Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

EVALIZ RIVERA 

MEDINA y NITZA 

LÓPEZ AVILÉS

Recurrente

v.

B & K AUTO 

CORP.; ANIBAL 

BALBUENA; 

PENTAGON 

FEDERAL CREDIT 

UNION

Recurrido

KLRA202400067

REVISIÓN

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor

Caso Núm:

SAN-2023-0012541

Sobre:

Compra Venta de 

Vehículo de Motor

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

Mediante Recurso de Revisión Administrativa, acompañado de 

una Solicitud y Declaración para que se Exima de Pago el Arancel por 

Razón de Indigencia1, comparece ante este Foro, por derecho propio, 

la señora Evaliz Rivera Medina (señora Rivera Medina o recurrente). 

Aunque en su escrito no hace referencia específica a la 

determinación administrativa que procura revisemos, entendemos 

que solicita la revisión de la Resolución dictada por el Departamento 

de Asuntos del Consumidor (DACo), el 15 de septiembre de 2023, 

notificada el 27 del mismo mes y año. Por medio de dicha Resolución, 

el DACo declaró Ha Lugar la querella presentada por la señora 

Rivera Medina en contra de la parte coquerellada, B&K Auto, Corp.2

1 Se declara ha lugar dicha petición.

2 Asimismo, desestimó la querella de epígrafe presentada en contra de la parte 

coquerellada, Pentagon Federal Credit Union.
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Hemos analizado el expediente cuidadosamente y, debido a 

que el recurso de revisión judicial se presentó tardíamente, procede 

su desestimación por falta de jurisdicción.

I.

A.

Es norma trillada de derecho que las partes -incluso los que 

comparecen por derecho propio- tienen el deber de cumplir fielmente 

las normas para el perfeccionamiento de los recursos ante este foro 

apelativo. Es decir, estos deben observar rigurosamente las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la forma, contenido, 

presentación y notificación de los escritos. Hernández Jiménez, et 

als. v. AEE, 194 DPR 378, 382-383 (2015). Ello, ante la necesidad 

de colocar a los tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, con el beneficio de un expediente completo 

que permita conocer claramente la controversia que tiene ante sí. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 

De no observarse las disposiciones reglamentarias sobre el 

perfeccionamiento, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación 

del recurso. Véase, Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 

281, 290 (2011). Claro está, ante la severidad de esta sanción, 

nuestro Tribunal Supremo exige que nos aseguremos que el 

quebrantamiento de dichos postulados haya provocado un 

impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso 

en los méritos. Por lo tanto, solo si se cumple con dicho parámetro 

procederá la desestimación. Román et als. v. Román et als., 158 DPR 

163, 167 (2002).

B.

Como es sabido, los tribunales deben ser guardianes celosos 

de la jurisdicción, la cual se define como “el poder o autoridad con 

el que cuenta un tribunal para considerar y decidir los casos y 

controversias ante su consideración”. Metro Senior v. AFV, 209 DPR 
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203 (2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 

(2020). Las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas con 

preferencia, toda vez que la falta de esta no es susceptible de ser 

subsanada. El foro judicial carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay, por lo que, si un tribunal se percata 

que no la tiene, debe así declararlo y desestimar el caso. Ruiz Camilo 

v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Hernández Colón v. 

Policía de Puerto Rico, 177 DPR 121, 135 (2009); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

En lo concerniente al caso de autos, la Sección 4.2 de la Ley 

Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, 

LPAU), 3 LPRA sec. 9672, autoriza que se solicite la revisión judicial 

de decisiones administrativas. En esta Ley se establece el término 

jurisdiccional que tiene una parte afectada para instar un recurso 

de esta índole: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este título, 

cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación oportuna 

de una moción de reconsideración. 

A su vez, la sección 9655 dispone que:

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. La 

agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 

(15) días, el término para solicitar revisión comenzará a 

correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, 

según sea el caso. [...] 3 LPRA sec. 9655.
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A su vez, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece un término 

jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de revisión 

judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. El 

mencionado término comienza a transcurrir desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución final de la agencia 

administrativa.

Así, un recurso presentado pasado el término provisto para 

recurrir se conoce como un “recurso tardío”. Yumac Home v. 

Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Un recurso tardío priva 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre e igualmente priva a la 

parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante 

cualquier otro. Íd.; Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). 

En armonía con lo anterior, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83(B)(1) y (C), nos faculta, por 

iniciativa propia o a la solicitud de parte, a desestimar un recurso 

cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

II.

En la presente causa, la recurrente instó el recurso que nos 

ocupa el 8 de febrero de 2024. La notificación de la Resolución que 

impugna ocurrió el 27 de septiembre de 2023.

Según expuesto, las resoluciones finales dictadas por las 

agencias administrativas pueden ser revisables por este Foro

mediante la presentación de un recurso dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que esta fue notificada. Dicho término es de 

carácter jurisdiccional. 

En este caso, desde el 28 de septiembre de 2023 comenzó a 

transcurrir el término aplicable para solicitar la revisión de la 

decisión concernida. Ante ello, es claro que la recurrente tenía hasta 

el 27 de octubre de 2023 para presentar su recurso de revisión 

judicial. No obstante, esta acudió ante nos tardíamente.
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Frente a lo enunciado, carecemos de autoridad para poder 

intervenir y adjudicar la causa de epígrafe. Dicha decisión nos obliga 

a desestimar la acción ante nuestra consideración, por constituir el 

único proceder adecuado, toda vez que la falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada ni el tribunal puede arrogársela cuando no la 

hay. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009).

III.

Por los fundamentos que preceden, desestimamos el recurso 

de epígrafe por falta de jurisdicción, ante su presentación tardía. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones