Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

El PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurridos

v.

JOSÉ A VIERA 

RODRIGUEZ 

Peticionaria

KLCE202400143

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

Humacao

Caso número:

HSCR202000390

HSCR202000391

Sobre: ART. 3.1 

LEY 54 (1989)

ART. 131 CP 2012

RECL ART. 133(C) 

CP

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece ante nos José A. Viera Rodríguez (Sr. Viera o 

Recurrente), por derecho propio, mediante un recurso de certiorari

presentado el 2 de febrero de 2024. Solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 8 de diciembre de 2023 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI o foro primario), Sala Superior de Humacao. 

Mediante dicha Resolución el foro primario declaró No Ha Lugar las 

siguientes mociones: Moción Solicitando Bonificaciones por Buena 

Conducta, Moción al Amparo de la Regla 182 de Procedimiento 

Criminal, y Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Resolución

recurrida.
KLCE202400143 2

I.

El 7 de julio de 2021, el foro primario declaró culpable al 

Recurrente como resultado de una alegación preacordada. Este fue 

sentenciado el mismo día a 3 años por una infracción al Artículo 3.1 

de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Domestica, Ley núm. 54-1989, según enmendada, 8 LPRA sec. 601 

et seq., y 8 años por una infracción al Artículo 133 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5194, a ser cumplidos de manera concurrente. 

Asimismo, se ordenó que el tiempo que estuvo el Recurrente 

sumariado en detención preventiva fuese abonado a la totalidad de 

la pena impuesta, debido a que posterior a su arresto el Recurrente 

fue ingresado en una institución del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR). Sin embargo y según su recurso, el Sr. Viera 

fue excarcelado el 12 de septiembre de 2020 en virtud de un recurso 

de habeas corpus. Durante ese periodo, estuvo bajo supervisión 

electrónica domiciliara hasta el día que fue sentenciado, para un 

total de un (1) año, cuatro (4) meses y cinco (5) días. 

El 26 de octubre de 2022, el TPI emitió una Resolución en la 

cual declaró No Ha Lugar una Moción en Solicitud de Enmienda de 

Sentencia presentada el 29 de septiembre de 2022. En dicha 

Resolución el foro primario aclaró que, al momento de sentenciar al 

Recurrente, ordenó al DCR abonar el tiempo que estuvo sumariado 

a la ejecución de la totalidad de su sentencia. 

Posteriormente, el Sr. Viera presentó varias mociones ante el 

TPI, entre las cuales se encontraba su Moción Solicitando 

Bonificaciones por Buena Conducta presentada el 19 de enero de 

2023. En esta solicitó, al amparo del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Ley Núm. 2 de 

21 de noviembre de 2011, según enmendada, 3 LPRA, Ap. XVIII, que 

se le redujera la pena ya que se había beneficiado de todos los 
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programas de rehabilitación que le ofreció el sistema correccional, 

incluyendo estudios y terapias de manejo de violencia. En respuesta, 

el Ministerio Público se opuso a dicha moción el 17 de abril de 2023 

mediante un Dictamen Fiscal. 

Igualmente, presentó una Moción al Amparo de la Regla 182 

de Procedimiento Criminal el 5 de septiembre de 2023. En esta,

solicitó que se le acreditará como detención preventiva el tiempo que 

estuvo bajo supervisión electrónica domiciliaria. Arguyó que las 

medidas impuestas como parte de su supervisión tuvieron el efecto 

de privarlo de su libertad y que bajo el lenguaje de la Regla 182 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 182, procede que se 

descuente dicho tiempo de la totalidad de la sentencia. Posterior a 

ello, presentó una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal el 29 de mayo 2023. En esta, solicitó una 

vista al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1 (b), con el propósito de que se le corrigiera la 

sentencia impuesta, para que esta se redujera un veinticinco por 

ciento (25%). Arguyó que procedía dicha reducción por ser de 

aplicación los atenuantes del Artículo 65 del Código Penal, 33 LPRA 

sec. 5098. 

El foro primario atendió todas las mociones de manera 

conjunta, emitiendo una Resolución el 8 de diciembre de 2023 y 

notificada el 19 de diciembre de 2023, de la cual recurre ante nos el 

Sr. Viera. En cuanto a la moción concerniente a las bonificaciones, 

el foro esclareció que el remedio adecuado para dicho procedimiento 

es el mecanismo establecido en el Reglamento Núm. 8583 del DCR. 

Añadió que, si luego de realizado el trámite administrativo el 

Recurrente quedara insatisfecho con la decisión del DCR, entonces 

procedía solicitar la correspondiente revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones. 
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Por otra parte, el foro primario atendió la moción al amparo 

de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, resolviendo que 

la supervisión electrónica no constituye una privación de libertad 

por no encontrase el acusado sumariado en una institución penal. 

Por tal razón, no aplican las bonificaciones estatuidas en la Regla 

182 de las de Procedimiento Criminal, supra, y en el Artículo 68 (a) 

del Código Penal, supra. 

Por otra parte, el TPI comenzó atendiendo la Moción al Amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, otorgándole un término 

al Ministerio Público para que se expresara, pero ante su 

incomparecencia, procedió a disponer de la solicitud. Resolvió el foro 

que el momento para atender los atenuantes de delitos es al dictar 

sentencia. Si luego de atendido la aplicabilidad de los atenuantes, el 

convicto quedara insatisfecho con la determinación del foro 

primario, el mecanismo adecuado es un recurso de apelación 

impugnando la sentencia dictada. Esclareció, además, que el 

mecanismo de la Regla 192.1, 34 LPRA Ap. II, R.192.1, es uno 

extraordinario, por lo cual se tiene que cumplir cabalmente con los 

requisitos establecidos en dicha regla. Concluyó el TPI que el 

Recurrente falló en colocarlo en posición para otorgarle el remedio 

excepcional, pues no surge de la moción que se haya argumentado 

que la sentencia adolezca de un defecto que sea contrario al debido 

proceso de ley o que viole algún precepto constitucional que conlleve 

un fracaso a la justicia. 

Inconforme, comparece ante nos el Sr. Viera, mediante el 

recurso de epígrafe, en el cual argumenta que erró el foro primario 

al declarar sin lugar: (1) la Moción al Amparo de la Regla 182 de 

Procedimiento Criminal, y la (2) Moción al Amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal. 
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Junto con la presentación de su recurso, el Recurrente 

presentó una Solicitud y Declaración para que se Exima de Pago de 

Arancel por Razón de Indigencia. Mediante Resolución del 21 de 

febrero de 2024, esta Curia declaró con lugar la solicitud y aceptó la 

litigación del Sr. Viera en forma pauperis. Posteriormente, este 

Tribunal emitió otra Resolución en la cual otorgó veinte (20) días a 

la Oficina del Procurador General (Recurrida) para que presentara 

su oposición al recurso de certiorari. Luego de autorizada una 

petición de extensión de término, la Recurrida presentó su oposición 

el 16 de abril de 2024. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos con el marco jurídico pertinente a la 

controversia ante nuestra consideración. 

II.

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 212 DPR 194 (2023). 

Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). En particular, es 

un recurso mediante el cual se solicita la corrección de un error 

cometido por un foro inferior. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 

supra. Así pues, la determinación de expedir o denegar un recurso 

de certiorari está enmarcada en la discreción judicial. 800 Ponce de 

León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la discreción judicial para 

expedir o no el auto de certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros. Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, supra.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 
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asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una orden de 

mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida 

a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB. R. 40. 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente 

ha indicado que la discreción significa tener poder para decidir en 

una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está “inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
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203, 211 (1990). Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con 

las determinaciones discrecionales de un tribunal sentenciador, a 

no ser que las decisiones emitidas por este último sean arbitrarias 

o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 

581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

B. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, regula el 

procedimiento post-sentencia donde una persona convicta tiene la 

oportunidad de alegar su derecho a ser puesto en libertad. Bajo el 

estatuto, este derecho debe argumentarse bajo uno de los siguientes 

fundamentos: 

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados 

Unidos; o 

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 

sentencia; o 

(3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita 

por la ley, o 

(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala 

del tribunal que impuso la sentencia para que anule, 

deje sin efecto o corrija la sentencia. Id. 

Aunque la moción objeto de esta regla puede presentarse en 

cualquier momento, en ella se deben incluir “todos los 

fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio 

provisto en esta regla. Se considerará que los fundamentos no 

incluidos han sido renunciados, salvo que el tribunal, con vista de 

una moción subsiguiente, determine que no pudieron 

razonablemente presentarse en la moción original”. Id. (énfasis 

suplido). El inciso (b) de dicha regla provee para la celebración de 

una vista, no obstante, el foro no abusa de su discreción al no 

celebrarla, si de la moción y de los autos surge que el peticionario 

no tiene derecho a remedio alguno. Véase Camareno Maldonado v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 552 (1973).
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C. Regla 182 de Procedimiento Criminal 

La Constitución del ELA establece en su Art. II, Sec. 11, que 

la detención preventiva antes del juicio no excederá de 6 meses. Esto 

significa que, si el juicio no comienza dentro de los seis meses 

siguientes a la detención, la persona imputada debe ser puesta en 

libertad mientras espera la celebración del juicio. Esta protección 

surge del derecho que tiene todo acusado a un juicio justo rápido y 

público. Pueblo v. Diaz, 204 DPR 472 (2020). Como en nuestro 

ordenamiento jurídico nadie puede ser privado de su libertad en 

exceso a lo dispuesto en su sentencia, se ha adoptado el mecanismo 

de abonar el tiempo cumplido en detención preventiva al término de 

la sentencia. 

El referido mecanismo se encuentra regulado en la Regla 182 

de Procedimiento Criminal, supra, la cual establece que “[e]l tiempo 

que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona 

acusada de cometer cualquier delito público se descontará 

totalmente del término que deba cumplir dicha persona de ser 

sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido 

dicha privación de libertad.” Nuestro Tribunal Supremo atendió 

dicha regla en Pueblo v. Méndez, 193 DPR 781 (2015), donde aclaró 

que para que aplique la disposición de la precitada regla, “hace falta 

que [al imputado] se le prive de su libertad, se le acuse y 

posteriormente se le ingrese para cumplir una sentencia por los 

mismos hechos que se le detuvo en primera instancia.” Pueblo v. 

Méndez Pérez, Id. en la pág. 790, citando a Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646, 657 (2012).

III.

Referente a la Moción al Amparo de la Regla 182, el Recurrente 

arguye que el Artículo 50 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5083, 

define la pena de restricción domiciliaria como una restricción de 
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libertad, y que el periodo donde estuvo esperando la celebración de 

su juicio fue análogo a ello pues se encontraba en un encierro total, 

sin ninguna diferencia a un confinamiento en una institución penal. 

Al contrario, la postura de la Recurrida es que luego de ser 

excarcelado y puesto bajo supervisión electrónica, el Recurrente no 

estuvo privado de su libertad pues no se encontraba recluido en una 

institución penal, al contrario, fue puesto en libertad según es el fin 

del recurso de habeas corpus. Fundamentó su postura en Pueblo v. 

Méndez, supra, donde se estableció que el criterio para determinar 

si un tiempo se abona a la pena es si el acusado se encuentra “bajo 

la custodia y jurisdicción del Estado”. 

En relación con la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, arguye el Recurrente que erró el TPI, porque 

los atenuantes que hace referencia el foro primario son los de la 

Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 171, y 

según su argumentación e interpretación, los atenuantes aplicables 

al caso son los que se encuentran en el artículo 65 del Código Penal, 

supra, que si se pueden aplicar en etapas post-sentencia. Por tanto, 

procedía que se señalase una vista donde el Recurrente pueda 

exponer sus argumentos. Por su parte, la Recurrida arguye que el 

TPI actuó conforme a derecho ya que la Regla 192.1 establece un 

remedio extraordinario para el cual no se presentó fundamento 

alguno que colocara al foro inferior en posición de otorgar un 

remedio. Además, añadió que el asunto de los agravantes debió ser 

atendido mediante apelación ya que, según Rosa v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 670 (1974), el momento para considerar 

atenuantes es previo a la sentencia. 

Luego de examinar detenidamente el dictamen del foro 

recurrido, no encontramos indicio de que el foro primario actuó con 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto al interpretar la 

aplicabilidad de las Reglas 182 y 191.2 de Procedimiento Criminal, 
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supra, al caso de autos. Al no encontrar indicio de que el TPI haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, o haya cometido algún 

error de derecho, al emitir el dictamen recurrido, confirmamos la 

Resolución emitida el 8 de diciembre de 2023. Los errores señalados 

no fueron cometidos. 

IV.

Por entender que el foro primario actuó conforme a derecho, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Resolución emitida 

por el foro primario.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones