Número Identificador

SEN2024 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

Federico Robles Collazo, 

Wanda I. Fontán Ocasio y 

la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales 

compuesta por ambos

Recurrida

 vs.

Lydia I. Otero Encarnación

Peticionaria

KLAN202400075

APELACIÓN

acogida como

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Vega Baja

Civil Núm.:

VB2019CV00652

Sobre:

Ejecución de 

Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de marzo de 2024.

Comparece ante nos la señora Lydia Otero Encarnación (en 

adelante Sra. Otero Encarnación o parte peticionaria), en solicitud 

de que se revoque la “Orden” dictada el 20 de diciembre de 2023,

1

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Vega Baja. 

En ésta, el Foro Primario declaró “No Ha Lugar” la “Solicitud de 

Reconsideración”, presentada el 23 de noviembre de 2023, por la

parte peticionaria. Reafirmando así su denegatoria de la petición

de relevo de la “Sentencia en Rebeldía”, dictada el 23 de junio de 

2021.

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

la apelación presentada ante nuestra consideración será acogida 

como un recurso de Certiorari, aunque conservará la clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal.

1 Esta determinación fue notificada vía correo regular el 22 de diciembre de 

2023.
KLAN202400075 2

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

acoge el recurso de certiorari, y se confirma la “Orden”, por los 

fundamentos que expondremos a continuación.

-IEl 14 de agosto de 2019, el Señor Federico Robles Collazo, la 

Señora Wanda I. Fontán Ocasio y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante demandantes o 

parte recurrida), presentaron una “Demanda”, en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, contra la Sra. Otero 

Encarnación. 

Surge de la “Certificación Registral” expedida el 30 de junio 

de 2020,

2 que el 16 de abril de 2016, se otorgó la Escritura Núm. 

17 sobre Hipoteca ante el Notario Irvyn T. Nieves Robles. A su vez, 

se desprende que la Hipoteca garantizó el “Pagaré Hipotecario”

3 a 

favor de los recurridos, Federico Robles Collazo, y Wanda I. Fontán 

Ocasio, por la suma principal de $12,000.00, Affidavit Número 

24,223.

Ante la incomparecencia de la parte peticionaria, y a 

solicitud de la parte recurrida, el 23 de junio de 2021, el Foro de 

Instancia emitió una “Sentencia en Rebeldía”

4. En ésta condenó a 

la Sra. Otero Encarnación al pago de $12,000.00, por concepto de 

principal adeudado, y la suma de $5,000.00, por concepto de 

costa, gastos y honorarios de abogados, según pactado. No surge 

del expediente judicial, que la parte peticionaria haya 

reconsiderado y/o apelado la referida “Sentencia en Rebeldía”. 

Transcurridos dos (2) años, tres (3) meses y diez (10) días de

dictada la “Sentencia en Rebeldía”, el 4 de octubre de 2023, la

2 Número de turno 2020-005002-CERT.

3 Legalizado por el Notario Irvyn Nieves Robles, en esa misma fecha, bajo el número de 

Affidavit 24,223.

4 Anejo 3 del Apéndice.
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parte peticionaria, compareció mediante su representación legal,

5 a

los únicos fines de notificar la existencia del caso ante la Corte de 

Quiebras caso número 20-02873.

6 Atendida la “Moción” de la 

parte peticionaria, el Foro de Instancia decretó la paralización de 

los procedimientos post-sentencia.

7

Más adelante, el 31 de marzo de 2023, compareció ante el 

Foro de Instancia la parte recurrida, mediante “Solicitud de 

Ejecución de Hipoteca”.

8 Los demandantes, entre otras cosas, 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia la “Orden”

dictada el 16 de febrero de 2023, por la Corte de Quiebras en el 

caso 23-00068. Se puede apreciar que, en la referida “Orden”, el 

Foro Federal aprobó la solicitud que hiciere la parte recurrida, para

continuar con el proceso de ejecución de hipoteca. 9

Continuados los procesos en el Tribunal de Primera 

Instancia, se expidieron la “Orden”, “Mandamiento” y el “Edicto de 

Subasta”. Tras, la parte recurrida, haber acreditado el 

diligenciamiento de todo lo ordenado, al igual que la 

correspondiente notificación a la parte peticionaria, el 11 de agosto 

de 2023, la Sra. Otero Encarnación presentó una “Moción

Solicitando Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2(D) de

las de Procedimiento Civil 2009 32 LPRA Ap. V”. En ésta planteó, 

por primera vez, que la “Sentencia en Rebeldía” dictada el 23 de 

diciembre de 2021, era nula. 

Atendida la contención de la parte peticionaria, al igual que

la “Oposición” de la parte recurrida, el 23 de octubre de 2023, el 

Foro de Instancia emitió una “Orden”, en la cual resolvió, “No Ha 

5 Anejo 6 del Apéndice.

6 “Moción Informativa y Solicitud de Paralizar los Procedimientos”.

7 Anejo VIII de la “Contestación a la Apelación”. El referido caso ante la Corte de 

Quiebras fue desestimado para eso de 25 de agosto de 2022.

8 Anejo XI del Apéndice 

9 “The stay is modified to allow creditors Federico Robles Collazo and Wanda Ivette 

Fontan Ocasio to pursue In Rem remedies foreclose, take title and possession of the real 

estate property”.
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Lugar a la Solicitud de Relevo de Sentencia presentada por la 

demandada”.

10

Inconforme con la determinación el 28 de noviembre de 

2023, la parte peticionaria presentó una “Solicitud de 

Reconsideración”. Auscultados los planteamientos de la Sra. Otero 

Encarnación, al igual que la “Oposición” de la parte recurrida,

11 el 

Foro de Instancia declaró “No Ha Lugar la Reconsideración”.

12

Aún inconforme con la “Orden” del Tribunal de Primera 

Instancia, comparece ante nos la Sra. Otero Encarnación, quien 

solicita la revocación de la denegatoria del relevo de sentencia 

solicitado. Es la contención de la parte peticionaria que la

“Sentencia en Rebeldía” dictada por el Foro de Instancia es nula,

por lo que, solicita ser relevada del cumplimiento de ésta.

Por su parte, la parte recurrida compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones, mediante la “Contestación a Apelación”. 

Éstos plantean que, al momento de la presentación del recurso, la 

Sra. Otero Encarnación, no se encontraba cubierta por las 

protecciones que brinda el Código de Quiebras. Añade que, las dos 

peticiones voluntarias presentadas ante la Corte de Quiebras han 

sido desestimadas, por lo que, no existe ningún impedimento para 

continuar con el proceso de ejecución. Reiteran los demandantes,

además, que la “Sentencia en Rebeldía” dictada el 23 de junio de 

2021, se emitió como consecuencia de la inacción de la Sra. Otero 

Encarnación al no notificar oportunamente la radicación del caso 

20-02873. Finalmente, la parte recurrida enfatiza que los 

procedimientos post-sentencia, se realizaron con el aval de la Corte 

de Quiebras, en el caso 23-00068. 

La parte recurrida reitera en su escrito que no procede el 

Relevo de Sentencia, pues la parte peticionaria no cumplió con los 

10 Esta Orden fue notificada el 14 de noviembre de 2023.

11 “Oposición a “Moción solicitando Relevo de Sentencia al amparo de la Regla 49(D) de

Procedimiento Civil 2009”, Anejo XVIII del Apéndice de la Contestación a la Apelación.

12 Anejo 1 del Apéndice.
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requisitos impuestos por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

infra. Específicamente, manifiesta que la Sra. Otero Encarnación

no presentó oportunamente, dentro de un término razonable, los 

planteamientos que utiliza para fundamentar su solicitud de 

relevo, sino que tardó 25 meses y 19 días. La parte recurrida 

arguye que, en todo caso que la Sra. Otero Encarnación desee 

cuestionar la legalidad de la Sentencia, ésta debía entablar un 

pleito independiente.

La parte peticionaria, plantea que el Foro de Instancia 

cometió los siguientes errores:

A. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia habiendo sido notificado de la 

ricación [sic] de petición de quiebra.

B. Cometió error el Tribunal de Instancia al no paralizar 

los procedimientos.

C. Cometió error el Tribunal de Instancia al continuar 

los procedimientos basado en una Sentencia dictada 

después de haber radicado una solicitud de 

paralización de los procedimientos contra una 

persona que se encuentra [sic] bajo la protección de 

la Ley de Quiebra.

D. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al no 

dejar sin efecto la Sentencia dictada en el caso 

VB2019CV00652 cuando se alega nulidad de la 

Sentencia por haberse dictado sin tener jurisdicción 

sobre la materia y la persona del demandado debido 

a la paralización automática de la radicación de 

petición de quiebra de la demandada.

E. Cometió error el Tribual [sic] de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

de la parte recurrente por tratarse de una sentencia 

nula por dictarse en violación del estatuto de la Ley 

de Quiebra que impone la para;ización [sic] de los 

procedimientos una vez se radica una petición de 

quibra [sic].

F. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al no 

continuar los procedimientos a la fecha en que fue 

radicada la petición de quiebra, y contibuar [sic] con 

los mismo conforme a una Sentencia que se dictó 

después de la radicación de la petición de quiebra.

-II-

-ALa Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

49.2, establece un mecanismo procesal mediante el cual el tribunal 

“podrá relevar a una parte o a su representante legal de una 
KLAN202400075 6

sentencia, orden o procedimiento”. Ahora bien, sólo será 

concedido este remedio en las instancias y por los fundamentos 

enumerados en la norma procesal. García Colón et a.l v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 539 (2010).

El mecanismo post-sentencia que incluye esta regla busca 

evitar que los fines de la justicia se vean frustrados por 

tecnicismos y sofisticaciones. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 

(2004).

Según mencionado, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, detalla un listado taxativo de las instancias en las cuales 

procede el relevo de sentencia. Ante ello, “[e]l peticionario del 

relevo está obligado a justificar su solicitud amparándose en una 

de las causales establecidas en la regla”. García Colón et al v. 

Sucn. González, supra, a la pág. 540, citando a Reyes v. ELA et al.,

155 DPR 799, 809 (2001).

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, provee que los 

Tribunales podrán liberar del cumplimiento de una sentencia,

cuando surja una de las siguientes:

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 

de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio 

de acuerdo con la Regla 48; 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado “intrínseco” y el también llamado 

"extrínseco"), falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia. 

Una moción de relevo de sentencia no puede ser utilizada

como un sustituto a los recursos de revisión o reconsideración,

pero puede concederse aun después de que dicha sentencia haya 
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advenido firme y final. Piazza v. Isla del Rio, Inc., 158 DPR 440, 

449 (2003), reseñando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143

DPR 314, 328 (1997) y a Olmedo Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 

DPR 294, 299 (1989).

“El remedio de reapertura referido se origina en la propia 

razón de ser de los foros judiciales: hacer justicia”. Piazza v. Isla

del Rio, Inc., supra, a la pág. 448; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

DPR 445, 449 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal

Superior, 87 DPR 903, 906 (1963). Este mecanismo procesal hace 

un llamado a que los Tribunales hagan un balance entre dos 

intereses en conflicto: “de una parte, que toda litigación sea 

concluida y tenga finalidad, y, de otra parte, que en todo caso se 

haga justicia”. Náter v. Ramos, supra, a la pág. 624.

Ante ello, la facultad que reconoce esta regla al Foro judicial,

de reabrir un caso adjudicado no es absoluta, porque “a éste se 

contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza y 

estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se eviten 

demoras innecesarias en el trámite judicial”. Piazza v. Isla del Rio,

Inc., supra, a la pág. 448.

Nuestro Máximo Foro reiteró en el caso de Reyes v. ELA et 

al., supra, a la pág. 809, que “esta regla no es una llave maestra 

para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la 

sentencia correctamente dictada”.

En lo pertinente, concluyó el Tribunal Supremo que,

“aunque el conceder o denegar una moción de relevo de sentencia

es un asunto altamente discrecional, es necesario dejar 

demostrado que existen razones que justifiquen el remedio 

solicitado”. Reyes v. ELA et al., supra, a la pág. 812.

Ahora bien, surge de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, que “[l]a moción se presentará dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) 
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meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado 

a cabo el procedimiento”. 

En cuanto al término proscrito para la presentación de esta 

moción es fatal. Piazza v. Isla del Rio, Inc., supra, a las págs. 448–

449. Es decir, “transcurrido el término de seis meses del registro 

de alguna sentencia, no puede considerarse una moción de relevo”. 

Íd, a la pág. 452. Sin embargo, el término anterior no será de 

aplicación en los casos de nulidad o cuando la sentencia dictada 

ha sido satisfecha. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a 

la pág. 540.

Resulta imperativo señalar que, en el caso de García Colón et 

al. v. Sucn. González, supra, a las págs. 543–544, nuestro Máximo 

Foro analizó que, aún transcurrido el término de seis (6) meses

provisto por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, el 

peticionario del relevo podrá cuestionar la validez de una 

sentencia. Analizó el Tribunal Supremo en Figueroa v. Banco de 

San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979), que,

El esquema amplio y abarcador de remedios que provee 

la Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de 

esta acción independiente a los casos en que ha 

transcurrido el término fatal de seis meses y las 

circunstancias sean de tal índole que el tribunal pueda 

razonablemente concluir que mantener la sentencia 

constituiría una grave injusticia contra una parte que no 

ha sido negligente en el trámite de su caso y que, 

además, tiene una buena defensa en los méritos.

Se admite generalmente el ejercicio de la acción 

independiente en casos de sentencias nulas, ya 

que estas son inexistentes. (Énfasis Nuestro).

“Una sentencia se considera nula cuando el tribunal actuó 

sin jurisdicción o cuando se quebrantó el debido proceso de ley de

alguna de las partes”. HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 699

(2020).

-BEl auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 
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las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece las instancias en 

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de 

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202

DPR 478, 486 (2019).

Ahora bien, para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución 

final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El Tribunal de Apelaciones sólo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 
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norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Asimismo, en el Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 –

2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u, en relación a la 

competencia del Tribunal de Apelaciones, se establece la 

importancia de brindar acceso fácil, económico y efectivo a la 

ciudadanía, así como permitir la comparecencia efectiva de 

ciudadanos por derecho propio. Fraya v. ACT, 162 DPR 182, 189-

190 (2004); Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 DPR 647, 658 (2003).

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatizó en Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003), que el hecho de que las partes 

acudan a un tribunal por derecho propio, por sí sólo, no justifica el 

incumplimiento de éstas con las reglas procesales. Máxime 

cuando la omisión del peticionario obstaculiza la función revisora 

de este Tribunal de Apelaciones. 

En esa misma línea, la Regla 34 (E) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E), exige el 

peticionario la presentación de ciertos documentos. Lo anterior 

con el fin de que este Tribunal se encuentre en posición de atender 

las controversias planteadas ante su consideración.

En particular se requiere que presente copia literal de,

1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso 

y en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice 

que contendrá una copia literal de:

i. Las alegaciones de las partes, a saber: 

en casos civiles, la demanda principal, la 

de coparte o de tercero y reconvención, con 

sus respectivas contestaciones; 

ii. en casos criminales, la denuncia y la 

acusación, si la hubiere. 

a) La decisión del Tribunal de Primera Instancia 

cuya revisión se solicita, incluyendo las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de 

derecho en que esté fundada, si las hubiere, y la 

notificación del archivo en autos de una copia de

la notificación de la decisión, si la hubiere. 

b) Toda moción debidamente sellada por el 

Tribunal de Primera Instancia, resolución u 
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orden necesaria para acreditar la interrupción y 

reanudación del término para presentar la

solicitud de certiorari, y la notificación del 

archivo en autos de una copia de la resolución u 

orden. 

c) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito 

de cualesquiera de las partes que forme parte 

del expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia, en los cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en la solicitud de 

certiorari, o que sean relevantes a ésta. 

d) Cualquier otro documento que forme parte del 

expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones a los fines de resolver la 

controversia. Íd.

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo se ha expresado 

en cuanto a la necesidad de cumplir fielmente las disposiciones 

reglamentarias de los Tribunales. Mariana Arriaga v. FSE, 145 DPR

122, 130 (1998). En fin, no podemos ignorar que las 

determinaciones judiciales gozan de una presunción de corrección

que sólo podrán ser rebatidas con la presentación de prueba en 

contrario. Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR 654, 671(2023).

-IIISegún surge del trámite procesal esbozado, la Sra. Lydia 

Otero Encarnación, comparece ante nos, en solicitud de que se 

revoque la “Orden” dictada el 20 de diciembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia. En ésta se denegó la solicitud de

relevo de la “Sentencia en Rebeldía” dictada el 23 de junio de 2021. 

Por estar íntimamente relacionados los errores planteados en 

el Recurso ante nos, procederemos a discutirlos conjuntamente. 

La Sra. Otero Encarnación arguye que, debido a que la 

referida “Sentencia en Rebeldía” fue dictada mientras ésta se

encontraba acogida a la protección que provee el Código de 

Quiebras, ésta es nula. Siendo así, argumenta la parte 

peticionaria amparada en la Regla 49.2 (d) de Procedimiento Civil, 

supra, que procede el relevo de la “Sentencia en Rebeldía”.
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La Sra. Otero Encarnación, manifiesta no haber estado 

enterada de los trámites procesales que ocurrieron con 

posterioridad a su emplazamiento. Lo anterior no nos convence, 

por varias razones. De entrada, el formulario OAT 1721, hace la 

advertencia de que la incomparecencia del emplazado, dentro del 

término allí plasmado, podría resultar en una Sentencia en 

rebeldía en su contra. Además, surge del expediente judicial que 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia fueron 

notificadas a la última dirección conocida de la Sra. Otero 

Encarnación. Dirección que, nos percatamos, coincide con la 

incluida a la parte inferior de la firma de esta en el recurso ante 

nos. A su vez, el Lcdo. Juan O. Calderón Lithgow, quien 

compareció en representación de ésta, continuó recibiendo todos 

los documentos presentados y las ordenes emitidas en el caso.

Por su parte, es evidente que la Sra. Otero Encarnación no 

fue diligente al notificar, en el Foro de Instancia, la radicación del 

caso de Quiebras. De igual forma, surge de la “Orden” emitida por 

el Foro Federal que la parte peticionaria no se opuso a la solicitud 

de la parte recurrida, para continuar los procesos de ejecución.

No podemos obviar que la Sra. Otero Encarnación, por haber 

ejercido durante varios años la profesión de derecho, a nuestro 

entender es conocedora del ordenamiento judicial.

Ahora bien, las disposiciones aplicables a la petición de 

relevo de sentencia imponen un término fatal de seis (6) meses, 

contados a partir de que se dicte la Sentencia, para solicitar su 

relevo. Piazza v. Isla del Rio, Inc., supra, a las págs. 448–449; 452.

Este término, analiza el Tribunal Supremo, persigue el fin último 

de que toda litigación sea concluida, garantizando así que haya 

certeza y estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se 

eviten demoras innecesarias en el trámite judicial. Náter v. Ramos, 
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supra, a la pág. 624; Piazza v. Isla del Rio, Inc., supra, a la pág.

448.

Sin embargo, dicho término no será de aplicación en los 

casos en los que se plantee la nulidad de la Sentencia. Ante ello, 

quien solicite el relevo de una sentencia transcurrido el término de 

seis (6) meses, basándose en el fundamento de nulidad de esta, 

deberá instar un pleito independiente. Figueroa v. Banco de San 

Juan, supra, a la pág. 689.

En el presente caso, la Sra. Otero Encarnación, solicitó el 

relevo de la sentencia, bajo el fundamento de que dicho Foro 

carecía de jurisdicción, para emitir la “Sentencia en Rebeldía”. En 

otras palabras, sostuvo que esta determinación era nula. 

No pese a lo anterior, la parte peticionaria esperó dos (2)

años, (3) meses y diez (10) días, para cuestionar la validez de la 

“Sentencia en Rebeldía” y solicitar su relevo. La Sra. Otero 

Encarnación, no justificó su falta de diligencia, sino que se quedó

de brazos cruzados, no reconsideró la “Sentencia en Rebeldía”, y 

tampoco cuestionó su procedencia oportunamente. Lo anterior

son conductas que atentan directamente a la rápida tramitación de 

las controversias. Por ende, de la peticionaria entender que la 

“Sentencia en Rebeldía” fue dictada por un Tribunal carente de 

jurisdicción sobre la materia, deberá proceder conforme a lo 

resuelto en el caso de Figueroa v. Banco de San Juan, supra.

No podemos permitir que la dejadez de las partes irrumpa la 

sana administración de la justicia dilatando injustificadamente los 

procesos judiciales. 

-IVPor los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de este dictamen, se confirma la “Orden” dictada el 20 de 

diciembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Vega Baja, en la cual declaró “No Ha Lugar” la 
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“Solicitud de Reconsideración”, presentada el 23 de noviembre de 

2023, por la parte peticionaria. Lo anterior reafirmando así su 

denegatoria de la petición de relevo de la “Sentencia en Rebeldía”, 

dictada el 23 de junio de 2021.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones