Número Identificador

RES2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

RICARDO R. HATTON 

RENTAS

Peticionario

V.

JENNICE DURÁN 

ROSADO

Recurrida

KLCE202400432

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón

_____________

CIVIL NÚM.: 

BY2022CV02085

Salón: 401

_____________

SOBRE: 

Daños y Perjuicios 

(Libelo y Calumnias)

Panel integrado por su presidenta la Juez Domínguez 

Irizarry, la Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado 

Schwarz.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2024.

Comparece ante nos el señor Ricardo R. Hatton

Rentas (en adelante “Sr. Hatton” o “Peticionario”), 

quien nos solicita que revisemos la Resolución dictada 

el 27 de marzo de 2024 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante “TPI”). 

En dicha Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando la Desestimación de la Segunda y Tercera 

Reconvención Enmendada, así como la Oposición a dicha 

moción. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

procedemos a denegar la expedición del recurso ante 

nuestra consideración. 

-IA continuación, iniciamos exponiendo los hechos 

pertinentes ante nuestra consideración. 
KLCE202400432 2

El 26 de abril de 2022 el señor Hatton presentó una 

Demanda1 contra la señora Jennice Durán Rosado (en 

adelante “Sra. Durán” o “Recurrida”), mediante la cual 

solicita una cuantía no menor de $1,000,000.00 en 

concepto de daños y perjuicios bajo la doctrina de Libelo 

y Calumnia. Correspondiente, la Sra. Durán presentó la 

Contestación a Demanda2 y junto a ella una Reconvención3.

Mediante dicha Reconvención, la Sra. Durán alega que el 

Sr. Hatton interfirió de manera torticera en la relación 

contractual entre esta y la Sra. Blanca Sáez Ortíz (en 

adelante “Sra. Sáez”). Oportunamente, el peticionario

presentó la Contestación a Reconvención4. La parte 

recurrida presentó múltiples enmiendas a la contestación 

a Demanda y Reconvención. En la primera Reconvención, la 

recurrida alegó, en síntesis, que el peticionario

interfirió en la relación contractual entre ella y su 

representada, la Sra. Sáez, ocasionando que tuviera que 

renunciar a la representación legal de esta. Por su 

parte, en la segunda5 y tercera6 Reconvención enmendada, 

la Sra. Durán alegó haber sufrido una acción de daños y 

perjuicios por persecución maliciosa. Así las cosas, el 

13 de noviembre de 2023, el Sr. Hatton presentó una 

Moción Solicitando Desestimación de la Segunda y Tercera 

Reconvención Enmendada7. En esa ocasión, el peticionario

alegó que la reclamación de la recurrida no incluye bases 

fácticas que fundamenten una acción por persecución 

maliciosa. Ante dicho escenario, el 13 de noviembre de 

2023, la Sra. Durán presentó su Oposición a Moción 

1 Véase Apéndice II del recurso, págs. 2-5. 

2 Véase Apéndice III del recurso, págs. 6-16. 

3 Véase Apéndice III del recurso, págs. 16-20.

4 Véase Apéndice IV del recurso, págs. 21-23.

5 Véase Apéndice VIII del recurso, págs. 63-69.

6 Véase Apéndice XII del recurso, págs. 95-102.

7 Véase Apéndice XIV del recurso, págs. 104-115. 
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Solicitando Desestimación de la Segunda y Tercera 

Reconvención Enmendada8. El 27 de marzo de 2024, el TPI 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Desestimación de la Segunda y Tercera 

Reconvención Enmendada y la Oposición a Moción 

Solicitando Desestimación de la Segunda y Tercera 

Reconvención Enmendada. Inconforme con dicho dictamen, 

el 15 de abril de 2024, el Sr. Hatton presentó un recurso 

de Certiorari ante este Tribunal, en el cual arguye que 

el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR 

LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE 

RECONVENCIÓN EN LA QUE SE ESTABLECE 

QUE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

EPÍGRAFE PUDIERA DAR LUGAR A UNA 

RECLAMACIÓN DE DAÑOS BAJO LA 

DOCTRINA DE INTERFERENCIA TORTICERA 

CONTRACTUAL. 

-IIA. Certiorari

El certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.9 Los tribunales apelativos 

tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.10 Esta discreción se define como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.11 Asimismo, 

la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

8 Véase Apéndice XV del recurso, págs. 116-120.

9 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, 2020 TSPR 104, 205 DPR 163 (2020), IG 

Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

10 Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

11 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
KLCE202400432 4

justa.12 Ahora bien, la aludida discreción que tiene este 

foro apelativo para atender un certiorari no es 

absoluta.13 Esto, por razón de que no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total 

al resto del derecho, pues ello constituiría un abuso de 

discreción. 

B. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones

La Regla 40 de nuestro Reglamento14, establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer 

nuestra facultad discrecional. La aludida regla 

establece lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración 

los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto 

de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición 

de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos 

planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en 

que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.

12 Id., a las págs. 334-335.

13 Id., a la pág. 335.

14 4 LPRA Ap. XXII-B.
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(F) Si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.15

Este Tribunal sólo puede intervenir con el 

ejercicio de la discreción en aquellas situaciones en 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso 

de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.16 Si 

bien es cierto que determinar si un tribunal ha abusado 

de su discreción no es tarea fácil, ello ciertamente 

está relacionado de forma estrecha con el concepto de 

razonabilidad.

-IIIEn síntesis, el peticionario aduce que erró el TPI 

al declarar No Ha Lugar la solicitud de desestimación de 

la segunda y tercera Reconvención enmendada. Luego de 

llevar a cabo un examen minucioso del recurso ante nos, 

y de revisar los criterios de la Regla 40, supra, 

concluimos que no existen razones que justifiquen 

nuestra intervención con la determinación recurrida.

Como tribunal revisor, sólo debemos intervenir con las 

determinaciones interlocutorias del foro primario cuando 

se demuestre que este último actuó con prejuicio, 

parcialidad, con craso abuso de su discreción o se 

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

16 Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 155 

(2000).
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equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo.

El peticionario alega que la Reconvención carece de 

alegaciones que justifiquen la concesión de un remedio.

Sin embargo, de un análisis de dicho escrito podemos 

colegir que las alegaciones que en él se hacen son 

suficientes para requerir una alegación responsiva. Por 

todo lo cual, determinamos que el TPI no abusó de su 

discreción mediante la Resolución emitida. 

-IVPor los fundamentos antes expuestos se deniega el 

recurso de certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones