Número Identificador
S EN 2 0 24

___

___________ Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL

Juan C. Quiñones Santiago Demandante

v s . Joanmarie Quiñones Molina
Demandada
Juan A. Sánchez Rivoleda
Interventor

- Peticionario K L CE202400427 C ERTIORARI p rocedente de l Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina
Civil Núm.: F AC2016

- 0948 Sobre : Partición de Herencia

Panel integrado por su president e , el Juez Rivera Colón , la Juez Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

. Rivera Colón, J uez Ponente

SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 20 24

. Comparece ante nos, el licenciado Juan A. Sánchez Rivoleda ( Lcdo . Sánchez Rivoleda o parte peticionari a ), quien presenta recurso de certiorari en el que solicita la revocación de la “Resolución” emitida el 13 de febrero de 2024, 1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. También, solicita la revocación de la “Resolución” emitida el 11 de marzo de 2024, 2 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ca rolina.
Mediante ambas determinaci o n es , el TPI declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria

. Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración , expedimos el auto de certiorari , y confirmamos el dictamen mediante los fundamentos que expondremos a continuación.

1 Notificada el 13 de marzo de 2024. 2 Noti ficad a el 13 de marzo de 2024.KL CE202400427 2

Además, imponemos una sanción económica de $300.00 a la parte peticionaria por la interposición de recursos frívolos y su reiterad a condu cta en perjuicio de la eficiente administración de la justicia

. I. El 16 de junio de 2016, el Lcdo . Sánchez Rivoleda presentó

una “ M oción de I ntervención ” en un pleito de partición de herencia ( FAC2016

- 0948) que el señor Juan Carlos Quiñones Santiago ins tó contra la señora Joanmarie Quiñones Molina (Sra. Quiñones
Molina ). Argumentó que tenía derecho a intervenir porque, el 22 de febrero de 2016, el foro primario dictó Sentencia Parcial en el

caso K CD2013

- 0964 sobre cobro de dinero, y determinó que la
Sr a. Quiñones Molina le adeudaba al Lcdo. Sánchez Rivoleda la

suma de $36,708.19, más intereses, costas y gastos de honorarios de abogado. Evaluada su petición, e l 4 de agosto de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de intervención presentada por l a parte peticionaria

. Inconforme, este último presentó un recurso de

c ertiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el caso
KLCE201800380

. En dicho caso, un panel hermano emitió

“ Sentencia ” e l 30 de abril de 2018, y revocó la “Resolución” emitida
el 4 de agosto de 2016, permiti endo la intervención del Lcdo.
Sánchez Riv oleda

. Por otra parte, la Sra. Quiñones Molina presentó una

“ Moción de Relevo de Sentencia ” en el caso de cobro de dinero ( K
CD2013

- 0964) , y s olicitó se dejara sin efecto la sentencia y la

a notación de rebeldía. El 4 de septiembre de 2019, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de la Sra. Quiñones Molina. Insatisfecha, el 1 de noviembre de 2019, radicó un certiorari ante este foro apelativo ( KLCE201901454 ). Atendido el recurso, el 17 de e nero de 2020, un panel hermano concluyó que la Sra. Quiñones Moli na tuvo una inadecuada representación legal en el caso de cobro de
dinero , lo que violentó su debido proceso de ley . Por consiguiente,KL CE202400427 3

revocó al foro primari o y dejó sin efecto la anotación de rebeldía,
relevó a la Sra. Quiñones Molina de la sentencia, y ordenó la continuación de los procedimientos ante el foro primario

. En desacuerdo , el Lcdo. Sánchez Rivoleda acudió en revisión al Tribunal Supremo en el caso CC2020

- 30

. Nuestro Alto Foro n o acogió el recurso y, consecuentemente, la “ Sentencia ” emitida p or
este F oro el 17 de enero de 2020 en el caso KLCE201901454 , advino final y firme. Así las cosas, la Sra. Quiñones Molina presentó una “ Moción Solicitando Desestimación de la Demanda del In terventor Juan A. Sánchez Rivoleda ”. En é sta, arguyó que : (1) la Sentencia Parcial en el caso de cobro de dinero que había dado lugar a la solicitud de intervención del Lcdo. Sánchez Rivoleda había sido revocada y dejada sin efecto por el Tribunal de Apel aciones en el caso
KLCE201901454 , y (2) no existía una acreencia legal dictada por algún tribunal competente que justificara la intervención en el pleito de partición de herencia. Por lo anterior, solicitó la
desestimación de la “Moción de I ntervención ” y la continuación de los procedimientos de la partición de la herencia. El TPI emitió

una “Resolución” , el 12 de noviembre de 2020 , en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por la Sra. Quiñones Molina.
En desacuerdo , la Sra. Quiñones Molina presentó un
certiorari ante el Tribunal de Apelac iones en el caso
KLCE202001303

. Nuevamente, planteó que el Lcdo. Sánchez Rivoleda no tenía derecho de intervenir en el caso de partición de
herencia. El 21 de abril de 2021, este Tribunal d e Apelaciones
dictó “ S entencia ” en la que resolvió que el Lcdo. Sánchez Rivoleda no tiene legitimación alguna, ni de crédito, para intervenir en el pleito de división de herencia. Lo anterior , debido a que el crédito que le gener ó su derecho a intervenir en el pleito de división deKL CE202400427 4

herencia dejó de existir, en el momen to que la Sentencia Parcial emitida el 22 de febrero de 2016 (K CD2013

- 0964) fue revocada en
el caso KLCE201901454

. De manera que, se desestimó la “Moción
de I ntervención ” presentada por el Lcdo. Sánchez Rivoleda

. Luego de varios trámites procesales, el 6 de julio de 2022, el peticionario presentó una moción ante el TPI titulada “ Moción Solicitando Reconsideración a las Reiteradas Equivocaciones y
Erróneas Determinaciones de la Hon. Pérez Pa bón, Jueza ” y, entre otras cosas, reiteró su intervención en el c aso. El 3 de agosto de 2022, el foro primario emitió “Resolución y Orden”, y declaró No Ha Lugar la petición del peticionario fundamentándose en la

“ Sentencia ” que desestimó la demanda de in terventor. 3 R eiteró
que , “ ante la sentencia final y firme emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso Núm. KLCE202001303, en nuestr a jurisdicción, los derechos y obligaciones que han sido adjudicados mediante un dictamen final y firme constituyen le y del caso ”

. 4 El 1 de noviembre de 2022, el TPI emitió una “Resol ución” , al
atender la “ Moción de Reconsideración ” presentada por el Lcdo.
Sánchez Rivoleda , en la que confirmó su previa “ Resolución y
Orden ” emitida el 3 de agosto de 2022 y declaró No Ha Lu gar la
moción. El Lcdo. Sánchez Rivoleda recurrió ante este foro revisor
de la anterior “Resolución” mediante recurso de certiorari presentado el 13 de diciembre de 2022. En ese caso, este Tribunal de Apelaciones desestimó el auto de certiorari por falta de jurisdicción. En ese entonces, e nfatizamos que : “ [l]a contin ua insistencia del peticionario en revivir una solicitud de intervención en un pleito que le ha sido vedada, constituye un flagrante desafío a lo dictaminado por este Tribunal ”

. 5

3 Véase, Sentencia emitida e l 21 de abril de 2021 en el caso KLCE202001303. 4 Véase , Apéndice pág. 20

. 5 Véase , Sentencia emitida el 21 de diciembre de 2022 en el caso KLAN202201014.KL CE202400427 5 Tiempo despu és, e l 16 de febrero de 2023, el foro recurrido emitió una “Resolución y Orden”. Dicha determinación, se basó en el caso KLCE201901454 donde este Tribunal de Apelaciones
revocó la Sentencia Parcial que le permitía al Lcdo. Sánchez Rivoleda ser parte inter ventora en el pleito. Además, se le ordenó
al Lcdo. Sánchez Rivo leda “ no presentar y/o comparecer a este pleito, por lo que se tendría no permitida los escritos presentados con posterioridad a dicha Resolución ”

. 6 A pesar de lo anterior , el Lcdo. S ánchez Rivoleda intentó, en múltiples ocasiones, presentar mociones adicionales para que se permitiera su intervención en el caso de partición de herencia

. Entre é stas, se incluyen: ( 1 ) “ Moción Informativa y Solicitud de
Orden ” presentada el 8 de mayo de 2023 ; 7 ( 2 ) “ Con carácter de Urgencia Moción Informativa y Solicit ud de Orden ” presentada el 17 de mayo de 2023; 8 y ( 3 ) “ Moción Informativa ” presentada el 16 de junio de 2023

. Todas las anteriores fueron declaradas No Ha Lugar debido a que el Lcdo. Sánchez Rivoleda no estaba autorizado
a intervenir en el caso. Vale destacar que , en la “ Resolución ” dictada el 5 de julio de 2023, donde se dispuso de la “Moción Informativa” presentada el 16 de junio de 2023, el TPI fundamentó
su decisión en la doctrina de la ley del caso y del mandato judicial.
Así las cosas , el 23 de en ero 2024 , el Lcdo. Sánchez Rivoleda presentó una “ Moción de Reconsideración ” , en la que enfatizó que
el foro a quo actuó ultra vires al excluir su intervención en los procedimientos. Mediant e “Resolución” emitida el 13 de febrero de 2024, 9 y el 11 de marzo de 2024, 10 el TPI declaró No Ha Lugar la

“ Moción de Reconsideración ” presentada por la parte peticionaria

. Inconforme con dicha determinación , el Lcdo. Sánchez Rivoleda

6 Véase , Apéndice pág. 21. 7 Declarada No H a Lugar por el TPI el 30 de mayo de 2023. 8 D eclarada No Ha Lugar por el TPI el 30 de mayo de 2023

. 9 Notificada el 13 de marzo de 2024. 10 Notificada el 13 de marzo de 2024.KL CE202400427 6

acude ante este foro apelativo intermedio, y señala la comisión del siguiente error, a saber:
Erró el TPI al decretar en sus Resoluciones de 11 de marzo de 2024 y 13 de febrero de 2024, notificadas el 13 de marzo de 2024, señalando No ha lugar en todos sus extremos la Moción de Reconsideración presentada el 23 de enero de 2024 por el Interventor

- Acreedor violentando así los claros y determinantes artículos de los Códigos Civiles de 1930 y 2020.
II.

- A La doctrina de la ley del caso dispone que, como norma general, si un for o primario o tribunal apelativo ha adjudicado una controversia, é stas no pueden rexaminarse. Pueblo v. Serrano Chang , 201 DPR 643, 653 (2018). Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado sobre esta doctrina en el pasado. Al respecto , en Cacho Pérez v. Hatt on Gotay y otros, 195 DPR 1 , 8

- 9 (2016) , nuestro Alto Foro expresó que : En nuestra jurisdicción, los derechos y las obligaciones adjudicados mediante un dictamen judicial, que adviene final y firme, constituyen ley del caso. Esos derechos y obligaciones “g ozan de finalidad y firmeza” para que las partes en un pleito pue dan proceder “sobre unas directrices confiables y certeras”. Por lo tanto, de ordinario, las controversias que han sido adjudicadas por el foro primario o por un tribunal apelativo no pueden rexaminarse. (Énfasis suplido). (Citas omitidas). En esencia, esta doctrina solo aplica cuando existe un dictamen judicial final sobre una controversia que, a causa de
dicha finalidad , no podrá volver a examinarse. Asimismo, nuestra Alta Curia particul arizó que: En específico, las determinaciones judiciales que cons tituyen la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales consideradas y decididas por el tribunal. Esas determinaciones, como regla general, obligan tanto al tribunal de instancia c omo al que las dictó, si el caso vuelve ante su consideración. As í

, hemos expresado que la doctrina solo puede invocarse cuando exista una decisión final de la controversia en sus méritos. Cacho Pérez v. Gotay y otros, supra, a la pág. 9.KL CE202400427 7 ( Énfasis nuestro ). (Citas omitidas). Lo anterior no solo aplica a decisiones adj udicadas por el foro primario, sino que también a las del tribunal apelativo.
Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, 204 DPR 183, 201 (2020 );
Cacho Pérez v. Gotay y otros, supra, a la pág. 9

. A modo de excepción, n uestro Alto Foro expresó “ si el caso vuelve ante la consideración del tribunal y este entiende que sus determinaciones previas son erróneas y pueden causar una grave injusticia, ese foro puede aplicar una norma de derecho distint a ”

. Íd. Resulta evidente
que , solo se puede aplicar una norma de derecho distinta, cuando aplicar la ley del caso atenta contra los principios básicos de la justicia. Íd., a la pág. 10

. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v . E

. L

. A

. , 152 DPR 599, 607 (2000).

- B El mandato se ha definido como una “[o]rden de un tribunal superior a uno de inferior jerarquía, notificándole haber revisado el caso en apelación y enviándole los términos de su sentencia ”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al. , 18 5 DPR 288, 300

– 301 (201 2) , citando a I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos , 2da ed. rev., New Hampshire, Ed. Equity Publishing Corporation, 1989, pág. 162. En otras palabras, por medio del mandato, el tribunal apelativo puede ordenar al foro primario a cumplir con un dictamen

. Una vez el mandato es remitido al tribunal inferior, é ste adquiere jurisdicción solamente para ejecutar la sentencia como fue emitida en apelación. Mejías et al. v. Carrasquillo et al. , supra , a la pág. 301

. La regla del mandato dispone qu e el tribunal inferior no tiene discreción para ignorar ni altera r un mandato. No obstante lo anterior, los tribunales de menor jerarquía “ mantienen discreción para reconsiderar asuntos que no fueron expresa o implícitamente decididos por el tribunal que emitió el mandato ”

.KL CE202400427 8

Íd., a la pág. 302. Nuestro Tribunal Supremo es claro al explica r exactamente cuales asuntos se pueden reconsiderar , aun cuando
existe un mandato judicial : Lo anterior no debe interpretarse como un cheque en blanco para que los tribu nales inferiores actúen fuera de la orden dictada. Por ello, se d ebe entender que son solo aquellos asuntos que son ajenos al mandato judicial los que el foro inferior podrá revisar, a saber, aquellos asuntos que no surgen de manera explícita o implícita. En cuanto a los asuntos explícitos, se entenderá que son los que surgen de la sentencia claramente y sin espacio a ambivalencias. Sin embargo, los asuntos implícitos son los que establece el caso Pan American v. Tribunal Superior , supra es decir, aquellas cuestiones que, si bien no se litigaron, pudieron haberse litigad o, aquellas que bien surgen del mandato mismo, así como aquellas que se deben realizar para que resulte efecto el mandato. Íd., a la pág. 303. (Énfasis provisto). Por lo que , un tribunal inferior no puede entrar a revisar un mandato judicial dictado por el foro apelativo a menos que sea claramente un asunto que no guarde relación con el mandato judicial.
III. Según el trámite procesal discutido, el Lcdo. Sánchez
Rivoleda instó un pleito de cobro de dinero contra la Sra. Quiñones
Molina. En dicho ple ito, se emitió una “ Sentencia ” e l 22 de febrero de 2016, en la que se dispuso que la Sra. Quiñones Molina le
adeudaba al peticionario la suma de $36,708.19, más intereses, costas y gastos de litigio. E n ese momento, el Lcdo. Sánchez Rivoleda tenía un derecho para cobrar su crédito. Además, un panel hermano de este Tribunal , mediante “ Sentencia ” dictada en el caso KLCE201800380, entendió que el Lcdo. Sánchez Rivoleda, en aquel momento tenía u n interés legítimo y era acreedor con título reconocido para inte rvenir en el caso de partición de
herencia

.KL CE202400427 9 Sin embargo , la Sra. Quiñones Molina presentó ante el TPI
una moción de relevo de sentencia en el caso de cobro de dinero (KCD2013

- 0964). Al ser d enegada por el foro primario, la Sra. Quiñones Molina acudió a este Tribunal de Apelaciones en el caso
KLCE201901454. Este foro apelativo revocó el dictamen de
I nstancia , y se dejó sin efecto la Sentencia Parcial que garantizaba
el crédito del Lcdo. Sánch ez Rivoleda. Oportunamente, el Lcdo.
Sánchez Rivoleda recurrió e n certiorari a nuestro Tribunal Supremo, el cual fue declarado No Ha Lugar. Debido a lo anterior,
la “ Sentencia ” emitida en el caso KLCE201901454 advino final y firme

. Por lo que, d esde el momento en que la “ Sentencia ” gozó de finalidad y firmeza, el crédito de la parte peticionaria y su derecho para cobrar su acreencia dejó de existir. Precisamente, dicho crédito fue el que le generó derecho a intervenir al Ldco.
Sánchez Rivoleda.
Así las cosas, la Sra. Quiñones Molina solicitó mediante moción que s e desestimara la demanda de intervención instada por
el peticionario en el caso de partición de herencia. Lo anterior basado en que, al dejar de existir el crédito, e l Lcdo. Sánchez
Rivoleda no podía continuar como parte interventora en el pleito. Por lo anterior, un panel hermano desestimó la demanda de
intervenció n. Desde el momento en que el Lcdo. Sánchez Rivoleda
no tenía el derecho a cobrar el crédito es que pierde la legitimación
para intervenir en la partición de herencia. Posteriormente, el peti cionario presentó varias mociones intentando intervenir en el pleito de partición de herencia. Por esto , en la “Resolución” emitida por el TPI el 16 de febrero de 2023, el tribunal ordenó al
Lcdo. Sánchez Rivoleda : “ no presentar y/o comparecer a este pleito, por lo que se tendría no permitida los escritos presentadosKL CE202400427 10

con posterioridad a dicha Resolución ”

. 11 En consecuencia, los escritos presentados por el Lcdo. Sánchez Rivoleda después del 16 de febrero de 2023 fueron denegados por el mismo fundamento: el licenciado no tenía legitimación para intervenir en el caso. No obstante las órdenes del foro primario, el Lcdo. Sánchez Rivoleda comparece ante nos y, nuevamente , solicita que se
revoque n las d eterminaciones del TPI , aun cuando se le ha notificado previamente que no tiene derecho a intervenir en el caso de epígrafe por no tener acreencia de un crédito. No le asiste la
razón al peticionario

. Veamos. En el caso de autos , se le deniega in terve nción al peticionario en los tr á mites procesales

. Recalcamos la aplicación de la doctrina de la ley del caso y del mandato judicial en la situación de hechos presente. Según expusimos anteriormente, la doctrina de la ley del caso es de aplicación cu ando existe un dictamen judicial final sobre una controversia que, a causa de dicha finalidad no podrá r examinarse. Dicha doctrina aplica a las
decisiones del F oro de I nstancia como las del foro revisor apelativo. Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, supr a , a la pág. 201. Cacho Pérez v. Gotay y otros, supra, a la pág. 9

. Lo anterior es precisamente el caso que nos ocupa. Toda vez que, la “ Sentencia ” que revocó el crédito del peticionario advino final y firme por lo que no puede ser examinada nuevame nte . Ahora bien, la única instancia en que el tribunal puede alejarse de la doctrina de la ley del caso , y aplicar una norma de
derecho distinta , es cuando se atenta contra los principios básicos de la justicia. Cacho Pérez v. Gotay y otros, supra, a la pág. 10

. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v . ELA, supra , a la pág. 607

. Tras un estudio detenido del expediente, resulta que no aplica la anterior excepción a la doctrina de la ley del caso.

11 Véase , Apéndice pág. 21.KL CE202400427 11 Máxime, cuando ya un panel hermano de este foro revisor,
en el caso K LAN20 2201014, decidió que no tenía jurisdicción en el asunto por aplicar la doctrina de la ley del caso. Al así hacerlo, el Tribunal de Apelaciones reconoció que la “S entencia ” en KLCE201901454 constituye la “ley del caso” y devolvió el caso al
foro infer ior c on su mandato

. Surge indubitadamente del expediente, además, la aplicación
de la doctrina del mandato judicial. Dicha doctrina establece que , cuando se envía el mandato al foro inferior, é ste solo tiene jurisdicción para ejecutar la determinación de l for o apelativo. Mejías et al. v. Carrasquillo et al. , supra, a la pág. 301

. “ El dictamen emitido por un tribunal de mayor jerarquía y enviado a uno de inferior jerarquía no da base a sugerencias o flexibilidad en cuanto a la orden a seguir, sino que esta es una orden rígida y
definitiva ”. Íd. Pueblo v. Serrano Chang , supra, a la pág. 650

. Establecido lo anterior , al advenir final y firme la Sentencia
dictada en el caso KLCE201901454 y, también, la determinación de denegar la intervención del peticio nario , se le remitió el mandato judicial al foro recurrido. Como ya explicamos , el foro primario solo est á facultado a dar cumplimiento con el mandato expuesto en la sentencia

. Como bien indicó el TPI en la “Resolución” emitida el 5 de julio de 2023: “[ c ]ónso no con el propósito principal del mandato, el Tribunal de Primera Instancia se encuentra vedado de actuar en forma inconsecuente con los pronunciamientos del tribunal apelativo en el caso Núm.
KLCE202001303 ”

. 12 Al adjudicarse el asunto sobre la interv enció n del Lcdo. Sánchez Rivoleda , el foro inferior no puede reconsiderar nuevamente el asunto expresamente decidido por el tribunal apelativo, conforme la doctrina del mandato judicial. Mejías et al. v. Carrasquillo et al. , supra , a la pág. 303. Por tod o lo anterior,

12 V éase , Apéndice pág. 24.KL CE202400427 12

actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al denegar la intervención de la parte peticionaria , acatando así las doctrinas de la ley del caso y del mandato judicial.
IV. Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos
formar part e de este dictamen, se confirma la “Resolución” recurrida, emitida por Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina

. Además, en virtud de la Regla 85 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 85, imponemos una sanción económi ca de $300.00 a la parte peticionaria por la interposición de recursos frívolos y su reiterad a conducta en perjuicio de la eficiente administración de la justicia

. Esta sanción se impone a favor del Gobierno de Puerto Rico, la cual deberá pagarse mediante sell os de rentas internas en un término de 15 días en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. De igual forma, en un término no may or de 15 días deberá mostrar evidencia de que la sanción fue satisfecha. Lo acordó y manda el Tribunal , y lo certifica la Secr etaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Sol í s Secreta ria del Tribunal de Apelaciones