Número Identificador

SEN2024 _______

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

EL PUEBLO DE PUERTO

RICO

Recurrido

V.

JORGE TORRES

RODRÍGUEZ

Peticionario

KLCE202301480

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Fajardo

CRIM. NÚM.

NSCI202300124

Proyecto de 

Denuncia

Art. 127-A Código 

Penal; Art. 6.06 

Ley de Armas

Sobre:

Si Procede 

Imposición de 

Medida de 

Seguridad

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

Comparece el peticionario Jorge Torres Rodríguez (señor 

Torres Rodríguez o peticionario) quien nos solicita que revisemos 

una Resolución y Orden Regla 240 de Procedimiento Criminal

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (en 

adelante TPI) el 29 de noviembre de 2023, notificada el 5 de 

diciembre de 2023. Mediante referida resolución, el foro primario 

ordenó que el señor Torres Rodríguez permaneciera recluido en 

un hospital, a tenor con la Regla 241 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, Regla 241. A su vez, ordenó que el denunciado 

sea evaluado nuevamente el 23 de febrero de 2024 y pautó una 

vista de seguimiento para el 26 de febrero de 2024.
KLCE202301480 2

Por las razones que exponemos, expedimos el auto de 

Certiorari, confirmamos la Resolución aquí recurrida y devolvemos 

el caso para la celebración de la vista pautada y que el TPI tome 

una decisión informada.

I.

Por hechos acaecidos el 10 de octubre de 2023 se 

presentaron denuncias contra el señor Jorge Torres Rodríguez, 

imputándole haber violado el Artículo 127 A del Código Penal de 

2012, 33 LPRA 5186a (Maltrato a personas de edad avanzada) y 

el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 168-2019, Ley de Armas de Puerto 

Rico de 2020, 25 LPRA sec. 466e (Portación y uso de armas 

blancas). Estas indicaban como sigue:

Ley 168 Art. 6.06 Grave (2019) Portación y Uso de Armas 

Blancas

El referido acusado, JORGE TORRES RODRIGUEZ, allá 

en o para el día 10 de octubre de 2023 y en Vieques; 

Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal, 

voluntaria, maliciosa, con conocimiento, a propósito, 

a sabiendas con intención criminal, y sin motivo 

justificado UTLIZÓ un cuchillo de cocina, en la 

comisión del delito de maltrato en su modalidad de 

amenaza. Consistente en que el aquí acusado, 

utilizando un cuchillo de cocina, le ponía el mismo en

el cuello a la señora Elena Rodríguez Nales, 

amenazando con matarla si no le daba dinero.

Por el Delito CP Art. 127A Grave (2012)-Ma1trato a personas 

de edad avanzada.

El referido acusado, JORGE TORRES RODRÍGUEZ, allá 

en y para el mes de octubre de 2023, y en Vieques, 

Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente, MALTRATÓ a 

Víctor Torres Sanes, que es una persona de edad 

avanzada. Consistente en que el aquí imputado, 

utilizando un cuchillo de cocina amenazó perjudicado, 

haciéndole amagues con el cuchillo como para 

cortarlo y agrediéndolo con un tubo de PVC.
KLCE202301480 3

El 11 de octubre de 2023 se llevó al señor Torres Rodríguez

ante el magistrado para la celebración de la vista de la Regla 6 de 

Procedimiento Criminal. La vista no se pudo celebrar debido a 

que intérprete de señas y labio lectura, que se proveyó de forma 

virtual, no logró comunicación con el acusado y este no entendía 

los procedimientos.

1

 

Al día siguiente, para la vista de la Regla 6 de Procedimiento 

Criminal el imputado compareció acompañado de la abogada de 

la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico. El Tribunal tomó 

conocimiento judicial que en procedimientos anteriores el acusado 

había sido encontrado No procesable por el Tribunal. Luego de 

escuchar los argumentos de la defensa y del Ministerio Fiscal, el 

Tribunal suspendió la vista de Regla 6 para la determinación de 

causa para arresto. Refirió el caso en carácter de urgencia al 

procedimiento de procesabilidad bajo la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 240 y pautó una vista 

para el 27 de noviembre de 2023. A su vez, expidió una orden 

para ingreso de emergencia involuntario al amparo de la Ley de 

Salud Mental de Puerto Rico, Ley Núm. 408-2000 para que los 

padres del imputados estén tranquilos, el acusado sea atendido y 

para que esté en un lugar seguro.2 

El 24 de octubre de 2023 el señor Torres Rodríguez presentó 

una Solicitud para que se deje sin efecto la orden y vista al amparo 

de la Regla 240 de Procedimiento Criminal por falta de jurisdicción 

y violación al debido proceso de ley. Sostuvo que no existía una 

determinación de causa probable para arresto, conforme a 

derecho, que diera paso a una acción penal en contra del señor 

Rodríguez Torres. 

1 Vista del 11 de octubre de 2023, minutos 16:50.

2 Vista del 12 de octubre de 2023, minuto 25:50 en adelante.
KLCE202301480 4

El 25 de octubre de 2023 el TPI emitió una Resolución. Allí 

decretó No Ha Lugar a la solicitud de la defensa de que se deje sin 

efecto la orden y vista al amparo de la Regla 240 de Procedimiento 

Criminal. 

Entretanto, de forma paralela, a tenor con la Ley 408-2000,

el 26 de octubre de 2023 en la Sala Municipal de Fajardo, en la 

causa NACI202300865 se celebró una vista. Ese día, el Tribunal 

emitió ciertas órdenes para la realización de un estudio social 

completo, evaluación sobre la discapacidad del señor Torres 

Santiago y otros trámites a beneficio de éste. Señaló vista de 

seguimiento para el 7 de diciembre de 2023.3 

Mientras, el 7 de noviembre de 2023 se celebró la 

continuación de la vista en cuanto a las denuncias. En síntesis, 

testificó la señora Janice Marrero Irizarry quien realizó un Informe 

de Evaluación de Capacidad Funcional del imputado. La señora

Marrero Irizarry concluyó que el imputado no tenía la capacidad 

para comprender el proceso judicial y colaborar con su defensa 

debido a la limitación lingüística de comprensión y comunicación. 

El Tribunal acogió la recomendación de la Lcda. Janice Marrero 

Irizarry y determinó que el denunciado se encontraba No 

Procesable permanentemente. Consecuente, indicó que quedó 

pendiente de verificar si el imputado representaba algún riesgo 

viviendo sin tratamiento en alguna residencia de familiares o si 

existía algún tratamiento que pudiera beneficiarlo para su 

seguridad y la de otras personas.4

Así las cosas, el 28 de noviembre de 2023, la Sociedad Para 

Asistencia Legal, ante la determinación de no procesabilidad del 

3 Apéndice págs. 28-30.

4 Minuta, Apéndice págs. 31-34; Resolución y Orden de 29 de noviembre de 

2023, apéndice pág. 37.
KLCE202301480 5

señor Torres Rodríguez, solicitó el archivo de los cargos criminales 

y comenzar el proceso de ingreso involuntario al amparo de la Ley 

Núm. 408-2000.

El 29 de noviembre de 2023 en foro primario emitió una 

Resolución y Orden sobre la Vista de Procesabilidad. De esta 

surge que compareció el denunciado Jorge Torres Rodríguez, 

quien se encontraba internado en el Hospital Dr. Ramón 

Fernández Marina, representado por abogados de la Sociedad 

para Asistencia Legal, así como los abogados del Departamento

de Salud, el Ministerio Fiscal y otros funcionarios. Ese día declaró 

el Dr. William Lugo, psiquiatra del Estado, quien manifestó, en 

síntesis, que conocía al denunciado pues lo evaluó unos meses 

antes en un procedimiento similar bajo la Regla 240 de 

Procedimiento Criminal donde al denunciado se le acusó por 

delitos violentos contra sus familiares como ocurre de igual 

manera en este caso.

5 Con relación a si el denunciado, por sus 

condiciones mentales, sus limitaciones comunicativas y de uso de 

sustancias controladas, evidenciadas en su historial previo, 

presenta algún riesgo para su seguridad o la de las personas 

cercanas a él, indicó que ciertamente el uso de sustancias 

contraladas sirve de detonante para que este se comporte de 

manera violenta con sus familiares y personas cercanas. Entendió 

que esto implica un riesgo para su seguridad o la de otras 

personas.6 Concluyó el doctor Lugo que había que tomar alguna 

medida para que el denunciado no pueda utilizar sustancias 

controladas. También declaró el Sr. Israel Peña del Hospital 

Ramón Fernández Marina, e informó que el denunciado se 

encontraba estable en la referida Institución. 

5 Resolución y Orden del 29 de noviembre de 2023, apéndice pág. 37el.

6

Íd.
KLCE202301480 6

La defensa, solicitó el archivo del caso criminal y del proceso 

bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, para que el caso 

continuara en la Sala de Salud Mental a tenor con la Ley 408-

2000. El Ministerio Público se opuso. El Tribunal determinó que 

el denunciado presentaba un riesgo para su seguridad y la de 

otras personas estando en la libre comunidad. A tales efectos

determinó lo siguiente:

“[D]e forma responsable y en ánimo de proteger la 

seguridad del denunciado y la de sus familiares, con 

quien este vive y contra quienes ha incurrido en 

conducta violenta según se ha alegado en más de un 

proceso criminal dentro de un corto periodo de 

tiempo, el Tribunal dispone y ordena que el 

denunciado permanezca en el Hospital Dr. Ramón 

Fernández Marina a tenor con la Regla 241 de las de 

Procedimiento Criminal.”

En consecuencia, ordenó que el denunciado fuese evaluado 

el 23 de febrero de 2024 y señaló vista de seguimiento en este 

caso para el 26 de febrero de 2024. Ese día, el Dr. William Lugo 

emitirá sus recomendaciones al Tribunal.

7

Entretanto, según los documentos incluidos en el apéndice 

del recurso, el 7 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la vista en 

la causa civil NACI202300685 bajo la Ley 408-2000.8 Entre otros 

asuntos esbozados, el representante de la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) expresó 

que aún no había un diagnóstico de salud mental. Trascendió de 

la vista que se estaba en espera de la resolución de la Regla 240 

y la recomendación del Tribunal. El Tribunal reconoció que había 

7 Resolución del 27 de noviembre de 2023, apéndice págs. 37-40.

8 Surge de la Minuta, apéndice págs. 41-44, que a la vista de seguimiento 

mediante videoconferencia comparecieron la Sra. Anamarys Molina Colón, 

Coordinadora de la Ley 408 del Hospital Ramón Fernández Marina, la Lcda. 

Vivian Enid Díaz Cáceres de la Sociedad para Asistencia Legal del Programa de 

Salud Mental en representación de Jorge Torres Rodríguez, el Lcdo. Aníbal Lugo 

Irizarry representando a ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental 

y Contra la Adicción), la trabajadora social de Servicio Orientados a la 

recuperación de ASSMCA, la técnico del Departamento de la Familia Local de 

Vieques y el Lcdo. Fabio A. Quiñones Zayas del Departamento de Salud y la 

Coordinadora de Servicios de la de la Región Este de MAVI, así como el 

Coordinador Auxiliar de Programas Judiciales.
KLCE202301480 7

dos procesos corriendo a la vez. Luego de escuchados los 

argumentos el foro primario determinó lo siguiente:

• Se tiene que evaluar la comparecencia de los padres 

para la coordinación de servicios al paciente.

• Se emitirá orden a las partes para la búsqueda de un hogar 

permanente de acuerdo con las discapacidades auditivas de 

Jorge Torres Rodríguez.

• Se autorizó al licenciado Quiñones Zayas enviar el 

informe a MAVI. 

• Se ordenó al Departamento de la Familia ausculte y 

provea una lista de los diferentes hogares que reciben 

personas estables en salud mental y que reciben 

personas con diferentes discapacidades, ya sean 

auditivas o de movimientos.

• Se ordenó citar a Sr. Néstor Torres Zenquis y al 

Departamento de la Familia.

• Se señaló vista de seguimiento mediante 

videoconferencia para el 29 de febrero de 2024 a las 

2:00 pm.

Mientras, en desacuerdo con la Resolución y Orden emitida 

en la causa criminal el 29 de noviembre de 2023, el señor Torres 

Rodríguez presentó el recurso de Certiorari con los siguientes 

señalamientos de error:

Primero: El TPI violó el derecho del peticionario a un 

debido proceso de ley, y abusó de su discreción al 

activar una medida de seguridad en un caso donde ni 

siquiera se ha determinado causa para arresto, no 

existe una determinación de inimputabilidad, mucho 

menos una sentencia, según requiere el Art. 82 del 

Código Penal y el principio de judicialidad.

Segundo: El TPI violó el derecho del peticionario a la 

igual protección de las leyes, según pautado en 

Jackson v. Indiana, 406 US 715 (1972), al activar una 

medida de seguridad, que constituyó una pena de 

prisión sin denuncia, acusación, sin juicio ni sentencia 

y un castigo cruel e inusitado. Una vez se declaró la 

o procesabilidad permanente del imputado, 

correspondía al TPI sobreseer las denuncias y ordenar 

su egreso o iniciar el proceso de evaluación para 

internación civil—encontrada en la Ley de Salud 

Mental de Puerto Rico –- para aquellos ciudadanos 

que, por su condición mental, no pueden enfrentar un 

proceso penal en un futuro próximo.

La Oficina del Procurador General, en representación del 

Pueblo de Puerto Rico presentó su escrito. Con el beneficio de 

ambas comparecencias, disponemos.
KLCE202301480 8

II.

A.

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario 

por el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía 

que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). A diferencia del 

recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra, pág. 372; Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 

(2009). Sin embargo, esa discreción no es irrestricta. Pueblo v. 

Rivera Montalvo, supra. El Tribunal Supremo ha indicado que la 

discreción significa tener poder para decidir en una u otra forma, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo 

v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). El adecuado ejercicio de la discreción judicial 

está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 211. Así 

pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones 

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las 

decisiones emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de 

su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. 

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente: 
KLCE202301480 9

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de 

una orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos son 

contrarios a derecho.

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción 

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Los tribunales revisores 

podremos sustituir el criterio que utilizó el foro primario por el 

nuestro únicamente cuando existen circunstancias extraordinarias 

en las que se pruebe que el foro primario actuó con pasión, 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en 

error manifiesto o de derecho. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, 

pág. 373; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002).

B.

Por imperativo constitucional, a ninguna persona se le 

privará de su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley. 

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, pág. 364. Como corolario a ese 
KLCE202301480 10

derecho, un acusado de cometer un delito no puede enfrentar 

juicio a menos que sea procesable. Pueblo v. Rivera Montalvo, 

supra; Godinez v. Moran, 509 US 389, 396 (1993); Pate v. 

Robinson, 383 US 375, 378 (1966). Por procesabilidad se refiere

a "la lucidez con la que un imputado de delito puede entender la 

naturaleza y el procedimiento criminal al que se enfrenta". Pueblo 

v. Rivera Montalvo, supra; citando a Pueblo v. Pagán Medina, 178 

DPR 228, 237 (2010); Ruiz Ramos v. Alcaide, 155 DPR 492, 499 

(2001). Según el profesor Chiesa Aponte, "se trata de una 

exigencia de que el acusado pueda entender la naturaleza de los 

procedimientos, de forma que pueda ayudar —a su abogado y a 

sí mismo— a su mejor defensa". Pueblo v. Rivera Montalvo, supra,

que cita a E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto 

Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 

348. Sobre el particular, se ha reiterado que el juez que preside 

la sala es responsable de "velar por que en todo momento la 

persona denunciada o acusada se encuentre procesable". Pueblo 

v. Rivera Montalvo, supra; citando a Pueblo v. Pagán Medina, 

supra.

Las Reglas 239, 240 y 241 de Procedimiento Criminal 

codifican esta exigencia a nivel estatutario. En particular, la Regla 

239 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 239, establece 

que, “[n]inguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por 

un delito mientras esté mentalmente incapacitada.” Al utilizar la 

frase mentalmente incapacitada, la Regla se refiere al concepto 

de procesabilidad. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Pueblo v. 

Pagán Medina, supra, pág. 237; Pueblo v. Castillo Torres, 107 DPR 

551, 555 (1978).
KLCE202301480 11

La Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

240, establece el procedimiento a seguir para salvaguardar este 

derecho. 

(a) Vista; peritos. En cualquier momento después 

de presentada la acusación o denuncia y antes 

de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere 

evidencia, además de la opinión del 

representante legal del imputado o acusado, que 

estableciere mediante preponderancia de la 

prueba que el acusado está mentalmente 

incapacitado, o que éste no es capaz de 

comprender el proceso y colaborar con su 

defensa como consecuencia de alguna condición 

que afecta sus destrezas de comunicación, 

expondrá detalladamente por escrito los 

fundamentos para dicha determinación, 

suspenderá los procedimientos y señalará una 

vista para determinar el estado mental y/o 

funcional del acusado. Una vez se señale esta vista, 

deberá el tribunal designar uno o varios peritos para 

que examinen al acusado y declaren sobre su estado 

mental y/o funcional. Se practicará en la vista 

cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las 

partes. En estos casos, la representación legal del 

imputado o acusado deberá presentar al tribunal una 

moción informando la intención de solicitar la 

paralización de los procedimientos por razón de la 

incapacidad mental y/o funcional de su representado 

acompañada de evidencia pericial de tal incapacidad, 

dentro de un término no menor de tres (3) días antes 

de la fecha señalada para la vista de que se trate. 

(b) Efectos de la determinación. Si como resultado de 

la prueba el tribunal determinare que el acusado está 

mentalmente y/o funcionalmente capacitado, 

continuará el proceso. Si el tribunal determinare lo 

contrario, podrá ordenar la reclusión del 

acusado en una institución adecuada. En aquellos 

casos en que el tribunal hallare que el imputado o 

acusado padece de alguna condición que no le permite 

comprender el proceso y colaborar con su defensa 

podrá ordenar, de entenderlo necesario, que éste sea 

ingresado en un centro de adiestramiento para el 

desarrollo de destrezas de vida independiente. Si 

luego de así recluirse al acusado el tribunal tuviere 

base razonable para creer que el estado mental y/o 

funcional del acusado permite la continuación del 

proceso, citará a una nueva vista que se llevará a cabo 

de acuerdo con lo provisto en el apartado (a) de esta 

Regla, y determinará entonces si debe continuar el 

proceso. (Énfasis suplido).

[........]
KLCE202301480 12

La Regla 240 no solo establece un mecanismo que garantiza 

el debido proceso de ley constitucional a un imputado de delito, 

sino que hace al juez de instancia custodio de ese mecanismo, 

imponiéndole un deber ineludible. Pueblo v. Rivera Montalvo, 

supra, pág. 365; citando a Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 

239. Si al amparo de la Regla 240, supra, se determina finalmente 

que el acusado no es procesable, este permanecerá bajo la 

jurisdicción del tribunal, quien deberá regirse por lo que dispone 

la Regla 241, 34 LPRA Ap. II, R. 241. Pueblo v. Rivera Montalvo, 

supra, pág. 366; Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 245; Ruiz 

Ramos v. Alcaide, supra, pág. 501. Otro de sus efectos es la 

suspensión del procedimiento criminal, en aras de salvaguardar el 

derecho del acusado hallado judicialmente procesable a un juicio 

justo, a tenor con la cláusula constitucional de debido proceso de 

ley. Ramos v. Alcaide, supra, pág. 501. La suspensión del proceso 

criminal, en virtud de una determinación de improcesabilidad, 

pretende evitar la injusticia de requerirle a un acusado que 

enfrente un proceso criminal cuando éste no está mentalmente 

capacitado para ayudar en su defensa, lo cual podría culminar en 

una convicción errónea. Íd.

La aludida Regla 241, de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 241 establece el Procedimiento para Imposición de la 

Medida de Seguridad, a saber:

Cuando el imputado fuere absuelto o hubiere una 

determinación de no causa en vista preliminar por 

razón de incapacidad mental y/o funcional, o 

determinación de no procesabilidad 

permanente, o se declare su inimputabilidad en tal 

sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre 

la persona y podrá decretar internarlo en una 

institución adecuada para su tratamiento, si en 

el ejercicio de su discreción determina conforme 

a la evidencia presentada que dicha persona por 

su peligrosidad constituye un riesgo para la 

sociedad o que se beneficiará con dicho 

tratamiento. La condición de sordera profunda, 
KLCE202301480 13

severa, moderada o leve, ni ninguna otra situación de 

hipoacusia o condición que le impida comunicarse 

efectivamente, por sí sola, será suficiente para que, 

en ausencia de los demás requisitos establecidos en 

estas Reglas, el tribunal conserve jurisdicción sobre la 

persona y decrete su ingreso a una institución. En 

caso de ordenarse internarlo, la misma se 

prolongará por el tiempo requerido para la 

seguridad de la sociedad y el bienestar de la 

persona internada. En todo caso será obligación de 

las personas a cargo del tratamiento informar 

trimestralmente al tribunal sobre la evolución del 

caso. (Énfasis dado).

[........]

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha afirmado que 

“[f]rente a una determinación de no procesabilidad permanente

de un individuo, el Estado tiene dos (2) opciones, a saber: dejarlo 

en la libre comunidad o iniciar los procedimientos de internación 

civil.” Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 312-313 (2001), 

citando a Jackson v. Indiana, 406 US 715, 738 (1972). Bajo el 

poder de parens patriae, el Estado tiene un interés legítimo en, 

(1) cobijar y proveerle al individuo aquel cuidado que por razón 

de su condición no puede brindárselo él mismo, incluyendo un 

tratamiento que mejore su condición; (2) proteger a la ciudadanía 

ante el posible peligro que representa el individuo; y (3) prevenir 

que el individuo se haga daño a sí mismo. Íd., pág. 313. El 

imputado, de otra parte, posee un interés fundamental de que no 

se restrinja su libertad sin un debido proceso de ley. Íd.

A esos fines, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Santiago

Torres, supra, pág. 314, pautó que, “durante la vista, las partes 

también presentarán prueba a los efectos de determinar si debido 

a su condición mental, el imputado constituye un riesgo para sí y 

para la sociedad.” De ser así, se ha indicado que “el ingreso 

indefinido de un acusado improcesable generalmente resulta 

justificado cuando la persona recluida cumple con los estándares 
KLCE202301480 14

para ser internado involuntariamente mediante el procedimiento 

de internación civil contemplado por ley, en protección de sí 

mismo, de otras personas o de la propiedad.” Ruiz v. Alcaide, 

supra, pág. 510-511.

Agregó el Tribunal Supremo, en Pueblo v. Santiago Torres, 

supra, pág. 314 lo siguiente:

De concluir el tribunal que, por razón de su estado 

mental, el individuo es un riesgo para sí mismo o para 

otras personas, dispondrá que en un término razonable

se inicien los procedimientos para que éste reciba 

tratamiento de conformidad con la Ley 408 de 2 de 

octubre de 2000 conocida como la Ley de Salud Mental 

de Puerto Rico. (en adelante Ley de Salud Mental).

Es decir, en el supuesto de no procesabilidad

permanente, el tribunal, tras considerar el grado 

de peligrosidad del individuo -tanto para sí como 

para la sociedad- como consecuencia de su 

condición mental, archivará los cargos en su 

contra y, lo pondrá en libertad o dispondrá que se 

inicien los procedimientos conforme a la Ley de 

Salud Mental.

Resolvemos, por tanto, que de transcurrir un tiempo 

razonable sin hallar procesable a un imputado, deberá 

señalarse una vista para determinar si éste es no 

procesable permanentemente. El tribunal notificará y 

celebrará una vista exclusivamente a tales fines, en 

donde de determinar la no procesabilidad

permanente, archivará los cargos, y dispondrá si lo 

libera o si ordena que se proceda con los trámites 

de internación civil, conforme con la Ley de Salud 

Mental, supra. Pueblo v. Santiago Torres, supra, págs.

314-315. (Énfasis nuestro).

III.

El peticionario, por conducto de su representación legal,

alega que una vez se determinó la no procesabilidad permanente 

de su representado, procedía la desestimación y archivo de los 

proyectos de denuncia. Adujo que no procedía la medida de 

seguridad, a tenor con la Regla 241 de Procedimiento Criminal,

porque el peticionario nunca fue procesado criminalmente. 

Indicó que la medida que se le impuso constituye una pena 

indeterminada sin sentencia, lo que viola el debido proceso de ley. 
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Reiteró que, a partir del 7 de noviembre de 2023, cuando el 

peticionario fue declarado no procesable permanentemente, debió 

concluir el proceso criminal, archivarse los proyectos de denuncia 

y referir el asunto para su internación civil a través de la Ley de 

Salud Mental, a tenor con lo determinado en Pueblo v. Santiago 

Torres, supra.

La Oficina del Procurador General, por su parte, nos informó 

que surge del expediente que en un informe sometido por 

ASSMCA, en su pasado proceso de internación civil sobre otro 

caso, se indicó que el peticionario tiene diagnósticos de 

esquizofrenia, discapacidad intelectual, que sufre depresión, que 

usa “polisustancias” y que tiene dificultad para comunicarse 

porque tiene discapacidad auditiva. Expuso que las denuncias 

sobre los hechos que aquí se consideran, no son las únicas que se 

han presentado contra el peticionario, quien en el año 2022 

también fue arrestado porque agredió a sus progenitores. Indicó 

que en ese procedimiento culminó en un proceso de internación 

civil, al amparo de la Ley Núm. 408-2022, porque el imputado fue 

declarado, en ese entonces, no procesable permanentemente. 

Aseveró que, de ese trámite, el denunciado salió del hospital y 

regresó a vivir con sus padres. Que luego de ello, ocurrieron las 

denuncias por un incidente del 10 de octubre de 2023, donde 

también fue declarado no procesable permanentemente. El 

Procurador aludió al proceso de emergencia paralelo a tenor con 

la Ley Núm. 408-2000 sobre internación civil.9 Agregó que, en ese 

procedimiento civil, “el tribunal pautó una vista de seguimiento 

para el 29 de febrero de 2024. De ese trámite civil, en el que el 

Departamento de Justicia no forma parte ni interviene, depende 

9 Escrito en Cumplimiento de Orden presentado por la Oficina del Procurador 

General, pág. 13.
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que el señor Torres Rodríguez reciba los servicios y la ayuda que 

necesita, lo que a su vez evitaría que sus padres, personas de 

edad avanzada, sigan siendo víctimas de los incidentes acaecidos 

con el peticionario”.10 Tras ello, el Procurador nos solicitó que, 

ante el hecho de que el tribunal determinó que el peticionario 

constituye un peligro para sí y para los demás y la recurrencia de 

la situación entre este y sus padres, ordenemos al foro primario a 

remitir el asunto al trámite de internación civil. Nos requirió 

también que ordenemos que apercibamos de la urgencia de que 

se atienda el asunto con premura y urgencia.

Vemos que ambas partes nos solicitan que el foro primario 

remita presente causa al trámite de internación civil a tenor con 

la Ley 408-2000. 

De la Resolución y Orden que revisamos, así como del 

expediente, surge que el 7 de noviembre de 2023 el TPI determinó 

que el denunciado se encontraba No Procesable

permanentemente.

11 Para evaluar si el acusado representaba 

algún riesgo o peligro para su seguridad o la de otros, el foro 

primario llevó a cabo una vista el 29 de noviembre de 2023. Luego 

de escuchar las declaraciones del Dr. William Lugo, psiquiatra del 

Estado y del señor Israel Peña del Hospital Ramón Fernández 

Marina, el tribunal de instancia entendió que el denunciado 

presenta un riesgo para su seguridad y/o la de otras personas 

estando en la libre comunidad. A tales efectos, el foro primario 

expresó que “de forma responsable y en ánimo de proteger la 

seguridad del denunciado y la de sus familiares, con quien este 

vive y contra quienes ha incurrido en conducta violenta según se 

ha alegado en más de un proceso criminal dentro de un corto 

10 Íd., pág. 14.

11 Véase Resolución y Orden del 29 de noviembre de 2023, apéndice pág. 37.
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periodo de tiempo, el Tribunal dispone y ordena que el denunciado 

permanezca en el Hospital Dr. Ramón Fernández Marina a tenor 

con la Regla 241 de las de Procedimiento Criminal”. Acto seguido 

ordenó una nueva evaluación para el señor Torres Rodríguez para 

el 23 de febrero de 2024 y señaló una vista de seguimiento para 

el 26 de febrero de 2024. Para ese día, le requirió al Dr. William 

Lugo emitir sus recomendaciones al Tribunal. 

Como vemos, el foro primario suspendió los procesos 

criminales incoados contra el señor Torres Rodríguez y decretó 

que este no era procesable. El trámite al amparo de la Regla 240 

de Procedimiento Criminal está diseñado para garantizar el debido 

proceso de ley al imputado y, además, torna al juez de instancia 

el custodio de ese mecanismo. Véase Pueblo v. Rivera Montalvo, 

supra. En ánimo de proteger al imputado y a sus familiares, el 

foro primario ordenó una nueva evaluación con el psiquiatra del 

estado para el 23 de febrero de 2024 y luego, la vista de 

seguimiento para el 26 de febrero de 2024. Ese día el Dr. William 

Lugo, psiquiatra del Estado, emitirá las recomendaciones al 

Tribunal. 

De acuerdo con las circunstancias que permean en este 

caso, en que no es la primera vez que al acusado se le imputan 

acciones contra sus progenitores, entendemos que la 

determinación del foro primario es razonable y no amerita nuestra 

intervención. Resulta adecuado que el Tribunal, como custodio 

del proceso, escuche las recomendaciones del perito del Estado 

antes de emitir una decisión final. 

Mientras ello ocurre, como el imputado fue declarado no 

procesable, el Tribunal ordenó que este continuara recluido en el 

Hospital Dr. Ramón Fernandez Marina. Esta medida de cautela y 
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protección de la seguridad del acusado y la de sus parientes, no 

contraviene la Regla 241 de Procedimiento Criminal. No 

divisamos que, en su actuación, el foro primario incurriera en 

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de su discreción. 

Una vez el foro primario celebre la vista, entonces 

determinará el curso a seguir, lo que incluye decretar si refiere el 

caso al ámbito civil que provee la Ley 408-2000. La decisión que 

se tome debe salvaguardar la seguridad del imputado, la de sus 

progenitores y demás personas. 

IV.

Por las razones antes expresadas expedimos el Auto de 

Certiorari y confirmamos la resolución contra la que aquí se 

recurrió. Devolvemos el caso al foro de instancia para que 

proceda con la vista pautada para el 26 de febrero de 2023 y emita 

su determinación en cuanto a la causa de epígrafe, conforme la 

prueba que allí reciba.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Salgado Schwarz concurre con 

la siguiente expresión: “El Juez Salgado Schwarz hubiera 

denegado la expedición del auto discrecional, habida cuenta que 

no requiere expresión nuestra, es correcta en derecho y la vista 

de seguimiento está próxima a celebrarse.”

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones