Número Identificador

SEN2024 ____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

POPULAR AUTO, LLC

Apelado

v.

SUCESIÓN DE SUGRIM 

J. ALMÉSTICA 

ROSARIO, compuesta 

por AWILDA 

ALMÉSTICA ROSARIO; 

RAÚL RODRÍGUEZ 

FEBUS

Apelantes

OSVALDO DURÁN 

RODRÍGUEZ

Tercero Demandado

KLAN202300873

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Carolina

Civil Núm.:

CA2019CV00985

Sobre:

Cobro de Dinero 

por la Vía 

Ordinaria y 

Ejecución de 

Gravamen 

Mobiliario 

(Reposesión de 

Vehículo)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

La señora Awilda Alméstica Rosario (señora Alméstica 

Rosario o parte apelante) acude ante nos y solicita que 

revoquemos la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, (TPI) el 8 de agosto

de 2023. Mediante la misma, el foro primario declaró Ha Lugar la

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada, 

Popular Auto, LLC. (Popular Auto). En consecuencia, ordenó a la 

señora Alméstica Rosario pagarle a Popular Auto la suma de 

$40,689.16 por concepto de deuda más los intereses y cargos 

acumulados y $12,206.75 por concepto de honorarios de 
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abogado. Además, declaró No Ha Lugar, por el momento, la 

reposesión del vehículo en cuestión.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada.

I.

Según surge del expediente, el 22 de marzo de 2019, 

Popular Auto, LLC. (Popular Auto) incoó una Demanda sobre 

cobro de dinero por la vía ordinaria y ejecución de gravamen 

mobiliario (reposesión de vehículo) en contra de la Sucesión de 

Sugrim J. Alméstica Rosario, compuesta por la señora Awilda 

Alméstica Rosario. Alegó que, el 3 de agosto de 2013, suscribió 

un contrato de arrendamiento con el señor Sugrim Alméstica 

Rosario mediante el cual le concedió financiamiento para adquirir

el vehículo marca Hyundai modelo Génesis por la suma de 

$28,995.00. Adujo que inscribió el acuerdo de arrendamiento 

sobre el mencionado vehículo en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, conforme dispone la Ley para 

Regular los Contratos de Arrendamiento de Bienes Muebles, Ley 

Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada. Esbozó que 

la parte demandada esgrimió que el vehículo fue hurtado. Añadió 

que el señor Sugrim Alméstica Rosario falleció el 9 de julio de 

2016 y dejó como única y universal heredera a su madre, la 

señora Alméstica Rosario. Esbozó que esta última incumplió con 

sus obligaciones al no continuar con el pago del canon 

correspondiente, según estipulado en el contrato. Arguyó que, 

debido a lo anterior, tenía derecho a la reposesión del vehículo y, 

a la fecha de la demanda, al pago de la suma total de $40,689.16, 

más los intereses y cargos correspondientes, como fueron

pactados. 
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Popular Auto solicitó al Tribunal que expidiera citación y 

orden de interpelación judicial a la señora Alméstica Rosario, al 

palio del Artículo 959 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2787.1 En 

junio de 2019, la señora Alméstica Rosario fue emplazada e 

interpelada personalmente. En la Orden de interpelación

notificada el 3 de junio de 2019, el TPI expresó lo siguiente:

[...] Se ordena a los herederos de los causantes, a 

saber, Awilda Alméstica Rosario a que dentro del 

término legal de treinta (30) días contados a partir de 

la fecha de la notificación de la presente Orden, 

acepten o repudien la participación que les 

corresponda en la herencia del Sr. Sugrim J. 

Alméstica Rosario.

Se les apercibe a los herederos antes 

mencionados que de no expresarse dentro de ese 

término de treinta (30) días en torno a su 

aceptación o repudiación de la herencia, esta 

herencia se tendrá por aceptada. También se les 

apercibe a los herederos antes mencionados que 

luego del transcurso del término de treinta (30) 

días antes señalado contados, a partir de la fecha 

de la notificación de la presente Orden, se 

presumirá que han aceptado la herencia del 

causante, y por consiguiente, responden por las 

cargas de dicha herencia conforme dispone el 

Artículo 957 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §2785.

(Énfasis nuestro).

El 9 de julio de 2019, la señora Alméstica Rosario presentó 

una Contestación a Querella por derecho propio. En esta aceptó 

varias alegaciones y negó otras. Específicamente, expuso que 

desconocía la obligación contraída por su hijo con Popular Auto.

El 6 de febrero de 2020, Popular Auto enmendó la demanda 

de referencia, con el propósito de añadir como parte demandada 

al señor Raúl Rodríguez Febus, su esposa, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos e incluir nuevas alegaciones 

a raíz del informe de investigación realizado, el cual reflejó que 

hubo un traspaso de título no autorizado del vehículo en 

controversia. Detalló que el señor Rodríguez Febus era el actual 

1 El Código Civil de 1930 (derogado) es el aplicable a los hechos de la presente causa.
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poseedor del automóvil objeto del pleito. El 1 de septiembre de 

2020, la señora Alméstica Rosario anunció la contratación de 

representación legal. 

Luego de varios trámites no necesarios de pormenorizar 

para la resolución de este caso, el 27 de diciembre de 2021, 

Popular Auto incoó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. 

En relación con la señora Alméstica Rosario, alegó que, al ser la 

única heredera de su hijo y haber aceptado la herencia, asumió 

la obligación reclamada y, por ende, era responsable de pagar la 

cantidad detallada en la demanda. Argumentó que el tribunal 

debía determinar si procedía dictar sentencia sumaria en cobro 

de dinero en contra de la señora Alméstica Rosario y la reposesión 

de vehículo que se encuentra en posesión del señor Rodríguez 

Febus.

En su escrito, Popular Auto enumeró 27 hechos materiales 

sobre los cuales entendía que no existía controversia. 

Particularizó que era un hecho cierto el acuerdo entre las partes, 

la titularidad de Popular Auto sobre el vehículo, el 

incumplimiento de la señora Alméstica Rosario con los términos 

del contrato y la procedencia del cobro de los cánones vencidos, 

así como el reclamo de reposesión del vehículo. Añadió que su 

derecho a exigir el pago en cuestión emanaba de los términos y 

condiciones pactadas en el contrato como titular del vehículo. 

Destacó que, el hecho de que el auto no estuviera registrado en el 

Departamento de Obras Públicas y/o el CESCO a nombre de 

Popular Auto no le impedía instar la reclamación de referencia. 

Así, solicitó al foro de instancia que declarara con lugar la 

demanda y dictara sentencia en contra de la señora Alméstica 

Rosario, condenándole a pagar las sumas previamente expuestas. 
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Además, en virtud de su derecho como titular del vehículo, 

Popular Auto requirió que se autorizara la reposesión del vehículo 

en cuestión.2

Por su parte, la señora Alméstica Rosario se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria de Popular Auto. A su vez, solicitó 

que se dictara sentencia sumaria a su favor, desestimando la 

demanda en su contra por ser improcedente como cuestión de 

hecho y de derecho. En su comparecencia, argumentó que en el 

presente caso concurrían los elementos necesarios para la

aplicación de la doctrina “rebus sic stantibus”. En esa dirección, 

adujo que al momento de tramitar la declaratoria de herederos de 

su hijo desconocía la existencia del vehículo Hyundai Génesis en 

controversia y de la deuda reclamada por Popular Auto. Precisó 

que dicha deuda era sumamente onerosa para su condición 

económica. Pormenorizó que la pretensión de Popular Auto de 

reclamarle la suma adeudada por su hijo fallecido tornaría la 

resolución sobre la declaratoria de herederos nula por error en el 

consentimiento. Añadió que, de haber sido informada de la 

referida deuda, hubiera repudiado la herencia, pues se le haría 

imposible pagarla.

Cónsono con lo anterior, la señora Alméstica Rosario 

argumentó que en el caso de autos era aplicable la doctrina de 

incuria y abuso del derecho a Popular Auto. Ello, porque desde 

diciembre de 2013, el acreedor conocía del incumplimiento de la 

obligación, así como del poseedor y usuario del vehículo. 

Pormenorizó que Popular Auto nada hizo para reposeer el auto

2 Anejó a su solicitud de sentencia sumaria los siguientes documentos: contrato 

de arrendamiento del vehículo concernido; Orden de Compra; declaración jurada 

suscrita por la señora Lourdes Mojica Fernández, supervisora de la División Legal 

de Popular Auto; Resolución sobre declaratoria de herederos del señor Sugrim 

Rosario Alméstica, entre otros. Apéndice del recurso, págs. 83-127.
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oportunamente, con el objeto de mitigar su pérdida. Adujo que, 

transcurridos seis (6) años del incumplimiento de la obligación y 

a tres (3) años del fallecimiento de su hijo, pretendía cobrarle la 

deuda, aun cuando nunca se benefició en forma alguna del auto.

Razonó que la conducta selectiva de Popular Auto en reclamarle 

a esta exclusivamente la suma de $40,689.15 constituía un 

abuso del derecho. Opinó que el reclamo en cuestión no le era 

exigible.

3

Considerado todo lo anterior, y en lo pertinente, el 10 de 

agosto de 2023, el TPI dictó la Sentencia Parcial impugnada. 

Según adelantado, el foro juzgador declaró ha lugar la solicitud 

de sentencia sumaria interpuesta por Popular Auto, en cuanto a 

la acción de cobro de dinero. Consecuentemente, ordenó a la 

señora Alméstica Rosario pagarle a Popular Auto las siguientes 

sumas: (a) 40,689.16, por concepto de deuda más los intereses y 

cargos que se

acumularon y (b) $12,206.75 por concepto de honorarios de 

abogado. Además, declaró no ha lugar la solicitud de reposesión 

del vehículo marca Hyundai, modelo Genesis del año 2013.

En su análisis, el Tribunal concluyó que Popular Auto 

estableció mediante sus alegaciones y documentación anejada 

3 Anejó a su solicitud los siguientes documentos: Licencia del vehículo marca 

Mitsubishi Outlander, modelo 2011, a nombre de Sugrim Alméstica Rosario; Carta de 

23 de junio de 2016 suscrita por Awilda Alméstica Rosario; Petición de Declaratoria 

de Herederos, Caso Civil KJV2017-0644; Resolución de Declaratoria de Herederos, 

Caso Civil KJV2017-0644; Planilla de Caudal Relicto de Sugrim Alméstica Rosario; 

Relevo de Hacienda de Sugrim Alméstica Rosario; Relación de Pagos a First Bank 

realizados por la demandada Awilda Alméstica Rosario del vehículo Mitsubishi 

Outlander, modelo 2011; Recibo de Pago total préstamo vehículo marca Mitsubishi 

Outlander, modelo 2011; Carta de saldo préstamos 00738670774362 de vehículo 

Mitsubishi Outlander 2011; Declaración Jurada de Awilda Alméstica Rosario de 5 de 

julio de 2017 solicitando el registro a su nombre del vehículo de motor Mitsubishi 

Outlander, año 2011; Licencia del vehículo marca Mitsubishi Outlander, año 2011 a 

nombre de Awilda Alméstica Rosario; Emplazamiento a Awilda Alméstica Rosario; 

Contestación a Demanda radicada por la demandada Awilda Alméstica Rosario; 

Querella 2019-8-700-000773 radicada por Awilda Alméstica Rosario; Investigación 

realizada por Awilda Alméstica Rosario; Interrogatorio enviado al demandante 

acreedor Banco Popular de Puerto Rico por la demandada Awilda Alméstica Rosario; 

Contestación a Interrogatorio cursado por el acreedor demandante Banco Popular y 

Declaración Jurada de Awilda Alméstica Rosario de 14 de febrero de 2022. Apéndice 

del recurso, págs. 150-195.
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que no existía controversia sustancial sobre los hechos materiales 

y pertinentes en cuanto al incumplimiento de los términos del 

contrato. Esbozó que el fenecido señor Sugrim Alméstica Rosario 

se comprometió a efectuar todos los pagos de arrendamiento 

como cantidades vencidas aun cuando el vehículo estuviese 

dañado, robado o destruido, con defectos o que no pudiese 

utilizarlo. Así mismo, asumió su responsabilidad en caso de 

pérdida, destrucción o daño del vehículo. Afirmó que Popular 

Auto acreditó el incumplimiento continuo con los pagos que se 

había acordado mediante contrato escrito.

Por otra parte, el foro primario expresó que:

Además de ello, en vista de que el Sr. Sugrim 

Alméstica había fallecido, Popular Auto diligenció 

emplazamiento personal e interpelación judicial a la 

Sra. Awilda Alméstica (madre del Sr. Sugrim 

Alméstica) para que en el término de treinta (30) días 

aceptara o repudiara la herencia. De igual manera, se 

le apercibió que, de no expresarse dentro del 

término concedido, la herencia se tendría por 

aceptada. El diligenciamiento del emplazamiento 

personal se llevó a cabo el 12 de junio de 2019 pero, 

no es hasta el 24 de junio de 2019 que se le informó 

al Tribunal. En el caso que nos ocupa, la Sra. Awilda 

Alméstica en su contestación a la querella se limitó 

alegar que desconocía de la obligación que había 

contraído su hijo (Sr. Sugrim Alméstica). Aludió que 

nunca había visto o tenido conocimiento del vehículo. 

A pesar de lo anterior, presentó querella e informó 

que su hijo había fallecido e informó que esté tenía 

un vehículo marca Hyundai, modelo Genesis 

siendo su paradero desconocido. (Énfasis en el 

original).

En armonía con lo anterior, el TPI coligió que la señora 

Alméstica Rosario no repudió la herencia dentro del término de 

30 días que se le concedió y del cual fue apercibida de las 

consecuencias de no contestar. Añadió que, transcurrido el

antedicho término, la herencia se entendió aceptada. Así, dispuso 

que, tal como establece el ordenamiento jurídico, al aceptar la 

herencia, el heredero responde frente a los acreedores del 
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causante, no solamente con el valor de los bienes recibidos, sino 

también con los propios. Concluyó que, toda vez que la señora 

Alméstica Rosario aceptó la herencia y se convirtió en la única 

heredera del señor Sugrim Alméstica Rosario, procedía, como

cuestión de derecho, que respondiera a Popular Auto por la deuda 

contractual de epígrafe.

Insatisfecha, la señora Alméstica Rosario solicitó 

reconsideración, pero la misma fue denegada mediante Orden

emitida y notificada el 1de septiembre de 2023. Aun en 

desacuerdo, esta acude ante nos y alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR - Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al ordenar a la apelante Sra. Awilda 

Alméstica Rosario a pagar a Popular Auto la cantidad 

de $40,689.16 de deuda, y $12,206.75 en honorarios 

de abogado, al resolver que esta aceptó la herencia de 

su fenecido hijo Sugrim J. Alméstica Rosario de forma 

pura y simple, a pesar de que medió error en el 

consentimiento de la señora Alméstica Rosario a 

aceptar la herencia de su hijo, debido a que esta no 

tenía forma de diligentemente conocer de esta deuda.

SEGUNDO ERROR – En la alternativa, erró el 

Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la Sra. 

Awilda Alméstica Rosario a pagar a Popular Auto la 

cantidad de $40,689.16 de deuda y $12,206.75 en 

honoraros de abogado, pues a base de la Ley para 

regular los contratos de arrendamiento de bienes 

muebles, el TPI venia obligado a ordenar la reposesión 

y venta del vehículo arrendado previo a ordenar el 

pago de cuantía alguna al arrendatario.

El 2 de octubre de 2032, emitimos Resolución, mediante la 

cual le concedimos a Popular Auto 20 días para presentar su 

alegato. El 17 de octubre de 2023, Popular Auto compareció 

mediante Moción Solicitando Prórroga para Cumplir con Orden. A 

lo anterior, este Foro concedió un término a vencer el 17 de 

noviembre de 2023 con la advertencia de que, transcurrido el 

mismo, dispondríamos del recurso sin su posición. 
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El 16 de noviembre de 2023, Popular Auto instó una Moción 

Solicitando Renuncia a Representación Legal. En esta, avisó que 

el bufete Bellver Espinosa ya no estaría a cargo de la 

representación de Popular Auto, por lo que solicitó que se 

aceptara su renuncia y concediera un término de 30 días para 

anunciar una nueva representación legal. En atención a la 

antedicha moción, dictamos Resolución el 4 de diciembre de 

2023, aceptamos la renuncia solicitada por Popular Auto y 

concedimos hasta el viernes, 8 de diciembre de 2023 para 

informar su nueva representación legal. Por medio de una Moción 

en Cumplimiento de Orden instada el 20 de diciembre de 2023 por 

Popular Auto, esta solicitó nuevamente un término de 30 días 

para informar la nueva representación legal. Esta vez otorgamos 

hasta el 8 de enero de enero de 2024. Llegado a este punto, el 16 

de enero de 2024, dictamos Resolución, en la cual expresamos lo 

siguiente:

El 29 de septiembre de 2023 se presentó el recurso 

de epígrafe. Desde entonces, se le han concedido 

prórrogas a la apelada Popular Auto, LLC. para que 

expongan su posición del recurso instado.

Las mismas han sido infructuosas por lo que damos 

por perfeccionado el mismo.

Con el anterior cuadro fáctico, procedemos a resolver sin el 

beneficio de la comparecencia de la parte apelada, Popular Auto.

II.

A.

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, 

Ap. V, R. 36; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 

resuelto el 23 de agosto de 2023. El propósito principal de este 

mecanismo procesal es propiciar la solución justa, rápida y 
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económica de litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales, por lo que puede prescindirse del 

juicio plenario. Serrano Picón v. Multinational Life Insurance 

Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de septiembre de 2023;

Ferrer et. al. v. PRTC, 209 DPR 574, 580-581 (2022).

4 Los 

tribunales pueden dictar sentencia sumaria respecto a una parte 

de una reclamación o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.1; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. La 

sentencia sumaria procederá si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre algún 

hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede hacerlo. Véase, S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213-214 (2010).5

El promovente debe presentar una moción fundamentada 

en declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Universal Ins. y otro v. ELA 

y otros, 211 DPR 455 (2023); Zambrana García v. ELA et al., 204 

DPR 328, 341-342 (2020). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa 

o abstracta. Es decir, tiene que ser de tal naturaleza que permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

4 Véase, además, Adorno v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022); Rivera Matos et al. 

v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020); González Santiago v. Baxter Healthcare, 

202 DPR 281, 290 (2019); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015).

5 Véase, además, González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023 

TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023.
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hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 213-214; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

110.

Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar 

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se 

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales 

que están en disputa que demuestren que existe una controversia 

real que debe ser dilucidada en un juicio. Si no lo hace se dictará 

en su contra la sentencia sumaria si procediere. Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665-666 (2000). Ahora, 

el hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no 

implica necesariamente que ésta proceda si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Sin embargo, el 

demandante no puede descansar en las aseveraciones generales 

de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, estará 

obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus 

alegaciones'”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215, citando 

a Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 (1983).

Nuestro estado de derecho les exige a los tribunales que, 

independientemente de cómo resuelvan una moción de sentencia 

sumaria, emitan una lista de los hechos que encontró que no 

están en controversia en el pleito y los que sí lo están. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la 

solicitud de sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando 

la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 
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de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que, casos en los cuales existan 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia o cuando el factor de credibilidad sea esencial, no es 

apropiado dictar sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 219.

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Conforme a ello, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia. En esta tarea sólo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. La labor de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al 

foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la 

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. Véase, además, Acevedo Arocho y otros v. Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, resuelto el 26 de 

junio de 2023.
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B.

En nuestro sistema de derecho de sucesiones, la herencia 

no se adquiere hasta que el llamado heredero la acepte. Rivera 

Rivera v. Monge Rivera, 117 DPR 464 (1986). Es decir, el llamado 

a heredar no es propietario de las cosas hereditarias hasta que 

no acepta la herencia. Íd. El Artículo 959 del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 2787, establece el remedio con 

el que cuenta un acreedor que interesa proceder contra unos 

herederos, para el cobro de una deuda contraída por el causante. 

B.B.V.A. v. Latinoamericana, 164 DPR 689, 695 (2005). Este 

remedio tiene los siguientes requisitos: (1) el acreedor debe 

interpelar judicialmente al heredero para que acepte o renuncie a 

la herencia; (2) el foro judicial debe fijar un término no mayor de 

treinta días para que el heredero acepte o repudie la herencia; (3) 

en la orden judicial correspondiente, el tribunal debe apercibir al 

heredero de que si no se expresa dentro del término que se le fijó, 

la herencia se tendrá por aceptada y (4) el heredero acepta o 

renuncia la herencia, mediante instrumento público o por escrito 

judicial. Íd.

La aceptación y la repudiación de la herencia, una vez 

hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugnadas sino 

cuando adoleciesen de algunos de los vicios que anulan el 

consentimiento, o apareciese un testamento desconocido. La 

herencia podrá ser aceptada pura y simplemente, o a beneficio de 

inventario. La aceptación pura y simple puede ser expresa o 

tácita. Expresa es la que se hace en documento público o privado

y tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente 

la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino 

con la cualidad de heredero. Los actos de mera conservación o 
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administración provisional no implican la aceptación de la 

herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de 

heredero. Arts. 951-953 del Código Civil derogado, 31 LPRA secs. 

2779-2781.

En consonancia con lo anterior, el Art. 957 del mencionado 

cuerpo legal explica que, por la aceptación pura y simple, o sin 

beneficio de inventario, quedará el heredero responsable de todas 

las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino 

también con los suyos propios.

C.

En Puerto Rico existe el principio de la libertad de 

contratación. El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 33716, sobre la existencia del contrato, dispone que: 

“[e]l contrato existe desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio.” Es de conocimiento que su perfeccionamiento se 

da por el mero consentimiento y desde ahí las partes están 

obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas 

sus consecuencias, siempre que éstas sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA. sec. 3375.

Un contrato es válido cuando convergen los siguientes tres 

(3) criterios; 1) consentimiento de los contratantes; 2) objeto cierto 

que sea materia del contrato, y 3) causa de la obligación que se 

establezca. Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3391. Cuando un convenio contiene los antepuestos 

elementos, el mismo es obligatorio y aplicará el principio 

contractual de pacta sunt servanda. Es decir, que el acuerdo 

6 Los hechos del caso de autos surgen durante la vigencia del Código Civil anterior.
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constituirá la ley entre las partes. Por consiguiente, 

los contratos surten efecto solo entre las partes que lo otorgan. 

Artículos 1044, 1209 y 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA secs. 2994, 3374 y 3451.

Las partes contratantes “pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 

Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. El consentimiento 

se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre 

la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Art. 1214 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3401. No obstante, cuando el 

consentimiento se presta por error, violencia, intimidación o dolo, 

es decir, cuando está viciado porque afectó el conocimiento o la 

libertad del contratante, el contrato es anulable y aquél que sufrió 

el vicio está legitimado para impugnarlo. Art. 1217 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3404.

D.

La Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según 

enmendada, 10 LPRA sec. 2401 et seq., conocida como la Ley 

para Regular Contratos de Arrendamientos (Ley Núm. 76-1994), 

se creó con el propósito de regular el arrendamiento de los bienes 

muebles en Puerto Rico. La misma le provee unas salvaguardas 

a los arrendatarios y unas garantías a los arrendadores. Artículo 

2 de la Ley Núm. 76-1994.

El contrato de arrendamiento financiero o leasing “es un 

negocio jurídico cuyo contenido está formado por varias 

declaraciones de voluntad, las cuales producen una relación 

jurídica [entre las partes suscribientes] y establecen los términos 

que la regulan”. Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184 
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DPR 540, 553-555 (2012); CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 

141 DPR 27, 33 (1996).

El Art. 23 de la Ley Núm. 76-1994 explica que, en los 

arrendamientos de consumo como el de epígrafe, una vez el 

arrendatario esté en mora, el arrendador notificará le notificará 

por escrito y le otorgará un plazo de veinte (20) días para que haga 

efectivo el pago del canon o cánones atrasados más la penalidad 

correspondiente. Se le notificará, además, que, de no efectuarse 

el pago dentro de dicho término, se podrá iniciar una acción 

judicial de reposesión de bienes muebles, y/o en cobro de 

dinero, conforme a las leyes y reglas aplicables, a opción del 

arrendador. 10 LPRA sec. 2421 (Énfasis nuestro).

III.

En esencia, la apelante arguye que la Sentencia Parcial debe 

ser revocada, toda vez que aceptó la herencia de su hijo bajo la 

creencia errada de que el caudal estaba compuesto solamente de 

un vehículo Mitsubishi Outlander del 2011, y desconocía del 

automóvil en controversia. Alude a que tal desconocimiento la 

llevó a cometer un error excusable que vició el consentimiento al 

aceptar la herencia, por lo que este debe ser anulado.

En su primer señalamiento de error, la apelante alega que 

estaba impedida de repudiar la herencia de su hijo en el término 

concedido por el TPI porque la aceptó desde el 2017. Añade que 

el foro a quo conocía de la aceptación previa desde la vista de 

estado de los procedimientos celebrada el 22 de octubre de 2019.

Así, arguye que el Tribunal de Primera Instancia venía 

obligado a examinar y analizar su explicación sobre que medió un 

error esencial en el consentimiento al momento de aceptar la 

herencia de su hijo, pues desconocía la existencia del contrato de 
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arrendamiento financiero suscrito con Popular Auto. Resalta que 

la deuda en cuestión resulta sumamente onerosa a base de sus 

ingresos y sobrepasa, por cuatro (4) veces, el caudal dejado por el 

causante, según declarado en la Planilla de Caudal Relicto.

Razona que el error que cometió es excusable, toda vez que no 

tenía forma de diligentemente conocer de la existencia del 

contrato de arrendamiento financiero con Popular Auto al 

momento en que aceptó la herencia.

Analizado ponderadamente el expediente, es evidente que 

el TPI concedió a los miembros de la Sucesión del señor Sugrim 

Alméstica Rosario, compuesta por la apelante, el término de 30 

días establecido en el Art. 959 del Código Civil de 1930, supra,

para que aceptaran o repudiaran la herencia. Es importante 

destacar que esta fue apercibida que, transcurrido dicho término 

sin que se expresaran en torno a ello, la herencia se tendría por 

aceptada y, por consiguiente, respondería por las cargas de la 

herencia, conforme dispone el Art. 957 del Código Civil de 1930, 

supra. La interpelación judicial fue notificada personalmente a la 

apelante el 12 de junio de 2019. No obstante, ésta no realizó

expresión alguna en el mencionado término. Lo anterior tuvo la 

consecuencia de dar por aceptada la herencia de forma pura y 

simple, o, lo que es igual, sin beneficio de inventario. 

Según el Art. 957 del Código Civil aplicable, quedará el 

heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo 

con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios. El 

caudal hereditario concernido incluyó la obligación económica 

originalmente incurrida por el causante con Popular Auto al 

suscribir el contrato de arrendamiento de vehículo cuyo 
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incumplimiento se reclamó en la demanda de referencia. El 

primer error no se cometió.

Por otro lado, mediante su segundo señalamiento de error, 

la apelante alega que el TPI venía obligado a resolver, en primera 

instancia, si procedía la reposesión del bien mueble arrendado, 

aplicara el producto de dicha venta a la deuda del contrato de 

arrendamiento financiero y luego cobrara al arrendatario

cualquier deficiencia, si alguna. Añade que la Ley Núm. 76-1994 

obligaba al arrendador, en los casos en los cuales opta por 

reposeer el bien mueble, a no quedarse cruzado de brazos una 

vez obtiene la posesión del bien mueble arrendado, sino que tenía 

que satisfacer su deuda mediante la venta de dicho bien o su 

subsiguiente arrendamiento, acreditándole al arrendatario

cualesquiera sumas que reciba por dichos conceptos. 

Conforme al lease concernido, Popular Auto acordó 

comprar el vehículo seleccionado por el señor Alméstica Rosario

para propósitos de arrendárselo bajo ciertos términos y 

condiciones. Las condiciones importantes que surgen de la 

Cláusula 7 del contrato, en lo pertinente, estipulaban lo 

siguiente:

Usted está incondicionalmente obligado a pagar todos 

los pagos del arrendamiento y otras cantidades 

vencidas por el término completo no importa lo que 

suceda, aun si el vehículo le es robado, dañado o 

destruido, si tiene defectos o si usted ya no puede 

utilizarlo. (Énfasis nuestro).

El señor Alméstica Rosario firmó, además, un “Anejo de 

Arrendamiento Vehículo”, el cual, en la cláusula 4 establece, en 

lo que nos concierne, que:

[S]i usted está bajo incumplimiento del 

Arrendamiento, nosotros podemos, a nuestra 

opción, proceder a dar por terminado el Contrato con 

usted sin notificarle, y en adición a lo provisto de 

acuerdo al Arrendamiento, podemos cobrarle a usted 
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en caso de una devolución voluntaria del Vehículo, el 

pago total mensual de alquiler de acuerdo al 

Arrendamiento menos el cargo por financiamiento no 

devengado al momento que el Vehículo sea devuelto, 

computado a base del método conocido como la suma 

de los dígitos o Regla 78, el Valor Residual estipulado 

en el correspondiente anejo, si alguno, y los gastos 

razonablemente incurridos en la reparación del 

Vehículo para ponerlo en condiciones de venta o 

alquiler, o su valor en el mercado si lo anterior es 

menor que el costo de la reparación. En adición a 

estas cantidades, si el Vehículo es recobrado 

mediante acción judicial, usted será responsable por 

los cargos. de financiamiento hasta que se dicte 

sentencia, y por los gastos y honorarios de abogados. 

Nosotros le acreditaremos el Producto Neto de la 

Venta del Vehículo, si el mismo es vendido, neto de 

costos y gestos inherentes al traspaso de la 

propiedad, o el Valor Actual bajo el nuevo contrato, si 

el Vehículo es arrendado nuevamente. Si usted 

cumple a nuestra satisfacción con las cantidades 

previamente indicadas y acepta pagar 5% de dicha 

cantidad en un período de no más de quince (15) días 

después que el Vehículo sea devuelto, nosotros 

transferiremos el título del Vehículo a usted. Esta 

cláusula sola y exclusivamente opera en 

Arrendamientos de consumo y prevalece sobre 

cualquier cláusula de este contrato que sea 

incompatible o contraria.7

Resulta claro que el señor Alméstica Rosario se 

comprometió a pagar las mensualidades del arrendamiento por el 

término completo del contrato sin importar la condición del 

vehículo, incluso en la eventualidad de que el vehículo fuera

robado, dañado o destruido. Debido a que este dejó de pagar las 

mensualidades del arrendamiento, indudablemente transgredió

los términos y las condiciones del lease que suscribió

voluntariamente. Además, la Ley Núm. 76-1994 taxativamente 

expone que, a raíz del incumplimiento del arrendatario, el 

arrendador tendrá la opción de iniciar una acción judicial de 

reposesión de bienes muebles, y/o en cobro de dinero, 

conforme a las leyes y reglas aplicables. El segundo error 

tampoco se cometió.

7 Apéndice del recurso, págs. 95-100.
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A nuestro juicio, evaluada de novo la solicitud de sentencia 

sumaria concernida y su oposición, así como la prueba 

documental anejada, en armonía con la doctrina establecida en 

el caso de Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, y 

subsiguientes, concluimos que no existe controversia sobre 

hechos materiales que impidan resolver el caso de autos 

sumariamente. La apreciación de la prueba del foro de instancia 

no se distancia de la realidad fáctica ni tampoco es 

inherentemente imposible o increíble. Además, las 

determinaciones del TPI encontraron apoyo en la prueba 

admitida, y de ninguna manera confligen con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia. En 

ese sentido, no encontramos que en este caso haya mediado error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Por lo tanto, 

determinamos que estamos impedidos de sustituir dicho criterio 

y lo único que procede es dar deferencia a la evaluación de la 

prueba que hizo el tribunal de instancia con respecto a este 

asunto. 

Por consiguiente, y en ausencia de alguna fuente de 

derecho que nos mueva a interpretar que erró el TPI en su 

dictamen, confirmamos la Sentencia Parcial apelada. 

IV.

En virtud de los precedentes fundamentos, confirmamos la 

Sentencia Parcial del TPI.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones