Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

MARÍA VALDERRAMA 

FIGUEROA

Recurrida

v.

TRIPLE S. PROPIEDAD, 

TRIPOLI CONSTRUCTION 

CORPORATION y otros

Peticionario

KLCE202301473

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Fajardo

Civil Núm.:

FA2019CV01070

(307)

Sobre: Caída

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

Comparece ante nos Tripoli Construction Corporation 

(“Trapoli Construction” o “Peticionario”), mediante Escrito de

Certiorari presentado el 28 de diciembre de 2023. Nos solicita que 

revisemos una Orden emitida y notificada el 17 de octubre de 2023, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (“foro 

primario” o “foro a quo”). Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró Ha Lugar la solicitud presentada por la señora 

María Valderrama Figueroa (“Sra. Valderrama Figueroa” o 

“Recurrida”) para que se elimenaran las alegaciones de la demanda. 

En desacuerdo, el 27 de octubre de 2023, el Peticionario presentó 

una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar

mediante Orden emitida y notificada el 28 de noviembre de 2023. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la Orden recurrida.
KLCE202301473 2

I.

La presente controversia tiene su inicio cuando el 6 de febrero 

de 2019, cuando la Sra. Valderrama Figueroa instó una Demanda1

sobre daños y perjuicios contra la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adicción (“ASSMCA” o “agencia”), el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”), Compañía ABC, Arrendador 

ABC, Aseguradora 1-20 y otros codemandados de nombres 

desconocidos. En síntesis, alegó que el 8 de febrero de 2018 se 

encontraba caminando en el estacionamiento de las instalaciones 

de ASSMCA en el pueblo de Fajardo. Señaló que mientras caminaba, 

el portón de acero del estacionamiento se desprendió y cayó sobre 

ella, lo cual le ocasionó múltiples traumas en su cuerpo. Ante dicho 

suceso, tuvo que ser sometida a múltiples tratamientos, incluyendo 

una cirugía reconstructiva. Arguyó, además, que el accidente le 

ocasionó angustias mentales, gastos, la pérdida de licencias en el 

empleo y quedó con un impedimento parcial permanente en su 

función diaria. Por tales razones, solicitó una indemnización de 

$150,000, más el pago de intereses pre y post sentencia, además de 

honorarios de abogado.

Transcurridos varios trámites procesales, mediante Sentencia 

emitida el 6 de junio de 2019, notificada el día 10 del mismo mes y 

año, el foro primario decretó la paralización de los procedimientos y 

ordenó el archivo administrativo sin perjuicio de la reclamación.

2

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2019, la Recurrida 

presentó nuevamente una Demanda3 sobre daños y perjuicios sobre 

los mismos hechos. Esta vez, incluyó como codemandado a Triple-S 

Propiedad, en su carácter de aseguradora de ASSMCA.

1 Véase expediente electrónico FA2019CV00105 en el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”). 

2 Véase entrada número 14 del expediente FA2019CV00105 en SUMAC.

3 Apéndice certiorari, págs. 1-8.
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Así las cosas, el 14 de agosto de 2020, la Sra. Valderrama 

Figueroa presentó un escrito intitulado Moción para que se emita 

Orden. Mediante este, informó que el 8 de julio de 2020, diligenció 

un subpoena duces tecum a ASSMCA, requiriendo información 

relacionada con el accidente reclamado en la demanda. Señaló que, 

a pesar de haber solicitado la información a la agencia, esta no había 

entregado la misma. Por lo cual, solicitó que se dictara una orden 

contra ASSMCA para que supliera la información requerida. 

Así las cosas, el 9 de abril de 2021, ASSMA remitió un correo 

electrónico a la parte Recurrida, en donde, entre otros documentos, 

incluyó una orden de compra (“purchase order”) en la que establecía 

que el vendedor del portón objeto de la controversia era la compañía 

Tripoli Construction. Ante dicho descubrimiento, el mismo día, la 

Recurrida presentó Moción para que se autorice enmendar la 

demanda y Primera demanda enmendada. Así, procedió a enmendar 

la demanda a los fines de incluir a Tripoli Construction como 

codemandado, por ser la compañía “contratada por la ASSMCA para 

realizar los diversos trabajos de construcción en su edificio de 

Fajardo, Puerto Rico, entre los que se encontraba suplir e instalar el 

portón de acero que da origen a esta demanda y, por cuya negligencia 

en la fabricación e instalación de dicho portón, se ocasionó el 

accidente que causó los daños sufridos por la demandante”. 

Mediante Orden emitida el 3 de mayo de 2021, notificada al próximo 

día, el foro primario autorizó la enmienda a la demanda. 

Luego de varias incidencias procesales, el 7 de septiembre de 

2022, la Recurrida presentó Escrito informativo, en donde le notificó 

al foro primario que había cursado tres (3) mecanismos de 

descubrimiento de prueba a Tripoli Construction. En respuesta, el 

27 de septiembre de 2022, el Peticionario presentó Solicitud de 

prórroga para contestar descubrimiento de prueba hasta en o antes 

de 11 de noviembre de 2022, en la que solicitó un término de treinta 
KLCE202301473 4

(30) días para cumplir con el descubrimiento de prueba cursado. 

Mediante Orden emitida y notificada el 29 de septiembre de 2022, el 

foro a quo concedió la prórroga solicitada.

El día antes de expirado el término concedido, el Peticionario 

presentó Solicitud de prórroga final de cinco (5) días para notificar 

contestación a descubrimiento de prueba. En esta, solicitó un 

término final de cinco (5) días para contestar los interrogatorios 

pendientes, puesto que no había culminado el proceso de recopilar 

la información solicitada. El 14 de noviembre de 2022, el foro 

primario emitió y notificó Orden, concediendo el término peticionado 

como uno final. 

Posteriormente, el 21 de agosto de 2023, la Recurrida 

presentó Moción bajo la Regla 34 de Procedimiento Civil. Por virtud 

de esta, realizó un recuento de todos los incumplimientos de la parte 

Peticionaria con los requerimientos del descubrimiento de prueba, a 

pesar de las órdenes emitidas por el foro primario. En vista de ello, 

solicitó lo siguiente:

a. Con relación al interrogatorio- que se eliminen las 

alegaciones de su contestación a la demanda

b. Con relación a la producción de documentos- que se 

ordene a producir la información solicitada

c. Con relación al requerimiento de admisiones- que se 

den por admitidos los mismos. 

El 22 de agosto de 2023, el foro primario emitió y notificó 

Orden en la que le concedió un término final de diez (10) días a la 

parte Peticionaria, para exponer su posición a la solicitud de la Sra. 

Valderrama Figueroa.

En vista del incumplimiento del Peticionario, el 17 de octubre 

de 2023, la Recurrida presentó Segunda moción bajo la Regla 34 de 

Procedimiento Civil. Mediante esta, llamó a la atención del foro 

primario de que había transcurrido más de un (1) año sin que se 

contestaran los interrogatorios ni los requerimientos de producción 

de documentos, a pesar de las órdenes emitidas por el foro primario. 
KLCE202301473 5

Por lo cual, reiteró su solicitud de que se eliminaran las alegaciones

a la parte Peticionaria.

Ante tal solicitud, el 17 de octubre de 2023, el foro a quo

emitió y notificó la Orden recurrida, en la que declaró Ha Lugar la 

solicitud instada por la Recurrida. En consecuencia, se le eliminaron 

las alegaciones a la parte Peticionaria. En desacuerdo, el 27 de 

octubre de 2023, Tripoli Construction presentó Solicitud de 

reconsideración de orden emitida y notificada el 17 de octubre de 

2023, la cual fue declarada No Ha Lugar, mediante Orden emitida y 

notificada el 28 de noviembre de 2023. 

Inconforme aún, el 28 de diciembre de 2024, el Peticionario 

acudió ante esta Curia mediante Escrito de Certiorari, en el que le 

imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 

orden eliminando las alegaciones sin dar cumplimiento 

al orden de prelación que establece la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, sin haber impuesto sanciones 

económicas, y sin apercibir directamente a la parte, y 

dar un término de, al menos 30 días para notificar las 

contestaciones al descubrimiento cursado.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dar por 

admitido un requerimiento de admisiones que fue 

contestado dentro del término concedido mediante 

orden.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 

orden bajo la Regla 34 de Procedimiento Civil sin haber 

la parte demandante certificado su cumplimiento con la

Regla 34.1 de Procedimiento Civil en su solicitud de 

orden.

El 12 de enero de 2024, esta Curia emitió Resolución en la que 

le concedió como término improrrogable hasta el 18 de enero de 

2024 para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto de 

certiorari y revocar la determinación impugnada. En cumplimiento 

con lo ordenado, el 18 de enero de 2024, la parte Recurrida presentó 

su escrito intitulado Certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la 

controversia ante nuestra consideración. 
KLCE202301473 6

II.

A. Certiorari

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 

486-487 (2019).

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar 

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco 
KLCE202301473 7

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023); 

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1.

B. Eliminación de las alegaciones

Las Reglas de Procedimiento Civil deben interpretarse de modo 

que faciliten el acceso a los tribunales, garantizando la solución 

justa, rápida y económica de los procedimientos. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 1. En nuestro ordenamiento 

jurídico, el cual es adversativo y rogado, “las partes tienen el deber 

de ser diligentes y proactivos al realizar trámites procesales.” 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 719 (2009). 

Aunque se favorece que los casos se adjudiquen en sus méritos, 

“esto no significa que una parte adquiera el derecho a que su caso 
KLCE202301473 8

tenga vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en 

un estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de 

diligencia e interés en la tramitación del mismo que una escueta 

referencia a circunstancias especiales.” Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001); Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. et al, 132 DPR 115, 124 (1992). Por lo cual, el tribunal tiene la 

autoridad de sancionar a aquellos litigantes que dilatan 

innecesariamente los procedimientos. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, supra, pág. 720. 

A la luz de dicha facultad delegada a los tribunales, nuestro 

Máximo Foro ha definido el concepto sanción como “un mecanismo 

procesal que permite a los tribunales imponer su jurisdicción, 

autoridad y pronunciamientos.” Mitsubishi Motors Sales of 

Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, 212 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 

110, resuelto el 12 de septiembre de 2023, citando a In re Collazo I, 

159 DPR 141, 150 (2003). Su propósito es incitar a una parte a que 

responda con prontitud “con el fin de alcanzar la solución justa, 

rápida y económica de los casos y que las controversias se puedan 

atender en los méritos”. Íd, citando a Valentín v. Mun. de Añasco, 

145 DPR 887, 896 (1998). “En ese sentido, el poder inherente de los 

tribunales para imponer sanciones permite la flexibilidad para 

escoger la sanción y ajustarla a los hechos, a la causa de acción de 

que se trate y al propósito que se persigue.” Íd, citando a Pagán 

Rodríguez v. Rivera Schatz, 206 DPR 277, 288 (2021).

La Regla 34 de Procedimiento Civil, supra, R.34, establece el 

procedimiento que deben cumplir las partes, así como le tribunal, 

cuando surgen controversias relacionadas al descubrimiento de 

prueba. A su vez, postula las consecuencias de que una parte se 

rehúse a cumplir con una orden del tribunal de instancia al 

respecto. En particular, la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra,

dispone lo siguiente:
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Cuando surja una controversia en torno al descubrimiento 

de prueba, el tribunal sólo considerará las mociones que 

contengan una certificación de la parte promovente en la que 

indique al tribunal en forma particularizada que ha realizado 

esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, para 

tratar de llegar a un acuerdo con el abogado de la parte 

adversa para resolver los asuntos que se plantean en la 

moción y que éstos han resultado infructuosos.

A su vez, la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 34.3, 

regula las consecuencias a las partes que se niegan a obedecer con 

las órdenes del tribunal. En lo pertinente, el inciso (b)(3) de la 

precitada regla, dispone lo siguiente:

(b) Otras consecuencias. Si una parte o un funcionario o 

agente administrador de una parte, o una persona designada 

para testificar a su nombre según disponen las Reglas 27.6 

ó 28, deja de cumplir una orden para llevar a cabo o permitir 

el descubrimiento de prueba, incluyendo una orden bajo las 

Reglas 32 y 34.2, el tribunal podrá dictar, con relación a la 

negativa, todas aquellas órdenes que sean justas; entre ellas 

las siguientes: 

(1) [...].

(2) [...]. 

(3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de ellas, 

o para suspender todos los procedimientos posteriores hasta 

que la orden sea acatada, para desestimar el pleito o 

procedimiento, o cualquier parte de ellos, o para dictar una 

sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla. Regla 

34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, R. 34.3(b)(3). 

(Énfasis nuestro).

La referida regla establece que el tribunal puede emitir una 

sanción en la que elimine total o parcialmente las alegaciones. En 

cuanto a dicha sanción, el Tribunal Supremo ha resuelto que la 

eliminación de las alegaciones, así como la anotación de rebeldía 

son los castigos más severos para una parte que declina obedecer 

con una orden del tribunal en el descubrimiento de prueba. 

Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, 

supra; HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 

689 (2020). Es por ello, que la imposición de sanciones “siempre se 

deben dar dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal 

justicia equivaldría a un abuso de discreción”. Rodríguez Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011).
KLCE202301473 10

Antes de decretarse una desestimación de una causa de acción o 

que se eliminen las alegaciones, el foro primario tiene que ejecutar 

el orden de prelación que establece la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, R.39.2(a).4 Mitsubishi Motors Sales of 

Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, supra. 

Sobre ello, nuestro máximo foro expresó lo siguiente:

Primero, el tribunal tiene que apercibir de la situación 

a la representación legal de la parte y concederle la 

oportunidad para responder. Si el representante legal 

no responde al apercibimiento, el tribunal le impondrá 

sanciones y le notificará directamente a la parte sobre 

el asunto. Una vez que la parte haya sido informada o 

apercibida de la situación y de las consecuencias que el 

incumplimiento conlleva, deberá corregirla dentro del 

término que el tribunal de instancia le conceda. El plazo 

conferido será razonable y, salvo que las circunstancias 

del caso lo justifiquen, no será menor de treinta días. Si 

la parte no toma acción correctiva al respecto “nunca se 

podrá querellar, ante ningún foro, de que se le despojó 

injustificadamente de su causa de acción y/o 

defensas.” Cumplido este trámite, el tribunal se 

encontrará en posición para imponer la sanción que 

corresponda. (Citas omitidas). 

Una desestimación al amparo del inciso (a) de la Regla 39.2 

de Procedimiento Civil, supra, “es la muerte procesal del pleito”. 

Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, 

supra. Siendo así, la supresión total de las alegaciones torna ineficaz 

4 La aludida Regla dispone lo siguiente:

(a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o con 

cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a 

solicitud del demandado podrá decretar la desestimación del pleito 

o de cualquier reclamación contra él, o la eliminación de las 

alegaciones, según corresponda. 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa sanción 

de la desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, en primer 

término, haya apercibido al abogado o abogada de la parte de la 

situación y se le haya concedido la oportunidad para responder. Si 

el abogado o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, 

el tribunal procederá a imponer sanciones al Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico 62 abogado o la abogada de la 

parte y se notificará directamente a la parte sobre la situación. 

Luego de que la parte haya sido debidamente informada o 

apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener 

el que ésta no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la 

desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones. El 

tribunal concederá a la parte un término de tiempo razonable para 

corregir la situación, que en ningún caso será menor de treinta (30) 

días, a menos que las circunstancias del caso justifiquen que se 

reduzca el término.
KLCE202301473 11

la contestación a la demanda y esta no puede ser utilizada en el 

juicio ni el tribunal la puede tomar en cuenta. Íd, citando a Polo v. 

Domínguez, Juez de Distrito, 15 DPR 609 (1909).

El efecto es que la parte quedó privada de su día en corte para 

establecer la legitimidad y el mérito de sus defensas. Íd, citando a 

Acevedo v. Compañía Telefónica de Puerto Rico, 102 DPR 787 (1974). 

Tal es así, que la eliminación total de las alegaciones, al igual que la 

desestimación, debe prevalecer únicamente en situaciones 

extremas, como las siguientes: una conducta indiscutiblemente 

irresponsable, irreverente, desafiante, negligente, contumaz que la 

parte contra la cual se ordena la ejecute de manera reiterada y 

continua; todo porque esta opto por incumplir de manera 

intencional y de mala fe con una orden del tribunal para descubrir 

prueba. Íd. En vista de que la supresión total de las alegaciones 

conlleva la sanción de la sentencia en rebeldía, “los tribunales 

apelativos estamos llamados a inclinarnos a decretar las 

consecuencias de la rebeldía cuando el tribunal de instancia ordena 

la eliminación de todas las alegaciones, específicamente si la 

sanción fue producto de la conducta malintencionada de la parte 

demandada de no descubrir prueba”. Íd.

III.

En el presente recurso, la parte Peticionaria nos alega que 

abusó de discreción el foro primario al eliminarle las alegaciones. 

Señala que, de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil y 

su jurisprudencia aplicable, el foro a quo le eliminó las alegaciones 

sin cumplir con el orden de prelación establecido en la Regla 39.2 

(a) de Procedimiento Civil, supra. Añade que la parte Recurrida no 

cumplió con la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, al no 

evidenciar los esfuerzos realizados para resolver las controversias 

relativas al descubrimiento de prueba.
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Por su parte, la Sra. Valderrama Figueroa sostiene que el 

Peticionario tardó más de un (1) año en contestar el requerimiento 

de admisiones, pero aún no ha contestado los interrogatorios y el 

requerimiento de producción de documentos. Señala que en ningún 

momento se solicitó que se dieran por admitidos el requerimiento de 

admisiones ya contestados. Arguye los incumplimientos con el 

descubrimiento de prueba por parte del Peticionario era dilatar los 

procedimientos. 

Según expusimos, cuando una parte incumple con las 

órdenes del tribunal, está sujeta a la imposición de sanciones. A 

esos fines, la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, supra, faculta al foro 

primario a emitir sanciones, tales como la eliminación total o parcial 

de las alegaciones. No obstante, nuestro ordenamiento requiere que, 

antes de emitir una sanción tan severa como lo es la eliminación de 

las alegaciones, el foro primario tiene que ejecutar el orden de 

prelación que establece la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 

supra, esto es:

Primero, el tribunal tiene que apercibir de la situación 

a la representación legal de la parte y concederle la 

oportunidad para responder. Si el representante legal 

no responde al apercibimiento, el tribunal le impondrá 

sanciones y le notificará directamente a la parte sobre 

el asunto. Una vez que la parte haya sido informada o 

apercibida de la situación y de las consecuencias que el 

incumplimiento conlleva, deberá corregirla dentro del 

término que el tribunal de instancia le conceda. El plazo 

conferido será razonable y, salvo que las circunstancias 

del caso lo justifiquen, no será menor de treinta días. Si 

la parte no toma acción correctiva al respecto “nunca se 

podrá querellar, ante ningún foro, de que se le despojó 

injustificadamente de su causa de acción y/o 

defensas.” Cumplido este trámite, el tribunal se 

encontrará en posición para imponer la sanción que 

corresponda. Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc. 

v. Lunor, Inc. y otros, supra.

Como bien nos alega la parte aquí Peticionaria, en el presente 

caso el foro primario no cumplió con el orden de prelación 

establecido en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, antes 

de imponer la severa sanción de la eliminación de las alegaciones a 
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dicha parte. Aun cuando quedó demostrado que el Peticionario ha 

incumplido con los términos provistos por el foro a quo para 

completar los requerimientos sobre el descubrimiento de prueba 

cursado por la parte Recurrida, no avistamos en el expediente 

justificación suficiente para la eliminación de las alegaciones en 

esta etapa. 

El efecto de la eliminación de las alegaciones es la muerte 

procesal de pleito. Por tal razón, es un requisito mandatorio del foro 

primario cumplir con la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra,

antes de dictar una sanción tan extrema. Ello no significa que la 

parte Peticionaria tiene carta abierta para incumplir con las órdenes 

emitidas, pues es deber de los litigantes ser diligentes y proactivos 

al tramitar los casos. Véase Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, supra. Aunque reconocemos que los foros apelativos 

“estamos llamados a inclinarnos a decretar las consecuencias de la 

rebeldía cuando el tribunal ordena la eliminación de las 

alegaciones”, estas deben darse en el marco de lo que es justo, “y la 

ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de discreción”. Véase 

Mitsubishi Motors Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, 

supra.

En el caso de autos, la Recurrida presentó en dos ocasiones 

mociones al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, supra, en 

las que solicitó que se le impusiera al Peticionario la sanción de la 

eliminación de las alegaciones, ante los incumplimientos con las 

órdenes del tribunal. Sin embargo, el expediente demuestra que el 

foro primario le eliminó las alegaciones, sin haber notificado a la 

parte de los incumplimientos del representante legal y de los 

apercibimientos de los términos finales concedidos para contestar 

los requerimientos del descubrimiento de prueba. Tampoco surge 

del expediente que el foro primario impuso sanciones económicas o 

cualquier otra medida correctiva antes de imponer la sanción de la 
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eliminación de las alegaciones. Por tales razones, somos del criterio 

que erró el foro primario al decretar la eliminación de las alegaciones 

a la parte Peticionaria. El foro primario deberá cumplir con lo 

requerido en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, y solo 

si la parte Peticionaria no tomara acción correctiva al respecto, 

procederá la sanción de la eliminación de las alegaciones. 

IV.

Por lo fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, 

devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones