ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

JOSÉ ANTONIO 

CARMONA GUTIÉRREZ 

y otros

Apelante-Demandantes

v.

SAMARIA IGLESIA 

EVANGÉLICA, INC., y

otros

Apelado-Demandados

KLAN202400053

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Fajardo

Civil Núm.:

NSCI201700484

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2024.

Comparece ante nos el señor José Antonio Carmona Gutiérrez

(señor Carmona Gutiérrez o apelante) y solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada el 18 de diciembre de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Fajardo. En virtud del 

referido dictamen, el tribunal a quo declaró ha lugar las solicitudes

de desestimación presentadas por la Samaria Iglesia Evangélica, 

Inc. (Samaria Iglesia), los miembros del Cuerpo Conciliar de 

Samaria, el Rev. Ángel L. Ortiz Rivera (Rev. Ortiz Rivera) y la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (en conjunto, 

apelados). En consecuencia, desestimó la Demanda incoada por el

apelante por falta de jurisdicción sobre la materia. 

Por las consideraciones que expondremos a continuación, se 

confirma el pronunciamiento apelado. 

I.

Samaria Iglesia Evangélica es una corporación sin fines de 

lucro que sujeta a sus miembros a la autoridad de una Junta 
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Conciliar. Dicha Junta se encarga de encaminar a la Iglesia para la 

consecución de sus fines eclesiásticos.

Según surge del expediente, el 27 de octubre de 2017, el señor 

Carmona Gutiérrez, la señora María Rodríguez Ortiz y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; Carmen Justa 

Gutiérrez Ramos, Joseph Lery Carmona Rodríguez y Juan José 

Carmona Rodríguez instaron una demanda sobre incumplimiento 

de deberes corporativos; debido proceso de ley; difamación y daños 

y perjuicios contra la Samaria Iglesia y el Rev. Ortiz Rivera, entre 

otras partes. 

En la demanda se expuso, en síntesis, que, desde el 12 de 

marzo de 2014, el señor Carmona Gutiérrez fue certificado como 

presidente de la Junta Conciliar de Samaria por la Asamblea de 

miembros, posición que estaría vigente hasta febrero de 2018. 

Añadió que, el 15 de junio de 2015, este fue destituido de su puesto 

como presidente, por alegadas acusaciones y señalamientos 

administrativos contrarios a los cánones de sana administración 

establecidos por la Samaria Iglesia en su Constitución y 

Reglamento; aparentes violaciones a la Ley Núm. 100 de 30 de junio 

de 1959; así como aparentes violaciones por las cuales el Rev. Ortiz

Rivera se querelló bajo la Ley Núm. 115-1991. Adujeron que, a la 

fecha de la demanda, Samaria Iglesia y su presidente interino no 

habían atendido debidamente ni resuelto el asunto de la destitución

del señor Carmona Gutiérrez, según establece el reglamento 

aplicable. Especificaron que, el no completar el proceso iniciado en 

su contra, ni agotar el trámite de investigación acorde con el 

reglamento, constituyó crasa negligencia por parte de la Iglesia, al 

desentender deliberadamente sus deberes corporativos. Añadieron

que el Rev. Ortiz Rivera difamó al señor Carmona Gutiérrez en

pública Asamblea el 26 de febrero de 2017. En suma, solicitaron

una cuantiosa compensación económica por los daños sufridos por 
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el señor Carmona Gutiérrez y sus familiares, así como por los 

estipendios dejados de percibir por concepto de lucro cesante, entre 

otras cosas. 

Luego de varios incidentes procesales que resultan

innecesarios pormenorizar, la Samaria Iglesia, los miembros del 

Cuerpo Conciliar de Samaria y el Rev. Ortiz Rivera incoaron una 

Moción Solicitando la Desestimación y Archivo, a través de la cual 

invocaron las doctrinas de abstención judicial y no intervención del 

Estado que emanan de la Constitución de los Estados Unidos y la 

de Puerto Rico. Esencialmente, argumentaron que, conforme a las

mencionadas doctrinas, la demanda presentada por el señor 

Carmona Gutiérrez no era justiciable, por lo cual debía 

desestimarse. En ese sentido, esgrimieron que el foro primario no 

podía: (1) inmiscuirse ni hacer valoración del procedimiento interno 

ni de las denuncias y faltas por las cuales la Iglesia decidió 

disciplinar al señor Carmona Gutiérrez, sin entrar a pasar juicio 

sobre lo que la Iglesia considera conducta aceptable, según sus 

creencias y (2) penalizar económicamente a la Iglesia y miembros de 

su clero por ejercer funciones de naturaleza disciplinaria que 

emanan de su propia Constitución y reglamentos.

En particular, adujeron que la reclamación implicaba una 

disputa eclesiástica y actos que el Tribunal de Justicia debía 

abstenerse de revisar. Al respecto, expusieron que el señor Carmona 

Gutiérrez solicitaba que el foro judicial analizara las políticas y 

procedimientos internos de una iglesia y decidiera asuntos de 

interpretación y aplicación del derecho eclesiástico. Especificaron

que las declaraciones impugnadas por el señor Carmona Gutiérrez

se hicieron en el contexto de un diálogo interno de la iglesia y sobre 

procedimientos disciplinarios, por lo cual estas eran privilegiadas.

Destacaron que la selección, expulsión y reinstalación de un 

ministro eran cuestiones de administración y gobierno de la iglesia 
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que no debían resolverse en el sistema judicial porque se trastocaría

la soberanía del pueblo samaritano.

En reacción a la anterior solicitud, el señor Carmona 

Gutiérrez esbozó que la doctrina de la abstención judicial dependía

de múltiples variables, conforme a las circunstancias particulares 

de los hechos. Argumentó que la aplicación de la doctrina 

mencionada requiere que el propio tribunal, luego de la presentación

de prueba demostrativa en ese sentido, haga una determinación de

si, a la luz de los hechos ante sí, la controversia requiere pasar juicio 

sobre cuestiones eclesiásticas. Ante ello, adujo que el tribunal no 

infringiría las cláusulas religiosas concernidas mientras la 

controversia pueda dilucidarse mediante la aplicación de principios

neutrales de derecho. En particular, alegó que en el caso de autos

aplicaban los principios generales de obligaciones y contratos, 

daños y perjuicios y las causales que dan pie a una acción de 

difamación. Añadió que, aun cuando una institución religiosa

señalara motivos religiosos como causa de una cesantía, ello no

privaba inexorablemente a un tribunal de jurisdicción de conceder

un remedio. Reiteró que el caso de referencia versa sobre un asunto 

estrictamente de aplicación del derecho.

Analizadas todas las posturas traídas a su atención, el TPI 

notificó la Sentencia que nos ocupa. Mediante la misma, desestimó 

la demanda incoada por el señor Carmona Gutiérrez. En su análisis, 

el foro de instancia expuso que el inmiscuirse en decisiones tomadas

por la organización religiosa en la solución de sus conflictos internos 

constituiría una intervención judicial indebida. Por tanto, determinó 

que no ostentaba jurisdicción sobre la materia para entrar a resolver 

la remoción y posterior despido como presidente de la Junta 

Conciliar del señor Carmona Gutiérrez. A su vez, expresó que, toda 

vez que el debido proceso de ley en su modalidad procesal solo se 

activa cuando es el Estado quien atenta contra el interés individual 
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de libertad o el interés propietario de una persona, el señor Carmona 

Gutiérrez no poseía un interés propietario sobre su puesto, pues los 

miembros de una corporación sin fines de lucro pertenecen a ella 

voluntariamente, no con el interés de hacer negocios con fines de 

lucro. Por último, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que las 

expresiones emitidas por Rev. Ortiz Rivera en pública asamblea de 

la Junta Conciliar se podían considerar como información 

privilegiada, a tenor con lo dispuesto en la Ley de Libelo.

Por estar inconforme con la determinación del foro primario, 

el señor Carmona Gutiérrez comparece ante nos en recurso de 

apelación y plantea que el TPI cometió el siguiente error:

El Honorable Tribunal de Instancia erró al declarar con 

lugar la desestimación [de] la demanda de daños y 

perjuicios contra la parte apelante al indicar que no 

tenía jurisdicción para atender la controversia por el 

fundamento de separación de iglesia y estado.

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

estamos en posición de resolver.

II.

A.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

es uno de los vehículos procesales disponibles para que una parte 

solicite la desestimación de una demanda. Entre las defensas a 

formularse se encuentra el dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. 

Así, al enfrentarse a una moción de desestimación de esta 

naturaleza, el juzgador debe dar por buenas y ciertas todas las 

alegaciones fácticas delineadas en la demanda y considerarlas del 

modo más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 DPR 1033 (2013). No obstante, para que ello ocurra, los hechos 

deben ser aseverados de forma adecuada, así como también, 
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expresados clara y concluyentemente y que de su faz no den margen 

a dudas. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).

Ahora bien, el promovente de la solicitud de desestimación 

prevalecerá si le demuestra al TPI que -aun dando por ciertos los 

hechos correctamente alegados- la demanda instada no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). 

Se desprende de lo antepuesto que, el juez o la jueza, al 

evaluar una solicitud de desestimación por el fundamento de que la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, está obligado/a a tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 

favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz, et al. v. Jta. Dir. 

First Bank, supra; Colón v. Lotería, supra. Así, solo cuando el TPI 

efectúe dicho examen y esté convencido de que la parte demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que 

pueda probar, es que procederá desestimar la demanda. Colón 

Rivera et al. v. ELA, supra, a la pág. 1049; El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., supra. 

La demanda no deberá ser desestimada a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo de su reclamación. Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al, 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., supra. Entonces, es necesario considerar si, a la 

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda 

duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida. Íd. 
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B.

El Artículo II, Sección 3, de la Constitución de Puerto Rico, 

LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 280, dispone que “[n]o se aprobará ley 

alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se 

prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa 

separación de la iglesia y el estado”. Esta sección responde a la 

cláusula de libertad de culto y a la cláusula de establecimiento que 

consagra la Primera Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos. La cláusula sobre separación requiere que se reconozca una 

especie de jurisdicción a la iglesia, distinta y separada a la del 

estado, para que las actuaciones de ambas no interfieran entre sí. 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 633–634 (1997); Asoc. 

Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 135 DPR 150 (1994); Everson 

v. Board of Education, 330 US 1, 16 (1947). Tanto la doctrina federal 

como la nuestra son cónsonas entre sí con respecto a la 

interpretación de la Cláusula de Separación de Iglesia y Estado y la 

Cláusula de Libertad de Culto que nos dirigen en torno al curso a 

seguir en este asunto. Ambas cláusulas deben ser consideradas por 

los tribunales, los cuales deben limitarse a adjudicar aquellas 

controversias en las cuales no hay que intervenir con cuestiones de 

dogmas y principios religiosos. Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, 150 DPR 571, 580 (2000).

La cláusula de libertad de culto garantiza la práctica de las 

creencias religiosas individuales o colectivas. Aunque la libertad de 

credo es absoluta, la autonomía para actuar conforme a dichas 

creencias tiene sus limitaciones.1 Cuando el Estado, en la 

promoción de algún fin legítimo gubernamental, afecta 

adversamente la práctica del culto religioso, esta cláusula 

constitucional requiere que en algunas circunstancias se hagan 

1 Cantwell v. Connecticut, 310 US 296, 303-304 (1940).
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concesiones para permitir el libre ejercicio de las creencias 

religiosas. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 DPR 765, 778-

779 (1989). Sin embargo, precisa resaltar que no todas las 

actuaciones gubernamentales que afectan la libertad de culto 

requieren un acomodamiento. Íd. Si son incidentales a una 

reglamentación uniforme de actividades seculares, y el interés del 

Estado es de tal magnitud que sustancialmente sobrepase el 

reclamo de inmunidad religiosa, prevalecerá el interés 

gubernamental. Íd.

Para que el Estado pueda prevalecer frente a una alegada 

infracción a la cláusula que prohíbe el establecimiento de cualquier 

religión, se requiere que la ley o conducta atacada tenga un 

propósito secular, que su efecto primario o principal no sea 

promover o inhibir la religión y, finalmente, que no conlleve la 

posibilidad de provocar una intromisión o interferencia 

(entanglement) excesiva del Gobierno en los asuntos religiosos. Díaz 

v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, supra, págs. 780-782. Mientras los 

actos gubernamentales puedan justificarse en términos seculares y 

no constituyan una excesiva intromisión con las autoridades 

eclesiásticas, serán perfectamente armonizables con la 

Constitución. Íd.

Realmente lo que limita la facultad interventora de un tribunal 

no es el hecho de que las partes involucradas sean entidades 

religiosas, sino el tipo de controversia que se trae ante la 

consideración del foro judicial. Amador v. Conc. Igl. Univ. De 

Jesucristo, supra; Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra.

En armonía con lo anterior, no existe duda en cuanto a la 

autoridad que tiene un tribunal civil para intervenir en la 

interpretación de un contrato “libremente negociado y acordado” 

entre dos (2) entes privados. En Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que la 
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participación del Estado a través de los tribunales en disputas 

contractuales no es penetrante e incisiva en la operación de una 

institución educativa católica al punto de constituir una carga 

sustancial al libre ejercicio del culto ni promover el establecimiento 

de cualquier religión, según proscriben la Primera Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos y el Art. II, Sec. 3 de la Constitución 

del Estado Libre Asociado, LPRA, Tomo 1. Por lo tanto, siempre 

que la dilucidación de la disputa contractual no requiera pasar 

juicio sobre materias de doctrina, de fe o de organización 

eclesiástica interna, los tribunales civiles podrán ejercer 

jurisdicción. Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra, pág. 627.

(Énfasis nuestro).

La cláusula del libre ejercicio se extiende no sólo a los 

individuos que practican determinada religión, sino también a las 

organizaciones que promueven dicho culto. Las organizaciones 

religiosas tienen un interés en mantener su autonomía en la 

organización de sus asuntos internos de manera que puedan 

libremente seleccionar sus líderes, definir sus propias doctrinas, 

resolver las disputas internas y administrar sus instituciones.

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra, pág. 639, citando a 

Corporation of Presiding Bishop v. Amos, 483 US 327, 341-342 

(1987) (opinión concurrente del Juez Brennan).

Ahora bien, en controversias en las cuales una parte solicite 

intervención del foro judicial para evaluar la actuación de una 

Iglesia en torno al despido de uno de sus ministros, el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos explicó en Serbian E. Orthodox 

Diocese for U. S. of Am. & Canada v. Milivojevich, 426 US 696, 713,

724-725 (Parte IV) (1976), lo siguiente:

For civil courts to analyze whether the ecclesiastical 

actions of a church judicatory are in that sense 

“arbitrary” must inherently entail inquiry into the 

procedures that canon or ecclesiastical law supposedly 

requires the church judicatory to follow, or else into the 
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substantive criteria by which they are supposedly to 

decide the ecclesiastical question. But this is exactly the 

inquiry that the First Amendment prohibits; recognition of 

such an exception would undermine the general rule that 

religious controversies are not the proper subject of civil 

court inquiry, and that a civil court must accept the 

ecclesiastical decisions of church tribunals as it finds

them. [...]

[...]

[T]he First and Fourteenth Amendments permit 

hierarchical religious organizations to establish their own 

rules and regulations for internal discipline and 

government, and to create tribunals for adjudicating 

disputes over these matters. When this choice is 

exercised and ecclesiastical tribunals are created to 

decide disputes over the government and direction of 

subordinate bodies, the Constitution requires that civil 

courts accept their decisions as binding upon them. 

En consonancia con lo anterior, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos expresó en Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran 

Church and School v. E.E.O.C., 565 US 171, 195 (2012) que el 

propósito de la excepción ministerial no es salvaguardar la decisión

de una Iglesia de despedir a un ministro solo cuando esta se basa 

en una razón religiosa. La excepción asegura la autoridad de la 

Iglesia de seleccionar y controlar quien ministra su fe, materia 

estrictamente eclesiástica. “The purpose of the exception is not to 

safeguard a church's decision to fire a minister only when it is made 

for a religious reason. The exception instead ensures that the 

authority to select and control who will minister to the faithful—a 

matter “strictly ecclesiastical,”—is the church's alone.”

2

III.

En su único señalamiento de error, el apelante alega que 

incidió el TPI al desestimar la demanda de epígrafe, al declararse sin 

jurisdicción sobre la materia para resolver su remoción y posterior 

despido como presidente de la Junta Conciliar de la Samaria Iglesia. 

Explica que en el caso de autos los hechos se relacionan a un 

2 Véase además lo resuelto en Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru, 

591 US ___ (2020).
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contrato con la Iglesia, las obligaciones que emanan de dicho pacto,

la aplicación de un reglamento a los efectos de si ejecutaron el

proceso administrativo interpuesto y los daños por difamación

ocasionados a su reputación sin que hubiera terminado el proceso 

administrativo. Añade que la aplicabilidad del reglamento es una 

parte importante de las condiciones de contratación y el obviarlo se 

traduce en un incumplimiento. Particulariza que el asunto traído 

ante el foro judicial en nada tiene que ver con creencias, libertad de 

culto, separación de Iglesia y Estado o doctrinas eclesiásticas, sino 

que, por el contrario, simplemente requiere la aplicación de los 

principios generales de los contratos para determinar si se siguió 

con el reglamento establecido como parte de la contratación con la 

Iglesia Samaria. Puntualiza que, aun cuando la referida institución 

señaló motivos religiosos como causa de su despido, ello no priva 

inexorablemente al Tribunal de jurisdicción para conceder un 

remedio. Por su parte, los apelados están de acuerdo con la decisión 

tomada por el foro a quo, por entender que procede la abstención 

judicial ante el libre culto religioso. 

Tras un análisis sereno del expediente y las argumentaciones 

de las partes, entendemos que la decisión apelada es correcta en 

derecho. Veamos.

De la propia Demanda se desprende que el apelante refuta su 

destitución como presidente de la Junta Conciliar, la cual se basó

en señalamientos relacionados a los cánones de sana 

administración establecidos por la Samaria Iglesia en su 

Constitución y Reglamento, así como por violaciones a otras leyes 

locales. Este impugna la manera en que la Iglesia manejó su 

cesantía, al entender que no se atendió según lo establece su propio

reglamento, en contravención al debido proceso de ley y en clara 

desatención a sus deberes corporativos. 
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Según el derecho aplicable, resulta evidente que la

controversia traída ante el foro judicial no es una puramente 

contractual como alega el apelante. Tampoco nuestra intervención 

constituiría una actuación estatal sobre la aplicación de las 

disposiciones neutrales.

3 Es patentemente una causa de acción que 

propone la intromisión excesiva de los tribunales con el 

procedimiento disciplinario ejecutado por Samaria Iglesia, 

entiéndase, con las normas internas de reclutamiento y posterior 

despido de uno de sus ministros por conductas inaceptables, 

conforme sus creencias. La jurisprudencia es diáfana al establecer 

que los tribunales no tienen jurisdicción para resolver controversias 

que cuestionan las decisiones de personal que toman estas 

instituciones religiosas. Ciertamente, la Samaria Iglesia tiene la

potestad de dirigir su institución cimentada en sus principios

religiosos y, por ende, el seleccionar a su propio representante ante 

el público, como lo es un ministro constituye una determinación 

interna de índole administrativa. Se trata de un asunto comprendido 

dentro del dogma de la Samaria Iglesia en el cual el foro judicial no 

debe inmiscuirse. 

Recordemos que el apelante ostentaba una delicada posición 

dentro de la Samaria Iglesia (ministro) que manejaba una diversidad 

de asuntos internos de alto interés, fe, dogma y creencias religiosas. 

En ese sentido, colegimos que la Sentencia objetada es correcta en

derecho y debe sostenerse, bajo los postulados de la doctrina de 

abstención eclesiástica.

En síntesis, según el derecho discutido y a base de los hechos 

particulares del caso bajo examen, procedía la desestimación de la 

demanda instada por el apelante contra la Samaria Iglesia, por falta 

de jurisdicción sobre la materia. El error señalado por el apelante 

3 Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra, pág. 646.
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no se cometió. En ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, 

coincidimos con lo pronunciado por el Tribunal de Primera Instancia 

en su determinación. Procede confirmar la determinación apelada.

IV.

Por las consideraciones que preceden, confirmamos el 

dictamen emitido por el TPI.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones