Númer o Identi ficador S EN 2 0 2 3

__________ __ ___

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII
MARCOS DÍAZ APONTE
Recurr ente

v. D E P ARTA MEN TO. DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN
Recurr ido KLRA20 2 200 662 R evisión Admi ni s trativa

Caso Número: F1

- 283

- 22

S obre: Solicit ud de Remedio Administrativo

Pa n el integrado po r s u president a , la Juez Ortiz Flores , la Juez Brignoni M ártir y el Juez Candelaria Rosa

.
Ortiz F lores, Juez Ponente

SE NTENCIA En Sa n Juan, Puerto Rico, a 30 de enero d e 20 2 3

. E l señor Marc os Díaz Apon te ( Sr. Díaz Apo nte o recur rente)
solicita nuestra intervención para que revoquemos la Res puesta en Reconsideraci

ón emitida el 1 4 de octubre de 20 22 por la División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación ( DCR o recurrid o)

. En esencia, m ediante el referid o
pr onunciamiento, el DCR determinó que no procedía la solicitud instada por el recurrente para que se aplicaran la s bonificac io n es adicionales por trabajo y estudio al cómputo mínim o de veinticinco (25) a ños naturales de

su sentencia . Este término corresponde a la pena mín ima que e l
recurrente extingue por una condena de noventa y nueve (99) años , por la
violaci ón del Artículo 83 del Código P enal de 1974 , Asesinato en Primer Grado

. E xaminado s los argumentos del recurrente , los documentos anejados a l recurso y, a la luz del derecho aplicable , resolvemos
confirmar el dictamen recur r ido

. IKLRA20 2 200 662 2 La causa de epígrafe se inici ó el 30 de agosto de 2022, ocasión en que el recurrente presentó una Solicitud de Re medio Administrativo , an te la División de Remedios Administrativo s del DCR

. 1 En síntesis, c uestionó
que e l recurrido adjudicara las bonificaciones al máximo y n o al mínimo
de su sentencia , a sí c omo que n o haya utilizado el Reglamento de bonificación por buena conducta, trabajo, e st udio y servicio s excepcio nalmente meritorios de 30 de abril de 201 0 ( R eglame nto de 2010)

. E l DCR emitió una R espuesta de seguimiento al miembro de la población correccional

. 2 E n el formulario se explicó que los sentenciados

a no venta y nueve (99) a ños po r el del ito de Asesinato en Primer Grado
les aplica el mínimo de vei nticinco (25) años naturales. Por entender que
la determinación no fue responsiva, in terpuso una opo rtuna Solicitud de
Reconsideración

. 3 El 14 de octubre de 2022, el DCR d enegó la petición , y consignó l a siguient e explicación : El Reglamento Inter

no de Bonificació n por Buena Conduc t a, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios del 30 de abril de 2010 , 13 noviembre 2015 y 28 octubre 2020 indica lo siguiente: Se excluyen de los a bonos por buena conducta to da convicción que dispone una pena de reclusión de 99 años; reincidencia agravada, reincidencia habitual; multa o a ñ os naturales conforme a los códigos p enales 1974, 2004, etc. Adicional, el Art. IX , Normas Concesión Abonos Adici onales , informa que la b oni ficación adicional afectar [á] tanto el mínimo co mo el máximo de cada sentencia. Pero en el caso de sentenciados por Asesinato Primer Grado s o lo serán acreedores de bonificación adicional en el máximo de la sentencia. Cabe señalar que, en la Reglamenta ci ó n [de la ] Junta [de] Libertad Bajo Palabra, el d elito [de] Asesinato [en] Primer Grado será evaluado cuando haya cumplido 25 años naturales.
In conforme con el dictamen administrativo, el Sr. Díaz Aponte present ó un recurso de cer tiorari ante nos otros , que acogem os como un recurso de revisión judicial , en el cual esbozó los sigu ientes
señalamientos de error:

1 Véase, Anejo A

. E l recurre nte ya habí a instado ante este foro intermedio sendas petici o n es similar es en los caso s KLRA201600795 , Sentencia de 30 de septiembre de 2016 ; y KLRA201 7 0 0 156 , Sentencia de 21 de abril de 2017. 2 Véase, A nejo B. 3 Véase, Anej o C.KLRA20 2 2 00 662 3
E rró la parte recurrida la Sra. Brenda Alvarado Pagán , t écnica de r é co r d I nstitución P once Mínima a la R espuesta de R e m edio A d mi nistra t ivo F 1

- 283

- 22 al denegar las b o ni ficaciones correspondientes seg ú n el R egla m ento d e B oni f icaciones por Buena C onducha, T rabajo , E

s t udio y Servicios Exc e

pcional m ente M eri t

orio s de 30 de a bril de 2010

. Err ó la recurrida por conducto de l a c [ o ] ord inadora J oan M ariani O r ti z al no acatar d e p lano e l dictamen e mitido por el T ribunal Apelati vo en el caso núm. K L R A

- 201600099 donde se u t iliz ó co m o re f erencia para que se resolviera el presente caso , [s] iendo el mismo de aplicabilidad al aquí peticionario.
Err ó la recurrida y la c [ o ] ordinadora J oa n M ariani O r ti z , B renda A l va r ado Pagán, t é cnic a d e r é co r d y la e valuadora Maritza Valentín Lugo  ̈[;] am bas violentar o n la regla m en t ación que a plica b a en dicho c aso, las leyes a plicables , a s í co m o las secciones uno y s ie t e de la Cons t it u ción de P ue r to Rico en s u C arta de D erecho s , igual pro t e [ c ] c ión de l a s le y es y el discrimen

. Err ó la recur r ida por cond u cto de la té cnica de r é cord penal al c o m putar en la hoja de liquidación de sen t encia 99 años a c u m pl ir en años na turales , C ó digo Penal 1974

. L uego de evalua r la Declaración en Apoyo de Solici tud para Litigar

c omo Indigente , suscrita el 7 de noviembre de 2022 , 4 este tribunal autoriza la litigación in forma pauperis

. Asimismo, como se sabe, p or virtud de la Regla 7 (B ) (5) del Reglamento d el Tribunal de Apelacio n es, este foro revisor puede “ prescindir de términos no jurisdiccio nales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos ” , “ con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho

. ” 4 LPRA Ap. XXII

- B , R. 7 (B) (5).
Ello a sí , eximimos a l DCR de p resentar su postura

. I I
A Este Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para la revisión judicial de las determinaciones finales administrativas emitidas por las agencias, de conf ormidad con la Ley de Procedi miento Administrativo Uniforme del Gobierno d e Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LP R A sec. 9601 et seq

. La revisión judicial de las
determinaciones finales administrativas se estatuye e n la Sección 4.5 de la LPAUG , que dispone lo s iguiente sobre nuestro alcance:

4 El expediente co n tiene un Recibo de Formulario o Correspondencia Privilegiada fech ado el 8 de noviembre de 2022

.KLRA20 2 200 662 4 El tribunal p odrá conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un remedio

. Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en ev idencia sustancial que obra en el expediente a dministrativo

. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 9675. (Énfasis nuestro.) Es sabido que los procedimientos y las decisiones de los organismos admi nistrativos están cobijados por una presunció n de regularid ad y corrección . La norma general es que “las decisiones que emiten las agencias de gobierno merecen una amplia deferencia y respeto , ya que estas poseen una vasta experiencia y un conocimiento
esp ecializado sobre los asuntos que por ley se l e s ha delegado .” JP Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009 ) (Énfasis nuestro.) A tenor de lo anterior, “las determinaciones de hechos de una agencia se sostendrán si se fundamentan en evi dencia sustancial que obre en el expediente a d ministrati vo. ” I d

. , a las págs. 186

- 187. En cuanto a las conclusiones de derecho, e stas serán revisables en todos sus aspectos por el foro apelativo

. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella , 17 5 DPR 464, 469 (2009)

. Ahora bien , los foros judiciales tampoco po d emos descarta r liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la agencia de las leyes y reglamentos que administran

. L a revisión judicial no
sustituirá de forma automática el criterio e interpretación del organismo
administrativo. Al respecto, n uestr o más Alto For o ha ex p resado que la revisión judicial de las interpreta ciones que realiza una agencia sobre los reglamentos y las leyes que administran merecen gran peso por parte de
los tribunales. “ Esta defere ncia tiene origen en el axioma que nos impide soslayar que son las agencias las que poseen la experiencia y el conocimiento especia lizado acerca de los asuntos que se le han
encomendado. ” Vargas Serrano v. Inst. Correccional , 198 D P R 230 , 237 (2017). Por e llo, al revisar las decisiones de las agencia s , “ el criteri oKLRA20 2 2 00 662 5

rector que debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación,
aunque e sta no tiene que ser la única o la más razonable

. ” Íd

. Aun en los casos dudosos, y aun cuando pueda haber una i nterpretación distinta, “la
determinación de l a agencia mer ece deferencia sustancial” . 177 DPR, a la pág. 187. A es os efectos, l a deferencia y presunción de corrección de la determinación administrativa únicamente se descartará cuando no
exista fundamento racional que justifique el dictamen impugnado

. Rolón Martín ez v. Caldero López, 201 DPR 26, 36 (2018).
B
La Exposición de Motivos de l Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación Núm. 2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII (Plan Núm. 2

- 2011 ), entre otros objetivos, aspi ra a fomenta r l o s procesos de rehabilitación moral y social del m iembro de la población
correccional , a fin de lograr su reincorporación a la sociedad

. A esos fines, regula la aplicación de bonificaciones por buena conducta, e studio, trabajo y servicios. E n virtud del Pl a n Núm. 2

- 2011 , el Secretario del DCR promulgó el Reglamento interno de bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios , de 28 de octubre
de 2020 (Reglamento de 2020 )

. E n lo pertinen te a las cuest iones planteadas, luego de d escribir la
forma de aplica r las bonificaciones por estudio , trabajo o servicio s , 5 e l Artículo 12 del Plan Núm. 2

- 2011 , 3 LPRA Ap . XVIII, Art

. 12, establece
que “ [a] toda pers ona sentenciada a cumplir pena de reclusión por
hechos cometidos con a n terioridad a [. . .] la vigencia del Código
Penal de Puerto Rico de 2004 [. . .] el Secretario podrá conceder
bonificaciones

. ” (Énfasis nuestro.) Añade tambié n la disposición que

“ todo miembro de la población c orreccional sentenciado a la pena de

5 E l ordenamiento define e l término bo nificación como “la rebaja del término de la sentencia de un miembro de la po blación correccional conforme al Plan de Reor ganización Núm. 2

- 2011 , según en mendado ” ; mientras que la frase b onificación a dicional se define como “ los abonos concedido s por el Co mité de Clasificación y Tratamiento a l miembro de la población correccional p or [. . .] trabajo y estudios realizados

. ” Re fiérase a l Art. IV (1) (2) del Reglamento de 2020 , Reglamento interno de bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 28 de octubre de 20 20

.KLRA20 2 200 662 6

noventa y nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989 [. . .] será bonificado a tenor con lo dispuesto en este Artículo ”

. (Énfasis nuestro

. )
Ello así po rque , c omo norma general, l a bonificación adicional incide tanto

a l mínimo como a l máximo de la sentencia

. En armonía con lo anterior, el inciso (9) de l Artículo VIII , Abonos
Adicionales , del Reglamento de 2020 concede a todo miembro de la población correccional sentenciado a cumplir pena de reclusión por
hechos cometi dos con anterioridad a [. .

. ] la vigencia de l Código
Penal de Puert o Rico de 2004 y el Código Penal de 2012 , el derecho a recibir bonificaciones por estudio y trab ajo conforme lo establece el
Plan Núm. 2

- 2011. Esta bonificación será acreditada o rebajada al mínimo y máximo de la sentencia en aquello s casos que legalmente corresponda

. No obstante, el inciso ( 1) del Artículo IX de l Reglamento de
2020 , Normas para la C oncesión de A bonos A dicionales , distingue a los
conf inados sentenciados por A sesinato en Pri mer Grado después de 20
d e julio de 1989. E st o s únicamente serán acreedores de la bonificación adicional por estudio, trabajo o servicio al máximo de la
sentencia

. E n aq uella parte que nos atañ e , la disposici ón estab l ece : La bonificación adiciona l afectará tanto el mínimo como el máximo de cada sente n cia. En el caso de miembros de la población correccional sentenciados por el delito de Asesinato en Primer Grado luego del 20 de julio de 1989, s o lo se rán acreedores de bonificación adicional al máxim o de la se ntencia

. El mínimo de sentencia en estos cas o s bajo el Código Penal de 1974 y 2004, corresponde a veinticinco (25) años naturales si la persona hubiera sido adulta al momento de la comisión del del ito y diez (10) años como menor y exclusivamente para efec tos de referido ante la Junta de Libertad Baj o Palabra. [. . .] (Énfasis nuestro.)
Cónsono con e ste último párraf o , el Artículo 3 de la Ley Nú m. 118
de 22 de julio de 1974, Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra , 4 LPRA

sec. 1503 (Ley Núm . 118) , dispon e en el inciso (a) (1) que “[s]i la persona
h a sido convicta de delito grave de primer grado o se ha determinado reincidencia habitual, puede ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir veinticinco (25) años naturales de su sentencia , oKLRA20 2 2 00 662 7

diez (10) años naturales, si se tra ta de un menor proc e sado y sentenciado
como adulto. ” (Énfasis nuestro.) Cabe destacar que el criterio del mínimo
de la sentencia de veinti cinco ( 25 ) años naturales en la s convicciones por delitos grave s de primer grado, como lo es e l A sesinato en P rimer G rado , provee para qu e , c umplido el término, la Junta de Libertad B ajo Pala b ra adquiera jurisdicción sobre la persona confinada y pueda evaluar si le concede o no el privilegio . Este criterio es independiente de aquellos
establecido s en el Plan Núm. 2

- 2011 , en la aplicación de las
bonificaciones.
III En la presente causa, el Sr. Díaz Aponte aduce que el DCR incidió
al no a creditar bonificaciones por estudio, trabajo y servicio s al mínimo de veinticinco (25) años naturales de la sente ncia que extingue por Asesinato en Primer Gra d

o . Alega, además, que le aplica el Reglamento de 2010 , el
cual antecede la puesta en vigor del Plan Núm. 2

- 2011 , hoy vigente

. Sobre la reglamentación aplicable al caso del recurrente, e s meritorio recalcar que el Sr. D ía z Aponte instó su Solicitud de Re m e dio
Administrativo el 30 de agosto de 2022 , por lo que es forzoso concluir que

e l R eglament o de 2020 es el que rige el procedimiento

. La reglamentación ha sido atempe rada a las enmiendas legislativas al Plan Nú m. 2

- 2011 y a la Ley Núm. 118 hasta la fecha d e su aprobación

. Además, e l Artículo II de l Reglamento de 2020 establece una aplicación general “ a toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusi ón

. ” 6

6 El Reglamento de 202 0 derog ó a su homónim o de 3 de junio de 201 5 , el cual, a su vez, derog ó el Regl

amento de bonificación po r buena conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 10 de diciembre de 2013 . Este último fue el que derogó el Reglamento de 20 10

. Nótese q ue e st e últim o es la única reglam entación previa al Plan Núm. 2

- 2011

. Asimismo, a l Sr. Díaz Aponte no le asiste la razón cuando afi rma que e n el caso Jorge Ma rín Robles v. Departamento de Corrección y Rehabilitación , KLRA201600099 (Anejo E ) , s e aplicó el Reglamento de 2010

. De una lectur a a la pági na 9 del dictamen se desprende que el re c urrente de ese caso instó su solicit ud el 13 de noviembre de 2015, cuando ya había entrado en vigo r el Reglamento inter no de bonificación por buena conducta, t

rabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 3 de junio de 2015. Cabe resal tar , además, que el recurrente de ese caso , entre otras condenas, fue convicto con una pena de noventa y nueve (99) a ños de reclusión por infringir el Artículo 99 del Código Penal de 1974, Violación , no el de Ase sinato e n P rimer Grado como el Sr. Díaz Aponte

. Debido a que la r eglamentación no exclu í a el delito de Violación , entonces, a ese recurrente le aplic ó la bonificación adicional tanto al mínimo como al máximo de su sentencia

. A demás, a diferencia del Sr. Dí az Aponte, cuyo mínimo de la sentencia esKLRA20 2 200 662 8 En este caso, p or hechos acontecidos el 14 de mayo de 1999, 7 un jurado emitió un ver e dicto de c ulpa b ilidad contra e l Sr. Díaz Aponte por infringir los Artículos 6 (GLA 1999G0262 , cuatro años concurrentes los dos
cargos ) y 8 ( GLA1999G0259 , cinco años concurrentes los dos car gos ) de
la derogada Ley de A rmas de 1 9 de enero de 1951 , 8 así como por l a violación al Artíc ul o 83 del Código P ena l de 1974 ( GVI19 99 G0050 , noventa y nueve años ). 9 E l recurrente f ue sentenciado e l 23 de
diciembre de 1999 a cumplir las condenas de manera consecutiva

. Actualment e , continúa confi nado bajo la custodia del DCR, donde extingu e la sentencia de nov enta y nueve (99) años de reclusión , por la comisión del delito de A sesinato en P rimer G rado

. De conformidad con la Hoja Control sobre Liquidación de Sentencia , l a pena mínima de
veinticinco (25) años naturales por e ste delito se cumpl ir á el 2 9 de mayo
de 2027

. 10
Tal c omo reseñam os, el A rtículo 12 del Plan Núm. 2

- 2011
esta blece el proceso para las bonificaciones por trabajo, estudio o
servicios. 11 Estos privilegios aplica n a l recurrente, quien f ue sentenciad o por hechos cometidos con anteri oridad a la vigencia del Códig o Penal de
20 04. Ahora, el Reglamento de 2020 especifica que los mie mbros de la población correccional sentenciados por el delito de Asesinato en Primer Grado luego de 20 de julio de 1989 s o lo serán acreedores de la
bonificaci ón adicional al máximo de su s en tencia

. La razón es que la pena mínima de este delito es de veinticinco (25) años naturales

. Por lo tanto, e n estos casos no se aplican las bo n ificaciones adicionales al

veinticinco (25) años nat urales , el mínimo de la sentenci a del recurrente del caso citado era de cuarenta y nueve y medio ( 49.5) años ; véase, la p ágina 10 del dictam en

. 7 Tomamos conocimiento judicial de la S enten cia del caso El Pueblo de Puerto Rico v. Marcos Díaz Aponte y Héctor Correa Green , KLAN200000064, KLAN2000000 80 dictada el 21 de junio de 2001. 8 L as sanciones penales máximas por la s infracciones a l os Artículo s 6 y 8 de Ley de Armas vigente a los hechos , cumplid as consecutiva mente entre sí y con el del ito de Asesinato en Primer Grado , fueron extinguidas e l 11 d e ju lio de 2002 y 29 de en ero de 2005 , respectiva mente

. Véase, Anejo F. 9 Además , se le condenó por re incidencia

. 10 Véase, Ane jo F.
11 El Artículo 1 1 del Plan N úm. 2

- 2011 , 3 LPRA Ap . XVIII, Art

. 1 1, atiende la bonificación por buena conducta, inaplicable al caso de autos ya que exclu ye las condenas que aparejen sentencias de noventa y nueve (99) años de rec lusión

.KLRA20 2 2 00 662 9

mínimo d e la sentencia . De esta forma , no se transgred e el término de veinticinco (25) años natur ales que e l miembro de la población

c orreccional est á c o mpelido a extinguir como mínimo, previo a que pueda
ser referido ante la Junta de Libertad Bajo Palabra

. Es dec ir, para solicitar el privilegio de libertad b ajo palabra, el recurrente deber á extinguir la condena de veinticinco (25) años naturales para que la Junta de Libertad Bajo Palabra pueda asumir jurisdicción sobre su persona y evaluar su elegibilidad

. A la lu z de lo anterior, concluimos que el DCR no com etió los

errores señalados

. Por las disposici o n es legal es y reglamentaria s antes
dis cutidas, el DCR est á impedido de acreditar las boni f i caciones adicionales de estudio, trabajo y servicios al mínimo de la sent encia impuesta a l recurrente.
IV
Por los fun damento s antes exp uestos, se confirma la Respuesta de
Recon sideración recurrida.
Lo acordó el Tribuna l, y lo c e rt i fi c a la Secretari a del Tribunal de Ape lacione s.

L c da. Lilia M. Oquendo Sol ís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones