Número Identificador

SEN2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

HIRAM VÁZQUEZ BOTET

Recurrido

v.

MYRNA BERRIOS 

FERNÁNDEZ

Peticionaria

KLCE202301058

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2018CV01144

Sobre:

División de 

Comunidad de 

Bienes

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Pérez Ocasio1.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

Comparece ante nos la señora Myrna E. Berríos Fernández 

(señora Berríos Fernández o peticionaria) y solicita que revisemos la 

Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de San Juan, el 22 de agosto de 2023.2 Por virtud del 

dictamen recurrido, el foro a quo, en lo pertinente, no autorizó a la 

peticionaria obtener información relacionada a la señora Alba 

Hernández Cruz, Vázquez Botet & Asociados, PSC., Quality Services, 

Corp. y SKM Corporation. Por tanto, dejó sin efecto las órdenes 

emitidas previamente en el caso en cuanto a la información 

requerida sobre las partes mencionadas. De igual forma, el TPI dejó 

sin efecto en su totalidad la orden dirigida a FirstBank dictada el 21 

de junio de 2023, relacionada a cierta información y documentos 

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-194, se designó al Hon. Pérez Ocasio para entender

y votar en este caso debido a la inhibición del Hon. Rodríguez Flores.

2 Notificada al día siguiente.
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registrados a nombre del señor Hiram Vázquez Botet (señor Vázquez 

Botet), solicitados por la peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, nos 

disponemos a expedir el auto de certiorari y revocar la Orden

impugnada.

I

Según surge del expediente, el 8 de mayo de 2014, la señora 

Berríos Fernández presentó una demanda de divorcio contra el 

señor Vázquez Botet. El TPI decretó el divorcio mediante dictamen 

del 8 de enero de 2015. Tras varios incidentes procesales, los cuales

incluyeron la presentación de un recurso apelativo en el 2017 ante 

este Foro (KLAN201700222), el 8 de marzo de 2018, el señor 

Vázquez Botet incoó una acción de liquidación de comunidad de

bienes contra la señora Berríos Fernández. Entre otras cosas,

solicitó al Tribunal que, luego de llevar a cabo el inventario y avalúo, 

adjudicara y distribuyera el caudal de la comunidad de bienes, si 

restara alguno. El 9 de mayo de 2018, la señora Berríos Fernández 

contestó la demanda e instó una Reconvención. Como defensa 

afirmativa alegó que el señor Vázquez Botet tenía la administración 

exclusiva de los ingresos de la extinta Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, así como de los negocios y corporaciones gananciales. 

El 16 de noviembre de 2018, el TPI resolvió que la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales se extinguió el 12 de enero de 2018, fecha en 

que la sentencia de divorcio advino final y firme.

Así las cosas, durante el 2020, el descubrimiento de prueba 

se retrasó debido a múltiples controversias sobre éste y por las 

restricciones emitidas por el Gobierno de Puerto Rico y el Poder

Judicial de Puerto Rico a causa de la pandemia del COVID-19. En 

particular, la sala donde se ventilaba el caso fue presidida por varios 

jueces, hasta que el 9 de mayo de 2023 comenzó a presidir la Hon. 

Elisa Fumero Pérez.
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Como parte del descubrimiento de prueba, el 15 de junio de 

2023, la señora Berríos Fernández presentó Moción Solicitando 

Órdenes contra Terceros, en la cual alegó que agotó todos los 

esfuerzos para que el señor Vázquez Botet proveyera ciertos 

documentos e información que le fueron requeridos en su 

deposición y documento formal. Añadió que éste, a pesar de 

comprometerse para localizar los documentos solicitados, no

cumplió. Ante ello, invitó al TPI a expedir varias órdenes contra 13 

terceras partes detalladas en la moción.

El 21 de junio de 2023, la abogada que hasta esa fecha 

representaba a la señora Berríos Fernández, licenciada Evelyn 

González Otero, solicitó al TPI que la relevara de dichas funciones,

lo cual fue aceptado mediante Orden emitida el 22 de junio de 2023. 

En dicha Orden, el TPI otorgó un término de 45 días a la señora 

Berríos Fernández para comparecer representada por abogado. 

El mismo 21 de junio de 2023, el foro de instancia declaró Con 

Lugar la Moción Solicitando Órdenes contra Terceros instada por la 

señora Berríos Fernández y, consecuentemente, ordenó a las 

aludidas partes proveer la información y documentos requeridos, los 

cuales cubrían el periodo entre el 2014 hasta el año en curso.

En desacuerdo con el antedicho dictamen, el 28 de junio de 

2023, el señor Vázquez Botet solicitó reconsideración. Además, 

requirió del tribunal remedios y medidas en torno a las mencionadas 

órdenes. En lo concerniente, razonó que la señora Berríos 

Fernández indujo a error al tribunal al solicitar información 

perteneciente a entidades jurídicas que no se constituyeron durante 

la vigencia del matrimonio; que no estaban incluidas como partes 

en el pleito, pues les pertenecían a terceros y que no eran parte de 

la masa de la comunidad sujeta a liquidación. Añadió que la señora 

Berríos Fernández solicitó acceso indebido a cuentas bancarias de 

terceros en las cuales ni éste, ni la comunidad sujeta a liquidación 
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tenían cuentas, así como otra no relacionada de manera alguna con 

el pleito y/o los bienes sujetos de liquidación. A su vez, puntualizó 

que el tribunal emitió las órdenes concernidas sin permitirle exponer 

su posición, según establecen las Reglas de Procedimiento Civil. Así, 

le requirió al foro a quo que reconsiderara varias de las órdenes y 

las dejara sin efecto y/o en suspenso, además de que limitara la 

información intimada estrictamente a los bienes constituidos 

durante la vigencia del matrimonio. 

Mediante Orden dictada el 29 de junio de 2023, el TPI declaró 

No Ha Lugar la reconsideración y expresó lo siguiente: “el 

descubrimiento de prueba es amplio y liberal, [l]as objeciones a la 

prueba no son parte del descubrimiento salvo que estas serán sobre

algún privilegio reconocido por las Reglas de Evidencia, las leyes y 

la jurisprudencia.” 

El 7 de julio de 2023, la señora Alba Hernández Cruz presentó

una Moción en Comparecencia Especial Sin Someterse a la 

Jurisdicción y Urgente Solicitud de Orden. Alegó que la orden dictada 

a First Bank con la directriz de que proveyera la información

solicitada constituyó un abuso de discreción del tribunal, toda vez 

que esta incluyó números de cuenta que no estaban registradas a 

nombre de ninguna de las partes del pleito. Pidió al foro de instancia 

que dejara sin efecto la orden, pues contenía información sobre sus 

cuentas de carácter privativo y ésta no era parte del pleito. Igual 

contención a los de la señora Hernández Cruz presentaron las 

corporaciones Vázquez Botet & Asociados, SKM y Quality Services, 

las cuales, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, alegaron que 

la parte demandante del caso, entiéndase, el señor Vázquez Botet, 

era una persona distinta a éstos. Así, arguyeron que, al no ser parte, 

no tuvieron la oportunidad de defenderse adecuadamente y de 

oponerse a las órdenes emitidas por el foro primario, lo cual 
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constituyó, a su entender, una violación a su debido procedimiento 

de ley en su modalidad procesal.3

El 7 de agosto de 2023, la señora Berríos Fernández presentó 

moción anunciando su nueva representación legal. En la moción, la 

licenciada Brenda Berríos Morales, solicitó al Tribunal que “a partir 

de la aceptación de la representación legal, nos conceda 20 días para 

revisar el expediente y contestar o replicar sobre cualquier escrito u 

orden del tribunal”. 

De igual manera, el 7 de agosto de 2023, notificada al día 

siguiente, el TPI emitió una Orden que incluyó varias directrices del 

caso. La Hon. Larissa N. Ortiz Modestti expresó que, ante el retiro 

de la Hon. Elisa Fumero Pérez y el cierre de la sala 807, el caso le 

fue reasignado a su sala el 6 de julio de 2023. En lo pertinente, el 

TPI dispuso de las mociones pendientes de resolver de la siguiente 

manera:

1) En cuanto a la Comparecencia Especial, Sin 

Someterse a la Jurisdicción y Urgente Solicitud de 

Orden y la moción Sometiendo Anejo a 

Comparecencia Especial, Sin Someterse a la 

Jurisdicción y Urgente Solicitud de Orden 

presentadas por la Sra. Alba Hernández Cruz 

[Entradas 184 y 185]: Se deja en suspenso la orden 

dirigida a First Bank y se conceden 10 días a la 

parte demandada para que informe las personas 

o entidades titulares de las cuentas sobre las que 

solicitó información en la orden emitida en la 

entrada 169. En el mismo término, deberá y 

mostrar causa por la cual no deba concederse lo 

solicitado por la Sra. Alba Hernández Cruz en su 

moción.

[...]

4) En cuanto a la Moción Urgente para que se Dejen Sin 

Efecto Órdenes Emitidas a Terceros en lo que 

Respecta a las Aquí Comparecientes presentada por 

Vázquez Botet & Asociados, PSC y SKM Corporation 

[Entrada 188]: Se dejan suspenso las órdenes 

emitidas a terceros en lo concerniente a la 

información requerida sobre Vázquez Botet & 

Asociados, PSC y SKM Corporation, y se le 

conceden 10 días a la demandada para mostrar 

causa por la cual no deba concederse lo solicitado 

en la moción.

[...]

3 Apéndices 20 y 21 del recurso de certiorari, págs. 194-211. 
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10) En cuanto a la Moción Uniéndose a Solicitud para 

que se Dejen Sin Efecto Órdenes Emitidas a Terceros 

presentada por Quality Services, Corp. [Entrada 

194]: Se dejan suspenso las órdenes emitidas a 

terceros en lo concerniente a la información 

requerida sobre Quality Services, Corp., y se le 

conceden 10 días a la demandada para mostrar 

causa por la cual no deba concederse lo solicitado 

en la moción.

[...]

13) En cuanto a la Moción Asumiendo Representación 

Legal presentada por la demandada [Entrada 197]:

Se autoriza la representación legal, tome nota 

Secretaría.4

En suma, el tribunal dejó en suspenso las órdenes en cuestión 

y concedió 10 días a la señora Berríos Fernández para mostrar 

causa por la cual no debía otorgar lo solicitado por la señora 

Hernández Cruz, así como por las corporaciones Vázquez Botet & 

Asociados, SKM y Quality Services. 

El 22 de agosto de 2023, el TPI emitió la Orden que hoy 

revisamos. En esta hizo las siguientes expresiones:

Ante el incumplimiento de la demandada con 

nuestra orden de 7 de agosto de 2023 [Entrada 198], 

no se autoriza que la demandada obtenga 

información relacionada a Alba Hernández Cruz, 

Vázquez Botet & Asociados, PSC, Quality Services, 

Corp. y SKM Corporation. Por tanto, se dejan sin 

efecto las órdenes emitidas en las entradas 168, 

170-175, y 179-181 en cuanto a la información 

requerida sobre Alba Hernández Cruz, Vázquez Botet 

& Asociados, PSC, Quality Services, Corp. y SKM 

Corporation. De igual forma, se deja sin efecto en su 

totalidad la orden a FirstBank que surge de la 

entrada 169.

En cuanto a las órdenes que surgen de las entradas 

168, 170-175, y 179-181, en vista de que incluyen otras 

personas o entidades, la parte demandada deberá 

presentar nuevos proyectos de orden para que sean 

expedidos excluyendo a las partes aquí mencionadas.

(Énfasis nuestro).

Inconforme, la señora Berríos Fernández presentó un 

documento intitulado Urgente Moción de Reconsideración, 

Reiterando Nulidad de Orden del 23 de agosto de 2023 por ser 

Emitida en Ausencia de Jurisdicción y en Solicitud de Remedios. En 

4 Apéndice 23 del recurso de certiorari, págs. 217-218. 
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su comparecencia, alegó, en síntesis, que la orden dictada por el TPI 

era nula porque: (1) el tribunal perdió jurisdicción para atender 

dicho asunto desde que fue adjudicado el 29 de junio de 2023 y (2) 

el tribunal concedió remedios a terceras partes que no estaban bajo 

su jurisdicción. La señora Berríos Fernández destacó que, el hecho 

de que no hubiera cumplido con expresarse dentro del término 

establecido no autorizaba al tribunal, ni le concedía la jurisdicción 

que perdió desde el 29 de junio de 2023. En esa dirección, adujo que 

no infringió la Orden del 7 de agosto de 2023 y que esta fue confusa. 

Particularmente, arguyó que, toda vez que el tribunal aceptó su 

moción de representación legal el 7 de agosto de 2023 y no se hizo 

otra expresión en torno a la petición de 20 días incluida en ésta, 

entendió que, una vez aceptó su representación legal se le habían 

concedido los 20 días solicitados. Ello, a pesar de que el foro 

primario le concedió 10 días para mostrar causa sobre lo solicitado

por la señora Hernández Cruz, así como por las corporaciones 

Vázquez Botet & Asociados, SKM y Quality Services. 

Cónsono con lo anterior, la señora Berríos Fernández exigió la 

reconsideración de la Orden del 22 de agosto de 2023, bajo el 

fundamento de que las órdenes que el TPI dejó sin efecto constituían 

la ley del caso y el tribunal actuó sin jurisdicción sobre ellas. En la 

alternativa, alegó que la Orden objetada tenía el fatal defecto, no solo 

de ser nula, sino que, aun en sus méritos, era equivocada, errada 

en derecho y contraria a las doctrinas existentes, así como de la 

jurisprudencia aplicable. Mediante Resolución dictada el 29 de 

agosto de 2023, el TPI denegó el petitorio de la señora Berríos

Fernández y mantuvo en vigor la Orden notificada el 23 de agosto de 

2023.

Aún inconforme, la señora Berríos Fernández acude ante este 

Tribunal de Apelaciones. En su recurso, alega que el foro primario 

cometió los siguientes errores: 
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Primer error:

Erró el TPI y abusó de su discreción al dejar sin efecto 

las ordenes emitidas el 22 de junio de 2023 que 

advinieron finales y que constituyen la ley del caso, por 

el único fundamento de que no se cumplió la orden del 

7 de agosto de expresarse en 10 días, aún cuando 

autorizó la representación legal y el término solicitado 

en dicha moción solicitando 20 días, y a la cual no se 

denegó expresamente el término allí solicitado. 

Segundo error: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al dejar sin efecto 

las órdenes y revertir la ley del caso, por el único 

fundamento de que la parte no contestó en el término 

de 10 días, entiéndase, se apartó en su determinación 

de la doctrina de la ley del caso sin fundamento válido 

alguno que lo justifique y causando una grave injusticia 

y perjuicio a la demandada. 

Tercer error:

Erró el TPI al conceder remedios en contra de la ley del 

caso a terceros que no solicitaron intervención, no 

demostraron la existencia de privilegios evidenciarios, 

ni se sometieron a su jurisdicción. Abusó de su 

discreción además en eliminar en su totalidad el 

descubrimiento sobre estos terceros, por oposición a 

limitarlo según procediera en Derecho. 

El 27 de septiembre de 2023, mediante Resolución, 

concedimos a las partes recurridas 20 días para presentar su 

alegato. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver.

II

A.

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v. 

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente 

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.
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Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).5

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición 

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La 

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335 (2005).

Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B)Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C)Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D)Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

5 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración, 

no procede nuestra intervención.

Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte 

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR 

859, 866 (1999). 

B.

Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico conceden a todas las partes en un pleito el derecho a realizar 

un descubrimiento de prueba. Este tiene como finalidad ayudar a

precisar y minimizar las controversias litigiosas; obtener evidencia 

que va a ser utilizada en el juicio; facilitar la búsqueda de la verdad 

y perpetuar la prueba relacionada a su causa. Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1; Berríos Falcón v. Torres 

Merced, 175 DPR 962, 971 (2009).

Al interpretar esta figura jurídica, nuestra jurisprudencia ha 

expresado que este mecanismo se caracteriza por ser de alcance 

amplio y liberal, para facilitar la tramitación de los pleitos y evitar 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos 

que en realidad son objeto del litigio. McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras II, 206 DPR 659, 672-673 (2021); Berríos Falcón v. Torres

Merced, supra. Ahora bien, al descubrimiento de prueba le son 
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oponibles dos (2) limitaciones: (1) pertinencia y (2) privilegio. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra; Ponce Adv. Med. v. Santiago 

González et al., 197 DPR 891, 898–899 (2017). La pertinencia se 

debe interpretar de manera amplia.6 Por su parte, materia 

privilegiada se refiere a aquella que se encuentra dentro del alcance 

de alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia.

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra.

De otra parte, es menester apuntalar que los tribunales tienen 

el deber de asumir un rol activo desde el albor del pleito, por lo que 

es recomendable que en la etapa del descubrimiento de prueba 

también intervengan y encaucen el mismo, toda vez que con ello se 

garantiza un proceso judicial justo, rápido y económico. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 744 (1986). Así, los foros 

primarios gozan de amplia discreción para regular el descubrimiento 

de prueba, por lo que los foros apelativos no deben intervenir con 

dicha discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la aplicación de una norma procesal o sustantiva.

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 672; Cruz 

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022), citando 

a Lluch v. España Service Sta., supra, pág. 745.

III.

Por estar estrechamente relacionados los tres (3) errores 

levantados por la peticionaria, procedemos a discutirlos en 

conjunto. Estos versan sobre el descubrimiento de prueba y el 

manejo del caso por parte del Tribunal. 

6 Prueba pertinente es la que produzca o pueda producir, entre otras: [...] (a) 

prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos que puedan servir para descubrir 

evidencia admisible; (c) datos que puedan facilitar el desarrollo del proceso; (d) 

admisiones que puedan limitar las cuestiones realmente litigiosas entre las 

partes; (e) datos que puedan servir para impugnar la credibilidad de los testigos; 

(f) hechos que puedan usarse para contrainterrogar a los testigos de la otra parte; 

(g) nombres de los testigos que la parte interrogada espera utilizar en el juicio.

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 674.
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En el presente recurso, la peticionaria alega que erró el foro a 

quo al dejar sin efecto las órdenes emitidas el 21 y 22 de junio de 

2023, bajo el único fundamento de que no se cumplió la Orden del 

7 de agosto de 2023 de expresarse en 10 días. En ese sentido, 

argumenta que de dicha Orden del 7 de agosto de 2023 se podía 

colegir que se había autorizado la prórroga de 20 días que solicitó.

En esencia, razona que, con la actuación del TPI se le violentó su 

derecho a un debido proceso de ley, pues nunca tuvo una 

oportunidad real de someter su posición previo a que el foro primario 

adjudicara y anulara cierta información como parte del 

descubrimiento de prueba al que tiene derecho dentro del pleito de 

división de bienes gananciales, en específico sobre la reconvención 

presentada por ésta. 

Por su parte, las corporaciones Vázquez Botet & Asociados, 

SKM y Quality Services esencialmente arguyen que la Orden 

impugnada es correcta en derecho. Esbozan que los 

pronunciamientos dictados por el TPI el 21 y 22 de junio de 2023 

son contrarios a derecho por solicitar información a terceros que no 

son parte del caso. Añaden que son corporaciones creadas luego de 

disuelta la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, por lo que 

cualquier descubrimiento relacionado a éstas no es pertinente. 

Cónsono con lo anterior, argumentan que la Orden del 7 de 

agosto de 2023 no estableció que se le concedió el término de 20 

días solicitado por la peticionaria para replicar a los escritos que 

estaban pendientes. Subrayan que el tribunal fue claro al conferir 

10 días para ello. Alegan que la decisión recurrida se ajusta a la 

discreción que ostenta el Tribunal en el manejo de los casos que se 

ventilan ante sus salas y particularmente, en regular el ámbito del 

descubrimiento de prueba. La señora Cruz Hernández incluye 

similares contenciones en su alegato. Sostiene que la peticionaria 

falló en probar que con la decisión recurrida el TPI cometió un abuso 
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de discreción, error manifiesto, demostró parcialidad o prejuicio 

indebido.

Por su parte, el señor Vázquez Botet esboza en su escrito que 

la Orden recurrida refleja un sano ejercicio de la discreción judicial 

que posee el Tribunal. Esgrime que no existe razón jurídica por la 

cual este Foro deba intervenir con tal ejercicio en dicho trámite 

interlocutorio. Específicamente, alega que el término de 10 días 

otorgado a la peticionaria para cumplir con lo ordenado transcurrió 

sin que ésta compareciera, ni siquiera para solicitar una prórroga. 

Discute que la doctrina de la ley del caso invocada por la peticionaria 

no es de aplicación al caso de autos.

Según expuesto, el TPI dictó la Orden recurrida, la cual tuvo 

el resultado de dejar sin efecto ciertas órdenes dictadas previamente 

que le permitirían a la peticionaria obtener información relacionada 

a la señora Hernández Cruz y las corporaciones Vázquez Botet & 

Asociados, SKM y Quality Services como parte del descubrimiento 

de prueba. Lo anterior, únicamente bajo el fundamento de que la 

peticionaria incumplió con la Orden del 7 de agosto de 2023. 

Aunque dicha acción es un asunto de manejo de caso que 

descansa en la sana discreción del Tribunal, el marco fáctico 

presentado, junto a la complejidad y extensión del caso, ameritan

nuestra intervención. Además, la etapa de los procedimientos en la 

que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. 

Nótese que desde que la peticionaria anunció su nueva 

representación legal el 7 de agosto de 2023, solicitó 20 días para 

revisar el expediente y contestar a tiempo cualquier escrito u orden 

del tribunal pendiente. No obstante, precisa resaltar que, si bien el 

foro primario le concedió oportunidad a la peticionaria, entiéndase, 

10 días, para presentar su posición en torno a lo solicitado, esta no 

compareció oportunamente para cumplir la orden. Ahora bien, en 

lugar de proceder conforme autoriza la Regla 34.3(b)(6) de las Reglas 
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de Procedimiento Civil, supra, para así sancionar a la representación 

legal por el presunto incumplimiento, el foro primario optó por 

adjudicar la controversia sin más, en detrimento de un debido 

proceso de ley.

Por tanto, entendemos que lo más razonable es que el foro a 

quo conceda un término a la peticionaria para cumplir las órdenes 

de mostrar causa concernidas. Una vez se reciba el fundamento y/o 

justificación de la peticionaria, el tribunal justipreciará si proceden

o no las solicitudes incoadas por la señora Hernández Cruz y las 

corporaciones Vázquez Botet & Asociados, SKM y Quality Services,

de dejar sin efecto ciertas órdenes previas. 

Ante las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, expedimos el auto de certiorari y dejamos sin efecto el 

pronunciamiento impugnado, con el fin de evitar un fracaso de la 

justicia. No surgen del expediente situaciones extremas que 

evidencien conducta contumaz o de mala fe por parte de la 

peticionaria. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se revoca la Orden recurrida. En consecuencia, 

devolvemos el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones