Número Identificador

RES2023__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

HERIBERTO MARTÍNEZ DE DIOS

Recurrido

v.

ATLANTIC UNIVERSITY 

COLLEGE, INC.

 

Peticionaria

KLCE202300005

Certiorari

procedente del

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan

Caso Núm.

SJ2022CV10063

Sobre:

Procedimiento 

Sumario bajo 

Ley Núm. 2

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Romero García y la Juez Méndez Miró.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

I.

El 16 de noviembre de 2022, el Sr. Heriberto Martínez De Dios 

presentó una Querella contra Atlantic University College Inc. (AUC), 

al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.1 Alegó que 

fue despedido sin justa causa a tenor con la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada.2 El 4 de diciembre de 2022, AUC 

presentó Contestación a Querella. Adujo que no despidió al señor 

Martínez De Dios injustificadamente y levantó múltiples defensas 

afirmativas. Anejó a su alegación responsiva, 62 documentos de los 

cuales pretende demostrar un posible esquema de fraude a fondos 

estatales y federales por parte del señor Martínez De Dios y su 

familia. En la misma fecha, AUC presentó Solicitud para que se 

Ventile el Caso bajo el Procedimiento Ordinario por razón del Fraude 

Cometido por Heriberto Martínez De Dios. Sostuvo que debía realizar 

un amplio descubrimiento de prueba en posesión de terceros.

1 32 LPRA § 3118 et seq. 

2 29 LPRA § 185a et seq.
KLCE20230005 2

El 20 de diciembre de 2022, el señor Martínez De Dios radicó 

Oposición a la Solicitud de Conversión. Atendidas las solicitudes de 

las partes, el 20 de diciembre de 2022, notificada el 22, el Foro 

primario emitió Resolución y declaró “No Ha Lugar” la conversión del 

procedimiento sumario a uno ordinario. El 21 de diciembre de 2022, 

AUC presentó Moción para Informar Intención de Presentar Objeción 

Fundamentada al amparo de la Regla 8.4 de Procedimiento Civil de 

2009. Solicitó que se le concediera un término de treinta (30) días 

para presentarle al Tribunal un escrito de refutación con un cuadro 

más certero sobre los hechos pertinentes a la solicitud de 

conversión.

El 21 de diciembre de 2022, notificada el 22, nuevamente el 

Foro primario emitió Orden y expuso, “Académico. Véase resolución 

de 20 de diciembre de 2022. Adviértase a ambas partes que nuestro 

más alto foro ya se ha expresado sobre la controversia de alegaciones 

de conducta delictiva en el derecho laboral, GONZÁLEZ V. BAXTER 

HEALTHCARE, 2019 TSPR 19.” Insatisfecho, el 3 de enero de 2023, 

AUC recurrió ante nos mediante Certiorari. Aduce que el Foro 

primario cometió el siguiente error:

ERRÓ EL TPI Y VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY 

DE AUC, LA POLÍTICA PÚBLICA EN CONTRA DE LA 

CORRUPCIÓN EN EL MANEJO DE FONDOS 

PÚBLICOS ESTATALES Y FEDERALES DESTINADOS

A LA EDUCACIÓN Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES 

AL DENEGAR LA SOLICITUD PARA QUE SE VENTILE 

EL CASO BAJO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

El 18 de enero de 2023, el señor Martínez De Dios presentó 

Oposición a Certiorari y Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción. El 23 de enero de 2023, AUC presentó Oposición a 

Moción de Desestimación. Contando con la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver.

II.

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961,3 establece un 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales de obreros y 

3 32 LPRA § 3118 et seq.
KLCE20230005 3

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales.4 Su propósito es proveerle al obrero un 

mecanismo procesal abreviado mediante el establecimiento de 

términos cortos que facilite y aligere el trámite de sus 

reclamaciones.5 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

que la médula y esencia del trámite de la Ley 2, es precisamente el 

procesamiento sumario y su rápida adjudicación. La naturaleza 

sumaria del procedimiento constituye su característica esencial.6

Por ello se ha exigido su rigurosa observancia en aras de evitar que 

las partes desvirtúen su carácter especial y sumario.7

No obstante, nuestro más alto Foro, en Dávila Rivera v. 

Antilles Shipping Inc.,

8 explicó que nuestra intervención está 

limitada cuando se recurre de resoluciones interlocutorias emitidas 

en casos atendidos por el Tribunal de Primera Instancia bajo el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. Razonó que:

La parte que pretenda impugnar tales resoluciones 

interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e 

instar contra ella el recurso pertinente a base del 

alegado error cometido. De este modo se da 

cumplimiento a la médula del procedimiento analizado 

y, por otro lado, no queda totalmente desvirtuado el 

principio de economía procesal ya que, si tenemos en 

cuenta la rapidez con que sobrevienen los escasos 

eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2 veremos 

que la pare podrá revisar en tiempo cercano los errores 

cometidos.9

Sin embargo, se reconoció que esta norma de autolimitación 

judicial no es absoluta. A modo de excepción, se pueden revisar las 

resoluciones interlocutorias dictadas por un tribunal sin 

jurisdicción y aquellos casos extremos en los cuales los fines de la 

4 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 

151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921 

(1996).

5 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Ríos, 155 DPR; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226 (2000); Berríos, 

151 DPR; Rivera, 140 DPR, págs. 923-924.

6 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 929 (2008); Lucero 159 DPR, 

pág. 505; Rodríguez Aguiar v. Syntex, 148 DPR 604 (1999); Dávila v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR 886, 

891 (1997); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz

v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).

7 Ríos, 155 DPR; Dávila, 147 DPR; Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 

135 DPR 737 (1994); Srio. del Trabajo v. J.C.Penny Co., Inc., 119 DPR 660 (1987).

8 147 DPR 483, 497 (1999).

9 Íd. 
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justicia requieran la intervención del foro apelativo.10 Es decir, en 

aquellas situaciones en que la revisión inmediata disponga del caso 

en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto 

de evitar una grave injusticia.11

III. 

En el presente caso, AUC nos plantea que el procedimiento 

sumario debe convertirse a uno ordinario debido a la posibilidad de 

un fraude multimillonario, sumamente complejo, que requiere un 

extenso descubrimiento de prueba. No obstante, luego de evaluadas 

las comparecencias de las partes, somos del criterio que no debemos 

intervenir en esta etapa de los procedimientos. Debemos recordar 

que, la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al 

carácter sumario del procedimiento laboral.12 Además, 

consideramos que el recurso incoado no plantea ninguna de las 

instancias que a modo de excepción pueden revisarse 

interlocutoriamente en los procedimientos laborales sumarios. 

Consecuentemente, aplicados los criterios de nuestra Regla 40,13 y 

la doctrina interpretativa,14 no intervendremos con la decisión 

recurrida.

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Íd., pág. 498.

11 Íd.; Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732-733

(2016).

12 Medina, 194 DPR, pág. 733. 

13 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

14 Filiberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 838 (1999), 800 Ponce de León 

Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 

174 (2020); Medina Nazario v. McNeil Health LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); 

IG Builders Corp. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012); García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000).