Número Identificador

RES2024_____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

ZUEÉ ADORNO RIVERA Y 

OTROS

Demandantes-Recurridos

 Vs.

MANUEL ADORNO 

CABRERA Y OTROS

Demandados-Recurridos

 Vs.

LCDO. IVÁN LUIS 

MONTALVO BURGOS

Tercero DemandadoPeticionario

________________________

MANUEL ADORNO 

CABRERA

 Demandante

 Vs.

CARMEN L. RIVERA 

CINTRÓN Y OTROS

 Demandados

KLCE202301391

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Caso Núm.:

BY2020CV03341

(505)

Sobre:

Nulidad de 

Compraventa, 

Daños y 

Perjuicios, 

Interdicto 

Posesorio

Caso Núm.:

BY2020CV03488 

(505)

Sobre: 

Dolo, Fraude, 

Explotación

Económica, 

Nulidad de 

Donación de 

Inmueble y Daños 

y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el

Juez Bermúdez Torres y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2024.

Comparece ante nos, el Lcdo. Iván L. Montalvo Burgos (en 

adelante, “Notario Montalvo Burgos o peticionario”), para que 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, el 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para la 

asignación de recursos nuevos previamente presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel. Véase, 

además, la Orden Administrativa OATA-2023-214 del 8 de diciembre de 2023, 

mediante la cual se modificó la composición del panel que atendió los 

correspondientes recursos anteriores (KLCE202200164 y KLCE202201190).
KLCE202301391 2

revisemos la Resolución emitida el 14 de octubre de 2023,

2 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en 

adelante, “TPI”), en la cual, denegó la solicitud de sentencia sumaria 

que presentó el peticionario. Cabe indicar que el 9 de noviembre de 

2023, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

Evaluada la totalidad del expediente, denegamos el auto 

solicitado. 

-IPertinente al peticionario, surge de los autos ante nuestra 

consideración que el 24 de octubre de 2020, la Sra. Zueé Adorno 

Rivera y su esposo, el Sr. Carlos Figueroa Miranda (en adelante, 

“matrimonio Adorno–Figueroa”) presentaron una acción sobre 

nulidad de compraventa, interdicto posesorio y daños contra el Sr. 

Manuel Adorno Cabrera (en adelante, “señor Adorno Cabrera”),3 el 

Sr. Jorge Adorno Giusti y su esposa, la Sra. Santa Enid Nieves 

Rivera (en adelante, “matrimonio Adorno–Nieves”).

4 En resumen, el 

matrimonio Adorno-Figueroa alegó que el señor Adorno Cabrera, 

mediante escritura ante el Notario Montalvo Burgos, le donó un 

inmueble sito en Bayamón a la Sra. Zueé Adorno Rivera el 14 de 

julio de 2020. 

Arguyeron, además, que el 8 de agosto de 2020, el señor 

Adorno Cabrera otorgó una escritura de compraventa a favor del 

matrimonio Adorno–Nieves.

5 En la misma fecha, la escritura de 

compraventa fue presentada en el Registro de la Propiedad. 

De otro lado, tanto el matrimonio Adorno–Nieves como el 

señor Adorno Cabrera contestaron la demanda y reconvinieron.6

Adujeron fraude, dolo y explotación financiera por parte del 

2 Notificada el 16 de octubre de 2023.

3 Según los autos, el Sr. Manuel Adorno Cabrera es padre del Sr. Jorge Adorno 

Giusti y tío de la Sra. Zueé Adorno Rivera.

4 Apéndice 2 del Recurso de Certiorari, a las págs. 17 – 22. 

5 Surge del expediente que, la escritura de compraventa fue otorgada ante la 

Notaria Carla M. Martínez Caraballo.

6 Apéndices 3 y 4 del Recurso de Certiorari, a las págs. 23 – 51, 52 – 77.
KLCE202301391 3

matrimonio Adorno–Figueroa. Además, señalaron que el señor 

Adorno Cabrera no tenía intención de donar el inmueble. 

Luego de varios trámites procesales, el 19 de noviembre de 

2020, el matrimonio Adorno–Nieves radicó contra el Notario 

Montalvo Burgos una Demanda contra tercero.

7 Consecuentemente, 

el peticionario presentó su contestación a demanda contra tercero 

el 2 de febrero de 2021.

8 Allí, negó responsabilidad sobre las 

alegaciones instadas.

Así pues, el 3 de junio de 2021, el matrimonio Adorno–

Nieves sometió una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.

9 En 

síntesis, alegó que la escritura de donación se mantuvo ineficaz 

desde el 14 de julio de 2020 hasta el 15 de diciembre de 2020, ya 

que los sellos no fueron cancelados hasta esa última fecha. 

No obstante, el peticionario se opuso, y a su vez presentó una 

Solicitud de Desestimación de Demanda de Terceros y/o de Sentencia 

Sumaria el 19 de julio de 2021.

10 Entre otras cosas, solicitó la 

desestimación de la demanda contra tercero, ya que, el notario no 

era parte indispensable en un pleito donde se cuestiona la validez 

de un instrumento público. Referente a la insuficiencia arancelaria, 

sostuvo que dicha insuficiencia no hace el instrumento nulo sino 

anulable hasta que sea subsanada. Además, señaló que la 

contraparte estaba enmendado sus alegaciones, lo que no era 

permisible. Por su parte, el 9 de agosto de 2021 el matrimonio 

Adorno–Nieves radicó su oposición a la solicitud sumaria presentada 

por el peticionario.

11

Examinadas ambas mociones, las mismas fueron declaradas

No Ha Lugar por el TPI el 13 de enero de 2022.

12 Por lo cual, el 28 

7 Apéndice 8 del Recurso de Certiorari, a las págs. 92 – 94.

8 Apéndice 12 del Recurso de Certiorari, a las págs. 102 – 105.

9 Apéndice 16 del Recurso de Certiorari, a las págs. 138 – 193.

10 Apéndice 17 del Recurso de Certiorari, a las págs. 194 – 215.

11 Apéndice 24 del Recurso de Certiorari, a las págs. 244 – 253.

12 Notificada el 14 de enero de 2022.; Apéndice 25 del Recurso de Certiorari, a las 

págs. 254 – 267.
KLCE202301391 4

de enero de 2022, el peticionario solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales.13 Por otra parte, el 4 de 

marzo de 2022,

14 el señor Adorno Cabrera y el matrimonio Adorno–

Nieves se opusieron a la solicitud de reconsideración del 

peticionario.

15 Respectivamente, cada parte presentó réplica y 

dúplica.16

Atendida todas las mociones, el 28 de septiembre de 2022, 

el TPI denegó la reconsideración del peticionario.17

Entre tanto,

18 el descubrimiento de prueba concluyó, por lo 

que a este caso se refiere, el peticionario solicitó una sentencia 

sumaria, entre otras partes.

19 Entre sus argumentos, el Notario 

Montalvo Burgos indicó que la contraparte carece de prueba. 

Específicamente, señaló que dicha parte no tiene prueba sobre el 

alegado engaño al señor Adorno Cabrera, ya que no estuvo presente 

durante el otorgamiento del instrumento público. Además, señaló 

que ninguno de los otorgantes del instrumento de la donación, 

presentó alguna reclamación en su contra. Por lo que, solicitó la 

desestimación de la demanda en su contra. En oposición a la 

sumaria presentada, compareció el matrimonio Adorno–Nieves el 17 

de julio de 2023.

20

13 Apéndice 26 del Recurso de Certiorari, a las págs. 268 – 281.

14 El matrimonio Adorno–Nieves recurrió ante este Tribunal apelativo el 14 de 

febrero de 2022 mediante el caso KLCE202200164, el cual fue denegado. Véase, 

Apéndice 37 del Recurso de Certiorari, a las págs. 383 – 392.

15 Apéndices 28 y 29 del Recurso de Certiorari, a las págs. 287 – 289, 290 – 295.

16 Apéndices 30, 31 y 32 del Recurso de Certiorari, a las págs. 296 – 303, 304 –

307, 308 – 310.

17 Notificada el 29 de septiembre de 2022.; Apéndice 33 del Recurso de Certiorari, 

a las págs. 311 – 312.

18 En el ínterin ocurrieron varios trámites procesales, a saber: 

• Denegatoria del recurso KLCE202201190 instado por el peticionario ante este 

Foro. Véase, Apéndice 45 del Recurso de Certiorari, a las págs. 431 – 439.

• Enmienda a la Demanda contra terceros solicitada el 27 de diciembre de 

2022. Véase, Apéndice 41 del Recurso de Certiorari, a las págs. 401 – 411.

• Contestación a la Demanda contra terceros enmendada. Véase, Apéndice 47 

del Recurso de Certiorari, a las págs. 445 – 460.

• El peticionario radicó una reconvención contra matrimonio Adorno–Nieves, la 

cual fue contestada el 13 de marzo de 2023. Véase, Apéndice 48 del Recurso 

de Certiorari, a las págs. 461 – 464.

19 Apéndice 52 del Recurso de Certiorari, a las págs. 469 – 730.

20 Apéndice 55 del Recurso de Certiorari, a las págs. 861 – 1013.
KLCE202301391 5

Evaluadas todas las solicitudes de sentencias sumarias 

presentadas, el TPI emitió una Resolución el 14 de octubre de 

2023.

21 Allí, determinó los siguientes hechos como no 

controvertidos: 

1. El 14 de julio de 2020, don Manuel y la señora Adorno 

Rivera comparecieron ante el Notario Iván Luis 

Montalvo Burgos, para otorgar la “Escritura número 27 

sobre donación y aceptación”.

2. Mediante dicha escritura, se donaba un inmueble 

ubicado en Villas del Olimpo #2, en Bayamón, Puerto 

Rico, descrito en el Registro Inmobiliario de Puerto Rico 

como Parcela número 2, localizada en el Barrio Cerro 

Gordo de Bayamón con una cabida de 3,565.041 m/c.

3. El tercero demandante, Jorge Adorno Giusti, no estuvo 

presente durante el otorgamiento de la referida 

“Escritura número 27”, sobre donación y aceptación.

4. El licenciado Montalvo era conocido por don Manuel, ya 

que éste lo había contratado para otros asuntos 

notariales. Don Manuel había otorgado al menos 5 

escrituras ante el Lcdo. Montalvo, entre ellas, una 

escritura de testamento abierto y dos donaciones.

5. Como parte de la preparación para la autorización del 

instrumento público, el licenciado Montalvo obtuvo un 

estudio de título el 7 de julio de 2020, preparado por el 

Sr. Federico L. Morales Señeríz, investigador de títulos.

6. Conforme a dicho estudio de título, el dominio de la 

finca constaba inscrito a favor de don Manuel y sus 

hijos Jorge y Manuel Adorno Giusti, en comunidad de 

bienes hereditaria.

7. No obstante lo anterior, el licenciado Montalvo recibió 

copia de la “Escritura número 13”, sobre liquidación de 

sociedad de gananciales, liquidación, adjudicación y 

partición de herencia, ratificación de compraventa de 

participación, otorgada el 30 de agosto de 2019, ante 

el Notario Héctor Cora Santiago.

8. En la “Escritura número 13” comparecieron el 

demandado, don Manuel y los terceros demandantes.

9. En la escritura de partición surge que, entre otros 

bienes muebles e inmuebles objeto de la liquidación 

hereditaria entre don Manuel y los terceros 

demandantes, figuraba la finca número 2, ubicada en 

Villas del Olimpo #2, en Bayamón, Puerto Rico, objeto 

de este pleito. Se identifica como la propiedad B.

10. Mediante la escritura de partición, la exclusiva 

titularidad de la propiedad B objeto de este pleito, 

valorada en $285,000.00, fue adjudicada a favor de 

don Manuel.

11. La “Escritura número 13” fue presentada en el Registro 

de la Propiedad el 5 de septiembre de 2019, pero fue 

notificada con faltas. El documento fue retirado y se 

presentó nuevamente el 3 de octubre de 2019 y 

nuevamente fue notificado por tener faltas. Fue retirado 

21 Notificada el 16 de octubre de 2023.; Apéndice 1 del Recurso de Certiorari, a las 

págs. 1 – 16.
KLCE202301391 6

el 21 de noviembre de 2019. Finalmente, fue 

presentado nuevamente el 29 de julio de 2020.

12. El relevo de Hacienda, sobre la donación, fue expedido 

el 15 de septiembre de 2020.

13. Don Manuel tenía plena confianza en la señora Rivera 

y por ello otorgó a favor de ella un “Poder general” para 

que ella realizara gestiones en su nombre tales como 

procurar el mantenimiento de sus bienes en Puerto 

Rico, pagar por los servicios de mantenimiento de sus 

bienes en Puerto Rico y comprar sus medicamentos, 

entre otros.

14. El 8 de agosto de 2020 el don Manuel y los esposos 

Adorno-Nieves comparecieron ante la Notaria Carla 

Martínez Caraballo, para otorgar la Escritura Número 

12 de Compraventa. La propiedad objeto de la venta 

fue la misma que fue donada por don Manuel a su 

sobrina Zueé Adorno, mediante la referida Escritura 

Número 27, sobre Donación y Aceptación. El precio de 

venta de la propiedad fue $225,000.00.22

Además, determinó que los siguientes hechos estaban en 

controversia:

1. Si don Manuel estaba plenamente consciente y era su 

intención donarle el inmueble a la señora AdornoRivera.

2. Si el licenciado Montalvo realizó todas las 

advertencias y averiguaciones necesarias para 

conocer la verdadera intención de don Manuel. 

3. Si alguno o todos: señora Adorno-Rivera, la 

señora Rivera y el licenciado Montalvo 

cometieron algún fraude o dolo.

4. Si la señora Rivera conocía que la intención de 

don Manuel era vender el inmueble objeto de la 

controversia.23

En consecuencia, el TPI concluyó, en lo pertinente que: 

[A]hora bien, en este momento no podemos 

desestimar las acciones de don Manuel y el Sr. Jorge Adorno, 

porque existe una controversia real sobre la intención 

de don Manuel, al donar el inmueble, y si este fue intimidado 

o se cometió fraude por parte de la señora Adorno Rivera, su 

madre la señora Rivera y el licenciado Montalvo, actuando 

como notario. Aunque es cierto que el fraude y dolo no se 

presumen, sino que deben probarse, y que las escrituras 

públicas gozan de la presunción de corrección, no es 

menos cierto que en el presente caso los hechos que puedan 

dar pie a la acción de don Manuel y su hijo ocurrieron al 

momento de la otorgación de la escritura de donación. Esto 

quiere decir que la prueba demostrativa de dolo y 

fraude es testimonial, pues se retrotrae al momento en que 

las partes comparecieron a otorgar la escritura de donación y 

el tribunal debe examinar en sala la credibilidad de 

cada testigo. No podemos olvidar que don Manuel es una 

persona de edad avanzada. Tampoco podemos dejar pasar el 

hecho de que el inmueble donado parece constituir una porción 

22 Id., a las págs. 6 – 8.; El TPI añadió como hechos probados los esbozados en la 

Resolución y Orden del 14 de enero de 2022 [Entrada 146].

23 Apéndice 1 del Recurso de Certiorari, a las págs. 8 – 9.
KLCE202301391 7

considerable de los activos de este demandado y que al menos 

por un tiempo don Manuel quiso y llevó a cabo gestiones para 

vender el inmueble. Tampoco podemos pasar por alto que la 

señora Rivera era la apoderada de don Manuel y que es su 

hija la que se benefició con la donación del inmueble, aun 

cuando la señora Rivera pudo haber conocido que don Manuel 

realmente quería vender el inmueble. En fin, en este 

momento hay suficientes dudas que ninguna parte ha 

logrado despejar para este tribunal poder resolver la 

controversia, mediante sentencia sumaria. Mas bien, 

según los hechos debemos examinar a las partes en un juicio 

plenario, y determinar la credibilidad de cada testigo para 

luego proceder conforme a derecho.24

Así, el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el peticionario. En lo pertinente, expresó: “[e]ste 

tribunal DENIEGA la “Moción de sentencia sumaria para desestimar 

demanda de terceros” (Entradas 206 y 207), presentada por el tercero 

demandado, el Lcdo. Iván Luis Montalvo Burgos. [...]”.25

El 30 de octubre de 2023 el peticionario solicitó 

reconsideración,26 la cual, fue declarada No Ha Lugar el 9 de 

noviembre de 2023.

27

Inconforme, el 8 de diciembre de 2023, el Notario Montalvo 

Burgos recurrió ante este Tribunal de Apelaciones y señaló el 

siguiente error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA CUANDO 

DECLARA NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN 

Y/O SENTENCIA SUMARIA DEL TERCERO DEMANDO 

LICENCIADO IVÁN LUIS MONTALVO BURGOS, CUANDO NO 

EXISTEN CONTROVERSIAS DE HECHO QUE DEBAN 

DIRIMIRSE EN UN JUICIO PLENARIO; LAS ALEGACIONES DE 

LA DEMANDA DE TERCERO NO SON SUFICIENTES EN 

DERECHO; EL TERCERO DEMANDANTE NO TIENE ACCIÓN 

LEGITIMADA PARA LA ACCIÓN CONTRA EL NOTARIO; EL 

TERCERO DEMANDANTE NO CUENTA CON PRUEBA 

SUFICIENTE EN DERECHO PARA PROBAR SU CAUSA DE 

ACCIÓN Y EL DERECHO LE ASISTE A ESTA PARTE. 

En oposición a la expedición del auto solicitado, el 2 de enero

de 2024 compareció el matrimonio Adorno–Nieves. En la misma 

fecha, compareció el Sr. Manuel Adorno Cabrera oponiéndose al 

24 Id., a las págs. 14 – 15.

25 Id., a la pág. 15.

26 Apéndice 62 del Recurso de Certiorari, a las págs. 1392 – 1401.

27 Notificada el 10 de noviembre de 2023.; Apéndice 65 del Recurso de Certiorari, 

a las págs. 1418 – 1419.
KLCE202301391 8

recurso solicitado. Habiendo comparecido todas las partes, damos 

por sometido el asunto. 

-II-

-ASabido es que el auto de certiorari es un medio procesal que 

se distingue por su carácter discrecional. Ello permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.28 En ese sentido, se entiende por discreción como el poder 

para decidir en una forma u otra; esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción.29

Así, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las 

instancias en que habremos de atender y revisar un recurso de

certiorari emitido por un TPI; en ese sentido, dispone:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].30

Bajo el palio de la discrecionalidad, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal Apelaciones nos establece los siguientes criterios para 

la expedición de un certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

28 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

29 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

30 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
KLCE202301391 9

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.31

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.32

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.33

-BEn nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos 

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y 

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.34 A tal 

efecto, la Regla 36 de las de Procedimiento Civil dispone el proceso 

mediante el cual cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal 

que dicte sentencia sumaria a su favor.35 De esta forma, cuando 

cualquier parte le solicite al tribunal que el pleito sea resuelto por la 

vía sumaria, deberá demostrar en su solicitud, “la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para 

31 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

32 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

33 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).

34 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

35 32 LPRA Ap. V., R. 36.
KLCE202301391 10

que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación”.36

Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las 

Reglas de Procedimiento Civil son los que se conocen como “hechos 

materiales”.

37 Al respecto, un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es 

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima 

a través de un juicio plenario.38

Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, detalla el 

procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar 

que se dicte una sentencia sumaria a su favor.39 A esos efectos, la 

mencionada regla establece que una solicitud al amparo de ésta 

deberá incluir: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes;

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria;

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados 

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 

no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así 

como de cualquier otro documento admisible en evidencia que 

se encuentre en el expediente del tribunal;

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable; y

(6) el remedio que debe ser concedido.40

Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con 

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá 

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que 

36 32 LPRA Ap. V., R. 36.1 y 36.2.

37 Id.

38 32 LPRA Ap. V., R. 36.1.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 

(2010). 

39 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.

40 Id.; Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc., 203 DPR 687, 698 (2019).
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el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. Es decir, el hecho de que una parte 

solicite sentencia sumaria no implica que la misma debe ser resuelta 

a su favor. Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse 

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.41

-IIIDe entrada, acogemos las determinaciones de hechos no 

controvertidos de la Resolución recurrida. De igual modo, 

coincidimos con la denegatoria de la sentencia sumaria en cuanto a 

que todavía quedan hechos en controversia que se deben atender 

mediante prueba testimonial, cuya credibilidad debe ser evaluada 

por el TPI. 

Es decir, el caso ante nos no presenta ninguna de las 

circunstancias contempladas en la citada Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, que nos motive expedir el auto solicitado.

Tampoco encontramos justificación alguna para intervenir con la 

Resolución recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la 

citada Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En 

consecuencia, toda vez que el peticionario no señaló prueba en el 

expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción 

o actuó con prejuicio, parcialidad o error manifiesto, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.

-IVPor lo antes expuestos, denegamos el auto de certiorari 

solicitado.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

41 Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941.