EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

Víctor M. Morales Roldán

Recurrido

Certiorari

2024 TSPR 54

213 DPR ___

Número del Caso: CC-2023-0276

Fecha: 29 de mayo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Isimar Ocasio Franco

Procuradora General Auxiliar

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Javier H. Jiménez Vázquez

Lcdo. Osvaldo Sandoval Báez

Materia: Ley Núm. 404-2000 – Ente con facultad para atender una 

solicitud de devolución de un arma de fuego y su respectiva licencia 

luego de que las acusaciones son desestimadas por incumplirse con los 

términos de juicio rápido.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

 Peticionario

 v.

Víctor M. Morales Roldán

 Recurrido

CC-2023-0276

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora 

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2024.

En esta ocasión, tenemos la delicada y sensible tarea 

de determinar a qué foro debe recurrir toda persona que 

desee solicitar la devolución de un arma de fuego y su 

respectiva licencia —incautadas como parte de un proceso 

penal por alegados actos de violencia doméstica— luego de 

que las acusaciones son desestimadas por incumplirse los 

términos de juicio rápido. Al llevar a cabo esta

encomienda, y en el ejercicio de un balance justo de los 

intereses envueltos, entendemos que la Policía de Puerto 

Rico (Policía)1 es la entidad adecuada para evaluar este 

tipo de petición. 

Veamos los hechos que dan base a la controversia ante 

nuestra consideración.

1 Al amparo de la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como 

Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec. 461 et seq. (Ley 

Núm. 168-2019) el ente administrativo es denominado como “Negociado 

de la Policía de Puerto Rico”.
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I

El 27 de julio de 2021, el Ministerio Público presentó 

dos denuncias en contra del Sr. Víctor Morales Roldán 

(señor Morales Roldán o recurrido) por presuntas

infracciones al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 

LPRA sec. 601. En particular, el Estado alegó que el señor 

Morales Roldán mantuvo un patrón de acecho, persecución y 

maltrato contra su expareja. En ese sentido, detalló que 

el recurrido constantemente: (1) contactaba a la fémina, 

a su familia y a terceros allegados mediante llamadas y 

mensajes de textos; (2) acudía al lugar de trabajo de esta 

con el fin de intimidarla y acosarla; y (3) en una ocasión 

la agarró por el cuello, le dio con la mano en la boca y, 

al caer ambos al suelo, la agredió con varios puños en 

diferentes partes del cuerpo. 

Tras evaluar los méritos de las denuncias, el Tribunal 

de Primera Instancia encontró causa probable para arresto 

y expidió una Orden de Protección Ex Parte en contra del 

recurrido. Además, luego de celebrarse la Vista Preliminar 

el 15 de septiembre de 2021, el foro primario determinó

que existía causa probable para presentar las debidas 

acusaciones.2 Sin embargo, el 18 de enero de 2022 el 

2 Inicialmente, el juicio quedó pautado para el 2 de noviembre de 

2021. No obstante, debido a varias incidencias procesales, incluyendo

que el Ministerio Público no tuvo la prueba de cargo disponible, el 

mismo tuvo que ser pospuesto en dos ocasiones. La Orden de Protección 

Ex Parte quedó extendida en ambas instancias. 
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Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia 

mediante la cual desestimó el proceso penal al amparo de 

la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, por haberse violado los términos de juicio rápido.

Así las cosas, el 18 de mayo de 2022, el señor Morales 

Roldán presentó una Moción Solicitando a la Policía de 

Puerto Rico [la] Devolución de Huellas y Documentos. El 

foro primario procedió a conceder la misma e instruyó a la 

Policía a que eliminara del sistema computarizado y le 

devolviera al recurrido las huellas dactilares, los 

documentos y las fotografías que le fueron tomadas durante 

la etapa investigativa.

Posteriormente, el 2 de noviembre de 2022, el señor 

Morales Roldán presentó una Moción en Solicitud de Orden

alegando que, ante su “exoneración” y conforme al Art. 

2.08 de la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida 

como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec. 

462g (Ley Núm. 168-2019) procedía que se ordenara a la 

Policía a devolverle la licencia de armas y el arma de 

fuego que le fueron ocupadas al comienzo de estos casos. 

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia rechazó su

petición por entender que “[e]sa determinación la 

tomar[ía] la Policía de Puerto Rico dentro de su facultad 

administrativa de la Ley de Armas”.3

El señor Morales Roldan solicitó reconsideración. 

Adujo que, a diferencia de la legislación anterior, la Ley 

3 Apéndice de Certiorari, págs. 19-20.
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Núm. 168-2019, supra, y el Reglamento Núm. 9172 de 17 de 

marzo de 2020, conocido como Reglamento para la 

Administración de la Ley de Armas, no contemplan un 

procedimiento administrativo para solicitar la devolución 

de una licencia de armas y un arma de fuego incautadas por 

razón del comienzo de un proceso penal. Por lo cual, 

entendía que era el foro judicial quien tenía el deber de

dilucidar y atender su solicitud. No obstante, el foro 

primario no reconsideró su postura. 

En vista de ello, el señor Morales Roldán presentó un 

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. 

Reiteró que bajo el ordenamiento jurídico actual la 

Policía no está facultada a llevar a cabo un proceso 

administrativo al respecto. Arguyó que, por el contrario,

era el foro judicial quien debía ordenar la devolución de 

la licencia y el arma de fuego conforme al deber 

ministerial que le impone el Art. 2.08 de la Ley Núm. 168-

2019, supra.

Por su parte, el Estado se opuso. Argumentó que la 

licencia de armas del recurrido fue expedida bajo la 

derogada Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como 

Nueva Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA ante sec. 455, 

et seq. (Ley Núm. 404-2000) por lo que entendía que era 

esta la que debía aplicar al caso. Además, alegó que, si 

bien coincidía en que el Tribunal de Primera Instancia 

tenía competencia para atender la petición en cuestión, no 

existía una obligación de conceder la misma, pues el señor 
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Morales Roldán no fue absuelto de las acusaciones en su 

contra. A su entender, el proceder más razonable, práctico 

y a tono con las disposiciones de la derogada Ley Núm. 

404-2000, supra, era que el Tribunal de Primera Instancia 

llevase a cabo un proceso evaluativo para considerar la

solicitud del recurrido. 

Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones 

emitió una Sentencia por medio de la cual revocó el 

dictamen del foro primario.4 Razonó que el Art. 2.08 de 

Ley Núm. 168-2019, supra, era claro al disponer que los 

tribunales tienen un deber ministerial de ordenar la 

inmediata devolución de un arma de fuego una vez el acusado 

es encontrado no culpable. Concluyó que dicha disposición 

debía ser aplicada aun en casos como el de autos, en el 

que no media una decisión absolutoria final y firme. Por 

lo cual, devolvió el asunto al Tribunal de Primera 

Instancia para que ordenara a la Policía a devolverle al 

señor Morales Roldán la licencia y el arma de fuego que le 

fueron ocupadas. El Estado presentó una Moción de 

Reconsideración, pero el foro apelativo intermedio denegó 

acogerla.

Todavía inconforme, el Ministerio Público presentó un 

recurso de certiorari ante nos en el cual levantó el 

señalamiento de error siguiente:

El Tribunal de Apelaciones erró al determinar 

que el Tribunal de Primera Instancia tiene la 

4 La Jueza Lebrón Nieves emitió un voto disidente en el cual expresó,

en síntesis, que el foro primario actuó correctamente al referir el 

asunto a la consideración de la Policía de Puerto Rico.
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obligación de ordenar al Negociado de la Policía 

devolver inmediata y automáticamente, sin mayor 

evaluación y consideración, el arma de fuego y 

su respectiva licencia, a pesar de que el señor 

Morales Roldán no obtuvo una determinación de no 

culpabilidad, final y firme, como expresamente 

dispone la Ley de Armas de Puerto Rico. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, y 

habiendo ya expedido el recurso, nos encontramos en 

posición de resolver. 

II

A.

La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos consagra el derecho fundamental de las personas a 

poseer y portar armas de fuego. Enmda. II, Const. EE. UU., 

LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 186. Dicho mandato se ha

extendido a los Estados en virtud de la Cláusula de Debido 

Proceso de Ley contenida en la Decimocuarta Enmienda de la

Constitución Federal. McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 

(2010). Además, se ha aclarado que este derecho es uno

individual. Pueblo v. Rodríguez López et al., 210 DPR 752 

(2022); Disctrict of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 

(2008). Por lo cual, las personas pueden poseer y portar 

armas para su defensa propia tanto dentro como fuera de 

sus hogares. Véase: Disctrict of Columbia v. Heller, 

supra; McDonald v. Chicago, supra; New York State Rifle & 

Pistol Assn., Inc. v. Bruen, 597 U.S. 1 (2022). Sin 

embargo, no es un derecho absoluto ni ilimitado. District 

of Columbia v. Heller, supra, pág. 626. Ello pues, no 

existe un derecho a poseer y portar cualquier arma, de 
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cualquier manera y para cualquier propósito. Íd. En ese 

aspecto, los Estados pueden imponer regulaciones y 

limitaciones, siempre y cuando cumplan con el text-andhistory test desarrollado por la Corte Suprema Federal en 

New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. Bruen, supra. 

B.

El 11 de septiembre de 2000, la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 404-2000, supra, para, 

entre otros fines, orientar a las personas autorizadas a 

manejar un arma de fuego a que lo hiciesen de manera 

responsable y, además, apercibir al delincuente de las 

consecuencias a las que se exponía si incurría en actos 

criminales mediante el uso de estas. Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 404-2000 (2000 [Parte 3] Leyes de Puerto 

Rico 2602). Si bien es cierto que esta legislación fue 

derogada el 11 de diciembre de 2019 al aprobarse la Ley 

Núm. 168-2019, supra, esta última expresamente expuso que 

“las disposiciones de [la Ley Núm. 404-2000, supra] serán 

aplicables a las licencias obtenidas o renovadas bajo su 

vigencia, hasta que tales licencias venzan o se renueven 

bajo la [Ley Núm. 168-2019, supra]”. Art. 7.24 de la Ley 

Núm. 168-2019 (2019 [Parte 3] Leyes de Puerto Rico 2226). 

(Negrillas suplidas). Por lo cual, en vista de que en este 

caso la licencia de armas del señor Morales Roldán fue 

expedida el 17 de julio de 2018, las disposiciones de la 

Ley Núm. 404-2000, supra, son las que regulaban todo lo 
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concerniente a la petición de devolución instada por el 

recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia.5

C.

Aclarado este asunto, resulta pertinente recordar

que, recientemente, en Pueblo v. Rodríguez López et al.,

supra, tuvimos la oportunidad de evaluar la 

constitucionalidad del Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, 

supra, 25 LPRA ante sec. 458c, el cual impone la obtención 

de una licencia como requisito para poder poseer y portar 

un arma de fuego en Puerto Rico. En aquella ocasión, al 

analizar la controversia a la luz del marco jurídico 

expuesto en New York State Rifle & Pistol Assn., Inc. v. 

Bruen, supra, arribamos a la conclusión de que el 

mencionado artículo era válido por ser “consistente con la 

tradición histórica de regular las armas de fuego 

nacionalmente mediante la exigencia de una licencia o un 

permiso”. Pueblo v. Rodríguez López et al., supra, pág. 

782.

Así las cosas, para obtener una licencia de armas en 

Puerto Rico, el Art. 2.02 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

requiere que la persona solicitante demuestre cumplir, 

entre otras cosas, con las cualificaciones siguientes: 

[...]

(7) No estar bajo una orden del tribunal que le 

prohíba acosar, espiar, amenazar o acercarse a 

un compañero íntimo, alguno de los niños de ese 

5 Al amparo del Art. 2.02(F) de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 

conocida como Nueva Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA ante sec. 

456a, et seq. (Ley Núm. 404-2000), las licencias de armas tienen 

vigencia por un periodo de cinco (5) años desde su expedición. 
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compañero o a persona alguna, y no tener un 

historial de violencia. 

[...]

(12) Someter en su solicitud una (1) declaración 

jurada de tres (3) personas que no tengan 

relación de consanguinidad o afinidad con el 

peticionario y que so pena de perjurio, 

atestigüen que el peticionario goza de buena 

reputación en su comunidad, y que no es propenso 

a cometer actos de violencia, por lo que no 

tienen objeción a que tenga armas de fuego. Esta 

declaración será en el formulario provisto por 

el Superintendente junto a la solicitud de 

licencia de armas.6 25 LPRA ante sec. 456a. 

(Negrillas suplidas). 

De igual forma, al momento de renovar una licencia de 

armas, resulta necesario que la persona solicitante 

acredite que las circunstancias que dieron base a su

otorgamiento se mantienen igual o, por el contrario, que 

indique de qué forma han cambiado. Íd.

Por su parte, el Art. 2.11 de la Ley Núm. 404-2000, 

supra, le concede al Superintendente de la Policía la 

facultad para rehusarse a expedir, o de haber expedido

revocar, una licencia de armas a toda persona solicitante 

que hubiese:

[S]ido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de 

cualquier delito grave o su tentativa, por 

conducta constitutiva de violencia doméstica 

según tipificada en las secs. 601 et seq. del 

Título 8, por conducta constitutiva de acecho 

según tipificada en las secs. 4013 a 4026 del 

Título 33, ni por conducta constitutiva de 

6 En Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018), aclaramos 

la facultad de la Policía para revocar una licencia de armas por el 

hecho de que la persona tuviese un historial de violencia. En ese 

aspecto, dispusimos que, bajo esta causal, no era necesario que la 

persona hubiese sido declarada culpable de delito alguno. Así pues,

resulta suficiente que se haya incurrido en algún acto violento o 

agresivo que, a juicio de la Policía, requiera la remoción de la 

licencia de armas para evitar la posible comisión de un acto 

desafortunado en el futuro.
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maltrato de menores según tipificada en la Ley

de Diciembre 16, 1999, Núm. 342. Disponiéndose, 

además, que tampoco se expedirá licencia alguna 

a una persona con un padecimiento mental que lo 

incapacite para poseer un arma, un ebrio 

habitual o adicto al uso de narcóticos o drogas, 

ni a persona alguna que haya renunciado a la 

ciudadanía americana o que haya sido separad[a]

bajo condiciones deshonrosas de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos o destituido de 

alguna agencia del orden público del Gobierno de 

Puerto Rico, ni a ninguna persona que haya sido 

convicta por alguna violación a las 

disposiciones de este capítulo o de la anterior 

Ley de Armas. 25 LPRA ante sec. 456j. (Negrillas

suplidas). 

De manera similar, los tribunales también tienen

facultad de suspender provisionalmente una licencia de 

armas y ocupar inmediatamente un arma de fuego y sus

municiones en situaciones en las cuales se determine causa 

probable para ordenar el arresto de una persona que posea

estos bienes. Sobre el particular, la Ley Núm. 404-2000, 

supra, dispone que: 

Luego de una determinación de causa probable 

para el arresto de cualquier persona a la cual 

se le haya otorgado una licencia de armas, por 

la comisión de cualquiera de los delitos 

especificados en la sec. 456j de este título o 

de violaciones a las disposiciones de este 

capítulo, el tribunal suspenderá 

provisionalmente la licencia hasta la 

determinación final del procedimiento criminal.

Disponiéndose, además, que el tribunal ordenará 

la ocupación inmediata de la totalidad de las 

armas y municiones del concesionario para su 

custodia en el Depósito de Armas y Municiones de 

la Policía. De resultar el acusado con una 

determinación de no culpabilidad, final y firme, 

el juez ordenará la inmediata devolución de su 

licencia de armas y de las armas y municiones.

Toda arma y municiones así devueltas deberán 

entregarse en las mismas condiciones en que se 

ocuparon. El concesionario estará exento del 

pago por depósito. De resultar la acción 

judicial en una de culpabilidad, final y firme, 

el Superintendente revocará la licencia 
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permanentemente y se incautará finalmente de 

todas sus armas y municiones. Art. 2.07 de la 

Ley Núm. 404-2000, supra, 25 LPRA ante sec. 

456f. (Negrillas suplidas).

A su vez, el Art. 2.13 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

inviste de autoridad a los agentes del orden público para 

que, en circunstancias específicas, puedan incautar armas, 

licencias y municiones. Además, contempla un procedimiento 

administrativo mediante el cual se puede solicitar la 

devolución de las armas que sean ocupadas bajo esta 

disposición.7

Como último punto, debemos destacar que el Art. 7.07 

de la Ley Núm. 404-2000, supra, establece que:

Salvo que otra cosa se disponga expresamente, 

todas las determinaciones que tengan que 

realizarse en virtud de este capítulo se regirán 

por las disposiciones de vistas informales, 

7 En particular, el mencionado artículo dispone que:

Cualquier agente del orden público ocupará la licencia, 

arma y municiones que posea un concesionario cuando 

tuviese motivos fundados para entender que el tenedor de 

la licencia hizo o hará uso ilegal de las armas y 

municiones, para causar daño a otras personas; por haber 

proferido amenazas de cometer un delito; por haber 

expresado su intención de suicidarse; cuando haya 

demostrado reiteradamente negligencia o descuido en el 

manejo del arma; cuando se estime que el tenedor padece 

de una condición mental, se le considere ebrio habitual o 

es adicto a sustancias controladas; o en cualquier otra 

situación de grave riesgo o peligro que justifique esta 

medida de emergencia. Un agente del orden público también 

ocupará la licencia, armas y municiones cuando se arreste 

al tenedor de la misma por la comisión de un delito grave 

o delito menos grave que implique violencia. A solicitud 

de la parte a quien se le ocupó el arma, hecha dentro de 

los quince (15) días laborables luego de la ocupación del 

arma, el Superintendente celebrará una vista 

administrativa en un término no mayor de cuarenta y cinco 

(45) días para sostener, revisar o modificar la ocupación 

del agente del orden público. El Superintendente deberá 

emitir su decisión en un plazo no mayor de cuarenta y 

cinco (45) días a partir de la celebración de dicha vista 

administrativa formal y de resultar favorable a la parte 

afectada la determinación de Superintendente, éste 

ordenará la devolución inmediata del arma o armas 

ocupadas. 25 LPRA ante sec. 456l. 
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adjudicaciones y reconsideraciones establecidas 

en las secs. 2101 et seq. del Título 3, conocidas 

como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”. 25 LPRA ante sec. 460f. (Negrillas

suplidas).8

D.

Por otra parte, la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 

1989, según enmendada, conocida como Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 

LPRA sec. 601 nota et seq. (Ley Núm. 54-1989), confirió a 

los jueces del Tribunal de Primera Instancia la facultad 

de dictar medidas afirmativas de protección a favor de 

toda persona que así lo solicite por medio de un proceso 

civil sencillo y ágil. Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 54-1989 (1989 Leyes de Puerto Rico 223). De expedirse

una Orden de Protección en contra de un poseedor de un 

arma de fuego al amparo de este estatuto, el Art. 2.1 de 

la Ley Núm. 54-1989, supra, 8 LPRA sec. 621, exige que se 

lleve a cabo el procedimiento siguiente:

[...]

Cuando el tribunal así lo entienda o emita 

una orden de protección o de acecho, de 

inmediato el tribunal ordenará a la parte 

promovida entregar a la Policía de Puerto Rico 

para su custodia, cualquier arma de fuego 

perteneciente al promovido y sobre la cual se le 

haya expedido una licencia de tener o poseer o 

de portación, o de tiro al blanco, de caza o de 

cualquier tipo, según fuera el caso. La orden de 

entrega de cualquier arma de fuego, así como la 

8 La Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 3 LPRA ante sec. 2101 nota, et seq. fue derogada y 

sustituida por la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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suspensión de cualquier tipo de licencia de 

armas de fuego se pondrá en [v]igor de forma 

compulsoria. Asimismo, al emitirse dicha orden 

por un tribunal, dicho dictamen tendrá el efecto 

de suspender la licencia de poseer o portar 

cualquier arma de fuego, incluyendo de cualquier 

tipo, tales como[,] pero sin limitarse a, tiro 

al blanco, de caza o de cualquier tipo, aun 

cuando forme parte del desempeño profesional del 

imputado. Dicha restricción se aplicará como 

mínimo por el mismo período de tiempo en que se 

extienda la orden. Cualquier violación a los 

términos de la orden de protección, que resulte 

en una convicción, conllevará la revocación 

permanente de cualquier tipo de licencia de 

armas que el promovido poseyere, y se procederá 

a la confiscación de las armas que le 

pertenezcan. El objetivo de este estatuto es 

eliminar la posibilidad de que el imputado pueda 

utilizar cualquier arma de fuego para causarle 

daño corporal, amenaza o intimidación al 

peticionario o a los miembros de su núcleo 

familiar. (Negrillas suplidas).

Así pues, como es posible apreciar, una suspensión de 

una licencia de arma de fuego al amparo del Art. 2.1 de la 

Ley Núm. 54-1989, supra, durará, como mínimo, el periodo 

de tiempo que esté vigente la Orden de Protección emitida

en contra del promovido. Ahora bien, de resultar este 

convicto por violar los términos dispuestos en la Orden de 

Protección, la citada disposición contempla que se revoque 

permanentemente la licencia de armas y se confisquen las 

armas de fuego ocupadas. 

Con este marco jurídico en mente, pasemos a disponer 

de la presente controversia.

III.

En su recurso ante nos, el Ministerio Público alega 

que el foro apelativo intermedio erró al concluir que el 

Tribunal de Primera Instancia tenía la obligación de 
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ordenar a la Policía de Puerto Rico a devolver 

inmediatamente la licencia y el arma de fuego que le fueron 

incautadas al señor Morales Roldán. A su entender, dicha 

devolución no puede ser automática, puesto que debe 

llevarse a cabo un proceso evaluativo en donde el tribunal 

se asegure que no existen impedimentos para restituirle al 

recurrido los bienes que fueron ocupados.9

Por su parte, el señor Morales Roldán se opone. 

Entiende que sostener la postura del Estado conllevaría 

legislar por vía judicial un proceso que no fue contemplado 

por la Asamblea Legislativa al promulgarse la legislación 

que reglamenta el uso, posesión y portación de un arma de 

fuego. De igual forma, considera que se estaría regulando 

o limitando ilegalmente el derecho a poseer y portar armas, 

lo que contravendría la decisión emitida por el Tribunal 

Supremo Federal en New York State Rifle & Pistol Assn., 

Inc. v. Bruen, supra. Por último, dispone que conceder la 

petición en cuestión violentaría la presunción de 

9 A tales efectos, el Estado cita de manera persuasiva la decisión 

emitida por el Máximo Foro Judicial de New Jersey en el caso Matter 

of J.W.D., 693 A.2d 92, 93 (N.J. 1997). En esa ocasión, dicho tribunal

atendió la controversia de si un acusado tenía derecho a que le 

devolvieran las armas de fuego luego de que se desestimaran las 

denuncias de violencia doméstica instadas en su contra. Al analizar 

la intención legislativa del Prevention of Domestic Violence Act of 

1991, N.J. Stat. Ann. secs. 2C:25-17-33 (West), el Tribunal dispuso 

que, aun cuando el estatuto ordenaba la devolución de las armas en 

ausencia de una decisión desfavorable al acusado, se podía observar 

también que el legislador tuvo la intención de prohibir la concesión 

de un arma de fuego a toda persona que representara una amenaza para 

la salud, la seguridad o el bienestar público. Por lo cual, el tribunal 

entendió que procedía devolver el caso al foro primario para que 

considerara si, a la luz de los testimonios y una vista a los efectos, 

el imputado reunía o no los requisitos para poseer y portar un arma 

de fuego en esa jurisdicción.
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inocencia que le asiste, ante el hecho de que las 

acusaciones en su contra fueron desestimadas.

Estudiados con detenimiento los escritos presentados 

por ambas partes, así como las decisiones emitidas por los 

foros inferiores, entendemos que en efecto el proceder del 

Tribunal de Apelaciones fue errado. En casos como el de 

autos, en los que no media una decisión de absolución sobre 

los delitos imputados, el proceso de devolución de una 

licencia de armas no puede ser automático. A contrario 

sensu, corresponde que este tipo de petición sea objeto de 

un proceso evaluativo por parte de la Policía. Veamos.

En este caso, al señor Morales Roldán se le ocupó una 

licencia de armas y un arma de fuego luego de que el foro 

primario determinara causa probable para ordenar su 

arresto y expidiera una Orden de Protección Ex Parte al 

amparo de la Ley Núm. 54-1989, supra, a favor de su 

expareja. No obstante, llegado el momento de celebrar el 

juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó las acusaciones, por haberse incumplido los 

términos de juicio rápido. 

Ante este cuadro procesal, el señor Morales Roldán 

solicitó al foro primario que ordenara a la Policía a 

devolverle la licencia y el arma de fuego que le fueron 

ocupadas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 2.08 de 

la Ley Núm. 168-2019, supra. Sin embargo, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó acoger su postura, por entender 

que esa decisión la tomaría la Policía al amparo de la 
CC-2023-0276 17

facultad administrativa que le otorga nuestro 

ordenamiento. El Tribunal de Apelaciones, por su parte, 

revocó, pues consideró que la desestimación por violación 

a los términos de juicio rápido constituía un dictamen de 

no culpabilidad final y firme para efectos del Art. 2.08 

de la Ley Núm. 168-2019, supra, y que, por tanto, el foro 

primario tenía el deber de atender la petición del señor 

Morales Roldán. 

Al examinar el derecho aplicable, observamos que

conforme al Art. 2.01 de la Ley Núm. 54-1989, supra, la 

suspensión de una licencia de armas será, como mínimo, por 

el tiempo de duración de la Orden de Protección emitida. 

Empero, del Estado comenzar un proceso penal en contra del 

imputado, el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

impone una suspensión provisional de la licencia de armas

hasta tanto recaiga una determinación final en el proceso

criminal. En ese aspecto, el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-

2000, supra, expone que, de resultar la acción penal con 

una decisión de no culpabilidad, final y firme, el tribunal 

ordenará la devolución de la licencia de armas de manera 

inmediata. Sin embargo, de culminar el caso con un 

veredicto de culpabilidad, final y firme, el

Superintendente de la Policía deberá revocar la licencia 

de armas permanentemente e incautar de manera final todas 

las armas y municiones.

Ahora bien, terminado el proceso penal con un 

resultado distinto a cualquiera de los escenarios 
CC-2023-0276 18

anteriores, el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

no dispone de un remedio o curso de acción a seguir para 

recuperar los bienes ocupados. Ante esta disyuntiva, el 

foro apelativo intermedio pretendió equiparar una 

desestimación de las acusaciones al amparo de la Regla 

64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, a un dictamen 

absolutorio para efectos del Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-

2000, supra. Sin embargo, no podemos avalar esa postura.

Como bien es sabido, a diferencia de una determinación de 

no culpabilidad final y firme, una desestimación por 

incumplimiento de los términos de juicio rápido no impide, 

de ordinario, que el Ministerio Público inste otro 

procedimiento penal por el mismo delito grave que dio base 

al primer encausamiento. Véase: Pueblo v. Pérez Pou, 175 

DPR 218 (2009); Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 

(2008); Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633 (2003).10

Además, resulta evidente que la intención de la 

Asamblea Legislativa fue limitar la facultad del tribunal 

para ordenar devolver una licencia de armas a instancias 

en las que la culpabilidad del imputado no hubiese sido

probada más allá de toda duda razonable. Esto pues, para

situaciones como las de autos, en las que no se contempló

un proceso expreso a seguir para recuperar los bienes 

incautados, el mandato legislativo delega en el ente 

administrativo la facultad de tomar cualquier decisión al 

10 Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la 

Constitución: Etapa Adjudicativa, San Juan, Ed. Situm, 2018, pág. 586.
CC-2023-0276 19

respecto. Así lo establece claramente el Art. 7.07 de la 

Ley Núm. 404-2000, supra, el cual dispone que toda 

determinación que deba tomarse al amparo de esta

legislación deberá tramitarse a través de los procesos 

administrativos de vistas informales, adjudicación y 

reconsideración que provee nuestro ordenamiento jurídico, 

salvo que otra cosa se hubiese expresamente dispuesto.11

Así las cosas, concluimos que, cuando se ocupa una 

licencia de armas y un arma de fuego por virtud de la 

facultad que otorga el Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, 

supra, y el proceso criminal no culmina con una decisión 

absolutoria final y firme, cualquier petición de 

devolución de estos bienes deberá ser referida a la Policía

de Puerto Rico. De esa manera, el ente administrativo 

determinará la procedencia de la solicitud utilizando los 

procesos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 

LPRA sec. 9601 et seq.

11 Si bien es cierto que el Art. 7.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

se titula “Determinaciones administrativas; adjudicación; 

reconsideración”, un análisis de su contenido, junto al hecho de que 

fue ubicado en el Capítulo 7 del estatuto —el cual contiene las

“Disposiciones Finales” de la Ley—, permite concluir que su aplicación 

es de carácter general y no tan solo a procesos administrativos 

celebrados ante la Policía de Puerto Rico.

Por otra parte, debemos destacar que tanto el Art. 7.06 de la Ley Núm. 

168-2019, supra, como el inciso (A)(25) del Capítulo 15 del Reglamento 

Núm. 9172 de 17 de marzo de 2020, conocido como Reglamento para la 

Administración de la Ley de Armas, contemplan que toda determinación 

que deba realizarse en virtud de la Ley Núm. 168-2019, supra, sea 

tramitada al amparo de los procedimientos administrativos dispuestos 

en la Ley Núm. 38-2017, supra, salvo que expresamente se hubiese 

contemplado otro trámite a seguir.
CC-2023-0276 20

Mediante el mencionado curso de acción se logra

preservar un justo balance de los intereses envueltos. 

Esto pues, por un lado, el señor Morales Roldán tendrá la 

posibilidad de recuperar su licencia de armas a través de 

un procedimiento cuyas salvaguardas del debido proceso de 

ley han sido ampliamente reconocidas en nuestro 

ordenamiento. Por el otro, la Policía de Puerto Rico, 

utilizando la pericia y autoridad que dispone para regular 

estos asuntos, evaluará si el recurrido satisface los 

criterios estatutarios para poseer un arma de fuego en 

nuestra jurisdicción.

Al llevar a cabo dicha encomienda, la agencia 

administrativa deberá emplear su conocimiento para 

determinar si los factores que dieron base a la remoción 

de la licencia de armas del señor Morales Roldán aún están

presentes. Lo anterior, tomando en cuenta la probabilidad

de que el recurrido pueda utilizar su arma para agredir, 

amenazar o intimidar a su expareja, su familia o a 

terceros. Después de todo, debemos recordar que, si bien 

el derecho a poseer y portar un arma de fuego está 

revestido de la más alta garantía legal provista en nuestro

ordenamiento, el mismo no es absoluto. Por lo cual, ante 

situaciones de peligro a la vida o la propiedad de 

cualquier persona, la Policía de Puerto Rico, como ente 

encargado de la seguridad y prevención de la violencia,

debe tomar las medidas preventivas necesarias para 

intentar evitar la ocurrencia de cualquier incidente
CC-2023-0276 21

desgraciado o lamentable.12 Véase: Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, 201 DPR 26, 49 (2018).

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En 

consecuencia, se procede a reinstalar la decisión dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia para disponer del 

presente asunto.

Se dictará sentencia de conformidad.

 Mildred G. Pabón Charneco

 Jueza Asociada

12 La decisión que hoy tomamos de ninguna forma debe ser interpretada 

en el sentido de que la Policía de Puerto Rico tiene potestad para 

revisar o revocar un dictamen del tribunal ordenando la suspensión o 

remoción de una licencia de armas. Por el contrario, la facultad de 

la agencia está centrada en determinar si la persona solicitante 

cumple o no con los criterios para poseer un arma de fuego y, de 

entenderlo procedente, conferir la licencia correspondiente. Lo 

anterior debido a que, como ente especializado, la Policía de Puerto 

Rico es quien está en mejor posición de evaluar una petición de tal 

naturaleza. 

Por otra parte, debemos recordar que, si bien el foro administrativo 

es quien debe pasar juicio, en primera instancia, sobre una petición 

de devolución de una licencia de armas, los tribunales aún guardan 

jurisdicción para revisar cualquier dictamen final que se emita al 

respecto. Esto pues, el Art. 7.08 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 25 

LPRA ante sec. 460g, expresamente dispone que: “[u]na parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final alcanzada en 

virtud de las disposiciones de este capítulo, que haya agotado todos 

los remedios administrativos, podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones [...]”. 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

 Peticionario

 v.

Víctor M. Morales Roldán

 Recurrido

CC-2023-0276

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2024. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En 

consecuencia, se procede a reinstalar la decisión dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia para disponer del 

presente asunto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el 

Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor 

Martínez Torres concurre con Opinión escrita. El Juez 

Asociado señor Colón Pérez concurre con Opinión escrita a 

la cual se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

 Peticionario

 v.

Víctor M. Morales Roldán

 Recurrido

 

CC-2023-0276

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2024.

Concurro con el curso de acción avalado por la 

Mayoría de este Tribunal. La derogada Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455, no 

le impone al tribunal un deber ministerial para 

ordenar la devolución inmediata de la licencia de 

armas, las armas y municiones cuando el caso se 

desestima por incumplir los términos de juicio 

rápido. Este deber ministerial de devolver

automáticamente el arma solamente aplica luego de una 

absolución en los méritos. Por eso, estoy de acuerdo 

en que correspondía revocar la sentencia emitida por 

el Tribunal de Apelaciones. 
CC-2023-0276 2

Sin embargo, discrepo en cuanto a que en situaciones 

como la de autos, le corresponde al Negociado de la Policía 

de Puerto Rico evaluar una petición de devolución de un 

arma y su licencia. Considero que, si bien la devolución no 

procede de forma automática, el foro primario tiene el deber 

de ejercer su discreción para decidir si procede o no la 

devolución. En estos casos, es el foro que ordenó la 

suspensión provisional, a saber, el Tribunal de Primera 

Instancia, el único con autoridad para dirimir si procede 

dejar sin efecto su orden anterior y devolver el arma. 

Por esa no ser la determinación a la que hoy arribó 

esta Curia, concurro respetuosamente. 

I

El Sr. Víctor Morales Roldán (señor Morales Roldán)

fue acusado por infracciones al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54-

1989, 8 LPRA sec. 631. El juicio para ventilar estas 

acusaciones quedó señalado para el 2 de noviembre de 2021. 

Sin embargo, debido a que el Ministerio Público no contaba 

con la prueba, el juicio tuvo que ser pospuesto en dos 

ocasiones. A raíz de estas dilaciones, el 18 de enero de 

2022 el Tribunal desestimó el proceso penal al amparo de la 

Regla 64 (n) (4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

por violación de los términos de juicio rápido.

Como consecuencia de la desestimación, el señor

Morales Roldán alegó que, ante su “exoneración” y conforme 

con el Art. 2.08 de la vigente Ley de Armas de Puerto Rico, 

Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 462g, procedía que se 
CC-2023-0276 3

ordenara al Negociado de la Policía a devolverle la licencia 

de armas y el arma de fuego que se le ocuparon al comienzo 

del proceso criminal en su contra. El foro primario rechazó 

su petición y concluyó que “esa determinación la tomaría la 

Policía de Puerto Rico dentro de su facultad 

administrativa”.

En desacuerdo, el señor Morales Roldán solicitó 

reconsideración. Aseveró que la Ley Núm. 168-2019, supra, 

y el Reglamento Núm. 9172 de 17 de marzo de 2020, conocido 

como Reglamento para la Administración de la Ley de Armas, 

no contemplan un procedimiento administrativo para 

solicitar la devolución de una licencia de armas incautadas

como parte del proceso criminal en su contra, luego de este 

haber culminado. En vista de ello, esgrimió que era el foro 

judicial quien tenía el deber de dilucidar y atender su 

solicitud. 

Tras denegarse la reconsideración, el señor Morales 

Roldán presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal 

de Apelaciones. El foro apelativo intermedio revocó al foro 

primario bajo el raciocinio de que el Art. 2.08 de la Ley 

Núm. 168-2019, supra, era claro al disponer que los 

tribunales tienen un deber ministerial de ordenar la 

devolución inmediata de un arma de fuego una vez el acusado 

es encontrado no culpable. Concluyó que dicha disposición 

debía ser aplicada en este caso a pesar de que no existía 

una determinación absolutoria final y firme.
CC-2023-0276 4

En desacuerdo con este proceder, el Procurador General 

del Puerto Rico recurrió ante nosotros mediante recurso de 

certiorari. Planteó que el foro apelativo intermedio se 

equivocó al aplicar la disposición contenida en el Art. 

2.08 de la Ley Núm. 168-2019, supra, al caso de autos. 

Señaló que no está en desacuerdo con que el arma sea 

entregada al señor Morales Roldán. Sin embargo, enfatizó 

que discrepa de la decisión del tribunal intermedio a los 

fines de que el foro primario tiene un deber ministerial de 

devolver el arma. Según el Procurador General, el lenguaje 

de la Ley Núm. 404-2000, supra y de la Ley Núm. 54-1989, 

supra, demuestra que el tribunal tiene la discreción y es

el foro adecuado para determinar si procede o no la 

devolución del arma.

Tras evaluar el asunto, estimo que el Procurador 

General tiene razón.

II

A. Aplicabilidad de la Ley de Armas de Puerto Rico Ley Núm. 

168-2019.

En primer lugar, es importante señalar que, como 

correctamente explica la Opinión Mayoritaria, en vista de 

que la licencia de armas del señor Morales Roldán fue 

expedida el 17 de julio de 2018, durante la vigencia de la 

Ley Núm. 404-2000, supra, su petición debía fundamentarse 

con arreglo a este estatuto. Véase, Art. 7.24 de la Ley 

Núm. 168-2019, supra. 
CC-2023-0276 5

Ahora bien, la derogada Ley Núm. 404-2000 supra, 

aplicable a la controversia de autos, contiene una 

disposición similar a lo establecido en el Art. 2.08 de la 

Ley 168-2019, 25 LPRA sec. 462g. En lo pertinente, el Art. 

2.07 de la Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 456f, establece 

que “[d]e resultar el acusado con una determinación de no 

culpabilidad, final y firme, el juez ordenará la inmediata 

devolución de su licencia de armas y de las armas y 

municiones”.

B. Desestimación al amparo de la Regla 64(N)(4) de 

Procedimiento Criminal y la absolución en los méritos.

Es preciso aclarar que, aunque el señor Morales Roldán 

hubiese fundamentado su solicitud en el precitado Art. 2.07 

de la Ley Núm. 404-2000, supra, el resultado hubiera sido 

el mismo. Es decir, no procedía la inmediata devolución del 

arma y la licencia. Esto es así debido a que una 

desestimación por haber incumplido con los términos de 

juicio rápido no equivale a una determinación de no 

culpabilidad final y firme. Pueblo v. Carrión, 159 DPR 633, 

644 (2003). Hace algún tiempo ya habíamos expresado que “el 

hecho de que [una desestimación] sea “sin perjuicio” no 

opera en contra de esta conclusión, ya que lo que significa 

es que el imputado no está “absuelto” para propósitos de la 

protección constitucional contra la doble exposición”. Íd.

Sobre este particular, el Profesor Ernesto L. Chiesa 

Aponte nos dice que “una desestimación de la acusación por 
CC-2023-0276 6

cualquiera de los fundamentos de derecho que no sea una 

determinación de no culpable (absolución en los méritos) no 

impide ulteriores procedimientos, en el tribunal de origen 

ni en tribunales apelativos”. E.L. Chiesa Aponte, 

Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa 

Adjudicativa, Ediciones Situm, San Juan, 2017, pág. 586.

Con este lenguaje, el Profesor Chiesa aclara que lo único 

que equivale a una absolución en los méritos es una 

determinación final y firme realizada por un juzgador de 

hechos. 

En esta misma línea, el Profesor Chiesa añade que 

“[p]or supuesto, si el defecto que provoca la desestimación 

es insubsanable habría impedimento para un nuevo proceso 

una vez la resolución de desestimación advenga firme; tal 

sería el caso, para dar un ejemplo, de una desestimación 

por prescripción de la acción penal”. Íd. De igual forma, 

la desestimación de una causa tiene que entenderse como un 

evento que da por terminada la acción presentada ante los 

tribunales por el Ministerio Público. Íd. Bajo este crisol 

doctrinario, queda claro que el foro apelativo intermedio 

se equivocó al concluir que el foro primario tenía un deber 

ministerial de devolverle la licencia y el arma al señor 

Morales Roldán.

C. Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, Ley 54-1989.
CC-2023-0276 7

Conviene recordar que el señor Morales Roldán fue 

acusado por haber infringido el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54-

1989, supra, 8 LPRA sec. 631. Este artículo, en síntesis, 

establece que “toda persona que empleare fuerza física o 

violencia psicológica, en la persona de su cónyuge, 

excónyuge, o la persona con quien cohabita o haya 

cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya 

sostenido una relación consensual, incurrirá en delito 

grave”. Íd. Como el señor Morales Roldán fue acusado por un 

delito grave tipificado en ley especial que fue desestimado 

debido al incumplimiento con los términos de juicio rápido, 

el Ministerio Público puede volver a radicar cargos por los 

mismos hechos mientras el delito no haya prescrito. Véase, 

Art. 87 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5132.

Además, es importante mencionar que el Art. 2.1 de la 

Ley Núm. 54-1989, supra, establece que cuando el tribunal 

emita una orden de protección o de acecho, de inmediato

ordenará a la parte promovida entregar a la Policía de 

Puerto Rico cualquier arma de fuego. Sobre el propósito de 

esta disposición, el precitado artículo añade que: “el 

objetivo de este estatuto es eliminar la posibilidad de que 

el imputado pueda utilizar cualquier arma de fuego para 

causar daño corporal, amenaza o intimidación al 

peticionario o a los miembros de su núcleo familiar”. Íd.

D. El efecto de una desestimación: el fin de un proceso 

criminal.
CC-2023-0276 8

El Art. 2.07 de la Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA ant. 

sec. 456f, objeto de la controversia ante nuestra 

consideración, establece que:

Luego de una determinación de causa probable para 

el arresto de cualquier persona a la cual se le 

haya otorgado una licencia de armas, por la 

comisión de cualquiera de los delitos 

especificados en el Artículo 2.11 o de 

violaciones a las disposiciones de esta Ley, el 

tribunal suspenderá provisionalmente la licencia 

hasta la determinación final del procedimiento 

criminal. (Énfasis nuestro).

De una lectura de este artículo, salta a la vista la 

frase “hasta la determinación final del procedimiento

criminal” pues precisamente, el proceso criminal del señor 

Morales Roldán ya ha llegado a su final. En Pueblo v. 

Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008), pautamos que según la 

Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, la desestimación 

de un caso grave por violación de los términos prescritos 

en la Regla 64(n) no constituye un impedimento para el 

inicio de otro proceso por los mismos hechos. 

Particularmente enfatizamos que, en ausencia de 

circunstancias que lo prohíban, el Ministerio Público tiene 

la facultad de presentar nuevamente aquellos cargos. En 

aquel momento expresamos que 

“luego de una desestimación por violentar el 

término consignado en la Regla 64(n)(5) de 

Procedimiento Criminal, supra, el Estado tiene 

tres opciones: (1) recurrir de dicha 

determinación ante el Tribunal de Apelaciones; 

(2) aceptar el dictamen del foro de instancia y, 

de tratarse de un caso por delito grave, iniciar 

otro proceso con la presentación del proyecto de 

denuncia correspondiente para una nueva 

determinación de causa probable para el arresto, 

o (3) negarse a procesar al ciudadano, de acuerdo 
CC-2023-0276 9

con la facultad discrecional que le reconoce 

nuestro ordenamiento penal al Ministerio Público. 

Íd., pág. 21. 

Nuestro lenguaje en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, 

no deja margen para interpretar que la nueva presentación

de los cargos constituía la continuación del proceso 

inicial. Tanto es así que, un año más tarde, en Pueblo v. 

Pérez Pou, 175 DPR 218 (2009) establecimos que, “según lo 

resuelto en Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008), 

una determinación judicial que declare “con lugar” una 

moción de desestimación pone fin a la acción penal".

Conviene también recordar los hechos del caso Pueblo 

v. Carrión, supra, en donde el acusado argumentaba que la 

demora entre la primera desestimación del caso por 

incumplimiento con los términos de juicio rápido y la 

segunda presentación de los cargos violentó su debido 

proceso de ley pues en este periodo se encontraba “sujeto 

a responder”. Nuestra conclusión ante tal planteamiento 

fue:

[D]ebemos concluir que, durante todo el 

primer proceso, desde el arresto hasta la 

solicitud de desestimación, el peticionario 

estuvo “sujeto a responder”. Dicha condición, sin 

embargo, cambió con la desestimación de la 

denuncia. Esto es así debido a que la 

desestimación, aunque sin perjuicio, significó la 

caída de los cargos que pendían en su contra. 

(Énfasis nuestro). Tan es así que el Ministerio 

Público tuvo que presentar cargos nuevamente por 

los mismos hechos. A esa nueva denuncia se le 

asignó un nuevo número de caso y, por haber 

solicitado el peticionario que se le cancelara la 

fianza anterior, se le fijó una nueva. Es con esa 

nueva presentación de cargos que el peticionario 

advino nuevamente a estar expuesto a convicción 
CC-2023-0276 10

y, por ende, “sujeto a responder”. Pueblo v. 

Carrión, supra, pág. 643.

Por lo tanto, no nos persuade el argumento 

del peticionario, en el sentido de que una 

primera desestimación sería sólo una incidencia 

procesal que no interrumpe el carácter continuo 

del procedimiento. (Énfasis nuestro). A lo único 

que estuvo sujeto el peticionario durante ese 

período fue a que, como en efecto ocurrió, el 

Ministerio Público decidiera reprocesarlo. Por lo 

que, para efectos prácticos, el peticionario se 

encontraba en la misma situación procesal que un 

individuo que sabe que lo están investigando, 

pero que aún no se le han sometido cargos 

formalmente. Íd. (Énfasis nuestro). 

Al analizar lo discutido en los precitados casos en 

conjunto con en el lenguaje del Art. 2.07 de la Ley Núm. 

404-2000, supra, no existe duda de que el proceso criminal 

en contra del señor Morales Roldán culminó. Por tanto, si 

bien no estamos ante una absolución en los méritos y no 

existe un deber ministerial de devolver el arma y la 

licencia, el foro primario sí tiene el deber de dirimir, 

bajo su prudencia, si procede o no la devolución. 

Considero que ese resultado es el más apropiado pues en 

este momento no existe procedimiento criminal pendiente. Lo 

único que existe en contra del señor Morales Roldán es la 

posibilidad de que el Ministerio Público le presente 

nuevamente otra acusación bajo los mismos cargos. Ante este 

escenario, procede que el foro primario pase juicio sobre 

su propia determinación para auscultar si el solicitante 

posee algún riesgo de peligrosidad. De esta manera, el foro 

primario estará en una mejor posición para determinar si 

devuelve o no la licencia y el arma en cuestión.
CC-2023-0276 11

E. Revisión judicial de los procesos administrativos.

La Opinión mayoritaria sustenta su conclusión de

remitir el asunto al foro administrativo en el lenguaje del 

Art. 7.07 de la Ley Núm. 404-2000, supra, 25 LPRA sec. 460f,

que dispone que “[s]alvo que otra cosa se disponga 

expresamente, todas las determinaciones que tengan que 

realizarse en virtud de esta Ley se regirán por las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Ahora 

bien, el propio título del artículo: “Determinaciones 

Administrativas; Adjudicación; Reconsideración” nos 

demuestra que esta disposición aplica únicamente a las

determinaciones administrativas. Por lo tanto, debido a que

la suspensión del arma del señor Morales Roldán no fue por

una orden administrativa, sino por una judicial, dicho 

artículo no puede ser utilizado para disponer de la 

controversia ante nuestra consideración. 

Aunque del expediente no surge la orden judicial que 

decretó la suspensión de la licencia de armas del señor

Morales Roldán, el Ministerio Público nos menciona que “no 

existe controversia sobre que, en efecto, el arma fue 

ocupada como parte de los incidentes de violencia doméstica 

en este caso”. Véase Petición de certiorari pág. 11 nota 

23. Por tanto, no resulta correcto y mucho menos práctico 

utilizar el lenguaje del Art. 7.07 de la Ley Núm. 404-2000, 
CC-2023-0276 12

supra, para remitir la orden judicial al foro 

administrativo.

F. Debido Proceso de Ley. 

La Opinión mayoritaria considera que el debido proceso 

de ley del señor Morales Roldán queda adecuadamente 

protegido porque la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm.

170 del 12 de agosto de 1988, 25 LPRA sec. 9601 et. seq., 

le reconoce un derecho a revisión judicial. Sin embargo, en 

este ejercicio, lo que la Mayoría propone es delegarle 

indirectamente a una agencia administrativa la revisión de 

una orden judicial. Soy consciente de que el Negociado de 

la Policía cuenta con el expertise para realizar una mejor 

determinación sobre a quién se le puede o no conceder una 

licencia de armas. Sin embargo, la mayoría olvida que en 

este caso ya hubo una determinación realizada por el 

Comisionado de la Policía que, en su día, le otorgó al señor 

Morales Roldán la licencia de armas. Fue luego de las 

acusaciones por violencia doméstica que el tribunal, 

cumpliendo el mandato de la Ley Núm. 404-2000, supra, 

intervino con la determinación del Negociado y le suspendió 

al señor Morales Roldán la licencia de armas. En resumidas 

cuentas, al remitir nuevamente el asunto al Negociado de la 

Policía, la Opinión mayoritaria convierte al Negociado de 

la Policía en el foro con jurisdicción para revisar una 

orden judicial. Este proceder resulta peligroso pues 
CC-2023-0276 13

establece como precedente que una agencia administrativa 

puede revisar y revocar una determinación judicial. 

A tenor, debemos recordar nuestros pronunciamientos en 

Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26 (2018). Allí 

establecimos que la Policía y el Superintendente (hoy 

Comisionado) tienen la facultad en ley para revocar las 

licencias de armas cuando una persona posea un historial de 

violencia. Si bien esta pudiera ser la situación del señor 

Morales Roldán, es necesario que antes de que el Negociado 

de la Policía intervenga, el foro judicial tome una 

determinación. Según nuestra postura, le corresponde 

exclusivamente al foro que ordenó la suspensión decidir si 

procede o no la devolución de la licencia y el arma del 

señor Morales Roldán. 

G. Deber ministerial y facultad discrecional. 

Estoy convencido de que, aunque no existe un deber 

ministerial por parte del foro judicial para entregar el 

arma y la licencia del señor Morales Roldán, el foro 

primario sí tiene el deber de evaluar la petición y tiene 

discreción para devolverla. Hace algún tiempo explicamos 

que existe un deber ministerial cuando “la ley prescribe y 

define un deber que tiene que ser cumplido de forma tal que 

no le permite el ejercicio de la discreción o del juicio 

sobre si cumple o cómo cumple con ese deber impuesto”. 

Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749 

(1944). Por lo tanto, si la ley no establece un deber 
CC-2023-0276 14

ministerial para entregar un arma luego de una 

desestimación, y ni siquiera lo contempla, no es 

irrazonable concluir que lo dejó a la discreción del foro 

que ordenó la suspensión de la licencia. Por esta razón 

considero que no procede delegarle al Negociado de la 

Policía la facultad de determinar si corresponde o no la 

devolución de un arma de fuego, después que un tribunal 

ordena su suspensión.

III

En resumen, el foro primario no tiene el deber 

ministerial de devolverle el arma al señor Morales Roldán

pues este no fue absuelto en los méritos. Sin embargo, el 

propio tribunal que ordenó la suspensión de la licencia

tiene el deber de considerar la petición y ponderar si 

procede o no la devolución. Con este proceder, se 

salvaguardan adecuadamente los derechos aquí en conflicto. 

Mas allá de todos los fundamentos en derecho que he esbozado 

a través de esta concurrencia, el sentido práctico también 

me lleva a esta conclusión. Definitivamente, el propio

tribunal que atendió el caso criminal que dio paso a la 

suspensión de la licencia y la entrega del arma está en 

mejor posición que un foro administrativo para intervenir 

con el derecho de una persona a poseer armas y para tomar 

aquellas medidas dirigidas a salvaguardar la seguridad de 

las víctimas de violencia doméstica.

A su vez, debo mencionar que el curso avalado por la 

mayoría me deja serias preocupaciones en cuanto las 
CC-2023-0276 15

posibles violaciones al debido proceso de ley que puede 

enfrentar el señor Morales Roldán al momento de solicitarle 

al Negociado de la Policía la devolución del arma y su 

licencia. El Sr. Víctor Morales Roldán no tiene un caso 

criminal pendiente pues las acusaciones en su contra fueron 

desestimadas por un tribunal. Al señor Morales Roldán, le 

cobija el derecho a la presunción de inocencia. Debido a lo 

anterior, advierto que un proceso criminal que fue 

desestimado y una orden de protección que ya venció no 

pueden utilizarse como pretexto para interferir con su 

derecho constitucional a la portación de armas. Véase Emda. 

II, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Por lo tanto, la 

determinación del Negociado de la Policía no puede estar 

atada a la posibilidad de que el Ministerio Público vuelva 

a radicar los cargos. Reitero que, para todos los efectos, 

ese proceso criminal inicial ya no existe. Por 

consiguiente, la determinación no puede estar fundamentada 

en un caso judicial que se desestimó.

Finalmente, estimo que el Art. 2.1 de la Ley Núm. 54-

1989, supra, es claro al mencionar que el propósito de 

ordenar al promovido la entrega del arma es proteger al 

peticionario. Por lo tanto, el curso de acción propuesto 

por la mayoría aleja a los tribunales de cumplir con su 

deber de proteger a las víctimas de violencia doméstica. 

Estimo que en casos como el de autos resulta necesario que, 

sin pretender delegarla a otros foros, realicemos nuestra 

función adjudicativa y cumplamos nuestro llamado de 
CC-2023-0276 16

impartir justicia. A fin de cuentas, de eso se trata la 

función judicial. Véase, Preámbulo de los Cánones de Ética 

Judicial, 4 LPRA Ap. IX.

IV

Por todo lo anterior, concurro respetuosamente. 

Hubiese determinado que le corresponde al foro judicial 

auscultar si procede la devolución del arma y la licencia 

del señor Morales Roldán. A pesar de que el proceso criminal 

culminó, la orden judicial que dispuso la suspensión de la 

licencia del señor Morales Roldán es independiente y 

continúa vigente. Por tanto, el tribunal, a solicitud del 

señor Morales Roldán tiene el deber de determinar bajo su 

discreción, si procede o no la devolución de la licencia y 

el arma.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

 Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

 

 Peticionario 

 v.

Víctor M. Morales Roldán

 Recurrido 

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ

a la que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico a 29 de mayo de 2024.

En el presente caso, uno en el cual se acusa y se 

procesa criminalmente a una persona por violar el 

Artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, infra, nos 

corresponde determinar si, ante la desestimación del 

caso criminal por violación a los términos de juicio 

rápido contemplados en la Regla 64(n) de las de 

Procedimiento Criminal, infra, corresponde la 

devolución inmediata de la licencia y las armas de 

fuego que le fueron ocupadas a ésta, de conformidad 

con lo dispuesto en los Artículos 2.1 de la ya 

mencionada ley y 2.07 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, infra.

 

 CC-2023-0276 Certiorari
CC-2023-0276 2

Adelantamos que, luego de haber examinado detenida y 

cuidadosamente los hechos que dieron margen al presente 

proceso penal, así como el derecho aplicable,-- al igual que 

se hace en la Opinión que hoy emite este Tribunal --, 

revocaríamos la determinación tomada por el Tribunal de 

Apelaciones en el caso de marras, mediante la cual se ordenó 

la devolución inmediata de la licencia y armas de fuego

ocupadas al Sr. Víctor Morales Roldán. Ello es lo correcto.

Ahora bien, -- distinto al acercamiento que se hace en 

el escrito de la Mayoría, en el cual se concluye que la 

devolución del arma de fuego será una determinación que le 

corresponderá exclusivamente a la Policía de Puerto Rico en 

el ejercicio de su facultad administrativa --, somos de la 

opinión que, en casos como estos, lo correcto hubiese sido 

que, como paso previo a devolver el arma de fuego a la persona 

acusada de delito, el Tribunal de Primera Instancia refiriese 

el asunto a la Policía de Puerto Rico para que dicha agencia 

del orden público, -- como ente administrativo especializado 

--, determinase si esta última cuenta, o no, con la aptitud 

necesaria en ley para poseer y portar un arma de fuego, y 

rindiese un informe al Tribunal de Primera Instancia a tales 

fines; y que, luego de ello, basándose en la recomendación 

hecha por la referida agencia, fuese el foro primario quien 

evaluase y resolviese, de forma definitiva, la solicitud de 

devolución de arma de fuego.

A nuestro juicio, el procedimiento que proponemos para 

la devolución de armas de fuego en casos como el de autos, 
CC-2023-0276 3

es el que mejor armonizaría los importantes intereses que 

aquí yacen en pugna. Por un lado, y distinto a lo que hoy 

pauta una Mayoría de este Tribunal, brindaría coherencia 

procesal al facultar al propio Tribunal de Primera Instancia 

que ordena la incautación de la licencia y arma de fuego a 

realizar su devolución. Igualmente, y por otro lado, 

integraría la participación experta de la Policía de Puerto 

Rico quien es la entidad administrativa con la pericia 

necesaria para resolver estos asuntos, y cuyo insumo guiaría 

la determinación que en su día tomase el foro judicial 

correspondiente. 

Por ello, concurrimos. Nos explicamos.

I.

La serie de eventos que dieron paso al caso que hoy 

pende ante nuestra consideración, tuvo su génesis allá para 

el año 2021. El 27 de julio de dicho año, el Ministerio 

Público presentó contra el señor Víctor M. Morales Roldán 

(en adelante, “señor Morales Roldán”) dos denuncias por 

infracción al Artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, infra. 

En síntesis, en las referidas denuncias el Estado alegó 

que el 25 de julio de 2021 el señor Morales Roldán agredió 

de manera violenta a su entonces pareja consensual. 

Específicamente, se aseveró que la referida agresión 

consistió en el señor Morales Roldán haber abofeteado a su 

expareja, así como lanzarla al suelo y agredirla con los 

puños en varias partes del cuerpo.
CC-2023-0276 4

Celebrada la vista de causa para arresto el mismo 27 de 

julio de 2021, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo, encontró causa probable para arresto contra el señor 

Morales Roldán por todos los delitos imputados. Asimismo, en 

consideración a la naturaleza del caso, el foro primario 

expidió una orden de protección a favor de la presunta 

víctima de la agresión y en contra del imputado Morales 

Roldán. 

Cónsono con lo anterior, y en virtud del mandato expreso 

que contiene el Artículo 2.07 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico (en adelante, “Ley de Armas de 2000”), infra, el 

Tribunal de Primera Instancia requirió al señor Morales 

Roldán que hiciera entrega a la Policía de Puerto Rico de 

cualquier arma de fuego para la cual éste poseyera licencia, 

así como la licencia misma, ya fuera ésta de portación o 

posesión. Este último así lo hizo.

Entregadas las armas de fuego y la licencia a la 

autoridad competente, el 15 de septiembre de 2021 se celebró 

la vista preliminar contra el señor Morales Roldán. Culminada 

la misma, el foro primario encontró causa probable para 

acusar por todos los delitos imputados. En consecuencia, la 

orden de protección expedida a favor de la perjudicada se 

extendió hasta el día 2 de noviembre de 2021, fecha en la 

que quedó pautada la celebración del juicio.

Llegado el día en que se había pautado el inicio del 

juicio, el mismo fue reseñalado para el 23 de noviembre de 
CC-2023-0276 5

2021. De igual manera, la ya mencionada orden de protección 

fue extendida hasta dicha fecha. 

Posteriormente, y luego de varios incidentes procesales

no necesarios aquí pormenorizar, el 18 de enero de 2022 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia mediante 

la cual desestimó los cargos que pesaban contra el señor 

Morales Roldán, ello por violación a los términos de juicio 

rápido contemplados en la Regla 64(n) de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II.

Así las cosas, el 2 de noviembre de 2022 el señor Morales 

Roldán presentó ante el foro primario una Moción en solicitud 

de orden. En dicho escrito, éste arguyó que debido a que el 

caso en su contra había sido desestimado, dicha desestimación 

constituía una “exoneración” por lo cual, en virtud del 

Artículo 2.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 

infra, correspondía que el Estado le devolviera su licencia 

de armas y el arma de fuego ocupadas.

En respuesta a la solicitud del señor Morales Roldán, 

el Tribunal de Primera Instancia, emitió una Orden el 7 de 

noviembre de 2022 mediante la cual declaró no ha lugar la 

referida solicitud. En particular, el foro primario dictaminó 

que la determinación sobre la devolución de la licencia y el 

arma de fuego era una que le correspondería tomar a la Policía 

de Puerto Rico dentro de su facultad administrativa.

Acto seguido, el 28 de noviembre de 2022 el Tribunal de 

Primera Instancia denegó una Moción en solicitud de 

reconsideración que fuera presentada por el señor Morales 
CC-2023-0276 6

Roldán. Esas determinaciones fueron oportunamente 

notificadas a todas las partes en el presente caso.

Inconforme con la decisión del foro primario, el 27 de 

diciembre de 2022 el señor Morales Roldán acudió ante el 

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. 

En dicho escrito, alegó que el Tribunal de Primera Instancia

había errado en su proceder toda vez que, conforme al 

Artículo 2.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 

infra, correspondía la devolución, sin más, de la licencia 

de armas y el arma que le habían sido ocupadas. Esto, debido 

a que, según su criterio, una desestimación bajo la Regla 

64(n) de las de Procedimiento Criminal, supra, suponía una 

determinación de no culpabilidad por lo cual, según el texto

de la ley, el foro primario estaba ministerialmente obligado 

a devolver inmediatamente las armas ocupadas.

Por su parte, y en oposición, la Oficina del Procurador 

General compareció ante el foro apelativo intermedio mediante 

un Escrito en cumplimiento de orden. En síntesis, el 

Procurador General arguyó que, en virtud del texto claro de 

la ley, -- tanto la Ley de Armas de 2000, infra, como la Ley 

de Armas de Puerto Rico de 2020, infra --, la devolución 

inmediata de la licencia y armas no procedía puesto que en 

este caso no hubo una determinación de no culpabilidad, sino 

que se trató de una desestimación por violación a los 

términos de juicio rápido. A esos fines, la Oficina del 

Procurador General sostuvo que lo que correspondía era que 

el Tribunal de Primera Instancia evaluara la solicitud de 
CC-2023-0276 7

devolución del arma de fuego y licencia de armas, y tomara 

su decisión.

Así las cosas, el 28 de febrero de 2023 el Tribunal de 

Apelaciones emitió una Sentencia mediante la cual revocó la 

determinación dictada por el foro primario. En particular,

concluyó que, habiendo obtenido el señor Morales Roldán una

determinación de no culpabilidad final y firme, el Tribunal 

de Primera Instancia estaba obligado a ordenar a la Policía 

de Puerto Rico la devolución inmediata, y sin ulterior 

consideración, de la licencia y el arma de fuego ocupadas.

Presentada una Solicitud de reconsideración por parte del 

Ministerio Público, el foro apelativo intermedio proveyó no 

ha lugar a la misma.

Ante la determinación del Tribunal de Apelaciones, el 

pasado 1 de mayo de 2023 el Pueblo de Puerto Rico compareció 

ante nos mediante una Petición de certiorari. En su escrito, 

el Estado señala que el foro apelativo intermedio erró al 

ordenar a la Policía de Puerto Rico devolver inmediata y 

automáticamente el arma de fuego al señor Morales Roldán, a 

pesar de éste no haber obtenido una determinación de no 

culpabilidad, final y firme, como expresamente requiere la 

Ley de Armas de Puerto Rico, infra. A esos fines, nos solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Apelaciones y que, en consecuencia, devolvamos el caso al 

foro primario para que se continúen los procedimientos 

pertinentes a la devolución de la licencia y arma de fuego 

ocupadas.
CC-2023-0276 8

Por su parte, el señor Morales Roldán compareció

mediante un Alegato de la parte recurrida. En su escrito, y 

de manera similar a como lo hizo en los foros a quo, alega 

que tras la desestimación de los cargos al amparo de la Regla 

64 (n) de las de Procedimiento Criminal, supra, correspondía

la devolución inmediata de la licencia y arma de fuego 

ocupadas. Ello debido a que, proceder como el Ministerio 

Público propone, constituiría un acto de legislación judicial 

y menoscabaría la presunción de inocencia del señor Morales 

Roldán. De igual manera, la defensa del señor Morales Roldán 

reafirma que la desestimación de los cargos presentados en 

su contra es equivalente a una absolución puesto que ambos 

escenarios suponen la finalización del proceso criminal en 

cuestión.

Por último, el señor Morales Roldán expresa que tanto 

la continuación de la ocupación de las armas, así como el 

proceso que propone el Ministerio Público como condición a 

la devolución de las mismas, constituyen una violación 

constitucional al derecho fundamental a la posesión y 

portación de armas de fuego contenido en la Segunda Enmienda 

de la Constitución de los Estados Unidos. A esos fines, el 

señor Morales Roldán hace referencia a la reciente decisión 

emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en New 

York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, infra, y 

aduce que no existe una práctica histórica similar que 
CC-2023-0276 9

justifique la pretensión del Ministerio Público, por lo que 

la propuesta de dicha entidad sería inconstitucional.1

Examinado el trámite fáctico y procesal, pasemos, pues, 

a discutir el derecho aplicable a la controversia ante 

nuestra consideración.

II.

Como es sabido, la Constitución de los Estados Unidos 

de América, en su Segunda Enmienda, reconoce expresamente 

“el derecho del pueblo a tener y portar armas”. Enmda. II, 

Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 186. Dicho 

derecho, según ha sido reconocido por la jurisprudencia 

federal, es un derecho individual y fundamental bajo el 

ordenamiento constitucional federal norteamericano, New York 

State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, 142 S. Ct. 

2156 (2022); McDonald v. City of Chicago III, 561 US 742, 

778 (2010); District of Columbia v. Heller, 554 US 570, 595 

(2008), y se hizo extensivo a todos los estados y territorios 

norteamericanos en virtud de la Decimocuarta Enmienda federal 

en McDonald v. City of Chicago III, supra, pág. 791.

Por lo tanto, aunque la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico no reconoce expresamente el derecho 

de los ciudadanos a poseer y portar armas, el referido 

derecho federal aplica en Puerto Rico con toda su fuerza.

1 De igual manera, y como fuente persuasiva, el señor Morales Roldán nos 

señala que el pasado año el 5to Circuito del Tribunal de Apelaciones 

federal resolvió que la ley federal prohibiendo la posesión de armas de 

fuego por personas bajo una orden de protección expedida por actos 

constitutivos de violencia doméstica es inconstitucional. US v. Rahimi, 

61 F. 4th 443 (5to Circuito, 2023). Cabe señalar que dicho caso pende 

actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos.
CC-2023-0276 10

Pueblo v. Rodríguez López et al., 210 DPR 752, 766 (2022).

Esto, de conformidad con la doctrina de la incorporación 

selectiva. Véase, McDonald v. City of Chicago III, supra, 

págs. 763-766; Malloy v. Hogan, 378 US 1, 5-6, 10 (1964);

Gideon v. Wainwright, 372 US 335, 341-342 (1962).

Ahora bien, dicho ello, es preciso señalar que, si bien 

el Alto Foro Judicial federal ha elevado el derecho a poseer 

y portar armas a uno fundamental, de igual forma ha 

reconocido expresamente que la referida garantía no es 

absoluta ni ilimitada. New York State Rifle & Pistol 

Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 2128; District of 

Columbia v. Heller, supra, pág.626. Véanse, además, Pueblo 

v. Rodríguez López et al., supra, pág. 768; y Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 37 (2018). A esos fines, 

recientemente, en New York State Rifle & Pistol Association, 

Inc. v. Bruen, supra, el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos pautó el examen que habrá de seguirse cuando se 

examinen, bajo el crisol de la Segunda Enmienda, la 

constitucionalidad de leyes que regulan la posesión y 

portación de armas de fuego. Consecuentemente, este Tribunal

así lo adoptó en nuestra jurisdicción en Pueblo v. Rodríguez 

López et al., supra.

En esencia, y de conformidad con lo resuelto en los 

precitados casos, el examen constitucional aplicable a las 

regulaciones sobre la posesión y portación de armas es el 

siguiente:

(1) Cuando la conducta de un individuo esté 

protegida por el texto de la Segunda Enmienda, se 
CC-2023-0276 11

presumirá que la Constitución protege tal 

conducta y, solo entonces, (2) el gobierno o 

estado deberá justificar la regulación o 

limitación del derecho consagrado en la 

mencionada enmienda constitucional, tras 

demostrar que la referida regulación o limitación 

es consistente con la tradición histórica de 

regulación de armas de fuego en la Nación 

[norteamericana]. Íd., pág. 775 (citando a New 

York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. 

Bruen, supra, pág. 2126).

En otras palabras, al considerar un estatuto a la luz de este 

examen, el estado que aprobó la legislación que está siendo 

objeto de escrutinio judicial “deberá establecer que existe 

un entendido histórico que hace permisible la regulación o 

limitación que se impugna”. Íd., pág. 776. Es decir, deberá 

“evaluarse si la regulación moderna e históricamente [similar 

impone] una carga comparable sobre el derecho constitucional 

a poseer y portar armas para defenderse, y si esa carga se 

ha justificado de manera semejante” a lo largo del tiempo. 

Íd.

Cual discutido, si bien en el caso de New York State 

Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 2138,

el Alto Foro Judicial federal invalidó la ley impugnada, 

dicho tribunal también reconoció que, tradicionalmente, a 

través de la historia angloamericana el derecho a poseer y 

portar armas ha estado sujeto a válidas y bien definidas

restricciones gubernamentales sobre la forma y manera en las 

que se puede ejercer el derecho constitucional en cuestión.

A esos efectos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

dejó claro que nada de lo resuelto en el referido caso debía 

interpretarse como sugerente de la posible 
CC-2023-0276 12

inconstitucionalidad de los mecanismos de otorgamiento de 

licencias para poseer y portar armas que tienen la mayoría 

de los estados de la nación norteamericana. Íd., pág. 2138 

esc.9.2

De esta forma, se mantuvo el raciocinio expresado por 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en District of 

Columbia v. Heller, supra, págs. 626-627, a los efectos de 

que nada en dicha opinión debería poner en duda la validez 

constitucional de las diversas y perdurables prohibiciones 

estatales de posesión de armas respecto a los incapaces 

mentales y a los criminales, así como a las regulaciones 

sobre los lugares en donde se podrán usar y vender las mismas. 

(“[N]othing in our opinion should be taken to cast doubt on 

longstanding prohibitions on the possession of firearms by 

felons and the mentally ill, or laws forbidding the carrying 

of firearms in sensitive places such as schools and 

government buildings, or laws imposing conditions and 

qualifications on the commercial sale of arms”). 

Cónsono con ello, y al abordar una controversia de 

similar naturaleza, este Tribunal en Pueblo v. Rodríguez 

López, supra, pág. 782, resolvió que el Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico de 2000, 25 LPRA ant. sec. 458c, 

que penalizaba la portación y uso de armas de fuego sin la 

debida licencia, era constitucionalmente válido a la luz de 

2 En particular, el alto foro federal expresó que “to be clear, nothing 

in our analysis should be interpreted to suggest the unconstitutionality 

of the 43 States’ ‘shall-issue’ licensing regimes, under which ‘a general 

desire for self-defense is sufficient to obtain a [permit]’”. New York 

State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 2138.
CC-2023-0276 13

la jurisprudencia federal ya reseñada. En ese sentido, 

concluimos que nuestra regulación estatutaria del derecho a 

poseer y portar armas fuego era una práctica consistente con 

la tradición histórica de regular armas de fuego en la nación 

norteamericana. Íd. Siendo el propósito fundamental de la 

misma perseguir “la política pública de cero tolerancia 

contra el crimen, lograr que las agencias de orden público 

sean más efectivas en esa lucha y promover mayor seguridad y 

bienestar público para el Pueblo”. (Énfasis nuestro). Íd., 

pág. 781.

Así pues, habiendo revisado todo lo concerniente al 

derecho constitucional a poseer y portar armas de fuego, 

tanto en la esfera federal como en la local, procedemos a 

considerar nuestra legislación en materia de armas.

III.

Como ya mencionamos anteriormente, en Pueblo v. 

Rodríguez López et al., supra, este Tribunal resolvió que 

nuestro ordenamiento regulatorio en torno al derecho 

fundamental de poseer y portar armas de fuego es 

constitucionalmente válido a la luz de la más reciente 

jurisprudencia federal al respecto. De igual forma, en el 

referido caso manifestamos que nuestro requerimiento de una 

licencia para poseer y portar armas persigue la consecución 

de una política pública de cero tolerancia contra el crimen 

y mayor seguridad y bienestar público. Íd., pág. 782.

En esa dirección, y como parte de su poder de razón de 

estado, la Asamblea Legislativa facultó a la Policía de 
CC-2023-0276 14

Puerto Rico, y en particular a su Superintendente, con la 

autoridad para expedir licencias de armas de conformidad con 

la ley. Ley de Armas de 2000, Art. 2.01, 25 LPRA ant. sec. 

456.3 De igual forma, la ley proveyó a dicho funcionario la 

potestad para realizar las investigaciones pertinentes y 

denegar o revocar las solicitudes o licencias cuando hubiera 

fundamento en ley para ello. Véase, Íd., Art. 2.02, incisos 

(A) y (B), 25 LPRA ant. sec. 456a. De este modo, la Ley de 

Armas de 2000 “designó a la Policía – junto a su 

Superintendente – como el ente administrativo especializado 

para regular lo relacionado con la concesión de las armas 

[de fuego]”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Barahona Gaitán, 

201 DPR 567, 577-578 (2018).

A esos fines, y en aras de crear un marco conceptual 

que guíe la función de la Policía de Puerto Rico, la Ley de 

Armas de 2000 establece un listado de requisitos que una 

persona debe cumplir para poder obtener una licencia de 

armas.4 Art. 2.02, 25 LPRA ant. sec. 456a. En lo pertinente 

3 Antes de comenzar la discusión es preciso señalar que, a pesar de que 

los hechos que nos conciernen ocurrieron en el año 2021, la Ley de Armas 

aplicable al caso de marras es la del año 2000. Esto, debido a que según 

dispone el Artículo 7.24 de la Ley Núm. 168-2019, mejor conocida como la 

Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, las disposiciones de la Ley de Armas 

de Puerto Rico del año 2000 (en adelante, “Ley de Armas de 2000”), 25 

LPRA ant. sec. 455 et seq., continuarán siendo “aplicables a las licencias 

obtenidas o renovadas bajo su vigencia, hasta que tales licencias venzan 

o se renueven bajo esta Ley”. Art. 7.24 de la Ley Núm. 168-2019 (2019 

[Parte 3] Leyes de Puerto Rico 2226). Así las cosas, y dado que la 

licencia de armas del señor Morales Roldán se expidió en el año 2018, 

repasaremos las disposiciones aplicables de la Ley de Armas de 2000,

supra.

4 El Artículo 1.02 de la referida Ley de Armas de 2000 define la “licencia 

de armas” como “aquella licencia concedida por el Superintendente [de la 

Policía] que autorice al concesionario para tener, poseer y transportar 

armas, sus municiones, y dependiendo de su categoría, portar armas de 

fuego, tirar al blanco o cazar”. 25 LPRA ant. sec. 455o.
CC-2023-0276 15

a la controversia ante nuestra consideración, la referida 

disposición legal indica que, para poder obtener una licencia 

de armas, la persona solicitante de la misma debe, además de 

tener cumplidos los veintiún (21) años de edad,

(7) no estar bajo una orden del tribunal que le 

prohíba acosar, espiar, amenazar o acercarse a un 

compañero íntimo, alguno de los niños de ese 

compañero o a persona alguna, y no tener un 

historial de violencia.

[...]

(12) someter en su solicitud una (1) declaración 

jurada de tres (3) personas que no tengan relación 

de consanguinidad o afinidad con el peticionario 

y que so pena de perjurio, atestigüen que el 

peticionario goza de buena reputación en su 

comunidad, y que no es propenso a cometer actos 

de violencia, por lo que no tienen objeción a que 

tenga armas de fuego. Íd., 25 LPRA sec. 456a (1), 

(7) y (12).5

Es decir, en los precitados incisos siete (7) y doce 

(12) de la disposición legal en cuestión se establece que 

uno de los requisitos para poder obtener una licencia de 

armas es que la persona solicitante atestigüe que no posee 

un historial de violencia y que goza de buena reputación en 

la comunidad. 

Además, y cónsono con lo anterior, la Ley de Armas de 

2000 también establece que la persona que haya sido convicta 

de cualquier delito grave o su tentativa, o por conducta 

constitutiva de violencia doméstica según tipificada en la 

Ley Núm. 54 de 1989, infra, no podrá obtener la referida 

5 En cambio, valga destacar que la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 

supra, no contiene como requisito el atestiguar que el solicitante posee 

buena reputación en su comunidad y que no es propenso a cometer actos de 

violencia. De igual forma, tampoco es un requisito expreso el no tener 

un historial de violencia. Véase, Art. 2.02 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico de 2020, 25 LPRA sec. 462a.
CC-2023-0276 16

licencia o, de tenerla, se le revocará la misma. Art. 2.11, 

Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 456j.

De otra parte, y como medida protectora, la disposición 

legal bajo estudio dispone también que, cuando a una persona 

que posea licencia de armas se le encuentre causa probable 

para arresto por la comisión de cualquiera de los delitos 

especificados en el Artículo 2.11 de la ley, -- dentro de 

los cuales se encuentra toda “conducta constitutiva de 

violencia doméstica según tipificada en la Ley Núm. 54 de 15 

de agosto de 1989” --, o por violaciones a la propia Ley de 

Armas de 2000, el tribunal en cuestión suspenderá 

provisionalmente la referida licencia hasta tanto culmine el 

proceso criminal. (Énfasis nuestro). Íd., Art. 2.07, ant. 

sec. 456f.6 Además, el referido foro judicial ordenará la 

ocupación inmediata de la totalidad de las armas y municiones 

de la persona, las cuales serán custodiadas por la Policía 

de Puerto Rico. Íd. Una vez la persona acusada obtenga “una 

determinación de no culpabilidad, final y firme, el juez 

ordenará la inmediata devolución de su licencia de armas y 

de las armas y municiones”. (Énfasis nuestro). Íd.

Sin embargo, si bien la Ley de Armas de 2000 establece, 

como vimos, lo que procede una vez la persona que ostenta 

6 Por su parte, cabe señalar que el Artículo 2.08 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec. 462g, dispone que, tras la determinación 

de causa probable para arresto contra una persona que posea licencia de 

armas de fuego, el tribunal de instancia ordenará “la suspensión 

provisional e incautación de la licencia” de dicha persona hasta que 

exista una determinación final y firme en el proceso criminal. Sin 

embargo, en cuanto a la ocupación de las armas como consecuencia del 

inicio de la acción penal, el nuevo estatuto contiene el mismo lenguaje 

que su homólogo del año 2000. A saber, que la devolución inmediata de 

las armas procederá solo cuando el acusado obtenga una determinación de 

no culpabilidad final y firme.
CC-2023-0276 17

una licencia de armas obtiene una determinación de no 

culpabilidad, final y firme, en determinado proceso judicial, 

nada dice sobre lo que corresponde hacer con la licencia y 

armas de fuego ocupadas a una persona acusada de los delitos 

que contempla el estatuto y cuyo caso se desestima. Se trata, 

además, de un asunto que este Tribunal nunca ha tenido la 

oportunidad de discutir. 

No obstante, podemos mencionar, de manera persuasiva,

que algunos paneles del Tribunales de Apelaciones sí han 

abordado el asunto, aunque de forma distinta.7 Así, por 

ejemplo, en el caso Santiago Mercado v. Fernández Obret, 

KLCE202201046, un panel del foro apelativo intermedio, --

compuesto por los jueces Sánchez Ramos, Rivera Torres y 

Salgado Schwarz --, concluyó que tras el desistimiento de 

una solicitud de orden de protección bajo la Ley Núm. 54 de 

1989, infra, el peticionado al que se le habían ocupado la 

licencia y armas de fuego al amparo del Artículo 2.1 de la 

Ley Núm. 54 de 1989, infra, no tenía derecho a una devolución 

inmediata de sus armas y licencia. Esto, debido a que el 

Artículo 2.08 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 

LPRA sec. 462g, (equivalente al Artículo 2.07 de la Ley de 

Armas de 2000, supra) solo contempla tal escenario cuando 

existe una determinación de no culpabilidad, final y firme. 

7 Véanse, Rosado Cruz v. Rosa Rivera, KLCE202201313; Freire Díaz v. Aponte 

Porrata, KLCE202200635; Moreno Irizarry v. Medina Rivera, KLCE202200024;

González Rosario v. Negociado de la Policía de Puerto Rico, 

KLRA202100238.
CC-2023-0276 18

Así pues, en el citado caso el Tribunal de Apelaciones 

determinó que lo que correspondía era que el Tribunal de 

Primera Instancia evaluara, luego de recibir un informe sobre 

la postura de la Policía, si procedía o no la devolución de 

las armas y licencia a la luz de lo que dispone la Ley de 

Armas de Puerto Rico de 2020, supra. Santiago Mercado v. 

Fernández Obret, supra, pág. 4.

De igual manera, en el caso Freire Díaz v. Aponte 

Porrata, KLCE202200635, expirada una orden de protección al 

amparo de la Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, infra, contra el señor Emmanuelle Aponte 

Porrata, éste solicitó al Tribunal de Primera Instancia la 

devolución de su licencia de armas. Ante dicha petición, el 

foro primario replicó no ha lugar. Inconforme, el señor 

Aponte Porrata solicitó la revisión al Tribunal de 

Apelaciones. 

Examinado el asunto ante su consideración, el foro 

apelativo intermedio, -- en un panel compuesto por los jueces 

Bermúdez Torres, Grana Martínez y Adames Soto --, razonó 

que, siendo el proceso de orden de protección uno de 

naturaleza civil y no disponiendo la Ley de Armas de 2000, 

supra, de ningún proceso o directriz que guiara el accionar 

del Tribunal de Primera Instancia ante el vencimiento de una 

orden de este tipo, era necesario que, antes de ordenar la 

devolución de la licencia de armas en cuestión, la Policía 

de Puerto Rico emitiera una recomendación sobre si existía o 
CC-2023-0276 19

no impedimento para que el señor Porrata Aponte pudiera 

obtener su licencia de vuelta.

Por último, en el caso Rosado Cruz v. Sosa Rivera, 

KLCE202201313, el Tribunal de Apelaciones, -- en un panel 

compuesto por los jueces Figueroa Cabán, Grana Martínez y 

Rodríguez Flores --, determinó que ante la denegatoria, sin 

más, del Tribunal de Primera Instancia a una solicitud de 

devolución de licencia de armas y armas de fuego ocupadas 

como parte del proceso de expedición de una orden de 

protección, correspondía devolver el asunto al foro primario 

para que éste considerara si la devolución procedía o no 

según solicitado. Es decir, el foro apelativo intermedio 

razonó que la devolución del arma no operaba de forma 

automática.

Con esas decisiones en mente, y, toda vez que la 

situación planteada ante nuestra consideración está 

íntimamente relacionada con la Ley para la prevención e 

intervención con la violencia doméstica, infra, conviene 

discutir aquí la referida pieza legislativa.

IV.

Sabido es que la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54-1989 

(en adelante, “Ley Núm. 54”), 8 LPRA secs. 601 et seq., fue 

una pieza legislativa que se aprobó con el propósito de 

reiterar el compromiso del Estado en “proteger la vida, la 

seguridad y la dignidad de hombres y mujeres, 

independientemente de su sexo, estado civil, orientación 
CC-2023-0276 20

sexual, identidad de género o estatus migratorio” frente a 

la ola de violencia doméstica que arropa a la Isla. Íd., Art. 

1.2, sec. 601. En ese sentido, al aprobar el referido 

estatuto, la Asamblea Legislativa reconoció la necesidad de 

enfrentar la violencia doméstica fijando su atención en la 

naturaleza violenta y delictiva del problema, así como 

diseñando “medidas dirigidas a los agresores y medidas de 

protección para las víctimas”. Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 54, supra.

Entre las medidas antes señaladas se encuentran aquellas

relacionadas con las órdenes de protección. En lo pertinente, 

el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54-1989, supra, dispone que:

Cuando el tribunal así lo entienda o emita una 

orden de protección o de acecho, de inmediato el 

tribunal ordenará a la parte promovida entregar 

a la Policía de Puerto Rico para su custodia, 

cualquier arma de fuego perteneciente al 

promovido y sobre la cual se le haya expedido una 

licencia de tener o poseer, o de portación, o de 

tiro al blanco, de caza o de cualquier tipo, según 

fuera el caso. La orden de entrega de cualquier 

arma de fuego[,] así como la suspensión de 

cualquier tipo de licencia de armas de fuego[,]

se pondrá en rigor de forma compulsoria. (Énfasis 

nuestro). Íd., sec. 621.

De igual manera, el precitado Artículo expone que, como 

mínimo, la restricción al disfrute de la licencia de armas 

se extenderá por el mismo tiempo que dure la orden de 

protección. Íd. Además, del peticionado y poseedor de la 

licencia ser encontrado culpable por alguna violación a la 

orden de protección impuesta, la ley establece que la 

revocación de la licencia de armas será permanente. Íd.

Detrás de todo ello, radica el interés legislativo de 
CC-2023-0276 21

“eliminar la posibilidad de que el imputado pueda utilizar 

cualquier arma de fuego para causarle daño corporal, amenaza 

o intimidación al peticionario o a los miembros de su núcleo 

familiar”. Íd.

Sin embargo, y al igual que sucede con la Ley de Armas 

de 2000, supra, la Ley Núm. 54-1989, supra, también guarda 

silencio sobre qué procede hacer cuando la persona 

peticionada recibe un resultado favorable en el proceso que 

enfrenta. Así, lo único que dispone la referida Ley Núm. 54, 

en su Artículo 2.1, supra, es que la restricción al uso de 

la licencia de armas y la ocupación de las armas durará, como 

mínimo, hasta tanto dure la orden de protección dictada 

contra el peticionado.

Así pues, habiendo examinado el derecho aplicable al 

caso de referencia y reconociendo los vacíos estatutarios 

que adolecen las legislaciones reseñadas, pasemos a disponer 

de la presente controversia. Al así hacerlo, tomamos en 

consideración aquellas normas de hermenéutica que postulan

que en situaciones como estas nos corresponde interpretar 

los estatutos aplicables de forma armónica, dándoles sentido 

lógico y “supliendo las posibles deficiencias cuando esto 

fuere necesario”. Pizarro Rivera v. Nicot Santana, 151 DPR 

944, 951 (2000); véase, además, J. Farinacci Fernós, 

Hermenéutica Puertorriqueña: cánones de interpretación 

judicial, San Juan, Editorial InterJuris, 2019, pág. 156.

Para ello, debemos aquilatar también las políticas públicas 

que persiguen las dos legislaciones en cuestión. A saber, la 
CC-2023-0276 22

Ley de Armas de 2000, supra, y la Ley Núm. 54, supra. 

Procedemos a ello.

V.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso el 

Pueblo de Puerto Rico arguye que el Tribunal de Apelaciones 

erró al sentenciar que el Tribunal de Primera Instancia 

estaba obligado en ley a devolver inmediatamente, y sin 

ulterior consideración, la licencia de armas y armas de fuego 

ocupadas al señor Morales Roldán como parte del procedimiento 

penal seguido en su contra. En consecuencia, nos solicita la 

devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que se continúen los procedimientos pertinentes a la 

devolución de la licencia y arma de fuego ocupadas. Le asiste

la razón al Estado. 

Y es que, de conformidad con la normativa antes 

expuesta, y luego de haber evaluado la política pública que 

persigue tanto la Ley de Armas de 2000, supra, como la Ley 

Núm. 54, supra,8 somos de la opinión que, previo a que el 

Tribunal de Primera Instancia decida si ordena o no la 

devolución de la licencia y el arma de fuego aquí ocupadas 

en virtud del Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54, supra, o del 

Artículo 2.07 de la Ley de Armas de 2000, supra, dicho foro 

8 Como es sabido, la Ley de Armas de 2000, supra, persigue el propósito 

de establecer un gobierno con cero tolerancia contra el crimen, lograr 

un ambiente de paz, tranquilidad y alcanzar una mayor seguridad pública. 

Por otro lado, la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, Núm. 54-1989, 8 LPRA secs. 601 et seq., aspira a atender “las 

dificultades que las situaciones de violencia doméstica presentan para 

toda víctima [...] para preservar su integridad física y emocional, 

procurar su seguridad y salvar sus vidas”. Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 54, supra.
CC-2023-0276 23

debería ordenar a la Policía de Puerto Rico, -- ente 

administrativo especializado, y facultado, en lo relacionado 

a la concesión de licencia de armas de fuego, y, además, el 

custodio de las armas ocupadas --, a realizar la 

investigación pertinente y expresar su parecer sobre la 

aptitud de la persona para poseer y portar armas de fuego.9

Esto, a la luz de los criterios y requisitos que establece 

la Ley de Armas de 2000, supra. En dicho proceso, la Policía 

de Puerto Rico podría determinar si la referida persona

exhibe o no un historial de violencia que lo inhabilite para 

poseer y portar armas de fuego. Con el beneficio de dicha 

investigación, el tribunal estaría en una mejor posición para 

tomar una decisión informada en tan delicado asunto que 

atienda la urgente política pública de protección y seguridad 

a las víctimas de violencia doméstica.

A nuestro juicio, y como ya mencionamos, el 

procedimiento que proponemos para la devolución de armas de 

fuego en casos como el de autos, es el que mejor armonizaría 

9 A esos fines, en el caso de Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, 

este Tribunal resolvió que tras la ocupación de unas armas de fuego y 

una licencia de armas como consecuencia de un proceso de solicitud de 

orden de protección instado bajo la Ley Núm. 54 de 1989, infra, la Policía 

de Puerto Rico tenía la facultad de realizar una investigación sobre las 

cualidades del poseedor de la licencia y revocársela si lo entendía 

meritorio. Esto, aun cuando la persona poseedora de la licencia de armas 

hubiese salido airosa en el proceso en su contra. Es decir, la Policía 

puede revocar la licencia de armas si, no habiendo una determinación de 

no culpabilidad, el poseedor de la misma obtiene un resultado favorable 

en el proceso criminal en su contra, -- como, por ejemplo, una 

desestimación de los cargos --, pero aun así la Policía concluye que éste 

no es, a la luz de los requisitos que dispone el Artículo 2.02 de la Ley 

de Armas de 2000, supra, una persona apta para poseer armas de fuego. 

Entre dichos requisitos se encuentra el no tener historial de violencia. 

Sobre esto último, en el citado caso también resolvimos que contar con 

un historial de violencia no suponía necesariamente el tener convicciones 

penales previas y que bastaba con que la Policía de Puerto Rico concluyera 

que la persona en cuestión había incurrido en actos de violencia o 

propendía a cometerlos. Íd., pág. 44.
CC-2023-0276 24

los importantes intereses que aquí yacen en pugna. Por un 

lado, y distinto a lo que hoy pauta una Mayoría de este 

Tribunal, brindaría coherencia procesal al facultar al propio 

Tribunal de Primera Instancia que ordena la incautación de 

la licencia y arma de fuego a realizar su devolución. 

Igualmente, y por otro lado, integraría la participación 

experta de la Policía de Puerto Rico quien es la entidad 

administrativa con la pericia necesaria para resolver estos 

asuntos, y cuyo insumo guiaría la determinación que en su 

día tomase el foro judicial correspondiente. 

Debemos destacar, no obstante, que el procedimiento que 

aquí proponemos no supone que el Tribunal encomendado con la 

tarea de devolver la licencia y arma de fuego incautadas 

venga obligado a acatar la recomendación que a esos fines 

emita la Policía de Puerto Rico. Somos del parecer que el 

foro judicial correspondiente tendría la discreción para 

determinar, dentro de las circunstancias particulares de cada 

caso, lo que en derecho estime correcto.

Así las cosas, en un caso como el de autos, habiéndose 

culminado el proceso penal que enfrentaba el señor Morales 

Roldán, mas no tratándose de una determinación de no 

culpabilidad final y firme como erróneamente concluyó el 

Tribunal de Apelaciones,10 correspondía, pues, aplicar un 

10 Según ya hemos mencionado, la Ley de Armas de 2000, supra, es clara 

en que la devolución inmediata de las armas y licencia de armas ocupadas 

como resultado del inicio de una acción penal contra el poseedor de las 

mismas solo procede cuando la persona obtiene una determinación de no 

culpabilidad final y firme. Empero, es sabido que una desestimación por 

violación a los términos de juicio rápido que contempla la Regla 64(n) 

de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, no es sinónimo ni 

equivalente a una determinación de no culpabilidad o absolución. Véase, 
CC-2023-0276 25

procedimiento de devolución de licencia y arma de fuego como 

el que aquí hemos propuesto.11

Currier v. Virgina, 138 S. Ct. 2144 (2018); U.S. v. Scott, 437 US 82 

(1978); y E. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: 

etapa adjudicativa, San Juan, Ediciones SITUM, 2018, págs. 586-587. Por 

lo tanto, en el presente caso el Tribunal de Primera Instancia no estaba 

obligado a entregar las armas y licencia de forma inmediata.

11 Por último y no menos importante, tal y como reseñamos en la exposición 

fáctica, en su alegato el señor Morales Roldán arguyó que el argumento 

y propuesta esbozado por el Ministerio Público, así como la propia 

ocupación de sus armas de fuego como consecuencia de una denuncia en su 

contra por violación a la Ley Núm. 54, supra, eran inconstitucionales 

por infringir con su derecho fundamental a la posesión y portación de 

armas de fuego. Para ello, se basó en la jurisprudencia federal 

interpretativa de la Segunda Enmienda y en el caso del Tribunal Apelativo 

Federal, US v. Rahimi, 61 F. 4th 443 (5to Circuito, 2023),-- caso cuya 

revisión aun pende ante la consideración del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, por lo que la decisión, aunque posiblemente persuasiva, 

no nos es vinculante --. 

Sobre el particular, podemos expresar que la controversia allí 

planteada es distinguible de la que hoy nos ocupa. Ello debido a que, en 

el presente caso, el Estado no está criminalizando el ejercicio del 

derecho constitucional del señor Morales Roldán como, se podría argüir, 

lo hace la legislación penal federal allí en controversia. Todo lo 

contrario, en la situación de marras, el Estado, -- mediante la acción 

confiscatoria que provee el Artículo 2.07 de la Ley de Armas de 2000, 

supra, --, solo cumple con su deber de velar por el bienestar y seguridad 

de los ciudadanos, y únicamente incide temporalmente en el ejercicio del 

referido derecho constitucional. Ello, en el contexto de un proceso 

criminal que pendía contra el señor Morales Roldán. 

Por tanto, la ocupación preventiva y provisional de las armas de 

fuego y la licencia de armas puede verse como parte de la tradición 

histórica, y constitucionalmente validada, de limitar el derecho 

constitucional a la posesión y portación de armas de fuego, -- que como 

ya hemos dicho, no es absoluto ni ilimitado --, a las personas no aptas 

para ello. Véase, District of Columbia v. Heller, supra, págs. 626-627 

(2008). De hecho, el propio Tribunal de Apelaciones federal para el 

Quinto Circuito expresó en US v. Rahimi, supra, pág. 452 esc. 6, que la 

discusión contenida en esa Opinión no tenía el propósito de poner en tela 

de juicio la validez de las limitaciones a la posesión y portación de 

armas de fuego que se imponen durante la celebración de un proceso penal 

y antes de una convicción (“[t]his discusión is not to cast doubt on 

firearm restrictions that attach during criminal proceedings prior to 

conviction”). 

Al final, dado el resultado obtenido en el proceso penal que enfrentó, 

el señor Morales Roldán podrá gozar nuevamente de su derecho 

constitucional a la posesión y portación de armas de fuego si la Policía 

de Puerto Rico entiende que, -- tal y como concluyó en la ocasión en la 

que le concedió su licencia --, éste cumple con la aptitud necesaria en 

ley para disfrutar de dicho derecho, y el Tribunal de Primera Instancia 

así lo estima correcto.
CC-2023-0276 26

VI.

Es, pues, por todo lo anterior que concurro con el 

resultado al que llega una mayoría de este Tribunal en el 

día de hoy. 

Ángel Colón Pérez 

 Juez Asociado