Número Identificador

RES2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

CIELO VIVIENDA, LLC

Demandante - Recurrido

V.

JOSÉ RIVERA 

RODRÍGUEZ

Demandado – Recurrido

DARRYL LAMPITT

Peticionario

KLCE202400208

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Fajardo

Caso Núm.:

FA2022CV00926

Sobre:

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca 

(Vía Ordinaria)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

El 20 de febrero de 2024, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor Darryl Lampitt (en adelante, parte peticionaria 

o señor Lampitt), por medio de Certiorari. Mediante este, nos solicita 

que revisemos la Orden emitida el 8 de febrero de 2024 y notificada 

el 9 de febrero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo. En virtud de la aludida Orden, el foro a quo les 

concedió a las partes del pleito de epígrafe un término de veinte (20) 

días para presentar su posición en cuanto a una moción de 

reconsideración presentada por el señor Lampitt. El 21 de febrero 

de 2024, la parte peticionaria también presentó ante este foro la 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción por Orden de 

Desahucio/Lanzamiento.
KLCE202400208 2

Por los fundamentos que adelante se exponen, se desestima 

el recurso de certiorari y se declara No Ha Lugar la moción en auxilio 

de jurisdicción.

I

Previo a esbozar los hechos que suscitaron la controversia de 

epígrafe, es necesario señalar que, la parte peticionaria no 

acompañó un apéndice con su recurso. Es por lo que, el tracto 

procesal constará de los documentos que surgen de SUMAC1. 

El 14 de septiembre de 2022, Espacio Residential, LLC (en 

adelante, Espacio Residential), presentó una Demanda2 sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, en contra del 

señor José Rivera Rodríguez (en adelante, señor Rivera Rodríguez). 

En su Demanda, Espacio Residential alegó ser la tenedora de un 

pagaré hipotecario suscrito el 29 de marzo de 2006, por la suma 

principal de $100,000.00, más intereses al 6.670%, del cual el señor 

Rivera Rodríguez era el DEUDOR. Añadió que, para asegurar el 

pagaré antes descrito, se constituyó una hipoteca sobre un 

apartamento residencial ubicado en el Condominio Costa Dorada, 

en el Municipio de Río Grande, Puerto Rico. De igual forma, 

argumentó que, el señor Rivera Rodríguez había incumplido con las 

cláusulas de la hipoteca, al dejar de pagar las mensualidades 

vencidas desde el 1ro de marzo de 2012 el día primero de cada mes 

subsiguiente hasta el momento de la presentación de la Demanda. 

Indicó, además, que, el señor Rivera Rodríguez le adeudaba la suma 

de $92,621.49 de principal, más los intereses sobre dicha suma al 

6.750% anual desde el 1ro de febrero de 2012, hasta su completo 

pago. A tales efectos, le solicitó al foro primario que declarara con 

lugar la Demanda. 

1 Cabe destacar que, ello no exime a la parte peticionaria de la obligación de 

presentar un apéndice junto a su recurso conforme a la Regla 34 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

2 Véase entrada #1 de SUMAC. 
KLCE202400208 3

Luego de varias incidencias procesales, innecesarias 

pormenorizar, el 29 de mayo de 2023, el foro de primera instancia 

emitió una Sentencia3, donde declaró Ha Lugar la Demanda

presentada por Espacio Residential. Entre otras cosas, ordenó que, 

la propiedad en cuestión fuera vendida en pública subasta.

Por otro lado, mediante Orden4 emitida el 10 de julio de 2023, 

el foro a quo permitió la sustitución de Espacio Residential, por Cielo 

Vivienda, LLC, (en adelante, Cielo Vivienda), según solicitado en la 

Segunda Solicitud de Sustitución de Parte por Cesión de Interés5. 

Así las cosas, el 7 de diciembre de 2023, fue celebrada la 

Primera Subasta, donde se adjudicó la buena pro del inmueble 

subastado a Nice Realty Group, LLC (en adelante, Nice Realty Group) 

por el precio de $141,000.00. 

Subsiguientemente, Nice Realty Group presentó la Moción de 

Orden de Lanzamiento y Entrega de la Propiedad Subastada6, donde 

le solicitó al foro primario que ordenara la entrega de la propiedad 

subastada y el desalojo o lanzamiento de los ocupantes y sus bienes. 

Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden7. Mediante esta, declaró Con Lugar la moción presentada por 

Nice Realty Group, y ordenó al Alguacil a proceder con la entrega de 

la propiedad a los adquirientes en subasta. 

Posteriormente, la parte peticionaria, por derecho propio, 

presentó la Moción en Solicitud de Paralización o Modificación de 

Orden de Desalojo8. Sin someterse a la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia, informó que era el residente y ocupante de la 

propiedad objeto de la controversia de epígrafe por medio de contrato 

de arrendamiento. Sostuvo que, nunca fue emplazado o informado 

3 Véase entrada #28 de SUMAC. 

4 Véase entrada #32 de SUMAC. 

5 Véase entrada #31 de SUMAC.

6 Véase entrada #52 de SUMAC.

7 Véase entrada #54 de SUMAC.

8 Véase entrada #57 de SUMAC.
KLCE202400208 4

sobre los procesos de ejecución de hipoteca, al igual que, no le fue 

notificado sobre la terminación del contrato de renta, por parte del 

señor Rivera Rodríguez u otros representantes de este. Expresó que,

se había inducido al foro recurrido a “[d]eterminar una orden de 

desalojo en violación a los derechos de un contrato de 

arrendamiento vigente y con lo cual se violenta el derecho a ocupar 

la propiedad”. Aseguró que, tal acción constituía un desahucio 

ilegal, ya que no se cumplió con las disposiciones del Artículo 620 y 

subsiguientes del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico. De 

acuerdo a lo anterior, solicitó a la primera instancia judicial la 

paralización de la orden de desalojo, o en la alternativa, que se 

delimite con una exclusión a favor de su persona al ser el “ocupante 

con un contrato de renta v[á]lido y vigente hasta abril 2024”. 

Mediante Orden9 notificada el 6 de febrero de 2024, el 

Tribunal de Primera Instancia expresó: “Nada que proveer. La parte 

compareciente no se ha sometido a la jurisdicción de este Tribunal”. 

Insatisfecha, la parte peticionaria presentó la Moci[ó]n en Solicitud 

de Reconsideraci[ó]n a la Determinaci[ó]n de no Proceder por no Haber 

Comparecido10. Le solicitó al foro a quo que, tomara conocimiento 

sobre el hecho de que no había sido notificado conforme a las 

disposiciones de notificación adecuada de las Reglas de 

Procedimiento Civil, con el propósito de garantizar el debido proceso 

de ley de las partes. Argumentó que, la orden de lanzamiento podría 

resultar defectuosa por falta de parte indispensable debido a que no 

se le notificó sobre el proceso. Asimismo, solicitó al foro primario 

que ordenara a Nice Realty Group a que notificara conforme a 

derecho, con el propósito de proteger los derechos de las partes. A 

estos fines, le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dejara 

9 Véase entrada #58 de SUMAC. 

10 Véase entrada #59 de SUMAC. 
KLCE202400208 5

sin efecto la orden de desalojo hasta tanto se cumpla con lo 

solicitado en su moción de reconsideración. 

Finalmente, el 9 de febrero de 2024, el foro recurrido notificó

la Orden11 cuya revisión nos ocupa. En virtud de esta, la primera 

instancia judicial le concedió a Cielo Vivienda y a Nice Realty Group 

el término de 20 días para presentar su posición respecto a la 

solicitud presentada por el señor Lampitt.

Posteriormente, Cielo Vivienda presentó la moción intitulada 

Uniéndose a la Representación Legal de la Parte Demandante y en 

Cumplimiento de Orden12. A través de esta, sostuvo que, el señor 

Lampitt no era parte indispensable del proceso de epígrafe y que, 

tampoco tiene derecho a notificación alguna. Lo anterior, debido a 

que, este solamente era un arrendatario sin legitimación alguna 

para comparecer al pleito de autos ni para solicitar remedios en 

contra del proceso de ejecución. De acuerdo a lo anterior, solicitó al 

foro de primera instancia que dejara sin efecto la solicitud 

presentada por el señor Lampitt. 

Por su parte, Nice Realty Group presentó la Moción en 

Cumplimiento de Orden13, mediante la cual arguyó que, la solicitud 

de la parte peticionaria no procedía en derecho y que era contraria 

a las disposiciones de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria sobre ejecución de hipoteca. Añadió que, la entrega de 

la propiedad subastada se solicitaba en virtud de la Ley del Registro 

de la Propiedad Inmobiliaria sobre ejecución de hipoteca y no en 

virtud de las disposiciones legales de un desahucio o de una relación 

contractual. Sostuvo, además, que, Nice Realty Group no tenía 

relación contractual alguna con el ocupante de la propiedad y que, 

tampoco se había subrogado en las obligaciones que este pudiera 

11 Véase entrada #60 de SUMAC.

12 Véase entrada #61 de SUMAC. 

13 Véase entrada #67 de SUMAC, con fecha de 21 de febrero de 2024. 
KLCE202400208 6

haber tenido con el señor Rivera Rodríguez. Reiteró, además, su 

solicitud de entrega y lanzamiento de la propiedad, lo cual, según 

esta, fue notificado conforme a derecho y personalmente por el 

Alguacil del Tribunal al señor Lampitt, el 31 de enero de 2024 y que 

estaba programado para el 29 de febrero de 2024. En la alternativa, 

le solicitó al foro primario que estableciera una fecha cierta para la 

entrega o lanzamiento de la propiedad, en o antes del 29 de marzo 

de 2024. 

Inconforme con la Orden14 emitida por el foro a quo, el 20 de 

febrero de 2024 la parte peticionaria acudió ante este foro mediante 

recurso de Certiorari y realizó el siguiente señalamiento de error:

Err[ó] el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

proceder acogiendo la reconsideración a la orden de 

lanzamiento requiriendo a las partes a expresarse sin 

dejar suspendida la orden de lanzamiento cuando esta 

fue emitida sin que una parte indispensable fuera 

notificada de la moci[ó]n de desalojo con su proyecto de 

lanzamiento y por consiguiente deber[í]a haberse 

considerado nula y haberse ordenado la suspensi[ó]n de 

la orden. 

El 21 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó la 

Moci[ó]n Urgente en Auxilio de Jurisdicci[ó]n por Orden de 

Desahucio/Lanzamiento. Por medio de la aludida moción, la parte 

peticionaria solicitó la paralización del lanzamiento a efectuarse el 

29 de febrero de 2024. 

El 22 de febrero de 2024, emitimos una Resolución, donde le 

ordenamos a la parte peticionaria acreditar el cumplimiento de la 

Regla 79 (E) del Reglamento de este Tribunal, en o antes del 23 de 

febrero de 2024 a las 12:00 del mediodía. Le apercibimos que, el 

incumplimiento con lo ordenado, daría lugar a la denegatoria de la 

moción de auxilio y a la desestimación del recurso. 

El 23 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó la 

Moci[ó]n Informativa en Cumplimiento con lo Ordenado Bajo la Regla 

14 Notificada el 9 de febrero de 2024.
KLCE202400208 7

79 (E). Por medio de esta alegó haber notificado por correo 

electrónico a las partes demandantes la presentación del certiorari y 

de la moción de auxilio de jurisdicción y por correo certificado con 

acuse de recibo a las partes demandadas. 

Por no entender necesaria la comparecencia de la parte 

recurrida, prescindimos de esta15. 

II

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape 

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción del foro apelativo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 

supra. Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Rivera 

et al. v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, 

pág. 372. La precitada Regla dispone lo siguiente:

15 En virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera 

eficiente.
KLCE202400208 8

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.16

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400208 9

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Jurisdicción 

Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como 

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los 

casos y las controversias que sean presentados a su atención. 

Miranda Corrada v. DDEC et al., 2023 TSPR 40, 211 DPR ___ (2023); 

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020); Torres

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019). Es 

normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo que, los asuntos 

relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos 

con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209 DPR 288, 298 

(2022); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500. La 

ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu proprio, ya que, 

esta incide de forma directa sobre el poder del tribunal para 

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 

DPR 374, 386 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 

500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); 

Suffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). 

Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así 
KLCE202400208 10

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos, 

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. Íd.; 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico 

v. Carrión Marrero, 209 DPR 1 (2022); Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014); Suffront v. AAA, supra, pág. 674; 

Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394-395 

(2022). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones17, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.

C. Perfeccionamiento de Recursos

Como norma general, el incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial. Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). Es por lo que, las normas 

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 

281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013). El incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

sobre forma, contenido y presentación de los recursos apelativos 

pudiera tener como consecuencia la desestimación de estos. Pueblo 

v. Valentín Rivera, 197 DPR 636, 641 (2017). Nuestra Máxima Curia 

ha requerido un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones 

reglamentarias, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este 

Tribunal de Apelaciones. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra, pág. 290, Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998).

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
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La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede 

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación 

del escrito a las partes apeladas. González Pagán v. Moret Guevara, 

202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, en su Regla 33(B) dispone que, el recurso de certiorari 

que se someta a la consideración del Tribunal de Apelaciones deberá 

ser notificado a los abogados o abogadas en récord, o en su defecto 

a las partes dentro del término dispuesto para la presentación del 

recurso, es decir, dentro del término de treinta (30) días a partir del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución u 

orden recurrida18. Este término es uno de cumplimiento estricto19.

Con relación a los términos de cumplimiento estricto y 

jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92, lo siguiente:

Es norma harto conocida en nuestro 

ordenamiento que un término de cumplimiento estricto 

puede ser prorrogado por los tribunales. Ello a 

diferencia de los llamados términos jurisdiccionales, 

cuyo incumplimiento impide la revisión judicial por 

privar de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz 

Parrilla v. Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012). Sin 

embargo, para prorrogar un término de cumplimiento 

estricto “generalmente se requiere que la parte que 

solicita la prórroga, o que actúa fuera de término, 

presente justa causa por la cual no puede cumplir con 

el término establecido”. Íd. pág. 403.

Dicha norma fue reiterada posteriormente, en Rivera Marcucci 

et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016), al indicar que “los 

tribunales no gozan de discreción para prorrogar los términos de 

cumplimiento estricto automáticamente”

20. En el aludido caso21, el 

Tribunal Supremo dispuso lo siguiente: 

[E]l foro adjudicativo tiene discreción para 

extender un término de cumplimiento estricto solo 

cuando la parte que lo solicita demuestra justa 

causa para la tardanza. Al ser así, se le requiere a 

quien solicita la prórroga o a quien actúe fuera del 

término que presente justa causa por la cual no puede 

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).

19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).

20 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.

21 Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, supra, pág. 171.
KLCE202400208 12

o pudo cumplir con el término establecido.22 En 

conformidad con esto, nuestra última instancia judicial 

ha reafirmado que los tribunales podrán eximir a una 

parte de observar el cumplimiento con un término de 

este tipo únicamente si concurren las condiciones 

siguientes: (1) que en efecto exista justa causa para 

la dilación y (2) que la parte le demuestre 

detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación, es decir, que acredite de 

manera adecuada la justa causa aludida.

23 (Énfasis 

nuestro).

Las partes litigantes deben atender estos requerimientos con 

seriedad, ya que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo 

[...] so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza 

ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”. Pueblo v. 

Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980). Con respecto al requisito 

de justa causa, en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, nuestra Alta 

Curia reiteró que la justa causa se acredita mediante explicaciones 

“concretas y particulares, -debidamente evidenciadas en el escritoque le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable 

para la tardanza o la demora”. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra

pág. 93 citando a Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).

Por otro lado, respecto a los requisitos de contenido 

necesarios para el perfeccionamiento de un recurso de certiorari, la 

Regla 34 (E) (1) del Reglamento de este Tribunal24, dispone lo 

siguiente:

Regla 34 – Contenido de la solicitud de “certiorari”

El escrito de certiorari contendrá: 

[...]

(E) Apéndice

(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este 

inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un 

Apéndice que contendrá una copia literal de:

(a) las alegaciones de las partes, a saber:

(i) en casos civiles, la demanda 

principal, la de coparte o de tercero y 

22 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.

23 Id., pág. 93. 

24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(C)
KLCE202400208 13

reconvención con sus respectivas 

contestaciones;

(ii) en los casos criminales, la denuncia 

y la acusación si la hubiere.

(b) La decisión del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita, [. . .].

(c) Toda moción debidamente sellada por el 

Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la interrupción 

y reanudación del término para presentar la 

solicitud de certiorari y la notificación del 

archivo en autos de copia de la resolución u 

orden.

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualesquiera de las partes que forme 

parte del expediente original en el Tribunal de 

Primera Instancia, en las cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en 

la solicitud de certiorari, o que sean relevantes 

a ésta.

(e) Cualquier otro documento que forme 

parte del expediente original en el Tribunal de 

Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones a los fines de resolver la 

controversia.

Con respecto a los apéndices incompletos, nuestra Máxima 

Curia ha expresado lo siguiente: “[D]ebemos aclarar que 

generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener 

apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite 

penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción”. 

(Cita omitida) (Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 

150, 155 (2007). También, ha expresado que, las normas que rigen 

el perfeccionamiento de los recursos apelativos deberán ser 

observadas rigurosamente. Soto Pino v. Uno Radio Group., supra, 

pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290. El 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias concernientes 

al contenido, forma y presentación de los recursos podría implicar 

que sean desestimados. Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636, 

641 (2017). 
KLCE202400208 14

Finalmente, conforme ha resuelto el Alto Foro, la parte que 

comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la obligación de 

perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de 

poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 

367 (2005).

En consonancia con lo anterior, nuestra última instancia 

judicial expresó en Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR 378, 382-

383 (2015) que:

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a 

que un tribunal de superior jerarquía revise los 

dictámenes emitidos por los tribunales inferiores.25

Ahora bien, ese derecho queda condicionado a que las 

partes observen rigurosamente el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro 

ordenamiento jurídico sobre la forma, contenido, 

presentación y notificación de los recursos, incluyendo 

lo dispuesto en los Reglamentos del Tribunal de 

Apelaciones y del Tribunal Supremo.26

Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia 

de epígrafe, procedemos a aplicarla al caso ante nuestra 

consideración.

III

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso

presentado. Veamos. 

El señor Lampitt nos solicita que revisemos la Orden emitida 

el 8 de febrero de 2024 y notificada el 9 de febrero de 2024, por el 

Tribunal de Primera Instancia. No obstante, la parte peticionaria no 

acompañó con su recurso un apéndice que contuviese documentos 

relevantes que formen parte del expediente original en el Tribunal 

de Primera Instancia, que nos pudiese ser útil a los fines de resolver 

la controversia, según requiere el Reglamento de este Foro 

25 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014).

26 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. FSE, supra, pág. 130.
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Apelativo27. Por lo anterior, la parte peticionaria no nos colocó en 

posición de revisar al foro primario.

Por otro lado, mediante Resolución emitida el 22 de febrero de 

2024, le ordenamos al señor Lampitt que acreditara el cumplimiento 

de la Regla 79 (E) del Reglamento de este Tribunal, en o antes del 

23 de febrero de 2024 a las 12:00 del mediodía. Asimismo, le 

apercibimos que, el incumplimiento con lo ordenado, daría lugar a 

la denegatoria de la moción de auxilio y a la desestimación del 

recurso. El 23 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó la 

Moci[ó]n Informativa en Cumplimiento con lo Ordenado Bajo la Regla 

79 (E), donde alegó haber notificado por correo electrónico a las 

partes demandantes la presentación del certiorari y de la moción de 

auxilio de jurisdicción, y por correo certificado con acuse de recibo 

a las partes demandadas. A pesar de que la parte peticionaria 

afirmó haber notificado por correo electrónico a las partes, esta no 

acompañó evidencia que acreditara tal acción. 

Conforme a la Regla 33(B) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, el recurso de certiorari que se someta a la consideración 

del Tribunal de Apelaciones deberá ser notificado a los abogados o 

abogadas en récord, o en su defecto a las partes dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, es decir, dentro del 

término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la resolución u orden recurrida28. Este término 

es uno de cumplimiento estricto29.

Es normativa reiterada que, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deberán observarse 

rigurosamente30. El incumplimiento con las disposiciones sobre 

27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E)(1).

28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).

29 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B).

30 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564; Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, pág. 290; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90.
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forma, contenido y presentación de los recursos apelativos puede 

conllevar la desestimación de estos.

En abono a lo anterior, lo que reitera nuestra falta de 

jurisdicción es que el recurso se tornó académico. De una revisión a

SUMAC31 pudimos constatar que, las partes de epígrafe acordaron

que, el señor Lampitt desalojará y entregará voluntariamente la 

propiedad subastada en o antes del 29 de marzo de 2024 a Nice 

Realty Group. En virtud de dicho acuerdo, Nice Realty Group 

solicitó que se dejara sin efecto el lanzamiento programado para el 

29 de febrero de 2024. 

Consecuentemente, el 27 de febrero de 2024, el foro de 

primera instancia emitió una Orden32 donde dejó sin efecto el 

lanzamiento programado para el 29 de febrero de 2024. 

Según lo dispuesto por nuestro Máximo Foro, una 

controversia no es justiciable cuando hechos posteriores al 

comienzo del pleito han tornado la controversia en académica33.

Una de las manifestaciones concretas del principio de 

justiciabilidad es la doctrina de academicidad. Sobre el particular, 

nuestro más Alto Foro ha reconocido que los tribunales pierden su 

jurisdicción sobre una controversia cuando, durante el trámite 

judicial, ocurren cambios fácticos o judiciales que tornan en 

académica o ficticia su solución. Esto es, el foro judicial no puede 

entender sobre un caso que ha perdido su condición de controversia 

viva y presente en atención a los cambios fácticos o de derecho 

acaecidos en el transcurso del tiempo34. 

En consecuencia, procedemos a desestimar el recurso de 

certiorari de epígrafe, de conformidad con la Regla 83(C) del 

31 Véase entrada #77 de SUMAC.

32 Véase entrada #78 de SUMAC. 

33 Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803 (2021); Bhatia Gautier v. Gobernador, 

199 DPR 59, 68-69 (2017).

34 Pueblo v. Pagán Medina, 177 DPR 842, 844 (2010); Super Asphalt v. AFI y otros, 

supra, pág. 816. 
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Reglamento de este Tribunal35, la cual le confiere facultad a este 

Tribunal para a iniciativa propia desestimar un recurso de apelación 

o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de certiorari por falta de jurisdicción y se declara No Ha Lugar la 

moción en auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

35 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C).