NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

EDWIN GADIEL PAGÁN BURGOS

Apelante

v.

EFRAÍN SANTIAGO ORTIZ

Apelado

KLAN202300872

Apelación

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia,

Sala de Humacao 

Caso Núm.

HU2019CV001947

Sobre:

Libelo y Calumnia

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

Comparece Edwin Gadiel Pagán Burgos (el apelante), solicitando la 

revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Humacao, (TPI), el 29 de agosto de 2023.

1 Mediante dicho 

dictamen el foro primario declaró Ha Lugar una Moción Solicitando

Sentencia Sumaria instada por Efraín Santiago Ortiz, (el señor Santiago 

Ortiz o apelado), y otros (en conjunto, los apelados), desestimando la 

demanda por daños, calumnia y libelo presentada por el apelante.

En el recurso de apelación se esgrime que incidió el TPI en lo 

siguiente: (1) su determinación sobre los hechos presuntamente

incontrovertidos y; (2) la apreciación de que no se demostraron los 

elementos de la causa de acción instada. 

1 Notificada el 30 de agosto de 2023.
KLAN202300872 2

I. Resumen del tracto procesal

El 16 de diciembre de 2019, el señor Edwin Pagán Bonilla, padre del 

apelante, Edwin Gadiel Pagán Burgos, presentó una Demanda por sí y en 

representación de este último, en contra del señor Efraín Santiago Ortiz y 

otros. La Demanda tuvo como causa unas alegadas expresiones hechas por

el señor Efraín Santiago Ortiz, el 4 de febrero de 2016, en el programa 

televisivo “Jay y sus Rayos X”. Las referidas expresiones aludían a una 

denuncia realizada contra el señor Pagán Bonilla, por el delito de 

exposiciones deshonestas, a raíz de hechos ocurridos en el baño de varones 

de la tienda JC Penny, en Plaza las Américas, el 19 de febrero de 2001, 

hechos por los cuales resultó convicto en grado de tentativa.

En lo específico, en la demanda fue alegado que, en el referido

programa televisivo, el señor Efraín Santiago Ortiz narró su versión de los 

hechos ocurridos el 19 de febrero de 2001 en la mencionada tienda, 

sosteniendo, entre otros, que: el señor Edwin Pagán Bonilla es un enfermo 

que no debe estar en contacto con ningún niño ... sabrá Dios a cuántos niños 

él le hizo lo mismo;2 que la fiscal del caso le había mencionado que había

otras investigaciones por pedofilia contra el señor Pagán Bonilla, alrededor 

de 4 a 5 casos, una de ellas referente a su propio hijo, el aquí apelante, 

Edwin Gadiel Pagán Burgos.

3

Los demandantes alegaron que las referidas expresiones del señor 

Santiago Ortiz eran totalmente falsas, fueron hechas con conocimiento de 

su falsedad y con el único propósito de inducir a error, difamar, crear 

opinión negativa y dañar la buena reputación del señor Edwin Pagán 

Bonilla. Que tales manifestaciones le han provocado daños emocionales y 

personales al señor Pagán Bonilla, afectándole su carrera profesional y de 

2 Anejo I del recurso de apelación, pág. 2. 

3

Íd. 
KLAN202300872 3

servicio público, y a su hijo, el aquí apelante, por lo que reclamaron ser 

resarcidos. 

Posteriormente, la causa de acción del señor Pagán Bonilla fue 

desestimada, mediante Sentencia Parcial de 4 de agosto de 20204, al juzgar 

el foro a quo que se encontraba prescrita. Por tanto, solo subsistió el 

reclamo de su hijo, el apelante, por haber sido menor de edad a la fecha de 

los hechos que dieron lugar al inicio de la acción legal.

Sin embargo, el señor Santiago Ortiz instó una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria, con referencia a la causa de acción restante, la del 

apelante. En esta moción el apelado enumeró nueve hechos que identificó 

como incontrovertidos, con alusión a la prueba que presuntamente los 

sostenían, arguyendo que la causa de acción de Edwin Gadiel Pagán 

Bonilla se basaba en los daños a nombre de su padre, y los efectos en el 

núcleo familiar, pero no a los daños que sufrió como hijo. Asimismo, alegó

que las expresiones hechas en el programa de televisión eran ciertas, 

sostenidas por la convicción del señor Pagán Bonilla, según lo hacía así 

constar una Sentencia emitida por el TPI, cuya copia unió, y que tales 

manifestaciones formaban parte del derecho a la libre expresión que provee 

la Constitución. 

A raíz de ello, el señor Pagán Burgos instó una Moción en oposición a 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el codemandado Efraín 

Santiago Ortiz. Allí, el apelante señaló los hechos que los apelados 

promovieron como incontrovertidos en la moción de sentencia sumaria,

para esgrimir argumentos en contrario, incluyendo la prueba documental 

que, adujo, servía para controvertirlos. Finalizó arguyendo que: la parte 

promovente de la solicitud de sentencia sumaria no había establecido de 

forma clara los hechos que sostuvo como incontrovertidos; el foro primario 

4 Esta Sentencia no fue incluida en el apéndice del recurso de apelación, sino que la 

obtuvimos a través de SUMAC, Entrada #15.
KLAN202300872 4

no contaba con la verdad de todos los hechos y; había elementos subjetivos 

que no hacía aconsejable decidir de manera sumaria el asunto. 

Es así como, el 29 de agosto de 2023, el tribunal a quo emitió la

Sentencia cuya revocación nos solicita el apelante, declarando Ha Lugar la

Moción de sentencia sumaria instada por el apelado, por tanto, ordenando 

la desestimación de la causa de acción instada. Al así decidir, el foro 

primario enumeró diecisiete hechos como incontrovertidos, que a renglón 

seguido reproducimos. 

1. La demanda en este caso se presentó el pasado 16 de diciembre 

de 2019 siendo el demandante menor de edad a esa fecha.

2. La demanda se refiere a hechos ocurridos el 4 de febrero de 2016.

3. La demanda se refiere a un solo incidente ocurrido en un 

programa de televisión Jay y sus Rayos X y expresiones del 

demandado relacionadas a un incidente que tuvo el hijo del 

demandado con el padre del aquí demandante. 

4. En el programa de televisión el demandado indicó que la fiscal 

que investigó el caso contra Edwin Pagán Bonilla informó que 

había cuatro o cinco casos de pedofilia contra éste pendientes de 

investigación. 

5. El Sr. Edwin Pagán Medina, padre del demandante fue 

denunciado criminalmente por violación al Artículo 106 del 

Código Penal (exposiciones deshonestas) por hechos acaecidos 

en el baño de varones de Plaza las Américas el 19 de febrero de 

2001. En la misma se imputa que expuso sus partes íntimas al 

menor de 16 años Efraín Santiago Gutiérrez, hijo del demandado. 

6. La Querella de la Policía fue la 200113821761, por el delito de

Art. 106 del Código Penal contra Edwin Pagán Bonilla. ANEJO A,

página 1 de la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 

parte demandada. 

7. El Sr. Edwin Pagán Bonilla fue sentenciado por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan caso El Pueblo de PR v. 

Edwin Pagán Bonilla, Criminal. Núm. 2001-0698, por tentativa 

de exposiciones deshonestas. 

8. El Tribunal de Apelaciones confirmó la convicción del Sr. Pagán 

Bonilla por la tentativa de exposiciones deshonestas. 

9. El demandado Efraín Santiago Ortiz, padre del entonces menor 

de edad Efraín Santiago Gutiérrez, ha expresado bajo juramento 

que presenció el incidente de que fuera objeto su hijo menor de 

edad en el baño de la tienda JC Penney donde Edwin Pagán 

Bonilla se metió al cubículo del baño y mostró sus genitales al 

menor. 

10. El demandado Edwin Santiago Ortiz fue invitado al programa de 

televisión del presentador Jay Fonseca. 

11. El demandado tenía conocimiento que Edwin Pagán Bonilla 

aspiraba a un puesto electivo en el PNP en el año 2016. Efectuó 

la entrevista, según la deposición, porque no podía permitir que 

un criminal fuera parte del gobierno. 

12. En la entrevista televisada, el demandado Efraín Santiago Ortiz

expresó que su aseveración de que el demandante Edwin Pagán 

Bonilla tenía otras investigaciones pendientes por pedofilia se lo

manifestó la fiscal que vio el caso de su hijo, y así lo reveló en la 

entrevista. 

13. El demandado indicó en la entrevista: “Eso me lo informó la fiscal 

del caso en ese momento porque el caso duró bastante tiempo. 
KLAN202300872 5

Porque él cambió de abogado par de veces y la fiscal del caso fue 

la que me dijo que tenía 4 a 5 casos, uno de su propio hijo en 

Humacao.

14. El demandado Edwin Santiago Ortiz no identifica por nombre al 

hijo del Sr. Pagán Bonilla. 

15. El demandado Edwin Santiago Ortiz no pudo identificar a la 

fiscal que le ofreció dicha información. 

16. En su Contestación al Interrogatorio, el demandante Edwin 

Gadiel Pagán Burgos, expresó bajo juramento que “las 

expresiones del demandado pusieron en entredicho la confianza, 

honra, buen nombre y reputación de mi padre y mía ante 

nuestros amigos, familiares y la comunidad en general. Las 

expresiones del Sr. Efraín Santiago Ortiz provocaron 

sufrimientos daños y angustias mentales que se han perpetuado 

en el mundo cibernético. Lo dicho por el demandado nos afectó 

económicamente ya que contribuye a limitar los ingresos de mi 

papá y los ingresos de nuestro núcleo familiar.”

17. No se presentó evidencia de ningún tipo relacionado con los 

alegados daños causados por la parte demandada. 

Concluyó el TPI que las expresiones realizadas por la parte apelada 

en el programa televisivo aludido: eran ciertas y correctas, (lo que ató al 

hecho de que el señor Pagán Bonilla fue convicto por tentativa de 

exposiciones deshonestas) y; formaban parte del derecho a la libre 

expresión protegido por la Constitución. Añadió que la causa de acción del 

apelante, Pagán Burgos, se basaba en daños al nombre de su padre y del 

núcleo familiar, pero no relativos a daños causados a él como hijo.

En desacuerdo, el apelante, Pagán Burgos, acude ante nosotros

mediante recurso de apelación, señalando la comisión de los siguientes 

errores por parte del foro primario:

a. Erró el TPI de Humacao al dictar sentencia sumaria 

considerando como incontrovertidos hechos que no son 

materiales ni esenciales a las controversias del caso. 

b. Erró el TPI de Humacao al dictar sentencia sumaria 

desestimando la demanda al determinar que el demandante 

Edwin Gadiel Pagán Burgos no logró demostrar que existió 

negligencia del demandado Efraín Santiago Ortiz al hacer las 

expresiones difamatorias en su contra. 

c. Erró el TPI de Humacao al dictar sentencia sumaria sin analizar 

todos los documentos incluidos en las mociones y aquellos que 

obren en el expediente del tribunal, y sin determinar si la parte 

opositora controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. 
KLAN202300872 6

II. Exposición de Derecho

a.

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Roldan Flores v. M. Cuebas et al., 

199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 DPR 

769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho 

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36; González Santiago 

v. Baxter Healthcare, supra; Roldan Flores v. M. Cuebas et al., supra; Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG ZapataRivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Al revisar sentencias dictadas por Tribunal de Primera Instancia 

mediante el mecanismo de la sentencia sumaria, o las resoluciones 

denegatorias de una moción de sentencia sumaria, el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el tribunal inferior para 

evaluar su procedencia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Al 

disponer de una moción de sentencia sumaria, el tribunal necesariamente 

tendrá que escudriñar las alegaciones de la demanda o las defensas 

interpuestas para determinar si existen hechos en controversia que deban 

esclarecerse mediante un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Los 

criterios para seguir por este foro intermedio al atender la revisión de una 

sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido enumerados con 
KLAN202300872 7

exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Íd. Según los tales, el Tribunal 

de Apelaciones debe: 

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario; 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos; 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras: (1) solo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; 

(2) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar asuntos 

que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras que el 

segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su

consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd., pág. 115. También, se ha 

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales 

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera 

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

b.

La protección contra ataques abusivos a la honra y reputación surge 

del Art. II, Sec. 8 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. Además, 

la fuente de protección civil contra ataques difamatorios es el Artículo 1536 
KLAN202300872 8

del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10801. Colón Pérez v. Televicentro 

de Puerto Rico, 175 DPR 690, 726 (2009).5 En vista de lo cual, la persona 

que reclame haber sido lesionada en su honor debe establecer que el 

demandado publicó una expresión falsa y difamatoria, por la cual sufrió 

daños, y que la conducta del demandado violó el estándar legal de conducta 

aplicable a las circunstancias particulares del caso, según las partes

involucradas en el caso. Íd. Las partes involucradas en el caso refiere la 

clasificación del demandante, como funcionario o figura pública, o como 

persona privada. Íd.

La causa de acción de difamación conlleva la difícil tarea de 

balancear el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, 

ambos valores reconocidos como de alta jerarquía y de interés público en 

nuestro ordenamiento jurídico. Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 

DPR 91, 97–98 (1992). 

Entonces, atendiendo propiamente las normas pertinentes a la 

consideración de las mociones de sentencia sumaria en casos sobre 

difamación, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que este mecanismo

es parte integral de la protección constitucional disponible al demandado 

en casos de difamación. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 

723 (2009). En estos casos el propósito del aludido mecanismo procesal es 

evitar que la prolongación de los litigios tenga un impacto disuasivo sobre 

la libertad de expresión. Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 643 

(1991). 

En Colón Pérez v. Televicentro de P.R., supra, el Tribunal Supremo 

recogió la jurisprudencia que le precedía sobre la utilización de la sentencia 

sumaria en los casos sobre difamación, e identificó dos formas distintas 

para establecer qué procede en derecho para dictar sentencia bajo dicho 

5 En esta Opinión se alude al Artículo 1802 del derogado Código Civil. No obstante, por 

cuanto los hechos de este caso acontecieron durante el 2023, resulta de aplicación del 

Código Civil de 2020, el cual hemos citado. 
KLAN202300872 9

mecanismo procesal. En primer lugar, indicó que se puede demostrar que 

no existe controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, los sucesos alegados no son suficientes 

para establecer causa de acción alguna, ya sea porque se incumplen los 

requisitos necesarios o se configura una defensa afirmativa. La evidencia 

por utilizarse consiste en las declaraciones juradas y prueba documental 

admisible que el promovente someta con su moción o que obre en autos.

Una vez el promovente justifique la desestimación sumaria, el demandante 

debe controvertir los hechos pertinentes con declaraciones juradas o 

prueba documental admisible. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., supra, a 

la página 724.

La segunda manera en que el promovente de la moción de sentencia 

sumaria puede cumplir con su carga inicial es alegando y demostrando que 

el demandante no tiene evidencia suficiente para establecer los requisitos 

de su reclamación, es decir, que carece de prueba para demostrar algún 

elemento esencial de la causa de acción. Además, tiene que persuadir al 

tribunal de que no es necesario celebrar una vista evidenciaria y que, como 

cuestión de derecho, procede que se desestime la reclamación. Luego de 

que el promovente satisfaga este requisito, el promovido está obligado a 

producir prueba específica que, de ser admitida y creída, demuestre todos 

los elementos de la causa de acción. Colón Pérez v. Televicentro de P.R., 

supra, a la página 725.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Como ya se ha dicho, la Sentencia apelada fue dictada a través del 

mecanismo procesal que provee la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

la sentencia sumaria. En tanto la revisión de una Sentencia sumaria por 

este foro apelativo acontece de novo, se nos requiere primeramente verificar 

si las partes cumplieron con las formalidades que requiere dicha moción 

dispositiva, al igual que su oposición, para entonces verificar los asuntos 
KLAN202300872 10

atinentes a las determinaciones de hechos presuntamente incontrovertidos 

y la aplicación del derecho correspondiente. 

Vistas la moción dispositiva instada, y el escrito en oposición a esta, 

juzgamos que las partes cumplieron con los requisitos mínimos de forma 

que habilitan a este foro intermedio para examinar los asuntos planteados 

en el recurso de apelación. 

Entonces, atendiendo propiamente los señalamientos de error 

alzados en el recurso de apelación, juzgamos que son susceptibles de 

discusión conjunta, por lo que así procederemos.

Inicia el apelante arguyendo que, del total de diecisiete 

determinaciones de hechos incluidas en la Sentencia apelada, solo las 

últimas dos, (las dieciséis y diecisiete), pudieran tener relación material con 

la causa de acción del apelante. Al así afirmar, advierte que la única causa 

de acción que subsiste en esta etapa es la suya, pues la de su padre, el 

señor Pagán Bonilla, fue desestimada mediante Sentencia Parcial. A partir 

de esta teoría legal el apelante sostiene que las determinaciones de hechos

recogidas en su contra en la Sentencia apelada podrían ser materiales para 

la demanda en cuya parte figuraba el señor Pagán Bonilla (su padre), pero 

no respecto a su causa de acción. No tiene razón el apelante, y el asunto 

no merece mayor elaboración.

Comenzamos por indicar que, aunque el apelante sostuvo que las 

determinaciones de hechos aludidas no resultaban materiales para dirimir 

la moción dispositiva presentada, lo cierto es que se trata de una 

aseveración genérica a este nivel apelativo, que no particularizó sobre las 

razones por las cuales las identifica así, a pesar de que la parte promovida

está llamada a discutir cada determinación de hecho de manera individual. 

Regla 36.3(b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b).

En cualquier caso, aunque trate de desvincularse de los hechos de 

la causa de acción iniciada por su padre, ya desestimada, juzgamos que la 
KLAN202300872 11

relación fáctica enumerada por el TPI en la Sentencia apelada sí identificó 

hechos materiales en la causa de acción del apelante, al abordar las 

manifestaciones públicas del apelado, junto al proceso penal seguido en 

contra del señor Pagán Bonilla, y su convicción, presunto origen de los 

daños que fueron alegados. Juzgamos que no es siquiera concebible la 

causa de acción del apelante sin, como mínimo, partir de la enumeración 

de los hechos efectuada por el TPI en la Sentencia apelada, sobre la 

entrevista realizada en el programa televisivo, y el proceso penal seguido 

en contra del padre del apelante, razón por la cual resultan plenamente 

materiales.

Reiterando, en el contexto de una demanda por daños y perjuicios 

por presunta difamación, resulta material la veracidad o falsedad de las 

expresiones que alegadamente causaron el daño a indemnizar, además del 

contenido de las propias expresiones que se sostiene causaron daño. Las 

determinaciones de hecho aludidas precisamente tratan principalmente, 

por una parte, del proceso penal que aconteció en contra del padre del 

apelante, por exposiciones deshonestas, y del cual resultó convicto en 

grado de tentativa, y, por la otra, de las manifestaciones que el apelado hizo 

en público y dieron lugar a la causa de acción. Haber establecido, mediante 

prueba documental, que el padre del apelante sí resultó convicto por un 

cargo de tentativa de exposición deshonesta, como se hizo en este caso, 

está imbricado con las manifestaciones que sobre dicho hecho emitió el 

apelado en el programa televisivo, para determinar si fueron o no 

difamatorias. No tiene razón el apelante al pretender hacer una distinción 

entre su causa de acción, y la de su padre, para fines de la materialidad de

los hechos enumerados en la Sentencia apelada.

Entonces, el apelante pasa a plantear que al foro primario no le 

correspondía utilizar el mecanismo de la Sentencia sumaria para dilucidar 

la alegación sobre los daños causados, en tanto nuestro Tribunal Supremo 
KLAN202300872 12

ha manifestado que ello no es aconsejable cuando resulte necesario

adjudicar elementos subjetivos, de intención y propósitos mentales. En la 

misma tónica, asevera que los elementos de acto negligente y relación causal 

en este caso son fácilmente constatables y demostrables.

6 Sin embargo, más 

allá de aseverar sobre la presunta facilidad de demostrar los elementos del 

acto negligente, no nos señaló de qué documentos se deriva tal afirmación. 

Visto que la causa de acción por difamación dimana del Artículo 1536 del 

Código Civil de 2020, supra, y tal articulado incluye entre los elementos a 

ser probados la intención o negligencia en el acto que dio lugar a unos 

daños alegados, el apelante estaba llamado a dirigirnos para identificar la 

prueba documental incluida en la moción dispositiva presentada, o en el 

escrito en oposición, que diera cuenta de tal elemento, pero no lo hizo. 

Nos llama la atención, por otra parte, que, aunque en la Sentencia 

apelada se hizo mención expresa del derecho a la libre expresión de la parte 

apelada al hacer las expresiones públicas aludidas, en el recurso de 

apelación no se incluyera discusión alguna al respecto. Aun concediendo 

que el TPI se mostró parco al tratar este importante tema en la Sentencia 

apelada, según citamos, la causa de acción de difamación conlleva la difícil 

tarea de balancear el alcance de la libertad de expresión y el derecho a la 

intimidad, ambos valores reconocidos como de alta jerarquía y de interés 

público en nuestro ordenamiento jurídico. Giménez Álvarez v. Silén 

Maldonado, supra. Tocaba a la parte que solicita la revocación del dictamen 

apelado atender el asunto para persuadirnos a cambiar el rumbo decisorio 

tomado por el TPI, pero no lo hizo.

Entonces, para atender de manera breve el señalamiento de error

tercero, discutido en el escrito de apelación en una sola oración, sépase que 

en Pérez Vargas v. Office Depot Inc., 203 DPR 687 (2019), nuestro Tribunal 

Supremo manifestó que no resulta necesario formular determinaciones de 

6 Recurso de apelación, pág. 10.
KLAN202300872 13

hechos al resolver mociones que pueden disponer finalmente de un pleito, 

como lo es la sentencia sumaria. Sobre lo mismo, el alto Foro dispuso que 

cuando el pleito es resuelto mediante dictamen sumario, el único hecho 

adjudicado es justamente la inexistencia de hechos materiales en 

controversia, por tanto, no existe necesidad de consignar los hechos sobre 

los cuales no hay controversia, dado que éstos son los que fueron 

propuestos por la parte promovente de la solicitud. Íd. 

Para finalizar, es necesario citar al Tribunal Supremo cuando señaló 

que, no puede perderse de vista que, a fin de cuentas, el propósito cardinal 

del mecanismo de sentencia sumaria es proveer una solución justa, rápida 

y económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los cuales no exista 

un conflicto o controversia genuina de hechos materiales. Pérez Vargas v. 

Office Depot Inc., supra. Vista la causa de acción del apelante, junto a la 

prueba documental que tuvo ante su consideración el TPI, estamos 

convencidos de que la Sentencia sumaria era el mecanismo apropiado para 

disponer de manera rápida y económica de una demanda cuya solución no 

ameritaba mayor prolongación, pues no tenía oportunidad real de 

prevalecer.

IV. Parte dispositiva

Por lo fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia Sumaria

apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones