Número Identificador: SEN2024_____________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

JOSÉ LUIS RIVERA 

HERNÁNDEZ.

RECURRENTE(S)

V.

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Y COMERCIO

RECURRIDA(S)

OFICINA DE GERENCIA 

DE PERMISOS

AGENCIA RECURRIDA

KLRA202300024

Revisión de 

Decisión 

Administrativa

procedente de la 

Oficina de Gerencia 

de Permisos

Caso Núm. 

2021-361148-SDR010393

Sobre:

Consulta de 

ubicación; 

Segregación

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente.

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 29 de febrero de 2024.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor JOSÉ 

LUIS RIVERA HERNÁNDEZ (señor RIVERA HERNÁNDEZ) mediante Recurso

Revisión instado el 17 de enero de 2023. En su escrito, nos solicita 

que revisemos la Resolución dictada el 29 de agosto de 2022 por la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

1 Mediante esta 

determinación, la Junta Adjudicativa de la OGPe tomó un acuerdo 

de No Favorable a la Consulta de Ubicación presentada al amparo 

del caso 2021-361148-CUB-004273.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la 

presente controversia.

1 Esta decisión administrativa fue notificada y archivada en autos el 29 de agosto 

de 2022. Véase Apéndice del Recurso Revisión, págs. 12- 20.
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– I –

El 15 de diciembre de 2021, el señor RIVERA HERNÁNDEZ

presentó una Solicitud de Consulta de Ubicación ante la OGPE. Ello 

para la segregación de un solar (Lote A) en el cual ubica una 

estructura residencial; un solar de uso público (Lote B); y dejar un 

remanente, en una finca localizada en el barrio Garzas en el 

Municipio de Adjuntas.2

Se celebró una audiencia, mediante video conferencia, ante 

Oficial Examinador. No hubo comparecencia en oposición ni 

solicitud de intervención. Así las cosas, el 29 de agosto de 2022, la 

OGPE emitió la Resolución impugnada. En lo pertinente, señaló que 

la propiedad objeto de la solicitud “ubica en un distrito calificado 

como “Industrial Liviano” (I-L) conforme al Reglamento Conjunto 

para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento 

Núm. 9233 del 2 de diciembre de 2020”.

3 Expresó, además, “el crear 

dos lotes adicionales [al] llevar a cabo un uso residencial no 

constituiría el mejor uso de los terrenos, máxime en un lugar donde 

no abundan los terrenos con la calificación industrial”. Añadió que 

“no se presentó ninguna de las circunstancias necesarias para la 

aprobación de una segregación vía variación”.4

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2022, el señor RIVERA 

HERNÁNDEZ presentó su Solicitud de Moción de Reconsideración

aduciendo, entre otras cosas, que, a pesar de que el uso residencial 

2 El 10 de junio de 2019, el Municipio de Adjuntas expresó no tener objeción 

alguna a que se otorgue la autorización a la segregación. Véase Apéndice del 

Recurso Revisión, pág. 25. 

3 Es menester señalar que nuestro Tribunal Supremo declaró nulo el Reglamento 

Conjunto 2019 y el Reglamento Conjunto 2020. Sin embargo, estableció que tal 

determinación de nulidad tiene un efecto prospectivo. Es decir, la nulidad 

alcanzará solamente a los permisos que se otorguen después de ese proceder. De 

esa manera, todo permiso autorizado y expedido al amparo de los citados 

reglamentos, previo a la emisión de ese dictamen, deberán aceptarse como validos 

por toda la ciudadanía y agencias concernientes. Véase Martínez Fernández v. 

Oficina de Gerencia de Permisos, 2023 TSPR 75, 212 DPR ___. Véase Apéndice del 

Recurso Revisión, pág. 15.

4 Íd., págs. 18- 19.
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no está permitido en el distrito IL en el que ubica la propiedad, la 

OGPE otorgó la autorización de servicio para uso residencial para 

cada planta del edificio mediante los casos número 2017-148522-

ASE-003934 (enero de 2017) y 2017-155955-ASE-004167 (marzo 

de 2017).

5

Días después, el 28 de septiembre de 2022, la solicitud de 

Revisión Administrativa fue acogida y mediante Orden decretada el 

29 de septiembre de 2022 se pautó audiencia para 18 de octubre 

de 2022. En dicha audiencia, testificó el Agrimensor Cándido 

Sepúlveda Santiago quien declaró que realizó la mesura del solar a 

segregar y la finca en cuestión. En síntesis, aseguró que se 

sometieron todos los documentos y el solar a segregar de forma 

irregular es de 555 metros cuadrados con una estructura de dos (2)

plantas de hormigón y bloques que se ha dedicado a vivienda. 

También, expresó que tiene servicio de agua potable y energía 

eléctrica por más de cuatro (4) años. Por su parte, el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de 

Carreteras, otorgó su endoso al proyecto y recomendó la revisión

para que se autorice la solicitud número 2021-361148-CUB004273.

El 18 de noviembre de 2022, el Oficial Examinador redactó su 

Informe de Vista en la cual recomendó ha lugar la revisión y se 

autorizara la solicitud número: 2021-361148-CUB-004273.

6

Empero, el 15 de diciembre de 2022, la OGPE dictaminó su 

Resolución de Revisión Administrativa en la cual declaró no ha lugar

la solicitud de revisión administrativa.7

5 Véase Apéndice del Recurso Revisión, págs. 21- 22 y el inciso (c) de la pág. 26.

6 Íd., págs. 23 – 33.

7

Íd., págs. 1- 11.
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Insatisfecho con el antedicho fallo, el 17 de enero de 2023, el 

señor RIVERA HERNÁNDEZ incoó el Recurso Revisión que nos ocupa.

En su escrito, señaló los siguientes errores:

Erró el Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio, Oficina de Gerencia de Permisos[,] al ignorar 

por completo de forma caprichosa, y en manifie[s]to

abuso de discreción la recomendación del Oficial 

Examinador.

Erró el Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio, Oficina de Gerencia de Permisos[,] al 

declarar no ha lugar la revisión soli[c]itada se[ñ]alando 

que no se autoriza [el] cambio de uso, cuando lo 

solicitado fue una autorización de segregación.

Así pues, el 20 de enero de 2023, este foro revisor decretó

Resolución en la cual concedió un plazo perentorio de treinta (30) 

días para presentar su alegato en oposición al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El 21 de febrero de 

2023, la OGPE del DDEC presentó su Oposición a Recurso de 

Revisión.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y 

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos 

encontramos en posición de resolver. Puntualizamos las normas de 

derecho pertinentes a las (s) controversia(s) planteada(s).

– II –

– A –

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico (LPAU) provee un cuerpo de reglas mínimas para 

gobernar los procesos de adjudicación y reglamentación en la 

administración pública.

8 Su sección 4.1 instituye la revisión judicial

por este Tribunal de Apelaciones de las determinaciones finales de 

las agencias.

9

8 Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 

LPRA § 9601-9713; SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).

9 3 LPRA § 9671. 
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La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción 

de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus 

funciones conforme a la ley.10 El criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre una decisión de un foro administrativo es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia.11 Nuestra evaluación de 

la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a determinar 

si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus 

acciones constituyen un abuso de discreción.

12

No obstante, las decisiones de los organismos administrativos 

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

por lo que, sus conclusiones e interpretaciones merecen gran 

consideración y respeto.13 Por ello, al ejecutar nuestra función 

revisora, este Tribunal está obligado a considerar la especialización 

y experiencia de la agencia, distinguiendo entre cuestiones de 

interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son 

especialistas— y cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa.

14

Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro 

ha instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones 

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a 

derecho.15 Particularmente, concretó las normas básicas sobre el 

alcance de la revisión judicial al expresar: 

[L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo 

actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no 

se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los hechos 

10 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004). 

11 Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

12 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 

13 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008). 

14 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020). 

15 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016).
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procede que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida.

El alcance de la revisión de las determinaciones 

administrativas se ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones 

de hecho de la agencia están basadas en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo, y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron las correctas.16

En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán 

sostenidas por los tribunales si están respaldadas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad.17 Evidencia sustancial es aquella relevante que una 

mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.18 Debido a la presunción de regularidad y corrección 

que cobija a las decisiones de las agencias administrativas, quien 

alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar prueba 

suficiente para derrotar dicha presunción.19 Para ello “tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.20 A esto se le conoce como la norma de 

la evidencia sustancial, con la cual se persigue evitar sustituir el 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por 

el criterio del tribunal revisor.21 Por lo tanto, aun cuando exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe dar 

16 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, 2022 TSPR 93, 210 DPR ____ (2022).

17 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).

18 Otero v. Toyota, supra, pág. 728. 

19 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).

20 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).

21 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).
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deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio por el de esta.22

Por otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son 

revisables en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno.

23 Aun así, debemos dar deferencia a las interpretaciones que 

los organismos administrativos hacen de las leyes y reglamentos que 

administran. Es por ello que, ante casos dudosos, donde pueda 

concebirse una interpretación distinta de estas leyes y reglamentos, 

la determinación de la agencia merece deferencia sustancial.24

En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene 

en la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, 

procede su confirmación.25 Por el contrario, los tribunales revisores 

podemos intervenir con la decisión recurrida cuando no está basada 

en evidencia sustancial, o cuando la actuación es arbitraria, 

irrazonable o ilegal, o cuando afecta derechos fundamentales.26

– B –

En este caso, al momento de la evaluación de la consulta de 

ubicación para la segregación ante OGPe, se encontraba vigente el 

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios

(Reglamento Conjunto).

27

Específicamente, en lo concerniente a nuestro caso, es preciso 

evaluar la Sección 6.1.15.2 mediante la cual se exponen 

expresamente los múltiples usos permitidos en Distrito I-L 

(Industrial Liviano). La referida sección expresa lo siguiente: 

a. Los usos a permitirse en este distrito serán compatibles 

con los propósitos [de este] y con las disposiciones de esta 

Regla.

b. Los usos de industria liviana se diseñarán, construirán y

operarán de manera que se protegerá la salud, la seguridad 

y el bienestar de los ocupantes de la propiedad a usarse y de 

22 Íd.

23 Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004).

24 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).

25 García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 893.

26 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, supra.

27 Reglamento Núm. 9233 de 2 de diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto de 

2020). 
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las propiedades limítrofes y que no se menoscabe el 

suministro de luz y aire al edificio a ocuparse o usarse o a 

las propiedades vecinas o que no se aumente el peligro de 

fuego, ni se ocasione reducción o perjuicio a los valores de 

las propiedades establecidas en las áreas vecinas, 

asegurando la debida protección al interés público.

c. Los parámetros de diseño para los usos comerciales serán 

los del distrito C-1.

En conformidad con lo antes expuesto, la tabla 6.61 del 

Reglamento Conjunto implanta los usos permitidos en el Distrito

Industrial Liviano. En esencia, los propósitos compatibles con el 

Distrito van dirigidos a comercios o servicios de naturaleza ligera. 

La aludida tabla enumera los siguientes: almacenes; cafeterías;

centros de cuido; concesionarios de vehículos; farmacias;

ferreterías; instituciones bancarias; gimnasios; escuelas 

vocacionales; estaciones de gasolina; oficinas; restaurantes; entre 

otros. Es decir, todos los usos permitidos van dirigidos al comercio 

y el intercambio de bienes y servicios.

Asimismo, la sección 6.3.2.1 instaura las disposiciones 

generales para evaluar al otorgar variaciones. A saber: 

a. La variación en construcción, lotificación u otras no van 

dirigidas a alterar el uso permitido en el distrito, sino a 

dispensar al propietario del cumplimiento de uno o más de 

los requisitos que establece el Reglamento Conjunto, para la 

zona o distrito de calificación donde ubica o radica el 

inmueble o propiedad

b. La parte interesada que solicita una variación según antes 

señalado, al contrario de aquel que invoca la variación en 

uso, desea seguir utilizando la propiedad para el uso 

permitido por la reglamentación, pero necesita que se le 

exima de uno de los requisitos establecidos en el distrito de 

calificación para asegurar la viabilidad del uso permitido.

[...] 

La sección 6.3.2.3 evalúa las condiciones al otorgar

variaciones. En lo concerniente decreta: 

a. El Secretario Auxiliar de la OGPe, los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la III, a los cuales se le 

haya delegado dicha facultad por medio del Convenio de 

Transferencia, autorizará variación en construcción, 

lotificación u otras para los usos que tolera el distrito 

tomando en consideración, entre otros, los siguientes 

factores: 

1. El solar tenga una condición particular que no permite 

que se cumpla con las disposiciones de este Reglamento. 

2. El solar tenga una ubicación especial o el uso 

particular confronta una dificultad práctica y amerita una 

consideración especial. 
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3. La variación solicitada no perjudica propiedades 

vecinas, la disponibilidad de infraestructura y el ambiente 

del vecindario. 

4. No se afecte el uso agrícola, la productividad agrícola 

de los terrenos, los recursos naturales, históricos o 

culturales existentes, si alguno. 

5. Para variar los parámetros de construcción sobre 

densidad e intensidad, el uso propuesto deberá ser uno 

contemplado en el distrito en que ubica. 

6. La magnitud de la variación es la necesaria para 

asegurar la viabilidad del uso permitido y no es viable 

considerar otras alternativas para salvar el problema 

presentado. 

b. En las Áreas de Planificación Especial, el Secretario 

Auxiliar de la OGPe especificará la naturaleza y extensión de 

las variaciones en construcción u otras variaciones y 

también prescribirá aquellas condiciones que a su juicio son 

necesarias para asegurar el cumplimiento de los criterios que 

se establecen en esta Sección. 

c. Las variaciones autorizadas quedarán sujetas al 

cumplimiento de las condiciones que se establezcan y a las 

demás disposiciones de esta o de cualquier otra 

reglamentación aplicable. 

d. El incumplimiento de cualquiera de dichas condiciones 

constituirá una violación a este Reglamento y podría 

constituir base suficiente para la revocación de la variación 

en todas sus partes.

Por otro lado, la sección 6.3.2.4 impone los criterios para 

autorizar una variación de uso o lotificación. En lo pertinente, 

expone: 

No podrá autorizarse una variación en construcción, 

lotificación u otras, en todo o en parte, a menos:

a. Que la variación sea necesaria para la preservación y el 

disfrute de un derecho de propiedad y se demuestre que la 

variación aliviará un prejuicio claramente demostrable.

b. Que la autorización de tal variación no afectará 

adversamente el disfrute y valor de las pertenencias cercanas 

en el uso presente y para cualquier otro uso futuro 

permitido.

c. Que el peticionario, a su vez, está en disposición de aceptar 

las condiciones y requisitos adicionales a los requisitos 

reglamentarios que el Secretario Auxiliar de la OGPe o

Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III le imponga 

para beneficio o protección del interés público.

d. Solicitar comentarios a la Unidad de Hidrogeología de la 

JP en áreas propensas a inundaciones o a deslizamientos de 

terrenos.

e. No afecte la integridad ecológica de la Reserva Agrícola, 

Natural, Áreas de Planificación Especial o se ocasione peligro 

a los recursos naturales, históricos, culturales o agrícolas

existentes.

– C –

Con la aprobación de la Ley Para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico se precisó en nuestro ordenamiento legal y 

administrativo los criterios que rigen el proceso de solicitud, 
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evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de 

Puerto Rico.28 La precitada disposición tiene como objetivo la 

transformación del sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de 

modo que, resulte en uno más transparente, ágil, confiable y 

eficiente.29 

De ordinario, incorpora una estructura para la evaluación y 

otorgamiento de permisos conforme a las leyes y reglamentos 

aplicables, cuyo objetivo es alcanzar un balance entre el desarrollo 

económico, la protección de los recursos naturales y la protección 

del derecho al disfrute de la propiedad.30 Igualmente, el mencionado 

estatuto creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), 

organismo gubernamental adscrito a la Junta de Planificación, 

entidad a la cual se le confirió jurisdicción para evaluar, conceder 

y/o denegar determinaciones finales y permisos relacionados al 

desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico.31 

– III –

El señor RIVERA HERNÁNDEZ punteó en su Recurso Revisión

que la DDEC y la OGPe erraron al ignorar la recomendación del 

Oficial Examinador. Además, indicó que las agencias 

administrativas erraron al declarar no ha lugar la revisión solicitada. 

En consecuencia, denegaron la autorización de la segregación del 

solar para uso público y el remanente. Para sustentar su posición, 

el señor RIVERA HERNÁNDEZ argumentó que, el uso residencial es una 

actividad pasiva que no ha afectado adversamente el entorno en que 

ubica la propiedad. Incluso, manifestó que los residentes actuales 

no han presentado queja u objeción alguna por más de cuatro (4) 

años que la propiedad lleva siendo habitada como uso residencial. 

28 Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA § 9011. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947, 957 

(2020); Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433 (2017); Horizon v. Jta.

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014).

29 Exposición de Motivos, Ley Núm. 161-2009, supra.

30 Id. 

31 23 LPRA § 9018. Véase, además Miranda Correa v. Departamento de Desarrollo 

Económico, 2023 TSPR 40; 211 DPR ___. 
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Asimismo, expuso que ambas plantas cuentan con el aval de la 

OGPe, que autorizó en el 2017, el uso residencial, por lo que, las 

unidades cuentan con los servicios esenciales de agua y energía 

eléctrica. Es menester señalar, que la propuesta de segregación

presentada por el señor RIVERA HERNÁNDEZ es por motivo de una 

cesión y/o traspaso del solar a su hija, la señora Brenda Ivette 

Rivera Arroyo.32

Ante ello, fundamentó que su petición contó con la 

declaración del agrimensor Cándido Sepúlveda Santiago, quien 

realizó una mensura del solar a segregarse y concluyó que la 

variación era viable. De igual forma, arguyó que el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de 

Carreteras dió su endoso a la petición. A su vez, el Oficial 

Examinador en su Informe de Vista recomendó la revisión y 

autorización de la solicitud de segregación del señor RIVERA 

HERNÁNDEZ sin que ello conlleve un cambio de calificación.

Por otro lado, la OGPe reaccionó a la presentación del Recurso 

Revisión expresando que el solar ubica en una zona inundable cerca 

del Río Cidra. Añadió que en las inmediaciones donde ubica el 

proyecto no existen instalaciones de alcantarillado sanitario, por lo 

que se dispone de las aguas a través de pozo séptico. Además, 

manifestó que la estructura que se pretende variar en uso, para 

permitir una segregación residencial, tuvo un uso comercial porque 

allí operaba una fábrica de hormigón. También, fundamentó que el 

señor RIVERA HERNÁNDEZ reconoció que las propiedades colindantes 

son de uso industrial. Igualmente, argumentó que la cabida del 

predio tampoco cumple con el requisito mínimo establecido para el 

Distrito de calificación y tiene variación en construcción. 

32 Véase Apéndice del Recurso de Revisión, pág. 26. 
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Al evaluar la decisión administrativa es forzoso concluir que 

contrario a lo alegado por el señor RIVERA HERNÁNDEZ en su escrito,

la Resolución intimada el 29 de agosto de 2022 por la OGPe atendió 

la segregación interpelada en virtud de la Solicitud de Consulta de 

Ubicación. En específico expresó: “[...], no se presentó ninguna de 

las circunstancias necesarias para la aprobación de una segregación 

vía variación.”33

La segregación según propuesta incumple con los criterios de 

la Sección 6.1.15.3 del Reglamento Conjunto en cuanto a la cabida y 

ancho mínimo del solar a ser segregado y la separación de la 

colindancia del patio derecho. 

Es importante puntualizar que nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado en reiteradas ocasiones que las variaciones, dado su 

carácter excepcional, no se favorecen y sólo deben concederse en 

situaciones realmente extraordinarias, cuando están claramente 

justificadas y procedan conforme a las leyes y reglamentos 

aplicables.34 

Tras un ponderado análisis del legajo ante nuestra 

consideración, no hallamos indicador alguno que vislumbre que la 

OGPe hubiese actuado de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, o 

si sus acciones constituyen un abuso de discreción. Contrario a ello, 

notamos que del expediente apelativo emana la existencia de 

suficientes elementos que nos llevan a concluir que la determinación 

administrativa está sustentada y/o avalada por evidencia 

sustancial. 

No subsiste razón alguna, de hecho, o de derecho, que nos 

persuada a intervenir y variar la decisión recurrida. Además, del 

Recurso Revisión presentado tampoco se desprende alguna otra 

33 Véase Apéndice del Recurso Revisión, pág. 19.

34 Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743 (2003); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999); Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P. I, 

139 DPR 349 (1995).
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prueba que rebata la presunción de corrección que cobija el 

dictamen administrativo. Consecuentemente, somos del criterio de 

que la Resolución decretada por la OGPe fue una apropiada. Así 

pues, brindamos la deferencia al organismo administrativo por su 

expertise y nos abstenemos de intervenir con la determinación 

recurrida.

– IV –

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución pronunciada el 29 de agosto de 2022 por la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe).

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones