Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

FIRSTBANK 

PUERTO RICO

Parte Apelada

v.

RAÚL DÍAZ ORTIZ, ANA 

SOFÍA FONT DONES Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES

Parte Apelante

KLAN202400333

Apelación,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas

Caso Núm.: 

CG2021CV02583

Sobre: 

Ejecución de Hipoteca 

por la vía ordinaria y 

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Raúl Díaz Ortiz, 

Ana Sofía Font Dones y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, “matrimonio Díaz Font” o “Apelantes”), 

mediante recurso de apelación presentado el 8 de abril de 2024. Nos 

solicitó la revocación de la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en adelante, “TPI”), el 27 de 

septiembre de 2023. Dicho dictamen fue objeto de una solicitud de 

reconsideración que fue denegada por vía de una Orden dictada el 8 de 

marzo de 2024, notificada y archivada en autos en igual fecha.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca la 

Sentencia Sumaria apelada.

I.

El caso de autos se originó con la presentación de una “Demanda” 

por parte de Firstbank Puerto Rico (en adelante, “Firstbank” o “Apelado”) 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, en contra de los Apelantes. 
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Allí, Firstbank sostuvo que era tenedor de buena fe de cierto pagaré 

hipotecario suscrito el 29 de marzo de 2010 ante el Notario Jorge García 

Soto, por la suma de $467,900.00, más intereses al 5 3/4% anual y otros 

créditos accesorios, comenzando el 1 de mayo de 2010 y vencedero el 1 

de abril de 2050. Asimismo, alegó que en aseguramiento del aludido 

pagaré hipotecario, se constituyó una primera hipoteca según consta de la 

Escritura Núm. 172 de 29 de marzo de 2010, otorgada ante el mismo 

Notario Público. Añadió que la hipoteca grava la propiedad inmueble que 

se describe a continuación:

URBANA: Parcela de terreno identificada como solar número 

7 de la Urbanización Terra Ciudad Jardín de Gurabo, 

radicada en el Barrio Hato Nuevo del municipio de Gurabo, 

Puerto Rico, con una cabida de 1093.5700 metros cuadrados. 

En lindes por el NORTE, en distancia de 6.312 metros y 5.951 

metros, con la calle Sol de Amanecer (calle #1); por el SUR, 

en distancia de 4.924 metros, con el solar número 8 y en 

distancias de 26.508 metros y 7.979 metros y 3.257 metros, 

con la calle Sol de Lago (calle #2); por el ESTE, en distancia 

de 25.992 metros, con el solar 6 y en una distancia de 23.297 

metros, con el solar número 2 y por el OESTE, en una 

distancia de 48.435 metros, con área de facilidades vecinales 

Ciudad Jardín Gurabo Resort and Country Club y área del 

Lago. 

Inscrita al folio ciento ochenta y cinco (185) del tomo 

cuatrocientos noventa y dos (492), finca número diecinueve 

mil ciento veintiséis (19126) de Gurabo, Registro de la 

Propiedad de Caguas, Sección II.

En ocasión de sus causas de acción, arguyó que el matrimonio Díaz 

Font incumplió con las cláusulas de la hipoteca antes mencionada, por 

haber dejado de pagar las mensualidades vencidas desde el 1 de 

noviembre del 2019 y el primer día de cada mes subsiguiente hasta la fecha 

de la presentación del pleito, sin que se efectuara el pago de las mismas a 

pesar de los múltiples requerimientos, avisos y las oportunidades que le 

fueron concedidas, por lo que Firstbank declaró la totalidad de la deuda 

vencida, a tenor con lo dispuesto en la escritura de hipoteca. 

A la luz de lo anterior, añadió que los Apelantes les adeudaba la 

suma de $429,893.77 de balance principal, más los intereses al 5.75%, 

desde el 1 de octubre de 2019 hasta su total y completo pago, más la suma 

de las primas de seguro hipotecario y riesgo, recargos por demora 

computados al 5%, a razón de $124.67 sobre cada mensualidad de 
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$2,493.38 y cualesquiera otras cantidades pactadas en la escritura de 

primera hipoteca, desde la fecha antes mencionada y hasta la fecha del 

total pago de las mismas, más la suma estipulada de $46,790.00 para 

gastos, costas y honorarios de abogados. En vista de ello, solicitó que se 

ordenara al matrimonio Díaz Font el pago de las cuantías que, según su 

postura, estaban vencidas y eran líquidas y exigibles. En su defecto, que 

se le ordenara al Alguacil del TPI a vender en pública subasta el bien 

inmueble que aseguraba la deuda hipotecaria. 

Tras varios trámites procesales, el 25 de marzo de 2022, los 

Apelantes presentaron “Contestación a Demanda”. En esencia, negaron 

las alegaciones consignadas en la “Demanda” y sostuvieron

afirmativamente que fueron víctimas de dolo grave por parte de Firstbank, 

pues presuntamente fueron incitados a adquirir el inmueble antes descrito. 

Arguyeron que la razón principal por la que se interesaron en adquirir la 

propiedad fue debido a las facilidades que iba a contener el proyecto en 

donde ubicaba el bien inmueble en controversia, según dispuesto en un 

“Contrato Uniforme de Compraventa”. 

En cuanto a dicha afirmación, esgrimieron que lo que les movió a 

comprar el inmueble fueron las promesas efectuadas personalmente a 

ellos por representantes de la compañía dueña del proyecto y del Sr. 

Esteban Díaz, quien presuntamente era funcionario autorizado del 

Firstbank. Entre las promesas llevadas a cabo, incluyeron lo siguiente: (1)

un gimnasio bien equipado; y (2) una piscina a construirse tipo “infinity” con 

vista a un lago y que dicho lago estaría rodeado de caminos para que los 

residentes pudiesen caminar y hacer ejercicios en esa área y que dichas 

facilidades se terminarían en pocos meses. Expresaron que en todas las 

ocasiones en que dialogaron con funcionarios del desarrollador previo a la 

venta, funcionarios del Firstbank también estaban presentes y éstos 

secundaban lo expresado en relación a la construcción de las áreas 

comunes.

Esto era así, ya que el Apelado era la entidad financiera exclusiva 

del proyecto y si alguien interesaba adquirir una propiedad en el mismo
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venía obligado a financiar su propiedad con Firstbank o pagar la totalidad 

del valor de la propiedad al momento de adquirirla. Adicionalmente, el 

matrimonio Díaz Font esbozó que Firstbank también fue la institución que 

financió la construcción del proyecto, por lo que tenía un interés particular 

en que se vendieran la totalidad de los inmuebles construidos para así 

poder recuperar su inversión. No obstante lo anterior, alegaron que a la 

fecha en que visitaron las facilidades del proyecto, y antes de que se 

otorgara la escritura de hipoteca en controversia, ya Firstbank había 

congelado el desembolso de fondos para la construcción de las áreas 

comunes y para la construcción del remanente de las residencias, según 

los planos del proyecto.

Manifestaron que, a pesar de tener conocimiento pleno de que las 

áreas comunes del proyecto no serían construidas según prometidas y 

promocionadas, el Sr. Esteban Díaz en todo momento les hizo creer que 

dichas áreas comunes de tipo “resort” serían construidas y que fue a base 

de dichas representaciones que decidieron adquirir una propiedad en el 

proyecto y declinaron hacerlo en construcciones aledañas. Sobre este 

respecto, plantearon que de haber sabido que las representaciones que se 

les hicieron con relación a su propiedad sobre las áreas recreativas eran 

falsas o que no se iban a cumplir, no hubiesen comprado la referida 

propiedad ni hubiesen firmado la escritura de hipoteca. Arguyeron que en 

ningún momento se les indicó sobre la posibilidad de que las áreas 

recreativas no fuesen construidas previo a la compra de la propiedad. Es 

menester destacar que, como parte de las defensas afirmativas invocadas, 

el matrimonio Díaz Font acumuló las defensas de fraude, dolo y dolo grave.

A base de todo lo anterior, solicitó que se declarara “No Ha Lugar” 

la “Demanda” y se determinara que Firstbank vició su consentimiento para 

perfeccionar el contrato de hipoteca en controversia, a través de engaños 

y fraude efectuados por sus representantes autorizados. Luego del caso 

ser referido al proceso de mediación compulsoria y de haberse 

determinado que la propiedad anteriormente descrita no era la residencia 
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principal de los Apelantes, el TPI estableció como fecha para culminar el 

descubrimiento de prueba el 22 de marzo de 2023.

Así el trámite, el 20 de abril de 2023, Firstbank presentó “Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria”. Argumentó que no existían hechos 

materiales en controversia que impidieran o limitaran la facultad del foro 

primario de dictar sentencia sumariamente sobre la causa de acción de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Por tanto, solicitó se condenara al 

matrimonio Díaz Font al pago de la deuda reclamada y, en su defecto, se 

ordenara la ejecución de la hipoteca, utilizando como tipo mínimo para la 

primera subasta la cantidad de $467,900.00.

El 9 de junio de 2023, los Apelantes presentaron “Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria”, mediante la cual sostuvieron que 

Firstbank no puso al TPI en posición de dictar sentencia sumaria sobre las 

controversias trabadas sobre el incumplimiento de la obligación contraída 

y de la cuantía adeudada. Sostuvieron que existían hechos adicionales 

incontrovertidos sobre sus alegaciones relacionadas al presunto dolo en la 

contratación efectuado por el Apelado. Fundamentado en las imputaciones 

que se detallaron en su alegación responsiva sobre las actuaciones de los

funcionarios de Firstbank, expresaron que se les indujo a adquirir 

propiedades a precios inflados justificados por la futura construcción de 

unas áreas recreativas que nunca se iban a hacer. Así pues, añadieron 

que, debido a esas maquinaciones insidiosas, nunca hubieran adquirido el 

inmueble en controversia. Por ello cualquier alegado incumplimiento se 

tornaba en irrelevante, ya que el contrato de hipoteca en su inicio adoleció

de un vicio en el consentimiento que anulaba el mismo. En vista de lo 

anterior, peticionó que se denegara la solicitud de sentencia sumaria

presentada por el Apelado, pues existían claras controversias de hechos 

sobre si existió o no dolo en la contratación que anulaba la hipoteca cuya 

ejecución se solicitó. 

El 27 de septiembre de 2023, el foro primario emitió Sentencia 

Sumaria mediante la cual concluyó que el matrimonio Díaz Font no 

controvirtió los hechos, según expuestos en la “Moción de Sentencia 
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Sumaria”, y ordenó a los Apelantes al pago de la suma de $429,893.77 de 

balance principal, más los intereses sobre dicha suma al 5.75% anual, 

desde el 1 de octubre de 2019 hasta su completo pago, más las primas de 

seguro hipotecario y riesgo, recargos por demora computados al 5%, sobre 

cada mensualidad de principal e interés por la suma de $2,493.38, a razón 

de $124.67 desde el 1 de noviembre de 2019 y cualesquiera otras 

cantidades pactadas en la escritura de primera hipoteca, desde la fecha 

antes mencionada y hasta la fecha del total pago de las mismas, más la 

suma estipulada para gastos, costas y honorarios de abogados. Asimismo, 

advirtió que si, luego de transcurridos treinta (30) días sin que se efectuara 

dicho pago, se comenzara el proceso de ejecución de la hipoteca que 

garantizaba la deuda reclamada por Firstbank. 

Insatisfechos con dicha determinación, los Apelantes presentaron 

“Moción Solicitando Reconsideración” que fue denegada mediante 

Orden notificada el 8 de marzo de 2024. Aún inconforme con lo 

anteriormente resuelto, el matrimonio Díaz Font acudió ante este Tribunal 

mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló el siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir 

una Sentencia Sumaria y al no considerar que el First 

Bank, por medios de sus oficiales, incurrió en dolo al 

inducir a los apelantes a firmar la hipoteca y el pagaré en 

controversia.

El 29 de abril de 2024, Firstbank presentó “Alegato de la Parte 

Apelada”.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver. 

II.

A.

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia 

sumaria. A la luz de sus disposiciones, se dictará sentencia si de “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 
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ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 

demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún 

hecho esencial y pertinente, y que como cuestión de derecho el tribunal 

debe dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3. 

En ese sentido, se considera un hecho material o esencial, “aquel 

que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR 671, 679 

(2023). Cabe señalar que el juzgador no está limitado a los hechos o 

documentos que se produzcan en la solicitud, sino que puede tomar en 

consideración todos los documentos que obren en el expediente del 

tribunal. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 

(2011). 

Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales el 

tribunal cuente con la verdad de todos los hechos necesarios para resolver 

la controversia y surja claramente que la parte promovida por el recurso no 

prevalecerá. Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 678. Sin 

embargo, el tribunal no podrá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan 

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones 

afirmativas en la Demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los 

propios documentos que acompañan la moción una controversia real sobre 

algún hecho material; o (4) la moción no procede como cuestión de 

derecho. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 

168. Para prevalecer, el promovente de este recurso debe presentar una 

moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

materiales sobre la totalidad o parte de la reclamación. Oriental Bank v. 

Caballero García, supra, pág. 678.

Por su parte, la parte promovida por una moción de sentencia 

sumaria debe señalar y refutar los hechos materiales que entiende están 

en controversia y que son constitutivos de la causa de acción del 

demandante. Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 808 
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(2020); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25-26 (2014). Así, la parte 

que se opone a que se dicte sentencia sumaria en su contra debe 

controvertir la prueba presentada y no cruzarse de brazos. ELA v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). No puede descansar en meras afirmaciones 

contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva, sino que está 

obligada a presentar contradeclaraciones juradas y/o contradocumentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. 

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al., 199 DPR 664, 677 (2018).

Adicionalmente, en León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 47 

(2020), el Tribunal Supremo resolvió que ninguna de las partes en un pleito 

puede enmendar sus alegaciones a través de la presentación de una 

solicitud de sentencia sumaria o su oposición. Así que, según lo expresa el 

propio tribunal, “la parte que se opone a una solicitud de sentencia sumaria 

no puede traer en su oposición, de manera colateral, defensas o 

reclamaciones nuevas ajenas a los hechos consignados en sus 

alegaciones, según consten en el expediente del tribunal al momento en 

que se sometió la moción dispositiva en cuestión”. Íd., pág. 54.

Según las directrices pautadas por nuestro más alto foro, una vez se 

presenta la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el tribunal 

deberá: (1) analizar todos los documentos incluidos en ambas mociones y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si la parte 

opositora controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones en la 

demanda que no han sido refutadas en forma alguna por los documentos.

Abrams Rivera v. ELA, DTOP y otros, 178 DPR 914, 932 (2010). 

Al examinar la procedencia de una moción que solicita disponer de 

un caso sumariamente, el tribunal no tiene que sopesar la evidencia y 

determinar la veracidad de la materia, sino que su función estriba en 

determinar la existencia o no de una controversia genuina, la cual amerite 

ser dilucidada en un juicio plenario. JADM v. Centro Comercial Plaza 

Carolina, 132 DPR 785, 802-803 (1983). Además de que “[t]oda inferencia 

razonable que se realice a base de los hechos y documentos presentados, 
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en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia 

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que 

se opone a ésta”. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005).

En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, este foro apelativo se encuentra en la misma posición 

que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Rivera Matos et al. v. 

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión que realice el foro apelativo 

deberá ser de novo y estará limitada a solamente adjudicar los documentos 

presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 

(2004). De modo que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden 

litigar asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Íd.

En adición a esta limitación, se ha aclarado que al foro apelativo le está 

vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque 

dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia. Íd. págs. 334-335. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro más Alto 

Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de la sentencia 

sumaria por parte de este foro revisor, el cual consiste de: (1) examinar de 

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si 

en realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.4, de exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de 

encontrar que los hechos materiales realmente son incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el derecho a la controversia. Íd., págs. 118-119.

Conviene desde ahora destacar que el Tribunal Supremo

también ha expresado que es desaconsejable utilizar la moción de

sentencia sumaria en casos en donde existe controversia sobre
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elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión de P.R, 178 DPR 200, 2019 (2010); 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). No obstante,

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia

sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los hechos

materiales” nada impide que se utilice la sentencia sumaria en casos donde

existen elementos subjetivos o de intención. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R, supra, pág. 219.

B.1

Es pilar fundamental de nuestro acervo contractual puertorriqueño

el principio de la libertad de contratación. Arthur Young & Co. v. Vega III, 

136 DPR 157, 169 (1994). A base de éste, las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que éstas no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público. 

Art. 1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3372. Así, se posibilita 

que las partes puedan contratar cuando quieran, como quieran y con quien 

quieran. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil: Doctrina General 

del Contrato, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 5. 

Es norma sólidamente establecida en nuestra jurisdicción que el 

contrato tiene fuerza de ley entre las partes, por lo que desde el momento 

de su perfeccionamiento cada contratante se obliga, “no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3375. Es 

por ello que existe un contrato desde que una o varias personas consienten 

en obligarse a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Art. 1206 del 

Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3371.

1 Somos conscientes de que mediante la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, se adoptó 

el “Código Civil de 2020” y se derogó el Código Civil de 1930. Sin embargo, el Artículo 

1812 del Código Civil de 2020 dispone que: “Los actos y contratos celebrados bajo el 

régimen de la legislación anterior y que son válidos con arreglo a ella, surten todos sus 

efectos según la misma, con las limitaciones establecidas en este Código”. 31 LPRA sec. 

11717. Por tanto, para propósitos de la adjudicación de la controversia que nos ocupa, 

utilizaremos las disposiciones del Código Civil derogado y su jurisprudencia interpretativa.
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En ese sentido, un contrato es vinculante desde que concurren los 

siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; (b) objeto 

cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3391; Díaz 

Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). Consecuentemente, 

“[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”. Art. 1230 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 3451. 

Ahora bien, cuando el contrato es válido, pero uno de los 

contratantes que se obligó recíprocamente incumple con su parte del pacto, 

el perjudicado podrá reclamar el cumplimiento del contrato o la resolución 

de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos. Art. 1077 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3052. El 

incumplimiento de una obligación recíproca conlleva un efecto resolutorio 

siempre que la obligación incumplida sea una esencial o que su 

cumplimento constituya el motivo del contrato para la otra parte. NECA 

Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 875 (1995). 

C.

En el contexto del incumplimiento contractual, se entiende que 

existe dolo cuando se induce a una parte a otorgar un contrato mediante 

“maquinaciones insidiosas”. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 

229 (2007). Esto es, toda conducta artificiosa o ilícita, cuyo fin es engañar 

a uno de los involucrados, ello tras afectar la prestación voluntaria e 

informada de su consentimiento en la formación del contrato. Vélez Torres, 

op. cit, págs. 58-61. Así, el dolo “implica todo un complejo de malas artes, 

contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena, 

generalmente para beneficio propio, en que viene a reunirse el estado de 

ánimo de aquel que no sólo ha querido el acto, sino que, además, ha 

previsto y querido las consecuencias antijurídicas provenientes de él”. Íd.

El dolo en el consentimiento al momento de otorgar el contrato produce la 
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nulidad del contrato, de concurrir ciertas circunstancias. 800 Ponce de León 

v. AIG, 205 DPR 163, 183 (2020).

También constituye dolo “el callar sobre una circunstancia 

importante relacionada con el objeto del contrato”. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008). Es decir, que el dolo no 

necesariamente implica una artimaña, sino que el silencio sobre 

determinados hechos relevantes para viabilizar la contratación, también se 

cataloga como tal. Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004). 

Por otra parte, el dolo no se presume, por lo que tiene que 

demostrarse, ya sea de forma indirecta o mediante evidencia 

circunstancial. Además, no todo tipo de dolo produce la nulidad de un 

contrato. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 886. Para que se 

produzca la nulidad del contrato, el dolo debe ser grave y no meramente 

incidental. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, págs. 229-230. Además, 

no debe haber sido empleado por ambas partes contratantes. 31 LPRA 

sec. 3409. 

El dolo incidental es el que afecta las obligaciones accesorias del 

contrato, y únicamente da lugar a una indemnización en daños y perjuicios. 

Colón v. Promo Motors Imports, Inc., 144 DPR 659, 667 (1997). Ello 

responde a que no tuvo una influencia decisiva sobre la obligación, dado a 

que, aunque hubo engaño en el modo en que el contrato fue celebrado, el 

perjudicado sí tenía la voluntad de contratar. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra, pág. 230; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 

887. En otras palabras, que el contrato se hubiera celebrado de todas 

formas, pero bajo condiciones diferentes. Colón v. Promo Motors Imports, 

Inc., supra, pág. 667. 

De otro lado, el dolo es grave o causante cuando el acreedor no 

hubiese celebrado el contrato de conocer de su existencia. S.L.G. OrtizAlvarado v. Great American, 182 DPR 48, 64 (2011). Es decir, cuando el 

engaño recae en los elementos esenciales del contrato; es decir, que tiene 

un efecto en las motivaciones principales que llevaron a la parte afectada 

a vincularse. Colón v. Promo Motors, Inc., supra, pág. 669. Cabe destacar 
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que la determinación de si el dolo es grave o incidental es una cuestión de 

hecho. Por lo tanto, está sujeta a la apreciación de las circunstancias 

concurrentes en cada caso. Acosta & Rodas, Inc., v. PRAICO, 112 DPR 

583, 616 (1982). No obstante, la causa de acción en la contratación por 

dolo, tanto en su modalidad causante como en la incidental, requieren que 

el reclamante presente la prueba de la conducta dolosa. Colón v. Promo 

Motors Imports, Inc., supra, pág. 668.

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha establecido que las 

circunstancias de cada caso son determinantes en la adjudicación de la 

existencia de dolo que anula el consentimiento. Entre otros aspectos, se 

deben considerar los siguientes: (1) la preparación académica del 

perjudicado; (2) su condición social y económica; (3) y las relaciones y tipo 

de negocios en que se ocupa. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 

DPR 503, 519 (1988); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). 

Así pues, el dolo puede surgir de un simple hecho o del conjunto de éstos 

y la evolución de las circunstancias y manejos engañosos. Acosta & Rodas, 

Inc. v. PRAICO, supra, pág. 616. 

De la misma manera, puede ser que lo que aparenta ser 

incidental desde la perspectiva general del contrato en 

cuestión, sea en realidad esencial para los contratantes, por 

lo que el engaño o incumplimiento con alguno de los 

elementos de la contratación, puede dar lugar a la variante 

del dolo causante. Colón v. Promo Motors, Inc., supra, pág. 

669.

III.

En esencia, el matrimonio Díaz Font sostiene que el TPI erró al dictar 

sentencia sumariamente cuando existe una controversia material en cuanto 

a la existencia de dolo en la contratación por parte de oficiales de Firstbank. 

Por su parte, el Apelado sostiene que el foro primario no erró al disponer 

del caso sumariamente, pues el caso de autos es uno de cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca y los hechos esenciales están realmente 

incontrovertidos. De otra parte, Firstbank sostiene que el matrimonio Díaz 

Font no acumuló una causa de acción de dolo en la contratación mediante 

la presentación de una reconvención, por lo que se debe entender como 

renunciada. Asimismo, sostuvo que la defensa de dolo invocada por los 
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Apelantes fue una general, sin fundamentos y sin especificidad, por lo cual 

debía entenderse por renunciada. Veamos.

Conforme hemos adelantado en los acápites anteriores, desde su 

primera comparecencia, los Apelantes alegaron afirmativamente la 

existencia de dolo en el consentimiento que otorgaron a la hora de suscribir 

el contrato de préstamo con Firstbank. Igualmente, el matrimonio Díaz Font 

invocó la defensa de dolo en su “Contestación a Demanda”. Al examinar 

la misma, entendemos que no debe existir duda alguna sobre el hecho de 

que desde inicios del pleito el foro apelado tenía ante sí una controversia 

dirigida a atacar la validez del contrato cuyo cumplimiento el Apelado 

solicitó se ordenara, so pena de ejecutar el gravamen hipotecario que 

garantizaba la obligación principal. En otras palabras, un análisis detenido 

y sosegado de las alegaciones acumuladas por el matrimonio Díaz Font en 

su alegación responsiva revela que, contrario a la postura de Firstbank, la 

defensas de dolo y fraude fueron específicas, con referencia a hechos 

particulares y con una clara exposición de su postura. Por tanto, no 

podemos acoger la teoría de que las mismas deben darse por renunciadas, 

pues cumplen con las disposiciones de las Reglas 6.2 y 6.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, RR. 6.2 y 6.3.

Establecido lo anterior, y a la luz del estado de derecho reseñado, al 

momento de revisar una determinación del foro de instancia respecto a una 

solicitud de sentencia sumaria, estamos llamados a realizar una revisión de 

novo y limitarnos únicamente a adjudicar las controversias con los 

documentos que obran en el expediente ante el foro de instancia. Del 

análisis de novo de la prueba que se presentó ante el TPI, determinamos 

que sobre los siguientes hechos esenciales y pertinentes no existe 

controversia:

1. La parte demandada-apelante son los titulares registrales del 

inmueble objeto de ejecución.

2. La parte demandante-apelada es dueña y actual tenedora de 

un pagaré suscrito por la parte demandada-apelante, a favor de FirstBank 

Puerto Rico, o a su orden, con fecha 29 de marzo de 2010, ante el Notario 
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Jorge García Soto, por la suma de $467,900.00, más intereses al 5 3/4% 

anual y otros créditos accesorios, comenzando el primero de mayo de 2010 

y vencedero el día primero de abril de 2050.

3. Para garantizar el pago de dicho pagaré se constituyó una 

primera hipoteca según la Escritura Núm. 172, otorgada en la ciudad de 

San Juan, Puerto Rico, el 29 de marzo de 2010, ante el Notario Jorge 

García Soto, sobre el bien inmueble que se describe a continuación. Dicha 

hipoteca consta debidamente inscrita sobre la finca objeto de ejecución en 

el Registro de la Propiedad, sección correspondiente.

URBANA: Parcela de terreno identificada como solar número 

7 de la Urbanización Terra Ciudad Jardín de Gurabo, 

radicada en el Barrio Hato Nuevo del municipio de Gurabo, 

Puerto Rico, con una cabida de 1093.5700 metros cuadrados. 

En lindes por el NORTE, en distancia de 6.312 metros y 5.951 

metros, con la calle Sol de Amanecer (calle #1); por el SUR, 

en distancia de 4.924 metros, con el solar número 8 y en 

distancias de 26.508 metros y 7.979 metros y 3.257 metros, 

con la calle Sol de Lago (calle #2); por el ESTE, en distancia 

de 25.992 metros, con el solar 6 y en una distancia de 23.297 

metros, con el solar número 2 y por el OESTE, en una 

distancia de 48.435 metros, con área de facilidades vecinales 

Ciudad Jardín Gurabo Resort and Country Club y área del 

Lago.

Inscrita al folio ciento ochenta y cinco (185) del tomo 

cuatrocientos noventa y dos (492), finca número diecinueve 

mil ciento veintiséis (19126) de Gurabo, Registro de la 

Propiedad de Caguas, Sección II.

4. Según los términos del contrato de la hipoteca, la 

demandante-apelada, como tenedora de los créditos hipotecarios a que se 

refiere la demanda, podría declarar vencida la totalidad de la deuda si se 

dejaba de satisfacer los pagos dentro del término convenido.

5. El caso fue referido al Centro de Mediación de Conflictos, en 

cumplimiento con la Ley Núm. 184-2012, según enmendada, conocida 

como la “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, 32 

LPRA secs. 2881 et seq., en donde se determinó que la parte demandadaapelante reside en el estado de la Florida y el inmueble objeto de ejecución 

no constituye su residencia principal.

Ahora bien, y como parte del mismo ejercicio que estamos 

compelidos a efectuar, en cumplimiento con la Regla 36.4 de 
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Procedimiento Civil, supra, concluimos que existe controversia sobre los 

siguientes hechos medulares que impiden que se sostenga la Sentencia 

Sumaria apelada, a saber:

1. Si mediaron maquinaciones insidiosas, engaño, conducta 

artificiosa o ilícita, o silencio por parte de Firstbank sobre elementos 

esenciales del contrato en controversia que tuvieron un efecto en las 

motivaciones principales que llevaron a la parte demandada-apelante a 

suscribir el pagaré y la escritura de hipoteca, los cuales, viciaron su 

consentimiento por dolo. 

2. La existencia real de una obligación de pago de la parte 

demandada-apelante, de mediar circunstancias dolosas en la ejecución del 

pagaré y la escritura de hipoteca. 

3. Si la deuda reclamada por Firstbank está vencida, es líquida 

y exigible, a base de los hechos anteriores, concomitantes y posteriores a

que las partes suscribieran el pagaré y la escritura de hipoteca en 

controversia. 

Nuestra conclusión sobre los hechos esenciales y pertinentes que 

entendemos están realmente controvertidos evitan que podamos sostener 

el dictamen apelado. Nótese que en el caso de autos está presente una 

controversia real sobre la existencia o no de dolo en la contratación que 

pudo haber viciado el consentimiento del matrimonio Díaz Font y que 

podría convertir tanto el pagaré como la escritura de hipoteca en nulos, por 

no existir uno de los elementos esenciales que debe mediar en todo tipo de 

contratación en nuestra jurisdicción. Recordemos que, en nuestra 

jurisdicción, los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma 

en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez. El caso de autos, precisamente, 

presenta una controversia sobre una de dichas condiciones, a saber: la 

validez del consentimiento prestado por el matrimonio Díaz Font al suscribir 

el pagaré y la escritura de hipoteca en controversia. 

Nótese que los Apelantes sostienen que Firstbank los indujo a 

otorgar ambos contratos mediante maquinaciones insidiosas, con el fin de
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engañarlos y afectar la prestación voluntaria e informada de su 

consentimiento. Es decir, la naturaleza de las alegaciones esgrimidas por 

el matrimonio Díaz Font requieren que el TPI, como paso previo a la 

adjudicación de los méritos de la reclamación de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, evalúe las implicaciones de la conducta imputada al 

Apelado y determine si las mismas fueron contrarias a la honestidad al 

principio de buena fe que rige en nuestro ordenamiento jurídico.

Así pues, corresponde que el foro primario adjudique, en una vista 

evidenciaria o en el juicio en su fondo, la procedencia de las alegaciones 

afirmativas y de la defensa de dolo esgrimidas por los Apelantes desde 

inicios del proceso legal de autos. Más aún cuando estamos ante un 

panorama fáctico y jurídico en el que existe una controversia sobre

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia que

militan en contra de la disposición sumaria del pleito. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R, supra, pág. 219.

Claro está, le corresponderá al matrimonio Díaz Font presentar la 

prueba que cumpla con el estándar de preponderancia de la evidencia y 

convencer al juzgador de los hechos sobre la existencia de dolo grave en 

la contratación. Por tanto, los Apelantes deberán presentar prueba alusiva 

a que el engaño recayó en los elementos esenciales de los contratos, que 

a su vez, tuvieron un efecto directo en las motivaciones principales que los

llevaron a vincularse. Véase, Colón v. Promo Motors, Inc., supra, pág. 

669. Esto es importante, pues la determinación de si el dolo es grave 

o incidental es una cuestión de hecho. Por lo tanto, está sujeta a la 

apreciación de las circunstancias concurrentes en cada caso. Acosta 

& Rodas, Inc., v. PRAICO, supra, pág. 616.

Recalcamos, lo anterior es medular, pues está atado a la validez o 

no de los contratos cuyo cumplimiento solicita Firstbank que se determine 

y, en caso de ser así, la consecutiva orden de ejecución de hipoteca que 

conlleva el impago de las obligaciones descritas en el pagaré y en la 

escritura de hipoteca. Ahora bien, de conformidad con los hechos 

materiales en controversia contenidos en la presente Sentencia, esto es un 
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paso posterior a la determinación por parte del TPI sobre la existencia de 

dolo que presuntamente vició el consentimiento de los Apelantes que 

impide que a esta etapa de los procedimientos se pudiera disponer del caso 

sumariamente.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte integral del presente dictamen, se revoca la Sentencia Sumaria

apelada y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos, de conformidad con lo aquí dispuesto.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones