Número Identificador

SEN2023_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

MARCOS DÍAZ APONTE

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO. DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202200662

Revisión Administrativa

Caso Número:

F1-283-22

Sobre: Solicitud de 

Remedio

Administrativo

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 

Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Ortiz Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

El señor Marcos Díaz Aponte (Sr. Díaz Aponte o recurrente)

solicita nuestra intervención para que revoquemos la Respuesta en 

Reconsideración emitida el 14 de octubre de 2022 por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR o recurrido). En esencia, mediante el referido

pronunciamiento, el DCR determinó que no procedía la solicitud instada 

por el recurrente para que se aplicaran las bonificaciones adicionales por

trabajo y estudio al cómputo mínimo de veinticinco (25) años naturales de

su sentencia. Este término corresponde a la pena mínima que el 

recurrente extingue por una condena de noventa y nueve (99) años, por la 

violación del Artículo 83 del Código Penal de 1974, Asesinato en Primer 

Grado.

Examinados los argumentos del recurrente, los documentos 

anejados al recurso y, a la luz del derecho aplicable, resolvemos 

confirmar el dictamen recurrido. 

I
KLRA202200662 2

La causa de epígrafe se inició el 30 de agosto de 2022, ocasión en 

que el recurrente presentó una Solicitud de Remedio Administrativo, ante 

la División de Remedios Administrativos del DCR.

1 En síntesis, cuestionó

que el recurrido adjudicara las bonificaciones al máximo y no al mínimo

de su sentencia, así como que no haya utilizado el Reglamento de 

bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios

excepcionalmente meritorios de 30 de abril de 2010 (Reglamento de 

2010).

El DCR emitió una Respuesta de seguimiento al miembro de la 

población correccional.

2 En el formulario se explicó que los sentenciados 

a noventa y nueve (99) años por el delito de Asesinato en Primer Grado

les aplica el mínimo de veinticinco (25) años naturales. Por entender que 

la determinación no fue responsiva, interpuso una oportuna Solicitud de 

Reconsideración.

3 El 14 de octubre de 2022, el DCR denegó la petición, y

consignó la siguiente explicación:

El Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta,

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios

del 30 de abril de 2010, 13 noviembre 2015 y 28 octubre 

2020 indica lo siguiente: Se excluyen de los abonos por 

buena conducta toda convicción que dispone una pena de 

reclusión de 99 años; reincidencia agravada, reincidencia 

habitual; multa o años naturales conforme a los códigos 

penales 1974, 2004, etc. Adicional, el Art. IX, Normas 

Concesión Abonos Adicionales, informa que la bonificación 

adicional afectar[á] tanto el mínimo como el máximo de cada 

sentencia. Pero en el caso de sentenciados por Asesinato 

Primer Grado solo serán acreedores de bonificación 

adicional en el máximo de la sentencia. Cabe señalar que, 

en la Reglamentación [de la] Junta [de] Libertad Bajo 

Palabra, el delito [de] Asesinato [en] Primer Grado será 

evaluado cuando haya cumplido 25 años naturales.

Inconforme con el dictamen administrativo, el Sr. Díaz Aponte 

presentó un recurso de certiorari ante nosotros, que acogemos como un

recurso de revisión judicial, en el cual esbozó los siguientes 

señalamientos de error:

1 Véase, Anejo A. El recurrente ya había instado ante este foro intermedio sendas

peticiones similares en los casos KLRA201600795, Sentencia de 30 de septiembre de 

2016; y KLRA201700156, Sentencia de 21 de abril de 2017.

2 Véase, Anejo B.

3 Véase, Anejo C.
KLRA202200662 3

Erró la parte recurrida la Sra. Brenda Alvarado Pagán,

técnica de récord Institución Ponce Mínima a la Respuesta 

de Remedio Administrativo F1-283-22 al denegar las 

bonificaciones correspondientes según el Reglamento de

Bonificaciones por Buena Conducha, Trabajo, Estudio y 

Servicios Excepcionalmente Meritorios de 30 de abril de 

2010. 

Erró la recurrida por conducto de la c[o]ordinadora Joan 

Mariani Ortiz al no acatar de plano el dictamen emitido por el

Tribunal Apelativo en el caso núm. KLRA-201600099 donde 

se utilizó como referencia para que se resolviera el presente 

caso, [s]iendo el mismo de aplicabilidad al aquí peticionario.

Erró la recurrida y la c[o]ordinadora Joan Mariani Ortiz, 

Brenda Alvarado Pagán, técnica de récord y la evaluadora

Maritza Valentín Lugo ̈[;] ambas violentaron la 

reglamentación que aplicaba en dicho caso, las leyes 

aplicables, así como las secciones uno y siete de la 

Constitución de Puerto Rico en su Carta de Derechos, igual 

prote[c]ción de las leyes y el discrimen.

Erró la recurrida por conducto de la técnica de récord penal 

al computar en la hoja de liquidación de sentencia 99 años a 

cumplir en años naturales, Código Penal 1974.

Luego de evaluar la Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar

como Indigente, suscrita el 7 de noviembre de 2022,

4 este tribunal 

autoriza la litigación in forma pauperis. Asimismo, como se sabe, por 

virtud de la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

este foro revisor puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, 

escritos, notificaciones o procedimientos específicos”, “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 

Ello así, eximimos al DCR de presentar su postura.

II

A

Este Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para la revisión 

judicial de las determinaciones finales administrativas emitidas por las 

agencias, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38 de 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. La revisión judicial de las 

determinaciones finales administrativas se estatuye en la Sección 4.5 de 

la LPAUG, que dispone lo siguiente sobre nuestro alcance: 

4 El expediente contiene un Recibo de Formulario o Correspondencia Privilegiada 

fechado el 8 de noviembre de 2022.
KLRA202200662 4

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 9675. (Énfasis 

nuestro.)

Es sabido que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. La norma general es que “las decisiones que 

emiten las agencias de gobierno merecen una amplia deferencia y 

respeto, ya que estas poseen una vasta experiencia y un conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se les ha delegado.” JP Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009) (Énfasis 

nuestro.)

A tenor de lo anterior, “las determinaciones de hechos de una 

agencia se sostendrán si se fundamentan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo.” Id., a las págs. 186-187. En cuanto 

a las conclusiones de derecho, estas serán revisables en todos sus 

aspectos por el foro apelativo. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 

DPR 464, 469 (2009). Ahora bien, los foros judiciales tampoco podemos 

descartar liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

de las leyes y reglamentos que administran. La revisión judicial no 

sustituirá de forma automática el criterio e interpretación del organismo 

administrativo. Al respecto, nuestro más Alto Foro ha expresado que la 

revisión judicial de las interpretaciones que realiza una agencia sobre los 

reglamentos y las leyes que administran merecen gran peso por parte de 

los tribunales. “Esta deferencia tiene origen en el axioma que nos impide

soslayar que son las agencias las que poseen la experiencia y el 

conocimiento especializado acerca de los asuntos que se le han 

encomendado.” Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 

(2017). Por ello, al revisar las decisiones de las agencias, “el criterio 
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rector que debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

aunque esta no tiene que ser la única o la más razonable.” Íd. Aun en los 

casos dudosos, y aun cuando pueda haber una interpretación distinta, “la 

determinación de la agencia merece deferencia sustancial”. 177 DPR, a la 

pág. 187. A esos efectos, la deferencia y presunción de corrección de 

la determinación administrativa únicamente se descartará cuando no 

exista fundamento racional que justifique el dictamen impugnado.

Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 36 (2018).

B

La Exposición de Motivos del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación Núm. 2 de 2011, 3 LPRA 

Ap. XVIII (Plan Núm. 2-2011), entre otros objetivos, aspira a fomentar los 

procesos de rehabilitación moral y social del miembro de la población 

correccional, a fin de lograr su reincorporación a la sociedad. A esos 

fines, regula la aplicación de bonificaciones por buena conducta, estudio, 

trabajo y servicios. En virtud del Plan Núm. 2-2011, el Secretario del DCR 

promulgó el Reglamento interno de bonificación por buena conducta, 

trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios, de 28 de octubre 

de 2020 (Reglamento de 2020).

En lo pertinente a las cuestiones planteadas, luego de describir la 

forma de aplicar las bonificaciones por estudio, trabajo o servicios,

5 el 

Artículo 12 del Plan Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 12, establece

que “[a] toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión por 

hechos cometidos con anterioridad a [. . .] la vigencia del Código 

Penal de Puerto Rico de 2004 [. . .] el Secretario podrá conceder 

bonificaciones.” (Énfasis nuestro.) Añade también la disposición que 

“todo miembro de la población correccional sentenciado a la pena de 

5 El ordenamiento define el término bonificación como “la rebaja del término de la 

sentencia de un miembro de la población correccional conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado”; mientras que la frase bonificación 

adicional se define como “los abonos concedidos por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento al miembro de la población correccional por [. . .] trabajo y estudios 

realizados.” Refiérase al Art. IV (1) (2) del Reglamento de 2020, Reglamento interno de 

bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente 

meritorios de 28 de octubre de 2020.
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noventa y nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989 [. . .] será 

bonificado a tenor con lo dispuesto en este Artículo”. (Énfasis nuestro.)

Ello así porque, como norma general, la bonificación adicional incide tanto 

al mínimo como al máximo de la sentencia.

En armonía con lo anterior, el inciso (9) del Artículo VIII, Abonos 

Adicionales, del Reglamento de 2020 concede a todo miembro de la 

población correccional sentenciado a cumplir pena de reclusión por 

hechos cometidos con anterioridad a [. . .] la vigencia del Código 

Penal de Puerto Rico de 2004 y el Código Penal de 2012, el derecho a 

recibir bonificaciones por estudio y trabajo conforme lo establece el 

Plan Núm. 2-2011. Esta bonificación será acreditada o rebajada al mínimo 

y máximo de la sentencia en aquellos casos que legalmente 

corresponda. No obstante, el inciso (1) del Artículo IX del Reglamento de 

2020, Normas para la Concesión de Abonos Adicionales, distingue a los 

confinados sentenciados por Asesinato en Primer Grado después de 20 

de julio de 1989. Estos únicamente serán acreedores de la 

bonificación adicional por estudio, trabajo o servicio al máximo de la 

sentencia. En aquella parte que nos atañe, la disposición establece:

La bonificación adicional afectará tanto el mínimo como el 

máximo de cada sentencia. En el caso de miembros de la 

población correccional sentenciados por el delito de 

Asesinato en Primer Grado luego del 20 de julio de 1989, 

solo serán acreedores de bonificación adicional al 

máximo de la sentencia.

El mínimo de sentencia en estos casos bajo el Código

Penal de 1974 y 2004, corresponde a veinticinco (25)

años naturales si la persona hubiera sido adulta al

momento de la comisión del delito y diez (10) años como 

menor y exclusivamente para efectos de referido ante la

Junta de Libertad Bajo Palabra. [. . .] (Énfasis nuestro.)

Cónsono con este último párrafo, el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 

de 22 de julio de 1974, Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 4 LPRA 

sec. 1503 (Ley Núm. 118), dispone en el inciso (a) (1) que “[s]i la persona 

ha sido convicta de delito grave de primer grado o se ha determinado 

reincidencia habitual, puede ser considerada para libertad bajo 

palabra al cumplir veinticinco (25) años naturales de su sentencia, o 
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diez (10) años naturales, si se trata de un menor procesado y sentenciado 

como adulto.” (Énfasis nuestro.) Cabe destacar que el criterio del mínimo 

de la sentencia de veinticinco (25) años naturales en las convicciones por

delitos graves de primer grado, como lo es el Asesinato en Primer Grado, 

provee para que, cumplido el término, la Junta de Libertad Bajo Palabra

adquiera jurisdicción sobre la persona confinada y pueda evaluar si le 

concede o no el privilegio. Este criterio es independiente de aquellos

establecidos en el Plan Núm. 2-2011, en la aplicación de las

bonificaciones.

III

En la presente causa, el Sr. Díaz Aponte aduce que el DCR incidió 

al no acreditar bonificaciones por estudio, trabajo y servicios al mínimo de 

veinticinco (25) años naturales de la sentencia que extingue por Asesinato 

en Primer Grado. Alega, además, que le aplica el Reglamento de 2010, el 

cual antecede la puesta en vigor del Plan Núm. 2-2011, hoy vigente. 

Sobre la reglamentación aplicable al caso del recurrente, es 

meritorio recalcar que el Sr. Díaz Aponte instó su Solicitud de Remedio

Administrativo el 30 de agosto de 2022, por lo que es forzoso concluir que 

el Reglamento de 2020 es el que rige el procedimiento. La 

reglamentación ha sido atemperada a las enmiendas legislativas al Plan 

Núm. 2-2011 y a la Ley Núm. 118 hasta la fecha de su aprobación. 

Además, el Artículo II del Reglamento de 2020 establece una aplicación

general “a toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión.”

6

6 El Reglamento de 2020 derogó a su homónimo de 3 de junio de 2015, el cual, a su vez, 

derogó el Reglamento de bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios 

excepcionalmente meritorios de 10 de diciembre de 2013. Este último fue el que derogó 

el Reglamento de 2010. Nótese que este último es la única reglamentación previa al 

Plan Núm. 2-2011. 

Asimismo, al Sr. Díaz Aponte no le asiste la razón cuando afirma que en el caso Jorge 

Marín Robles v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201600099 (Anejo 

E), se aplicó el Reglamento de 2010. De una lectura a la página 9 del dictamen se 

desprende que el recurrente de ese caso instó su solicitud el 13 de noviembre de 2015, 

cuando ya había entrado en vigor el Reglamento interno de bonificación por buena 

conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 3 de junio de 2015.

Cabe resaltar, además, que el recurrente de ese caso, entre otras condenas, fue

convicto con una pena de noventa y nueve (99) años de reclusión por infringir el Artículo 

99 del Código Penal de 1974, Violación, no el de Asesinato en Primer Grado como el Sr. 

Díaz Aponte. Debido a que la reglamentación no excluía el delito de Violación, entonces, 

a ese recurrente le aplicó la bonificación adicional tanto al mínimo como al máximo de su 

sentencia. Además, a diferencia del Sr. Díaz Aponte, cuyo mínimo de la sentencia es 
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En este caso, por hechos acontecidos el 14 de mayo de 1999,7 un 

jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra el Sr. Díaz Aponte por 

infringir los Artículos 6 (GLA1999G0262, cuatro años concurrentes los dos 

cargos) y 8 (GLA1999G0259, cinco años concurrentes los dos cargos) de 

la derogada Ley de Armas de 19 de enero de 1951,

8 así como por la 

violación al Artículo 83 del Código Penal de 1974 (GVI1999G0050, 

noventa y nueve años).9 El recurrente fue sentenciado el 23 de 

diciembre de 1999 a cumplir las condenas de manera consecutiva. 

Actualmente, continúa confinado bajo la custodia del DCR, donde

extingue la sentencia de noventa y nueve (99) años de reclusión, por la 

comisión del delito de Asesinato en Primer Grado. De conformidad con la 

Hoja Control sobre Liquidación de Sentencia, la pena mínima de 

veinticinco (25) años naturales por este delito se cumplirá el 29 de mayo 

de 2027.

10

Tal como reseñamos, el Artículo 12 del Plan Núm. 2-2011 

establece el proceso para las bonificaciones por trabajo, estudio o 

servicios.11 Estos privilegios aplican al recurrente, quien fue sentenciado

por hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 

2004. Ahora, el Reglamento de 2020 especifica que los miembros de la 

población correccional sentenciados por el delito de Asesinato en Primer 

Grado luego de 20 de julio de 1989 solo serán acreedores de la 

bonificación adicional al máximo de su sentencia. La razón es que la 

pena mínima de este delito es de veinticinco (25) años naturales. Por lo 

tanto, en estos casos no se aplican las bonificaciones adicionales al 

veinticinco (25) años naturales, el mínimo de la sentencia del recurrente del caso citado 

era de cuarenta y nueve y medio (49.5) años; véase, la página 10 del dictamen.

7 Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia del caso El Pueblo de Puerto Rico v. 

Marcos Díaz Aponte y Héctor Correa Green, KLAN200000064, KLAN200000080 dictada 

el 21 de junio de 2001.

8 Las sanciones penales máximas por las infracciones a los Artículos 6 y 8 de Ley de 

Armas vigente a los hechos, cumplidas consecutivamente entre sí y con el delito de 

Asesinato en Primer Grado, fueron extinguidas el 11 de julio de 2002 y 29 de enero de 

2005, respectivamente. Véase, Anejo F.

9 Además, se le condenó por reincidencia.

10 Véase, Anejo F.

11 El Artículo 11 del Plan Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 11, atiende la bonificación 

por buena conducta, inaplicable al caso de autos ya que excluye las condenas que 

aparejen sentencias de noventa y nueve (99) años de reclusión.
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mínimo de la sentencia. De esta forma, no se transgrede el término de 

veinticinco (25) años naturales que el miembro de la población 

correccional está compelido a extinguir como mínimo, previo a que pueda 

ser referido ante la Junta de Libertad Bajo Palabra. Es decir, para solicitar 

el privilegio de libertad bajo palabra, el recurrente deberá extinguir la 

condena de veinticinco (25) años naturales para que la Junta de Libertad 

Bajo Palabra pueda asumir jurisdicción sobre su persona y evaluar su 

elegibilidad. A la luz de lo anterior, concluimos que el DCR no cometió los 

errores señalados. Por las disposiciones legales y reglamentarias antes 

discutidas, el DCR está impedido de acreditar las bonificaciones 

adicionales de estudio, trabajo y servicios al mínimo de la sentencia 

impuesta al recurrente.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Respuesta de

Reconsideración recurrida.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones