Número Identificador:

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

EMMANUEL SANTIAGO 

RODRÍGUEZ H/N/C ESR 

PLUMBING SERVICES

Apelado

v.

RAYMOND RIVERA 

GUINDIN, CSP

Apelante

KLAN202400140

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Caguas

Caso Número:

CG2020CV02783

Sobre: 

Cobro de dineroOrdinario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece ante nos, la Corporación Raymond Rivera 

Guindin, CSP (Corporación RRG o apelante) y solicita que 

revoquemos la Sentencia1 en rebeldía que emitió y notificó el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o foro primario) 

el 30 de octubre de 2023. Mediante el referido dictamen, el TPI 

declaró Ha Lugar la Demanda2 sobre cobro de dinero que el Sr. 

Emmanuel Santiago Rodríguez (Sr. Santiago Rodríguez o apelado) 

instó en su contra y condenó a la Corporación RRG a pagar 

$37,868.01 a favor del Sr. Santiago Rodríguez, más honorarios, 

gastos y costas.

Por los fundamentos que expondremos, revocamos la 

Sentencia apelada. Para una mejor comprensión del curso decisorio 

de esta Curia, procedemos a resaltar el tracto procesal y la 

controversia ante nos. 

I.

1 Apéndice, págs. 1-14.

2 Apéndice, págs. 26-27.
KLAN202400140 2

En su reclamación, el Sr. Santiago Rodríguez alegó que, la 

Corporación RRG lo contrató para rendir servicios profesionales de 

plomería en los proyectos Mirador Escorial en Carolina y 

Miramelinda en Río Grande. Adujo haber completado los servicios 

contratados, valorados en $37,868.01, sin que la Corporación RRG

le pague por los servicios prestados. Ello, a pesar de los múltiples 

intentos de cobro. A raíz de lo anterior expuso que, la cuantía 

reclamada está vencida y es líquida y exigible, toda vez que, el Sr. 

Raymond Rivera Guindin (Sr. Rivera Guindin), presidente de la 

Corporación RRG, presuntamente reconoció la deuda y se 

comprometió a satisfacer el pago. Sobre tales bases, solicitó al TPI 

que condenara a la Corporación RRG al pago de $37,868.01, más 

intereses, costas y $10,000.00 en honorarios de abogado.

En reacción, la Corporación RRG presentó su alegación 

responsiva, sin someterse a la jurisdicción del TPI.3 En síntesis alegó 

que, entre la corporación y el Sr. Santiago Rodríguez no hubo un 

contrato, más bien, que el Sr. Santiago Rodríguez se comprometió a 

realizar unas labores de plomería, las cuales abandonó sin finalizar. 

Añadió que, tales circunstancias la obligaron a contratar los 

servicios de plomería de un tercero. Corolario de lo anterior, negó la 

deuda que reclamó el Sr. Santiago Rodríguez, la cual señaló como 

excesiva.

Así las cosas, el foro primario calendarizó una Conferencia 

Inicial.

4 Ante la incomparecencia de la Corporación RRG, el TPI

transfirió la vista para el 5 de agosto de 20215 y, separadamente,

emitió una Orden Para Mostrar Causa con el propósito de que la 

parte demandada exprese las razones para su incomparecencia.

6 En 

cumplimiento con lo requerido, la representante legal de la 

3 Apéndice, págs. 28-29.

4Véase, la entrada núm. 11 del expediente digital del Caso Núm. CG2020CV02783 

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

5 Apéndice, págs. 31-32. 

6 Véase, la entrada núm. 12 en SUMAC.
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Corporación RRG compareció y atribuyó su incomparecencia a una 

cita médica y a un viaje fuera de Puerto Rico.

7

Celebrada la Conferencia Inicial, con la participación de las 

representaciones legales de ambas partes,

8 el TPI señaló una Vista 

de Seguimiento para el 12 de octubre de 2021, ante la posibilidad de 

un acuerdo transaccional. Llegado el día, la representante legal de 

la parte demandada no compareció.

9 En su consecuencia, el TPI

transfirió la vista para el 30 de noviembre de 2021. 

Ante la incomparecencia de la Lic. Lourdes M. Torres Esteves

a la vista re-señalada para el 30 de noviembre de 2021, el foro 

primario emitió una Orden de Mostrar Causa10 en la cual le impuso 

una sanción de $150.00 a favor de la parte demandante y la 

apercibió de que otro incumplimiento con órdenes o señalamientos 

del TPI conllevará la anotación de la rebeldía a la parte demandada, 

más otras potenciales sanciones. A esos efectos, señaló la 

Conferencia con Antelación a Juicio para el 21 de enero de 2022. 

Se desprende del volante de notificación correspondiente que, 

el foro primario ordenó notificar la referida orden de mostración de 

causa a la dirección postal del Sr. Rivera Guindin (PO Box 5863, 

Caguas PR 00726) y a los respectivos correos electrónicos de las 

representaciones legales de ambas partes.11 Asimismo, surge de la 

Minuta de dicha vista que el foro primario ordenó a las partes

presentar el Informe para el Manejo del Caso en o antes del 14 de 

enero de 2022.

A la vista del 21 de enero de 2022, la Lic. Torres Esteves no 

compareció, tampoco la parte demandada.

12 En reacción, el TPI 

sancionó la incomparecencia de la parte demandada mediante la 

7 Apéndice, págs. 33-34.

8 Apéndice, pág. 35.

9 Véase, la entrada núm. 17 en SUMAC.

10 Véase, la entrada núm. 18 en SUMAC.

11 Íd.

12 Véase, la entrada núm. 21 de SUMAC.
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anotación de la rebeldía a la Corporación RRG, aumentó a $300.00 

la sanción económica previamente impuesta y señaló la vista en 

rebeldía para el 21 de marzo de 2022.

Precisa resaltar que, la referida Minuta no fue notificada en 

autos. 

Con anterioridad al próximo señalamiento, el 7 de febrero de 

2022, la parte demandada compareció ante el foro primario 

mediante una Moción para Cumplir Orden.

13 Allí, la Lic. Torres 

Esteves, en representación de la Corporación RRG, indicó que 

advino en conocimiento -a través de su representado- de la Orden 

de Mostrar Causa fechada el 30 de noviembre de 2021, la cual 

aseguró que no le fue notificada por correo electrónico. Expuso, 

además, que envió a la abogada de la parte demandante su proyecto 

de Informe para el manejo de caso desde el 10 de junio de 2021, 

junto a una invitación a un diálogo conciliador. Añadió que, ese 

mismo día remitirá a dicha abogada el pago de la sanción que fue 

impuesta a favor de ésta.

Se desprende del expediente que, el TPI emitió una Orden,

14

notificada el 18 de marzo de 2022, mediante la cual transfirió la 

vista en rebeldía para el 12 de mayo de 2022 debido a que, el 

señalamiento previo no correspondía a un día laborable en el Poder 

Judicial. 

Inconforme, la Corporación RRG presentó otra moción,15

mediante la cual informó que, tras una búsqueda en SUMAC, se 

percató de que varias órdenes que figuraban en el expediente digital

presuntamente no le fueron notificadas debidamente, entre otras, la 

orden mediante la cual el foro primario anotó la rebeldía a su 

representado y aumentó la sanción previamente impuesta. Solicitó 

al foro primario el levantamiento de la rebeldía fundamentado en la 

13 Apéndice, págs. 40-41.

14 Apéndice, págs. 42-43.

15 Apéndice, págs. 44-47.
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presunta falta de notificación, en que la eliminación de las 

alegaciones de su cliente es la sanción más severa y en que, a su 

entender, el levantamiento no retrasa la celebración del juicio ni 

resulta oneroso al Sr. Santiago Rodríguez.

A pesar de lo antes, el 12 de mayo de 2022, el TPI procedió a 

celebrar la Vista en Rebeldía.

16 Cabe señalar que, el 17 de marzo de 

2023, transcurridos diez meses de la celebración de la vista en 

rebeldía, el TPI emitió una Orden17 a los efectos de disponer que el 

Sr. Santiago Rodríguez expusiera su posición en torno a solicitud de 

levantar la anotación de rebeldía que la parte demandada solicitó el 

23 de marzo de 2022, y reiteró el 19 de abril de 2023.18

Al cabo de más de un año de lo anterior y sin que la parte 

demandante acreditara su posición en torno al relevo de la 

anotación de rebeldía que solicitó la Corporación RRG, el TPI notificó 

la Sentencia apelada en rebeldía mediante la cual, declaró ha lugar 

la demanda y ordenó a la Corporación RRG pagar a favor del Sr. 

Santiago Rodríguez $37,868.01, más $1,000.00 en honorarios por 

temeridad, los gastos y las costas relacionadas con el litigio. 

En desacuerdo, la Corporación RRG presentó una Moción de 

Reconsideración.

19 En ella alegó que, a partir de la celebración de la 

vista sobre conferencia inicial, no recibió notificaciones del TPI a 

través de correo electrónico, ni por correo regular, lo cual 

constituyen las razones para sus incomparecencias. Hizo constar 

que, la parte demandante no se expresó en torno a su escrito

solicitando que se levantara la anotación de rebeldía.

16 Apéndice, págs. 48-51. La minuta fue enmendada a los efectos de corregir el 

nombre del juez y el número del salón.

17 Apéndice, pág. 52.

18 Véase, la entrada núm. 29 en SUMAC.

19 Apéndice, págs. 16-24.
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Evaluado lo anterior, el TPI denegó el petitorio de 

reconsideración.20 Inconforme, la Corporación RRG acude ante esta 

Curia y señala en su recurso la comisión de cuatro errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia en 

rebeldía en contra de la parte apelante, a pesar de que 

procedía el relevo de la anotación de rebeldía en estricto 

derecho, constituyendo esta actuación un abuso de 

discreción, error manifiesto de derecho y una actuación 

contraria al debido proceso de ley. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia en 

Rebeldía en contra de la parte apelante, a pesar de que la 

propia demanda no surge una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio al faltar alegaciones de 

temporalidad. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia en 

Rebeldía en contra de la parte apelante, y ordenando el pago 

de la suma de $37,868.01, a pesar de que el propio apelado 

admitió que no completó la obra que alega por la que fue 

contratado. Asimismo, el foro primario erró al no especificar 

esta admisión en sus determinaciones de hecho. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer la suma de 

$1,000.00 en concepto de honorarios de abogados, más los 

gastos y costas, a pesar de que la parte apelante no fue 

temeraria y procedía el levantamiento de la rebeldía.

Examinada la apelación, apercibimos a la parte apelada del 

término permitido, conforme autoriza la Regla 22 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para presentar su oposición. Ha 

transcurrido mayor término sin que se haya acreditado la oposición, 

por lo que, según advertido, procedemos a resolver sin el beneficio 

de su comparecencia.

II.

A. La eliminación de las alegaciones

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2

faculta al tribunal a eliminar las alegaciones de una parte como 

sanción ante su incumplimiento con las órdenes del tribunal.

Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. y otros, 2023 

TSPR 110, resuelto el 12 de septiembre de 2023. Sin embargo, 

debido a que esta sanción atenta en contra de la política pública de 

20 Apéndice, pág. 25.
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que los casos se ventilen en sus méritos, este poder deberá ser 

ejercido de forma juiciosa y apropiada. Íd.

Sobre el particular, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone:

[...]

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 

sanción de la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 

después que el tribunal, en primer término, haya 

apercibido al abogado o abogada de la parte de la 

situación y se le haya concedido la oportunidad para 

responder. Si el abogado o abogada de la parte no 

responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 

imponer sanciones al abogado o la abogada de la parte 

y se notificará directamente a la parte sobre la 

situación. Luego de que la parte haya sido debidamente 

informada o apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que ésta no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación 

del pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 

concederá a la parte un término de tiempo razonable 

para corregir la situación, que en ningún caso será 

menor de treinta (30) días, a menos que las 

circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el 

término.

Es menester enfatizar que, la facultad que concede la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil, supra, debe ser ejercitada después de 

un sereno y cuidadoso escrutinio, en casos en los cuales no hay 

duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien 

se toman las medidas drásticas. Íd. Además, no sin antes apercibir

a la representación legal de la parte correspondiente y de concederle 

la oportunidad de responder. Íd. Ante la inacción de la parte en 

respuesta al apercibimiento, el tribunal impondrá sanciones y 

notificará sobre el asunto directamente a la parte, con el debido 

apercibimiento de los efectos que su incumplimiento conlleva. Íd. 

Cumplido dicho trámite, el tribunal estará en posición de imponer 

la sanción que corresponda. Íd.

Recientemente, en Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. v. 

Lunor, Inc. y otros, supra, el Tribunal Supremo resolvió que, la 

eliminación de las alegaciones como sanción guarda relación con la 
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anotación de rebeldía. Ello, en la medida en que, cuando a un

demandado se le eliminan todas sus alegaciones se allana al litigio 

instado en su contra, tal cual ocurre cuando un demandado no 

contesta la demanda. Íd. Entiéndase que, la rebeldía es una 

consecuencia lógica cuando la parte demandada carece de 

alegaciones. Íd.

Sobre este asunto el Tribunal Supremo abundó que, antes de 

anotar la rebeldía -como sanción- el tribunal tiene que evaluar si los 

hechos materiales que surgen de la demanda están bien alegados, 

si los mismos proceden como cuestión de derecho y si carecen de 

alegaciones concluyentes. Íd. Con el fin de poder dictar sentencia en 

rebeldía, conforme a derecho, el tribunal puede exigir que la parte 

demandante presente prueba sobre los elementos de la causa de 

acción. Íd.

B. Notificación de órdenes

Como se sabe, y atinente al recurso de epígrafe, es preciso 

señalar que, en cuanto a las notificaciones de órdenes, resoluciones 

y sentencias cuando a una parte se le ha anotado la rebeldía, la 

Regla 65.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3(a) 

establece que, el Secretario o Secretaria debe notificar el archivo en 

autos de copia del dictamen “a todas las partes que hayan 

comparecido en el pleito”. La notificación debe realizarse de 

conformidad con la Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 67.1, la cual dispone: “[t]oda orden emitida por el tribunal y 

todo escrito presentado por las partes será notificado a todas las 

partes. La notificación se efectuará el mismo día en que se emita la 

orden o se presente el escrito”. Sobre este tema, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que, la notificación adecuada de una 

orden a las partes “es parte integral de la actuación judicial y afecta 

el estado procesal del caso”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 

(2003).
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La notificación y el archivo en autos de una copia de la 

notificación de un dictamen resulta ser una etapa crucial del 

proceso adjudicativo. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 

(2015); Yumac Home v. Empresas Masso, 194 PDR 96 (2015). Este 

deber de notificación no constituye un mero requisito impuesto por 

las Reglas de Procedimiento Civil, sino del debido proceso de ley. Íd. 

Por eso, la correcta y oportuna notificación de las órdenes y 

sentencias es un requisito sine qua non de un ordenado sistema 

judicial. PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525 (2019). 

Su omisión puede conllevar graves consecuencias, además de crear 

demoras e impedimentos en el proceso judicial. Íd. 

Cabe puntualizar que, la notificación adecuada a las partes es 

parte integral de una acción judicial y tiene que ser emitida por un 

tribunal con jurisdicción para que el dictamen a notificar surta 

efecto. Bco. Popular v. Andino Solís, supra. Es a partir de la 

notificación que comienzan los términos establecidos. Íd. Por tanto, 

de no notificarse adecuadamente la resolución, orden o sentencia, 

esta no surte efecto y los términos no comienzan a cursar. Íd. 

En lo atinente al caso de marras, nuestro más Alto Foro 

dispuso en HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 712 (2020) que, previo 

a imponer una sanción tan drástica como lo es la eliminación de las 

alegaciones o la desestimación de una causa de acción, el tribunal 

tiene que apercibir directamente a la parte sobre el incumplimiento 

de su representante legal con las órdenes del tribunal y de las 

consecuencias de ello, independientemente de que la parte sea una 

persona natural o jurídica. 

III.

En su recurso, la Corporación RRG argumenta que el foro de 

instancia erró al dictar sentencia en su contra en rebeldía. Ello, a 

pesar de que, en estricto derecho, procedía ser relevada de la

rebeldía porque presuntamente no fue debidamente notificada de 
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los dictámenes del TPI relacionados a la imposición de la rebeldía. 

Señala que, al así actuar, el TPI violó los principios fundamentales 

del debido proceso de ley. A lo antes se añade que, la Corporación 

RRG contestó la demanda y sometió el descubrimiento de prueba, 

demostrando así su intención de participar activamente en el 

proceso legal. 

Tras un detenido examen del expediente ante nuestra 

consideración, así como de los documentos que surgen del 

expediente digital en SUMAC, constatamos que previo a sancionar a 

la Corporación RRG con la anotación de rebeldía, el foro primario 

emitió dos órdenes de mostrar causa dirigidas a la parte 

demandada; apercibió a dicha parte y a su representación legal que 

su incumplimiento con las órdenes del tribunal pudiese conllevar la 

anotación de la rebeldía, entre otras potenciales sanciones. Luego

impuso una sanción económica a favor de la parte demandante. A 

lo anterior se añade que, el foro primario notificó la Orden de Mostrar 

Causa fechada el 30 de noviembre de 2021 a las representaciones 

legales de ambas partes, así como, directamente a la Corporación 

RRG.

Sin embargo, precisamos que, la Minuta de la vista celebrada 

el 21 de enero de 2022 no fue notificada en autos. Resulta imperioso 

puntualizar que, fue durante dicho señalamiento que, el TPI

sancionó a la parte demandada al anotar la rebeldía a la 

Corporación RRG y aumentar la sanción monetaria a $300.00. 

Entiéndase que, no obra en el expediente una orden del TPI que 

recoja la referida determinación y que haya sido notificada a la 

Corporación RRG y a ambas representaciones legales, tal cual lo 

exigen las normas aplicables al debido proceso de ley.

Aun cuando el TPI apercibió la anotación de rebeldía en la 

Orden de Mostrar Causa notificada el 30 de noviembre de 2021, 

posteriormente notificó una Orden el 18 de marzo de 2022 en la cual 
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informó la transferencia de la vista en rebeldía para el 12 de mayo 

de 2022, ello no subsana el hecho de que el foro primario no notificó

a la Corporación RRG ni a su representante legal el dictamen por el 

cual la sanción de eliminar las alegaciones mediante la anotación de 

la rebeldía a la parte demandada. Incluso, en la referida Orden de 

18 de marzo de 2022, el TPI tampoco hizo alusión al aumento en la 

sanción de $150.00 a $300.00, por lo que, la Corporación RRG ni 

su representación legal fueron debidamente notificados para dar 

cumplimiento a la misma. 

Cabe puntualizar que, la Regla 45.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, versa sobre la 

anotación de rebeldía, y dispone en su última oración que, la 

omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una sentencia 

dictada en rebeldía. A poco examinar parecería que, dicha regla 

permite obviar la notificación de una anotación de rebeldía en la que 

se eliminan las alegaciones, como sanción previa a, dictar una 

sentencia en rebeldía. Sin embargo, nuestro análisis, tanto de la 

Regla 45.1 como de la Regla 39.2 (a), nos lleva a otra conclusión. 

De un examen sosegado de dichas disposiciones reconocemos 

que, ambas versan sobre la anotación de rebeldía y sus efectos. No 

obstante, la anotación de rebeldía relacionada a la sanción de 

eliminación de alegaciones ante incumplimientos con órdenes del 

tribunal, más bien se da dentro del contexto de sanciones 

progresivas en donde el legislador específicamente dispuso que, la 

notificación es requerida, primero a la representación legal y luego 

directamente a la parte. De hecho, como se sabe, nuestro Alto Foro 

así lo ha reiterado mediante la jurisprudencia antes citada. 

Distinto es el escenario en donde el tribunal deja de anotar 

una rebeldía, previo a dictar una sentencia en rebeldía por falta de 

contestación a una demanda, conforme a lo expuesto en la Regla 

45.1, supra. Mediante un buen ejercicio de hermenéutica colegimos 
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que, la interrelación y propósito de ambas disposiciones procesales 

ciertamente versan sobre la anotación de rebeldía y sus efectos. Sin 

embargo, la eliminación de las alegaciones de una parte demandada

-como sanción- mediante la anotación de rebeldía, se da en el 

contexto de sanciones progresivas cuya notificación está 

expresamente estatuida en la Regla 39.2(a), supra. En su 

consecuencia y según la normativa antes expuesta, la falta de 

notificación impide que las órdenes judiciales surtan efecto. Por 

ello, concluimos que, en este caso, la falta de notificación de la 

determinación decretando la eliminación de las alegaciones y al 

aumento de la sanción monetaria derrota la eficacia del dictamen 

apelado.

Al amparo de las disposiciones relacionadas al debido proceso 

de ley, ante la falta de notificación de la minuta resolución emitida 

el 21 de enero de 2023, nos vemos en la obligación de dejar sin efecto 

el dictamen apelado.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia

en rebeldía apelada y devolvemos al caso al TPI para la continuación 

de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones