respecto y al desarrollo de soluciones prácticas; |
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33.

| 34. | pide un nuevo plan de acción para la economía circular después de 2020 que sea ambicioso, esté acotado en el tiempo y se base en la ciencia, y confía en poder trabajar en estrecha colaboración con la Comisión Europea en torno a estas propuestas; |
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34.

| 35. | señala que la prevención debe ser la prioridad absoluta, de acuerdo con la jerarquía de residuos de la UE, y pide medidas ambiciosas, como el diseño ecológico de bienes y servicios, la prevención de residuos, el reciclado, la recuperación y reutilización de materiales y componentes y la reducción de sustancias nocivas, así como el reprocesamiento de productos perjudiciales, en aras de promover la reparabilidad, reciclabilidad, actualización y durabilidad. En este contexto, anima a los entes locales y regionales a emplear múltiples instrumentos, como la localización de los objetivos vinculantes de la UE, las medidas fiscales a todos los niveles, la responsabilidad ampliada del productor y la contratación pública ecológica, con objetivos obligatorios como parte de cada oportunidad de financiación de la UE; |
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35.

| 36. | pide a la Comisión Europea que proponga un objetivo ambicioso de reducción de los residuos municipales para 2030, que los objetivos de reutilización y reciclado de los residuos municipales sean del 70 % en peso para 2030, que los residuos alimentarios se reduzcan en un 50 % para 2030 y que se establezca un objetivo vinculante de un máximo del 5 % de vertido de residuos residuales para 2030; |
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36.

| 37. | respalda también, en este contexto, los nuevos esfuerzos en el ámbito de los microplásticos y en la aplicación de la legislación sobre los plásticos (4), y subraya que el problema de la contaminación por plásticos deber tratarse en la fuente; |
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37.

| 38. | pide a la Comisión que anime a todas las regiones y ciudades europeas a que adopten planes de acción en materia de bioeconomía o incluyan un capítulo específico sobre bioeconomía en su estrategia global de desarrollo; |
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38.

Transición alimentaria

| 39. | habida cuenta de que la UE se ha convertido en el primer importador y exportador de alimentos mundial, insiste en que los acuerdos comerciales deben evaluarse en función del objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también en el sector agroalimentario, y que los acuerdos comerciales deben tener como base el desarrollo sostenible; |
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39.

| 40. | pide a la Comisión que, teniendo en cuenta que la agricultura es responsable del 10 % de las emisiones de GEI y sufre directamente los efectos del cambio climático, promueva una agricultura sostenible mediante el refuerzo de la ayuda financiera a las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente en los dos pilares de la política agrícola común (PAC); |
| --- | --- |

40.

| 41. | sugiere un capítulo local y regional sobre la estrategia «del agricultor al consumidor», de particular importancia en los modelos económicos de pequeñas dimensiones, para evaluar los efectos de los modelos internacionales y mundiales de producción de alimentos en los sistemas de producción locales y regionales; |
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41.

| 42. | destaca el papel fundamental de los bosques y las turberas de la UE para lograr la neutralidad climática. Pide que se elabore una estrategia sólida de la Unión Europea en favor de estos sectores y apoya los ambiciosos sistemas de etiquetado de alimentos producidos en tierras sin deforestación (5). Recuerda, a este respecto, los compromisos de los Estados miembros en virtud del Reglamento UTCUTS y reconoce los esfuerzos realizados para lograr una mejor eliminación del CO2; |
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42.

| 43. | recuerda que los océanos contribuyen en gran medida a nuestra alimentación; alienta el desarrollo de una nueva estrategia de apoyo a los cultivos marinos y a las biotecnologías azules —que tenga debidamente en cuenta el medio ambiente y la protección de los entornos naturales— y destaca la importancia de una pesca sostenible para el equilibrio de las zonas costeras; |
| --- | --- |

43.

| 44. | destaca que los entes locales y regionales necesitan una metodología normalizada para recopilar y comunicar los datos sobre el impacto medioambiental de los productos alimenticios, incluidos los residuos de alimentos, a fin de garantizar la comparabilidad de los datos entre los Estados miembros y fomentar que los costes medioambientales y sociales asociados a los alimentos o regímenes alimentarios se midan en términos económicos; |
| --- | --- |

44.

Transición en la movilidad

| 45. | señala que los entes locales y regionales son factores clave para la movilidad limpia y la ecologización del transporte, por lo que pide que se adopten medidas urgentes en el nivel de la UE para internalizar los costes externos de cada modo de transporte, a fin de garantizar unas condiciones de competencia más equitativas, lo que incluye, en especial, la revisión de las disposiciones fiscales de determinados combustibles para el transporte; |
| --- | --- |

45.

| 46. | señala que las redes eléctricas, el almacenamiento de electricidad, el comercio y la gestión de las infraestructuras públicas deberán modernizarse, junto con la normativa y la fiscalidad del transporte, a fin de que estén adecuadamente equipados para nuevos modos de transporte innovadores, incluidas las baterías o pilas de combustible de hidrógeno; |
| --- | --- |

46.

| 47. | hace hincapié en que el aprovechamiento del potencial de las tecnologías digitales permitirá optimizar el transporte y crear una red transeuropea de transporte (RTE-T) de carácter multimodal. Para ello, es indispensable crear sistemas de transporte inteligentes (STI) e infraestructuras; |
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47.

Transición medioambiental

| 48. | reitera su llamamiento en favor de un octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (6) y subraya que este programa debería ajustarse a los objetivos del Pacto Verde y contribuir de manera decisiva a orientar su aplicación efectiva sobre el terreno. Pide una mayor participación de las autoridades subnacionales en el ciclo de la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental; |
| --- | --- |

48.

| 49. | insta a que se desarrolle el marco mundial de biodiversidad para después de 2020 mediante la armonización y la integración de todos los acuerdos medioambientales de las Naciones Unidas pertinentes con los objetivos en materia de biodiversidad para 2030. Con vistas a la COP15 en 2020, las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica deben reconocer formalmente el papel indispensable de los entes locales y regionales para lograr una aplicación satisfactoria y un seguimiento, notificación y verificación coherentes de las políticas de la UE y el resto del mundo en materia de biodiversidad; |
| --- | --- |

49.

| 50. | reitera que el cumplimiento de la ambición de la UE en materia de contaminación cero requiere un enfoque de amplio alcance que se centre en la calidad del aire y el agua, los productos químicos peligrosos, las emisiones, los plaguicidas y los alteradores endocrinos; pide a la Comisión que no retrase más el desarrollo y la adopción de la nueva estrategia en materia de alteradores endocrinos y que imponga normas más estrictas sobre productos químicos; |
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50.

| 51. | pide a la Comisión que se esfuerce en mayor medida por promover el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza y las infraestructuras verdes y azules como complementos útiles, y no como sustitutos, de unas medidas firmes en materia de biodiversidad y de servicios de los ecosistemas en las zonas periurbanas y rurales; |
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51.

| 52. | destaca los beneficios de los programas marco medioambientales a nivel regional que están alineados con las diferentes estrategias nacionales, europeas e internacionales; estos programas pueden contribuir a determinar objetivos y acciones principales, aportar claridad en las decisiones regionales sobre medio ambiente y establecer una hoja de ruta a largo plazo en la que la participación de la sociedad sea fundamental, así como a facilitar la construcción de alianzas con otras regiones europeas; |
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52.

Transición digital

| 53. | reitera el importante papel que desempeñan las regiones, ciudades y comunidades inteligentes para garantizar una transición justa y equitativa hacia la neutralidad climática; pide a la Comisión que desarrolle el concepto de «cohesión digital»para garantizar que ninguna persona o región se queda atrás en la transición digital, y que promueva medidas específicas para ayudar a los entes locales y regionales a desplegar soluciones inteligentes y aumentar el efecto multiplicador de los programas de especialización inteligente al objeto de impulsar las competencias digitales; |
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53.

| 54. | pide que se cree un marco general que integre y utilice los datos con fines de gobernanza inteligente y, al mismo tiempo, garantice la protección necesaria de los datos; |
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54.

| 55. | llama la atención sobre la importante huella de carbono de internet y del tratamiento digital de los datos, por lo que pide, en particular a la UE, que aborde con mayor ahínco la cuestión de la energía y las emisiones de CO2 de la digitalización y evalúe su sostenibilidad; las autoridades públicas deberían impulsar la sensibilización sobre este tema; |
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55.

Deben proporcionarse recursos financieros adecuados a nivel de la UE, nacional, regional y local para satisfacer las necesidades de los ciudadanos

| 56. | acoge con satisfacción la propuesta de un plan de inversiones para una Europa sostenible, destinado a apoyar la inversión de un billón de euros entre 2021 y 2030, que se corresponde con las necesidades determinadas por el Tribunal de Cuentas Europeo (7); apoya igualmente la decisión adoptada por el Banco Europeo de Inversiones de poner fin a la financiación de la mayoría de los proyectos de energías procedentes de combustibles fósiles después de 2021 y de aumentar gradualmente la parte de su financiación dedicada a la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental; reitera su llamamiento para que se reduzcan los trámites burocráticos, se simplifiquen los mecanismos relacionados con la preparación de proyectos y se refuerce la asistencia técnica adaptada para acceder a los programas JASPERS y ELENA del Banco Europeo de Inversiones a fin de desarrollar proyectos que puedan ser financiados, en particular los de menor tamaño; |
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56.

| 57. | insiste, asimismo, en que son necesarios recursos adicionales como la extensión propuesta del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y la introducción de un impuesto sobre el carbono en frontera compatible con las normas de la OMC, así como una imposición adecuada de los carburantes de aviación; |
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57.

| 58. | pide a la Comisión que cree un nuevo fondo de transición justa dirigido a las regiones intensivas en carbón y en carbono que consista en recursos que se sumen a los recursos asignados a la política de cohesión, pero que funcione como complemento de los programas operativos de las políticas de cohesión del período 2021-2027 en el nivel NUTS 2; |
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58.

| 59. | pide que se destine al menos el 30 % del presupuesto total de la UE para el período 2021-2027 a acciones en favor del clima y la biodiversidad, y que se eliminen progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles; |
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59.

| 60. | destaca el papel fundamental de la política de cohesión como principal instrumento financiero para hacer realidad los objetivos de la transición; pide que se dote a la política de cohesión de recursos suficientes, lo que significa que durante el próximo marco financiero plurianual debe asignársele el mismo porcentaje en el presupuesto; |
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60.

| 61. | expresa su preocupación por que el Pacto Verde no pueda alcanzarse si no cuenta con el marco financiero adecuado. Pide que se aplique plenamente el plan de acción de la Comisión Europea sobre la financiación del crecimiento sostenible, y la rápida adopción del marco reglamentario sobre taxonomía para facilitar las inversiones sostenibles, la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad, y los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo (8). Este marco debería abarcar también las inversiones en la industria nuclear, el sector de la aviación y el sector ferroviario. El plan de acción también deberá ampliarse rápidamente a los criterios sociales; |
| --- | --- |

61.

| 62. | aboga por un enfoque ambicioso de las inversiones de la UE en la naturaleza y la biodiversidad, y señala que los costes se verían superados por los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, en forma de servicios de asistencia sanitaria, almacenamiento de CO2, contención de inundaciones, purificación de las reservas de agua, purificación del aire o prevención de la erosión del suelo; |
| --- | --- |

62.

| 63. | reitera su convicción de que no se puede llegar a un acuerdo sobre el gasto del presupuesto de la UE hasta que no se hayan logrado avances también en la parte de los ingresos, porque el tamaño del presupuesto de la UE debería estar en consonancia con las prioridades actuales y futuras de la UE (9); insta a la Comisión a que presente medidas de contingencia para apoyar el Pacto Verde si el próximo presupuesto de la UE no puede acordarse antes de finales de 2020; |
| --- | --- |

63.

| 64. | recalca la importancia de los porcentajes de cofinanciación para los fondos de la UE, a fin de facilitar el acceso de las pequeñas comunidades, zonas rurales e islas; pide que se refuerce su capacidad para que puedan servir de «laboratorios»de transición energética, mediante el desarrollo de soluciones innovadoras y de una acción coordinada; |
| --- | --- |

64.

| 65. | en vista del marco de ayudas estatales posterior a 2020, pide que se incremente el nivel de ayuda estatal autorizado, y que se adapte ulteriormente la Directiva sobre fiscalidad de la energía a fin de promover los combustibles de bajas emisiones. A la regulación y a los proyectos relacionados con la transición energética se les deberá aplicar una flexibilidad suficiente y un enfoque tecnológicamente neutro, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la reducción de las emisiones; |
| --- | --- |

65.

Comunicación directa con los ciudadanos sobre los beneficios del Pacto Verde

| 66. | propone intensificar las campañas de información y los diálogos directos con los ciudadanos para sensibilizar sobre la importancia de una transición hacia sociedades más sostenibles, comunidades locales más sanas y economías locales más competitivas; invita a la Comisión a que organice con el CDR una serie de diálogos con los ciudadanos para presentar el valor añadido del Pacto Verde e ilustrar los resultados concretos en la vida diaria de los ciudadanos; |
| --- | --- |

66.

| 67. | encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a las Presidencias finlandesa, croata y alemana del Consejo de la UE y al presidente del Consejo Europeo. |
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67.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  CDR 2018/923.

1

(2)  https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx.

2

(3)  CDR 2018/6135.

3

(4)  CDR 2018/925 y CDR 2018/3652.

4

(5)  CDR 2019/973.

5

(6)  CDR 2019/1672.

6

(7)  Tribunal de Cuentas Europeo «Análisis panorámico sobre la acción de la UE en materia de energía y cambio climático», 20 de septiembre de 2017, https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-energy-and-climate/es/.

7

(8)  Véase el Dictamen del CDR, de 6 de diciembre de 2018, elaborado por el Sr. Gundlack (DE/PSE).

8

(9)  CDR 2019/3887.

9

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DICTÁMENES

| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/8 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/8

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Los retos de las regiones metropolitanas y su posición en la futura política de cohesión después de 2020

(2020/C 79/02)

| Ponente | : | Juraj DROBA (SK/CRE), presidente de la Región Autónoma de Bratislava |
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Ponente

:

Juraj DROBA (SK/CRE), presidente de la Región Autónoma de Bratislava

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

| 1. | observa que dos tercios de la población de la UE viven en regiones metropolitanas, por lo que también es pertinente abordar esta cuestión en la preparación de la política de cohesión después de 2020; |
| --- | --- |

1.

| 2. | señala que la creciente urbanización no es solo una tendencia europea, sino también mundial. Por una parte, esto crea oportunidades; por otra, nos obliga a afrontar nuevos retos. Por ello, la colaboración entre las instituciones y los agentes de los Estados miembros es fundamental; |
| --- | --- |

2.

| 3. | observa que en la actualidad no hay consenso sobre unos criterios de definición y delimitación de las regiones metropolitanas que reflejen la diversidad y la situación real de esas regiones en todos los Estados miembros; |
| --- | --- |

3.

| 4. | señala que Eurostat define las regiones metropolitanas como regiones NUTS 3 o combinaciones de regiones NUTS 3 en las que al menos la mitad de la población vive en una zona urbana funcional con un mínimo de 250 000 habitantes. La clasificación territorial se basa en la identificación de centros urbanos con una elevada densidad de población y una población mínima de 50 000 habitantes. Destaca que, sobre la base de esta interpretación estadística, en 2016 vivían en las regiones metropolitanas 293,3 millones de habitantes de la UE. Señala que también deberán tenerse en cuenta las zonas que mantienen vínculos funcionales con regiones situadas fuera de la UE. La OCDE define las regiones metropolitanas en términos de función, cuando un centro urbano con una alta densidad de población y oportunidades de empleo está conectado al resto de la zona a través de desplazamientos pendulares intensos; |
| --- | --- |

4.

| 5. | subraya que las regiones metropolitanas incluyen diferentes tipos de zonas, predominantemente urbanas por su población pero con frecuencia rurales por el territorio que cubren. Estas regiones tienen fuertes vínculos con las zonas periurbanas y rurales, y a menudo tienen que afrontar el fenómeno de la suburbanización. La cuestión del uso del suelo en las zonas suburbanas es fundamental para la calidad de vida, la adaptación al cambio climático y su mitigación. Las políticas específicas centradas en la limitación de la expansión urbana deben debatirse entre las regiones; |
| --- | --- |

5.

| 6. | apunta la necesidad de distinguir entre regiones metropolitanas muy urbanizadas y menos urbanizadas, que requieren medidas y enfoques políticos diferentes; |
| --- | --- |

6.

| 7. | señala que, las regiones metropolitanas de París y Londres, con más de doce millones de habitantes, pueden considerarse por separado, mientras que la mayoría de las regiones metropolitanas de la Unión Europea varían en función de su tamaño, funciones y fortalezas económicas, así como por su grado de policentricidad. También se registran importantes diferencias en los enfoques que aplican las regiones metropolitanas a la hora de coordinar sus políticas y acciones conjuntas; |
| --- | --- |

7.

| 8. | destaca que la migración a la ciudad es una de las principales tendencias demográficas actuales y que la población de la UE se concentra principalmente en las regiones metropolitanas de las capitales. Las regiones metropolitanas tienen que hacer frente a la expansión urbana, al aumento de la densidad de población en los centros urbanos y, al mismo tiempo, a la despoblación de las zonas rurales. Esta tendencia crea necesidades en materia de prestación de servicios públicos para la población y de nuevas infraestructuras, por ejemplo en los sectores social, de transporte, escolar y sanitario, así como en relación con la digitalización y la aplicación de una transición energética sostenible, y, por lo tanto, ejerce una enorme presión sobre los presupuestos de las regiones metropolitanas; para las regiones metropolitanas de las capitales también se plantean necesidades adicionales, derivadas de su función como capitales de los Estados miembros, por ejemplo, en los sectores de la seguridad, los servicios de interés general, los servicios digitales y el transporte; |
| --- | --- |

8.

| 9. | hace hincapié en que, en algunos casos, las cifras reales de población de las regiones metropolitanas son mayores de lo que muestran las estadísticas oficiales. Tampoco todas las personas que viven en estas regiones tienen allí su residencia permanente. Se añaden las numerosas personas que se desplazan a las regiones metropolitanas para trabajar, pero también utilizan sus instalaciones y servicios sociales. Además, con frecuencia las regiones metropolitanas tienen una marcada dimensión transfronteriza; |
| --- | --- |

9.

Potencial de las regiones metropolitanas

| 10. | observa que las regiones metropolitanas están consideradas como motores de las economías de los Estados miembros y centros de crecimiento económico. Según Eurostat, alrededor del 72 % del PIB de los veintiocho Estados miembros se genera en las regiones metropolitanas. Estas no son solo centros de crecimiento económico en sus países respectivos, sino que constituyen también un polo de investigación, innovación y potencial creativo que, naturalmente, atrae capital, inversión y gente. Son pioneras en soluciones inteligentes en los ámbitos de la información y los servicios, la economía circular, la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética y la movilidad sostenible; |
| --- | --- |

10.

| 11. | subraya la importancia para el desarrollo armonioso de las regiones de que la UE y los Estados miembros reconozcan el valor añadido de la colaboración metropolitana a fin de alcanzar objetivos comunes que permitan reducir las disparidades regionales. Como concentran recursos y conocimientos especializados, las regiones metropolitanas pueden contribuir a reforzar la conectividad interna, así como a distribuir la riqueza y los beneficios en una zona determinada, promoviendo la colaboración regional y el crecimiento económico y forjando vínculos urbano-rurales más eficientes. Al prestar servicios más allá de sus confines, las regiones metropolitanas desempeñan un papel importante en la difusión del desarrollo en zonas aledañas, a menudo rurales. Ayudan a acercar a las comunidades y las personas, ya que unas relaciones funcionales vivas permiten tender puentes entre las zonas urbanas, las ciudades más pequeñas y las zonas rurales. La interacción entre las zonas rurales y urbanas es un motor importante para un desarrollo territorial armonioso; |
| --- | --- |

11.

| 12. | pide que se preste atención a la necesidad de una verdadera implicación de las políticas nacionales en el uso de instrumentos territoriales y de garantizar una distribución equitativa de las fuentes de financiación entre todos los territorios, regiones y municipios, independientemente de que se trate de áreas metropolitanas, urbanas o rurales, así como de garantizar que los Estados miembros consulten a los entes locales y regionales en una fase temprana a la hora de decidir dónde y cómo se utilizarán los instrumentos territoriales. Esto es fundamental para prestar un apoyo armonizado a todos los niveles, que garantice un desarrollo equilibrado de las zonas urbanas y las zonas rurales, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y la cohesión territorial; |
| --- | --- |

12.

| 13. | toma nota de que la actual propuesta de la política de cohesión prevé un valor añadido europeo como condición para la obtención de financiación. El apoyo a las regiones metropolitanas no solo aporta un valor añadido europeo, sino que también garantiza la competitividad global de la UE y, a través de los efectos indirectos derivados de este apoyo, contribuye a la convergencia regional de los Estados miembros. |
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13.

| 14. | señala que más del 70 % de las medidas de mitigación del cambio climático y hasta el 90 % de las acciones de adaptación se llevan a cabo a nivel subnacional, lo que significa que las regiones metropolitanas son agentes clave en el cumplimiento de los compromisos contraídos en la COP21; |
| --- | --- |

14.

| 15. | observa que una parte sustancial de los fondos de la política de cohesión después de 2020 irá destinada a apoyar la innovación y las soluciones inteligentes, que se aplican en gran medida en las regiones metropolitanas; |
| --- | --- |

15.

Retos

| 16. | indica que algunas regiones metropolitanas, incluidas aquellas designadas estadísticamente como las más ricas, sufren todavía de un gran déficit de infraestructuras heredado del pasado y deben seguir invirtiendo en infraestructuras básicas; |
| --- | --- |

16.

| 17. | observa que las regiones metropolitanas tienen que abordar los retos económicos, fiscales y territoriales al mismo tiempo que lidian con una demanda cada vez mayor de servicios públicos de calidad y unos recursos financieros limitados para suministrarlos, lo que incide marcadamente en la calidad de vida general de la población. Hay regiones metropolitanas donde los ingresos presupuestarios reflejan solo mínimamente su éxito económico y su elevado PIB. En algunas, el presupuesto procede de una parte del impuesto sobre la renta de las personas domiciliadas en ellas, pero no de las personas jurídicas que generan el PIB de la región. Esta es la razón por la que la presencia de empresas multinacionales no implica necesariamente ingresos en los presupuestos públicos; |
| --- | --- |

17.

| 18. | subraya que uno de los rasgos característicos de las regiones metropolitanas es el de los desplazamientos pendulares cotidianos de los trabajadores a los núcleos urbanos, y que uno de sus mayores retos es el transporte público accesible y respetuoso con el medio ambiente. Las regiones metropolitanas deben introducir formas de transporte y soluciones de movilidad activas en los espacios públicos, además de mejorar la movilidad transfronteriza. Tienen que combatir la congestión del tráfico, que reduce la calidad del aire y afecta negativamente a la salud de la población; |
| --- | --- |

18.

| 19. | señala que, debido a la concentración de la industria, entre otras cosas, las regiones metropolitanas hacen frente a mayores desafíos en relación con la calidad del medio ambiente, la introducción de fuentes de energía sostenibles, la economía circular, la contaminación atmosférica, la calidad del agua subterránea, la gestión de los residuos, la reducción de la biodiversidad y la eliminación de las cargas medioambientales. También en lo relativo a la adaptación a las consecuencias del cambio climático las regiones metropolitanas desempeñan un papel central; es preciso aplicar un enfoque holístico para abordar todas estas cuestiones; |
| --- | --- |

19.

| 20. | hace hincapié en que las regiones metropolitanas han de hacer frente a un elevado número de desigualdades. Algunas regiones metropolitanas incluyen las zonas más pobres de los Estados miembros y tienen que afrontar la pobreza urbana, la inclusión social, el creciente número de personas sin hogar, los niños que viven en la pobreza, los grupos vulnerables, el desempleo juvenil, la escasez de mano de obra cualificada, la integración de los migrantes y los refugiados, el aumento de la delincuencia, el envejecimiento de la población y la pobreza de las personas con empleo. La existencia de estas zonas queda a menudo oculta en las estadísticas oficiales, que solo se hayan disponibles a mayor escala, lo que afecta al desarrollo de las políticas y medidas pertinentes; |
| --- | --- |

20.

| 21. | destaca que la crisis de la vivienda afecta de forma particular a las regiones metropolitanas. Por un lado, algunas zonas están poco pobladas, mientras que en otras hay una enorme demanda de vivienda. En las ciudades en las que la demanda de vivienda es alta, los precios crecen más rápidamente que los ingresos, lo que conduce a una mayor segregación y desigualdad sociales. En este contexto, reitera su llamamiento en favor de una Agenda Europea de Vivienda (1); |
| --- | --- |

21.

| 22. | pide a Eurostat que recopile y analice datos sobre la accesibilidad y el coste de la vivienda desde una perspectiva local y regional. También deben examinarse iniciativas, incluidas las de la sociedad civil, para construir viviendas asequibles; |
| --- | --- |

22.

| 23. | señala que debe prestarse especial atención a las regiones metropolitanas en fase de transición económica, que hacen frente a las consecuencias negativas del cierre de determinadas industrias. Se enfrentan a un desempleo elevado (a menudo de larga duración) y, al mismo tiempo, deben resolver la reconversión de las plantas industriales en desuso y la regeneración de zonas y barrios urbanos desfavorecidos; |
| --- | --- |

23.

| 24. | destaca que uno de los principales retos que afrontan las regiones metropolitanas es apoyar la expansión de infraestructuras digitales para posibilitar la reincorporación al empleo en nuevas industrias, así como la introducción de nuevos modelos laborales, como el teletrabajo; |
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24.

| 25. | recuerda que las regiones metropolitanas también suelen incluir zonas rurales y que es muy importante trabajar por el buen funcionamiento de las conexiones urbano-rurales en su interior y evitar la descoordinación en la elaboración de políticas; destaca asimismo que las regiones metropolitanas son un punto de referencia en términos de recursos y conocimientos especializados y que, con sus capacidades profesionales y estratégicas de planificación, pueden ayudar al conjunto de la zona a garantizar la financiación de la política de cohesión. Las regiones metropolitanas pueden constituir, por consiguiente, el nivel adecuado para aplicar enfoques integrados en materia de desarrollo sostenible centrados en la solidaridad local y regional; |
| --- | --- |

25.

| 26. | es importante examinar la posibilidad de establecer una cooperación intersectorial en medios que conecten las zonas rurales y urbanas y que contribuyan al desarrollo rural y metropolitano, por ejemplo mediante el apoyo al establecimiento de cadenas de valor regionales y locales y la comercialización directa de productos agrícolas en las regiones metropolitanas para crear valor añadido en las regiones rurales vecinas; |
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26.

| 27. | advierte la necesidad de comprender mejor las pautas de las regiones metropolitanas en contextos insulares, y las interacciones que se producen entre los territorios insulares; |
| --- | --- |

27.

| 28. | resalta la necesidad de ampliar la reflexión a las regiones metropolitanas no continentales; |
| --- | --- |

28.

Mayor participación de las regiones en la elaboración y aplicación de la política de cohesión

| 29. | destaca que el proceso en curso de elaboración de la política de cohesión después de 2020 brinda una oportunidad única para tener en cuenta la necesidad de un enfoque específico para las regiones metropolitanas en la confección de los futuros acuerdos de asociación y, posteriormente, de los programas operativos de los fondos de la política de cohesión; |
| --- | --- |

29.

| 30. | apoya que no se opongan trabas administrativas a la cooperación entre las regiones NUTS 2 que constituyan una región de la capital (la capital y su región metropolitana) y que deseen coordinar sus estrategias y operaciones en el marco de sus respectivos programas operativos, y que exista la suficiente flexibilidad en la elección de las intervenciones encaminadas a establecer una estrecha colaboración; |
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30.

| 31. | destaca el papel de las regiones metropolitanas en la política de cohesión y recomienda su creación y refuerzo urgentes en el marco de la política de cohesión después de 2020, así como de las políticas europeas pertinentes, incluida la nueva Agenda Territorial y los nuevos documentos estratégicos, como la nueva Carta de Leipzig y la próxima estrategia europea de desarrollo que sustituirá a la Estrategia Europa 2020; |
| --- | --- |

31.

| 32. | pide que las regiones metropolitanas participen directamente en la elaboración de la política de cohesión y en la aplicación y evaluación de los programas operativos y de los proyectos de la UE, siempre que establezcan acuerdos de cooperación territorial; |
| --- | --- |

32.

| 33. | insta a la Comisión Europea a que, al aprobar los acuerdos de asociación, así como los programas operativos subsiguientes, tome en consideración qué parte es competente para ejecutar las diferentes operaciones, ya que las competencias de las regiones metropolitanas y de los entes locales son diferentes en cada Estado miembro; |
| --- | --- |

33.

| 34. | señala que, debido a su relativa riqueza, las regiones metropolitanas se ven limitadas a la hora de movilizar los fondos de la política de cohesión, por lo que la presión para utilizarlos de manera eficaz está aumentando. El hecho de que el método de distribución de los recursos de la política de cohesión en el marco de las asignaciones nacionales pertinentes se base principalmente en un indicador único (PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo) y que los aspectos sociales, demográficos y medioambientales solo se incluyan en parte, no ofrece una imagen completa del nivel de desarrollo. Por lo tanto, conviene compensar adecuadamente a las regiones desfavorecidas por una distribución de las asignaciones basada en la economía. La propuesta de transferibilidad de los recursos (2) es un instrumento pertinente a este respecto. Se anima a los Estados miembros a que debatan las transferencias con todas las regiones afectadas, garantizando que cualquier decisión sea consensuada y esté en consonancia con la gobernanza multinivel; |
| --- | --- |

34.

| 35. | respalda la propuesta de la Comisión Europea de incrementar la opción de una transferencia financiera entre categorías de regiones del orden del 3 % al 15 % de la asignación total del Estado miembro de que se trate, y pide a los Estados miembros que hagan uso de ella; señala, no obstante, que para poner en práctica este instrumento de flexibilidad se necesitará un análisis pormenorizado; |
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35.

Recopilación y análisis de datos a nivel regional

| 36. | pide a la Comisión que, a través del Centro Común de Investigación de la UE, empiece a examinar el valor añadido potencial del apoyo a las regiones metropolitanas en relación con el objetivo primordial de la política de cohesión de reducir las disparidades regionales. Esta investigación podría examinar, por ejemplo, los efectos indirectos derivados del apoyo a las regiones metropolitanas y su contribución a la cohesión a nivel nacional y regional (3); |
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36.

| 37. | recomienda que se utilice la metodología del Índice de Progreso Social (IPS) para diferenciar los retos más acuciantes que afrontan las regiones metropolitanas y para los que necesitan recibir financiación de los fondos de la política de cohesión. Esto puede ayudar a las partes interesadas regionales y locales a evaluar y definir adecuadamente las necesidades de inversión en su zona; |
| --- | --- |

37.

| 38. | recomienda que, al evaluar la madurez económica de las regiones, Eurostat elabore estadísticas regionales y no tome medias nacionales como base para medir el PIB regional per cápita en términos de paridad del poder adquisitivo; |
| --- | --- |

38.

| 39. | recomienda asimismo que se promueva la recogida de datos estadísticos a nivel regional, en particular aquellos relativos a las relaciones funcionales en las regiones metropolitanas. Esto haría posible obtener más información exhaustiva sobre la población y la movilidad en las regiones metropolitanas, elaborar medidas mejor adaptadas y canalizar la inversión de los fondos de la política de cohesión de forma más clara; |
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39.

| 40. | recomienda que, a fin de reducir la burocracia y los costes asociados a la recopilación de datos, se preste apoyo a los métodos innovadores de recogida de datos, que pueden utilizarse para evaluar las pautas de los desplazamientos pendulares en las regiones metropolitanas; |
| --- | --- |

40.

Política de cohesión adaptada a las necesidades de las regiones metropolitanas y de sus habitantes

| 41. | recomienda que se preste más apoyo a los instrumentos que respaldan la colaboración metropolitana, como la inversión territorial integrada (ITI) y el desarrollo local participativo (DLP), los ejes prioritarios específicos para las regiones metropolitanas en los distintos programas operativos, las estrategias territoriales integradas regionales, las estrategias de desarrollo urbano sostenible y los planes de movilidad urbana sostenible, que deben seguir desarrollándose en el marco de la política de cohesión después de 2020 y servir de documentación para apoyar la inversión; |
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41.

| 42. | lamenta que, por primera vez, el proyecto de presupuesto de la política de cohesión represente menos de un tercio del presupuesto de la Unión. Sin embargo, la concentración temática está estrechamente vinculada a los dos primeros objetivos de la nueva política de cohesión, a saber, una Europa más inteligente y ecológica. Este es el tipo de medida que se lleva a cabo en gran parte en las regiones metropolitanas; por lo tanto, recomienda a los Estados miembros que, al elaborar los acuerdos de asociación, trabajen en estrecha colaboración con las regiones metropolitanas; para explicar cómo aplicarán la concentración temática; |
| --- | --- |

42.

| 43. | pide a la Comisión que establezca condiciones y mecanismos de apoyo para la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre retos, soluciones o proyectos clave desarrollados por las regiones metropolitanas, como la gobernanza entre regiones metropolitanas, indicadores para supervisar la aplicación de las estrategias de planificación metropolitanas o el desarrollo de políticas inteligentes; |
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43.

| 44. | llama la atención sobre el hecho de que las regiones metropolitanas se caracterizan por una fragmentación de las estructuras gubernamentales, formadas por un gran número de entes regionales y locales, lo que dificulta su capacidad para afrontar de manera eficaz los retos económicos, sociales y medioambientales. Por consiguiente, preconiza el intercambio de las mejores prácticas entre las regiones metropolitanas para desarrollar estrategias a largo plazo y soluciones innovadoras que les permitan superar esta fragmentación de competencias; |
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44.

| 45. | apoya la idea de crear un fondo de transición justa (que se financiaría mediante nuevos recursos adicionales a los de la política de cohesión) para impulsar una transición energética sostenible y hacer frente a los retos sociales que conllevan la movilidad laboral y los importantes cambios demográficos; |
| --- | --- |

45.

| 46. | señala que, por una parte, las regiones metropolitanas disponen de enormes recursos de capital humano y de talento, pero, por otra, se enfrentan a toda una serie de retos que van desde la exclusión social hasta la adaptación de las capacidades para el mercado laboral del futuro. El FSE+ debe utilizarse para que las regiones metropolitanas puedan responder a estos retos, en estrecha cooperación y consonancia con las intervenciones en materia de infraestructuras financiadas por el FEDER; |
| --- | --- |

46.

| 47. | solicita que todas las asociaciones de la nueva Agenda Urbana de la UE aborden la actual metropolización de zonas o que se cree una nueva asociación para la dimensión metropolitana de la Agenda Urbana, diseñada de manera horizontal y estratégica; |
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47.

Bruselas, 4 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  Punto 20 de la Resolución del CDR Propuestas para el nuevo mandato legislativo de la Unión Europea, 27 de junio de 2019 https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2019-02550-00-01-res-tra-es.docx/content

1

(2)  COM (2018) 375, artículo 105.

2

(3)  Véase a este respecto el informe «El impacto de las regiones metropolitanas en las zonas circundantes»: https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Metropolitan-regions.pdf.

3

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/13 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/13

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos

(2020/C 79/03)

| Ponente | : | Władysław ORTYL (PL/CRE), presidente de la Región de Podkarpackie |
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Ponente

:

Władysław ORTYL (PL/CRE), presidente de la Región de Podkarpackie

RECOMENDACIONES POLITICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Importancia de las estrategias macrorregionales para la cohesión en la Unión Europea

| 1. | recuerda que, en consonancia con los Tratados europeos (1), la Unión Europea debe desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial; |
| --- | --- |

1.

| 2. | considera que las estrategias macrorregionales ayudan a afrontar retos comunes en determinadas regiones que deben considerarse en un contexto geográfico más amplio de carácter transfronterizo. Al utilizar de manera conjunta el potencial de los territorios transfronterizos, estas estrategias contribuyen de forma significativa a impulsar la cohesión territorial entre Estados y regiones (2); estima que la elaboración de estrategias macrorregionales es un reflejo del desarrollo natural de la UE y forma parte de la próxima fase de cooperación reforzada entre Estados, regiones y comunidades locales más allá de las fronteras; |
| --- | --- |

2.

| 3. | subraya que las estrategias macrorregionales son un instrumento de gobernanza multinivel que integra las actividades de agentes del nivel europeo, nacional, regional y local con vistas a la consecución de objetivos seleccionados. Por otro lado, refuerzan la complementariedad entre las diferentes estrategias políticas y programas que se deciden y ponen en marcha en los distintos niveles de gobierno. Esta combinación de potenciales identificados conjuntamente y la coordinación de las medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo representan un verdadero valor añadido europeo; |
| --- | --- |

3.

| 4. | observa que las estrategias macrorregionales desempeñan un papel fundamental a la hora de profundizar la integración de la UE, ya que insuflan dinamismo a los procesos de desarrollo a escala regional y local. El proceso se ve facilitado por la posibilidad de intercambiar experiencias y transferir buenas prácticas más eficaces entre los Estados y regiones que participan en la estrategia, lo que crea de manera natural las condiciones necesarias para dar forma a la solidaridad europea y asumir la responsabilidad del desarrollo de toda la macrorregión. Esto permite superar enfoques particulares en aras de un planteamiento que tenga en cuenta el contexto más amplio de la macrorregión en su conjunto. Las estrategias macrorregionales actúan además como catalizadores de las iniciativas de las comunidades locales y regionales, lo que contribuye a acercar la idea europea a las ciudadanas y ciudadanos; |
| --- | --- |

4.

| 5. | destaca que los entes regionales y locales desempeñan un papel determinante a la hora de promover la democracia, la descentralización y el autogobierno local y regional, y que están comprometidos con las estrategias macrorregionales existentes y con el desarrollo de otras nuevas. Las estrategias se convierten en un instrumento ascendente de cooperación territorial basado en el compromiso tanto de los agentes regionales y locales como de la sociedad civil. Gracias a la puesta en marcha de medidas conjuntas para hacer realidad los objetivos de las estrategias macrorregionales surge una plataforma de cooperación que promueve el sistema de valores europeo, el fortalecimiento de los principios democráticos y unas normas más estrictas para la gestión del desarrollo regional, incluido el desarrollo de un modelo de gobernanza multinivel; |
| --- | --- |

5.

Los Cárpatos como macrorregión específica en Europa

| 6. | destaca que, con una superficie de 190 000 km2, los montes Cárpatos constituye la segunda cadena de montañas más extensa del continente europeo después de los Alpes, y que en la región viven alrededor de 68 millones de personas. Los Cárpatos forman un sistema montañoso continuo y presentan retos y oportunidades de desarrollo específicos en razón de sus características geográficas; |
| --- | --- |

6.

| 7. | llama la atención sobre los recursos únicos de los Cárpatos, a saber, las riquezas naturales, un patrimonio multicultural singular, los recursos humanos y la identidad compartida de las comunidades de montaña. Todo ello brinda grandes oportunidades de acción conjunta con miras a lograr un desarrollo social y económico más dinámico, sostenible y equilibrado en la región; |
| --- | --- |

7.

| 8. | subraya que, dado el elevado valor de la biodiversidad y el estado de conservación del entorno natural, los Cárpatos revisten una importancia fundamental para toda Europa. Constituyen un legado patrimonial europeo que debe preservarse para las generaciones futuras, lo que conlleva la obligación de buscar posibilidades de desarrollo económico responsables que permitan la conservación y protección de este patrimonio. Por ello, deben coordinarse las medidas que adopten los correspondientes agentes de todos los niveles de gobierno, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo de las cuestiones medioambientales; |
| --- | --- |

8.

| 9. | llama la atención sobre el potencial de las comunidades que conviven desde hace siglos en las distintas zonas de los montes Cárpatos, así como sobre la rica cultura de las regiones montañosas, surgida de la amalgama de influencias orientales y occidentales, las experiencias históricas comunes y las tradiciones del pastoreo. Las iniciativas actuales de conservación y promoción del patrimonio cultural común (3) ponen de manifiesto el considerable potencial que entraña la integración de las comunidades locales; Es muy importante respetar los derechos de las minorías étnicas y preservar su patrimonio cultural en la región de los Cárpatos. |
| --- | --- |

9.

| 10. | señala que algunas de las regiones más pobres de los Estados miembros constituyen una parte importante de la macrorregión de los Cárpatos y que el PIB per cápita en la mayoría de las regiones no supera el 50 % de la media de la UE. Debido a su situación periférica respecto de los centros de progreso de Europa y a las dificultades técnicas que plantean las conexiones de comunicación en razón del relieve y las barreras históricas en forma de fronteras, sus oportunidades de desarrollo son limitadas. A ello se añade el factor de la escasez de infraestructuras debido a una falta de inversión crónica, la transformación de las economías y el abandono del potencial de desarrollo; |
| --- | --- |

10.

| 11. | considera que deben darse a conocer las necesidades específicas de las regiones montañosas de los Cárpatos y que debe aprovecharse el potencial concreto inherente a esta macrorregión. La colaboración y la asociación entre los Estados y las regiones de los Cárpatos permitirán ajustar mejor las políticas a las condiciones y necesidades específicas de desarrollo derivadas de las particularidades sociales, históricas, geopolíticas y de infraestructuras de la zona; |
| --- | --- |

11.

| 12. | estima que la redacción de un documento de estrategia por parte de la Comisión Europea sobre los Cárpatos llamaría la atención sobre los problemas de esta región y permitiría aprovechar el potencial singular de toda la macrorregión —que de momento sigue latente— mediante la adopción de medidas para abordar sus principales retos y problemas generales; |
| --- | --- |

12.

| 13. | destaca que los Cárpatos constituyen una zona geopolítica extremadamente importante ya que en ella confluyen intereses políticos y económicos estratégicos de Europa Oriental y Occidental. Esto es tanto más cierto desde la ampliación de la UE en 2004, ya que esta región constituye actualmente la frontera oriental de toda la Unión; |
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13.

| 14. | señala que la macrorregión de los Cárpatos engloba no solo a Estados miembros de la UE, sino también a la República de Moldavia, Serbia y Ucrania, factor que permitiría no solo consolidar la integración de los Estados miembros de la UE sino hacerla extensiva a los países vecinos, dado que participarían en la cooperación reforzada; |
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14.

Objetivos de la estrategia macrorregional de los Cárpatos

| 15. | llama la atención sobre una serie de iniciativas emprendidas desde distintos niveles y por una amplia gama de agentes para hacer realidad una estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos (estrategia de los Cárpatos) (4). Estas se han concretado en una serie de declaraciones (5) en las que se apoya la idea de elaborar una estrategia de este tipo. Cabe subrayar que estas iniciativas se adoptan a nivel tanto de los gobiernos y los parlamentos nacionales como de las regiones, ciudades y comunidades locales; |
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15.

| 16. | valora positivamente el hecho de que todos los documentos se hayan aprobado sobre la base de un diálogo entre las distintas partes interesadas en la futura estrategia y que se hayan tenido en cuenta los aspectos transnacionales, interregionales y locales. Ello pone de manifiesto el carácter complementario de las medidas adoptadas, que, en el futuro, pueden convertirse en una condición previa del éxito de la estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos; |
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16.

| 17. | acoge con satisfacción las medidas adoptadas para aplicar el Convenio marco sobre protección y desarrollo sostenible de los Cárpatos (Convenio de los Cárpatos) formalizado en 2003, que es un acuerdo internacional de carácter multilateral para esta región aprobado de conformidad con los principios que rigen los tratados en el Derecho internacional; las partes contratantes del Convenio se comprometen a trabajar conjuntamente e impulsar una política general de protección y desarrollo sostenible de la región de los Cárpatos, y para ello tendrán en cuenta los objetivos y disposiciones del Convenio en sus políticas centradas en ámbitos específicos (por ejemplo, ordenación territorial, agricultura y silvicultura, transporte y turismo), mejorarán la coordinación de estas políticas y aplicarán un enfoque integrado para la gestión de los recursos terrestres; |
| --- | --- |

17.

| 18. | toma nota de que el Convenio de los Cárpatos constituye un instrumento que engloba múltiples aspectos de la gestión de la región de los Cárpatos y permite la integración de diferentes sectores y una amplia participación de socios interesados de distintos niveles (nacional, regional, ONG). Las normas elaboradas para la cooperación multinivel, que dieron lugar a la adopción de cinco protocolos temáticos anejos al Convenio de los Cárpatos (6), pueden utilizarse como herramienta fundamental para incrementar la cooperación (7); |
| --- | --- |

18.

| 19. | reconoce la experiencia y los buenos resultados de la Eurorregión de los Cárpatos, establecida en 1993 como iniciativa política y social con el apoyo de los Gobiernos de los países de los Cárpatos, y observa que es la organización más antigua que promueve el desarrollo social y económico de este territorio. Sobre la base de la experiencia acumulada durante más de veintiséis años, ha surgido una estructura de cooperación internacional especializada que engloba muchos ámbitos y en la que participan más de 1 000 agentes; |
| --- | --- |

19.

| 20. | recuerda que, en febrero de 2016, el Comité Europeo de las Regiones creó el Grupo Interregional de los Cárpatos, en el que participan representantes de los entes regionales y locales de los países interesados en crear una estrategia macrorregional para los Cárpatos; |
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20.

| 21. | remitiéndose a su Dictamen «Estrategias macrorregionales según el ejemplo de la región del Danubio: un marco de apoyo a las agrupaciones empresariales transnacionales» (8), se declara partidario de elaborar una estrategia para la región de los Cárpatos y expresa su convencimiento de que es un complemento excelente de las iniciativas actuales, como el Convenio de los Cárpatos o la Eurorregión de los Cárpatos, que, al mismo tiempo, permite aprovechar el potencial existente para impulsar la cooperación entre todos los niveles de gobierno; |
| --- | --- |

21.

| 22. | señala que el objetivo principal de una estrategia de los Cárpatos debe ser proteger el gran valor natural de la macrorregión de los Cárpatos, reforzar su competitividad y su atractivo a partir de las bases que constituye el patrimonio único integrado por su entorno natural y su cultura, su potencial de desarrollo inherente y la creación de ventajas competitivas. Esto también significa elevar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de la región de los Cárpatos, al tiempo que se mantienen los valores ecológicos únicos del territorio; |
| --- | --- |

22.

| 23. | considera que uno de los elementos que deben abordarse urgentemente es el fenómeno del declive demográfico, así como el envejecimiento de la población de los Cárpatos. Por lo tanto, un elemento clave de la cooperación en el marco de una estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos debería consistir en desarrollar la prestación de servicios sociales básicos en la zona, en particular los servicios relacionados con el acceso a la educación, la salud y la inclusión social; |
| --- | --- |

23.

| 24. | considera que las medidas propuestas en la estrategia deberían centrarse en reforzar la cooperación económica sostenible en ámbitos de importancia estratégica para la macrorregión (industrias más limpias, turismo sostenible y sistemas agroalimentarios) mediante el desarrollo de agrupaciones en los Cárpatos y un ecosistema de innovación macrorregional. Estas medidas deben asimismo centrarse en el uso eficiente de los recursos locales —en particular, mediante la certificación y la introducción de una etiqueta común para los productos de los Cárpatos y el aprovechamiento del potencial común de los países y regiones de la región de los Cárpatos—, pero también en fomentar en mayor medida el desarrollo de las zonas social y económicamente desfavorecidas, a fin de reforzar la competitividad de toda la macrorregión; |
| --- | --- |

24.

| 25. | destaca que los valores ecológicos de los Cárpatos deben constituir un componente del desarrollo de la macrorregión. La mejora de la cooperación macrorregional —cuyos objetivos son la protección y conservación del entorno natural, la gestión de los riesgos naturales, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias, así como el vínculo entre este y el aprovechamiento de los materiales de reproducción vegetal mediante una gestión forestal sostenible— y la puesta en práctica de medidas para reforzar la concienciación sobre el medio ambiente, se traducirán en una mayor calidad del medio ambiente en la región. La coordinación de las medidas en el conjunto de la región de los Cárpatos dará lugar a considerables economías de escala; |
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25.

| 26. | considera que, en su conjunto, la zona de los montes Cárpatos debe desempeñar un papel activo y aportar una contribución importante a la política de la Unión Europea en materia de cambio climático, en apoyo del objetivo común de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París. Por otra parte, es indispensable preservar los bosques de los Cárpatos, dado que desempeñan una función muy importante para la reducción de las emisiones de CO2, además de su importancia para la retención de agua, la protección del suelo y la conservación de la biodiversidad; |
| --- | --- |

26.

| 27. | considera que las iniciativas para reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la región deben ir acompañadas de medidas para mejorar la conectividad. La adopción de medidas en otros ámbitos no puede llevarse a cabo si no se cuenta con un transporte sostenible y con infraestructuras digitales y sociales. Las políticas conjuntas en este ámbito contribuirán a la apertura de la región de los Cárpatos, incrementarán su cohesión interna y consolidarán, entre otras cosas, los vínculos transfronterizos; |
| --- | --- |

27.

| 28. | señala que la ordenación territorial y la cooperación regional constituyen elementos esenciales del complejo desarrollo de la región de los Cárpatos. La calidad de la cooperación y, por ende, también las perspectivas de desarrollo de la macrorregión dependen esencialmente de la buena labor de las instituciones, incluidos los entes locales. La estrategia debe tener especialmente en cuenta las particularidades del patrón de poblamiento de los Cárpatos (muchos centros de población pequeños situados en los valles), así como las comunidades tradicionales de pastoreo en las altas zonas de montaña, que se han visto debilitadas por los cambios socioeconómicos de las últimas décadas. Es importante desarrollar el vínculo funcional entre las zonas de montaña de los Cárpatos y las regiones circundantes, así como el refuerzo de las zonas urbanas; |
| --- | --- |

28.

| 29. | remitiéndose a sus dictámenes anteriores (9), considera que la estrategia macrorregional para los Cárpatos ofrece la posibilidad de completar las medidas adoptadas en el marco de la actual Estrategia para el Danubio, puesto que esta ya tiene en cuenta las especificidades de los Cárpatos como zona de montaña; señala que, en la actualidad, la Estrategia para la Región del Danubio (EUSDR, desde 2010) es la estrategia macrorregional de la UE que abarca la mayor superficie territorial, ya que cubre también algunos territorios que forman parte de la Estrategia de la Unión Europea para la región alpina (EUSALP, desde 2016) y de la Estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico (EUSAIR, desde 2014), lo que no ha tenido ninguna repercusión negativa; está convencido de que así ocurrirá también en el caso de la estrategia para los Cárpatos; |
| --- | --- |

29.

| 30. | se remite a las posiciones ya expresadas en numerosos dictámenes (10) y reitera que acoge con satisfacción la iniciativa de elaborar una estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos por considerar que se trata de una propuesta madura que cuenta con la participación de todos los niveles de gobierno (europeo, nacional, regional y local); |
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30.

| 31. | recuerda la petición formulada por el Consejo para que se diera un nuevo impulso político a las estrategias regionales y su disposición a examinar iniciativas para elaborar nuevas estrategias (11); |
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31.

| 32. | pide a la Comisión Europea que apoye las iniciativas encaminadas a elaborar una estrategia macrorregional para la región de los Cárpatos, que sería la próxima estrategia macrorregional y la segunda centrada en una zona de montaña europea; |
| --- | --- |

32.

| 33. | considera que el instrumento de la estrategia macrorregional permite un uso más eficiente de los recursos financieros disponibles en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (CTE), ya que instaura un verdadero sistema de cofinanciación y aplicación de medidas de apoyo a las regiones de los países de los Cárpatos. De este modo, se facilitaría también el acceso de estas regiones a los fondos de la UE (12); |
| --- | --- |

33.

| 34. | pide a la Comisión Europea que, reconociendo la contribución positiva del Convenio de los Cárpatos, la pertinencia de sus objetivos y su coherencia con las prioridades de la UE, adopte medidas para garantizar que la UE se adhiera al Convenio como parte contratante; en este contexto, recuerda que la Unión ya es parte contratante del Convenio de los Alpes. |
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34.

Bruselas, 4 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  Véase, en particular, el Título XVIII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

1

(2)  Al igual que otros instrumentos como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), los programas Interreg o los programas del Instrumento Europeo de Vecindad.

2

(3)  Por ejemplo, los proyectos en curso en el marco de los actuales programas de la CTE, incluidos los proyectos realizados por municipios u ONG.

3

(4)  La cuestión de una estrategia para los Cárpatos se ha debatido en el ciclo de conferencias internacionales denominado «La Europa de los Cárpatos», que se celebra desde 2011. En el marco del Foro Económico de Krynica tienen lugar mesas redondas sobre la estrategia de los Cárpatos, en las que participan socios internacionales que representan a parlamentos, gobiernos y regiones. Ejemplos de iniciativas de los entes locales son la organización del Foro Internacional de Cooperación en la región de los Cárpatos, las jornadas de buena vecindad en los Cárpatos, así como numerosas conferencias y encuentros.

4

(5)  En septiembre de 2018, representantes de los Gobiernos de Hungría, Eslovaquia, Ucrania y Polonia firmaron la Declaración de los Cárpatos (Declaration of Intent to Create the EU Macro-Regional Strategy for the Carpathian Region).

5

Declaration of Intent to Create the EU Macro-Regional Strategy for the Carpathian Region

(6)  Protocolo sobre la protección y el uso sostenible de la diversidad biológica y la diversidad del paisaje, 2008, Bucarest; Protocolo sobre el turismo sostenible, 2011, Bratislava; Protocolo sobre la gestión forestal sostenible, 2011, Bratislava; Protocolo sobre el transporte sostenible, 2015, Mikulov; y Protocolo sobre agricultura y desarrollo rural sostenibles, 2017, Lillafüred.

6

(7)  La cooperación en virtud del Convenio de los Cárpatos, del que forman parte siete países de los Cárpatos (República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Ucrania), es un elemento esencial de la integración europea, ya que engloba, además de cinco Estados miembros, dos vecinos inmediatos de la UE (República de Serbia y Ucrania).

7

(8)  Dictamen del CDR 6422/2018 «Estrategias macrorregionales según el ejemplo de la región del Danubio: un marco de apoyo a las agrupaciones empresariales transnacionales»; ponente: Dainis Turlais (LV/Renew Europe).

8

(9)  Dictamen 6422/2018 del CDR.

9

(10)  Entre otros, los Dictámenes «Estrategias macrorregionales según el ejemplo de la región del Danubio: un marco de apoyo a las agrupaciones empresariales transnacionales», CDR 6422/2018, «Aplicación de las estrategias macrorregionales», CDR 2554/2017, y «El futuro de la política de cohesión» (2017/C 306/03).

10

(11)  COM(2019) 21 final — doc. 5927/19 + ADD 1.

11

(12)  Habida cuenta de las Conclusiones del Consejo Europeo y de los propios Dictámenes del CDR, entre otros el Dictamen CDR/2017/C/306/03, en el que se aboga por que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se basen en un enfoque orientado hacia zonas específicas y se subraya la necesidad de que la política y la acción de la UE se concentren en los problemas de regiones concretas en las que la situación estructural y socioeconómica, en virtud del TFUE, justifica el recurso a medidas diferenciadas.

12

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/18 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/18

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El potencial del sector ferroviario para la aplicación de las prioridades políticas de la UE

(2020/C 79/04)

| Ponente | : | Pascal MANGIN (FR/PPE), miembro de la Asamblea Regional de Gran Este |
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Ponente

:

Pascal MANGIN (FR/PPE), miembro de la Asamblea Regional de Gran Este

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

| 1. | destaca la contribución del sector ferroviario —y, dentro de este, el potencial de las líneas ferroviarias regionales y locales en particular— a varias de las prioridades políticas generales de la Unión: la descarbonización y la mitigación del cambio climático, la cohesión territorial, económica y social, el mercado interior y la libre circulación de personas y mercancías, así como la movilidad sostenible; |
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1.

| 2. | subraya el papel que desempeña la red de transporte como columna vertebral de la economía de la UE y el potencial de la red ferroviaria para conectar las principales rutas de transporte con las regiones y territorios periféricos de la Unión, al tiempo que contribuye a una distribución logística más ecológica en la UE fomentando el cambio del transporte de mercancías por carretera al ferrocarril; hace hincapié en que, en este contexto, además de impulsar definitivamente las redes definidas de interés prioritario, no debe pasarse por alto el papel de las líneas regionales secundarias; |
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2.

| 3. | señala que el sector ferroviario ofrece oportunidades de empleo cualificado y estable, repartido uniformemente por todo el territorio de la UE, y tiene un efecto indirecto positivo en otros sectores de la economía. |
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3.

| 4. | pide que se adopten medidas para seguir optimizando estas contribuciones en el contexto del Pacto Verde Europeo y dar así respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos en estos ámbitos; |
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4.

| 5. | destaca la importancia de la multimodalidad para mantener un sistema de movilidad sostenible en la UE —que aproveche los puntos fuertes de cada modo de transporte— y la necesidad de esforzarse constantemente por garantizar la igualdad de condiciones, en particular mediante la internalización de los costes externos; |
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5.

| 6. | observa que los ferrocarriles tienen potencial para convertirse en el componente más importante de la movilidad. Tendrán que abrazar plenamente la digitalización y la automatización a fin de prestar todos los servicios, incluido el último tramo, en los sectores del transporte de pasajeros y mercancías y contribuir así a la transición hacia un sistema de transporte más sostenible; |
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6.

| 7. | pide a la Comisión Europea que vele por la correcta aplicación del actual marco reglamentario ferroviario; |
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7.

| 8. | señala el papel de las estaciones como centros de cultura y servicios y el éxito de los programas que fomentan los viajes por tren, como la iniciativa #DiscoverEU, encaminada a promover la cultura y el patrimonio de la UE; |
| --- | --- |

8.

Cohesión territorial

| 9. | observa que, además de asumir la responsabilidad por los servicios de transporte público en sus territorios, los entes locales y regionales también se encargan de estimular una mayor cohesión territorial entre las zonas urbanas y rurales. A la vista de los compromisos asumidos por la Unión en virtud del Acuerdo de París, los entes locales y regionales aplican soluciones destinadas a materializar un sector del transporte más sostenible, que será fundamental para cumplir el objetivo de una Europa sostenible de aquí a 2030; |
| --- | --- |

9.

| 10. | considera que los ferrocarriles desempeñan un papel importante en varias de las prioridades políticas generales de la Unión, empezando por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible mediante el nuevo Pacto Verde Europeo evocado en las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En particular, contribuyen a reducir las disparidades entre las ciudades y las regiones periurbanas y entre las zonas rurales y urbanas; |
| --- | --- |

10.

| 11. | en su Dictamen CDR 18/2017, señaló que debe implantarse la infraestructura necesaria en aquellas regiones en las que el ferrocarril esté menos desarrollado, de modo que los ciudadanos y las empresas puedan utilizar el transporte ferroviario en las mismas condiciones que el resto de la UE, con miras a crear un espacio ferroviario europeo único; todo ello siempre que no existan soluciones de transporte más sostenibles y globalmente menos costosas para los usuarios y la comunidad en general; |
| --- | --- |

11.

| 12. | señala que, si bien los actuales objetivos políticos de la UE establecen que los corredores de la red principal y los corredores ferroviarios de transporte de mercancías deben constituir los ejes principales para el desarrollo de la intermodalidad en toda la UE, el informe de investigación sobre el cambio modal preparado a petición de la Comisión TRAN del Parlamento Europeo hace hincapié en que la conectividad no se distribuye de manera uniforme entre las regiones de la UE. El informe destaca en especial la necesidad de garantizar a todo el territorio de la UE posibilidades de estar conectado a la red ferroviaria «de conformidad con el principio de cohesión y accesibilidad [...] y sobre la base de indicadores claros de la demanda y las condiciones socioeconómicas de la zona de que se trate» (1). Para lograr el objetivo de garantizar una conectividad adecuada a Europa, se deben financiar desde el ámbito europeo no solo los corredores de la red principal, sino también los corredores secundarios; |
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12.

| 13. | destaca la importancia de las conexiones ferroviarias transfronterizas, también las de interés regional. La particular contribución de estas conexiones a la cohesión territorial requiere que la UE las tenga en cuenta y les preste apoyo a través de sus programas; |
| --- | --- |

13.

Cohesión económica y social

| 14. | por lo que respecta a la cohesión, observa que el empleo en el sector ferroviario está considerablemente disperso entre las regiones de la Unión, desde los operadores y gestores de infraestructuras hasta los proveedores y fabricantes y los servicios de mantenimiento, seguridad y protección. Diversos estudios estiman que el empleo en el sector engloba a 2,3 millones de personas, y a cuatro millones cuando se tienen en cuenta sus efectos económicos más amplios (2). Debido a los compromisos sectoriales y operativos, el sector ferroviario es un empleador socialmente responsable que promueve el desarrollo de mano de obra cualificada y cataliza el crecimiento sostenible en el plano local, nacional y europeo; |
| --- | --- |

14.

| 15. | pide una estrecha colaboración entre la Comisión y el sector ferroviario para abordar las cuestiones relativas a la formación, la contratación y el atractivo de las profesiones del sector ferroviario, en particular para los jóvenes adultos, así como para considerar a los profesionales encargados de las labores de inspección como agentes de la autoridad en el ámbito europeo, aspecto con el que se podrían limitar circunstancias de agresión a quienes ostenten tal condición mediante la garantía de previsión de sanciones en los códigos penales nacionales; |
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15.

| 16. | señala que la industria ferroviaria verá una creciente demanda de profesionales en TIC y ciberseguridad, en consonancia con el aumento de la digitalización y la automatización del sector. Esta evolución tendrá efectos positivos indirectos en otros sectores económicos: un empleo creado en la industria ferroviaria genera 0,52 empleos adicionales en otros sectores, principalmente en pymes (3); |
| --- | --- |

16.

| 17. | observa que el sector ferroviario también se ve afectado por el déficit de cualificaciones y por la evolución de la demanda de cualificaciones en algunos sectores generada por la digitalización y la automatización (4); |
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17.

| 18. | señala los beneficios de los programas estructurados de prácticas en el sector ferroviario —tanto para las profesiones actuales como para otras de nueva creación—, que podrían lanzarse en asociación con los proveedores de formación profesional y los centros de enseñanza secundaria y con el apoyo de los fondos de la UE para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, en el contexto de la transición hacia una mayor digitalización y automatización de determinadas profesiones (5); |
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18.

| 19. | destaca que un aspecto importante es la baja representación de las mujeres en los empleos del sector ferroviario. Según el estudio de seguimiento del mercado ferroviario elaborado en 2019 (6), el porcentaje oscila entre el 8 % y el 49 % en toda la UE, y solo cuatro Estados miembros superan el 30 %. Hacer más atractivas para las mujeres las profesiones del sector ferroviario en la UE podría contribuir a reducir los cuellos de botella. El Comité de las Regiones señala los resultados de la Plataforma de la UE por el cambio (7) y su lista de buenas prácticas para corregir estos desequilibrios. Es necesario combinar las medidas adoptadas por las empresas, las medidas aplicadas en los sectores y las acciones políticas; |
| --- | --- |

19.

El papel especial de las estaciones como plataformas culturales

| 20. | reitera el mensaje principal de su Dictamen CDR 185/2018 (8) y señala el papel de las estaciones en este contexto, tomando nota de que «las múltiples modalidades del patrimonio cultural constituyen un activo valioso para Europa: son un recurso con el potencial de llegar a ser un mecanismo clave para impulsar unas regiones más cohesionadas y sostenibles en la UE, que puede contribuir a reforzar la identidad de una región y la de Europa en su conjunto, y que transmite especialmente bien el lema de la UE "Unida en la diversidad"»; |
| --- | --- |

20.

| 21. | observa que, además de acoger a los pasajeros, las estaciones son transmisores importantes de la cultura y proporcionan una amplia red de divulgación. Por lo tanto, son puntos idóneos para difundir la cultura y brindan oportunidades culturales a un amplio público, contribuyendo así a la calidad de vida y la cohesión social. Este es el caso, en particular, de las ciudades de tamaño medio, en las que las estaciones son una fuente de potencial inexplotado como foros culturales alternativos a museos o festivales; |
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21.

| 22. | por consiguiente, anima a los directores de estaciones y a los entes locales y regionales a impulsar las iniciativas culturales en las estaciones y hacer el mejor uso posible de los programas actuales, como el Premio de Arquitectura Contemporánea de la UE (9), la posible cooperación con la Ruta Europea del Patrimonio Industrial para aumentar la concienciación sobre el patrimonio y la diversidad culturales de la Unión (10), la Red de centros creativos de la UE, que incluye algunas estaciones transformadas, los nombramientos para los premios de arquitectura contemporánea de la Unión y el Programa Europa Creativa, abierto a proyectos en los que participen más de tres Estados miembros que deseen promover aspectos específicos de la cultura; |
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22.

| 23. | considera que el éxito actual del programa #DiscoverEU (11) no debe darse por hecho. Este programa ha permitido a 30 000 jóvenes europeos viajar de forma gratuita por tren durante un período que oscila entre un día y un mes. Por lo tanto, propone que se lance una iniciativa conjunta que aglutine el programa #DiscoverEU de la Comisión Europea, el sector ferroviario y el CDR y que podría tener como objetivo conectar los viajes de Interrail de los jóvenes con un programa de actos en las ciudades y regiones de Europa centrados en las estaciones de ferrocarril locales y sus alrededores desde un punto de vista cultural o en visitas técnicas sobre el terreno para que los jóvenes aprendan más sobre el ferrocarril; |
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23.

| 24. | recuerda la creciente popularidad de los trenes nocturnos, sobre todo entre los jóvenes, así como la necesidad, en el marco de la transición verde, de volver a ponerlos en servicio para determinados corredores europeos. Señala que el festival artístico internacional Europalia dedicará su edición de 2021 a la influencia del ferrocarril en el arte y sugiere que, aprovechando la ocasión, se destaquen la contribución de los trenes nocturnos y su recuperación. También pide al sector ferroviario que refuerce su contribución al turismo sostenible intensificando su colaboración con las agencias de viaje y otros modos de transporte; |
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24.

Pacto Verde Europeo

| 25. | observa que la UE ha confirmado en repetidas ocasiones el objetivo de que sus industrias sean líderes mundiales en innovación, digitalización y descarbonización. La descarbonización y la mitigación del cambio climático se han situado como prioridades absolutas de la agenda política de la nueva Comisión en el marco del «Pacto Verde Europeo». Por ello es urgente que la Comisión formule propuestas innovadoras y equilibradas y ello en un plazo de 100 días a partir de su toma de posesión, indicando las cuantías económicas necesarias para conseguir los objetivos de descarbonización; |
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25.

| 26. | toma debida nota de los crecientes movimientos populares, como la «vergüenza de volar» o las huelgas por el clima, y está convencido de que estos movimientos pueden contribuir a inducir un cambio modal únicamente si el ferrocarril ofrece una verdadera alternativa a los modos más contaminantes a un precio asequible. Esto depende de las contribuciones de los entes locales y regionales y de las autoridades públicas, pero también de la capacidad del sector de mostrar aún más respeto por el medio ambiente; |
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26.

Resultados medioambientales y aplicación del principio de «quien contamina, paga»

| 27. | observa que el sector del transporte genera el 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. Sus aspiraciones políticas actuales se establecen en la Estrategia de movilidad de bajas emisiones de la Comisión, adoptada en 2016, a la que siguieron tres «paquetes de movilidad» legislativos. Por lo que se refiere al sector ferroviario, sus índices de emisión son, con diferencia, los más bajos de todos los modos de transporte. Por otra parte, el ferrocarril es el único sector del transporte cuyas emisiones globales se reducen (12), a pesar del aumento del volumen de transporte; |
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27.

| 28. | llama la atención sobre el estudio de 2019 elaborado por CE Delft (13) sobre la internalización de los costes externos. Este estudio demuestra que el ferrocarril es perfectamente capaz de cubrir sus costes variables de infraestructura y limitar sus efectos externos —como la contaminación atmosférica, el CO2 y el ruido— con menores diferencias en la cobertura de los costes en euros por pasajero-kilómetro o tonelada-kilómetro que otros modos de transporte; |
| --- | --- |

28.

| 29. | considera que el rendimiento medioambiental de los ferrocarriles sería aún mayor si resolvieran sus principales deficiencias desplegando más sistemáticamente trenes de mercancías más largos y pesados, haciendo rodar trenes más silenciosos, incentivando la retroadaptación de los vagones con almohadillas de freno de material mixto y usando energía limpia y eficiente; |
| --- | --- |

29.

| 30. | considera que el sector del ferrocarril también debería trabajar intensamente en alternativas a los productos nocivos, como el glifosato o la creosota, que se utilizan en muchos kilómetros de vía; |
| --- | --- |

30.

| 31. | acoge con satisfacción que los principales operadores ferroviarios se hayan comprometido a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, pero opina que este objetivo puede alcanzarse en un futuro más cercano; |
| --- | --- |

31.

| 32. | considera que los legisladores pueden contribuir a este objetivo aplicando el principio de «quien contamina, paga». El Comité de las Regiones recuerda su Dictamen CDR 2017/18 (14), en el que se afirma que «todos los modos de transporte deberían contribuir, en proporción a su contribución a la contaminación, a sufragar los costes externos que acarrean, según el principio de que "quien contamina, paga"» y que «se ha de dar la máxima prioridad a las soluciones de cambio modal de movilidad de bajas emisiones, reconsiderando, por ejemplo, las actuales subvenciones ocultas o abiertas al transporte por carretera»; |
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32.

| 33. | pide que se revisen las actuales exenciones del IVA previstas en la Directiva 2006/112/CE del Consejo (15), en virtud de la cual todos los Estados miembros aplican exenciones del IVA a la aviación transfronteriza, pero no a los viajes por tren transfronterizos. Modificar la Directiva permitiría a los Estados miembros aplicar de manera más sostenible los tipos de IVA para los servicios de transporte transfronterizo de viajeros. Llama la atención, en este contexto, sobre la iniciativa ciudadana europea «Poner fin a la exención fiscal a los carburantes de aviación en Europa» (16); toma nota asimismo de los compromisos asumidos por el Sr. Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, sobre la necesidad de revisar el tratamiento fiscal de determinados combustibles para el transporte con el fin de garantizar una mejor adecuación a las ambiciones de la Unión en materia de clima; |
| --- | --- |

33.

| 34. | en lo que se refiere a la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía (2003/96/CE) (17) anunciada por la presidenta Von der Leyen, pide que se supriman las exenciones fiscales obligatorias para la navegación aérea y marítima (estas exenciones son opcionales en el caso de la energía y la electricidad utilizadas para el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril, metro, tranvía, etc.) como medida adicional para fomentar el cambio hacia modos de transporte más sostenibles; |
| --- | --- |

34.

Atractivo del ferrocarril y cambio modal

| 35. | considera que la mejora de la fiabilidad y la comodidad de los trenes también fomentará el cambio modal. Las estaciones son parte integrante de la comodidad del viaje. Las personas con movilidad reducida deben beneficiarse igualmente de esta calidad adicional del servicio a bordo y en las estaciones; dado que los viajeros buscan cada vez más opciones de transporte sostenible, los trenes nocturnos para recorridos largos ofrecen una solución cada vez más verosímil. El sector ferroviario (empresas ferroviarias y administradores de infraestructuras) puede acompañar este movimiento ofreciendo precios atractivos, vagones cómodos y líneas adaptadas; |
| --- | --- |

35.

| 36. | señala que el ferrocarril ofrece una buena combinación de velocidad, seguridad, comodidad, eficiencia y eficacia medioambiental. La carretera sigue representando más del 50 % del transporte de mercancías, y el ferrocarril, el 12 %. En el caso de los viajeros, a pesar de algún aumento en los últimos años, el ferrocarril aún tiene menos del 10 % de la cuota media de mercado. Los entes locales y regionales pueden impulsar considerablemente los debates con los agentes públicos y privados sobre la financiación y las soluciones a fin de desarrollar unos servicios de transporte atractivos. En este contexto, el CDR pide a la Comisión Europea que promueva las autopistas ferroviarias y favorezca la financiación pública de sus terminales y del material rodante como una opción optimizada de transferencia modal que contribuirá a acelerar considerablemente la descarbonización del transporte de mercancías; |
| --- | --- |

36.

Digitalización, innovación y política industrial

| 37. | considera que las experiencias de los dos grandes operadores ferroviarios de Francia y Alemania tienden a demostrar que los ferrocarriles deben volver a centrarse en su actividad principal: el ferrocarril pesado. Una estrategia adecuada de la industria, aparejada con la digitalización, ayudará a poner más trenes en las vías; |
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37.

| 38. | en lo que se refiere a la digitalización, recomienda lo siguiente:






  — | es preciso desplegar con rapidez el sistema ERTMS para combinar mejor la capacidad adicional y la mayor seguridad del transporte; |
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38.

—

es preciso desplegar con rapidez el sistema ERTMS para combinar mejor la capacidad adicional y la mayor seguridad del transporte;

| — | es necesario impulsar la digitalización entre los distintos medios de transporte para optimizar el rendimiento del sector en su conjunto. Los servicios destinados a las personas con movilidad reducida y con cualquier tipo de discapacidad (física, sensorial o intelectual) deben ser objeto de especial atención; |
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—

es necesario impulsar la digitalización entre los distintos medios de transporte para optimizar el rendimiento del sector en su conjunto. Los servicios destinados a las personas con movilidad reducida y con cualquier tipo de discapacidad (física, sensorial o intelectual) deben ser objeto de especial atención;

| — | para mejorar la atención al cliente y ofrecer a los pasajeros conexión de datos de alto rendimiento y acceso a internet, ha de hacerse pleno uso de la tecnología 5G; |
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—

para mejorar la atención al cliente y ofrecer a los pasajeros conexión de datos de alto rendimiento y acceso a internet, ha de hacerse pleno uso de la tecnología 5G;

| — | «los trenes digitales de mercancías» deben empezar a rodar rápidamente. Recopilarán información sobre el estado de las mercancías y sobre el propio tren (temperatura, perturbaciones, alertas de seguridad, etc.) y la compartirán a bordo y con centros de control externos; |
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—

«los trenes digitales de mercancías» deben empezar a rodar rápidamente. Recopilarán información sobre el estado de las mercancías y sobre el propio tren (temperatura, perturbaciones, alertas de seguridad, etc.) y la compartirán a bordo y con centros de control externos;

| — | rápida ampliación del mantenimiento predictivo del material rodante y de la infraestructura mediante el despliegue a gran escala de sensores inalámbricos conectados a distancia (IdC) para detectar temperaturas, presiones, vibraciones, alertas de seguridad en puntos críticos y en tiempo real, la recogida y organización automáticas de todos los datos de los sensores y análisis inmediatos mediante sistemas automáticos basados en inteligencia artificial; |
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rápida ampliación del mantenimiento predictivo del material rodante y de la infraestructura mediante el despliegue a gran escala de sensores inalámbricos conectados a distancia (IdC) para detectar temperaturas, presiones, vibraciones, alertas de seguridad en puntos críticos y en tiempo real, la recogida y organización automáticas de todos los datos de los sensores y análisis inmediatos mediante sistemas automáticos basados en inteligencia artificial;

| 39. | hace hincapié en que el potencial de los sistemas integrados de expedición de billetes y de la movilidad como servicio depende de que los operadores de transporte puedan poner sus datos fácilmente a disposición del resto del ecosistema. Deberían fijarse directrices a escala de la UE para animar a los ferrocarriles a que sigan haciendo públicos sus datos. Así podrán contribuir al desarrollo de ciudades inteligentes. En paralelo, los entes locales y regionales asumirán nuevas competencias para generar, intercambiar y gestionar datos públicos; |
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39.

| 40. | destaca que los sistemas integrados de expedición de billetes deben ser compatibles entre sí, reduciendo de esta manera el riesgo de fragmentación del mercado interior; |
| --- | --- |

40.

| 41. | a la luz del impacto significativo de la digitalización y la automatización en los procesos y servicios que involucrarán a los entes locales y regionales en los próximos años, considera de suma importancia garantizar que la Empresa Común Shift2Rail tenga un sucesor en el marco del próximo MFP. Cada socio —la UE y el sector ferroviario— tendrá que mantener su esfuerzo financiero, y el sector ferroviario deberá aprovechar la ocasión para desarrollar más proyectos multisocios a escala europea en los que participen diversas pymes; |
| --- | --- |

41.

| 42. | señala que, a cambio, Shift2Rail tendrá que cumplir sus promesas: reducir en un 50 % el coste del ciclo de vida de los sistemas ferroviarios (desarrollo, explotación y renovación de las infraestructuras y del material rodante); duplicar la capacidad del sistema ferroviario; aumentar en un 50 % la puntualidad y la fiabilidad de los servicios ferroviarios; eliminar los obstáculos de interoperabilidad y eficiencia que persisten; y reducir los efectos externos negativos, como el ruido, las vibraciones y las emisiones, así como garantizar el fomento de la accesibilidad universal más allá del cumplimiento de las normativas nacionales vigentes al respecto; |
| --- | --- |

42.

Competencia intramodal

| 43. | observa que los beneficios netos derivados de una mayor apertura del mercado, de una licitación más abierta para los contratos de servicio público y de la continuación de la desagregación se estiman entre 18 000 y 32 000 millones de euros durante el período 2019-2034. Por consiguiente, el CDR pide a la Comisión y a la Agencia Ferroviaria Europea que garanticen la correcta aplicación del cuarto paquete ferroviario a fin de aprovechar las ventajas de la apertura del mercado y la simplificación de las normas; |
| --- | --- |

43.

| 44. | observa que la autoridad o autoridades competentes que hayan adjudicado el contrato de servicio público pueden solicitar que el organismo regulador realice una prueba de equilibrio económico para garantizar que un nuevo servicio ferroviario no ponga en peligro un servicio público existente. Asimismo, es fundamental reforzar los organismos reguladores para mejorar el funcionamiento del ecosistema ferroviario, pero, para ello, es necesario salvaguardar su independencia y sus competencias; |
| --- | --- |

44.

| 45. | señala que los entes locales y regionales son también un actor importante en el mercado del material móvil y pueden ayudar a los nuevos operadores a acceder a una flota. Esto debería ir acompañado de un mercado más dinámico para el material rodante de segunda mano en la UE, tanto en el caso del transporte de pasajeros como en el caso del transporte de mercancías. Las empresas ferroviarias actuales tienen una responsabilidad al respecto, ya que son los principales propietarios del material rodante; |
| --- | --- |

45.

Intermodalidad/multimodalidad

| 46. | destaca que, en el conjunto del sistema ferroviario, será cada vez más importante razonar en términos de movilidad y no solo en términos de transporte ferroviario. En la actualidad, los pasajeros de los territorios de la UE esperan disfrutar de servicios multimodales puerta a puerta y prueban con rapidez nuevos modos de transporte (coches compartidos, escúteres eléctricos, transporte público, etc.). Al tener plenamente en cuenta el concepto de «movilidad como servicio» y el potencial de integración con otros modos de transporte para todos los servicios, incluido el último tramo, el modo de transporte ferroviario podría aumentar su cuota de mercado; |
| --- | --- |

46.

| 47. | señala que la creación de una «identidad europea de movilidad» ha estado flotando en el aire desde la Comisión Juncker. El CDR desea que la nueva Comisión siga investigando las vías tecnológicas y legales para hacerla realidad. Se trata de un proyecto muy ambicioso y sofisticado en cuyo marco un único dispositivo o tarjeta centralizaría:






  — | los datos del perfil, incluidos los datos sobre las personas con movilidad reducida y los permisos de conducir; |
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47.

—

los datos del perfil, incluidos los datos sobre las personas con movilidad reducida y los permisos de conducir;

| — | un medio de pago y un billete sin soporte de papel para todos los modos de transporte; |
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—

un medio de pago y un billete sin soporte de papel para todos los modos de transporte;

| — | una cuenta para recibir las compensaciones por las violaciones de los derechos de los pasajeros; |
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—

una cuenta para recibir las compensaciones por las violaciones de los derechos de los pasajeros;

| — | una herramienta para calcular la huella de carbono de la movilidad del pasajero; |
| --- | --- |

—

una herramienta para calcular la huella de carbono de la movilidad del pasajero;

| 48. | pide a la Comisión que allane los obstáculos, en particular los que dificultan las garantías para los pasajeros contra la pérdida de conexiones o complican el suministro de información; en particular, los pasajeros que viajan entre distintos Estados miembros en trenes en correspondencia no son tan conscientes de sus derechos, por ejemplo, como los pasajeros aéreos; |
| --- | --- |

48.

| 49. | considera que las inversiones en el transporte ferroviario de mercancías deberían centrarse en los cuellos de botella del último tramo. Esto se aplica no solo a los nodos urbanos, sino también a las conexiones ferroviarias en los puertos. Es preciso dar prioridad al transporte de mercancías a la hora de planificar las capacidades. Además, el CDR pide que se incrementen las fuentes de financiación europeas destinadas al desarrollo de los centros intermodales de transporte y la creación de hubs, que requieren inversiones a gran escala; |
| --- | --- |

49.

| 50. | lamenta que las negociaciones interinstitucionales sobre la Directiva relativa a los transportes combinados (92/106/CEE) (18) no hayan podido completarse antes de la renovación institucional de 2019 y espera que se reanuden a partir del otoño de 2019; |
| --- | --- |

50.

| 51. | considera que debe plantearse la posibilidad de una exención general por categorías para las inversiones en plataformas logísticas intermodales, lo que constituiría una importante medida de simplificación para los entes locales y regionales. Sin embargo, un requisito previo a tal exención es que los ferrocarriles se abstengan de realizar subvenciones cruzadas. Esto ayudará a convencer a los responsables políticos de que las normas sobre ayudas estatales deben seguir promoviendo los ferrocarriles en lugar de otros modos de transporte más contaminantes, de conformidad con las Directrices comunitarias de 2008 sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias (19); |
| --- | --- |

51.

Seguridad y protección ferroviarias

| 52. | hace hincapié en que la seguridad forma parte del ADN del ferrocarril y puede aumentarse aún más, en consonancia con las mejoras necesarias en materia de interoperabilidad. La operación automática de trenes, el sistema ERTMS, el mantenimiento predictivo y la ciberseguridad serán la rama digital de una mejora de este tipo, al igual que la eliminación de los pasos a nivel; |
| --- | --- |

52.

Comercio

| 53. | destaca la importancia de aplicar un enfoque equilibrado con respecto a los diez puntos de acción acordados sobre las relaciones con China, que se presentaron al Consejo Europeo de marzo de 2019 (UE-China – Una perspectiva estratégica) (20); |
| --- | --- |

53.

| 54. | apoya la necesidad, reconocida en la Comunicación, de llevar a cabo una supervisión adecuada para garantizar que la capacidad actual y el potencial futuro de la UE en términos de producción de alto valor (y las correspondientes oportunidades de empleo en los territorios de la UE) no se vean indebidamente socavados por distorsiones de la competencia internacional (acceso a los mercados de la construcción, explotación de los servicios ferroviarios, etc.); |
| --- | --- |

54.

| 55. | señala que i) la acción 6 de la Comunicación sobre la perspectiva estratégica insta al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar el instrumento de contratación pública internacional antes de finales de 2019, ii) la Comisión Europea ha indicado que a mediados de 2019 se publicarán las orientaciones para la participación de licitadores y bienes extranjeros en el mercado de contratación de la UE, y iii) la Comisión debe determinar antes de finales de 2019 cómo colmar las lagunas en la legislación de la UE; |
| --- | --- |

55.

| 56. | en lo que se refiere a la contratación pública en el sector ferroviario, destaca la importancia de aplicar el principio de la oferta económicamente más ventajosa, tal como se establece en el paquete de contratación pública de la UE de 2014, y pide a la Comisión que proporcione directrices sobre el uso de este principio. Al mismo tiempo, la contratación pública debe asegurar la incorporación de mejoras económicas, sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones; |
| --- | --- |

56.

Bruselas, 4 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629182/IPOL_STU(2018)629182_EN.pdf

1

(2)  ERRAC (Consejo Asesor Europeo sobre la Investigación Ferroviaria): https://errac.org/wp-content/uploads/2019/03/122017_ERRAC-RAIL-2050.pdf

2

(3)  http://www.esce.at/ecodev/wp-content/uploads/2016/04/2013-Der-%C3%B6konomische-Fu%C3%9Fabdruck-des-Systems-Bahn-Folder.pdf

3

(4)  https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/market_monitoring_en

4

(5)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15431-2017-INIT/es/pdf

5

(6)  https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/market_monitoring_en

6

(7)  https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en

7

(8)  Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura.

8

(9)  https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_es

9

(10)  https://www.erih.net/

10

(11)  https://europa.eu/youth/discovereu_es

11

(12)  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/share-of-transport-ghg-emissions-1#tab-chart_1

12

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/specific-co2-emissions-per-tonne-2#tab-chart_1

(13)  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf

13

(14)  DO C 342 de 12.10.2017, p. 57.

14

(15)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

15

(16)  https://www.fairosene.eu/

16

(17)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).

17

(18)  Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros (DO L 368 de 17.12.1992, p. 38).

18

(19)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:184:0013:0031:ES:PDF

19

(20)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf

20

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/25 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/25

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Mejora de la capacidad administrativa de los entes locales y regionales para reforzar la inversión y las reformas estructurales en 2021-2027

(2020/C 79/05)

| Ponente | : | Manuela BORA (IT/PSE), miembro de la Asamblea Regional y el Gobierno Regional de Las Marcas |
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Ponente

:

Manuela BORA (IT/PSE), miembro de la Asamblea Regional y el Gobierno Regional de Las Marcas

DICTAMEN

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

El desafío de garantizar una capacidad administrativa adecuada para las ciudades y regiones de la UE

| 1. | subraya que la capacidad administrativa es un elemento clave para emprender con éxito las inversiones y las reformas necesarias a fin de alcanzar los objetivos políticos a largo plazo de la UE. Tras la expiración de la Estrategia Europa 2020, estos objetivos a largo plazo deberían enmarcarse en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que también deben sentar precedente en relación con los sistemas de gobernanza económica pertinentes para la capacidad administrativa, como por ejemplo el proceso del Semestre Europeo. Destaca asimismo la gran importancia de reforzar la capacidad administrativa de los entes locales y regionales en relación con los desafíos medioambientales y climáticos que deberán abordarse para hacer realidad el Nuevo Pacto Verde; |
| --- | --- |

1.

| 2. | observa que los entes locales y regionales son agentes importantes en el reparto de competencias en los Estados miembros y que son responsables de más de la mitad de la inversión pública en la UE, al tiempo que tienen un efecto desencadenante considerable en las inversiones privadas; subraya que mejorar la capacidad administrativa de estos entes contribuiría a una ejecución más eficaz de las políticas públicas específicas para cada lugar, lo cual es un requisito previo para que los ciudadanos depositen su confianza en las instituciones locales, regionales, nacionales y de la UE; |
| --- | --- |

2.

| 3. | destaca que, desde enero de 2017, al menos 38 dictámenes y resoluciones del CDR han abordado la necesidad de reforzar la capacidad administrativa de los entes locales y regionales en muchos ámbitos, en particular la política de cohesión, el FEIE, InvestEU y el Programa sobre el Mercado Único (1); asimismo, llama la atención sobre su Resolución, de 9 de octubre de 2019, sobre el Semestre Europeo y con vistas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2020 (2); |
| --- | --- |

3.

| 4. | destaca que el 12 % de todas las subregiones incluidas en las recomendaciones específicas por país de 2019 abordan los retos relativos a la capacidad administrativa de los entes locales y regionales (3) en diecisiete Estados miembros; |
| --- | --- |

4.

| 5. | considera que la mejora de la capacidad administrativa es un desafío sistémico. En efecto, tiene que ver con: a) los recursos humanos (incluida la escasez de personal, las dificultades para cubrir puestos altamente cualificados, la insuficiencia de competencias técnicas internas, la insuficiente recompensa del mérito, los salarios más bajos que en el sector privado, las necesidades de formación de los funcionarios en el ámbito de las cualificaciones digitales, la capacidad para realizar tareas técnicas y muy cualificadas y el conocimiento del funcionamiento de la UE y de las oportunidades de financiación); b) los sistemas y procedimientos; y c) la creación de redes con agentes externos; |
| --- | --- |

5.

| 6. | observa que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la responsabilidad de la calidad de la administración pública recae en los Estados miembros e involucra a distintos niveles de gobierno. No obstante, la UE puede desempeñar un papel complementario aproximando las normas mediante legislación o procesos de coordinación, como el Semestre Europeo, permitiendo el intercambio de las mejores prácticas y apoyando la eficiencia y la innovación en la administración pública, así como el desarrollo de la capacidad administrativa en todos los niveles de gobierno. El artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea podría constituir una base jurídica pertinente para la calidad de la administración pública en lo que se refiere a los servicios de interés económico general; |
| --- | --- |

6.

Evaluación del actual marco financiero plurianual (MFP)

| 7. | señala que, en el marco del actual MFP, la UE apoya el desarrollo de las capacidades de los entes locales y regionales a través de la política de cohesión, el programa de apoyo a las reformas estructurales y otros instrumentos y programas (4), incluidos los gestionados por el BEI en apoyo de las inversiones de los entes territoriales (5); |
| --- | --- |

7.

| 8. | lamenta la falta de información transparente sobre el importe global y el aprovechamiento efectivo de (6) los recursos de la UE disponibles para el desarrollo de la capacidad de los entes locales y regionales, así como sobre su impacto global, y pide a la Comisión que facilite esta información cuanto antes; sugiere también que el informe anual de seguimiento del programa de apoyo a las reformas estructurales incluya una sección permanente sobre la participación de los entes locales y regionales como beneficiarios del programa; |
| --- | --- |

8.

| 9. | observa que, a tenor de la información existente, los recursos de la UE disponibles para desarrollar la capacidad de los entes locales y regionales en el marco del actual MFP no se han aprovechado suficientemente, teniendo en cuenta el papel que desempeñan estos entes en el actual reparto de competencias y el número de recomendaciones específicas por país dirigidas a los entes locales y regionales (7). En cuanto a los dos programas a los que los entes locales y regionales también podrían acogerse como beneficiarios directos, la información disponible muestra que: a) los entes locales y regionales obtuvieron el 15 % de la financiación destinada a la creación de capacidad disponible en el marco del objetivo temático 11 de los Fondos EIE, y b) los entes locales y regionales no aprovecharon de manera significativa la asistencia técnica de los fondos EIE a iniciativa de los Estados miembros, que también permitía apoyar la creación de capacidad vinculada a la utilización de los fondos; |
| --- | --- |

9.

| 10. | sería positivo incluir mayores elementos en la normativa de fondos europeos que permitieran promover aún más, y más allá de los proyectos integrados, la posibilidad de combinar fondos europeos de distinto tipo sobre el mismo proyecto. |
| --- | --- |

10.

| 11. | señala que no se dispone de información suficiente sobre la participación de los entes locales y regionales en el programa de apoyo a las reformas estructurales. Según estimaciones no oficiales, solo alrededor del 6 % de los proyectos presentados en el marco de dicho programa se referían a los entes locales y regionales, un porcentaje muy bajo si se tiene en cuenta que el 55 % de todas las recomendaciones específicas por país se dirige directa o indirectamente a estos entes; por lo tanto, lamenta que los entes locales y regionales solo puedan acceder al programa de apoyo a las reformas estructurales a través de sus gobiernos nacionales; |
| --- | --- |

11.

| 12. | considera que los obstáculos que impiden a los entes locales y regionales aprovechar el apoyo de la UE para desarrollar sus capacidades pueden ser: el desconocimiento de las oportunidades existentes, la falta de las cualificaciones necesarias para solicitar ayuda, las dificultades de cofinanciación, la excesiva carga administrativa y la falta de apoyo de los gobiernos nacionales; |
| --- | --- |

12.

| 13. | observa que parece que se están difuminando paulatinamente las disparidades en la calidad de la administración pública entre los Estados miembros (8); señala que la política de cohesión de la UE ha contribuido a esta evolución, sobre todo en los Estados miembros en los que los Fondos representan la mitad o más de la inversión pública total; subraya que la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión representó casi la mitad de sus recursos para desarrollar las capacidades a todos los niveles con vistas a la gestión de los Fondos EIE (9); |
| --- | --- |

13.

| 14. | subraya que la calidad de las instituciones públicas también puede variar dentro de un país, como demuestra el enfoque «Doing Business» del Banco Mundial; comparte asimismo la opinión del Parlamento Europeo de que «a menudo, en particular en las regiones menos desarrolladas, existen dificultades para acceder o utilizar la financiación [para las reformas del sector público], debido a cuestiones burocráticas, problemas de capacidad administrativa o irregularidades», y espera, al igual que el Parlamento, que «se fomenten en los Estados miembros reformas internas orientadas a una mayor materialización del principio de buena administración y a la aceleración de los procedimientos judiciales» (10); |
| --- | --- |

14.

| 15. | subraya que el desafío que supone la insuficiente capacidad administrativa se ve a veces agravado por procedimientos que imponen una carga administrativa excesiva; a este respecto, manifiesta su preocupación por las propuestas de la UE relativas a la tarjeta de servicios electrónicos, el procedimiento de notificación y la prueba de proporcionalidad incluidos en el paquete de servicios, así como por la carga administrativa adicional derivada de la legislación de la UE y de la legislación nacional en materia de contratación pública; |
| --- | --- |

15.

Propuestas de acción para el próximo MFP

| 16. | insiste en que los entes locales y regionales deben tener acceso directo a una financiación adecuada para desarrollar sus capacidades (es decir, una financiación no inferior a la del período 2014-2020) a través de instrumentos políticos de gestión compartida; sugiere, por tanto, que el artículo 32 de la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes para 2021-2027 o el artículo 2 de la propuesta de Reglamento sobre el FEDER y el Fondo de Cohesión contemplen acciones en todos los programas operativos destinadas a desarrollar la capacidad de las autoridades públicas y de las partes interesadas a todos los niveles y no exclusivamente en relación con la gestión de los Fondos EIE; |
| --- | --- |

16.

| 17. | se remite a su Dictamen sobre la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes para 2021-2027 (11), en el que sugería aumentar al 5 % el tipo fijo para la asistencia técnica en el FEDER y el Fondo de Cohesión (artículo 31), a su Dictamen sobre el próximo Reglamento sobre el FEDER y el Fondo de Cohesión (12), que proponía una financiación adicional para el desarrollo de capacidades, dada, en particular, la necesidad de gestionar localmente los ODS, y a su Dictamen sobre el FSE+ (13), en el que se proponía recuperar el objetivo temático 11 para el período posterior a 2020; |
| --- | --- |

17.

| 18. | pone de relieve la importancia de difundir conocimientos y buenas prácticas, como los planes de Italia para el refuerzo administrativo (14), el Pacto de los Alcaldes y los proyectos de cooperación interregional de Interreg en Europa; acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión TAIEX-REGIO PEER 2 PEER, los pactos de integridad y la iniciativa piloto, en cooperación con la OCDE, en la que se pide elaborar hojas de ruta para anticipar el desarrollo de la capacidad administrativa después de 2020; |
| --- | --- |

18.

| 19. | su propuesta de establecer un Erasmus para los representantes elegidos locales y regionales (15) podría ser pertinente para mejorar la capacidad administrativa; |
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19.

| 20. | deberían fomentarse las estancias de carácter temporal en las administraciones de distintas instituciones, Organismos y Agencias europeos de los empleados públicos de las administraciones locales y regionales de los Estados miembros enmarcadas en los programas de Expertos Nacionales Destacados, Expertos Nacionales para el desarrollo profesional y Erasmus para la Administración Pública; |
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20.

| 21. | subraya que la cofinanciación nacional y regional de los programas de desarrollo de capacidades debe quedar exenta de la aplicación de los límites máximos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; |
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21.

| 22. | las administraciones públicas locales y regionales están obligadas a implementar los ODS en sus territorios; para ello es importante que el CDR apoye el Objetivo 17, consistente en reforzar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. En un mundo cada vez más interconectado es imprescindible mejorar el acceso a la tecnología y los conocimientos de las administraciones locales y regionales para intercambiar ideas y propiciar la innovación pública; |
| --- | --- |

22.

Mejor gobernanza y simplificación

| 23. | considera que el objetivo a largo plazo de la UE debe ser lograr una mejora sostenible de la capacidad institucional y administrativa de los entes locales y regionales, y subraya que ello requiere una planificación a largo plazo, a pesar del riesgo de que se produzcan compensaciones con las solicitudes de asistencia técnica a corto plazo de los Estados miembros; |
| --- | --- |

23.

| 24. | reitera que el Pacto de los Alcaldes es una herramienta clave para apoyar a los entes locales y regionales en la transición hacia la neutralidad climática; señala, no obstante, que se ha considerado la falta de capacidad administrativa como uno de los principales obstáculos para una mejor aplicación del Pacto y, en particular, para que los entes locales y regionales puedan beneficiarse de unas condiciones de financiación favorables en los proyectos de renovación a efectos de eficiencia energética; |
| --- | --- |

24.

| 25. | destaca la necesidad de coordinar y de establecer sinergias entre los actuales instrumentos de creación de capacidad financiados por la UE, así como de realizar un seguimiento y una evaluación transparentes y oportunos de dichos instrumentos; a este respecto, reitera su recomendación (16) de que la Comisión publique un conjunto único de orientaciones sobre creación de capacidad aplicables a todos los programas pertinentes de la UE; |
| --- | --- |

25.

| 26. | lamenta que los esfuerzos realizados para avanzar hacia una mayor simplificación administrativa en la gestión de los fondos no hayan logrado los resultados esperados. Ello representa un obstáculo muy importante que merma la capacidad de los organismos intermediarios y, sobre todo, de los beneficiarios de las ayudas. De hecho, estudios recientes estiman que los costes administrativos ascienden al 3 % de los costes medios del programa en el caso del FEDER y al 2,2 % en el caso del Fondo de Cohesión; |
| --- | --- |

26.

| 27. | subraya que deberían incluirse capítulos sobre la creación de capacidad a todos los niveles de gobierno en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, en los informes por país y en los programas nacionales de reforma. Evaluar las necesidades y las correspondientes políticas de creación de capacidad a todos los niveles de gobierno convertiría los programas nacionales de reforma en un instrumento de coordinación estratégica; se adhiere a la propuesta del Parlamento Europeo de reintroducir en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento un capítulo dedicado a la administración pública y la gobernanza (17); |
| --- | --- |

27.

| 28. | considera que la participación directa y estructurada de los entes locales y regionales —o sus organizaciones nacionales— en el Semestre Europeo, basada en la asociación y la gobernanza multinivel, les permitiría contribuir a la evaluación de las necesidades de desarrollo de capacidades y a la fijación de objetivos y políticas a largo plazo, reforzando así la apropiación y fomentando la acción. Los entes locales y regionales —o sus organizaciones nacionales— deben participar como socios de pleno derecho en el Semestre Europeo a través de un código de conducta europeo jurídicamente vinculante (18), sobre todo ahora que el Semestre proporciona orientaciones para la programación de la política de cohesión (19) a través del anexo D de los informes por país. Ello ayudará a estos entes, durante el ciclo del Semestre, a adaptar con éxito las políticas de la UE a las disparidades territoriales propias y los desafíos específicos; |
| --- | --- |

28.

| 29. | teniendo hacia cuenta las propuestas de simplificación de la Comisión Europea para el próximo período 2021-2027, y en relación con la aplicación de la política de cohesión mediante la combinación de distintas fuentes de financiación de la UE, se hace sumamente necesario un enfoque integrado a través de una planificación conjunta que facilite el empleo de diferentes instrumentos, como la inversión territorial integrada (ITI) y el enfoque del desarrollo local participativo (DLP), que conllevan la participación de los entes locales y regionales en la de decisiones y el proceso de aplicación; |
| --- | --- |

29.

| 30. | comparte la preocupación del Parlamento Europeo de que «la Comisión no cuenta con un marco de evaluación normalizado y compartido arraigado para la administración pública ni un método de recogida sistemática de datos» y pide a la Comisión Europea que desarrolle estos instrumentos; |
| --- | --- |

30.

| 31. | recomienda que los entes locales y regionales puedan acceder directamente al nuevo programa de apoyo a las reformas, y que este documento se centre en mayor medida en mejorar la calidad de la administración pública y apoyar la creación de capacidades en todos los niveles de gobierno; se remite a su recomendación de que la gobernanza del programa de apoyo a las reformas se base en la asociación y la gobernanza multinivel (20); pide que parte de la dotación correspondiente al programa de apoyo a las reformas se destine a proyectos solicitados por los entes locales y regionales; recomienda que, mientras los Estados miembros solo accedan al Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales a través de puntos de contacto a nivel nacional, se fomenten y supervisen de forma permanente las solicitudes de los entes locales y regionales; |
| --- | --- |

31.

| 32. | recalca la importancia de la digitalización y la gobernanza electrónica, incluidos los centros regionales digitales y las plataformas de datos abiertas, y comparte la opinión del Parlamento Europeo de que es «necesario promover, dentro de las administraciones públicas, procesos innovadores que favorezcan una mejor conectividad y digitalización y servicios digitales de calidad» (21). |
| --- | --- |

32.

Bruselas, 4 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  Además de muchos otros, como los ODS, el Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, las aldeas inteligentes, las estrategias macrorregionales, el FEAG, Erasmus+, la Europa digital (con sus centros digitales), las estrategias de especialización inteligentes, el reparto del esfuerzo y el Reglamento UTCUTS, el Fondo de Asilo y Migración, la inteligencia artificial para Europa, la economía azul y la plena aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático a nivel nacional.

1

(2)  https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2019-03856-00-00-RES-TRA-ES.docx

2

(3)  Análisis territorial del CDR de las recomendaciones específicas por país

3

(https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx#)

(4)  Véase el estudio encargado por el CDR sobre la capacidad administrativa de los entes locales y regionales: oportunidades y retos para las reformas estructurales y una gobernanza económica europea más eficaz (https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publi-file/AdminCapacity/AdminCapacity.pdf), así como el estudio del PE titulado Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it (Reforma del sector público: cómo se utiliza el presupuesto de la UE para fomentarla),

4

Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572696/IPOL_STU(2016)572696_EN.pdf)

(5)  https://eiah.eib.org/index

5

(6)  Administrative capacity of local and regional authorities: Opportunities and challenges for structural reforms and a more effective European economic governance (Capacidad administrativa de los entes locales y regionales: oportunidades y retos para las reformas estructurales y por una gobernanza económica europea más eficaz), estudio encargado por el CDR, octubre de 2018 (https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Administrative-capacity/AdminCapacity.pdf).

6

Administrative capacity of local and regional authorities: Opportunities and challenges for structural reforms and a more effective European economic governance

(7)  Véanse los documentos mencionados en la nota 11.

7

(8)  Según un estudio reciente del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, basado en los resultados del Índice Europeo de Calidad del Gobierno de 2017, las regiones orientales mejoraron significativamente con respecto a los años anteriores, mientras que algunas regiones meridionales mostraron signos de declive (http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628244)

8

(9)  Estas iniciativas se presentan en esta sección específica de las páginas web de la Comisión sobre la política de cohesión: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/

9

(10)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0012&format=XML&language=ES

10

(11)  Aprobado el 5.12.2018 (https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2018-03593-00-00-ac-tra-en.docx/content)

11

(12)  Aprobado el 5.12.2018 (https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2018-03594-00-00-ac-tra-es.docx/content)

12

(13)  Aprobado el 5.12.2018 (https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2018-03597-00-00-ac-tra-es.docx/content)

13

(14)  http://www.pra.gov.it/cosa-sono/

14

(15)  Aprobado el 31.1.2018 (https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2017-01298-00-00-ac-tra-es.docx/content)

15

(16)  Dictamen sobre el programa de apoyo a las reformas estructurales, aprobado el 7.4.2016 (https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2016-01214-00-00-ac-tra-es.docx/content)

16

(17)  Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la «Evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público», http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0012_ES.html

17

(18)  Dictamen sobre el tema «Mejorar la gobernanza del Semestre Europeo: un código de conducta para la participación de los entes locales y regionales», aprobado el 11.5.2017 (https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2016-05386-00-00-ac-tra-es.docx/content)

18

(19)  Dictamen sobre «El Semestre Europeo y la política de cohesión: reformas estructurales destinadas a las inversiones a largo plazo», aprobado el 10.4.2019 (https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2018-05504-00-00-ac-tra-es.docx/content)

19

(20)  Dictamen sobre el programa de apoyo a las reformas y la función europea de estabilización de las inversiones, aprobado el 5.12.2018

20

(https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2018-03764-00-00-ac-tra-es.docx/content)

(21)  Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la «Evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público», http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0012_ES.html.

21

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/30 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/30

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pacto de los Alcaldes después de 2020

(2020/C 79/06)

| Ponente | : | Benedetta BRIGHENTI (IT/PSE), concejala del Ayuntamiento de Castelnuovo Rangone (Módena) |
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Ponente

:

Benedetta BRIGHENTI (IT/PSE), concejala del Ayuntamiento de Castelnuovo Rangone (Módena)

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Relevancia del Pacto de los Alcaldes en las políticas climáticas europeas

| 1. | recalca que los principales estudios internacionales en materia de cambio climático (1) ponen de relieve la urgencia de aplicar políticas climáticas ambiciosas y la creciente preocupación de la opinión pública europea a este respecto. En este sentido, aguarda con expectación las propuestas para el establecimiento de un Pacto Verde Europeo y la promulgación de legislación europea sobre el clima por parte de la nueva Comisión Europea y pide a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros que reconozcan el Pacto de los Alcaldes como uno de los instrumentos principales para responder a la emergencia climática y orientar a los entes locales y regionales en la transición hacia la neutralidad climática y la adaptación al cambio climático, en el respeto de los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París y de la estrategia a largo plazo para 2050 (2). El Pacto puede ser un complemento importante de la participación de los entes locales y regionales en la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima; |
| --- | --- |

1.

| 2. | recuerda que el Pacto agrupa a ciudades con mayores ambiciones y amplia experiencia en materia de política climática local, que a menudo van más allá de las normas de sus respectivos Estados miembros: los Estados miembros deberían, por tanto, considerar a los signatarios del Pacto y a los coordinadores como interlocutores privilegiados cuando recaben la participación de los entes locales y regionales en la elaboración de planes nacionales integrados de energía y clima; |
| --- | --- |

2.

| 3. | pide a la Comisión Europea que promueva con mayor fuerza en el Pacto de los Alcaldes el objetivo de 2050 y que considere ampliar las temáticas de la iniciativa con el fin de responder mejor a los desafíos y las oportunidades transversales que la neutralidad climática plantea para los entes locales y regionales, incluyendo nuevos sectores opcionales, como por ejemplo la industria, la agricultura, la gestión forestal y nuevas temáticas ambientales como la calidad del aire, la economía circular, la biodiversidad, la diversidad biocultural y los sumideros naturales de carbono, para apoyar la ambición de los municipios más adelantados. Esta inclusión debería concentrarse principalmente en el plan de acción, evitando obligaciones adicionales de rendición de cuentas y de seguimiento para los firmantes. Asimismo, es importante apoyar otras formas de cooperación en materia de clima y medio ambiente en las que participan los entes locales y regionales y que se están llevando a cabo en muchos Estados miembros, así como promover la integración con el Pacto de los Alcaldes; En tanto estos entes locales y regionales tengan la capacidad pertinente para contribuir a los esfuerzos locales, deben ser debidamente reconocidos y apoyados; |
| --- | --- |

3.

| 4. | reitera su llamamiento a la Comisión Europea para que reconozca en mayor medida el papel estratégico que desempeña el CDR en la gobernanza del Pacto de los Alcaldes, incluidos sus aspectos globales, velando al mismo tiempo por que esta iniciativa siga siendo plenamente fiel a sus orígenes europeos y respondiendo a las necesidades de las ciudades de la UE, al tiempo que promueve la acción en favor del clima en todo el mundo; |
| --- | --- |

4.

| 5. | acoge favorablemente la iniciativa «Acuerdo de Ciudad Verde» y pide a la Comisión Europea que aproveche esta oportunidad para seguir estudiando la posibilidad de incluir nuevos temas ambientales, como la calidad del aire, la biodiversidad, el ruido y la economía circular, dentro del protocolo del Pacto de los Alcaldes. Dicha inclusión no debería implicar requisitos mínimos más complejos para los firmantes, pero podría en su lugar brindarles la oportunidad de afrontar gradualmente nuevos aspectos y hacer frente a los desafíos de la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo y de la transición energética con un enfoque más transversal y holístico, aprovechando las sinergias; |
| --- | --- |

5.

| 6. | considera que los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (3) deben constituir el marco de referencia pertinente para el desarrollo sostenible de los entes locales y regionales; en este sentido, considera que el Pacto de los Alcaldes debe anclarse firmemente en el marco de los ODS y considerarse uno de los instrumentos clave para seguir su aplicación a nivel local. Pide, por tanto, a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que incluyan en el marco metodológico del Pacto un vínculo con los ODS, a partir de una simple atribución de acciones a los distintos ODS abordados por la acción; |
| --- | --- |

6.

| 7. | acoge favorablemente la extensión del Pacto de los Alcaldes a la dimensión mundial y el esfuerzo por crear un marco de referencia coherente, y considera el Pacto Mundial un importante instrumento de diplomacia y de diálogo con terceros países; reconoce, además, su papel fundamental a la hora de garantizar que los esfuerzos de la UE no se vean comprometidos por la falta de ambición de los países extranjeros. No obstante, advierte que el esfuerzo de armonización del marco de referencia del Pacto a escala mundial no debe provocar su distanciamiento de las necesidades y las prácticas de los entes locales y regionales de la UE, comprometiendo su futuro éxito; |
| --- | --- |

7.

| 8. | acoge favorablemente las distintas iniciativas ascendentes aplicadas por la Comisión Europea para las ciudades y las regiones, como por ejemplo la «Plataforma de las regiones mineras en transición», la «Plataforma de Especialización Inteligente de Energía (S3PEnergy)», la «Iniciativa sobre energía limpia para las islas de la UE», las «Ciudades y Comunidades Inteligentes» y la «Capital Verde Europea», entre otras. A tal efecto, pide a la Comisión Europea que se base en el ejercicio de inventario realizado ya a través de la «Ventanilla Única de la UE para las Ciudades» (EU One Stop Shop for Cities) (4), explore detenidamente el propósito y el papel de dichas iniciativas y, en particular, sus potenciales sinergias con el Pacto de los Alcaldes, con el objeto de avanzar hacia una estructura lo más fácil posible para el usuario. Este enfoque ayudará a crear un marco vinculado con las ODS claro y coherente para las distintas iniciativas sin comprometer sus rasgos propios y particularidades; |
| --- | --- |

8.

| 9. | recuerda a los Estados miembros que se debe consultar al nivel subnacional a la hora de desarrollar los planes nacionales sobre el clima y la energía, y pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la experiencia y la información procedente de la comunidad del Pacto de los Alcaldes a la hora de elaborar, revisar o aplicar planes y estrategias a largo plazo para 2050, así como de las más de cuatrocientas agencias de energía con representación en la UE, muchas de las cuales son coordinadoras o promotoras del Pacto de Alcaldes y responsables de la planificación energética regional; |
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9.

Gobernanza del Pacto de los Alcaldes

| 10. | reitera su apoyo a un sistema de contribuciones determinadas a nivel regional y local como una forma de reconocer, controlar y alentar formalmente la reducción de las emisiones de carbono por las ciudades, los gobiernos locales y las regiones. Se pide a la Comisión Europea que colabore con el CDR para estudiar la forma en que los planes de acción sobre Energía Sostenible y Clima (PAESC) u otros planes equivalentes podrían servir de contribuciones determinadas a nivel regional y local destinadas al Acuerdo de París de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; |
| --- | --- |

10.

| 11. | recuerda que el Pacto de los Alcaldes ha crecido y evolucionado a lo largo de los años, también para hacer frente a un contexto en profunda transformación, y que es esencial reorganizar su estructura para responder a las expectativas actuales y futuras; en este sentido, recuerda el papel estratégico que puede desempeñar el CDR al proporcionar a la Comisión Europea un canal de comunicación bidireccional continuo con las comunidades locales y regionales. A tal fin, pide a la Comisión Europea que se formalice el papel del CDR en el Pacto de los Alcaldes europeo, en particular, integrando al CDR en los órganos de control y de orientación de la iniciativa; |
| --- | --- |

11.

| 12. | pide a la Comisión Europea que colabore con la Oficina del Pacto de los Alcaldes y con el CDR para incorporar el Pacto de los Alcaldes, o, cuando sean compatibles, las iniciativas nacionales y regionales correspondientes que operan a escala local y regional, en los marcos de referencia nacionales, en especial en los planes nacionales de energía y clima y en las estrategias nacionales a largo plazo para 2050. A tal efecto, pide a la Comisión Europea que forme un grupo de expertos sobre el Pacto de los Alcaldes que incluya representantes de la coordinación nacional, los embajadores del CDR y representantes de la Oficina del Pacto de los Alcaldes, de la Comisión Europea y del JRC, así como otros expertos, incluidos representantes de otras iniciativas de cooperación en materia de clima y medio ambiente, con el fin de debatir regularmente sobre los retos y las oportunidades de la aplicación del Pacto de los Alcaldes en los distintos contextos nacionales, también en relación con otras iniciativas de este tipo ya existentes en el territorio; |
| --- | --- |

12.

| 13. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que refuercen la estrategia nacional, en particular el papel de los coordinadores y promotores nacionales y regionales. Los coordinadores regionales deberían tener un mandato más sólido y su actuación debería recibir el apoyo técnico-financiero de la Comisión Europea, también a través de una financiación adecuada prevista en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (en lo sucesivo, Fondos EIE). Ello permitiría a los coordinadores ofrecer en particular a los entes locales más pequeños acceso a asistencia técnica. A este respecto, pide a las autoridades de gestión que consideren el papel fundamental de las actividades relacionadas con el Pacto en su territorio a la hora de abordar los retos climáticos, energéticos y medioambientales, y les pide que tengan en cuenta estas iniciativas en la planificación de las actividades del próximo período de programación; |
| --- | --- |

13.

| 14. | subraya que el refuerzo de la red de coordinadores nacionales y, sobre todo, regionales resulta estratégico para mantener vivo el interés y la centralidad del Pacto como instrumento de apoyo a la actuación y al seguimiento de las políticas nacionales y regionales y para intercambiar las mejores prácticas; pide, por tanto, a la Comisión Europea que facilite a la Oficina del Pacto de los Alcaldes recursos suficientes para coordinar a los socios nacionales, que les proporcione asistencia técnica y que prevea mecanismos paralelos para apoyar financieramente la actividad de coordinación nacional; |
| --- | --- |

14.

| 15. | recuerda la importancia vital de los coordinadores regionales del Pacto a la hora de apoyar a los municipios firmantes de pequeñas y medianas dimensiones tanto en la fase inicial de planificación como en la fase de recopilación, ejecución y seguimiento de las medidas. Recuerda asimismo el importante papel de los Promotores del Pacto, las organizaciones de apoyo que facilitan la adhesión al Pacto actuando como intermediarios y desempeñando un papel de liderazgo en las actividades de promoción. Por este motivo, el Comité pide a la Comisión Europea que apoye a los coordinadores y valorice el papel de los Promotores, con el fin de garantizar que su papel sea sostenible a largo plazo; |
| --- | --- |

15.

| 16. | pide a la Comisión Europea que vele por que el CDR esté representado en el consejo político del Pacto europeo, garantizando un vínculo más firme entre la gestión a nivel de la UE del Pacto y los embajadores del Pacto, con el fin de proporcionar un apoyo político a la iniciativa, promover el Pacto y facilitar el diálogo con los organismos nacionales. A tal efecto, se compromete a poner a disposición los recursos necesarios para que la red de embajadores del Pacto sea cada vez más activa y eficaz, en estrecha colaboración con la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes; |
| --- | --- |

16.

| 17. | pide a la Comisión Europea que ponga los datos del Pacto de los Alcaldes a disposición del público y que los georreferencie: dichos datos podrían contribuir a crear un Observatorio de la UE de la Neutralidad Climática, así como a alimentar la Plataforma de datos urbanos (5) y el Observatorio de la Pobreza Energética, que debería recopilar datos desglosados al menos a nivel NUTS2; |
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17.

| 18. | pide, al mismo tiempo, a los entes locales y regionales que utilicen el Pacto de los Alcaldes como una oportunidad para reforzar la capacidad de su administración y formar a sus propios funcionarios, evitando una excesiva externalización de actividades, que podría socavar la capacidad de la administración para aplicar y actualizar los SECAP; |
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18.

| 19. | pide al JRC de la UE que establezca vínculos más estrechos con los coordinadores regionales del Pacto y les proporcione asistencia técnica y científica durante la recopilación y el análisis de los datos y que ofrezca a los municipios una ayuda técnica suficiente para la ejecución de los planes de acción para la energía sostenible y el clima (SECAP, por sus siglas en inglés), la búsqueda de financiación y la creación de procesos participativos; |
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19.

| 20. | pide a la Comisión Europea, el JRC y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que siga trabajando en pos de un marco para un seguimiento más simple y estable que evite la necesidad de formación y actualizaciones continuas, sin renunciar a la flexibilidad necesaria para reaccionar ante un contexto político cambiante. Subraya que los requisitos de seguimiento, si bien son importantes para el funcionamiento y la credibilidad del sistema del Pacto, no deben ser un impedimento para que los entes locales, especialmente los más pequeños, se adhieran a él y se beneficien de su potencial para incentivar medidas ambiciosas. A este respecto, también pide que se explore la manera de aprovechar mejor el propio ejercicio de seguimiento, en términos tanto de comunicación como de procedimiento, para facilitar la máxima participación en la red; |
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20.

| 21. | sugiere que también se considere la posibilidad de crear redes temáticas entre firmantes con características similares o que afrontan retos similares, por ejemplo, en función del tamaño o de la situación geográfica, social o económica; |
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21.

| 22. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que promuevan medidas en los SECAP, sobre todo en el ámbito de la adaptación climática, que superen los límites administrativos municipales, regionales y nacionales, con vistas a establecer agrupaciones en torno a un contexto medioambiental frágil; |
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22.

| 23. | pide a la Comisión Europea y el JRC que reconsideren, con el apoyo de los coordinadores y promotores regionales, el procedimiento de evaluación de los SECAP, con el fin de hacerlo más rápido y proporcionar indicaciones más comprensibles para el usuario y orientadas a las decisiones políticas. Deberían realizarse esfuerzos para reducir los procedimientos administrativos, racionalizar las obligaciones de notificación y mejorar el uso de los datos; |
| --- | --- |

23.

| 24. | pide a la Comisión Europea y a la Oficina del Pacto que utilicen siempre el lenguaje y los métodos de comunicación más sencillos, actualizados e incisivos posibles para garantizar que el Pacto de los Alcaldes y otras actividades de cooperación en materia de clima y medio ambiente entre entes locales y regionales sean reconocidos como una marca de sostenibilidad y como una garantía de excelencia en el ámbito de la acción climática cuando vaya acompañado de determinados resultados; |
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24.

Transición compartida hacia la neutralidad climática

| 25. | pide a la Comisión Europea y a la Oficina del Pacto que promuevan medidas para ayudar a los signatarios que atraviesan dificultades para cumplir los objetivos a los que se comprometieron al firmar el Pacto de los Alcaldes por razones imprevistas ajenas a su voluntad; |
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25.

| 26. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que sigan reforzando las actividades de formación y de actualización de los firmantes, tratando de superar en la mayor medida posible las barreras lingüísticas. Recuerda que se debe prestar especial atención al tema de la adaptación al cambio climático y de la pobreza energética, que siguen siendo asuntos relativamente nuevos y, por tanto, particularmente exigentes para la mayoría de los firmantes; |
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26.

| 27. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que sigan reforzando el grupo de expertos procedentes del nivel local (Grupo de Expertos) (6) y aumenten su transparencia haciendo pública su composición: este grupo es un recurso importante para garantizar que el proceso de toma de decisiones en el Pacto de los Alcaldes sigue un enfoque ascendente y que se comprenden adecuadamente las necesidades de los entes locales y regionales. La Comisión Europea podría considerar la organización de actividades de formación de alto nivel destinadas a los expertos en paralelo y como complemento de las reuniones existentes. Estas actividades de formación, con un enfoque particular en la asistencia a los profesionales procedentes de comunidades pequeñas, podrían organizarse con el apoyo de especialistas del mundo académico pertenecientes al «grupo académico» («Academia corner») de la comunidad del Pacto de los Alcaldes; |
| --- | --- |

27.

| 28. | pide a la Comisión Europea y a la secretaría del Pacto que sigan desarrollando el papel del denominado «grupo académico», cuyo objetivo es crear vínculos entre las instituciones académicas y de investigación y los entes locales y regionales; recuerda que estos vínculos son esenciales para desarrollar los conocimientos y las competencias necesarios para las transiciones, y que también es necesario reforzar el apoyo tanto a la investigación y los estudios como a la difusión de los resultados de estas actividades entre la comunidad más amplia del Pacto; |
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28.

| 29. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que sigan promoviendo y divulgando las buenas prácticas de medidas de bajo coste para su aplicación, por ejemplo introduciendo criterios de sostenibilidad en las actividades ya existentes o programadas por el municipio, que muy a menudo no requerirían nuevas fuentes de financiación, sino solamente una mejor asignación de los recursos disponibles. A tal efecto, recuerda la especial importancia de una aplicación sistemática de la contratación pública ecológica y sostenible. Ofrecer orientación que permita calcular las horas de trabajo del personal necesarias y los gastos relacionados también contribuiría a aumentar la participación y la supervisión política; |
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29.

| 30. | pide a la Comisión Europea que preste una mayor atención al aspecto social, empezando por la pobreza energética, pero que incluya también la salud, la vulnerabilidad ante el cambio climático, la gestión de riesgos y la calidad de vida; |
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30.

| 31. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que refuercen la participación de las escuelas y los centros de enseñanza de todos los niveles en el desarrollo, la aplicación y la revisión de los SECAP. Esto también será vital para crear cambios de comportamiento de larga duración, que son necesarios para garantizar la eficacia del proceso de transición hacia la neutralidad climática, como se subraya ampliamente también en la estrategia a largo plazo para 2050; |
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31.

| 32. | recalca la importancia fundamental de adoptar un enfoque de «pentahélice», con el fin de crear planes de acción eficaces y con garantías de futuro que puedan gestionar la complejidad de la necesaria transición: ello requiere la implicación de la administración pública, la industria, las universidades, las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos. El Comité pide, por consiguiente, a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que refuercen el papel formal del sector privado, de otros entes públicos no municipales (institutos sanitarios, infraestructuras de investigación, etc.), de las organizaciones sin ánimo de lucro y de la sociedad civil en el desarrollo y la aplicación de los SECAP; |
| --- | --- |

32.

Una planificación sistémica apoyada por instrumentos financieros adecuados

| 33. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que propongan medidas para promover vínculos más estrechos con las actividades de planificación a escala local y regional, empezando por los planes para la movilidad sostenible y la planificación urbana; recuerda, en este sentido, que el reciente informe IPCC sobre el cambio climático y el suelo (7) insiste en el papel fundamental de las políticas de uso del suelo en la lucha contra el cambio climático; recuerda, además, que el SECAP debería convertirse en un instrumento operativo, flexible y dinámico para las administraciones locales, que esté estrechamente interconectado con los otros planes y programas; |
| --- | --- |

33.

| 34. | pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta que el marco de competencias en materia de mitigación y adaptación reside en gran medida en el nivel local. Es necesario reconocer este hecho para otorgarles la importancia que corresponde a los SECAP dentro del sistema de financiación de los diferentes países; |
| --- | --- |

34.

| 35. | pide a la Comisión Europea y la Oficina del Pacto de los Alcaldes que refuercen la visión del SECAP como documento estratégico global que debe incorporarse en la planificación general de la administración local de manera horizontal, teniendo en cuenta las diferentes necesidades locales. Cada acción debería referirse a planes o instrumentos específicos ya existentes en el municipio. Los SECAP podrían definir asimismo criterios cualitativos o cuantitativos en apoyo de los procesos de planificación y de decisión en el municipio con el fin de alcanzar los objetivos del Pacto de los Alcaldes; |
| --- | --- |

35.

| 36. | pide a la Comisión Europea que reconozca y premie los esfuerzos de los firmantes, de los coordinadores y de los promotores en los instrumentos financieros de la UE más pertinentes. Además, se debería animar a los Estados miembros a hacer lo mismo, con vistas a una correcta ejecución de sus planes nacionales para el clima y la energía; |
| --- | --- |

36.

| 37. | pide a la Comisión Europea que conceda un papel más importante a las regiones, que son actores importantes en un sistema de gobernanza multinivel; en este sentido, le pide asimismo que prevea incentivos —como el reparto de la carga— para animar a las regiones a alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2; considera, asimismo, que los Fondos EIE debería incluir mecanismos para apoyar la actividad de los coordinadores regionales; |
| --- | --- |

37.

| 38. | considera que disponer de un SECAP en vigor, o un plan para la energía y el clima equivalente, debería convertirse en un requisito previo para el acceso a todos los programas de financiación pertinentes (City Facility, Horizonte Europa, LIFE, etc.); |
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38.

| 39. | recuerda que la naturaleza transversal de los planes de acción relacionados con el clima podría hacer que muchas de las acciones pudieran acogerse a los fondos de la UE para el desarrollo rural y la acción marítima; anima, por tanto, a los coordinadores del Pacto a que sigan explorando esta posibilidad, y a la Oficina del Pacto de los Alcaldes a que proporcione orientaciones al respecto; |
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39.

| 40. | pide al Parlamento Europeo que explore la posible cooperación con el CDR y sus miembros en el contexto del proyecto de los embajadores del Pacto del CDR con el fin de aumentar el alcance y la visibilidad del apoyo político a este; |
| --- | --- |

40.

| 41. | pide a la Comisión Europea que proporcione a las regiones orientaciones claras, que elabore, con la colaboración de todas las direcciones generales competentes, unas directrices sobre cómo apoyar la ejecución de los SECAP a través de los programas operativos regionales del FEDER y el FSE, que intercambie buenas prácticas y que cree figuras profesionales para el apoyo a los municipios; |
| --- | --- |

41.

| 42. | pide al BEI que siga reforzando la comunicación con la comunidad del Pacto de los Alcaldes, con el objetivo de reforzar la capacidad de los entes locales y regionales de aprovechar al máximo los instrumentos del BEI, con una atención especial a la elaboración de instrumentos en apoyo de los entes locales pequeños y medianos, y |
| --- | --- |

42.

| 43. | acoge con satisfacción la creación del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (European Investment Advisory Hub) (8), que responde a una fuerte necesidad de apoyo y de orientación por parte de los entes locales y regionales en el ámbito de las oportunidades de financiación. Sin embargo, observa que este instrumento parece haber tenido hasta ahora un impacto limitado sobre los entes locales y regionales. Por tanto, pide a la Comisión Europea que examine las razones de esta situación y que cree mayores sinergias entre este instrumento y las iniciativas ascendentes, en particular con el Pacto de los Alcaldes, y declara su disponibilidad para apoyar a la Comisión Europea a la hora de seguir promoviendo el instrumento y explorar las estrategias para hacerlo más funcional. |
| --- | --- |

43.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/.

1

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773.

2

(3)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/.

3

(4)  https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development_en.

4

(5)  https://urban.jrc.ec.europa.eu/#/en.

5

(6)  https://www.eumayors.eu/about/support-the-community/group-of-practitioners.html.

6

(7)  Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra.

7

Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra.

(8)  https://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm.

8

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/36 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/36

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Trabajo en plataformas digitales: retos normativos en las esferas local y regional

(2020/C 79/07)

| Ponente | : | Dimitrios BIRMPAS (EL/PSE), concejal de Egaleo |
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Ponente

:

Dimitrios BIRMPAS (EL/PSE), concejal de Egaleo

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones introductorias

| 1. | subraya que la economía de las plataformas digitales forma parte integrante de la economía europea, y que su importancia económica y social seguirá aumentando de forma significativa en el futuro; |
| --- | --- |

1.

| 2. | recuerda que la Comisión Europea define la economía de las plataformas como «modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas» (1). Según la misma fuente, las plataformas colaborativas crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. La economía colaborativa implica a tres categorías de agentes: i) proveedores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias, y pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera ocasional o proveedores de servicios que actúen a título profesional; ii) usuarios de dichos servicios; y iii) intermediarios que —a través de una plataforma en línea— conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos («plataformas colaborativas»); |
| --- | --- |

2.

| 3. | recuerda asimismo que la OCDE define la plataforma como un servicio digital que facilita la interacción entre dos o más conjuntos separados —pero interdependientes— de usuarios (empresas o particulares) a través de internet (2); |
| --- | --- |

3.

| 4. | señala que el uso de plataformas digitales para coordinar todo tipo de actividades económicas está aumentando con la expansión exponencial del uso de internet; |
| --- | --- |

4.

| 5. | reconoce que el aumento del trabajo en las plataformas digitales puede explicarse por el hecho de que este ofrece una serie de ventajas tanto para los empleadores como para los trabajadores en un contexto de necesidad de un mercado laboral flexible. Según Eurofound (3), el trabajo en plataformas también ofrece una serie de oportunidades para el mercado laboral, tales como un acceso fácil al mercado de trabajo, una fuente de ingresos adicionales, un estímulo para el empleo por cuenta propia, una flexibilidad del horario de trabajo y la posibilidad de evitar la discriminación de los trabajadores por motivos étnicos, de discapacidad, así como de situación geográfica. Además, tal como destaca el CCI (4), dado que muchos trabajadores de plataformas proceden de grupos vulnerables de demandantes de empleo (jóvenes, mujeres, personas procedentes de regiones remotas), el trabajo en plataformas puede influir positivamente en la integración de estos grupos en el mercado laboral y «facilitar la transición hacia formas de empleo más estables», siempre que se adopten las medidas adecuadas para garantizar unas condiciones de trabajo dignas; |
| --- | --- |

5.

| 6. | reconoce que la rápida expansión de las plataformas digitales de trabajo en los últimos años ha planteado una serie de cuestiones relacionadas con el funcionamiento y los beneficios de la reorganización del trabajo que conllevan estas plataformas, así como con los riesgos asociados; |
| --- | --- |

6.

| 7. | señala que, según Eurofound (5), debido al régimen de trabajo específico para los trabajadores de las plataformas, basado en tareas realizadas ad hoc, existe una mayor incertidumbre en cuanto a los derechos y el nivel de protección social, condiciones de trabajo o estabilidad del empleo; |
| --- | --- |

7.

| 8. | concuerda en que es necesario un marco integrado que garantice la protección social y los derechos sociales de todos los trabajadores (desde la protección de la salud y la seguridad hasta el acceso al aprendizaje permanente), con el fin de crear unas condiciones de competencia equitativas tanto en la economía de las plataformas digitales como en la economía «tradicional» fuera de línea, basada en los mismos derechos y obligaciones para todas las partes interesadas; |
| --- | --- |

8.

| 9. | señala que el falso empleo por cuenta propia (a veces también denominado «trabajo autónomo encubierto o ficticio») se refiere a casos en los que se clasifica a un trabajador como por cuenta propia, aunque en realidad lo sea por cuenta ajena. Se debe combatir la clasificación fraudulenta de los trabajadores por parte de los empleadores que buscan eludir regulaciones laborales, obligaciones fiscales y la representación de los trabajadores, hacer repercutir riesgos en estos o adquirir una ventaja competitiva; |
| --- | --- |

9.

| 10. | reitera que el derecho de todos los trabajadores a un trato justo y equitativo en lo relativo a las condiciones de trabajo, el acceso a la protección social y a la formación —independientemente del tipo y la duración de la relación laboral— y el derecho a una remuneración justa que permita un nivel de vida digno están establecidos en el pilar europeo de derechos sociales (6), que fue respaldado por unanimidad por todos los Estados miembros de la UE; |
| --- | --- |

10.

| 11. | señala las dificultades que afrontan los denominados «trabajadores por cuenta propia» para tener una representación colectiva y llama la atención sobre el hecho de que el mayor reto que tienen los interlocutores sociales es llegar a los trabajadores del sector informal y con nuevas formas emergentes de empleo, como los trabajadores de las plataformas (7); por tanto, pide que se adopten medidas para fomentar y facilitar el diálogo social para este segmento del mercado laboral; |
| --- | --- |

11.

| 12. | sostiene que una iniciativa europea conjunta que regule el trabajo en las plataformas digitales garantizará una respuesta coordinada por parte de los Estados miembros a los desafíos legales derivados de los continuos cambios tecnológicos que afectan al mercado laboral; es consciente de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, en materia de apoyo profesional, adquisición de conocimientos y aprendizaje; además, subraya la necesidad de gestionar adecuadamente los efectos negativos de las nuevas tecnologías en los trabajadores de las plataformas, dado que la creciente incidencia de estas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, somete a los trabajadores a decisiones determinadas en gran medida por algoritmos de inteligencia artificial; |
| --- | --- |

12.

| 13. | respalda la petición de la OIT para establecer un sistema de gobernanza internacional que obligue a los titulares de plataformas a respetar determinados derechos y protecciones mínimos y a regular la utilización de los datos y la responsabilidad algorítmica en el mundo del trabajo. Se abordarían así cuestiones relativas a la representación colectiva de los trabajadores de plataformas, así como cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, exigiendo la aplicación de un enfoque basado en el control humano, con el fin de garantizar que las decisiones finales que afectan al trabajo sean tomadas por seres humanos (8); acoge favorablemente iniciativas tanto nacionales como subnacionales (9), así como iniciativas basadas en plataformas y destinadas a elaborar un código de conducta sobre la colaboración masiva (crowd sourcing) y el trabajo colaborativo (crowd working); |
| --- | --- |

13.

| 14. | comparte la opinión expresada en las Conclusiones del Consejo EPSCO de 24 de octubre de 2019 sobre la necesidad de «reforzar las instituciones del mundo laboral, en particular la administración y la inspección del trabajo, y promover la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo para la protección de todos los trabajadores, también en el contexto de las nuevas formas de trabajo, y la transición de la economía informal a la formal» (10). También coincide en la necesidad de «garantizar una adecuada protección de la privacidad y de los datos personales, y, cuando proceda, afrontar los desafíos que plantea, en particular, la transformación digital del trabajo, incluido el trabajo en plataformas digitales, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que brinda» (11); |
| --- | --- |

14.

| 15. | acoge con satisfacción la intención expresada por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la sesión inaugural del Parlamento Europeo del 16 de julio de 2019, de mejorar las condiciones de trabajo de las plataformas, centrándose en particular en las capacidades y la educación (12); espera, no obstante, que la manera de mejorar estas condiciones vaya más allá de los ámbitos políticos mencionados e incluya una propuesta de la nueva Comisión «para abordar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas y abordar activamente nuevas formas de precariedad» (13); |
| --- | --- |

15.

| 16. | señala la necesidad general de actualizar los marcos jurídicos actuales en la UE (a saber, la Directiva sobre comercio electrónico y la Directiva de servicios) para responder a la rápida expansión de la economía colaborativa y a los retos que plantean las plataformas activas a escala mundial. Analizar la eficacia de la legislación vigente de la UE que puede aplicarse también al trabajo en plataformas, como la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, e inventariar con precisión las formas existentes de trabajo en plataformas constituye un requisito previo fundamental para cualquier actualización del marco jurídico; |
| --- | --- |

16.

Clasificación de los trabajadores y los contratos

| 17. | remite a un Dictamen anterior en el que se destaca que el «desarrollo de algunos de los modelos empresariales de la economía colaborativa genera fuertes externalidades negativas a nivel social y laboral, en particular, mediante el abuso del concepto de “trabajo por cuenta propia”», y añade que estos modelos «se basan en divergencias sociales entre los trabajadores» (14); |
| --- | --- |

17.

| 18. | remite asimismo a una posición anterior del CDR, en la que se señala que «muchas formas de empleo en la economía colaborativa se sitúan entre el empleo por cuenta ajena y el empleo por cuenta propia», lo que «plantea cuestiones importantes en cuanto a las condiciones laborales, la salud y la seguridad, las prestaciones del seguro de asistencia sanitaria, la continuación del pago salarial en caso de enfermedad, las prestaciones de desempleo y las pensiones» (15); |
| --- | --- |

18.

| 19. | recuerda que, en el Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa (16), la Comisión Europea señala que la profundización de esta dimensión requiere que la UE llegue a «acordar normas comunes para determinar el estatuto laboral de los trabajadores de las plataformas digitales. De este modo, las empresas aprovecharían plenamente el potencial de un mercado digital único en Europa»; |
| --- | --- |

19.

| 20. | destaca que, a la vista de la mayor familiaridad de los jóvenes con la transformación digital y los avances tecnológicos, estos consideran el empleo en las plataformas digitales y la flexibilidad que a menudo ofrece como una oportunidad de trabajo atractiva, incluso aunque no conlleve unos derechos laborales claramente definidos. Cabe señalar que, en la actualidad, la edad media de los trabajadores de las plataformas es diez años inferior a la de los trabajadores que no prestan servicios en línea (17), por lo que la ausencia de un marco claro que defina tales derechos aumenta el empleo precario entre los jóvenes; |
| --- | --- |

20.

| 21. | reconoce la complejidad de las relaciones contractuales en las plataformas digitales, si bien señala que los modelos de empleo de la economía tradicional también se encuentran muy diversificados, sin que dejen por ello de estar sujetos a normas básicas comunes, que se aplican del mismo modo a todos los operadores. Por consiguiente, el CDR pide que se transpongan a la economía de las plataformas y a sus trabajadores las disposiciones laborales y sociales fundamentales, subrayando la necesidad de afrontar a nivel europeo el impacto social del mercado único digital. Una regulación adecuada a nivel nacional —y, cuando sea necesario, a nivel europeo, habida cuenta de la dimensión transnacional de la economía digital— que afronte los retos normativos en las plataformas digitales creará unas condiciones de competencia equitativas entre la economía tradicional y la economía de las plataformas digitales y combatirá el dumping social. Esta regulación debe considerar asimismo prohibir cláusulas de exclusividad que impidan a los trabajadores cooperar con otras plataformas; |
| --- | --- |

21.

| 22. | hace hincapié en que dicha regulación debe abordar cuestiones normativas importantes como la carga de la prueba de la documentación de la relación laboral (y, por lo tanto, de la posible clasificación incorrecta), la evaluación de la presunción refutable de la existencia de una relación laboral, la organización del trabajo a través de una relación contractual con disposiciones abusivas y la cuestión de la titularidad y portabilidad de los datos sobre el perfil y el rendimiento de los trabajadores de plataformas. Además, podría abordar la cuestión de las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los empleadores en relación con la mano de obra total empleada, independientemente de su situación profesional, pero teniendo en cuenta la calidad de las modalidades de trabajo. A fin de tener en cuenta la posibilidad de cruce digital de fronteras y permitir la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (18), como garantía de unos mínimos derechos laborales, debería ser posible distinguir entre el «lugar de trabajo» y el «lugar de prestación del servicio»; |
| --- | --- |

22.

| 23. | señala que la determinación de la existencia de una relación laboral deberá partir de las definiciones en la legislación, los convenios colectivos y las prácticas vigentes en cada Estado miembro, teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE (19). De conformidad con esta jurisprudencia, los trabajadores de las plataformas también están cubiertos si cumplen estos criterios. Comparte el punto de vista del Parlamento Europeo en el sentido de que la «determinación de la existencia de una relación laboral debe guiarse por los hechos relativos al trabajo que realmente se desempeña, y no por la descripción de las partes de la relación» (20). También está de acuerdo en que el «abuso de la condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o en situaciones transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no declarado [...], con el fin de evitar determinadas obligaciones jurídicas o fiscales» (21). Sostiene, por tanto, la necesidad de directrices a nivel europeo para luchar contra este fenómeno; |
| --- | --- |

23.

| 24. | valora positivamente el hecho de que la mayoría de los Estados miembros de la UE disponga de sistemas de salario mínimo acordados por ley o a través de la negociación colectiva. Las cuestiones relacionadas con la fijación de salarios son competencia y responsabilidad de los Estados miembros y de los interlocutores sociales nacionales. Es preciso garantizar que se respetan plenamente la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a firmar convenios colectivos (22); |
| --- | --- |

24.

| 25. | apoya la creación de un grupo de trabajo especial para realizar el examen y seguimiento de las relaciones laborales y la clasificación de los trabajadores en las plataformas digitales, dentro del marco de funcionamiento del «Observatorio de la Economía de las Plataformas Electrónicas de la Unión» establecido por Decisión de la Comisión (23). El Observatorio, integrado por un grupo de expertos independientes en el ámbito de la economía de las plataformas digitales y un grupo especial de funcionarios de la Comisión, ya se encuentra operativo y proporciona asesoramiento especializado a la Comisión sobre la evolución de la economía de las plataformas en línea. El CDR puede contribuir al trabajo del Grupo con sus mejores prácticas a nivel local, regional y transfronterizo, que refuerzan, entre otras cosas, el desarrollo de capacidades para el personal de las administraciones locales y regionales; solicita, por tanto, que se le conceda el estatus de observador en el Observatorio; |
| --- | --- |

25.

Dimensión regional y local

| 26. | señala que el continuo desarrollo y expansión de las actividades económicas en las que penetran las plataformas digitales tienen repercusiones a escala local y regional, por lo que estas también han de regularse en el ámbito de los entes locales y regionales, en el marco de sus competencias, en particular con respecto a la fiscalidad y la planificación urbana; |
| --- | --- |

26.

| 27. | invita a los entes locales y regionales a aportar soluciones a los retos sociales y laborales que plantea el trabajo en las plataformas digitales, respondiendo con medidas de apoyo social para las formas de empleo atípicas, así como medidas para impedir las formas de empleo irregulares y en ocasiones ilegales (como el falso empleo autónomo) en estas plataformas, a fin de garantizar sus derechos de forma individual y colectiva; |
| --- | --- |

27.

| 28. | anima a los entes locales y regionales, como proveedores y receptores de múltiples servicios en línea —a menudo a través de plataformas digitales— a que procedan a integrar en la adjudicación los contratos públicos una discriminación positiva de las plataformas socialmente responsables, así como criterios sociales relativos a las condiciones de trabajo en las plataformas; |
| --- | --- |

28.

| 29. | anima a los entes locales y regionales, como proveedores de servicios, a que desarrollen contratos de trabajo que sirvan de modelo para los demás empleadores locales; |
| --- | --- |

29.

| 30. | anima a los entes locales y regionales a desarrollar políticas de empleo, aprendizaje permanente y sociales que vayan de la mano y tengan en cuenta la digitalización de los mercados laborales; |
| --- | --- |

30.

| 31. | anima a los entes locales y regionales a perseguir, en el marco de sus competencias, el uso fraudulento de la clasificación de los trabajadores a través de la inspección de trabajo u organismo o institución equivalente. |
| --- | --- |

31.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  Comunicación de la Comisión «Una Agenda Europea para la economía colaborativa», COM(2016) 356 final.

1

(2)  OCDE, Perspectivas de Empleo 2019.

2

OCDE, Perspectivas de Empleo 2019.

(3)  Eurofound, 2019, «Platform work: Maximising the potential while safeguarding estándares?» [«El trabajo en plataformas: ¿Maximización del potencial al tiempo que se salvaguardan los estándares?»]. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19045en.pdf

3

(4)  CCI, 2018, «Platform Workers in Europe» https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112157/jrc112157_ pubsy_platform_workers_in_europe_science_for_policy.pdf.

4

(5)  Eurofound, 2018, Empleo y condiciones laborales de determinados tipos de trabajo en plataformas, https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work.

5

(6)  Capítulo II: Condiciones de trabajo justas, puntos 5-6 (https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es).

6

(7)  Estudio del Parlamento Europeo «EU and ILO: Shaping the Future of Work», 2019 (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/DV/2019/09-03/IPOL_STU2019638407_EN.pdf).

7

(8)  «Trabajar para un futuro más prometedor», Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, 2019, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf.

8

(9)  Un ejemplo interesante a este respecto es la iniciativa de la ciudad de Milán, que puso en marcha en 2018 el «contador de información municipal para repartidores», la primera oficina en Italia dedicada a la escucha, la información y el asesoramiento de los trabajadores de plataformas de entrega de alimentos. http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/07/18/a-milano-primo-sportello-per-i-rider_111a55ca-fc7b-4c16-91f7-60b1b22a3c96.html

9

(10)  El futuro del trabajo: la Unión Europea promueve la Declaración del Centenario de la OIT – Conclusiones del Consejo (24 de octubre de 2019).

10

(11)  Ídem.

11

(12)  Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024 (https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf).

12

(13)  Discurso de introducción de Nicolas Schmit, comisario propuesto para la cartera de Empleo, durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/-hearing-of-nicolas-schmit-commissioner-designate-jobs-opening-statement-by-nicolas-schmit_I178011-V_v).

13

(14)  Dictamen del CDR sobre «Economía colaborativa y plataformas en línea: una visión compartida de ciudades y regiones» (COR-2016-04163).

14

(15)  Dictamen del CDR sobre «Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea» (CDR 1129/2018).

15

(16)  COM(2017) 206 de 26 de abril de 2017.

16

(17)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112157/jrc112157_pubsy_platform_workers_in_europe_science_for_ policy.pdf, p. 23.

17

(18)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-18-2018-INIT/es/pdf

18

(19)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2019-INIT/es/pdf.

19

(20)  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0379_ES.html.

20

(21)  Ídem.

21

(22)  Dictamen del CDR sobre «Normas de remuneración del empleo en la UE» (COR-2015-01689).

22

(23)  Decisión de la Comisión de 26.4.2018 que establece un grupo de expertos para el Observatorio de la Economía de las Plataformas Electrónicas (C(2018) 2393 final).

23

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/40 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/40

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un marco europeo de respuestas normativas a la economía colaborativa

(2020/C 79/08)

| Ponente | : | Peter FLORIANSCHÜTZ (AT/PSE), diputado al Parlamento del Estado federado de Viena y concejal del Ayuntamiento de Viena |
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Ponente

:

Peter FLORIANSCHÜTZ (AT/PSE), diputado al Parlamento del Estado federado de Viena y concejal del Ayuntamiento de Viena

RECOMENDACIONES POLÍCITCAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

| 1. | solicita al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión que coloquen la economía colaborativa al frente de sus prioridades para el mandato 2019-2024; |
| --- | --- |

1.

| 2. | constata que la economía colaborativa se basa en una relación triangular entre tres categorías de participantes —clientes, proveedores y plataformas/intermediarios— que difiere en gran medida del tradicional modelo en «cadena» y de la relación bilateral cliente-proveedor en que se basa el actual marco regulador de la UE; |
| --- | --- |

2.

| 3. | considera, por lo tanto, que la aplicación concreta del Derecho de la Unión a estos nuevos modelos de negocio dista mucho de ser completa y es a menudo difícil de establecer, como lo denotan las intensas controversias y recursos a los tribunales que han desencadenado dichos modelos; |
| --- | --- |

3.

| 4. | recuerda que, en su Dictamen (1) de 2016, el Comité concluyó que la Comunicación de la Comisión «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» (2) no aportaba respuestas exhaustivas a algunas de las cuestiones cruciales que plantea la economía colaborativa; considera que esta pasividad ha llevado a dejar decisiones de naturaleza extremadamente política en manos de los tribunales, y no de los legisladores europeos y regionales; |
| --- | --- |

4.

| 5. | destaca los beneficios que puede aportar la economía colaborativa cuando se opera en condiciones equitativas y reguladas, como una mayor competencia en muchos sectores con efectos perturbadores para los operadores tradicionales, lo que se traduce en una oferta más amplia para los consumidores y una reducción de los costes, mejores oportunidades de empleo y efectos medioambientales positivos derivados de un uso más eficiente de los activos y los recursos; |
| --- | --- |

5.

| 6. | señala, no obstante, que, además de estas ventajas, la economía colaborativa también entraña repercusiones negativas en las empresas tradicionales y las comunidades locales; subraya que en el mercado único no es aceptable que se socaven los derechos laborales y de los consumidores ni las normas de protección del medio ambiente, y añade que el Comité está elaborando un dictamen específico sobre el empleo y los aspectos sociales del trabajo en plataformas (3); |
| --- | --- |

6.

| 7. | considera que en el mercado único se debe deparar a las actividades económicas, ya sean en línea o no, el mismo trato y en igualdad de condiciones. La economía colaborativa ofrece mayores posibilidades de elección a los consumidores y nuevas oportunidades a los empresarios, pero los ciudadanos y las empresas deben ser conscientes de las normativas y obligaciones locales de aplicación, independientemente de la modalidad de negocio de la plataforma (por ejemplo, casas compartidas, viajes en coche, servicios domésticos diversos, con fines lucrativos o sin ánimo de lucro, etc.) que hayan elegido; |
| --- | --- |

7.

| 8. | lamenta profundamente el éxodo de numerosos residentes locales que se está produciendo en algunas ciudades principales por el aumento de los precios de la vivienda vinculado al gran número de inmuebles que se destinan al alquiler turístico a corto plazo a través de plataformas en línea; |
| --- | --- |

8.

| 9. | comparte, no obstante, el deseo de la Comisión, expresado en su «Agenda para la Economía Colaborativa» de 2016, de equilibrar los dos objetivos políticos: abordar los problemas actuales —y proporcionar seguridad jurídica— a través de la regulación, por una parte, y fomentar la innovación, las nuevas empresas y el desarrollo de la economía colaborativa, por la otra; |
| --- | --- |

9.

| 10. | opina que el Estado de Derecho implica la creación y la aplicación eficaz de la legislación y que no debe existir ningún impedimento para que los entes locales y regionales apliquen y hagan cumplir las leyes europeas, nacionales o regionales; |
| --- | --- |

10.

| 11. | acoge con satisfacción la acción voluntaria de plataformas en toda Europa, pero subraya que esta no puede sustituir a la normativa marco para un verdadero mercado común; |
| --- | --- |

11.

Un marco europeo con una dimensión territorial

| 12. | considera, haciéndose eco de estas inquietudes, que el actual marco regulador de la UE —introducido antes de la era de las plataformas de economía colaborativa— está efectivamente desfasado y no puede dar respuesta a los retos que plantea la economía colaborativa sin una actualización exhaustiva; |
| --- | --- |

12.

| 13. | pide a la Comisión Europea que presente propuestas en este sentido a lo largo de 2020, en el contexto más amplio de la «Ley de servicios digitales» que figura en la agenda de la presidenta electa de la Comisión (4), especialmente si se tiene en cuenta que la aparición de los principales dispositivos técnicos (por ejemplo, los teléfonos inteligentes) y plataformas es muy posterior a la Directiva sobre comercio electrónico de 2000; |
| --- | --- |

13.

| 14. | constata la poderosa dimensión local y regional de la economía colaborativa, que influye en la vida cotidiana puesto que muchos de los sectores en los que operan estas plataformas —desde el alojamiento, el transporte urbano y los servicios de entrega hasta el uso de los espacios públicos— se regulan o gravan fiscalmente en los ámbitos local y regional; |
| --- | --- |

14.

| 15. | pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un marco regulador incentivador que permita a las plataformas europeas de pequeña escala beneficiarse mejor del mercado único y expandirse para hacer frente con éxito a los actores mundiales dominantes; |
| --- | --- |

15.

| 16. | solicita que el futuro marco europeo reconozca esta dimensión territorial y refuerce la capacidad de las autoridades públicas para regular la economía colaborativa con arreglo a su situación nacional, regional o local, respetando plenamente el principio de subsidiariedad. Lograr el cumplimiento de decisiones judiciales válidas contra las plataformas de alquiler a corto plazo en el país de residencia representa un gran esfuerzo para los entes locales debido a la falta de recursos y a la incapacidad para litigar en otro Estado miembro de la UE; |
| --- | --- |

16.

| 17. | resalta que el principio del país de origen en la Directiva sobre comercio electrónico es fuente de problemas para las ciudades y regiones. Cuanto más fuerte sea el principio del país de origen, más claras y eficaces han de ser las normas para hacer cumplir la ley; cree que existe un riesgo de elección selectiva al entrar en el mercado único que, en última instancia, genera inseguridad jurídica y una pérdida de control administrativo para las autoridades públicas en el país de destino; |
| --- | --- |

17.

| 18. | considera, no obstante, que la acción a nivel local o nacional no podría abordar por sí sola algunas de las preocupaciones fundamentales que se suscitan en torno a la economía colaborativa, y que, así las cosas, se necesita, además de leyes nacionales y regionales, un marco europeo claro; |
| --- | --- |

18.

| 19. | recomienda que se lleven a cabo evaluaciones de impacto territorial de los elementos críticos de la Ley de servicios digitales y del marco europeo para la economía colaborativa; |
| --- | --- |

19.

| 20. | sugiere además que, dada la naturaleza dinámica de la economía colaborativa, se establezca un mecanismo para supervisar la aplicación de la Ley de servicios digitales y el marco europeo para la economía colaborativa; |
| --- | --- |

20.

| 21. | pide a la Comisión Europea que supervise regularmente el desarrollo de plataformas colaborativas en lo que se refiere al cumplimiento de las normas de competencia, ya que a nivel regional y local se puede percibir el elevado predominio en el mercado de apenas unas pocas plataformas; |
| --- | --- |

21.

Fragmentación del mercado interior

| 22. | subraya que la fragmentación del mercado interior ya está en marcha, puesto que, a pesar de la relativa novedad del fenómeno, se viene registrando ya desde 2017 una proliferación de normas para la economía colaborativa en muchos Estados miembros, ciudades y regiones, con iniciativas legales y políticas, en vigor o en planificación, en cerca de dos tercios de los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito de la fiscalidad, la vivienda y las normas de construcción, el transporte y los servicios de entrega, o en relación con los espacios públicos (5); |
| --- | --- |

22.

| 23. | subraya el hecho de que estas numerosas iniciativas demuestran la necesidad de una regulación clara de la UE en el seno del mercado único; de no ser así, la fragmentación resultante puede disuadir tanto a los usuarios como a los proveedores de aprovechar las oportunidades que brinda la economía colaborativa; |
| --- | --- |

23.

| 24. | subraya que detener la fragmentación del mercado recurriendo a normas armonizadas en toda la UE también es crucial para promover el crecimiento de las pequeñas empresas de la economía colaborativa, ya que las grandes plataformas multinacionales existentes en la actualidad se hallan en mejores condiciones para adaptarse a la complejidad y los cambios reglamentarios gracias a su gran escala; |
| --- | --- |

24.

| 25. | está convencido de que la introducción de un marco claro en el ámbito de la UE daría a las empresas europeas de nueva creación la oportunidad de crecer y ganar en competitividad en la escena mundial. Las plataformas colaborativas no europeas merecen especial atención, ya que la aplicación de las normas en terceros países es, en la mayoría de los casos, prácticamente imposible; |
| --- | --- |

25.

Estatus de las plataformas de la economía colaborativa

| 26. | lamenta que la cuestión crucial que representa el estatus de las plataformas de la economía colaborativa —y, por lo tanto, la cuestión de qué normas rigen su funcionamiento— se haya dejado hasta ahora en gran medida en manos de los tribunales, aun tratándose de un asunto de marcada índole política y con implicaciones de gran alcance al que la regulación preexistente no puede dar por sí sola plenamente respuesta; |
| --- | --- |

26.

| 27. | subraya que la Directiva sobre el comercio electrónico (6) y la libertad para prestar servicios transfronterizos relacionados con la sociedad de la información que en ella se contemplan requiere una revisión y actualización a la luz de las controversias y los casos judiciales que actualmente las rodean (7); |
| --- | --- |

27.

| 28. | destaca el hecho de que puede ser necesaria una clarificación más precisa de la propia definición de servicio de la sociedad de la información (8) a fin de distinguir entre los distintos tipos de actividades, en particular en lo relativo a la aparición de los denominados «servicios mixtos», tal como los define el Sr. Szpunar, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre los que se incluyen tanto un servicio de la sociedad de la información como, de forma inseparable, el servicio subyacente que no se presta por medios electrónicos (9); |
| --- | --- |

28.

| 29. | considera que el marco europeo debería definir el estatus de las plataformas de la economía colaborativa en función del grado preciso de control que ejerce la plataforma, y que, por consiguiente, los criterios para establecer la «influencia decisiva» —el concepto al que se refiere el TJUE— han de quedar explícitamente recogidos en la legislación de la UE; |
| --- | --- |

29.

| 30. | considera, por otra parte, que los criterios de «creador de mercado» a los que también se refiere el Abogado General podrían aplicarse en cierta medida a la mayoría de las plataformas de la economía colaborativa y, por lo tanto, son mucho menos pertinentes a la hora de definir su estatus y las normas aplicables a sus actividades; |
| --- | --- |

30.

| 31. | opina que las plataformas colaborativas han ser consideradas responsables de las acciones ilegales o de la difusión de contenidos ilícitos (como, por ejemplo, la oferta de viviendas sociales en plataformas de alquiler a corto plazo), y considera que las decisiones discriminatorias de las plataformas únicamente pueden adoptarse con arreglo a la legislación local o las decisiones de los tribunales; |
| --- | --- |

31.

Estatus de los usuarios de las plataformas de la economía colaborativa y de la protección del consumidor

| 32. | destaca que una característica distintiva de la economía colaborativa es que esta difumina la línea entre operadores profesionales y particulares, esto es, entre agentes comerciales e iguales; |
| --- | --- |

32.

| 33. | considera, a este respecto, que debe revisarse la definición de «prestador de servicios» de la Directiva de servicios (10), ya que su redacción actual podría interpretarse en el sentido de que abarca cualquier actividad económica; cree que esta situación podría tener un efecto disuasorio al imponer cargas desproporcionadas a las personas que deseen actuar ocasionalmente como proveedores no profesionales («iguales») de servicios a través de una plataforma de la economía colaborativa; |
| --- | --- |

33.

| 34. | recomienda, por lo tanto, que se aclare la situación recurriendo a umbrales desarrollados en el ámbito de la UE para el nivel de actividad económica a partir del cual se considerará profesional a un usuario y se lo someterá a la regulación del mercado; considera que la base de estos umbrales deberá ser temporal y no monetaria a fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la UE; |
| --- | --- |

34.

Acceso a los datos

| 35. | señala que el acceso a los datos constituye una cuestión crucial para las autoridades públicas, especialmente a nivel local y regional; es imposible garantizar el debido respeto de las normas locales aplicables y salvaguardar los mecanismos de supervisión si no se accede a los datos pertinentes desde las plataformas que operan en un territorio determinado; |
| --- | --- |

35.

| 36. | considera, por todo ello, que el marco europeo debe exigir a las plataformas que faciliten a las autoridades públicas los datos necesarios para hacer cumplir las normas aplicables a la plataforma o a su sector de actividad con arreglo a una base jurídica (11). No obstante, al acceder a esta información, las autoridades públicas deben tener debidamente en cuenta los datos y los conocimientos técnicos de las plataformas, como los algoritmos de búsqueda y clasificación. Las autoridades públicas no tiene por qué que depender de la voluntad de las plataformas de compartir datos con ellas, ya que la experiencia adquirida en diversas ciudades europeas demuestra que cuando las plataformas se declaran dispuestas a cooperar, «en la práctica no lo hacen, o lo hacen únicamente de forma voluntaria» (12); |
| --- | --- |

36.

| 37. | reconoce que algunas plataformas han adoptado medidas para hacer cumplir por sí mismas determinadas normas, pero, aunque estos esfuerzos son encomiables, los usuarios de la plataforma pueden eludir fácilmente la autorregulación voluntaria (una unidad de alojamiento puede publicarse en varias plataformas o incluso varias veces en la misma plataforma); por lo tanto, se muestra convencido de que el acceso a los datos por parte de las autoridades públicas constituye la mejor solución; |
| --- | --- |

37.

| 38. | declara que las grandes plataformas digitales son los guardianes de la economía digital, pueden alcanzar una posición dominante en el mercado y se benefician en gran medida de los efectos positivos de la red. En el caso de las plataformas dominantes en el mercado, será inevitable reforzar la obligación ya existente en la legislación sobre protección de datos de garantizar la portabilidad de los datos (por ejemplo, a través de interfaces abiertas); |
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38.

Cuestiones fiscales

| 39. | valora positivamente, en todo caso, las prácticas de cooperación que algunas plataformas han puesto en práctica para hacer cumplir normas como la recaudación de impuestos turísticos en nombre de las corporaciones municipales; |
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39.

| 40. | considera, sin embargo, que exigir a todas las plataformas que actúen en este sentido con todos los entes locales y regionales podría representar una gran carga administrativa, mientras que la puesta en común de datos es mucho menos onerosa; |
| --- | --- |

40.

| 41. | destaca que algunas ciudades y regiones no han logrado celebrar acuerdos con plataformas en materia fiscal, ya que algunas plataformas colaborativas no han mostrado ninguna intención de aceptar la legislación fiscal nacional o regional ni las competencias de vigilancia de los órganos locales de supervisión (por ejemplo, los tribunales de cuentas) o cualquier mecanismo de control local en aras de una fiscalidad apropiada; |
| --- | --- |

41.

| 42. | destaca el hecho de que los ingresos percibidos por los proveedores de la economía colaborativa, que tienen la posibilidad de operar a través de plataformas diversas con sede en distintos países, pueden caer en zonas grises y dificultan a las autoridades fiscales seguir su rastro: algunos beneficiarios tienen dudas legítimas sobre cuáles son los impuestos aplicables, mientras que otros podrían intentar deliberadamente eludir el pago de impuestos aprovechándose de la falta de claridad; subraya que la puesta en común de datos entre las plataformas y todas las autoridades públicas competentes pondría fin a esta situación y garantizaría el pago de los impuestos adecuados; |
| --- | --- |

42.

| 43. | destaca que la fiscalidad de las propias plataformas constituye otro punto crucial: las plataformas en línea han de pagar la parte que les corresponde de los impuestos; remite a su Dictamen sobre la «Fiscalidad de la economía digital» (13), donde el Comité considera que los sistemas fiscales vigentes ya no se adaptan al contexto económico actual de la globalización, la movilidad, las tecnologías digitales, los nuevos modelos de negocio y las complejas estructuras empresariales, por lo que acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión a este respecto (14); |
| --- | --- |

43.

Impacto medioambiental

| 44. | considera que la economía colaborativa constituye una vía más para contribuir a las diversas medidas adoptadas por la UE a fin de alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París de 2015; |
| --- | --- |

44.

| 45. | pide a la Comisión Europea que elabore estudios sobre el posible impacto medioambiental de la economía colaborativa de aquí al segundo semestre de 2020, ya que no se dispone de estudios en profundidad de estas características; |
| --- | --- |

45.

Vivienda

| 46. | considera que debe salvaguardarse el ámbito de actuación del sector público para asegurar la libre circulación de bienes y servicios por vía electrónica, aunque sin restringir la competencia ni el funcionamiento de los mercados locales. Así pues, la Directiva sobre el comercio electrónico deberá especificar y ampliar los criterios de interés general. Una vivienda asequible es de suma importancia para los ciudadanos europeos en todos los Estados miembros, y los alquileres a corto plazo a través de plataformas pueden reforzar las tendencias negativas en el mercado de la vivienda; |
| --- | --- |

46.

Observaciones finales

| 47. | destaca el hecho de que muchas regiones y ciudades se enfrentan en sus territorios a la aparición de actividades de plataforma sin previo aviso. Diversas ciudades europeas firmaron en 2018 la Declaración de las Sharing Cities (15); |
| --- | --- |

47.

| 48. | pide, por consiguiente, a la Comisión que proponga un marco europeo que haga obligatoria la notificación previa a las autoridades competentes y que fomente la colaboración entre las autoridades y las plataformas para garantizar que estas operan de conformidad con las normas aplicables y de un modo acorde a la situación local, y |
| --- | --- |

48.

| 49. | espera con ahínco colaborar con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo para dar forma a un marco europeo que ofrezca respuestas de carácter regulador a la economía colaborativa. |
| --- | --- |

49.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  COR-2016-04163. Disponible en línea: https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2016-04163-00-01-ac-tra-es.docx/content.

1

(2)  COM(2016)356 final. Disponible en línea: http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/com356-2016_part1_ext_es.docx.

2

(3)  Dictamen sobre el tema «Trabajo en plataformas digitales: retos normativos en las esferas local y regional», ponente: Dimitrios BIRMPAS. Expediente SEDEC-VI/051.

3

(4)  «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados – Mi agenda para Europa». Disponible en línea: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf.

4

(5)  Informe de análisis jurídico de la Comisión, DG JUST, 2017. pp. 92-101, disponible en línea en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex5_task5_reportmay2017.pdf.

5

(6)  Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre comercio electrónico). Disponible en línea en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031.

6

(7)  Véanse en particular los asuntos del TJUE C-434/15 y C-320-16 relativos a Uber y el asunto en curso C390-18 relativo a Airbnb.

7

(8)  La definición puede consultarse en la Directiva (UE) 2015/1535, disponible en línea en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535.

8

(9)  TJUE, conclusiones del Abogado General en el asunto C-434/15, disponible en línea en: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170050es.pdf.

9

(10)  Directiva 2006/123/CE disponible en línea en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123.

10

(11)  Reglamento general de protección de datos, art. 6, apartado 1, letra e).

11

(12)  The Guardian, junio de 2019, disponible en línea: https://www.theguardian.com/cities/2019/jun/20/ten-cities-ask-eu-for-help-to-fight-airbnb-expansion.

12

(13)  Ref.: COR-2018-02748. Disponible en línea: https://webapi2016.COR.europa.eu/v1/documents/cor-2018-02748-00-00-ac-tra-es.docx/content.

13

(14)  Ref.: COM(2018) 147 final y COM(2018) 148 final.

14

(15)  Disponible en línea: http://www.sharingcitiesaction.net/declaration/.

15

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/45 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/45

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Configuración de la futura Asociación Oriental por los entes locales y regionales

(2020/C 79/09)

| Ponente general | : | Tadeuš ANDŽEJEVSKI (LT/CRE), miembro de la Corporación Municipal de Vilna |
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| Documento de referencia | : | Consulta estructurada de la UE sobre el futuro de la Asociación Oriental a partir del 26 de julio de 2019 |

Ponente general

:

Tadeuš ANDŽEJEVSKI (LT/CRE), miembro de la Corporación Municipal de Vilna

Documento de referencia

:

Consulta estructurada de la UE sobre el futuro de la Asociación Oriental a partir del 26 de julio de 2019

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

| 1. | reconoce el éxito del establecimiento de la Asociación Oriental (en lo sucesivo, AO), iniciada hace diez años, por iniciativa conjunta de la Unión Europea, sus Estados miembros y seis países socios de Europa Oriental y del Cáucaso Meridional: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania; señala que Polonia y Suecia fueron los principales impulsores de la creación de la AO como política estructurada destinada a promover la cooperación regional y estrechar las relaciones entre la UE y los socios de Europa Oriental; considera que la AO se ha convertido en un importante instrumento de la UE en sus relaciones con los países vecinos de su frontera exterior oriental; señala que, en la década transcurrida desde la creación de la AO, se han llevado a cabo una serie de proyectos e iniciativas que han favorecido la aplicación de reformas esenciales en los países de la AO y el desarrollo de sus sociedades civiles; |
| --- | --- |

1.

| 2. | respalda un mayor desarrollo de la AO en los próximos diez años de cooperación con la UE; pide que los países de la AO participen en mayor grado en las instituciones y agencias de la UE y en los programas sectoriales de la Unión y que tomen parte más estrechamente en el proceso decisorio y en el uso de estos programas en esos países; recomienda que se amplíe de forma gradual el papel de los entes locales y regionales de los países de la AO en la gestión de los programas de la UE que se aplican en esos países; |
| --- | --- |

2.

| 3. | respalda especialmente que se amplíe el marco jurídico para configurar la AO, por ejemplo, mediante el refuerzo de los acuerdos de asociación con Ucrania, Georgia y Moldavia o mediante cláusulas adicionales que permitan la participación en otros programas de la UE; por consiguiente, acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento Europeo destinada a ampliar la cooperación con estos tres países; considera que el objetivo de una cooperación cada vez más estrecha con estos países debería ser la perspectiva de la adhesión a la UE; no obstante, señala que también debe intensificarse la cooperación con el resto de los países de la AO; por ejemplo, deberían definirse las prioridades comunes de la asociación entre la UE y cada país, lo que podría servir de base para concluir acuerdos marco sobre una mayor cooperación; |
| --- | --- |

3.

| 4. | ha participado activamente en los trabajos de la AO y ha fomentado y reforzado esta iniciativa entre los entes locales y regionales; ha contribuido a fortalecer la autonomía local en los países de la AO y la cooperación regional (tanto entre los países de la AO como entre estos y la UE) a través de una serie de iniciativas, como la creación de la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap) o los grupos operativos consagrados a apoyar las reformas de descentralización en los distintos países (Ucrania); |
| --- | --- |

4.

| 5. | recomienda que se refuerce institucionalmente la Corleap para que pueda cumplir mejor su misión de promover la descentralización en los países de la AO; por lo tanto, pide una cooperación más estrecha entre los representantes de las grandes asociaciones de entes locales y regionales de la UE y de los países de la AO en el marco de la Corleap; |
| --- | --- |

5.

| 6. | señala que la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada en las constituciones y los sistemas jurídicos de todos los países de la AO y que todos los países de la AO han ratificado sin reservas los principales convenios internacionales en este ámbito; recuerda que la igualdad de género también está firmemente consagrada en los Tratados de la UE. El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige que la Unión promueva la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus actividades y, por tanto, también en el marco de la AO; al mismo tiempo, pide a las instituciones de la UE que apoyen el intercambio de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres en los entes locales y regionales de la UE y de los países de la AO; |
| --- | --- |

6.

| 7. | considera que los entes locales y regionales seguirán desempeñando un papel importante en la aplicación satisfactoria de los objetivos de la Asociación en el próximo período de programación de la AO; por ello, espera que la Comisión Europea y los jefes de Estado o de Gobierno de la UE tengan en cuenta, durante la Cumbre de la AO que se celebrará durante la Presidencia croata del Consejo de la UE, las recomendaciones y los dictámenes que el Comité ha elaborado en cooperación con los niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos; |
| --- | --- |

7.

| 8. | señala que la sociedad civil y los entes locales y regionales desempeñan un importante papel en el fortalecimiento del Estado de Derecho: los entes locales y regionales de la UE y los países de la AO constituyen un nivel fundamental de legitimidad democrática y asumen un papel fundamental a la hora de promover una cultura del Estado de Derecho y supervisar el cumplimiento de los principios asociados a ella; |
| --- | --- |

8.

| 9. | apoya nuevas reformas de descentralización en estos países, respetando al mismo tiempo el derecho de autodeterminación de los países de la AO en lo que se refiere a la estructuración territorial e institucional de su jurisdicción; por consiguiente, se suma plenamente a las Conclusiones de la novena Conferencia anual de la Corleap, celebrada en Turku (Finlandia) el 12 de septiembre de 2019, en las que se pide un enfoque estratégico para reforzar las iniciativas regionales y locales encaminadas a la democratización y la descentralización, también en el ámbito de la hacienda pública; |
| --- | --- |

9.

| 10. | respalda el llamamiento de algunas asociaciones europeas de entes locales y regionales para que los entes locales y regionales participen plenamente en los programas de la UE que se aplican en los países de la AO asociados con la Unión, en particular en materia de planificación sostenible, desarrollo económico y social, refuerzo de las inversiones e infraestructuras locales y regionales. Los objetivos de desarrollo sostenible deben constituir un principio rector para la UE y los países de la AO, y hay que propugnar que sirvan de base para la cooperación en todos sus ámbitos de actuación. Ejemplos de ello son la participación de estos países en los programas URBACT y Europa para los Ciudadanos y en programas sobre el cambio climático, como LIFE; asimismo, considera conveniente abrir el instrumento TAIEX y el hermanamiento de ciudades a la participación de los entes locales y regionales de los países de la AO; |
| --- | --- |

10.

| 11. | asimismo, respalda la participación de los entes locales y regionales de los países de la AO en la definición de los objetivos de la AO y su posterior aplicación; en este sentido, aboga por un enfoque que permita a los países de la AO participar en mayor o menor medida y desea salvaguardar el principio de no antagonismo entre estos países; |
| --- | --- |

11.

| 12. | recomienda la renovación de los «veinte resultados para 2020» sobre la base de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, al objeto de contribuir a su aplicación en los países de la AO; |
| --- | --- |

12.

| 13. | señala que la Unión Europea sigue estando comprometida a apoyar la integridad territorial, la independencia y la soberanía de todos sus socios. El pleno cumplimiento, respeto y adhesión a los objetivos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Acta final de Helsinki de 1975 y la Carta de París de la OSCE de 1990 son fundamentales para nuestra visión compartida de una Europa pacífica e indivisa; |
| --- | --- |

13.

| 14. | apoya que se redoblen los esfuerzos para fomentar la resolución pacífica de los conflictos de la región sobre la base de los principios y las normas del Derecho internacional. La resolución de conflictos, crear confianza y unas buenas relaciones de vecindad son esenciales para la cooperación y el desarrollo económicos y sociales; acoge favorablemente la labor y el refuerzo del papel de la UE en la resolución de conflictos y en el fomento de la confianza en el marco de los formatos y procesos de negociación vigentes acordados o en apoyo de los mismos, incluso a través de la presencia sobre el terreno cuando proceda; |
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14.

| 15. | acoge favorablemente una mayor implicación de todos los socios en lo tocante a la modernización de los sistemas educativos, de investigación e innovación, la mejora de sus resultados en materia de calidad y su competitividad, al tiempo que se garantiza el respeto de los derechos que ya ejercen las personas pertenecientes a minorías nacionales y consagrados en los Convenios de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa y en sus correspondientes protocolos, velando por la no discriminación de las personas pertenecientes a minorías y el respeto de la diversidad, y que se tenga plenamente en cuenta la experiencia en la materia de los órganos del Consejo de Europa a la hora de reformar estos sistemas; |
| --- | --- |

15.

| 16. | en particular, pide una resolución pacífica del conflicto en las regiones del este de Ucrania y del problema de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia; |
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16.

Promoción de la buena gobernanza en los países de la AO

| 17. | aboga por reforzar la capacidad y la calidad de todos los niveles de la administración pública de los países de la AO y, en particular, de los entes locales y regionales; también aboga por mejorar las cualificaciones de los funcionarios públicos y garantizar una mayor transparencia en la contratación de funcionarios públicos y en la toma de decisiones públicas, como las normas de lucha contra la corrupción y la adopción de decisiones basadas en prácticas democráticas; |
| --- | --- |

17.

| 18. | por consiguiente, acoge con satisfacción la «iniciativa anticorrupción de la Unión en Ucrania» (EUACI), aplicada por la Agencia de Desarrollo de Dinamarca y cofinanciada por fondos de la UE y Dinamarca. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a la administración local a reducir el riesgo de corrupción, en particular estableciendo procedimientos administrativos estables y transparentes y proporcionando de este modo más transparencia sobre el funcionamiento de la administración pública en beneficio de los ciudadanos, las organizaciones locales de la sociedad civil y los medios de comunicación; |
| --- | --- |

18.

| 19. | en este contexto, reconoce el papel de la Escuela Nacional de Administración Pública de Varsovia (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej), que, tras la Cumbre de la AO de 2011, ofreció nueve programas de formación a los funcionarios de diferentes niveles de gobierno de los países de la AO en el marco de la «Academia de Administración Pública para la Asociación Oriental»; |
| --- | --- |

19.

| 20. | señala que solo una pequeña proporción de los más de 500 participantes de la formación eran funcionarios locales o regionales; anima a que un mayor número de funcionarios locales o regionales participe en cursos de formación organizados por los Estados miembros o las instituciones de la UE para reforzar la capacidad administrativa de los países de la AO; señala que los gobiernos de cada uno de los países de la AO a menudo justifican las dificultades a las que se enfrentan sus entes locales y regionales a la hora de ejecutar y gestionar los proyectos de la UE por su falta de capacidad administrativa; |
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20.

| 21. | por lo tanto, respalda la iniciativa de la Corleap para crear, en uno de los países de la AO, una plataforma de formación en línea y una escuela de administración de Europa Oriental, cuyo papel debería consistir en proporcionar una formación completa y coordinada a los funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno de los países de la AO, teniendo en cuenta las buenas prácticas que han demostrado su eficacia en la UE; considera que, de esta manera, podrían armonizarse los procedimientos de formación de los funcionarios públicos en los países de la AO, lo que incluye la mejora de las competencias lingüísticas en inglés y el establecimiento de normas profesionales y éticas elevadas; |
| --- | --- |

21.

| 22. | reconoce los resultados del proyecto piloto de la UE (en el marco de la herramienta inter pares de TAIEX) que tiene por objeto formar a funcionarios de Georgia, Moldavia y Ucrania de acuerdo con el principio de «aprendizaje por observación», lo que les permite adquirir experiencia en los Estados miembros de la UE y, posteriormente, compartir estos conocimientos y experiencia en la administración pública de sus países de origen; propone aumentar la proporción de funcionarios locales y regionales que participan en este programa y abrirlo a todos los países de la AO; acoge con satisfacción, además de la introducción del programa de expertos nacionales en formación profesional de la Comisión Europea establecido para los países de la AO, el anuncio de un relanzamiento del programa para jóvenes profesionales (EU4Youth) para estos países; además, considera que la participación en la iniciativa Jaspers, que proporciona asistencia en la preparación de proyectos de la UE, también podría utilizarse para reforzar la capacidad administrativa de los países de la AO; |
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22.

| 23. | respalda tanto las asociaciones entre los entes locales y regionales de los Estados miembros de la UE y de los países de la AO como otras asociaciones similares entre los entes locales y regionales de cada uno de los países de la AO. Un ejemplo de esta forma de asociación es la cooperación entre regiones, ciudades y municipios; considera que estas asociaciones pueden ofrecer oportunidades para el intercambio de información y experiencias, los intercambios culturales y juveniles, la organización de cursos de formación, las visitas de expertos, los períodos de prácticas para funcionarios y otras actividades; |
| --- | --- |

23.

| 24. | por consiguiente, reconoce el éxito del proyecto piloto de asociación entre ciudades y regiones de los Estados miembros de la UE y Ucrania (en el marco del programa «U-LEAD with Europe»). Este programa de cooperación de un año de duración, dirigido por el CDR, tenía por objeto promover la descentralización en Ucrania y, en particular, mejorar la gobernanza económica en ámbitos como la energía, el turismo y el desarrollo rural; |
| --- | --- |

24.

| 25. | en el contexto de la promoción de la buena gobernanza a escala local y regional en los países de la AO, propone fomentar el trabajo analítico y técnico en materia de desarrollo local y regional y eliminar los principales problemas y obstáculos al desarrollo detectados en estos niveles. Este trabajo técnico puede ser realizado por organizaciones de la sociedad civil local (grupos de reflexión) y otros centros de análisis e investigación, en cooperación con organizaciones similares de los Estados miembros de la UE; |
| --- | --- |

25.

| 26. | sostiene que el apoyo técnico y organizativo a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación locales y las asociaciones de entes locales y regionales tiene un papel importante que desempeñar en el fomento de la buena gobernanza a escala local y regional en los países de la AO; |
| --- | --- |

26.

| 27. | considera que el respeto de los derechos de las minorías nacionales, su participación en el proceso decisorio y la posterior aplicación de las decisiones por parte de los entes locales y regionales constituyen elementos importantes de la buena gobernanza; |
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27.

Apoyar el desarrollo económico y social

| 28. | respalda todas las iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo económico y social de los países de la AO, en particular a escala local y regional; por ello, acoge con satisfacción la iniciativa de la UE Alcaldes por el Crecimiento Económico (Mayors for Economic Growth, M4EG), lanzada en 2017, que se aplicará en el marco de la AO y ayudará a los entes locales a fomentar el crecimiento económico, entre otras cosas, modificando la legislación, mejorando el acceso a la financiación, desarrollando las infraestructuras y los recursos humanos y reforzando la capacidad de atraer inversión extranjera; |
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28.

| 29. | en consonancia con su anterior Dictamen CIVEX-VI/030, reitera el llamamiento para garantizar la disponibilidad de datos estadísticos oficiales de alta calidad sobre el nivel local y regional de los países de la AO con el fin de gestionar el desarrollo social y económico de manera más eficaz y estratégica. Los datos estadísticos que se faciliten deberán desglosarse, en la medida de lo posible, en función del sexo; |
| --- | --- |

29.

| 30. | señala que, a falta de tales datos estadísticos, es imposible evaluar el potencial económico de las distintas regiones o municipios y evaluar la eficacia de los proyectos económicos y sociales que llevan a cabo, lo que dificulta la lucha contra la corrupción e impide la transparencia en la vida social; |
| --- | --- |

30.

| 31. | también está a favor del intercambio de experiencias y del apoyo técnico por parte de los Estados miembros de la UE para la gestión estratégica de los presupuestos locales, la prestación más eficaz de servicios locales, la introducción de un presupuesto participativo que tenga en cuenta las opiniones de los ciudadanos, etc.; |
| --- | --- |

31.

| 32. | recomienda que se preste un mayor apoyo a las iniciativas destinadas a reforzar el espíritu empresarial local y regional —en particular, de las pymes— en los países de la AO y que se den a conocer mejor los principios del emprendimiento social; |
| --- | --- |

32.

| 33. | asimismo, recomienda que se pongan en marcha programas destinados a promover la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables en los países de la AO, teniendo en cuenta la necesidad de descentralizar estos programas a escala local y regional; por consiguiente, reconoce los resultados de la iniciativa del Pacto de los Alcaldes del Este (Covenant of Mayors East, CoM-East), cuyo fin es promover y aplicar los objetivos de la política energética y climática de la UE en los países de la AO. Esta iniciativa debe ayudar a los entes locales de estos países, en particular, a introducir la energía sostenible, garantizar el suministro de energía y adaptarse al cambio climático; |
| --- | --- |

33.

| 34. | pide una mayor participación de los países de la AO en los programas Erasmus+, Europa Creativa, COSME y Horizonte 2020 y en otras iniciativas de este tipo que se lleven a cabo durante el próximo marco financiero plurianual de la UE; al mismo tiempo, alienta a definir las preferencias organizativas para la participación de estos países en los programas mencionados, por ejemplo, en el marco de consorcios conjuntos entre agentes de los países de la AO y los Estados miembros de la UE; |
| --- | --- |

34.

| 35. | aboga por que se tengan en cuenta los principios de transparencia y lucha contra la corrupción en los países de la AO a la hora de aplicar programas conjuntos entre los entes locales y regionales y los operadores locales del mercado (incluidas las pymes) y con los inversores extranjeros; |
| --- | --- |

35.

Desarrollar la cooperación transfronteriza

| 36. | considera que las iniciativas de cooperación transfronteriza, en particular las relativas a la cooperación entre los países de la AO y los Estados miembros de la UE y las relativas al desarrollo local y regional, son instrumentos importantes que pueden contribuir a conseguir los objetivos de la AO; |
| --- | --- |

36.

| 37. | por consiguiente, acoge con satisfacción la ampliación de los programas de cooperación territorial de la AO (Eastern Partnership Territorial Cooperation), que cuentan con la participación de determinados entes regionales y locales en cuatro pares de países: Armenia-Georgia, Bielorrusia-Georgia, Bielorrusia-Ucrania y Moldavia-Ucrania; considera que los programas de cooperación territorial deben aplicarse, como hasta ahora, entre los países de la AO, pero también entre las regiones fronterizas de los países de la AO y los Estados miembros de la UE; |
| --- | --- |

37.

| 38. | considera que la cooperación transfronteriza debe perseguir los siguientes objetivos: intensificación de los contactos entre las poblaciones, intercambios culturales y juveniles, intercambio de experiencias entre las sociedades civiles y sobre el funcionamiento de los medios de comunicación locales, intercambios científicos y técnicos para promover la descentralización, el desarrollo local y regional y un funcionamiento más eficaz de la administración pública, y asociaciones entre los entes locales y regionales; |
| --- | --- |

38.

| 39. | considera que el diseño de la cooperación transfronteriza puede basarse en programas comparables que se estén aplicando en la UE. A tal fin, deberían utilizarse procedimientos que hayan demostrado su eficacia en el marco del programa Interreg, que se aplica con éxito en las regiones fronterizas de la UE desde hace más de veinte años; |
| --- | --- |

39.

| 40. | considera que, en el caso de los programas de cooperación transfronteriza, debe prestarse especial atención al aspecto humano, de modo que las regiones fronterizas entre los países de la AO, pero también las regiones de estos países que limitan con los Estados miembros de la UE, se conviertan en lugares de cooperación y, en muchos casos, de reconciliación; opina que los pequeños proyectos denominados P2P («entre iguales»), que podrían separarse administrativamente de los programas de mayor envergadura, pueden atraer a un gran número de personas al reducir la carga administrativa y facilitar lo más posible el acceso de los beneficiarios potenciales (escuelas, hospitales, organizaciones juveniles, instituciones religiosas, etc.), ya que disminuiría el esfuerzo que han de realizar estos beneficiarios para participar en el programa; con vistas al futuro desarrollo de estructuras permanentes con personalidad jurídica, también cabría examinar la posibilidad de implantar una especie de «agrupación de cooperación territorial de la Asociación Oriental» similar a la AECT; |
| --- | --- |

40.

| 41. | considera que los programas de cooperación transfronteriza deberían concentrar sus recursos financieros en determinados entes locales y regionales de los países de la AO y, sobre esta base, acumular experiencias, inicialmente a través de proyectos piloto; |
| --- | --- |

41.

Comunicación

| 42. | considera que el desarrollo de las conexiones por carretera y ferrocarril y de las telecomunicaciones, por ejemplo, es un elemento importante para profundizar la cooperación entre los países de la AO y entre estos y los Estados miembros de la UE; |
| --- | --- |

42.

| 43. | por consiguiente, acoge con satisfacción la creación de una plataforma de inversión para los países que participan en la política de vecindad (Neighbourhood Investment Platform, NIP), cuyas actividades son financiadas en parte por el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) y en parte por otras fuentes, utilizando tanto subvenciones como préstamos (financiación mixta); en este contexto, señala que el FEDS también proporciona garantías financieras para estas inversiones y que, hasta 2019, en el marco de la NIP se han llevado a cabo o aprobado quince proyectos para los países de la AO, con un volumen de financiación de 151 millones de euros (el volumen total de financiación puede llegar a alcanzar los 1 800 millones de euros). Muchas de estas inversiones se han destinado al desarrollo de la infraestructura de red, incluida la infraestructura de transporte, mientras que otras inversiones se han dedicado a la infraestructura local en el marco del programa de inversión en infraestructura municipal (Municipal Infrastructure Investment Programme); |
| --- | --- |

43.

| 44. | considera que las iniciativas en el ámbito del transporte deben llevarse a cabo no solo con fondos de la UE asignados directamente a la AO, sino también en el contexto de programas de financiación mixta; por consiguiente, está satisfecho con las inversiones realizadas en los países de la AO en el marco del plan de acción indicativo de inversiones en la RTE-T y acoge con satisfacción la posibilidad de aplicar medidas en el marco del Mecanismo «Conectar Europa»; señala que algunas de estas inversiones tienen carácter local y contribuyen al desarrollo de las conexiones de transporte en las ciudades y regiones de los países de la AO; considera oportuno aumentar el margen de utilización de otros programas e instrumentos de la UE y facilitar el acceso de los países de la AO a estos fondos; |
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44.

| 45. | opina que, para alcanzar los objetivos de la AO, es necesario aumentar el límite máximo de los fondos de la UE en las próximas perspectivas financieras para el período posterior a 2020; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de aumentar aproximadamente en un 25 % la financiación de los nuevos instrumentos de acción exterior (Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional); no obstante, señala que la financiación de la AO debe incrementarse en una cantidad similar; además, considera que ha de estudiarse la posibilidad de prever una financiación específica, en el marco de este instrumento, destinada al cumplimiento de los objetivos, así como a la cooperación transfronteriza, de los entes locales y regionales de los países de la AO. |
| --- | --- |

45.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/50 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/50

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción contra la desinformación

(2020/C 79/10)

| Ponente | : | Randel LÄNTS (EE/PSE), concejal del Ayuntamiento de Viljandi |
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| Documento de referencia | : | Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de Acción contra la desinformación»
  JOIN(2018) 36 final |

Ponente

:

Randel LÄNTS (EE/PSE), concejal del Ayuntamiento de Viljandi

Documento de referencia

:

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de Acción contra la desinformación»

JOIN(2018) 36 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones

| 1. | acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea para combatir la desinformación (1), que sensibiliza sobre el problema y advierte de los efectos negativos que puede tener la desinformación en los procesos electorales y en la integridad de las instituciones democráticas. El CDR acoge con satisfacción el enfoque multilateral frente a la desinformación, que fomenta la participación de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, y se basa en la cooperación, la educación y la regulación; |
| --- | --- |

1.

| 2. | confirma las opiniones expresadas en su Dictamen «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo» (2). En particular, el CDR desea llamar la atención sobre la necesidad de familiarizar mejor a los ciudadanos con este problema y subraya que una manera de conseguirlo es a través del aprendizaje en la escuela; |
| --- | --- |

2.

| 3. | observa con satisfacción que el tema de la desinformación, tanto en lo que se refiere a los procesos dentro de la Unión Europea como a los acontecimientos más allá de sus fronteras, y que implica a agentes de dentro y fuera de la Unión, ocupa un lugar destacado en la agenda de la Comisión Europea entrante; espera con interés cooperar estrechamente con el equipo de comisarios europeos recientemente constituido para aportar la experiencia y transmitir las preocupaciones de los niveles subnacionales de gobierno en este ámbito; |
| --- | --- |

3.

| 4. | acoge con satisfacción la Resolución del Parlamento Europeo sobre la injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos democráticos nacionales y europeos y reitera la necesidad de adoptar un enfoque multinivel y multilateral para atajar el fenómeno, integrando, en particular, la perspectiva de los entes locales y regionales; |
| --- | --- |

4.

| 5. | señala que la desinformación, como problema inherente a las complejas y rápidas transformaciones socioeconómicas, debe abordarse de manera integral. El CDR considera que los entes locales y regionales están bien preparados para participar en los debates sobre la amenaza de la desinformación, así como para tomar iniciativas y coordinar contramedidas apropiadas; |
| --- | --- |

5.

| 6. | destaca que existen verdaderos centros de difusión de información falsa y que, para neutralizarlos, se necesita un compromiso común y constante por parte de las instituciones, las plataformas de medios sociales y la sociedad civil; |
| --- | --- |

6.

| 7. | constata que las nuevas formas de obtener y difundir información requieren que se capacite a los ciudadanos para combatir la desinformación en línea mediante conocimientos, competencias digitales y medidas. Desarrollar la alfabetización mediática de los ciudadanos fomenta su pensamiento crítico y les permite examinar en profundidad la información y sus fuentes. Este proceso permite a los ciudadanos elegir con conocimiento de causa los contenidos consumidos, reforzando así notablemente su resiliencia social. La cuestión es urgente, como refleja el hecho de que más de la mitad de la población de los Estados miembros de la UE recibe sus noticias diarias a través de las redes sociales; |
| --- | --- |

7.

| 8. | no obstante, considera que los hábitos y las competencias de las personas en el uso de los medios de comunicación siguen estando marcados por la credibilidad de los medios «tradicionales», que, a su vez, se basan en una elaboración responsable de sus publicaciones. Ser conscientes de que una empresa que proporciona contenidos periodísticos es garante, desde el punto de vista legal, económico y ético, de la veracidad de la información que publica y que defiende con su reputación ha hecho que, hasta ahora, nos hayamos movido en un entorno de información pública fiable y constructivo; |
| --- | --- |

8.

| 9. | constata que los editores y la fiabilidad de la información difundida en los nuevos medios de comunicación están sujetos a escaso o nulo control. Al mismo tiempo, en los últimos años han surgido nuevas formas y medios que permiten mostrar la información falsa de un modo creíble y realista; |
| --- | --- |

9.

| 10. | llama la atención sobre la experiencia adquirida hasta ahora en diversas cuestiones y sobre las campañas relacionadas con la educación cívica, que demuestran claramente que solo un proceso largo y complejo puede concienciar a la población y cambiar su comportamiento, entre otras cosas gracias a la puesta en práctica de la denominada «alfabetización mediática», es decir las competencias en relación con los medios y la información. Los medios de comunicación, los políticos y los diferentes responsables pueden hablar largo y tendido sobre la cuestión de la información falsa, pero solo tienen un efecto limitado en el cambio de comportamiento de las personas; |
| --- | --- |

10.

| 11. | reconoce que todavía no ha sido posible incluir todos estos aspectos en los programas de educación cívica e integrarlos en la sensibilización general de los ciudadanos y en el trabajo diario de los nuevos medios. Para lograr cambios de comportamiento a largo plazo, es preciso contar con educación cívica e impulsar las labores de comunicación. Además de fomentar el sistema educativo y desarrollar el pensamiento y la actuación cívicos, también es fundamental que el trabajo de comunicación tenga una base amplia y que el grupo destinatario reciba la información a través de los canales que prefiera; |
| --- | --- |

11.

| 12. | subraya que las plataformas de redes sociales generan beneficios significativos en la Unión Europea, pero no ofrecen a los usuarios un servicio de asistencia rápida en lo que se refiere a sus contenidos. La comunicación con las plataformas de redes sociales es específica, individualizada y ocasional; se echan en falta una comunicación normalizada, rápida y eficaz contra la desinformación o la incitación al odio; |
| --- | --- |

12.

| 13. | considera esencial, a fin de garantizar un intercambio de información pública equilibrado y basado en pruebas, que para las plataformas de redes sociales en las que se publican informaciones políticas remuneradas se apliquen requisitos uniformes en relación con la veracidad de dichas informaciones. En caso de que se demuestre que una información política remunerada no cumple estos requisitos, debe obligarse a la plataforma de redes sociales a retirar el contenido correspondiente; |
| --- | --- |

13.

| 14. | expresa su preocupación por que las plataformas de redes sociales hayan podido hasta ahora eludir con éxito la legislación que obliga a estas empresas a apoyar a los usuarios en lo que respecta a los contenidos y resolver sus problemas en tiempo real y en la lengua del Estado miembro de que se trate; |
| --- | --- |

14.

| 15. | expresa su preocupación por que las personas a menudo carezcan de las competencias y los conocimientos necesarios y no sepan cómo reaccionar ante la información falsa o cómo comportarse cuando ellos mismos o sus allegados son víctimas de información falsa o de incitación al odio. Los municipios pequeños, en especial, siguen careciendo de la experiencia necesaria y no saben cómo tratar con las plataformas globales de redes sociales en una situación de crisis; |
| --- | --- |

15.

| 16. | lamenta que los problemas se vean a menudo exacerbados por el hecho de que los representantes de las plataformas de redes sociales quizás no comprendan el contexto cultural y las particularidades locales y que la comunicación se realice principalmente en inglés y lleve mucho tiempo. En caso de que se difunda desinformación, es preciso encontrar una solución rápida, pero hasta ahora las plataformas de redes sociales han sido pasivas y faltas de transparencia; |
| --- | --- |

16.

| 17. | lamenta que los entes locales, que son las instituciones mejor informadas de lo que sucede sobre el terreno, asuman solo un papel secundario en la lucha contra la difusión de información falsa y a menudo carezcan de los conocimientos, las capacidades y los recursos necesarios. Además, la lucha contra la desinformación —en contraposición a los servicios sociales, la educación y el bienestar de las personas— no es una de las competencias tradicionales de los entes regionales y locales; |
| --- | --- |

17.

| 18. | señala que los entes locales y regionales podrían hacer mucho para combatir la desinformación. Podrían ayudar a los ciudadanos a distinguir entre la información real y la desinformación haciendo su trabajo más abierto y transparente y organizando diálogos ciudadanos y debates públicos en directo y en línea. Para llevar a cabo estos esfuerzos, deberían asociarse con periodistas locales y regionales, instituciones científicas, grupos de reflexión, la sociedad civil, las autoridades nacionales y los organismos de la UE, instituciones, activistas y comentaristas políticos; |
| --- | --- |

18.

| 19. | señala que la lucha contra la desinformación y las modalidades para llevarla a cabo requieren capacidades e instrumentos específicos que no están al alcance, de momento, del funcionario o el especialista promedio de un ente regional o local. Las carencias en materia de capacidades y conocimientos y la falta de experiencia constituyen importantes desventajas estratégicas que dificultan la detección eficaz de la desinformación y la prevención de su difusión; |
| --- | --- |

19.

| 20. | recuerda que la importancia de la infoesfera pública y la velocidad de difusión de la información tienen repercusiones considerables en los procesos políticos y en el estado de ánimo de una sociedad. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de reforzar la capacidad de combatir la desinformación en el seno de los entes regionales y locales y entre otros agentes sobre el terreno; |
| --- | --- |

20.

| 21. | subraya que la lucha contra la difusión de la desinformación no debe ser una forma de control de las actitudes o de censura ni dar la impresión de que lo es. La posible difusión de desinformación debe ser objeto de un seguimiento sistemático y continuo en los períodos previos a las elecciones, en momentos de crisis y en épocas de rápidos cambios sociales, pero no siempre. Prevenir la desinformación no debe equipararse a la restricción de la libertad de expresión, a un control político de la opinión o a un paso hacia una sociedad de vigilancia, sino que constituye una condición para la libertad de expresión y de opinión; |
| --- | --- |

21.

| 22. | destaca que la lucha contra la desinformación solo debe llevarse a cabo en condiciones de absoluta transparencia, dando a los ciudadanos la posibilidad de recibir información completa y mantenerse actualizados, por ejemplo, en temas como la protección de datos, el tratamiento de los datos personales y los aspectos financieros. Sin transparencia suficiente, existe un gran riesgo de que las medidas destinadas a luchar contra la desinformación se conviertan en sí mismas en blanco de ataques informativos; |
| --- | --- |

22.

| 23. | opina que los medios de comunicación y la sociedad civil regionales y locales deben participar de la manera más amplia posible en la lucha contra la desinformación. En razón de su labor diaria y su experiencia profesional, los periodistas están formados para detectar desinformación, son más conscientes y están más atentos que otros agentes que no se mueven diariamente por el entorno de la información; |
| --- | --- |

23.

| 24. | señala que proporcionar recursos financieros, reforzar la cooperación y mejorar los conocimientos son modos de fomentar diferentes iniciativas para permitir a los periodistas y la sociedad civil comprobar hechos, desmontar mitos y difundir información veraz; |
| --- | --- |

24.

| 25. | considera importante que los agentes de la sociedad civil, incluidos los entes regionales y locales, participen en la creación de redes de verificadores de datos, lo que aumentará la transparencia y proporcionará conocimientos sobre las circunstancias locales. También podría adoptarse el denominado principio de credibilidad de la economía colaborativa, que significa que los verificadores de datos podrían ser compensados en función de la intensidad y precisión de su actividad, a fin de aumentar el número de personas que participan. En un sistema de estas características, la comunidad de verificación de datos regularía su propio trabajo y también garantizaría sus propias normas mediante una revisión por pares. Además, es fundamental seguir desarrollando redes y herramientas institucionales a nivel nacional y europeo; |
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25.

| 26. | constata que la formación y la concienciación de los representantes de la sociedad civil contribuyen a reforzar el trabajo en red contra la difusión de noticias falsas e información no veraz y reducir el riesgo de censura o los intentos de restringir la libertad de expresión por parte de las autoridades públicas. |
| --- | --- |

26.

| 27. | por otro lado, destaca que disponer públicamente de determinadas herramientas tecnológicas que permitieran detectar de manera oportuna y sencilla campañas de desinformación masivas facilitaría la lucha contra la desinformación. Los algoritmos pertinentes para efectuar el seguimiento de la actividad en las redes sociales podrían desarrollarse en mayor medida al objeto de identificar campañas de desinformación a gran escala y, cuando se detecten casos graves, dar las respuestas adecuadas; |
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27.

| 28. | subraya que el intercambio rápido y eficaz de información y experiencias es esencial en la lucha contra la desinformación. Analizar las experiencias en las comunidades regionales y locales y los casos en que se ha difundido información falsa puede poner de relieve las similitudes, las pautas, los errores y los éxitos de estas campañas. Por consiguiente, la Unión Europea debería promover el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre los entes territoriales y los Estados miembros, tanto en lo que respecta a la financiación como a través de su red; |
| --- | --- |

28.

Propuestas

| 29. | propone que se anime a las plataformas de redes sociales, mediante recomendaciones políticas o medidas reguladoras, a realizar un trabajo de información mucho mayor con el fin de instruir a los usuarios sobre la desinformación y reforzar su espíritu crítico ante las fuentes. En los períodos previos a las elecciones o los referendos y en momentos de crisis, las redes sociales podrían mostrar contenido que explique el contexto específico y alerte a los usuarios de las fuentes de desinformación; a este respecto, señala que el análisis precoz de la reciente campaña electoral europea sugiere que muchas plataformas facilitaron información para alertar a los usuarios sobre situaciones específicas, lo que contribuyó a limitar el impacto de cualquier tipo de actividad de desinformación; |
| --- | --- |

29.

| 30. | considera que, si es necesario, deben fomentarse las plataformas de redes sociales mediante recomendaciones políticas o medidas reguladoras, para contribuir en mayor medida al desarrollo de redes globales de verificadores de datos, lo que probablemente requerirá algún tipo de sistema de compensación basado en los ingresos generados por los nuevos medios de comunicación; estima también de suma importancia promover medios de comunicación fidedignos, tanto a nivel nacional como regional y local; en este sentido, los agentes de los servicios públicos, en particular, tienen un papel importante que desempeñar, y seguirán teniéndolo en el futuro; |
| --- | --- |

30.

| 31. | recomienda que se aprueben medidas normativas con el fin de detectar y neutralizar campañas de difusión de información falsa, en particular mediante a la cooperación con las plataformas de redes sociales y mediante la difusión de información. Introducir normas comunes para informar sobre la lucha contra la desinformación permitiría supervisar las actividades de las plataformas de redes sociales durante un período de tiempo más prolongado y, en su caso, hacer que las supervisen terceros independientes, obteniendo así una visión más completa de la magnitud de los problemas relacionados con la propagación de la desinformación; |
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31.

| 32. | recomienda establecer un marco jurídico a escala europea que obligue a las plataformas globales de redes sociales a ofrecer un servicio de asistencia y un punto de contacto en cada Estado miembro que trabajen en la lengua del país correspondiente. Cualquier ciudadano, representante comunitario o representante de una organización no gubernamental debería poder dirigirse fácilmente a los servicios de asistencia al cliente, que deben basarse en principios similares en toda la Unión Europea. Garantizar este apoyo al cliente en la lengua materna y contar con la presencia física de un servicio de asistencia facilitarían enormemente la lucha contra la información falsa y reforzarían los derechos de los ciudadanos; |
| --- | --- |

32.

| 33. | recomienda que las plataformas de redes sociales proporcionen a los ciudadanos la posibilidad de informar, en caso necesario y sin grandes esfuerzos, sobre la difusión de información falsa o sobre el mero intento de difundirla; |
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33.

| 34. | pide que se considere la posibilidad de prestar apoyo económico a los entes regionales y locales y las asociaciones de ciudadanos en toda Europa con el fin de aumentar la capacidad de detectar la desinformación, combatir su difusión y reforzar la cooperación, también a través de las fronteras, entre las autoridades públicas y las asociaciones de ciudadanos; |
| --- | --- |

34.

| 35. | recomienda que se facilite, a través de la red de verificadores de datos, una «Guía para tratar la desinformación»con el fin de generar aprendizajes a través de los centros docentes y los entes locales para fomentar el pensamiento crítico en la lucha contra la desinformación; |
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35.

| 36. | constata la necesidad de desarrollar en los más jóvenes la capacidad de análisis de los hechos, el espíritu crítico y el sentido común para descifrar y contrastar la información que reciben y, para ello, considera necesario fomentar acciones divulgativas (debates, diálogos, etc.) en los centros educativos y de formación destinadas a luchar contra la desinformación. |
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36.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de Acción contra la desinformación»

1

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones: «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo».

2

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| 10.3.2020 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 79/54 |
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10.3.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 79/54

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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018

(2020/C 79/11)

| Ponente | : | Dominique LÉVÊQUE (FR/PSE), alcalde de Aÿ-en-Champagne |
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| Documento de referencia | : | Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018
  COM(2019) 339 final |

Ponente

:

Dominique LÉVÊQUE (FR/PSE), alcalde de Aÿ-en-Champagne

Documento de referencia

:

Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018

COM(2019) 339 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Consideraciones generales

| 1. | considera que una política de competencia no falseada y eficaz constituye una base indispensable para el proyecto europeo. No constituye, pues, un fin en sí misma, sino un instrumento de aplicación del mercado interior que es necesario para la realización de los objetivos de la UE, tal como se definen en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y que se basa en particular en el marco estratégico de los objetivos de desarrollo sostenible, una economía social de mercado y el progreso social. Por otra parte, la aplicación de la política de competencia debe ser coherente con las demás políticas de la Unión [artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] y obedecer a los requisitos transversales en materia de empleo, medio ambiente y protección de los consumidores definidos en los artículos 9, 11 y 12 del TFUE; |
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1.

| 2. | recuerda que el artículo 3 del TFUE confiere una competencia exclusiva a la Unión Europea (UE) en materia de adopción de las normas de competencia y que la Comisión dispone de poderes de ejecución directa. En consecuencia, no se aplican a la política de competencia los mecanismos jurídicos previstos para garantizar el respeto del principio de subsidiariedad (artículo 5 del TUE). No obstante, esta competencia exclusiva no exime a la Comisión de la obligación de mantener un diálogo permanente y prestar la debida consideración, durante la preparación y la evaluación de los mecanismos de competencia, con las autoridades públicas de los Estados miembros a todos los niveles, las autoridades nacionales de competencia, el Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones (CDR), el Comité Económico y Social Europeo y la sociedad civil, y en particular, las asociaciones de consumidores; |
| --- | --- |

2.

| 3. | acoge con satisfacción el Informe anual sobre la política de competencia 2018, si bien observa que este, en esencia, expone las principales decisiones adoptadas por la Comisión ese año y la evolución legislativa en la materia, pero no contiene ninguna propuesta de reforma. Por otra parte, las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea (2019-2024), presentadas por la presidenta electa el pasado 16 de julio, sí contemplan reformas de la política de competencia europea, en particular, en relación con el «Pacto Verde Europeo», una nueva legislación sobre los servicios digitales o la creación de un fondo público-privado especializado en ofertas públicas iniciales de pymes; |
| --- | --- |

3.

| 4. | lamenta profundamente que el acuerdo de retirada del Reino Unido de 17 de octubre de 2019 ya no contenga medidas vinculantes para garantizar que en el futuro este país cumpla las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, competencia y cuestiones fiscales pertinentes. El compromiso no vinculante y no específico del Reino Unido de mantener la igualdad de condiciones para todos mediante «normas comunes estrictas» en estos ámbitos, tal como se establece en la Declaración política que acompaña al Acuerdo, ofrece una protección insuficiente a los ciudadanos, los trabajadores y las empresas del Reino Unido; |
| --- | --- |

4.

Retirada del Reino Unido de la Unión Europea

| 5. | resalta que el Reino Unido seguirá sujeto a las normas de competencia de la UE como mínimo hasta la fecha de su retirada de la Unión Europea. Las investigaciones abiertas antes de esa fecha podrían cerrarse con posterioridad a la misma, pero deberán en cualquier caso llevarse a cabo; celebra en este contexto las aclaraciones aportadas por la Comisión en su nota de 25 de marzo de 2019 sobre las consecuencias de una retirada del Reino Unido en lo que respecta al Derecho de la UE en materia de competencia (1), pero lamenta que en ella solo se aborden las prácticas de competencia desleal y el control de las operaciones de concentración entre empresas; |
| --- | --- |

5.

| 6. | considera que, en el supuesto de una retirada británica, se debe vigilar también sobre si el Gobierno británico cumple o no su compromiso de seguir controlando las ayudas estatales con arreglo a un marco reglamentario común con la UE; reitera, por otra parte, su petición de que se estudie la posibilidad de establecer medidas de adaptación temporales (por ejemplo, de flexibilización o suspensión) de las normas sobre ayudas estatales para aquellas zonas geográficas y aquellos sectores económicos que resulten especialmente afectados por las consecuencias de una retirada del Reino Unido, con mayor razón si esta se produce fuera de un marco negociado (escenario sin acuerdo); ello deberá dar lugar a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento general de exención por categorías; |
| --- | --- |

6.

Política de competencia y estrategia industrial de la UE

| 7. | recuerda que el Consejo animó a la Comisión a que «presentara, a más tardar al final de 2019, una visión a largo plazo del futuro industrial de la UE, junto con medidas concretas para hacerla realidad». En este contexto, el CDR se ha declarado ya convencido de «que una estrategia industrial de la UE también debe incluir una revisión de las normas de la Unión sobre ayuda y control de las operaciones de concentración para garantizar la igualdad de condiciones en el plano internacional, de conformidad con las políticas comerciales y los acuerdos multilaterales globales. Al mismo tiempo, esta estrategia debe incluir el potencial de inversión e innovación de las ayudas estatales o las fusiones» (2). El CDR considera que uno de los parámetros de este potencial es la capacidad de crear o mantener empleos industriales en la UE, en particular participando en la reconversión de sectores industriales con dificultades y en la producción de componentes estratégicos para la industria europea; |
| --- | --- |

7.

| 8. | sugiere un cambio de método en materia de control de las ayudas a la I+D y a la innovación (I+D+I), limitando al máximo el control ex ante ejercido por la Comisión, reduciendo los plazos de examen de las ayudas y simplificando el mecanismo para los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) (3). Este cambio debería facilitar la ejecución de los PIICE, de los que solo se ha podido poner en marcha uno, en materia de microelectrónica, por un importe de 1 750 millones EUR, mientras que el proyecto relativo al diseño y la producción de células y módulos de baterías de nueva generación, por un importe de 6 000 millones EUR de inversión para 1 200 millones EUR de ayudas públicas, fue presentado a la Comisión el pasado mes de mayo; |
| --- | --- |

8.

Ayudas estatales – Consideraciones generales

| 9. | celebra que el proceso de modernización del control de las ayudas estatales iniciado en 2014 haya hecho posible un aumento del número de exenciones, con más del 96 % de las nuevas medidas de ayuda aplicadas desde 2015 con arreglo al Reglamento general de exención por categorías (RGEC), así como que el control de las ayudas estatales se haya centrado en los principales problemas; |
| --- | --- |

9.

| 10. | resalta el interés que presenta, en términos de transparencia, el desarrollo de la plataforma informática «Transparency Award Module» (4), que permite transmitir y publicar los datos relativos a las ayudas estatales de importe superior a 500 000 EUR, y constata que a finales de 2018 veinticinco Estados miembros habían publicado información sobre más de 43 000 ayudas concedidas; |
| --- | --- |

10.

| 11. | reitera su convencimiento de que la Comunicación sobre el concepto de ayuda estatal adoptada en 2016 por la Comisión proporciona una base útil a las autoridades públicas para abordar mejor esta compleja problemática. No obstante, pide a la Comisión que la actualice a la luz de la evolución de su propia práctica decisoria y de la jurisprudencia europea, en particular en materia de selectividad; |
| --- | --- |

11.

| 12. | pide a la Comisión que incremente el límite máximo de las ayudas de minimis de 200 000 a 500 000 EUR durante un período de tres ejercicios fiscales, teniendo en cuenta que este límite se fijó en 2006; |
| --- | --- |

12.

| 13. | destaca que en 2018 la Comisión emprendió un control de adecuación de las normas sobre ayudas estatales que debería ir seguido, a principios de 2020, de una serie de propuestas de revisión. En ese contexto, insiste en que el CDR participe plena y oportunamente en el análisis de las propuestas relativas a los mecanismos más intrínsecamente vinculados a las competencias y al ámbito de acción político, económico y social de los entes locales y regionales, a saber, el RGEC; el Reglamento de minimis; las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional; el Marco sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I); la Comunicación relativa a las ayudas estatales para proyectos importantes de interés común europeo (PIICE); las Directrices sobre financiación del riesgo, las relativas a las ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas, las relativas a la protección del medio ambiente y la energía, las relativas a las ayudas al salvamento y la reestructuración; y por último, las relativas al sector ferroviario; |
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13.

| 14. | toma nota de la consulta pública celebrada entre el 26 de junio y el 27 de septiembre de 2019 sobre la propuesta de revisión del Reglamento general de exención por categorías («RGEC») que debe acompañar al próximo marco financiero plurianual («MFP»), con el objetivo de determinar la manera más sencilla y eficaz posible de facilitar una combinación de financiación nacional y financiación con cargo al presupuesto de la UE. Se felicita especialmente de que la propuesta amplíe la actual exención por categorías, que se limita a las ayudas concedidas a las pymes y a las grandes empresas sin necesidad de notificación previa (artículo 20). Se congratula asimismo de que el RGEC pueda establecer una exención por categorías simplificada para los importes muy pequeños de ayudas concedidas a los proyectos de cooperación territorial europea (hasta 20 000 EUR por empresa y proyecto) (artículo 20 bis). Por último, apoya el aumento del límite máximo de intensidad de la ayuda al 80 % para las pymes. No obstante, plantea dos preocupaciones adicionales:






  i) | la necesidad de aclarar que el uso de recursos propios por parte de las instituciones públicas que participan en proyectos no cuenta como contribución pública en el cálculo de los porcentajes máximos de intensidad de la ayuda; |
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14.

i)

la necesidad de aclarar que el uso de recursos propios por parte de las instituciones públicas que participan en proyectos no cuenta como contribución pública en el cálculo de los porcentajes máximos de intensidad de la ayuda;

| ii) | la confirmación de que las ayudas concedidas en virtud del artículo 20 bis no entran en el ámbito de aplicación de las obligaciones de información (artículo 11) y de control (artículo 12) del RGEC y no entrañan obligaciones de información por parte de terceros; |
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ii)

la confirmación de que las ayudas concedidas en virtud del artículo 20 bis no entran en el ámbito de aplicación de las obligaciones de información (artículo 11) y de control (artículo 12) del RGEC y no entrañan obligaciones de información por parte de terceros;

| 15. | toma nota de la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles, publicada el 22 de julio de 2019 (5), que forma parte de la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (6). Dentro de este marco jurídico, la Comunicación no ofrece ninguna facilidad a los beneficiarios de ayudas estatales y, en particular, de ayudas de minimis. En efecto, no se reduce el plazo de prescripción de diez años para las ayudas de minimis, a pesar de que este plazo sea en la práctica mucho más largo como consecuencia de las acciones procedimentales de suspensión. La Comisión tampoco acepta renunciar a la recuperación en aquellos casos en que haya creado una confianza legítima, cuando no se disponga de la información necesaria para la recuperación o cuando una resolución de un tribunal nacional relativa específicamente a la existencia de una ayuda pase a ser firme. Por otra parte, la Comisión considera que, si no se puede recuperar el importe de la ayuda, no solo se debe declarar insolvente al beneficiario, sino que tampoco se le debe autorizar ninguna reestructuración ni la continuación temporal de su actividad sin recuperar antes el importe total de la ayuda. Este enfoque es difícilmente conciliable con el objetivo de unos procedimientos de insolvencia nacionales y europeos. Aunque los procedimientos de recuperación de ayudas estatales tienen por objeto eliminar de forma retroactiva los efectos distorsionadores de las ayudas ilegales, la reestructuración de empresas con arreglo a la legislación en materia de insolvencia tiene en cuenta asimismo otros objetivos, como el mantenimiento del empleo. Por consiguiente, el CDR pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar una propuesta para modificar el Reglamento 2015/1589; |
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15.

| 16. | destaca que el marco para las ayudas estatales en el sector bancario no ha evolucionado desde agosto de 2013 (7), mientras que el contexto económico ha cambiado radicalmente, y cabe plantearse si la condición previa de que una ayuda pueda contribuir a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro» [artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE] sigue siendo pertinente; |
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16.

| 17. | acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 24 de septiembre de 2019, en los asuntos acumulados T-755/15 y T-759/15, relativa a la validez de la Decisión de la Comisión Europea de 2015 sobre la ayuda concedida por Luxemburgo a Fiat Chrysler Finance Europe. En efecto, la sentencia confirma que una ventaja selectiva mediante una consulta fiscal puede constituir ayuda estatal ilegal e incompatible con el mercado interior y que el examen por la Comisión de una consulta fiscal con arreglo a las normas sobre ayudas estatales no constituye una «armonización fiscal»; Al mismo tiempo, subraya que, según la sentencia del Tribunal de 15 de noviembre de 2011 en los asuntos acumulados C-106/09 y C-107/09P, «es competencia de los Estados miembros [...] la determinación de las bases imponibles y el reparto de la carga fiscal entre los diferentes factores de producción y los diferentes sectores económicos»; |
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17.

Ayudas estatales en materia de servicios de interés económico general (SIEG)

| 18. | recuerda que, para la aplicación de las normativas de la UE sobre ayudas estatales en materia de SIEG, los Tratados otorgan a los Estados miembros amplias facultades de apreciación en cuanto a la definición de un SIEG. También deben respetarse los principios de autonomía local y regional, de cohesión económica, social y territorial y de neutralidad con respecto al régimen de la propiedad en los Estados miembros de la Unión, garantizados en el artículo 3 del TUE y en los artículos 14, 106 y 345 y el Protocolo n.o 26 del TFUE; |
| --- | --- |

18.

| 19. | resalta la importancia que reviste, en materia de SIEG de vivienda social, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 2018 en respuesta a un recurso de organismos neerlandeses de vivienda social (8). En efecto, dicha sentencia precisa, por una parte, la obligación del Estado miembro de demostrar que, para eludir las normas de competencia, el alcance de un SIEG de vivienda social debe ser necesario y proporcionado con respecto a una necesidad real de servicio público en materia de acceso a la vivienda, y, por otra parte, limita el papel de la Comisión al control de los errores manifiestos. La definición del SIEG de vivienda social contiene un error manifiesto si es imprecisa por limitarse a prever el alquiler prioritario a las personas con dificultades para encontrar una vivienda adecuada, sin definir dicho grupo objetivo; |
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19.

| 20. | reitera, en este contexto (9), su llamamiento a favor de una aclaración del ámbito de aplicación de la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2011 en cuanto a la vivienda social. Para responder a la realidad alarmante del sector de la vivienda que afecta a un amplio sector de la población con ingresos modestos o incluso medios, y a las distintas particularidades de los mercados inmobiliarios locales, así como a fin de respetar la facultad de apreciación otorgada a los Estados miembros en cuanto a la definición de un SIEG, y en aplicación del principio de subsidiariedad, la decisión debería aplicarse a la oferta de viviendas sociales para colectivos específicos, cuyas necesidades de alojamiento no pueden satisfacerse con arreglo a las condiciones de mercado, en particular debido a sus limitaciones en materia de solvencia o a otras vulnerabilidades. Las autoridades competentes de los Estados miembros han de definir claramente la naturaleza exacta de las necesidades recurriendo a criterios adecuados y transparentes; |
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20.

| 21. | toma nota de que la Comisión adoptó, el 7 de diciembre de 2018, una prolongación hasta el 31 de diciembre de 2020 del período de aplicación de su Reglamento relativo a las ayudas de minimis a las empresas que prestan SIEG. En este contexto, el Comité remite a lo que solicitó:






  — | una elevación de los umbrales de minimis aplicables a las ayudas estatales en favor de los SIEG (más allá de las medidas de compensación por un máximo de 500 000 EUR sobre cualquier período de tres ejercicios fiscales); |
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21.

—

una elevación de los umbrales de minimis aplicables a las ayudas estatales en favor de los SIEG (más allá de las medidas de compensación por un máximo de 500 000 EUR sobre cualquier período de tres ejercicios fiscales);

| — | una revisión de la definición de «beneficio razonable» de un SIEG, para tener en cuenta, en particular, que dichos beneficios suelen reinvertirse en los propios SIEG, en especial adoptando incentivos o aumentando el porcentaje de beneficio que puede reconocerse como razonable; |
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—

una revisión de la definición de «beneficio razonable» de un SIEG, para tener en cuenta, en particular, que dichos beneficios suelen reinvertirse en los propios SIEG, en especial adoptando incentivos o aumentando el porcentaje de beneficio que puede reconocerse como razonable;

Ayudas estatales en materia de transición ecológica y energética

| 22. | insiste en la importancia de que la política de la Comisión en materia de ayudas a la protección del medio ambiente y a la energía se inscriba plenamente en la aplicación del Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, promueva la energía sostenible en la forma de energías renovables y de medidas a favor de una mayor eficiencia energética, y permita luchar contra la precariedad energética, garantizar el suministro de energía y reforzar la cohesión territorial; reclama en este contexto que se ponga fin a las ayudas estatales para la extracción de combustibles fósiles; |
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22.

| 23. | llama la atención de los miembros del Comité Europeo de las Regiones y, en general, de los representantes de los entes locales y regionales, respecto de la consulta en curso (hasta el 6 de noviembre de 2019) referida a la evaluación de las normas sobre las subvenciones estatales para los servicios sanitarios y sociales de interés económico general (10) y espera que tenga lugar un amplio intercambio de experiencias prácticas. Por su parte, se hace eco de las dificultades a las que se enfrentan los entes locales y regionales a la hora de definir el ámbito de aplicación del concepto de «personas desfavorecidas» en relación con la vivienda social y el método de cálculo de las compensaciones excesivas; |
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23.

| 24. | toma nota del proceso de revisión de las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, iniciado el 20 de diciembre de 2018; |
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24.

| 25. | desea aportar las siguientes contribuciones con vistas a la futura revisión de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía:






  — | pide que las ayudas estatales a la biomasa y el biometano se condicionen a garantías de origen; |
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25.

—

pide que las ayudas estatales a la biomasa y el biometano se condicionen a garantías de origen;

| — | recomienda que se introduzcan disposiciones sobre el almacenamiento y el autoconsumo de energías renovables, garantizando la coherencia con la Directiva revisada sobre energía renovable (en particular, artículos 21 y 22); |
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—

recomienda que se introduzcan disposiciones sobre el almacenamiento y el autoconsumo de energías renovables, garantizando la coherencia con la Directiva revisada sobre energía renovable (en particular, artículos 21 y 22);

| — | aboga por que se vincule la concesión de las ayudas a una obligación de transparencia, en virtud de la cual se definan claramente en la factura los costes repercutidos a los consumidores [en coherencia con la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo (11)]; |
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—

aboga por que se vincule la concesión de las ayudas a una obligación de transparencia, en virtud de la cual se definan claramente en la factura los costes repercutidos a los consumidores [en coherencia con la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo (11)];

| — | sugiere modificar el apartado 220 de las Directrices de forma que los Estados miembros estén obligados a demostrar que han considerado de forma prioritaria diferentes medios de alcanzar el objetivo de suprimir gradualmente las ayudas perjudiciales para el medio ambiente o la economía, tales como dar prioridad a la gestión de la demanda y a las medidas de eficiencia energética, aumentar la capacidad de interconexión y abrir el sistema a las energías renovables (12); |
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—

sugiere modificar el apartado 220 de las Directrices de forma que los Estados miembros estén obligados a demostrar que han considerado de forma prioritaria diferentes medios de alcanzar el objetivo de suprimir gradualmente las ayudas perjudiciales para el medio ambiente o la economía, tales como dar prioridad a la gestión de la demanda y a las medidas de eficiencia energética, aumentar la capacidad de interconexión y abrir el sistema a las energías renovables (12);

| 26. | pide a la Comisión que compruebe si la exención de impuestos del queroseno no constituye un falseamiento de la competencia en beneficio del sector aéreo basada en una interpretación incorrecta del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (1944). En efecto, este dispone que en un vuelo internacional el combustible contenido en los depósitos de un avión no puede gravarse a la llegada a un país, pero no dice nada sobre la imposición en el momento del avituallamiento. En consecuencia, como sucede en algunos Estados miembros, un Estado podría imponer, como mínimo en un vuelo interior, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, una tasa sobre los billetes si el avión está en competencia directa con un servicio ferroviario, o un impuesto sobre el queroseno. Sin embargo, debido al impacto de dichos impuestos en el mercado interior de la UE, sería preferible que dicha imposición se coordinase a escala europea. Considera, por tanto, que la Iniciativa Ciudadana Europea «Fairosene» destinada a poner fin a la exención fiscal a los carburantes de aviación en Europa merece ser tenida en cuenta (13); |
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26.

| 27. | reitera su petición (14) de que «de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se designe a las regiones carboníferas como regiones susceptibles de recibir ayuda especial y que se adapten las normas de la UE en materia de ayudas estatales para estas regiones especiales al objeto de permitir la adopción de medidas que permitan hacer frente a los cambios estructurales [...]. Además, deberá examinarse si, en razón de la enorme relevancia y el ejemplo que puede suponer la reconversión medioambiental de las regiones carboníferas para la política energética y climática de la Unión Europea, estas medidas de apoyo podrían fundamentarse en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE»; |
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27.

Política de competencia y cohesión económica, social y territorial

| 28. | acoge con satisfacción que en 2018, la Comisión aplicase por vez primera las Directrices relativas a la banda ancha autorizando a los poderes públicos a apoyar el despliegue de la banda ancha, en concreto para un proyecto bávaro (15) relativo al despliegue de redes de muy alta capacidad en seis municipios rurales. Con respecto a la afirmación de que la realización de los objetivos en materia de conectividad del mercado único digital requerirá una inversión total de unos 500 000 millones EUR en los próximos diez años, es esencial que la política de competencia tenga en cuenta las características específicas del despliegue de la banda ancha en las zonas rurales, a fin de servir al interés público e invertir la tendencia cada vez más asimétrica entre las zonas rurales y las zonas urbanas en lo que atañe a las posibilidades de acceso a las tecnologías; |
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28.

| 29. | hace hincapié en que, en su Dictamen sobre el Reglamento marco relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión, el CDR propuso que, en el contexto de los regímenes de ayudas estatales, el organismo que concede la ayuda pueda considerarse beneficiario de la misma (artículo 2) «cuando la ayuda por empresa sea igual o inferior a 200 000 EUR» y destaca que el Parlamento Europeo y el Consejo han aceptado esta propuesta; |
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29.

| 30. | recuerda que, en materia de fondos europeos, el Reglamento general de exención por categorías dispone (considerando 26) que «la financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no quede directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro no constituye ayuda estatal. En caso de que dicha financiación de la Unión se combine con ayudas estatales, únicamente deben tomarse en consideración estas últimas para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda de los porcentajes máximos de financiación establecidos en la normativa europea aplicable»; |
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30.

| 31. | reitera su llamamiento a la Comisión para que aumente significativamente el umbral para la aplicación del RGEC a las ayudas a los aeropuertos regionales respecto al umbral actual de 200 000 pasajeros al año, dado que no perjudican de manera significativa el comercio entre los Estados miembros, que son incapaces estructuralmente de cubrir los costes de capital y de funcionamiento (16) y que las ayudas estatales otorgadas tienen por objeto el desarrollo de infraestructuras de transporte aéreo seguras y viables en las regiones mal comunicadas (17); |
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31.

| 32. | lamenta que las propuestas avanzadas por la Comisión en junio de 2018 para una reforma de la PAC después de 2020 no incluyan, a diferencia de lo que había pedido el CDR, propuestas de revisión de las normas de competencia aplicables al sector agrícola; pide, por tanto, a la Comisión que, independientemente del seguimiento interinstitucional de las propuestas legislativas relativas a la PAC para después de 2020, reconsidere su interpretación, hasta ahora demasiado restrictiva, del artículo 101 del TFUE en las directrices horizontales y no obstaculice los acuerdos colectivos celebrados por las organizaciones de productores; |
| --- | --- |

32.

| 33. | acoge con satisfacción el hecho de que, en línea con las reivindicaciones del CDR, la Comisión haya aumentado en marzo de 2019 el límite máximo individual para las ayudas de minimis en el sector agrícola de 15 000 EUR a 20 000 EUR (en determinadas condiciones, a 25 000 EUR), incrementando al mismo tiempo el límite máximo nacional para todas las ayudas de minimis del 1 al 1,25 % de la producción agrícola anual del país durante un período de tres años. Estos dos aumentos permiten tener en cuenta, al menos parcialmente, la recrudescencia de situaciones de crisis climáticas, sanitarias y económicas; |
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33.

La política de competencia en la era digital

| 34. | acoge con satisfacción que en el informe de la Comisión se considere una prioridad la adaptación de la política de competencia de la UE a la era digital y que el nuevo Programa de competencia para el período 2021-2027 se centre en los retos asociados al uso de los metadatos y los algoritmos; |
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34.

| 35. | lamenta, en consecuencia, que las propuestas contenidas en el informe sobre «una política de competencia para la era digital» (18), presentado el pasado mes de abril, no se hayan abordado más en profundidad en el informe anual; considera especialmente pertinentes las siguientes propuestas:






  — | en ausencia de beneficios bien justificados en materia de protección del consumidor, deberían prohibirse las estrategias utilizadas por las plataformas dominantes para reducir la presión competitiva a que se enfrentan; |
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35.

—

en ausencia de beneficios bien justificados en materia de protección del consumidor, deberían prohibirse las estrategias utilizadas por las plataformas dominantes para reducir la presión competitiva a que se enfrentan;

| — | las investigaciones de la Comisión deberían hacer menos hincapié en el análisis de la definición del mercado y más en las teorías del perjuicio, así como en la identificación de estrategias anticompetitivas; |
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—

las investigaciones de la Comisión deberían hacer menos hincapié en el análisis de la definición del mercado y más en las teorías del perjuicio, así como en la identificación de estrategias anticompetitivas;

| — | debería analizarse caso por caso el acceso a los datos de que dispone la empresa considerada dominante —pero no las competidoras— así como la continuidad de ese acceso diferenciado a los datos; |
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—

debería analizarse caso por caso el acceso a los datos de que dispone la empresa considerada dominante —pero no las competidoras— así como la continuidad de ese acceso diferenciado a los datos;

| — | deberían garantizarse: i) la portabilidad de los datos, es decir, la capacidad de los usuarios de transferir a otro lugar los datos que haya recogido una plataforma sobre ellos; y ii) la interoperabilidad de los datos; |
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—

deberían garantizarse: i) la portabilidad de los datos, es decir, la capacidad de los usuarios de transferir a otro lugar los datos que haya recogido una plataforma sobre ellos; y ii) la interoperabilidad de los datos;

| — | se debería imponer a las plataformas que constituyen infraestructuras de intermediación sistémica la carga de la prueba de que la «autopreferencia» no tiene un efecto de exclusión a largo plazo en los mercados de productos, tal como afirma la denuncia presentada por veintitrés bolsas de empleo electrónicas europeas contra el programa «Google for Jobs»; |
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—

se debería imponer a las plataformas que constituyen infraestructuras de intermediación sistémica la carga de la prueba de que la «autopreferencia» no tiene un efecto de exclusión a largo plazo en los mercados de productos, tal como afirma la denuncia presentada por veintitrés bolsas de empleo electrónicas europeas contra el programa «Google for Jobs»;

| 36. | reclama la creación de un mecanismo legislativo europeo que permita a la autoridad responsable (local, regional, nacional o europea) que haya encomendado a plataformas el desempeño de misiones o servicios de interés general el acceso a los algoritmos utilizados por ellas, así como el control sobre estos; |
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36.

| 37. | apoya un mayor grado de control de las adquisiciones de empresas emergentes por parte de plataformas o ecosistemas dominantes o de dimensión sistémica; recomienda asimismo que los umbrales jurisdiccionales establecidos por el Reglamento de la UE relativo a las concentraciones se modifiquen de forma que las adquisiciones se valoren no solo en función del volumen de negocios, sino también del valor de la transacción, a fin de evaluar mejor el potencial competitivo de las empresas emergentes, que por lo general no se ajustan a un modelo de beneficios a corto plazo; |
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37.

Control de las concentraciones

| 38. | insiste en la necesidad de que el análisis competitivo realizado por la Comisión tenga más en cuenta la cuestión del control del Estado y de las subvenciones concedidas a empresas que pueden falsear la competencia, en especial cuando se trata de competidores de terceros países; |
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38.

| 39. | invita asimismo a la Comisión a que estudie la posibilidad de adaptar el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (19) y actualizar las directrices en materia de operaciones de concentración. En concreto, la Comisión debería garantizar que los compromisos estructurales exigidos para autorizar fusiones no conduzcan a la venta de activos estratégicos a competidores fuera de Europa (lo que sucede en un caso de cada dos desde 2010). Por otra parte, el horizonte temporal del análisis de la Comisión se ha fijado en principio a dos o tres años, lo que no permite anticipar cambios importantes derivados de la entrada en el mercado de actores innovadores, en particular en el sector digital. Por tanto, las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales podrían modificarse suprimiendo la referencia al plazo de dos años (artículo 74) y estipulando que el horizonte temporal del análisis dependa «de las características y la dinámica del mercado, así como de las capacidades específicas de los competidores potenciales»; |
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39.

Dimensión mundial de la política de competencia

| 40. | considera que, cuando se concluyan nuevos acuerdos de libre comercio, la Comisión no debe centrarse solo en incluir capítulos sobre competencia, sino también en controlar la aplicación de los acuerdos ya firmados y anticipar medidas de represalia cuando se restrinja el acceso de las empresas europeas a mercados extranjeros. A tal fin, se debe estudiar la posibilidad de crear en el seno de la Comisión un cargo de «chief enforcer»; |
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40.

| 41. | pide que, en el contexto de la apertura de la contratación pública a la competencia internacional, se relance el procedimiento legislativo para la adopción del instrumento de reciprocidad para los contratos públicos con terceros países propuesto por la Comisión en 2016. En efecto, parece indispensable un instrumento de este tipo cuando, en el contexto de las negociaciones para la revisión del Acuerdo sobre Contratación Pública llevadas a cabo en la OMC y mediante negociaciones bilaterales con terceros países, la Unión ha confirmado la apertura de contratos públicos a la competencia internacional por un importe de unos 352 000 millones EUR, mientras que otros signatarios de dicho Acuerdo han limitado la contratación pública en sus listas de cobertura (178 000 millones EUR en los Estados Unidos y 27 000 millones EUR en Japón); |
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41.

| 42. | invita a todos los Estados miembros a complementar el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras en Europa (20) con mecanismos nacionales de control, en particular para permitir que los Estados miembros se ayuden entre sí cuando una inversión extranjera directa en un Estado miembro pueda perjudicar la seguridad o el orden público en otros Estados miembros; |
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42.

| 43. | acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya impuesto, en febrero de 2019, medidas definitivas de salvaguardia en respuesta a la decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles aduaneros sobre los productos siderúrgicos. En efecto, las importaciones de productos siderúrgicos en la UE aumentaron considerablemente, lo que supone una amenaza grave para las empresas siderúrgicas de la UE, que siguen encontrándose en una situación vulnerable debido a un exceso de capacidad persistente en el mercado mundial del acero y a un número sin precedentes de prácticas comerciales desleales por parte de algunos socios comerciales. En consonancia con los compromisos adoptados por la UE en el marco de la OMC, estas medidas mantienen un flujo continuo de importaciones que garantiza una competencia efectiva en el mercado europeo del acero y una oferta suficiente para los numerosos usuarios europeos de acero. No obstante, visto el deterioro acelerado de las perspectivas económicas de la industria siderúrgica, conviene revisar rápidamente estas medidas de salvaguardia y reforzarlas cuando sea necesario. |
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43.

Bruselas, 5 de diciembre de 2019.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Karl-Heinz LAMBERTZ

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(1)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-competition-law_es.pdf

1

(2)  Dictamen del CDR – «Un enfoque de base local para la política industrial de la UE», 26 de junio de 2019, apartado 16.

2

(3)  Véase el manifiesto franco-alemán por una política industrial adaptada al siglo XXI https://ue.delegfrance.org/manifeste-franco-allemand-pour-une.

3

(4)  Véase https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public.

4

(5)  https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/recovery_notice_es.pdf

5

(6)  DO L 248 de 24.9.2015, p. 9.

6

(7)  Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera.

7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0730(01)&from=ES

(8)  Asunto T-202/10 RENV II: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=207808&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir&occ%20=first&part=1&cid=14523814.

8

(9)  Véase el apartado 41 del Dictamen del CDR sobre «Ayudas estatales y servicios de interés económico general» (ECON-VI-013), aprobado el 11 de octubre de 2016.

9

(10)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_es.

10

(11)  Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO L 158 de 14.6.2019, p. 125).

11

(12)  Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29.

12

(13)  https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative

13

(14)  Apartados 29 a 31 del proyecto de Dictamen del CDR sobre «Reestructuración socioeconómica de las regiones carboníferas en Europa», ponente Mark Speich (PPE/DE), aprobación prevista para el pleno de los días 8 y 9 de octubre de 2019.

14

(15)  Asunto SA.48418 Bayerisches Gigabit Pilotprojekt – Alemania, disponible en: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48418.

15

Bayerisches Gigabit Pilotprojekt – Alemania

(16)  Dictamen del Comité de las Regiones, de 28 de noviembre de 2013, sobre las «Orientaciones de la UE sobre las ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas» (COTER-V-043).

16

(17)  Véase la Decisión de la Comisión Europea sobre el aeropuerto de Angulema, de 23 de julio de 2014: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-498_es.htm

17

(18)  http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf.

18

(19)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

19

(20)  Reglamento (UE) n.o 2019/452, de 19 de marzo de 2019.

20

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