Nú mer o Ide ntificador
RES2 02 4

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_ ____ _ _ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

JULIO A. VEGA PACHECO Querellante

- Recurrente

v. VIEQUES AIR LINK, INC., A SEGURADORA ABC Querellado

- Rec urrido KL CE202 3 0 1444 Certiorari procedente del Tribunal de Pr imera Instanc ia, Sala de F ajardo

C a s o Núm. : LU2023CV00116
Sobre:

DESPIDO INJUSTIFICADO, LEY 80

- 1976, según enmendado; DISCRIMEN POR REPRESALIAS; LEY 2

- 196 1, según enmendado Panel inte grado por su presidente, el Ju ez F i gueroa Cabán, el Juez Bonill a O rt íz , la Juez a Mateu Meléndez y la Jueza Prats P alerm Prats Palerm, Ju ez a Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 1 6 de enero de 2024.

A nte nos comparece la parte querellante

- recurrente, Julio A. Vega Pacheco (en adelante Sr. V ega ) , mediante u na Pe tici ó n de

Certiorari , en la que solicita que se revoque una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI) , del 11 de diciembre de 2023. Medi ante dicha Orden, el TPI denegó

una m oción de descubrimiento d e prueba al ampar o de la Regla 34

de las de Procedimiento C ivil y alega el Sr. V ega que en la misma

n o se fundamenta n las razones por las cuales no se deben contestar las objeciones de las contestaciones a interrogatorios, constituyendo un ab u s o de discreción y un err or cl aro y manifiesto en la apreciación de dicha prueba.

Por los fund amentos que expondremos a continuación se deniega la expedición del recurso de Certiorari

. Veamos.KL CE202 3 0 1444

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I

El 1 de junio de 2023 , el Sr. V ega presentó una Querella

contra Vieq ue s Ai r Link, Inc. ( e n adela nte VAL o querella da

recurrida ) al amparo de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961 de

Procedimi ento Sumario , Ley 80 de 30 de mayo de 1976 sobre Despido Inju stificado y Ley 115 de 20 de dici embre de 1991 sobre Represalias. En sí ntesi s, el Sr. Vega alega que fue despedido de su empleo injustificadamente y que sufrió rep resalias sin que VAL tomara ninguna acción.

VAL presentó su Contestación a Querella el 19 de junio de

2023

. E ntre otras cosas, negó que el Sr. V ega hubiese sido

d es ped ido injustificadament e y ne gó que hubiese sido objeto de represalias durante los años que el Sr. V ega trabajó para ellos. Tan pronto como el 2 8 de junio de 2023, el Sr. V ega curs ó un Primer Pliego de Interrogatorios y R equerimien to de Producción

de Do cu men tos como su mecanismo d e descubrimiento de prueba

. VAL notificó sus contestaciones a interrogatorio el 28 de agos to de

2023. E l Sr. V ega, no conforme con varias de las contestacio nes, para el 6 de septiembre de 2023, le notificó a VAL unas objeciones

. P ost eriormente, y en cump limiento con la R egla 34 de las de

P rocedimiento Civil , las partes se reunieron telefónicamente el 18

de septiembre de 2023 para discutir las o bjeciones a las contestaciones a interrogatorios. VAL suplementó varias de sus

contesta ci one s al interrogat o rio p ara el 12 de octubre de 2023

. No conforme con las respuestas, el Sr. V ega presentó para el
4 de noviembre de 2023 , una “ Moción para Compeler Contestación a Primer Pliego de Interrogatorios y Producción de Documentos al Amparo de la R eg la 34 d e las de Proce dimiento Civil. ” A esos fines,
el 6 de noviembre de 2023 el T PI le solicitó al Sr. V e ga un proyecto de orden para considerarlo . El 7 d e noviembre de 2023 , VAL presentó una oposición a la solicitud del Sr. Vega y medianteKL CE202 3 0 1444

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Orden d e l m ism o día el TPI dejó sin efecto la Orden de 6 de noviembre de 2023. De dicha Orden, el Sr. V ega n o solicitó

Reconsideración.
Para el 28 de noviembre de 2023 el Sr. V ega presenta una

“ Moción Informativa S obre Mociones P endientes ” donde nuevamente

le soli cit a a l TPI que resuelva en sus méritos la mo ción al amparo

de la R egla 34. E l mismo día, el TP I toma conocimiento y le ordena a la parte querellada VAL a que cumpla con el descubrimiento de prueba en 10 días so pena de sanciones.
El 29 de noviembre de 20 23, VA L solicita mediante m oción que se deje sin efecto Orden de 28 de noviembre de 2023 y en oposición a la “ M

oción Informativa sobre Mociones Pendientes ”

. En
las mismas argumenta que las controversias de descubri miento de prueba ya habían sido resueltas. El TP I, una ve z más , toma conocimiento y deja s in efecto la Orden de 28 de noviembre de

2023 , mediante Orden de 29 de noviembre de 2023, notificada el 4
de diciembre de 2023

. Nuevamente el Sr. V ega presenta m oción el 9 de diciembre
de 2023 solicitándo le a l TP I que resue l va en sus m é ritos y
fun damente las mociones previamente presentadas al amparo de la Regla 34 de las de Pro cedimiento Civil. El 11 de diciembre de 20 23 VAL presenta su respectiva oposición alegando que la misma era una segunda solicitud de r econs i deración y que la con troversia había sido resuelta por el TPI. E se mismo día, el TPI declara No ha Lugar la solicitud del Sr. Vega.

En desacuerdo , el Sr. Vega presentó oportunamente la
presente Petición de Certiorari el 20 de diciembre de 2023 , en l a

que formuló el siguiente señalam iento de error :
El TPI abusó crasamente de su discreción e incurrió en error manifiesto al declarar sin lugar la
m oción al amparo de la Regla 34 del querellante mediante orden que no fundamenta, ni articula laKL CE202 3 0 1444

4 procedencia de una s contestaciones a un pliego de interrogatorios y requerimientos objetados.

El Sr. V ega sostuvo que el TPI no permitió que este descubriera prue b a enter a mente pertinente y no privilegiada al considerar las alegaciones de su querella. Además, alega que no existe justificac ión alguna para no permitir que el Sr. Veg a descubra por medio de un Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción de Documentos prue ba conducente a establecer que fue desped ido injustificadame nte por VAL y de que

e ste fu e objeto de repres ali as en el empleo por su supervisor , e ntre

otras. Por su parte, Val sometió una Oposición a Expedición de

Certiorari Interlocutorio y Soli citud de D esestimación e l 26 de diciembre de 2023, e n la que sostuvo que la orden interlocut oria
d e la que se recurr e s e emitió dentro del contexto de una que rella presentada al amparo del proceso sumario para reclamaciones

laborales estableci d o por la L ey Núm. 2 de 17 de octubre de 19 61, por tanto, ante la naturaleza sumaria de dichas reclamacio nes,

e ste Tribun a l carec e d e jurisdicción para atender la misma.

I I

A. El certiorari

El auto de certiorari es un vehículo proc e sal q ue p ermite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario

med iant e el c ual se solicita al tribunal de super ior jerarquía la corrección de un error cometido por e l tr ib unal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance , 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC , 194 DPR 723,

728

- 729 ( 2016); véase, además, Art. 6 70 del C ódigo de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por t ant o, la expedición

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunalKL CE202 3 0 1444

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revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR , 185 DPR 307, 337

- 338 (201 2). La Regla 52.1 de Proce dimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita expresamente las insta n cia s en l as que este Tribunal de Apelaciones puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes interlocutorias del f oro de Insta ncia

. 800
Ponce de León Corp. v. Ameri can Inte rnational Insurance, supra ;
Scotiabank de Puerto Rico v . Z AF Cor poration , 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla dispone lo siguiente: [e]l recurso de certiorari para revisar resolucione s u órden e s interlocutorias dictadas p or el Tr ibunal de Primera Instancia, solamente será expedido p o r e l Trib unal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obsta n te, y por excepción a lo dis puesto a nteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órd en es o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hech os o p eritos esenciales, asuntos r elativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en c asos de relaciones de familia , en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación const ituiría un f

raca so ir r emediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari, en estos c a sos , el T ribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Aun cuando al amparo del pr ecitado estatuto adquirimos jur isdi cción sobre un recurso de certiora ri , la expedición del auto y la adjudicación en sus méritos es un as unto discrecional. No obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty , 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del Regl ament o del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que

este foro tomará en consideración par a ejer cer prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari , a saber:

A. Si el remedio y la disposici ón de la decisión
re r urrida, a dife renci a de sus fundament os son cont rarios a derecho

.KL CE202 3 0 1444

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B. Si la situación de hechos planteada es la má s in di cada para analizar el problema

. C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de Pr imer a Ins t ancia

. D. Si el asunto plantead o exi ge consideración, más detenida a la luz de los autos orig i nal es , po r los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados

. E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia par a su cons i deración. F. Si la expedición d el auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionam i ent o inde bido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio

. G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fra caso de l a j usticia. 4 LPRA Ap. XXII

- B

. De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

dete r min ac ione s discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error mani f ies to. T r ans

- Oceanic Life Ins. v.

Ora cle Corp ., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España

S erv ic e St a ., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judic i al para l leg ar a una conclusión justi ciera. SLG Zapata

- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434

-
43 5 (2 01 3)

. La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd. Por lo anterior, un a d ecu ado e j erc icio de discreción judici al está estrechamente relacionado con el concepto de

razonabil i dad

. Umpi erre Matos v. Juelle Albello , 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y otros v. Bco. Popular , 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Procedimiento Sumario bajo la Ley Núm
. 2 de 1961 La Ley Núm. 2

- 1961, tambié n conocida como la Ley de

Procedimientos Sumario de Reclamaciones L aborales, 32 LPRA

sec
. 3118 et. seq. , provee un procedimiento sumario para la tramitación y adjudicación de pleitos laborales. La esencia del

trámi te s umario creado por la Ley Núm. 2

- 1961 , supra , es proveerKL CE202 3 0 1444

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un mecanismo judicial para que se consideren y adjudiquen querellas de obreros o emplea dos de manera rápida, principalmente en casos de reclamaciones salariales y beneficios.

Bacardí Corporation v

. To rres A rroyo , 202 DPR 1014, 1019 (2019) ;
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC , supra , pág. 732

. Con su adopción, el legislador pretendió brindarle a los obreros y empleados un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración y adju dica ción d e las querellas que éstos

presen ten contra sus patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. , 174 DPR 921 , 928 (2008); Rivera v. Insular Wire Products Corp. , 140 DPR 912 , 923 (1996). La naturaleza de este tipo de reclama ción exige celeridad en su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Iz agas
Santo s v. Family Drug Center , 18 2 DPR 463 , 480 (2011). Con el fin de adelantar su propósito, la ley estableció: [. . . ] (1) términos cortos para la contestación de la querella presentada por el ob rero o empleado; (2) criterios p ara la concesión de una sola prórroga para contestar la quer ella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y objeciones; (5) criterios para la apli caci ón de las Reglas de Procedimiento Civi l; (6) una limitación específica sobre el uso de los mecanis mos de descubrimiento de prueba; (7) una prohibición específica de demandas o reconvenciones contra el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del trib unal p ara dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no cumpla con los términos pro vistos para contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisión y ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Rivera v. Insular Wire Pro duct s Corp

. , supra, págs. 923

- 924. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio , 196 DPR 439 , 446 (2016).

Reiteradamente nu estro más Alto Foro ha expresado que "[l]a esencia y médula del trámite fija do par a casos sobre reclamaciones

de s alarios consagrado en la Ley Núm. 2... constituye el procesamiento sumario y su rápida disposición. Desprovisto de esta característica, resulta un procedimiento ordinario más...".KL CE202 3 0 1444

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(Citas omitidas ). Rodríguez et al. v . Ri vera e t al. , 155 DPR 838, 856 (2001). Es por ello que, la Ley de Procedimi ento Sumario de Reclamaciones Laborales introdujo a nuestro ordenamiento jurídico un trámite especial y expedito para atender las querellas relacionadas con disputas laborales pr esen tadas por empleados o empleadas, u obr eros u obreras en contra de sus patr onos. En estos casos se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas o con el carácter sum ario del

p rocedimiento establecido por est a ley

. Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico , 207 DPR 339, (2021). (énfasis suplido) Como podrá observarse, el procedimiento sumario creado por la Ley Núm. 2

- 1961 , supra , es uno abarcador que al hac er un
balanc e de los intereses envue ltos impone la carga procesal más onerosa al patrono, sin que esto signifique que éste queda privado

de defender sus derechos. Rivera v. Insular Wire Products Corp. ,
supra , pág. 924. En vista de su carácter rep arad or , es ta ley debe ser interpretada liberal mente a favor del empleado . (Cita omitida ).

Ruiz v. Col. San Agustín , 152 DPR 226, 232 (1998). Por otra parte, e n Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc. , 147

DPR 483, 501 (1999) , el Tribunal Supremo de Puer to R ico tu vo la
oportu nidad de expresarse en relación con el alcance de la revisión judicial de resoluciones interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2

- 1961 ,
supra . Allí expresó lo s iguiente:
De una lectura de l os p recept os anteriore s se desprende que el legislador no tuvo la intención expresa de que estuviera disponible un mecanismo de revisión directa de las resoluciones interlocutorias. Más aún, en todos los debates celebrados en l a Cámara y el Senado en torno al P. del S. 194

-- qu e dio origen a la ley que analizamos

-- no se hizo mención de la posibilidad de que tales resoluciones interlocutorias fueran revisables . Todo lo anteriorKL CE202 3 0 1444

9 abunda a nuestra conclusión de que la revisión de
r esoluciones interlocutorias e s co ntrari a al carácte r sumario del procedimiento y que, debido a ello, debemos autolimitar nuestra facultad al efecto. Id

. , pág. 496. Concluyó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico , supra , a
la pág. 349 , y citan do a Dávila , Rivera v. Antilles Shipping, Inc. ,
supra , pág. 498, lo siguiente: [...] En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc. , supra , reconocimos que esta norma de autolimitación de revisión contempla una serie de instancias en las que una r esolución in terlocutoria sí es revisable por este Tribunal Supremo o por el Tribunal de Apelaciones, según corresponda. A estos efectos, a m odo de excepción, concluimos que los tribunales apelativos deben mantener y ejercer su facultad para revis ar m ediant e certiorari aquellas resoluciones interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario tramitado según la Ley Núm. 2 en las siguientes instancias: (1) cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisi ón i nmedia ta dispone d el caso po r completo, y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar
una grave injusticia

. ́ Id., pág. 498

. Véase, además, (citas omitidas) . En estas instancias, el carácter sumario y la celeridad que caracterizan a los procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2 ceden y los foros apelativos pueden revisar determinada resolución interlocutoria

. (énfasis suplido). Así las cosas, nuestro m á s A lto F oro, ha reiterado que las resoluciones interlocutorias que emita el Tribunal de Primera Instancia no son revisables por este tribunal. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc. , supra, a la pág. 497. En función del interés protegido por esta legislación s ocial, consistentemente hemos destacado la importancia de asegurar que los trámites judiciales encaminados bajo el palio de la Ley Núm. 2

- 1961 , supra , no pierdan su esencia expedita. Ruiz Camilo v. Tra fon Group , Inc. ,
supra
. Por lo tanto, corresponde a los tribunales asegurar la estricta observancia del proceso sumario [...]’’. León Torres v.
Rivera Lebrón , 204 DPR 20,33, (2020). Esbozada la norma jurídica, procedemos a disponer del

recurso ante nuestra c onsideración.KL CE202 3 0 1444

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III
En el caso que nos ocupa , la parte querellante

- recurrente,

Sr. V ega , nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la Ord en interlocutoria emitida 11 de diciembre de 2023 y notificada el mismo día , en la que el TP I denegó una moción de la parte querellante al amparo de la R egla 34 de las de

Procedimiento C ivil. Examinado el recurso y la posición de las partes, este
Tribunal determina que se encuentra impedido de intervenir en los

méritos de la resolución interlocut oria , ya que de lo contrario se desvirtuaría el propósito sumario que le quiso imprimir el legislador a los procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2

-
1961 . El legislador fue claro cuando dispuso que las revisiones interlocutorias en un procedimiento su mario bajo la Ley Núm. 2

-
1961 , supra , no ser ía n revisables por este foro . De ordinario, el

mencionado estatuto contiene las excepciones establecidas por la jurisprudencia interpr etativa del Tribunal Supremo donde

limitaron las intervenciones de este foro r evisor

. En particular,

d estacamos las excepciones establecidas en Dávila , Rivera , supra , donde el Alto Foro limitó nuestra intervención a ciertas instancias,

a saber: (1) cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso

por completo ; y (3) cuando la revisión tenga el ef ecto de evitar una

grave injusticia. En el caso ante nos, l a orden que se pretende revisar fue dictada por un tribunal con jurisdicción y la misma no amerita

nuestr a revisión inmediata para evitar un fracaso de la justicia , toda vez que , no se cumple n ninguna de las excepciones

establecidas

. En consecuencia, procede denegar la expedición del

recurso de C ertiorari solicitado.KL CE202 3 0 1444

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IV Por todo lo anterior, se deniega la expedición d el recurso de

Certiorari

. Lo acordó y m an da el Tribunal y lo certifica l a Secr e t aria del

Trib unal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oque ndo Solís S ecretaria del Tribunal d e A pe l a cione s