Número Identificador

RES2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrida

v.

EDWIN HERNÁNDEZ 

MATOS

Peticionario

KLCE202300374

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Civil número:

K BD2022G0230

Sobre:

64(A) Y 64(P) 

Crasa Violación al 

Debido Proceso de 

Ley

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, los

jueces Bonilla Ortiz y Pagán Ocasio.

Birriel Cardona, Jueza Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

Comparece el Sr. Edwin Hernández Matos (señor Hernández 

Matos o el peticionario), y solicita la revocación de la Minuta

Resolución emitida el 9 de febrero de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario), 

notificada el 7 de marzo de 2023. Mediante la referida Minuta 

Resolución el foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación presentada por el peticionario al amparo de la 

Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal, fundamentada en que la 

acusación y denuncia no imputan delito y concluyó que conforme 

a la Regla 35 de Procedimiento Criminal, sobre el contenido de la 

acusación, se cumplen los estándares mínimos para notificar al 

acusado de que se le acusa. Igualmente, mediante la Minuta 

Resolución aquí recurrida, el TPI declaró No Ha Lugar una Solicitud 

de Desestimación presentada por el señor Hernández Matos al 

amparo de la Regla 64 (P) de Procedimiento Criminal, 
KLCE202300374 2

fundamentada en ausencia total de prueba para acusar. Sobre 

esos extremos, tras escuchar la regrabación de la vista preliminar,

concluyó el TPI que aunque la prueba presentada por el Ministerio 

Público en esa etapa, es prueba circunstancial que consiste de 

prueba de referencia, particularmente, récords electrónicos de 

negocios y vídeos de una investigación sobre su contenido, la 

misma es susceptible a utilizar las excepciones de prueba de 

referencia bajo la Regla 901 (13) de Evidencia y la Regla 902, 

inciso (L) sobre Autenticación prima facie de récord electrónico.

Finalmente concluyó el foro primario que no hubo ausencia total 

de prueba sobre los elementos esenciales del delito. Razonó el 

TPI, que la prueba presentada en la Vista Preliminar no tiene que 

cumplir con las Reglas de Evidencia en esa etapa, y que aunque 

se trate prueba de referencia, dicha prueba es susceptible de ser 

admitida en juicio, si el Ministerio Público cumple con las Reglas 

901 y 902 de Evidencia, supra. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.

I

El 9 de marzo de 2022, el Ministerio Público formuló 

denuncia en contra del señor Hernández Matos en la que le imputó 

infracción al Artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico. 

(Apropiación Ilegal Agravada) que lee como sigue:

EL REFERIDO ACUSADO, EDWIN HERNÁNDEZ 

MATOS, ALLÁ EN O PARA LOS DÍAS DEL 2 DE 

OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 3 DE MARZO DE 2022 

EN LAS TIENDAS PEP BOY DE LA MARGINAL 

BALDORIOTY DE CASTRO EN SANTURCE; PUERTO 

RICO, QUE FORMA PARTE DE LA JURISDICCIÓN DEL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE SAN 

JUAN, ILEGAL, VOLUNTARIA Y CRIMINALMENTE, SE 

APROPIÓ SIN VIOLENCIA NI INTIMIDACIÓN DE 

VARIEDAD EN MERCANCÍA Y DINERO EN EFECTIVO 

EXTRAÍDO DE LA CAJA REGISTRADORA DE LA 

TIENDA PEP BOY, LA CUAL ESTÁ REPRESENTADA 

POR EL SR. MATHEW RICHARDS SILCOX Y JENNIFER 
KLCE202300374 3

VEGA DÍAZ, LOS CUALES SON REPRESENTANTES DE 

DICHA TIENDA, LA PROPIEDAD ESTÁ VALORADA EN 

$10, 776.79.

EL AGRAVANTE CONSISTE EN QUE LA CANTIDAD ES 

MAYOR DE $10,000 DÓLARES. 

El 4 de agosto de 2022, el Ministerio Público presentó un 

pliego de acusación que duplica las mismas alegaciones de la 

Denuncia.

Así las cosas, el 29 de septiembre de 2022, el señor 

Hernández Matos presentó ante el foro primario Solicitud de 

Desestimación, Regla 64 (A) de Procedimiento CriminalFundamentado en que la Acusación y Denuncia no Imputa Delito.

En esencia, el peticionario sostuvo que el Ministerio Público omitió 

informarle, tanto en la denuncia como en la acusación la 

modalidad del Artículo 181 del Código Penal, por la cual lo estaba 

procesando. En igual fecha, el peticionario presentó además, 

Solicitud de Desestimación, Regla 64 (P): de Procedimiento 

Criminal- Fundamentado en Ausencia Total de Prueba. 

El 7 de diciembre de 2022, el Ministerio Público presentó

ante el TPI Urgente Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación. Sostuvo que la acusación cumple con informar 

adecuadamente el delito imputado ya que especifica qie el 

peticionario se apropió de bienes muebles pertenecientes a la 

tienda Pep Boys en violación a lo dispuesto en el inciso (a) del 

Artículo 181 del Código Penal de 2012. Asimismo, destacó que el 

propósito de la acusación es notificarle al acusado el delito por el 

cual se le está procesando, sin que sea necesaria la utilización de 

palabras específicas. Puntualizó el Ministerio Público que la 

acusación le imputa al señor Hernández Matos haberse apropiado 

sin violencia de un bien que no le pertenece. 
KLCE202300374 4

En lo referente a la Solicitud de Solicitud de Desestimación, 

Regla 64 (P): de Procedimiento Criminal- Fundamentado en 

Ausencia Total de Prueba, destacó el Ministerio Público que la 

prueba desfilada puede consistir de prueba circunstancial.

El 2 de enero de 2023 el Ministerio Público presentó ante el 

TPI Urgente Moción Para Someter Videos Presentados en la Vista 

Preliminar, a lo que se opuso el peticionario mediante moción 

presentada el 5 de febrero de 2023 y alegó que dicha evidencia 

era inadmisible. 

Finalmente, el 9 de febrero de 2023, tras celebrar una vista, 

el foro primario emitió Minuta Resolución en la que declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por el peticionario 

al amparo de la Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal, 

fundamentada en que la acusación y denuncia no imputan delito 

y concluyó que conforme a la Regla 35 de Procedimiento 

Criminal, sobre el contenido de la acusación, se cumplen 

los estándares mínimos para notificar al acusado de que se 

le acusa. Igualmente, mediante la Minuta Resolución aquí 

recurrida, el TPI declaró No Ha Lugar una Solicitud de 

Desestimación presentada por el señor Hernández Matos al 

amparo de la Regla 64 (P) de Procedimiento Criminal, 

fundamentada en ausencia total de prueba para acusar la prueba 

presentada en la Vista Preliminar no tiene que cumplir con las 

Reglas de Evidencia en esa etapa, y que aunque se trate prueba 

de referencia, dicha prueba es susceptible de ser admitida en 

juicio.

Inconforme, el señor Hernández Matos presentó el recurso 

de epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por parte 

del foro primario:
KLCE202300374 5

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN 

JUAN AL NO DESESTIMAR LA ACUSACIÓN AL AMPARO 

DE LA REGLA 64 (A) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, 

QUE A SU VEZ CARECE EN INCLUIR TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONFIGURAR EL 

DELITO DE APROPIACIÓN ILEGAL. CONSISTENTE, EN 

QUE LA HONORABLE JUEZA ANALIZÓ 

INCORRECTAMENTE LAS ALEGACIONES DE LA 

ACUSACIÓN, CUANDO INFIRIÓ Y TOMÓ EN 

CONSIDERACIÓN “ALEGACIONES” QUE NO IMPUTA LA 

ACUSACIÓN.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN 

JUAN AL NO DESESTIMAR LA ACUSACIÓN AL AMPARO 

DE LA REGLA 64 (P) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, 

AUSENCIA TOTAL DE PRUEBA. CONSISTENTE, EN QUE 

LA DETERMINACIÓN DE CAUSA PROBABLE PARA 

ACUSAR DURANTE LA VISTA PRELIMINAR SE 

FUNDAMENTÓ EN PRUEBA TOTALMENTE 

INADMISIBLE.

El 24 de abril de 2023, compareció ante nos el Pueblo de 

Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador General, 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. En síntesis, sostiene 

que la Resolución recurrida no constituyó un abuso de discreción 

del foro primario, por lo que procede denegar el auto de certiorari 

solicitado por el señor Hernández Matos. 

II

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para 

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd.

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios.
KLCE202300374 6

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar 

el ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. 

Estos son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40.

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para 

el ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una 

lista exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un 

craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación 

errónea de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 719 (2007); In re Ruiz 

Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. Asociación, 165 

DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); 
KLCE202300374 7

Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992). 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto 

solicitado, de manera que se continúen los procedimientos del 

caso sin mayor dilación en el Foro de Instancia. 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, 

debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Bco. Popular de P. R. v. Mun. 

De Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

B. 

La Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

contiene una serie de fundamentos que el imputado de delito 

puede invocar a los fines de solicitar la desestimación de una 

acusación o denuncia. Entre esos fundamentos, el inciso (a) de la 

Regla 64, supra, dispone que “la acusación o denuncia no 

imputa un delito”. Para que el Ministerio Público pueda cumplir 

con lo anterior, no se le exige ningún lenguaje estereotipado o 

técnico en su redacción ni el uso estricto de las palabras 

dispuestas en el estatuto, solo se le exige que el contenido 

exponga todos los hechos constitutivos del delito. Pueblo v. 

Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 629 (2012).
KLCE202300374 8

C.

De otra parte, el principio de legalidad es un conjunto de 

garantías al ciudadano, propias de un sistema de derecho 

constitucional y democrático. Este principio opera como un 

conjunto de reglas cuyo denominador común es la justificación 

para que la intervención del Estado en los asuntos de los 

individuos esté basada en la ley y no en la fuerza bruta. Asimismo,

el principio de legalidad no es solo una exigencia de seguridad 

jurídica que requiere la determinación previa por ley de delitos y 

penas, sino que, además, es la garantía política de que la persona 

no será sometida por el Estado, ni por los jueces a penas que no 

admita el pueblo. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño: Parte General, 7ma ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 69. 

Nuestro Tribunal Supremo en Meléndez v. Tribunal 

Supremo, 90 DPR 656 (1964), puntualizó que lo que se persigue 

es que los tribunales, en su rol de interpretar la ley, no se excedan 

en sus funciones y adjudiquen las controversias a tono con la 

intención del legislador. La premisa básica del principio de 

legalidad puede resumirse en que la ley escrita es la única fuente 

del Derecho Penal. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 73; Pueblo v. 

Santiago, 98 DPR 82 (1969). 

El principio de legalidad está consagrado en el Art. 2 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5002, el cual dispone lo 

siguiente: 

No se instará acción penal contra persona alguna por un 

hecho que no esté expresamente definido como delito en 

este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena 

o medida de seguridad que la ley no establezca con 

anterioridad a los hechos. 

No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni 

medidas de seguridad.
KLCE202300374 9

El referido artículo advierte que los hechos por los cuales 

pueda ser acusado una persona deberán estar claramente 

descritos por ley. Esta prohibición responde al requisito de que las 

leyes deben dar un aviso adecuado de las consecuencias penales 

de la conducta que ordenan prohíben. 

En cuanto a la interpretación de los estatutos penales, el Art. 13 

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5013, establece la 

siguiente normativa: 

Si el lenguaje empleado en un estatuto es susceptible de 

dos o más interpretaciones, debe ser interpretado para 

adelantar los principios establecidos en este Código y la 

protección del bien tutelado en el artículo particular objeto 

de interpretación, pero siempre tomando como base el 

principio de responsabilidad penal. 

Sobre esta norma de hermenéutica, debemos destacar que 

la misma admite una interpretación restrictiva o extensiva, que 

adelante el propósito legislativo, siempre que no caiga en la

analogía. (Énfasis y subrayado nuestro). Nevares-Muñiz, op. cit., 

pág. 122. 

La ley no puede estar redactada de tal forma, que un 

individuo de inteligencia común esté obligado a adivinar su 

significado o que pueda, razonablemente, diferir de su aplicación; 

ello violaría el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7 de la 

Constitución del ELA; Pueblo v. Hernández Colón, 115 DPR 891 

(1987).

Todas las leyes, incluso las más claras, requieren de algún 

grado de interpretación. Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 DPR 903 

(1995). Sobre esa realidad, es fundamental recordar, que al 

lenguaje de una ley debe dársele la interpretación que valide el 

propósito del Legislador, conscientes siempre de sus 

consecuencias. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409 

(1988). Por esta razón, "tenemos el deber de hacer que el derecho 
KLCE202300374 10

sirva propósitos útiles y evitar una interpretación tan literal que 

lleve a resultados absurdos." Íd. No debe caerse en la 

superficialidad de creer que una ley penal es nula por defecto de 

vaguedad debido a que requiera alguna interpretación. Pueblo v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 763, (1960). 

Cónsono con lo anterior, en nuestro sistema jurídico los 

tribunales somos los llamados a interpretar las leyes. En el 

ejercicio de tal función, utilizamos los principios de hermenéutica 

judicial para interpretar los estatutos de acuerdo con la verdadera 

intención del legislador. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 

(1999). 

Sin embargo, esto no quiere decir que a la letra de un 

estatuto deba dársele su significado más restrictivo, o hacer caso 

omiso de la evidente intención del Legislador. Pueblo v. Sierra 

Rodríguez, supra; Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra; Pueblo v. 

Mantilla, supra. No debemos perder de vista, que la Ley Penal "no 

es, [ni tampoco será nunca] un sistema completo y sin lagunas de 

modo que, con el simple procedimiento lógico basado en los 

preceptos legales escritos, se puedan resolver todas las 

cuestiones". Pueblo v. Tribunal Superior, supra.

El Artículo 12 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5012, 

dispone en cuanto a la interpretación de palabras y frases, que 

serán estas interpretadas según el contexto y el significado 

sancionado por el uso común y corriente.

En Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 2014, el Máximo 

Foro expresó en cuanto a la interpretación de la ley lo siguiente: 

Ahora bien, lo anterior no implica que cada hecho 

constitutivo de delito deba desprenderse de una simple 

lectura de la ley, ya que todas las leyes, incluyendo las de 

índole penal, están sujetas a interpretación. Conforme a 

ello, ante una duda de qué es lo que constituye delito bajo 

determinada disposición penal, el tribunal debe aplicar los 

correspondientes principios de hermenéutica, lo cual 
KLCE202300374 11

podría resultar en alcanzar una interpretación 

restrictiva o extensiva del delito.” (Énfasis nuestro). 

D.

El delito de apropiación ilegal está tipificado en el Artículo 

181 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5251 que dispone 

expresamente lo siguiente:

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que 

ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de 

bienes muebles pertenecientes a otra persona en 

cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando se toma o sustrae un bien 

sin el consentimiento del dueño,

(b) Cuando se apropia o dispone de un bien 

que se haya recibido en depósito, 

comisión o administración, o por otro 

título que produzca obligación de 

entregarlos o devolverlos, o

(c) Cuando mediante engaño se induce a 

otro a realizar un acto de disposición de 

un bien. 

El tribunal también podrá imponer la pena 

de restitución. 

33 LPRA sec. 5251

En lo pertinente, el delito de apropiación ilegal 

agravada está tipificado en el Artículo 182 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5252 en las siguientes modalidades:

Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal

descrito en la sección 5251 de este título, ..

...........................

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es 

menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de 

quinientos (500) dólares será sancionado con pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años. 

33 LPRA sec. 5252

III

En el caso que nos ocupa, es la contención del peticionario 

que incidió el foro primario al denegar su solicitud de 
KLCE202300374 12

desestimación de la denuncia y la acusación, presentada al 

amparo de la Regla 64 inciso a de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, fundamentada en que estas no imputan delito.

Como cuestión de umbral destacamos que el 9 de marzo de 

2022, el Ministerio Público presentó denuncia en contra del señor 

Hernández Matos por el delito de apropiación ilegal, la cual lee 

expresamente como sigue:

 EL REFERIDO ACUSADO, EDWIN HERNÁNDEZ 

MATOS, ALLÁ EN O PARA LOS DÍAS DEL 2 DE 

OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 3 DE MARZO DE 2022 

EN LAS TIENDAS PEP BOY DE LA MARGINAL 

BALDORIOTY DE CASTRO EN SANTURCE; PUERTO 

RICO, QUE FORMA PARTE DE LA JURISDICCIÓN DEL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE SAN 

JUAN, ILEGAL, VOLUNTARIA Y CRIMINALMENTE, SE 

APROPIÓ SIN VIOLENCIA NI INTIMIDACIÓN DE 

VARIEDAD EN MERCANCÍA Y DINERO EN EFECTIVO 

EXTRAÍDO DE LA CAJA REGISTRADORA DE LA 

TIENDA PEP BOY, LA CUAL ESTÁ REPRESENTADA 

POR EL SR. MATHEW RICHARDS SILCOX Y JENNIFER 

VEGA DÍAZ, LOS CUALES SON REPRESENTANTES DE 

DICHA TIENDA, LA PROPIEDAD ESTÁ VALORADA EN 

$10, 776.79.

EL AGRAVANTE CONSISTE EN QUE LA CANTIDAD ES 

MAYOR DE $10,000 DÓLARES. 

Asimismo, en el pliego acusatorio, el Ministerio Público 

reprodujo el contenido expreso de la denuncia. 

Sobre esos extremos, dispone expresamente el Artículo 182 

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5252 que incurrirá en

apropiación ilegal agravada “[t]oda persona que cometa el 

delito de apropiación ilegal descrito en la sección 5251 de 

este título, “si el valor del bien apropiado ilegalmente es 

menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de quinientos 

(500) dólares”. A su vez, el Artículo 181, del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5251, dispone en su inciso (a) como uno de 

los elementos de delito de apropiación ilegal, la apropiación sin 

violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a otra 
KLCE202300374 13

persona “cuando se toma o sustrae un bien sin el 

consentimiento del dueño”

De lo anterior se desprende que es palmario que el pliego 

acusatorio no contiene todos los elementos del delito de 

apropiación ilegal agravada, toda vez que el Ministerio 

Público omitió incluir el elemento contenido en el inciso (a) 

de del Artículo 181, supra, que dispone que la apropiación

ocurre “cuando se toma o sustrae un bien sin el 

consentimiento del dueño”.

Por imperativo del principio de legalidad, no estamos 

pues ante la omisión de un detalle o de un lenguaje específico

sino ante la omisión en el pliego acusatorio de un elemento 

del delito por el cual se quiere acusar al peticionario. En 

vista de que el contenido de la denuncia y la acusación debe 

exponer todos los hechos constitutivos del delito, y en el 

presente caso el Ministerio Público omitió uno de ellos, 

concluimos que procedía la desestimación de la acusación 

al amparo de la Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal, 

supra. Véase además, Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 

629 (2012). En el caso que nos ocupa la acusación no imputa 

delito

Con estos antecedentes, concluimos que incidió el foro 

primario al declarar No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación, 

Regla 64 (A) de Procedimiento Criminal- Fundamentado en que la 

Acusación y Denuncia no Imputa Delito.

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Minuta-Resolución recurrida. 
KLCE202300374 14

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. El Juez Bonilla Ortiz disiente sin 

opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones