Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

KATHERINE JANITZA 

MERCADO SOTO

Apelado

v.

EDGARDO EMMANUEL 

SUÁREZ LÓPEZ

Apelante

KLAN202400120

Recurso de 

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Arecibo 

Caso Núm. 

AR2022RF00485

Sobre:

Alimentos

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece Edgardo Emmanuel Suárez López (Sr. Suárez 

López o apelante) y solicita la revocación de la Sentencia sobre 

pensión alimentaria emitida el 1 de noviembre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI o foro primario).

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

modificamos el dictamen apelado. Veamos.

I.

El apelante y Katherine Janitza Mercado Soto (Sra. Mercado 

Soto o apelada) procrearon tres hijos (D.E.S.M; K.M.S.M y L.S.M),

quienes a la fecha del inicio del pleito de epígrafe contaban con diez 

(10), cinco (5) y dos (2) años de edad, respectivamente. El 17 de junio 

de 2022, la Sra. Mercado Soto interpuso la Demanda1 de título en 

contra del Sr. Suárez López. Informó que, la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUME) dictó una Resolución2 sobre pensión 

alimentaria a favor de sus dos hijos mayores (D.E.S.M. y K.M.S.M.),

1 Apéndice, págs. 8-9.

2 Apéndice, págs. 1-7.
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con efectividad de 1 de abril de 2017. Añadió que, hasta la fecha, no 

había pensión alimentaria establecida a favor del hijo menor, L.S.M.

Por ello y transcurridos más de tres años, solicitó la revisión de la 

pensión alimentaria de D.E.S.M. y K.M.S.M., así como la fijación de 

la pensión alimentaria a favor de L.S.M.3

El foro primario remitió el asunto ante la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (EPA) quien, luego de celebrar una vista,

emitió un Informe4 (preliminar), el 10 de noviembre de 2022. En 

este, recomendó al TPI acoger una estipulación para mantener,

provisionalmente y a través de ASUME, la pensión alimentaria a 

favor de los tres menores en $400.00 mensuales, efectivo el 17 de 

junio de 2022. Además, expuso que, las partes estipularon que el 

Sr. Suárez López pagaría el 50% de los gastos escolares, el 50% de 

los gastos médicos de los menores que no cubra el Plan de Salud del 

Gobierno (Vital) y el 50% de los gastos extracurriculares de pelota 

del menor, D.E.S.M. En particular reconoció que, la deuda por 

concepto de retroactividad sería calculada en la vista final de 

alimentos, “si alguna”. Basado en lo antes, el TPI notificó una 

Resolución el 14 de noviembre de 2022.5

Así las cosas y continuados los procesos ordinarios, el 

demandado acreditó su contestación a la demanda, el 19 de enero 

de 2023. Culminado el descubrimiento de prueba, se celebró la vista 

final el 16 y 24 de octubre de 2023. Luego de escuchar el testimonio 

de las partes, quienes comparecieron debidamente representadas 

por abogadas, y evaluada la prueba documental, la EPA emitió un 

Informe y Recomendaciones, el 27 de octubre de 2023.6 En su

informe, la EPA hizo constar lo siguiente con respecto a imputar

ingresos al padre no custodio:

3 Apéndice, págs. 8-9.

4 Apéndice, págs. 11-12.

5 Apéndice, págs. 13-14.

6 Apéndice, págs. 221-230.
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[...] De otra parte, consideramos que el padre no 

custodio puede tener la capacidad de entrenar jóvenes 

en el deporte de pelota, aunque alegó que actualmente 

no lo hace, lo que podría resultar en la capacidad de 

generar ingresos adicionales. Su testimonio no nos 

mereció entera credibilidad. Luego de evaluada 

detenidamente la prueba presentada sobre los ingresos 

del padre no custodio como jugador de pelota

profesional, encontramos razonable utilizar la doctrina 

de imputación de ingresos, por lo que consideramos 

justo utilizar un ingreso neto aproximado en la suma de 

$255.96 mensuales, luego de las deducciones 

mandatorias, para efectos del cómputo de la revisión de 

la pensión alimentaria.7

Atendido el referido Informe, el TPI acogió las 

recomendaciones de la EPA en la Sentencia emitida el 1 de 

noviembre de 2023. En su consecuencia, ordenó al apelante pagar,

a favor de los tres menores, $574.00 mensuales por concepto de 

pensión alimentaria, el 50% de los gastos escolares y el 50% de los 

gastos médicos bajo el plan Vital. Además, le impuso el pago de los 

gastos extracurriculares derivados del deporte de pelota que 

practica el menor, D.E.S.M. En particular, ordenó a ASUME 

actualizar y conciliar la cuenta que existe entre las partes con la 

nueva cantidad de pensión de $574.00. Lo antes, con efectividad de

17 de junio de 2022, para que dicha agencia calcule la deuda por 

concepto de retroactividad, “si alguna” y un plan de pago “si alguno”.

Por último, impuso al Sr. Suárez López el pago de $900.00 por 

concepto de honorarios de abogado a favor de la Sra. Mercado Soto, 

al amparo del inciso (1) del Artículo 22 de la Ley Núm. 5, 8 LPRA 

sec. 521(1).

8

Insatisfecho, el apelante solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales,9 a lo cual se opuso la 

apelada.10 Evaluado lo anterior, el 19 de enero de 2024, el TPI 

notificó una Resolución en la cual consignó lo siguiente: 

7 Apéndice, pág. 223.

8 Cabe señalar que, previamente, el 22 de septiembre de 2023, el TPI impuso al 

Sr. Suárez López el pago de $150.00 en honorarios de abogado los cuales, en 

reconsideración, dejó sin efecto mediante un dictamen, notificado el 18 de octubre 

de 2023.

9 Apéndice, págs. 234-243.

10 Apéndice, págs. 244-246.
KLAN202400120 4

Surge del talonario del Sr. Edgardo Emmanuel Suárez López, 

padre no custodio, que éste generó un ingreso bruto de 

$458.38 y neto de $408.01 semanales ($1,768.04 neto 

mensuales) durante la semana del 23 al 29 de marzo de 

2023, producto de su trabajo en MAS Services, ingreso que 

actualmente continúa generando en esa compañía. 

Conforme a la prueba desfilada y creída, el padre no custodio 

tuvo en el año 2022 y continúa teniendo en el año 2023, igual 

capacidad para generar el mismo ingreso de $1,768.04 neto 

mensuales. Ello, pues según su testimonio para el año 2022 

devengaba $9.50 la hora por el trabajo realizado para 

Constructora J. González y Class Contractor Corporation, 

igual que al presente con MAS Services.

Además, según la prueba desfilada y creída, el padre no 

custodio es jugador de pelota profesional del equipo Camuy 

Arenas AA. A esos efectos, se desprende del expediente 

judicial que para el 2022 generó un ingreso como pelotero 

profesional de $3,326.00 anuales ($277.16 mensuales), que 

luego de las deducciones mandatorias surge un ingreso neto 

de $255.96 mensuales. La suma de ambos ingresos asciende 

a $2,024.00 mensuales, ingreso del padre no custodio que se 

utilizó para el cómputo de la revisión de la pensión 

alimentaria. En cuanto a la Sra. Katherine Janitza Mercado 

Soto, madre custodio, luego de evaluada la amplia prueba 

documental y testifical, se le imputó a ésta la capacidad de 

generar el mismo ingreso neto que genera el padre no 

custodio, la suma de $2,024.00 mensuales, para efectos de 

su aportación en el cómputo de la pensión alimentaria.

Es sabido que el derecho de los hijos a recibir alimentos y la 

correlativa obligación de los padres a darlos, tienen su 

génesis en el derecho natural, en los lazos indisolubles de 

amor, respeto, solidaridad humana y profunda 

responsabilidad del padre por los hijos que trae al mundo, 

valores de la más alta jerarquía y de índole ético-moral, que 

constituyen una piedra angular de toda sociedad civilizada. 

Véase Sarah Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores 

y el Derecho Alimentario en Puerto Rico, Publicaciones STP, 

Inc., 2007, Tomo 1, pág. 1.11.

Consideramos que la pensión alimentaria establecida por la 

suma de $574.00 mensuales, más el 50% de los gastos 

escolares, el 50% de los gastos médicos que no cubra el plan 

médico, y el 50% de los gastos extracurriculares del deporte 

de pelota, es una justa y razonable, acorde con los gastos y 

necesidades de los tres (3) menores alimentistas y los 

recursos de ambos padres alimentantes.

A la luz de todas las circunstancias del caso, se declara No 

Ha Lugar la “Moción en Solicitud de Reconsideración y en 

Solicitud de Determinación de Hechos Adicionales y 

Enmiendas a Determinaciones de Hechos” promovida por el 

Sr. Edgardo Emmanuel Suárez López, y se mantiene la 

Sentencia dictada el 1 de noviembre de 2023, en todos sus 

aspectos.11 (Notas y énfasis omitidos.)

Inconforme, el Sr. Suárez López acude ante esta Curia y le 

imputa dos errores al foro primario, a saber:

Erró el TPI al imputar un ingreso incorrecto al apelante que 

no se basó en la prueba desfilada ni en el ordenamiento 

contenido en las guías mandatorias para computar las 

pensiones alimentarias en Puerto Rico.

11 Apéndice, págs. 247-248.
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Erró el TPI al imponer una suma de honorarios de abogado 

en favor de la apelada a pesar de que es contrario a la ley 

para el sustento de menores. 

Pendiente lo anterior, ordenamos la presentación de la 

transcripción de las dos vistas y autorizamos a la apelada a 

continuar con su representación por derecho propio ante la

renuncia de su representante legal en la etapa apelativa. La apelada 

compareció mediante dos escritos, en los cuales expuso su oposición 

al recurso instado y reiteró la presunta deuda pendiente, a favor de 

los menores. Por su parte, el apelante presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción, en aras de paralizar la celebración de una 

vista de desacato, pendiente la adjudicación del presente recurso 

apelativo. 

Evaluada la totalidad de las circunstancias, mediante 

Resolución de 11 de abril de 2024, ordenamos -únicamente- la 

paralización de la vista sobre desacato. A su vez, destacamos que,

nada de lo antes incide en la responsabilidad de pago de alimentos 

a favor de los tres menores.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y acogida 

la transcripción de las dos vistas (sin que se consignaran objeciones 

a la misma), procedemos a resolver.

II.

A. Alimentos

El derecho de los hijos a recibir alimentos y la relacionada

obligación de los padres a darlos cuando corresponda emanan del 

derecho natural, de los lazos indisolubles de solidaridad humana y 

de la inmensa responsabilidad de quienes traen hijos al mundo. 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 69 (2001), citando a S. Torres 

Peralta, La Ley Especial de Sustento de Menores y el derecho de 

alimentos en Puerto Rico, San Juan, Pubs. STP, 1997, pág. 1.1. Los 

referidos valores son de la más alta jerarquía ético-moral y 

constituyen una piedra angular en toda sociedad civilizada. Íd. Son, 
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además, derechos y obligaciones que surgen del derecho 

constitucional a la vida y están revestidos del más alto interés 

público. Montes Díaz v. Montes James, 2024 TSPR 27, resuelto el 20 

de marzo de 2024.

Estatutariamente, la obligación alimentaria está establecida 

expresamente en los Artículos 653, 654 y 655 de la Ley Núm. 55-

2020, mejor conocida como el Código Civil de Puerto Rico de 2020. 

La referida obligación cubre todo lo que es indispensable al sustento 

del menor, su habitación, vestido y asistencia médica, según la 

posición social de la familia. Montes Díaz v. Montes James, supra. 

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista, cuando es menor edad. Íd; Artículo 653 del Código Civil

de 2020.

La fijación de la cuantía de alimentos es personal de cada 

excónyuge, además de, proporcional a los recursos económicos del 

que los da y a las necesidades del que los recibe. Díaz Rodríguez v. 

García Neris, 208 DPR 706, 718 (2022). Así pues, la determinación 

de la cuantía de los alimentos corresponde al prudente arbitrio del 

juzgador, quien debe velar porque la cuantía que se establezca 

cumpla con el principio de proporcionalidad. Pesquera Fuentes v. 

Colón Molina, 202 DPR 93, 108-109 (2019); De León Ramos v. 

Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 171 (2016). Durante el proceso 

evaluativo para determinar la pensión alimentaria procede 

auscultar, tanto la capacidad económica del padre o madre no 

custodio, como la del padre o madre custodio, en la medida en que, 

ambos están obligados a prestar alimentos de forma proporcional a 

sus recursos. Franco Restro v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 150 

(2012). 

Cónsono con lo anterior, y atinente a la presente causa, el 

Artículo 10 de las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico (Guías Mandatorias), Reglamento Núm. 
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8529 de 30 de octubre de 2014, establece que el foro primario 

imputará ingresos cuando:

a) existan indicios o señales de que el ingreso es mayor al 

que la persona informa.

b) la persona está desempleada.

c) la persona está trabajando a tiempo parcial y el ingreso 

que recibe es menor al salario mínimo federal 

prevaleciente en Puerto Rico a base de 40 horas 

semanales.

d) la persona cuenta con un ingreso bruto mensual menor 

al salario mínimo federal prevaleciente en Puerto Rico a 

base de 40 horas semanales. [...]

e) la persona haya reducido su capacidad productiva para 

eludir la responsabilidad de alimentar o haya sido 

despedida de su empleo por causas imputadas a esta.

Al momento de imputar una cantidad mayor al salario mínimo 

federal, el juzgador o la juzgadora podrá considerar los factores 

siguientes: la empleabilidad de la persona custodia o la de la 

persona no custodia, su historial de trabajo, los ingresos 

devengados anteriormente, su profesión y preparación académica, 

su estilo de vida, los gastos en los que la persona incurre, la 

naturaleza y cantidad de las propiedades con las que cuenta, la 

realidad de la economía informal, el ingreso promedio del oficio, 

ocupación o profesión y cualquier otra prueba pertinente. Artículo

12(1)(a)(1) de las Guías Mandatorias. 

Por otro lado, las Guías establecen que, para imputar el gasto 

por concepto de vivienda se toma en consideración la cantidad 

mensual que, en efecto, la persona custodia paga o tiene que pagar 

por concepto de renta o hipoteca de la vivienda en la cual residen 

los o las alimentistas, o cualquier cantidad que la persona custodia 

aporta o tiene que aportar por la vivienda en la que residen estos o 

estas. La cantidad mensual se divide por el número de personas que 

residen en la vivienda para obtener una cantidad per cápita que se 

multiplica por el número de alimentistas para los o las cuales se 

está computando la pensión alimentaria. El resultado es la cuantía 

por la cual la persona custodia y la no custodia deberán responder 

proporcionalmente. El concepto vivienda incluye las cuotas de 

mantenimiento. Art. 20(1)(d) de las Guías.
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Cabe señalar que, en virtud del Artículo 16 de la Ley Núm. 5 

de 30 de diciembre de 1986, Ley Orgánica de la Administración para 

el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 515, es compulsorio el 

descubrimiento de prueba sobre la situación económica del 

alimentante en casos relacionados con pensiones alimentarias y 

conforme a ello fijar la cuantía a pagar por concepto 

de pensión alimentaria. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra. Sin 

embargo, si el alimentante no custodio admite la capacidad 

económica para pagar una pensión de alimentos razonable, este 

queda exento de someter información sobre sus ingresos mediante 

la Planilla de Información Personal (PIPE). Íd., pág. 179. En cuyo 

caso, sólo restará presentarse prueba sobre las necesidades del 

alimentista previo a fijar la pensión correspondiente. Íd.

De otra parte, los honorarios de abogado, el Artículo 22 de la 

Ley Núm. 5, supra, establece lo siguiente:

(1) En cualquier procedimiento bajo este capítulo para la 

fijación, modificación o para hacer efectiva una orden de 

pensión alimentaria, el tribunal, o el Juez Administrativo 

deberá imponer al alimentante el pago de honorarios de 

abogado a favor del alimentista cuando éste prevalezca. 

(Énfasis suplido.)

Sobre este tema, el Tribunal Supremo resolvió en Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009) que, la 

obligación alimentaria incluye el pago de una cuantía para sufragar 

los honorarios de abogado a favor de los menores, sin que se 

requiera para imponerla que la parte demandada haya actuado 

temerariamente al defenderse de la reclamación en su contra.

Dispuso además que, tal derecho existe independientemente de que

el padre o la madre alimentista esté representada por una entidad 

que ofrezca servicios legales para indigentes. Íd.

B. Apreciación de prueba

Como regla general, los tribunales apelativos aceptan como 

correctas las determinaciones de hechos de los foros inferiores, sin 

intervenir con la apreciación y adjudicación de credibilidad que 
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realiza el juzgador de los hechos sobre la prueba testifical. Pueblo v. 

Negrón Ramírez, 2024 TSPR 41, res. 23 de abril de 2024. Ello, debido 

a que, “[l]a tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que 

realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del juez 

o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 

778-779 (2022), citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 771 (2013). Después de todo, es el juzgador de los hechos o el 

jurado quien escucha la prueba testifical y evalúa el 

comportamiento de los declarantes. Pueblo v. Negrón Ramírez, 

supra.

De conformidad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que, los tribunales apelativos intervienen con la apreciación 

de la prueba cuando: (1) el apelante demuestra la existencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2) si la 

apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o esta 

es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Negrón Ramírez,

supra. A esos efectos, la parte que impugne la apreciación de la 

prueba es la parte encargada de señalar y demostrar la base para la 

intervención apelativa. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986). 

Por otro lado, la Regla 110 (a) de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110(a), dispone que “el peso de la prueba recae sobre 

la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por 

alguna de las partes”. A su vez, en los casos civiles, la Regla 110(f) 

de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.110(f), establece que 

“la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante la 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, a 

menos que exista disposición al contrario”. Cónsono con lo anterior, 

el Tribunal Supremo ha resuelto que, [d]e ordinario, el quantum de 

prueba necesario para prevalecer en el ámbito administrativo es el 
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de preponderancia de la prueba”. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 

79, 93 (2022).

III.

En su recurso, el apelante argumenta como primer error que,

el foro primario incidió en la apreciación de la prueba y en 

particular, al imputarle ingresos, a pesar de que no se cumplen los 

criterios del Artículo 10 de la Guías Mandatorias. En apretada 

síntesis, arguye que, la prueba que recibió el juzgador de los hechos 

fue que él trabaja a tiempo completo, aun cuando devenga un salario 

menor al salario mínimo federal. Señala como segundo error, la 

imposición de honorarios de abogado a favor de la alimentista. 

Expone que, no proceden concederlos debido a que él es quien 

prevalecerá luego de que, conforme a derecho, se reduzca a $312.20

la pensión fijada para el año 2023, lo cual implica que la apelada no 

prevaleció. Añade que, la EPA hizo determinaciones de hechos que 

no están basadas en la prueba ante sí. Insiste en que no cabe hablar 

de capacidad para generar ingresos adicionales debido a que el Sr. 

Suárez López niega ofrecer clínicas de pelota a jóvenes.

Por su parte, la apelada alega que, no está de acuerdo con la 

revisión de la pensión alimentaria que propone el apelante. Arguye 

que, el Sr. Suárez López informó falsamente a ASUME que ella 

devenga un salario de $2,024.00, cuando la realidad es que genera 

$1,090.00 neto mensualmente. Aduce que, el apelante renunció a la 

patria potestad de los tres menores a quienes -al 21 de marzo de 

2024- adeuda $4,628.00 en pensión alimentaria. Asegura que, el Sr. 

Suárez López no fue despedido de su empleo tal cual alega, sino que,

renunció voluntariamente y está promocionando en las redes 

sociales, junto a su actual esposa, una empresa de construcción, 

mantenimiento de áreas verdes, limpieza y desinfección.

Surge claramente del Informe de la EPA, de la Resolución que 

emitió el foro primario el 19 de enero de 2024 y de la prueba 
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documental que obra en el expediente que, el ingreso total utilizado 

para computar la revisión de la pensión alimentaria fue de 

$2,024.00 mensuales. El mismo se compone del salario devengado 

en MAS Services, a razón de $9.50 por hora por 40 horas semanales, 

más el ingreso mensual producto de su participación como pelotero 

profesional en el equipo Camuy Arenas AA. Los referidos salarios 

surgen de la certificación de empleo de MAS Services, fechada el 28

de marzo de 2023 y del formulario 480.6SP, correspondiente al 

Grupo Camuy Arenas AA Inc.12 Entiéndase que, la prueba 

documental que obra en el expediente sustenta la apreciación de la 

prueba que realizó el foro primario en el caso de marras. De lo antes 

colegimos que, el TPI correctamente determinó que le compete al Sr. 

Suárez López pagar $574.00 mensuales por concepto de pensión 

alimentaria para beneficio de sus tres hijos menores de edad.

Añádase a ello que, el apelante no nos ha puesto en posición para 

revertir la deferencia que merecen las determinaciones de hecho y 

las conclusiones de derecho en las cuales se fundamenta el 

dictamen apelado.

De otra parte, nótese que, la EPA en su Informe -el cual el foro 

primario acogió en la Sentencia apelada- recomendó imputar

ingresos de $255.96 al Sr. Suárez López fundamentado en su 

capacidad de entrenar jóvenes en el deporte de pelota. Sin embargo, 

resulta evidente que, el referido ingreso por concepto de imputación 

de ingresos no fue considerado al computar la pensión alimentaria 

atribuible al Sr. Suárez López. A pesar de lo anterior, el foro primario 

debió expresamente rechazar la recomendación de la EPA con 

respecto a la imputación de ingresos. Según reseñamos en el tracto 

procesal, el apelante trabaja a tiempo completo, devenga un salario 

inferior al mínimo federal prevaleciente en Puerto Rico, a base de 40 

horas semanales, sin evidencia de que devenga un salario mayor al 

12 Apéndice, págs. 125 y 122, respectivamente.
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informado para el año 2023 o que redujo su capacidad productiva 

para eludir su responsabilidad de alimentar. Sobre tales bases, no 

procede en derecho imputarle ingresos al Sr. Suárez López, en virtud 

del inciso (d) del Artículo 10 de las Guías Mandatorias.

En ese sentido, procede modificar la Sentencia apelada, a los

únicos fines de descartar la doctrina de imputación de ingresos a 

este caso. Así modificada, se confirma. A esos efectos y cónsono con 

la normativa antes expuesta, no procede alterar la imposición de 

honorarios de abogado en este caso. Valga aclarar que, lo aquí

resuelto en nada incide sobre la presunta deuda por concepto de 

pensión alimentaria atribuida al apelante y pendiente de 

adjudicación ante el foro primario. Según discutido, la obligación de 

todo progenitor de proveer alimentos, educación, vivienda, 

vestimenta, recreación, asistencia médica, entre otros, está 

revestida del más alto interés público. Montes Díaz v. Montes James,

supra.

IV.

Por las razones antes expuestas, modificamos la Sentencia 

apelada, así modificada, se confirma. En su consecuencia dejamos 

sin efecto la paralización decretada en cuanto a la vista de desacato, 

y ordenamos la continuación de los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto, sin necesidad de esperar la expedición del 

correspondiente mandato.

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Honorable Juez 

Gerardo Rafael Sarriera Lázaro. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones