Número Identificador

SEN(RES)2023____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

JOSÉ SANTIAGO 

AVILÉS

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202300603

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

Procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Solicitud Núm.:

ICG-1412-2023

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

Comparece ante nos, por derecho propio e in forma pauperis, 

el señor José Santiago Avilés (“Sr. Santiago Avilés” o “Recurrente”), 

mediante recurso de revisión administrativa, recibido el 21 de 

noviembre de 2023. Nos solicita que revisemos una Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional emitida el 9 

de noviembre de 2023, notificada el 15 del mismo mes y año, por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“DCR” o “agencia recurrida”). Por virtud 

de la misma, el DCR denegó la solicitud de reconsideración instada 

por el Recurrente. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción. 

I.

El 18 de septiembre de 2023, el Recurrente presentó ante el 

DCR una Solicitud de Remedio Administrativo (ICG1412-2023), a los 

fines de solicitar un traslado a la Institución Correccional 216 de 
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Sabana Hoyos en Arecibo.1 Señaló que era una persona de edad 

avanzada y deseaba “disfrutar de un ambiente m[á]s tranquilo[,] 

obtener empleo[,] mejor ayuda económica[,] etc.”.

Evaluada tal solicitud, el 25 de octubre de 2023, el DRC emitió

Respuesta al Miembro de la Población Correccional,

2 la cual fue 

recibida por el Recurrente en la misma fecha. Mediante esta, el DCR 

resolvió que el traslado se trabajaría “próximamente”. Además, le 

orientó sobre el proceso y que se le solicitaría traslado para 

cualquier institución carcelaria que albergue su población y 

custodia. 

En desacuerdo, al próximo día, el Recurrente instó Solicitud 

de Reconsideración,3 la cual fue recibida por la agencia recurrida el 

2 de noviembre de 2023. Dicha solicitud fue denegada mediante la 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional,

4 emitida el 9 de noviembre de 2023, notificada el 15 

del mismo mes y año, en la que el DCR determinó lo siguiente: 

Con relación a su solicitud de reconsideración, se

evaluó su caso, con la supervisora del área de socio 

penal de la Institución Guerrero, Aguadilla, en la cual 

informó que para la fecha del 5/octubre/23 usted se le 

asignó custodia protectiva, donde usted estuvo de 

acuerdo, aceptando la custodia protectiva, donde se le 

orientó al respecto, como también usted no le interesó 

el traslado, indicando que usted quería quedarse en 

dicha Institución. Ademas, usted se negó en dos 

ocasiones a los trabajos de áreas verdes, esto fue para 

la fecha de 18/octubre/23.

Se le orienta Sr. Santiago, que la custodia 

protectiva, es establecer y operar un programa [d]e 

custodia especializada para los confinados que 

necesiten ser protegidos de otros confinados. Cabe 

señalar que si el confinado, en el caso de usted, como 

voluntariamente aceptó custodia protectiva, se solicita 

por escrito y señala que continua la necesidad de la 

custodia, es visto en Comité de Clasificación y 

Tratamiento realizará la revisión del caso, asignarán 

permanentemente la solicitud y se solicita traslado, es 

un protocolo que se realiza en el área socio penal. 

(Énfasis suplido). 

1 Apéndice de la parte Recurrida, págs. 2-4.

2 Íd, págs. 5-6.

3 Íd, págs. 7-8.

4 Íd, págs. 9-10.
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Inconforme aun, el 15 de noviembre de 2023, recibida el 21 

del mismo mes y año, el Recurrente acudió ante esta Curia mediante 

recurso de revisión judicial. 

El 8 de febrero de 2023, esta Curia emitió Resolución en la 

que, entre otros asuntos, le concedió un término de treinta (30) días 

para que el DCR expusiera su oposición al recurso. En cumplimiento 

con lo ordenado, el 10 de enero de 2024, el DCR, por conducto de la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó un escrito 

intitulado Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de 

Desestimación.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

II.

A. Jurisdicción

En nuestro sistema de derecho, la jurisdicción consiste en el 

poder y autoridad que tienen los tribunales para adjudicar casos o 

controversias, siempre que estos sean justiciables. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 

200 DPR 254, 267 (2018). Es responsabilidad de los propios 

tribunales cerciorarse sobre su jurisdicción, así como la jurisdicción 

del foro donde procede el recurso, pues ella no puede adjudicarse ni 

ser subsanada, aun con la anuencia de las partes del pleito. JMG 

Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Fuentes Bonilla v. ELA, 

200 DPR 364 (2018). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013). Siendo ello así, las disposiciones que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo deberán 

cumplirse rigurosamente. De esta forma, el derecho a la revisión de 
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una determinación administrativa por el Tribunal Apelativo queda 

sujeto al estricto cumplimiento del reglamento, las limitaciones 

legales y su perfeccionamiento. 

A tono con lo anterior, la Regla 83(c) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, permite al propio 

tribunal desestimar un recurso por carecer de jurisdicción. 

B. Términos de la Revisión Judicial

La Ley de Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 37 del 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq.,

(“LPAU”), contiene un cuerpo de normas para gobernar las 

determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir 

una orden o resolución que define derechos y deberes legales de 

personas específicas. Rivera v. Dir. Adm. Trib. 144 DPR 808 (1998). 

Además, establece un procedimiento uniforme de revisión judicial 

de las decisiones tomadas por las agencias administrativas. En 

específico, dicha ley aplica a todos los procedimientos en que una 

agencia deba adjudicar formalmente una controversia. La LPAU fue 

promulgada con el fin de brindar a la ciudadanía servicios públicos 

de eficiencia, esmero, prontitud y de alta calidad bajo el resguardo 

de las garantías básicas del debido proceso de ley. Magriz v. 

Empresas Nativas, 143 DPR 63 (1997). 

En específico, la Sección 4.2 de la LPAU, establece el término 

que la parte afectada por una determinación final de la agencia debe 

cumplir para solicitar la revisión judicial. Particularmente, la 

referida disposición estatutaria dispone lo siguiente: 

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución 

final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir de la fecha 

del archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, 

cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 
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sido interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una moción de reconsideración. La parte notificará la 

presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas 

las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La 

notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose, que si 

la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia o del organismo 

administrativo apelativo correspondiente es distinta a la del 

depósito en el correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 3 

LPRA sec. 9672.

Como vimos, este plazo para presentar la revisión judicial 

comienza a transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de 

la notificación de la decisión administrativa o a partir de la fecha 

aplicable cuando el término es interrumpido mediante la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración. Pérez Vélez v. VPH 

Motor Corp., 152 DPR 475, 483 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64, 115-116 (1998).

III.

Antes de entrar en los méritos de los reclamos presentados 

por la parte aquí Peticionaria, este Foro tiene el deber ineludible de 

auscultar si ostenta jurisdicción sobre el caso ante su 

consideración. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, supra. 

Efectuado tal ejercicio, notamos que esta Curia carece de 

jurisdicción para atender el presente caso, por tal razón, nos 

tenemos otra alternativa que desestimarlo.

En el caso de autos, la parte Recurrida solicitó al DCR un 

traslado para la institución correccional 216 de Sabana Hoyos. En 

respuesta a dicha solicitud, el 25 de octubre de 2023, el DRC emitió 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional, indicándole que 

“próximamente” estaría evaluado su solicitud. En descuerdo con la 

respuesta, el Recurrente instó una Solicitud de Reconsideración. 

Mediante la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional,

5 emitida el 9 de noviembre de 2023, el DCR 

5 Íd, págs. 9-10.
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le informó al Recurrente que su solicitud de traslado sería referida 

al Comité de Clasificación y Tratamiento (“CTT”) del DCR, 

estableciendo lo siguiente:

[...].

Se le orienta Sr. Santiago, que la custodia 

protectiva, es establecer y operar un programa [d]e 

custodia especializada para los confinados que 

necesiten ser protegidos de otros confinados. Cabe 

señalar que si el confinado, en el caso de usted, como 

voluntariamente aceptó custodia protectiva, se solicita 

por escrito y señala que continua la necesidad de la 

custodia, es visto en Comité de Clasificación y 

Tratamiento realizará la revisión del caso, asignarán 

permanentemente la solicitud y se solicita traslado, es 

un protocolo que se realiza en el área socio penal. 

(Énfasis suplido). 

Como puede observarse, la solicitud de traslado del 

Recurrente aún no ha sido evaluada y adjudicada de manera final 

por el DCR. Según surge de la Respuesta de Reconsideración al 

Miembro de la Población Correccional, el DCR procedería a referir su 

solicitud al CTT, a los fines de que reevaluar su caso y adjudicar de 

manera final si procede o no el traslado. En vista de ello, el recurso 

de epígrafe instado por la parte Recurrente es uno prematuro.

En el caso de autos, el término para acudir ante este foro no 

ha comenzado a cursar, puesto que la agencia aun no emite un 

dictamen final sobre la solicitud de traslado del Recurrente. Según 

dispone la Sección 4.2 de la LPAU, supra, “[u]na parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya 

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de 

la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia. (Énfasis y subrayado 

nuestro). 
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En vista de ello, el presente recurso es uno prematuro y 

procede la desestimación del mismo. A tenor con lo anterior, 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso de epígrafe.

IV.

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción por prematuro.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones