Número Identificador

RES2024______________________

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

JULIO A. VEGA PACHECO

Querellante-Recurrente

v.

VIEQUES AIR LINK, INC., 

ASEGURADORA ABC

Querellado-Recurrido

KLCE202301444

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera

Instancia, Sala de

Fajardo 

Caso Núm.: 

LU2023CV00116

Sobre:

DESPIDO 

INJUSTIFICADO, 

LEY 80-1976, 

según enmendado; 

DISCRIMEN POR 

REPRESALIAS; LEY 

2-1961, según 

enmendado

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Bonilla Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm

Prats Palerm, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

Ante nos comparece la parte querellante-recurrente, Julio A. 

Vega Pacheco (en adelante Sr. Vega), mediante una Petición de 

Certiorari, en la que solicita que se revoque una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI), 

del 11 de diciembre de 2023. Mediante dicha Orden, el TPI denegó

una moción de descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 34 

de las de Procedimiento Civil y alega el Sr. Vega que en la misma 

no se fundamentan las razones por las cuales no se deben 

contestar las objeciones de las contestaciones a interrogatorios, 

constituyendo un abuso de discreción y un error claro y manifiesto 

en la apreciación de dicha prueba. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

deniega la expedición del recurso de Certiorari. Veamos.
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I

El 1 de junio de 2023, el Sr. Vega presentó una Querella 

contra Vieques Air Link, Inc. (en adelante VAL o querelladarecurrida) al amparo de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961 de 

Procedimiento Sumario, Ley 80 de 30 de mayo de 1976 sobre 

Despido Injustificado y Ley 115 de 20 de diciembre de 1991 sobre 

Represalias. En síntesis, el Sr. Vega alega que fue despedido de su 

empleo injustificadamente y que sufrió represalias sin que VAL 

tomara ninguna acción. 

VAL presentó su Contestación a Querella el 19 de junio de

2023. Entre otras cosas, negó que el Sr. Vega hubiese sido 

despedido injustificadamente y negó que hubiese sido objeto de 

represalias durante los años que el Sr. Vega trabajó para ellos.

Tan pronto como el 28 de junio de 2023, el Sr. Vega cursó 

un Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción 

de Documentos como su mecanismo de descubrimiento de prueba.

VAL notificó sus contestaciones a interrogatorio el 28 de agosto de 

2023. El Sr. Vega, no conforme con varias de las contestaciones, 

para el 6 de septiembre de 2023, le notificó a VAL unas objeciones.

Posteriormente, y en cumplimiento con la Regla 34 de las de 

Procedimiento Civil, las partes se reunieron telefónicamente el 18 

de septiembre de 2023 para discutir las objeciones a las 

contestaciones a interrogatorios. VAL suplementó varias de sus 

contestaciones al interrogatorio para el 12 de octubre de 2023.

No conforme con las respuestas, el Sr. Vega presentó para el 

4 de noviembre de 2023, una “Moción para Compeler Contestación 

a Primer Pliego de Interrogatorios y Producción de Documentos al 

Amparo de la Regla 34 de las de Procedimiento Civil.” A esos fines,

el 6 de noviembre de 2023 el TPI le solicitó al Sr. Vega un proyecto 

de orden para considerarlo. El 7 de noviembre de 2023, VAL 

presentó una oposición a la solicitud del Sr. Vega y mediante 
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Orden del mismo día el TPI dejó sin efecto la Orden de 6 de 

noviembre de 2023. De dicha Orden, el Sr. Vega no solicitó 

Reconsideración.

Para el 28 de noviembre de 2023 el Sr. Vega presenta una 

“Moción Informativa Sobre Mociones Pendientes” donde nuevamente 

le solicita al TPI que resuelva en sus méritos la moción al amparo 

de la Regla 34. El mismo día, el TPI toma conocimiento y le ordena 

a la parte querellada VAL a que cumpla con el descubrimiento de 

prueba en 10 días so pena de sanciones.

El 29 de noviembre de 2023, VAL solicita mediante moción 

que se deje sin efecto Orden de 28 de noviembre de 2023 y en 

oposición a la “Moción Informativa sobre Mociones Pendientes”. En 

las mismas argumenta que las controversias de descubrimiento de 

prueba ya habían sido resueltas. El TPI, una vez más, toma 

conocimiento y deja sin efecto la Orden de 28 de noviembre de 

2023, mediante Orden de 29 de noviembre de 2023, notificada el 4 

de diciembre de 2023.

Nuevamente el Sr. Vega presenta moción el 9 de diciembre 

de 2023 solicitándole al TPI que resuelva en sus méritos y 

fundamente las mociones previamente presentadas al amparo de la 

Regla 34 de las de Procedimiento Civil. El 11 de diciembre de 2023 

VAL presenta su respectiva oposición alegando que la misma era 

una segunda solicitud de reconsideración y que la controversia 

había sido resuelta por el TPI. Ese mismo día, el TPI declara No ha 

Lugar la solicitud del Sr. Vega.

En desacuerdo, el Sr. Vega presentó oportunamente la 

presente Petición de Certiorari el 20 de diciembre de 2023, en la 

que formuló el siguiente señalamiento de error:

El TPI abusó crasamente de su discreción e 

incurrió en error manifiesto al declarar sin lugar la 

moción al amparo de la Regla 34 del querellante 

mediante orden que no fundamenta, ni articula la 
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procedencia de unas contestaciones a un pliego de 

interrogatorios y requerimientos objetados.

El Sr. Vega sostuvo que el TPI no permitió que este 

descubriera prueba enteramente pertinente y no privilegiada al 

considerar las alegaciones de su querella. Además, alega que no

existe justificación alguna para no permitir que el Sr. Vega 

descubra por medio de un Primer Pliego de Interrogatorios y 

Requerimiento de Producción de Documentos prueba conducente a 

establecer que fue despedido injustificadamente por VAL y de que 

este fue objeto de represalias en el empleo por su supervisor, entre 

otras.

Por su parte, Val sometió una Oposición a Expedición de 

Certiorari Interlocutorio y Solicitud de Desestimación el 26 de 

diciembre de 2023, en la que sostuvo que la orden interlocutoria

de la que se recurre se emitió dentro del contexto de una querella 

presentada al amparo del proceso sumario para reclamaciones 

laborales establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

por tanto, ante la naturaleza sumaria de dichas reclamaciones, 

este Tribunal carece de jurisdicción para atender la misma. 

II

A. El certiorari

El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario 

mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la 

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce 

de León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 

(2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723,

728-729 (2016); véase, además, Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición 

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal 
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revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

delimita expresamente las instancias en las que este Tribunal de 

Apelaciones puede expedir los recursos de certiorari para revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, supra; 

Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 

(2019). En lo pertinente, la referida regla dispone lo siguiente: 

[e]l recurso de certiorari para revisar

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. No obstante, 

y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos

a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso 

de certiorari, en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos 

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y 

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No 

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que 

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su 

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión

rerurrida, a diferencia de sus fundamentos 

son contrarios a derecho.
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B. Si la situación de hechos planteada es la más

indicada para analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 

craso y manifiesto de la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración, 

más detenida a la luz de los autos originales, 

por los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su

consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B.

De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las 

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, 

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la 

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado 

en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia. Íd. Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad. Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 

(2019); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Procedimiento Sumario bajo la Ley Núm. 2 de 1961

La Ley Núm. 2-1961, también conocida como la Ley de 

Procedimientos Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA 

sec. 3118 et. seq., provee un procedimiento sumario para la 

tramitación y adjudicación de pleitos laborales. La esencia del

trámite sumario creado por la Ley Núm. 2-1961, supra, es proveer
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un mecanismo judicial para que se consideren y adjudiquen

querellas de obreros o empleados de manera rápida,

principalmente en casos de reclamaciones salariales y beneficios.

Bacardí Corporation v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019);

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 732. Con su 

adopción, el legislador pretendió brindarle a los obreros y 

empleados un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la 

rápida consideración y adjudicación de las querellas que éstos 

presenten contra sus patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

174 DPR 921, 928 (2008); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

140 DPR 912, 923 (1996). 

La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en 

su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública 

de proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Con el fin 

de adelantar su propósito, la ley estableció:

[. . .] (1) términos cortos para la contestación de la 

querella presentada por el obrero o empleado; (2) 

criterios para la concesión de una sola prórroga para 

contestar la querella; (3) un mecanismo para el 

emplazamiento del patrono querellado; (4) el 

procedimiento para presentar defensas y objeciones; 

(5) criterios para la aplicación de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre 

el uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba; (7) una prohibición específica de demandas o 

reconvenciones contra el obrero o empleado 

querellante; (8) la facultad del tribunal para dictar 

sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no 

cumpla con los términos provistos para contestar la 

querella, y (9) los mecanismos para la revisión y 

ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-

924. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 

439, 446 (2016).

Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha expresado que "[l]a 

esencia y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones 

de salarios consagrado en la Ley Núm. 2... constituye el 

procesamiento sumario y su rápida disposición. Desprovisto de 

esta característica, resulta un procedimiento ordinario más...". 
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(Citas omitidas). Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 DPR 838, 856 

(2001). Es por ello que, la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales introdujo a nuestro ordenamiento 

jurídico un trámite especial y expedito para atender las querellas 

relacionadas con disputas laborales presentadas por empleados o 

empleadas, u obreros u obreras en contra de sus patronos. En 

estos casos se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo 

aquello que no esté en conflicto con las disposiciones 

específicas de las mismas o con el carácter sumario del 

procedimiento establecido por esta ley. Díaz Santiago v. 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207 DPR 339, (2021). 

(énfasis suplido)

Como podrá observarse, el procedimiento sumario creado 

por la Ley Núm. 2-1961, supra, es uno abarcador que al hacer un 

balance de los intereses envueltos impone la carga procesal más 

onerosa al patrono, sin que esto signifique que éste queda privado 

de defender sus derechos. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra, pág. 924. En vista de su carácter reparador, esta ley debe 

ser interpretada liberalmente a favor del empleado. (Cita omitida). 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 232 (1998).

Por otra parte, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 501 (1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la 

oportunidad de expresarse en relación con el alcance de la revisión 

judicial de resoluciones interlocutorias dictadas en un 

procedimiento sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2-1961, 

supra. Allí expresó lo siguiente:

De una lectura de los preceptos anteriores se 

desprende que el legislador no tuvo la intención 

expresa de que estuviera disponible un mecanismo de 

revisión directa de las resoluciones interlocutorias. 

Más aún, en todos los debates celebrados en la 

Cámara y el Senado en torno al P. del S. 194 --que dio 

origen a la ley que analizamos-- no se hizo mención 

de la posibilidad de que tales resoluciones 

interlocutorias fueran revisables. Todo lo anterior 
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abunda a nuestra conclusión de que la revisión de 

resoluciones interlocutorias es contraria al carácter 

sumario del procedimiento y que, debido a ello, 

debemos autolimitar nuestra facultad al efecto. Id., 

pág. 496. 

Concluyó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Díaz 

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, supra, a 

la pág. 349, y citando a Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra, pág. 498, lo siguiente: 

[...] En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra,

reconocimos que esta norma de autolimitación de

revisión contempla una serie de instancias en las que

una resolución interlocutoria sí es revisable por este

Tribunal Supremo o por el Tribunal de Apelaciones,

según corresponda. A estos efectos, a modo de

excepción, concluimos que los tribunales apelativos

deben mantener y ejercer su facultad para revisar

mediante certiorari aquellas resoluciones

interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario

tramitado según la Ley Núm. 2 en las siguientes

instancias: (1) cuando el foro primario haya actuado

sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la

revisión inmediata dispone del caso por completo,

y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar

una grave injusticia. ́Id., pág. 498. Véase, 

además, (citas omitidas). En estas instancias, el 

carácter sumario y la celeridad que caracterizan a los 

procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2 ceden y 

los foros apelativos pueden revisar determinada 

resolución interlocutoria. (énfasis suplido).

Así las cosas, nuestro más Alto Foro, ha reiterado que las 

resoluciones interlocutorias que emita el Tribunal de Primera 

Instancia no son revisables por este tribunal. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 497. En función del interés 

protegido por esta legislación social, consistentemente hemos 

destacado la importancia de asegurar que los trámites judiciales 

encaminados bajo el palio de la Ley Núm. 2-1961, supra, no 

pierdan su esencia expedita. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

supra. Por lo tanto, corresponde a los tribunales asegurar la 

estricta observancia del proceso sumario [...]’’. León Torres v. 

Rivera Lebrón, 204 DPR 20,33, (2020).

Esbozada la norma jurídica, procedemos a disponer del 

recurso ante nuestra consideración.
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III

En el caso que nos ocupa, la parte querellante-recurrente, 

Sr. Vega, nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y 

revoquemos la Orden interlocutoria emitida 11 de diciembre de 

2023 y notificada el mismo día, en la que el TPI denegó una 

moción de la parte querellante al amparo de la Regla 34 de las de 

Procedimiento Civil.

Examinado el recurso y la posición de las partes, este 

Tribunal determina que se encuentra impedido de intervenir en los 

méritos de la resolución interlocutoria, ya que de lo contrario se 

desvirtuaría el propósito sumario que le quiso imprimir el 

legislador a los procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2-

1961. El legislador fue claro cuando dispuso que las revisiones 

interlocutorias en un procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2-

1961, supra, no serían revisables por este foro. De ordinario, el 

mencionado estatuto contiene las excepciones establecidas por la 

jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo donde 

limitaron las intervenciones de este foro revisor. En particular, 

destacamos las excepciones establecidas en Dávila, Rivera, supra,

donde el Alto Foro limitó nuestra intervención a ciertas instancias, 

a saber: (1) cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción;

(2) en situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso

por completo; y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una

grave injusticia.

En el caso ante nos, la orden que se pretende revisar fue 

dictada por un tribunal con jurisdicción y la misma no amerita 

nuestra revisión inmediata para evitar un fracaso de la justicia, 

toda vez que, no se cumplen ninguna de las excepciones 

establecidas. En consecuencia, procede denegar la expedición del

recurso de Certiorari solicitado.
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IV

Por todo lo anterior, se deniega la expedición del recurso de 

Certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones