Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

PROSOL-UTIER CAPÍTULO

CENTRO DE RECAUDACIÓN DE 

INGRESOS MUNICIPALES 

(CRIM)

Recurrente

V.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO 

Y RECURSOS HUMANOS 

Recurrido

KLRA202400244

Revisión Judicial

procedente 

Departamento del 

Trabajo y Recursos 

Humanos

Sobre:

Certificación de 

Agrupación Bona 

Fide al amparo de 

la Ley Núm. 134 

del 19 de julio de 

1960, conocida 

como “Ley para 

autorizar el 

descuento de 

cuotas de 

asociaciones, 

federaciones o 

uniones de los 

empleados el 

Gobierno de Puerto 

Rico”

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENC IA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2024.

I.

El 15 de mayo de 2024, PROSOL-UTIER Capítulo Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (PROSOL o parte recurrente) 

presentó una Solicitud de Revisión Judicial en la que solicitó que 

revoquemos una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos emitida por el Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (Secretario o foro recurrido) el 5 de marzo de 

2024, notificada por correo el 11 de marzo de 2024.1 En la 

determinación, el Secretario denegó una petición de la parte 

1 Apéndice de la Solicitud de revisión judicial, págs. 1-11.
KLRA202400244 2

recurrente para que fuera certificada como organización bona fide 

en todas las regiones del Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM) en las que están ubicados cincuenta y cuatro 

(54) empleados que solicitaron afiliarse a la unión, al amparo de la 

Ley para autorizar el descuento de cuotas de asociaciones, 

federaciones o uniones de los empleados municipales, Ley Núm. 139

de 1961, según enmendada, 3 LPRA secs. 702 et seq. (Ley Núm. 

139-1961).

El 16 de mayo de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(DTRH o parte recurrida) un término de treinta (30) días para 

presentar su alegato en oposición.

El 20 de junio de 2024, el DTRH radicó una Solicitud de 

término en la que solicitó que le concediéramos un término adicional 

para oponerse al recurso.

El 21 de junio de 2024, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a la parte recurrida hasta el 28 de junio de 2024 para 

presentar su alegato en oposición.

El 28 de junio de 2024, el DTRH presentó un Alegato en 

oposición en el que solicitó que confirmemos la determinación 

recurrida.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

perfeccionado el recurso. En adelante, pormenorizaremos los hechos 

procesales relevantes a la atención de la presente Solicitud de 

revisión judicial.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 26 de junio de 2023 

cuando PROSOL solicitó al Secretario que expidiera una 

certificación a favor de la parte recurrente reconociéndola como 
KLRA202400244 3

organización bona fide de servidores públicos con el fin de agrupar 

a cincuenta y cuatro (54) empleados del CRIM.

2

Luego de múltiples trámites procesales, los cuales incluyeron 

el recogido de insumo por el Secretario de las posiciones del Director 

Ejecutivo del CRIM y de la Directora de la Oficina de Recursos 

Humanos del CRIM,3 el 5 de marzo de 2024, el Secretario emitió la 

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos recurrida en 

la que rechazó certificar a PROSOL como una organización bona fide 

al amparo de la Ley Núm. 139-1961, supra.

4 A juicio del Secretario, 

el Director Ejecutivo del CRIM no está facultado en ley para realizar 

los descuentos en las nóminas de los empleados del CRIM. Basó su 

determinación en que: (1) la Ley Núm. 139-1961, supra, dispone que 

los empleados municipales autorizan al alcalde para realizar el 

descuento para el pago de cuotas; (2) el Código Municipal de Puerto 

Rico, Ley Núm. 107 de 2020, según enmendada, 21 LPRA secs. 7001 

et seq., (Código Municipal), dispone que el CRIM es una entidad 

municipal independiente y separada de cualquier agencia o 

instrumentalidad y que su administración de recursos humanos se 

regirá por sus disposiciones, pero no incluye al Director Ejecutivo o 

la Junta de Gobierno en la definición de Autoridad Nominadora; y 

(3) el Código Municipal, supra, no incluye al CRIM dentro de las 

definiciones de empleado o municipalidad; y (4) el Director Ejecutivo 

del CRIM es la Autoridad Nominadora de los empleados que laboran 

en esa entidad.

2 Íd., págs. 14-121.

3 Íd., págs. 2-3. Lo anterior se desprende del recuento procesal que consignó el 

Secretario en la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Según 

consta en la determinación, el Director Ejecutivo del CRIM expresó que existía un 

vacío jurídico para permitir que una agrupación bona fide existiera en el CRIM, 

mientras que la Directora de la Oficina de Recursos Humanos del CRIM planteó 

que los empleados que solicitaron la autorización para el descuento de cuotas a 

favor de PROSOL no estaban afiliados a ninguna otra agrupación sindical, ni se 

les descontaba cuota alguna para ese momento. Las partes no cuestionan dicha 

relación de hechos.

4 Íd., págs. 1-11.
KLRA202400244 4

El 5 de abril de 2024, la parte recurrente radicó una Moción 

en solicitud de reconsideración en la que reiteró que procedía que 

PROSOL fuera certificada como organización bona fide.

5

En vista de que el foro recurrido no atendió la moción dentro 

del término estatutario de quince (15) días, la reconsideración se 

entiende rechazada de plano.

Inconforme, el 15 de mayo de 2024, PROSOL presentó el 

recurso de epígrafe y le imputó al Secretario la comisión de los 

siguientes errores:

Primer error: Erró el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos al concluir que las disposiciones de la Ley Núm. 

139-1961 no son aplicables a los empleados del CRIM.

Segundo error: Erró el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos en su interpretación de la Ley Núm. 107-2020 al 

concluir que los empleados del CRIM no pueden organizarse 

en una bonafide al amparo de la Ley Núm. 139-1961.

Tercer error: Erró el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos en la interpretación acogida en su determinación 

al concluir que la definición cobijada en el Código Municipal 

en cuanto a la autoridad nominadora no incluye al Director 

Ejecutivo del CRIM ni a su Junta de Gobierno, así como 

tampoco incluye al CRIM en las definiciones de los conceptos 

empleados y municipalidad.

Es su posición que el Secretario se equivocó en su interpretación de 

la Ley Núm. 139-1961, supra, y que PROSOL cumplió con todos los 

requisitos para ser certificada como agrupación bona fide. A su 

entender, el CRIM es una entidad municipal y gubernamental que 

no es totalmente independiente de la estructura establecida por el 

Código Municipal, supra. Según esboza, el Código Municipal, supra, 

exige que nueve (9) de los once (11) puestos de la Junta de Gobierno 

del CRIM estén ocupados por alcaldes y requiere que dicho cuerpo 

apruebe todos los nombramientos del Director Ejecutivo del CRIM. 

Esto, arguye, provoca que la responsabilidad de los nombramientos 

recaiga sobre los alcaldes como autoridad máxima, no en el Director 

5 Íd., págs. 122-131. La moción fue suscrita el 1 de abril de 2024 y, conforme al 

recibo del Correo Postal de los Estados Unidos, enviada por correo certificado ese 

mismo día y recibida por el DTRH el 5 de abril de 2024, dentro del término para 

solicitar la reconsideración de la determinación. Véase Íd., págs. 132-133.
KLRA202400244 5

Ejecutivo del CRIM. Es decir, los alcaldes que componen la Junta 

de Gobierno son la Autoridad Nominadora. 

Por otra parte, también plantea que, si existe un vacío jurídico 

como señaló el Director Ejecutivo del CRIM y como existiría de 

sostenerse la determinación recurrida, entonces se debía realizar un 

análisis integral de las leyes, reglamentos y jurisprudencia aplicable. 

Su propuesta en este sentido es que la política pública del gobierno 

es defender los derechos constitucionales de los trabajadores a 

organizarse, que el Código Municipal, supra, recogió la intención 

legislativa de que los municipios sean autónomos y, por ello, dotó al 

CRIM de ciertas facultades administrativas, pero no tuvo la 

intención de convertirlo en un cuerpo administrativo distinto. Por 

ello, argumenta, el descargo de las funciones del CRIM recae en la 

aprobación de los alcaldes en la Junta de Gobierno en 

representación de todos los municipios de Puerto Rico. Todo ello, 

alega, demuestra que la Ley Núm. 139-1961, supra, aplica al 

presente caso y, ante el cumplimiento de PROSOL con todos los 

requisitos, procede su certificación como agrupación bona fide.

El 28 de junio de 2024, el DTRH radicó un Alegato en oposición 

en el que argumentó a favor de confirmar la determinación 

recurrida. Según planteó, el Director Ejecutivo del CRIM es la 

Autoridad Nominadora de dicha entidad y no posee la facultad en 

ley para descontar del salario de los empleados las cuotas de la 

agrupación a la que están afiliados. Es su posición que la Ley Núm. 

139-1961, supra, no es aplicable al caso de marras porque 

solamente les otorga a los alcaldes la facultad de realizar este tipo 

de descuento al salario de los empleados que laboran en su 

municipio. Además, arguye que la determinación recurrida no afecta 

el derecho de organización laboral de los empleados del CRIM, 

quienes continuarán afiliados a PROSOL, pero cuyas cuotas no

serían aportadas directamente mediante el descuento a sus salarios.
KLRA202400244 6

En adelante, pormenorizamos el derecho aplicable a la 

presente controversia.

III.

A.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 2017, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 9601 et seq., (LPAU) establece el alcance de la revisión judicial 

de las determinaciones de las agencias administrativas. A tenor de 

esta y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia se dio 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley, si es 

compatible con la política pública que la origina y si es legal y 

razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 

590-591 (2020); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018). Es decir, que este tipo de revisión busca limitar la discreción 

de las agencias y garantizar que estas desempeñen sus funciones de 

acuerdo con los confines de la ley. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). De la mano con esto, es norma 

reiterada de derecho que los foros revisores le concederán gran 

deferencia y consideración a las decisiones de las agencias 

administrativas, debido a la vasta experiencia y el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le fueron delegados. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. Conforme a ello, los 

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones de 

los organismos administrativos. Metropolitana, S.E. v. A.R.Pe., 

138 DPR 200, 213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–

290 (1992).

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rolón 
KLRA202400244 7

Martínez v. Supte. Policía, supra; García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., supra, pág. 892. La presunción de corrección que acarrea 

una decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998). 

Así, al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). Cónsono con ello, será necesario determinar si la agencia 

actuó de forma arbitraria, ilegal o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Supte Policía, supra. 

Según ha quedado establecido como norma general, el 

ejercicio de revisión judicial de una decisión administrativa se limita 

a tres asuntos: (1) la concesión del remedio apropiado; (2) la revisión 

de las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo; y (3) la revisión 

completa y absoluta de las conclusiones de derecho. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).

De esta forma, en el contexto de las determinaciones de 

hechos realizadas por las agencias administrativas, nuestro más 

alto foro ha pautado que los tribunales no deben intervenir o alterar 

las determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si 

las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad”. Otero 

Mercado v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005); Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397 (1999).

Dentro de este marco, evidencia sustancial se entiende como 

“aquella evidencia pertinente que una mente razonable pueda 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v. 
KLRA202400244 8

Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Por ello, la parte que 

alegue que alegue ausencia de evidencia sustancial debe demostrar 

que existe: 

“[O]tra prueba en el récord que razonablemente 

reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto 

de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir 

que la evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación justa 

del peso de la prueba” que tuvo ante su consideración. 

Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 213 (1995) 

citando a Hilton Hotels International, Inc. v. Junta de 

Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983).

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de derrotar 

la presunción de corrección de los procesos y de las decisiones 

administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 

521, 532 (1993). Si no demuestra que existe esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos del organismo administrativo deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez v. Depto. de Salud, 

supra. 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación, supra; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 461 

(1997). Cuando las determinaciones de las agencias estén 

entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal tendrá 

amplia facultad para revisarlas, como si fuesen una cuestión de 

derecho propiamente. Pacheco v. Estancias, supra, pág. 433;

Rivera v. A & C Development Corp., supra. En nuestro 

ordenamiento jurídico, es norma reiterada que, en el proceso de 

revisión judicial, los tribunales tienen la facultad de revocar al foro 

administrativo en materias jurídicas. Véase, además, la Sec. 4.5 de 

LPAU, supra sec. 9675.
KLRA202400244 9

Es pertinente señalar que nuestro sistema de adjudicación 

administrativo busca “alentar la solución informal de las 

controversias”, según establece la Sec. 1.2 de la LPAU, supra sec. 

9602. Para ello, la LPAU permite que las agencias establezcan las 

reglas y procedimientos que regirán ante sí para la solución rápida 

e informal de las controversias; siempre salvaguardando los 

derechos garantizados por ley. Íd. Por lo cual, las agencias no 

quedan sometidas a un procedimiento rígido que obstaculiza la 

producción de una solución rápida, justa y económica. Íd. 

En suma, la referida deferencia debe ceder cuando se 

demuestre que: (1) la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; (2) la agencia ha errado en la aplicación de la ley; (3) la 

actuación de la agencia resulta ser arbitraria, irrazonable o ilegal; y 

(4) la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 822 (2012) (citando a Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 

254, 264 (2007)).

B.

El Código Municipal, supra, fue promulgado con el fin de 

integrar las leyes sobre la organización, administración y 

funcionamiento de los municipios de Puerto Rico. En lo pertinente, 

para lograr esos fines, derogó la Ley del Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales, Ley Núm. 80 de 1991, según enmendada, 21 

LPRA ant. sec. 5801 et seq. y la Ley de contribución municipal sobre 

la propiedad, Ley Núm. 83 de 1991, según enmendada, 21 LPRA ant. 

secs. 5001 et seq. Estas leyes crearon el CRIM, cuya responsabilidad 

primaria sería recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos de 

partidas que corresponden a los municipios, y una contribución 

básica sobre la propiedad inmueble a favor de los municipios, 

respectivamente.
KLRA202400244 10

Ahora bien, el Código Municipal, supra, conservó la figura del 

CRIM en su Libro VII, titulado Hacienda Municipal, y en su Art. 

7.002 la instituyó como entidad a cargo de ofrecer servicios fiscales 

a los municipios con la responsabilidad primaria de recaudar, 

recibir y distribuir los fondos públicos que le correspondan a los 

municipios. 21 LPRA sec. 7951. A esos efectos, dispuso que el CRIM 

es una “entidad municipal, independiente y separada de cualquier 

otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. Íd.

A su vez, por virtud del Art. 7.004 del Código Municipal, supra

sec. 7953, el CRIM está dirigido por una Junta de Gobierno 

integrada por once (11) miembros de los cuales nueve (9) serán 

alcaldes, quienes representarán a todos los municipios de Puerto 

Rico. Los otros dos (2) miembros son el Director Ejecutivo de la 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 

(AAFAF) y un funcionario público con experiencia en asuntos 

municipales, quien será nombrado por el Gobernador. Íd. Entre las 

facultades y funciones de la Junta de Gobierno, el Art. 7.006 del 

Código Municipal, supra sec. 7955, le otorga: (1) asegurar que el 

CRIM cumpla sus funciones y responsabilidades según el Código 

Municipal, supra; (2) aprobar la organización interna del CRIM, su 

presupuesto y su sistema de personal, entre otros aspectos; y (3) 

nombrar al Director Ejecutivo del CRIM y adoptar un plan de 

clasificación y retribución para los funcionarios, agentes y 

empleados necesarios para el funcionamiento del CRIM. Por su 

parte, el Director Ejecutivo del CRIM es quien dirige el CRIM, tras 

ser nombrado por la Junta de Gobierno, así como prescribe el Art. 

7.007 del Código Municipal, supra sec. 7956.

En cuanto a los recursos humanos del CRIM, el Art. 7.009 del 

Código Municipal, supra sec. 7958, establece que este asunto se 

regirá según las disposiciones del Libro II del Código, titulado 

Administración Municipal, el cual se dedica a la organización, 
KLRA202400244 11

planificación y control de los bienes y recursos humanos disponibles 

a los municipios. En dicho Libro, el Capítulo VI enumera una 

extensa serie de normas aplicables a los municipios para el manejo 

de sus recursos humanos. A su vez, el referido Artículo también 

excluye al CRIM de la aplicación de la Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 

Rico, Ley Núm. 8 de 2017, según enmendada, 3 LPRA secs. 1469 et 

seq.

Por otra parte, resulta pertinente que el Art. 8.001 del Código 

Municipal, supra sec. 8351, establece entre las definiciones 

aplicables a dicho estatuto que la Autoridad Nominadora se refiere 

a “[l]a que posee la facultad legal para hacer nombramientos para 

puestos en el Gobierno. En la Rama Ejecutiva municipal, significará 

el Alcalde y en la Rama Legislativa, significará el Presidente de la 

Legislatura Municipal”. Entretanto, se define empleado como: 

“Toda persona que ocupe un puesto y empleo en el gobierno 

municipal, que preste un servicio a cambio de salario, sueldo 

o cualquier otro tipo de remuneración que no esté investido 

de parte de la soberanía del gobierno municipal y comprende 

los empleados regulares, irregulares, de confianza, 

empleados con nombramientos transitorios y los que estén 

en período probatorio”. Íd.

C.

El derecho de las personas a asociarse y organizarse 

libremente para fines lícitos está consagrado expresamente en la 

Sección 6 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (Constitución del ELA). Const. PR, Art. II, Sec. 6. 

Este derecho se concibe como uno fundamental, relacionado 

directamente con la libertad humana y la democracia. Rodríguez 

Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428, 433 (2019).

A su vez, el derecho a organizarse y a negociar colectivamente 

con sus patronos, por medio de representantes de su propia y libre 

selección, de los trabajadores de empresas, negocios y patronos 

privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que 
KLRA202400244 12

funcionen como empresas o negocios privados está cobijado por la 

Sección 17 del Artículo II de la Constitución del ELA. Const. PR,

Art. II, Sec. 17. Si bien la Constitución del ELA no le extiende el

derecho constitucional a la organización sindical y la negociación 

colectiva a la mayoría de los empleados del sector público, la 

Asamblea Legislativa ha garantizado es derecho de forma

estatutariamente a la mayoría de los empleados de la Rama 

Ejecutiva, mediante leyes como la Ley de Relaciones del Trabajo para 

el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45 de 1998, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 1451 et seq.

En esa misma tradición, forjando el andamiaje legal de las 

relaciones del trabajo en el Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea 

Legislativa también promulgó la Ley Núm. 139 de 1961, supra, con 

el fin de autorizar el descuento de cuotas para uniones de los 

empleados municipales. Concretamente, el Art. 1 de la Ley Núm. 

139-1961, supra sec. 4551, permite que los empleados de los 

municipios, organizados en una agrupación bona fide de servidores 

públicos, autoricen por escrito al alcalde del municipio en el que 

trabajen para que descuente de sus salarios las cantidades 

necesarias para el pago de cuotas y otros gastos que estén obligados 

a satisfacer como miembros de la agrupación. De acuerdo con el 

marco de este estatuto, los empleados solicitarán el descuento al 

alcalde del municipio en que trabajan. Íd. Así, el alcalde es el 

funcionario público a cargo de llevar a cabo los propósitos de la Ley 

Núm. 139-1961, supra.

Antes de la Ley Núm. 139-1961, supra, la Asamblea 

Legislativa también había promulgado un estatuto muy similar para 

autorizar el descuento del mismo tipo de cuotas de los salarios de 

los empleados del Gobierno de Puerto Rico al aprobar la Ley para 

Autorizar el Descuento de Cuotas de Asociaciones, Federaciones, o 

Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 134 
KLRA202400244 13

de 1960, según enmendada, 3 LPRA sec. 702 et seq., (Ley Núm. 134-

1960). Según el Art. 1 de la Ley Núm. 134-1960, supra sec. 702 

Inciso (a), los empleados de la Rama Ejecutiva, incluyendo 

agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades, que estén 

organizados en una agrupación bona fide, podrán autorizar al jefe 

del departamento, agencia o instrumentalidad pública en que 

trabajen para que descuente de su salario la cantidad necesaria 

para sufragar cuotas y otros gastos obligados por su membresía en 

la agrupación. De esta forma, es el jefe del departamento, agencia o 

instrumentalidad pública el funcionario facultado para realizar los 

descuentos de los salarios de los empleados. Adviértase, pues, que 

ambas piezas legislativas crean un esquema similar.

IV.

Pende ante nos la controversia sobre si procede la certificación 

de una asociación de trabajadores del CRIM como agrupación bona 

fide para que reciba las cuotas de la asociación por medio de 

descuentos al salario de sus miembros, al amparo de la Ley Núm. 

139-1961, supra.

A nivel administrativo, mediante la decisión recurrida, el 

Secretario del DTRH determinó que no procedía certificar a PROSOL 

como una organización bona fide para los efectos solicitados. Llegó 

a esta conclusión luego de concluir que el Director Ejecutivo del 

CRIM no tiene facultad en ley para autorizar los descuentos en las 

nóminas de los empleados de dicha entidad. A su entender, la Ley 

Núm. 139-1961, supra, sitúa únicamente en los alcaldes de los 

municipios la facultad de realizar los descuentos para el pago de 

cuotas y, por ello, el Director Ejecutivo del CRIM, la Autoridad 

Nominadora de la entidad, no está autorizado por ley alguna para 

realizar los descuentos solicitados por los empleados afiliados a 

PROSOL.
KLRA202400244 14

En desacuerdo, PROSOL argumenta que, como los 

nombramientos realizados por el Director Ejecutivo del CRIM 

requieren la aprobación de la Junta de Gobierno y dicho cuerpo está 

compuesto por once (11) miembros de los cuales nueve (9) son 

alcaldes, la responsabilidad realmente recae sobre los alcaldes. 

Esto, arguye, provoca que el CRIM no sea un ente del todo 

independiente de los municipios y, por ello, a los empleados del 

CRIM debe aplicársele la Ley Núm. 139-1961, supra. Según esboza, 

así se evitaría interpretar que existe un vacío jurídico que 

imposibilita que los empleados del CRIM afiliados a PROSOL 

autoricen el descuento de las cuotas de la unión de sus salarios. 

Asimismo, aduce que se impediría el efecto negativo que implicaría 

la denegatoria del descuento sobre el derecho de organización 

colectiva de estos empleados.

En apoyo de la determinación recurrida, el DTRH plantea que 

la Ley Núm. 139-1961, supra, faculta con autoridad de descontar 

las cuotas de los empleados municipales únicamente a los alcaldes

y, como la Autoridad Nominadora en el CRIM es el Director 

Ejecutivo, quien no es un alcalde, este funcionario no tiene facultad 

para descontar cantidad alguna por este concepto. A su vez, esboza 

que la determinación recurrida no afecta el derecho de organización 

laboral de los empleados del CRIM afiliados a PROSOL, toda vez que 

la parte recurrente podrá continuar sus trabajos y los empleados su 

afiliación, pero no gozaría del beneficio de recibir sus aportaciones 

mediante el descuento al salario de sus miembros.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

administrativo y ante la deferencia a la determinación 

administrativa, resolvemos que el Secretario no incidió en los errores 

señalados por la parte recurrente. Por el contrario, la determinación 

recurrida es correcta en derecho, no es irrazonable y no adolece de 

pasión, prejuicio, parcialidad, arbitrariedad, ilegalidad, o abuso de 
KLRA202400244 15

discreción. De un examen sosegado de la Ley Núm. 139-1961, 

supra, no surge que exista autoridad en ley para que el Director 

Ejecutivo o la Junta de Gobierno del CRIM realicen los descuentos 

solicitados por los empleados del CRIM afiliados a PROSOL.

Además, los argumentos presentados por PROSOL para establecer 

una suerte de aplicación constructiva de la Ley Núm. 139-1961, 

supra, a los empleados del CRIM no nos convencen.

De acuerdo con el andamiaje municipal vigente, establecido 

por el Código Municipal, supra, el CRIM es una entidad que, si bien 

es municipal, es independiente y separada de cualquier otra agencia 

o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, en la 

administración de sus recursos humanos, el CRIM debe regirse por 

las normas aplicables y diseñadas para el manejo por los municipios 

de estos recursos. En el CRIM, la dirección es liderada por el Director 

Ejecutivo, bajo la supervisión de la Junta de Gobierno; en la Rama 

Ejecutiva de los municipios, por el Alcalde. Es decir, la Autoridad 

Nominadora del CRIM, es el Director Ejecutivo; la de un municipio, 

su alcalde. Ahora bien, para efectos de los empleados de cada 

municipio, la Ley Núm. 139-1961, supra, únicamente faculta a los 

alcaldes a realizar el descuento del salario de los empleados de su 

municipio, no faculta a otros funcionarios, sea el Director Ejecutivo 

del CRIM o la Junta de Gobierno respecto al salario de los empleados 

bajo su dirección. Así, ninguno de estos últimos posee facultad en 

ley de realizar los descuentos solicitados en este caso. De un análisis 

pormenorizado de las disposiciones legales aplicables resulta 

palmaria la identidad de la autoridad nominadora en el CRIM.

Por otra parte, tampoco es permisible adoptar la 

interpretación laxa propuesta por PROSOL de la Ley Núm. 139-

1961, supra. Su posición es que el descuento instituido por la 

referida Ley es aplicable a los empleados del CRIM porque la 

autoridad nominadora en esa entidad realmente recae sobre los 
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nueve alcaldes que componen la Junta de Gobierno y, por ello, el 

CRIM no es un ente totalmente independiente de los municipios. 

Este planteamiento no encuentra apoyo en ninguno de los estatutos 

aplicables, ni en las normas de interpretación jurídica de nuestra 

jurisdicción. Si bien el Director Ejecutivo del CRIM es nombrado por 

la Junta de Gobierno y algunas de sus decisiones están 

condicionadas a la aprobación de esta, dicho funcionario ostenta la 

autoridad nominadora en el CRIM una vez entra en funciones. En 

esa figura están investidas las labores ejecutivas del CRIM. La 

participación de alcaldes en la composición de la Junta de Gobierno 

no es razón para variar esa interpretación y, mucho menos, para 

aplicar, por fíat judicial, las disposiciones de un estatuto que por su 

texto no le aplica a una entidad municipal como el CRIM. Resolver 

como propone PROSOL implicaría determinar, contrario al texto 

claro de la Ley Núm. 139-1961, supra, que, en virtud de esa Ley, un 

funcionario distinto al alcalde del municipio en el que labora un 

empleado municipal puede realizar descuentos al salario de un 

empleado que no labora para un municipio en específico para 

satisfacer la cuota de la agrupación a la que pertenece. Esa 

interpretación no es cónsona con la normativa jurídica 

precedentemente expuesta.

Por último, la actuación administrativa recurrida en este caso 

no lesiona derechos constitucionales fundamentales de los 

empleados del CRIM afiliados a PROSOL. De esta forma, se preserva 

el derecho de asociación de los cincuenta y cuatro (54) empleados 

del CRIM a afiliarse y asociarse bajo el estandarte de la organización 

de su predilección. No obstante, cabe recordar que el derecho de 

estos empleados públicos a la organización y negociación colectiva 

es de raigambre estatutario, promulgado así por la Asamblea 

Legislativa. Así, ausente un estatuto que faculte la organización y 

negociación colectiva de estos empleados, no resulta posible acoger 
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la posición de la parte recurrente. Empero, en lo que concierne al 

presente recurso, únicamente se resuelve que PROSOL no podrá 

recibir las cuotas de la asociación por medio de descuentos directos 

al salario de los empleados del CRIM afiliados a ella. Este 

mecanismo estatutario, creado por la Ley Núm. 139-1961, supra, es

una ventaja creada por la Asamblea Legislativa, pero no es un 

aspecto esencial, inherente y primordial de los derechos de 

asociación y de organización laboral de estos empleados.

Por los fundamentos esbozados, procede confirmar la 

determinación administrativa recurrida.

V.

Por los fundamentos pormenorizados, se confirma la Decisión 

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos recurrida.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones