Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

MOCA ECO PARK 

CORPORATION 

Peticionario

V. 

MUNICIPIO DE 

VILLALBA, ET AL.

Recurrida

KLCE202400382

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia

Ponce

Caso Núm:

J CD2014-0176

Sobre:

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2024.

El 3 de abril de 2024, Moca Eco Park (MEP o peticionaria) 

compareció ante nos mediante un Escrito de Certiorari y solicitó la 

revisión de una Resolución que se dictó el 4 de marzo de 2024 y se 

notificó el 12 de marzo de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI 

denegó la Moción Urgente para que se Ordene el Pago de la Sentencia

[...] que presentó la peticionaria ya que no se ajustaba a los 

preceptos y lineamientos de la Ley Núm. 66-2014, según 

enmendada, mejor conocida como Ley Especial de Sostenibilidad 

Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 9101 nota (Ley Núm. 66-2014).

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari y confirmamos el dictamen 

recurrido en cuanto a que no procede la ejecución de la sentencia 

conforme lo dispone la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., R.51 y modificamos a los efectos de que se celebre una vista 

evidenciaria para que se cumpla con lo establecido en el Art. 29 de

la Ley Núm. 66-2014, supra. 
KLCE202400382 2

I.

El 25 de febrero de 2014, MEP presentó una Demanda sobre 

cobro de dinero en contra del Municipio de Villalba (Municipio) y su 

alcalde, el Sr. Luis Javier Hernández (en conjunto, los recurridos).1

En síntesis, reclamó la suma de $125,000.00 por concepto de unos 

servicios que le proveyó al Municipio de procesamiento, trituración, 

almacenamiento de material vegetativo, más intereses, costas y 

honorarios de abogado. 

Posteriormente, las partes llegaron a una Estipulación 

Transaccional mediante la cual les dieron final a las reclamaciones 

incoadas por la parte peticionaria.2 En lo pertinente, en esta, el 

Municipio solicitó acogerse a la Ley Núm. 66-2014, supra, para 

establecer un plan de pago para la deuda que estos reconocieron. 

Específicamente, acordaron lo siguiente: 

1. Que el Municipio le efectuaría a MEP mensual por 

espacio de cuarenta y ocho plazos por la cantidad de 

dos mil seiscientos cuatro con diecisiete centavos 

($2,604.17), comenzando a partir de que el Tribunal 

dicte Sentencia de conformidad.

2. El pago antes mencionado deberá ser efectuado 

dentro de los primeros veinte (20) días de cada mes 

calendario. 

3. Del Municipio no poder efectuar el pago dentro de 

los primeros veinte (20) días del mes, notificará este 

hecho por escrito a MEP, por conducto de su 

abogado y solicitará un término adicional para 

cumplir con el correspondiente pago. El término de 

extensión a solicitar el Municipio en dicho caso no 

excederá de diez (10) días naturales. Del Municipio 

solicitar el término de extensión antes mencionado, 

MEP concederá el mismo, el cual no excederá de diez 

(10) días naturales adicionales. 

Así las cosas, el 16 de abril de 2015, el TPI dictó una Sentencia

que se notificó el 17 de abril de 2015, en la cual aprobó y a su vez 

adoptó la Estipulación Transaccional que presentaron las partes 

conforme a los términos y condiciones contenidos en esta.3

1 Véase, págs. 20-21 del apéndice del recurso. 

2 Íd., págs. 24-26. 

3 Íd., pág. 23. 
KLCE202400382 3

Ante el incumplimiento por parte del Municipio con el plan de 

pago estipulado, el 15 de agosto de 2017, la peticionaria presentó 

una Nueva Moción Urgente Solicitando Ordene el Pago de la Sentencia 

y Encuentre Incurso en Desacato al Alcalde [...].4 Señaló que el 20 de 

julio de 2016 se celebró una vista en la cual el Municipio se 

comprometió a cumplir con el plan de pago antes expuesto y que 

luego de esa vista únicamente cumplió con un pago. Además, 

sostuvo que se celebró otra vista el 4 de mayo de 2017 en la cual el 

Municipio informó que el pago de la presente controversia estaba 

contemplado en el próximo año fiscal. Añadió que estos de igual 

forma, se comprometieron a presentar Certificaciones a los efectos 

de hacer constar que en el presupuesto del próximo año fiscal se 

iban a incluir los pagos adeudados. Sin embargo, alegó que ya había 

pasado julio y el Municipio no había realizado ningún pago. 

Puntualizó que ya en cuatro ocasiones el Municipio se había 

comprometido en realizar unos abonos a la deuda y no cumplió. 

Ante ello, solicitaron al TPI a que le ordenara al Municipio a pagar 

la deuda sin plan de pago alguno. Asimismo, solicitó que encontrara 

incurso en desacato al alcalde por no cumplir con las órdenes del 

Tribunal. 

Cabe precisar, que los recurridos presentaron su oposición a 

la solicitud antes expuesta y posteriormente, el TPI celebró una vista 

el 4 de mayo de 2017 para atender el referido asunto. En esta vista, 

la directora de finanzas del Municipio se expresó en cuanto a la 

situación fiscal del Municipio y afirmó que en el próximo 

presupuesto correspondiente al año fiscal del 2017-2018 se iba a 

incluir el plan de pago del presente caso. Además, esta última le 

entregó a la parte peticionaria un cheque por la cantidad de 

$2,604.17 correspondientes al tercer pago. En vista de lo antes 

4 Íd., págs. 29-33. 
KLCE202400382 4

expuesto, el TPI le ordenó a los recurridos a presentar una 

certificación de todas las demandas contra el Municipio y la 

Resolución de la Asamblea Municipal luego de que se aprobara el 

presupuesto en el cual se incluyó la cuantía de la Sentencia del 

presente caso. El 19 de julio de 2017, los recurridos cumplieron con 

la entrega de los documentos solicitados. 

Así las cosas, el 14 de noviembre de 2017, el TPI dictó una 

Resolución a estos efectos mediante la cual declaró No Ha Lugar a la 

Moción Urgente Solicitando se Ordene el Pago de la Sentencia y 

Encuentre Incurso en Desacato al Alcalde [...] que presentó la 

peticionaria.5 En esta, luego de realizar un análisis de las 

disposiciones aplicables, a saber, la Ley Núm. 66-2014, supra, y la 

Ley Núm. 3-2017, según enmendada, mejor conocida como Ley para 

Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar 

el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA 9391 et seq., 

determinó lo siguiente: 

[E]ste Tribunal concluye que al Municipio de Villalba le 

asiste el derecho a que la sentencia se satisfaga 

mediante el plan de pagos que indica la Ley 3-2017. 

No hay duda en cuanto a que el municipio está

protegido por el Art. 13 de la Ley 3-2017 y el Art. 29 de 

la Ley Núm. 66-2014. En ese sentido, la sentencia 

emitida el 16 de abril de 2015 podrá ser satisfecha 

mediante un plan de pago que comprenderá entre tres 

(3) años y cuatro (4) años. 3 LPRA sec. 9141. 

Obviamente, el cumplimiento del plan de pago está 

sujeto a la disponibilidad de fondos. De hecho, de no 

haber fondos disponibles para honrar los pagos en un 

año fiscal en particular, se aplazará el pago para el 

próximo año fiscal. Íd. Por otro lado, debemos destacar 

que la ley expresamente prohíbe el embargo de fondos 

para ejecutar la sentencia. 

[...] Debemos tener presente que todavía el año fiscal no 

ha terminado y que aún no existe una certificación del 

municipio sobre la falta de disponibilidad de fondos 

para emitir el primer pago durante el año fiscal 2017-

2018, por lo que, sería prematuro determinar en este 

momento que el municipio esté incumpliendo el plan de 

pago que provee la propia ley. 

5 Íd., págs. 34-42. 
KLCE202400382 5

Reiteradamente el Supremo ha manifestado que el 

remedio apropiado en situaciones en que se interesa el 

cumplimiento de una sentencia de pago contra el 

Gobierno o sus Municipios consiste en ordenar a la 

entidad gubernamental que incluya en su próximo 

presupuesto una partida para satisfacer la totalidad de 

la sentencia más sus intereses. Librotex, Inc. v. AAA, 

138 DPR 938 (1995). En este caso, el Municipio de

Villalba ya incluyó en su presupuesto para el anno fiscal 

corriente una partida para el pago de la Sentencia. Tal 

actuación es cónsona con lo establecido en el artículo 

7.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 

4303. Además, el Municipio en su réplica a la solicitud 

de ejecución de sentencia aceptó que la sentencia puede 

ser satisfecha mediante el plan de pagos que indica la 

Ley 66-2014. De no emitir ningún pago durante este 

año fiscal, previa certificación sobre la disponibilidad de 

fondos, se aplazará el pago para el próximo año fiscal, 

“teniendo el efecto de extender automáticamente dicho 

plan por el número de pagos no realizados”. Art. 13(g) 

de la Ley Núm. 3-2017 y Art. 28 (g) de la Ley Núm. 66-

2014, 3 LPRA sec. 9141. En tal caso, el único remedio 

al que tendrá derecho la parte demandante es reclamar 

los intereses que procedan. 

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2023, la parte peticionaria 

presentó una Moción Urgente para que se Ordene el Pago de la 

Sentencia [...].6 En primer lugar, señaló que en varias ocasiones 

había tenido que acudir ante el TPI por el incumplimiento por parte 

de los recurridos con el plan de pago estipulado. Luego, presentó un 

desglose de los pagos realizados por el Municipio y, en vista de ello,

concluyó que este último todavía le debía la cantidad de $65,104.43. 

Resaltaron que el último pago que se realizó fue el 11 de febrero de 

2020. Por esta razón, solicitó el pago de la cantidad adeudada antes 

mencionada más los intereses post sentencia que según MEP 

totalizaban a $8,913.06. 

En respuesta, el 18 de diciembre de 2023 los recurridos 

presentaron una Moción en Oposición a Moción Urgente que se 

Ordene Pago.

7 En síntesis, argumentaron que la solicitud que 

presentó MEP era una de ejecución de sentencia y no procedía ya 

que se presentó fuera del plazo de cinco (5) años que establecía la 

6 Íd., págs. 43-44. 

7 Íd., págs. 45-51.
KLCE202400382 6

Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 51 para poder 

presentar una solicitud de dicha índole. Por otro lado, sostuvo que 

no procedía la solicitud de la peticionaria toda vez que el asunto 

estaba regulado bajo la Ley Núm.66-2014, supra, y cualquier 

remedio postsentencia debía ajustarse a las disposiciones de este 

estatuto. 

El 12 de enero de 2024, MEP presentó una Réplica a Moción 

en Oposición a Moción Urgente [...].

8 En esta, indicó que los 

recurridos no habían realizado certificación alguna de falta de 

fondos para pagar la sentencia según lo exige el Art. 29 de la Ley 

Núm. 66-2014, 32 LPRA sec. 9142. Además, puntualizó que si había 

asignaciones legislativas como lo era el presupuesto, cuando no se 

pudiese pagar una deuda había que realizar una certificación para 

que fuese aprobada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. A 

tenor con ello, señaló que no podía ser la intención de ningún 

legislador que un municipio o agencia determinara unilateralmente 

que no tenía dinero en su cuenta para no pagar deudas. Sostuvo 

que ello constituiría un fraude masivo para el gobierno. Concluyó 

que conforme por las razones antes esbozadas era evidente que el 

Municipio no había cumplido con el Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014, 

supra, por lo que procedía la ejecución de la sentencia y el Municipio 

no podía solicitar los beneficios del referido estatuto. 

Evaluados los argumentos de ambas partes, el 4 de marzo de 

2024, el TPI emitió una Resolución que se notificó el 12 de marzo de 

2024 mediante la cual denegó la solicitud de la peticionaria del 13 

de noviembre de 2023 por no ajustarse a los preceptos y 

lineamientos de la Ley Núm. 66-2014, supra.

9 Específicamente, en 

lo pertinente, concluyó lo siguiente: 

[L]a Asamblea Legislativa estableció en el Art. 29 de la 

Ley 66-2014, ante, que no procede compeler a un 

8 Íd., págs. 52-55. 

9 Íd., págs. 1-7. 
KLCE202400382 7

municipio a hacer pago alguno respecto a una sentencia 

o plan de pago previamente autorizado, cuando no 

existan fondos para ellos por haberse agotado la 

asignación legislativa destinada a esos fines. Ver Art. 29 

de la Ley 66-2014, 3 LPRA sec. 9142. De hecho la 

contundencia de la prohibición en cuanto a procesos de 

ejecución es tan clara, que la Legislatura en el 

mencionado artículo consignó que: “por lo que se 

prohíbe el embargo de fondos para hacer efectivo un 

fallo emitido contra el Estado”. Íd.

[...]

El Art. 29 de la Ley 66-2014, ante, establece un remedio 

exclusivo para aquellos casos en que no pueda 

cumplirse con el plan de pago que se haya establecido 

o acordado para el pago de una sentencia judicial. El 

remedio, que es exclusivo en virtud del Art. 3 de la 

propia ley, se limita al abono de los intereses que se 

acumulen durante dicho periodo de tiempo, pues como 

indicáramos previamente la ley establece que, en caso 

de incumplimiento con el plan de pago, el mismo se 

extiende por el número de plazos no pagados. Ver Art. 

28(g) de la Ley 66-2014, 3 LPRA sec. 9141(g).

Inconforme con este dictamen, el 3 de abril de 2024, la 

peticionaria presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que no procede el cobro de la Sentencia por 

prohibición establecida en la Regla 51.1 de 

Procedimiento Civil.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que el Municipio de Villalba le protege la Ley 66 del 

año 2014 y la Ley 3 de 2017 sin cumplir con los 

propios requisitos de la misma Ley. 

Atendido el recurso, el 4 de abril de 2024, emitimos una 

Resolución en la cual le concedimos al Municipio hasta el 15 de abril 

de 2024 para presentar su postura. Oportunamente, la parte 

recurrida presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden en el cual 

negó que el TPI cometiera los errores que MEP le imputó. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos a 

resolver el asunto ante nos. Veamos. 
KLCE202400382 8

II.

-AEl certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales 

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos 

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al 

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, 

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
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Es importante destacar que, al interpretar la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo resolvió que “las 

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia [como la que 

tenemos ante nuestra consideración] no se encuentran 

comprendidas entre aquellas determinaciones de naturaleza 

interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio mediante el 

recurso de certiorari”. IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

339 (2012). En otros términos, al determinar si procede expedir o 

denegar un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto 

postsentencia, debemos evaluar únicamente los criterios 

enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. Íd. La aludida regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los 

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones 
KLCE202400382 10

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009).

-BLa Ley Núm. 66-2014, supra, se aprobó el 17 de junio de 2014 

a los fines de declarar un estado de emergencia fiscal en el país y 

establecer procedimientos que le permitieran al Estado reducir 

gastos y amortiguar la crisis fiscal y económica que padecía –y 

padece- el Gobierno de Puerto Rico.10

Tomando en consideración el impacto económico que provoca 

el desembolso de grandes cantidades de dinero proveniente de las 

arcas del Estado, esta ley incluyó el capítulo IV. Este capítulo está 

dirigido a regular la forma y manera en que el Estado pagará 

cuantías adeudadas como consecuencia de un litigio que haya 

culminado en una sentencia final y firme, en contra del Estado. En 

síntesis, este capítulo busca aliviar el impacto que tiene en las 

finanzas del Estado el pago global de grandes sumas de dinero. Art. 

28 de la Ley Núm. 66-2014, 3 LPRA 9141. 

En lo pertinente a la controversia ante nos, el Art. 29 de la Ley 

Núm. 66-2014, 3 LPRA sec. 9142, establece el procedimiento a 

seguir cuando el Municipio no cuenta con fondos para hacer efectivo 

el pago respecto a una sentencia o plan de pago previamente 

autorizado. Específicamente el referido articulo lee como sigue: 

No se podrá compeler a las agencias o 

instrumentalidades del Estado, corporaciones públicas 

o municipios, funcionarios o empleados, a hacer pago 

alguno respecto a una sentencia o plan de pago 

previamente autorizado, cuando no existan fondos para 

ello por haberse agotado la asignación legislativa 

destinada a esos fines, por lo que se prohíbe el 

embargo de fondos para hacer efectivo un fallo 

emitido contra el Estado. La determinación de falta 

10 Véase, Preámbulo y Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66-2014, supra.
KLCE202400382 11

de fondos para realizar dicho pago deberá ser 

certificada por la agencia o instrumentalidades del 

Estado, corporación pública o municipio que se 

trate, y en caso de fondos que provengan de 

asignaciones legislativas, incluyendo del Fondo 

General, deberá ser confirmada por la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto, cuya determinación al 

respecto será concluyente.

El remedio disponible cuando no existan fondos para 

el pago de sentencias será el pago de interés sobre 

la cantidad adeudada conforme a lo establecido en las 

Reglas de Procedimiento Civil y las leyes especiales 

aplicables.

Lo dispuesto en este Artículo también le será 

aplicable a los Municipios. (Énfasis suplido).

Por su parte, la Ley Núm. 3-2017, supra, se aprobó con el fin 

de adoptar medidas para la reducción y el control del gasto público 

del Gobierno y de igual forma, extender las disposiciones adoptadas 

en la Ley Núm. 66-2014, supra.

11 En lo pertinente, el Art. 13(g) de 

este estatuto, 3 LPRA sec. 9403, discute los planes para la sentencia 

finales y firmes pendientes de pago y dispone que “de no haber 

disponibilidad de fondos para honrar el plan de pagos en un año 

fiscal particular, este será aplazado para el próximo año fiscal, 

teniendo el efecto de extender automáticamente dicho plan por el 

número de pagos no realizados”. 

-CLa Regla 51 de Procedimiento Civil, supra, regula el 

procedimiento de apremio o ejecución de sentencia. En lo 

pertinente, la Regla 51.1 del referido estatuto, supra, establece que: 

[l]a parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 

ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta 

Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años 

de ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia 

podrá ejecutarse mediante una autorización del 

tribunal, a moción de parte y previa notificación a todas 

las partes. Si después de registrada la sentencia se 

suspende su ejecución por una orden o sentencia del 

tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual 

ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del 

cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá 

expedirse el mandamiento de ejecución.

11 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2017, supra.
KLCE202400382 12

Este procedimiento “le imprime continuidad a todo proceso 

judicial que culmina con una sentencia”, y es necesario utilizarlo 

cuando la parte obligada incumple con los términos de la sentencia. 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 248 (2007)

citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico; 

derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de PR, 1997, Cap. 63, 

pág. 453. Como regla general, las sentencias se ejecutan en el 

tribunal que dictó la sentencia que se pretende ejecutar. Mun. de 

San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 248. 

III.

En su primer señalamiento de error, MEP argumentó que el 

TPI erró al determinar que no procedía la ejecución de la sentencia 

al amparo de la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra. Por otro 

lado, en su segundo señalamiento de error, sostuvo que el TPI erró 

al resolver que al Municipio le cobijaba la Ley Núm. 66-2014 y la 

Ley Núm. 3-2017 sin estos cumplir con los propios requisitos que 

establecen los referidos estatutos. 

Discutiremos los señalamientos de error en conjunto por estar 

íntimamente relacionados entre sí. En primer lugar, cabe precisar 

que la Ley Núm. 66-2014, supra, es aplicable a la presente 

controversia. De hecho, resaltamos que el plan de pago que las 

partes establecieron mediante la estipulación transacción se fijó 

conforme a las disposiciones de la referida ley. Asimismo, en la 

Resolución que el TPI emitió el 14 de noviembre de 2017, estableció 

que no había duda en cuanto a que el Municipio estaba protegido 

por el Art. 13 de la Ley Núm. 3-2017, supra, y el Art. 29 de la Ley 

Núm. 66-2014, supra. Concurrimos con lo antes expuesto. 

Dicho lo anterior, es importante destacar que, la Ley Núm. 66-

2014, supra, siendo una ley especial, tiene primacía sobre cualquier 

otro estatuto en cuanto al asunto que atiende. Por lo tanto, esta 

desplaza las disposiciones de la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 
KLCE202400382 13

supra, en cuanto a las ejecuciones de sentencia. El Art. 29 de la Ley 

Núm. 66-2014, supra, establece que no se podrá compeler a los 

municipios a hacer pago alguno respecto a una sentencia o plan de 

pago previamente autorizado, cuando no existan fondos para ello 

por haberse agotado la asignación legislativa destinada a esos fines. 

Así pues, se prohíbe el embargo de fondos para hacer efectivo un 

fallo emitido contra el Estado. Íd. Consecuentemente, cuando el 

Municipio no tiene fondos disponibles para honrar el plan de pago 

en un año fiscal particular lo que procede es aplazar el pago para el 

próximo año fiscal, teniendo el efecto de extender automáticamente 

dicho plan por el número de pagos no realizados. Art. 13(g) de la Ley 

Núm. 3-2017, supra. En vista de ello, como concluimos 

previamente, en la presente controversia no es aplicable la Regla 

51.1 de Procedimiento Civil, supra sobre ejecución de sentencias. 

Ahora bien, cabe precisar que, aunque no procede el embargo 

de fondos para hacer efectiva la sentencia que se dictó en el presente 

caso para el pago de la deuda por concepto de los servicios que le 

proveyó MEP al Municipio, esto no exime a este último de cumplir 

con su obligación de pago. En el caso de marras, el TPI no celebró 

una vista evidenciaria para atender el asunto relacionado a la falta 

de pago por parte del Municipio del dinero adeudado. Si el 

incumplimiento con los pagos correspondientes se debía a la 

falta de fondos, el Municipio tenía la obligación de cumplir con 

el Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014, supra, y certificarlo. De igual 

forma, en caso de que los fondos proviniesen de asignaciones 

legislativas, incluyendo del Fondo General, ello debería ser 

confirmado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Es de esta 

manera que se podría aplazar el pago de la deuda para el próximo 

año fiscal, teniendo el efecto de extender automáticamente dicho 

plan por el número de pagos no realizados conforme lo dispone el 

Art. 13 (g) de la Ley Núm. 3-2017, supra. 
KLCE202400382 14

En virtud de lo antes expresado, le ordenamos al TPI a que 

celebre una vista evidenciaria para determinar si en efecto en 

Municipio dejó de cumplir con su obligación de pagar la deuda por 

falta de fondos. Si este es el caso, se debe presentar una certificación 

a tales efectos como mencionamos anteriormente. Además, el TPI 

deberá determinar el pago de interés sobre la cantidad adeudada 

que le corresponde a la parte peticionaria conforme a lo 

establecido en las Reglas de Procedimiento Civil y las leyes 

especiales aplicables. Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014, supra.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

de certiorari y confirmamos el dictamen recurrido en cuanto a que 

no procede la ejecución de la sentencia conforme lo dispone la Regla 

51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.51 y modificamos a

los efectos de que se celebre una vista evidenciaria para que se 

cumpla con lo establecido en el Art. 29 de la Ley Núm. 66-2014, 

supra. Así le ordenamos al TPI para que celebre una vista conforme 

a lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones