Número Identificador

RES2024 _______

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL 

DARLA NATALIE

DELGADO PAMIAS

Peticionaria

v.

ESTEBAN MIGUEL

HERNÁNDEZ REYES

Recurrido

KLAN202400792

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Arecibo

Civil Núm.:

AR2022RF00196

Sobre:

Cambio de Escuela

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Este recurso se presenta como Apelación, pero se evalúa 

como Certiorari (se mantiene el mismo alfanumérico) pues ese 

era el trámite correcto, al recurrir de una Resolución provisional y

se presentó en la mañana del 28 de agosto de 2024. Además, en 

la tarde del 29 de agosto de 2024, se presenta dentro de este 

recurso, una Solicitud Urgente De Remedio en Auxilio de

Jurisdicción, también presentada por la parte peticionaria señora 

Delgado Pamías, y este Tribunal luego de evaluar esta última, la 

declara No Ha Lugar.

Además, la peticionaria presentó. Juntamente con la 

presentación del Recurso, una Moción Urgente para que se 

autorice Transcripción y por las razones que expondremos mas 

adelante, la declaramos No Ha Lugar.

La Resolución que da a lugar el Recurso que nos ocupa, que 

también presenta la señora Delgado Pamías, surge como 

consecuencia de la petición que hace la peticionaria al Tribunal de 
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Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI) de que se matricule a la 

hija de esta y del recurrido, en una Escuela distinta a la que el 

TPI, luego de una vista evidenciaria, determinó provisionalmente, 

ordenar matricular la misma, que es a su vez la misma a la que 

asistió la niña el pasado año académico. La peticionaria tiene la 

custodia monoparental de la niña.

Producto de esa solicitud de la peticionaria, una Jueza del 

TPI ordenó la celebración de una vista evidenciaria que comenzó 

en sus méritos el pasado 27 de febrero de 2024. Tras varios 

trámites procesales y la culminación de dichas vistas, el TPI emite 

Resolución y contra ella se recurre.

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari solicitado por la señora Delgado 

Pamías.

I.

Producto de la unión en matrimonio de las partes en este 

caso nació el 10 de enero de 2013 la niña Elena Hernández 

Delgado, la que al presente tiene 11 años. Sus padres se 

divorciaron en 2022.

La peticionaria obtuvo la custodia monoparental provisional 

de la menor mediante la Sentencia de Divorcio de las partes. Ello 

fue así debido a que al momento del divorcio de las partes estaba 

vigente una Orden de Protección a favor de la peticionaria, por 

hechos de violencia doméstica contra esta, cometidos por el 

recurrido. Luego de ello cesó toda comunicación entre las partes.

Tras la expiración de la Orden de protección, que se 

extendió por cinco meses, el Recurrido solicitó una Custodia 

Compartida de la menor y el TPI ordenó a la Unidad Social prepara 

un Informe Social sobre dicha solicitud de custodia compartida.
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Ese asunto provocó un Recurso de Certiorari a este foro, 

presentado también por la parte aquí peticionaria, señora Delgado 

Pamías, el pasado 20 de mayo de 2024 el cual fue resuelto 

mediante Resolución emitida el pasado 29 de agosto de 2024. 

Luego de múltiples trámites procesales, el 18 de enero de 

2024 la peticionaria solicita autorización al TPI para cambia la niña 

de escuela comenzando en este semestre académico que ya 

comenzó. El mismo 18 de enero de 2024, registrada para notificar 

el 19 de enero de 2024, el TPI emitió una Orden al aquí recurrido 

para que expresara su posición en torno a dicha solicitud. El 

recurrido comparece al TPI el 26 de enero de 2024 y se opone al 

cambio de escuela. El TPI emite Orden el 31 de enero de 2024 y 

hace un Señalamiento para vista evidenciaria a celebrarse el 27 

de febrero de 2024. Así el TPI celebra dicha vista según pautada 

y escucha varios testimonios de profesionales citados como 

testigos de la aquí peticionaria. En la vista fue admitido en 

evidencia por estipulación de las partes el Informe Confidencial de 

Evaluación Psicoeducativa de 26 de junio de 2023 del Centro de 

Psicoterapia de la Lcda. Sharleen Vázquez Arocho.1

La niña no es evaluada por el Departamento de Educación 

hasta un referido que se le hace el 24 de enero de 2024 a otra 

psicóloga. Dicha evaluación se realiza el 26 de enero de 2024 por 

la psicóloga Namyr C. Hormedo Robles de Lsinnovative Education 

Center, Inc. Esta preparó un Informe que fue admitido en 

evidencia por estipulación de las partes en la vista de 27 de 

febrero de 2024. Además, testificó en la vista del 27 de febrero 

de 2024, la Psicóloga Hormedo que preparó el informe antes 

mencionado y que que fue estipulado por las partes y admitido en 

1 Ver páginas 77-91 del Apéndice al recurso presentado en este caso.
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evidencia por estipulación de las partes como antes indicamos.2 El 

TPI recibió varios testigos en la vista del 27 de febrero pasado y 

surge de la minuta que el TPI señaló la continuación de los

procedimientos para el 9 de abril de 2024. La abogada de la aquí 

peticionaria, el 8 de abril de 2024, solicitó por Moción, la 

transferencia de la continuación de la vista pautada para el día 

después, por una situación médica surgida de emergencia.

La vista se llamó y se atendió la Moción presentada por la 

abogada de la aquí peticionaria, en presencia de la aquí 

peticionaria que asistió al Tribunal, sin su representación 

profesional. La parte aquí recurrida también estaba presente, pero 

representado por su abogada.3 Luego de varios trámites entre las 

partes, se transfiere la vista para continuar el 22 de julio de 2024, 

a las 9:30 am, sin que se hubiera resuelto entre las partes la 

matricula de la escuela en que se ubicaría a la menor. El Tribunal 

aclara que la resolución que se emita sobre esa controversia 

tendrá efecto después del 22 de julio de 2024 y que sería mejor

que las partes se pongan de acuerdo.

El aquí recurrido, reclamando que, como medida preventiva, 

pagó la mitad de la Matrícula en el Hogar Colegio La Milagrosa, 

donde dejó matriculada la menor. Ello lo notificó el padre de la 

menor al TPI por Moción de su abogado presentada el mismo 9 de 

abril de 2024. Al otro día 10 de abril de 2024, la aquí peticionaria 

se opuso a dicho proceder del recurrido por Moción presentada 

por su abogada dicho 10 de abril. Sobre ello se toma conocimiento 

por el TPI mediante Orden del 16 de abril de 2024.4

2 Ver páginas 28-50 del Apéndice al recurso presentado en este caso.

3 Ver páginas 95-96 del Apéndice al recurso presentado en este caso.

4 Ver página 106 del Apéndice al recurso presentado en este caso.
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El 22 de julio de 2024 se celebró la vista según pautada y 

ello surge de una Minuta.5

El 23 de agosto las partes presentaron moción conjunta e 

informaron no haber llegado a ningún acuerdo.

El 26 de agosto de 2024 el TPI notifica la Resolución 

provisional de la que se recurre y ordena que la menor se 

mantenga asistiendo a la misma escuela que asistió el año 

académico anterior, o sea, el Colegio La Milagrosa e indica que la 

decisión que tome de forma permanente será efectiva para el año 

académico 2025-2026.

Contra esa resolución provisional del 26 de agosto de 2025

es que se recurre a este Tribunal de Apelaciones.

El 28 de agosto de 2024 se presenta el Recurso de Certiorari 

que aquí atendemos y se reclama como error:

Erró el TPI al Mantener A la menor en una Escuela que 

admite que no puede ofrecer la Ayuda individualizada que

Necesita ante sus Problemas de Aprendizaje y sin hacer una

determinación sobre el Mejor Bienestar de la Menor, 

violando el Derecho a un Debido Proceso de ley al No Basar 

su Decisión en Prueba Alguna.

Evaluados los autos, disponemos.

II.

A.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). 

5 Ver páginas 107-110 del Apéndice al recurso presentado en este caso.
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Contrario al recurso de apelación, la expedición o no del 

auto de certiorari solicitado descansa en la sana discreción del foro 

apelativo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Medina 

Nazario v. McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). Así, 

la característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. En el ámbito judicial, la discreción del tribunal 

revisor no debe abstraerse del resto del Derecho y, por lo tanto, 

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para así llegar a una conclusión justiciera. Mun. Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338.

En particular, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, establece los preceptos que regulan la expedición 

discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre el referido 

recurso para la revisión de sentencias y resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Rivera et al. v. Arcos Dorados et 

al., 212 DPR 194, 207 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras I, supra; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 

703, 709 (2019). En lo que nos atañe, esta regla dispone lo 

siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 
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situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción 

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Como es sabido, en nuestro 

ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal 
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apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este 

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 

909 (1986). El adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Por ende, si 

no se encuentra presente en la petición ante nuestra 

consideración ninguno de los criterios antes transcritos y la 

actuación del foro primario “no está desprovista de base razonable 

ni perjudica derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959). De manera que, solo intervendremos con el ejercicio 

de dicha discreción en aquellas instancias que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió 

en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Rivera Durán v. Banco Popular, supra, pág. 154. 

En armonía a lo anterior, sabido es que nuestro sistema 

judicial es adversativo y rogado, el cual descansa sobre la premisa 

de que las partes son los mejores guardianes de sus derechos e 

intereses. Bco. Bilbao v. González Zayas, 155 DPR 589, 594 

(2001); SLG Llorens v. Srio. De Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000).

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que, 

en ausencia de un craso abuso de discreción o arbitrariedad por 

parte del TPI, los tribunales apelativos no intervendrán con sus 
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determinaciones interlocutorias discrecionales procesales. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).

B.

La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que 

corresponde a los padres sobre la persona y el patrimonio de cada 

uno de sus hijos no emancipados como medio de realizar la 

función natural que les incumbe de protegerlos y educarlos.6 A 

esos efectos, el tribunal investigará si los padres poseen la 

capacidad, disponibilidad y firme propósito de asumir la 

responsabilidad de criar los hijos conjuntamente.7 A su vez, ello 

implica superar desavenencias personales, y por imperativo, 

sostener adecuada comunicación para adoptar aquellas decisiones 

conjuntas que redunden en beneficio y los mejores intereses del 

menor.8

El Código Civil vigente en Puerto Rico dispone que la patria 

potestad sobre los hijos no emancipados corresponde a ambos 

padres conjuntamente.9 La patria potestad conlleva unas 

facultades y deberes de los padres, entre ellas el de educar a sus 

hijos.10 Dicha obligación debe ser ejercida responsablemente, 

velando bienestar y los mejores intereses del menor.11

El Tribunal Supremo ha resuelto en reiteradas ocasiones 

que, aun cuando los derechos de un progenitor sobre sus hijos 

poseen un gran arraigo en el campo del derecho de relaciones de 

familia, estos ceden ante la facultad de parens patriae de la cual 

está investido el Estado de cumplir con su obligación de 

6 Ex parte Torres, 118 DPR 469, 473 (1987).

7

Id., 482.

8

Id.

9 CÓD. CIV. PR art. 593, 31 LPRA § 7552.

10 CÓD. CIV. PR art. 589, 31 LPRA § 7241.

11 CÓD. CIV. PR art. 590, 31 LPRA § 7242.
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salvaguardar y proteger el bienestar del menor.12 La función de 

parens patriae del Estado es aquella por la cual asume y ejerce en 

cumplimiento de su deber de brindar protección a los sectores más 

débiles de la sociedad.13 En la eventualidad de que un tribunal 

perciba un conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de 

un menor, se debe resolver a favor de este último.14 A luz de lo 

anterior, el tribunal tiene la potestad de ordenar las 

investigaciones de índole social que entienda procedentes.15 A 

tales efectos, las unidades sociales de relaciones de familia y 

asuntos de menores tienen como función principal ofrecer al 

juzgador asesoramiento social mediante evaluaciones periciales 

que permitan tomar decisiones informadas en los casos ante su 

consideración.16 Además, puede, al amparo de tal facultad, 

ordenar que los menores involucrados se sometan a evaluaciones 

sicológicas o siquiátricas cuando las circunstancias lo ameriten.17

C.

Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán 

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción.18 Es decir, no se intervendrá con la apreciación que de 

la prueba desfilada haya hecho el foro inferior en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.19 Un tribunal de 

justicia incurre en un abuso de discreción: (i) cuando el juez no 

toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento 

para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado 

12 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Ortiz v. 

Meléndez, 164 DPR 16 (2005). Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 (2005). Pena 

v. Pena, 152 DPR 820, 832–833 (2000).

13 Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 27-28 (2005).

14 Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005).

15 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 652 (2016). Pena v. Pena,

164 DPR 949, 962 (2005). Pena v. Pena, 152 DPR 820, 832–833 (2000).

16 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 652 (2016).

17 Pena v. Pena, 164 DPR 949, 962 (2005).

18 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 434. Pueblo v. Rivera Santiago,

176 DPR 559, 580 (2009).

19 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987). 
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por alto; (ii) cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

éste; o (iii) cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.20

A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema 

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y controversias.21 Como es 

sabido los jueces del TPI son quienes están en mejor posición de 

aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que tienen la 

oportunidad de apreciar de cerca las alocuciones de los testigos, 

mientras observan sus gestos, contradicciones, dudas, 

manerismos y titubeos.22 No obstante, una apreciación errónea de 

la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de un tribunal revisor.23 Quiérase decir que, en ausencia 

de los criterios que han sido mencionados, los tribunales revisores 

no debemos intervenir con las determinaciones y conclusiones 

derivadas de la apreciación de la prueba testifical.24

El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en 

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias 

o rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso 

antes de que se someta prueba alguna.25 A esos efectos, conviene 

destacar que, la intervención del foro apelativo con la prueba 

20 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.

21 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011).

22 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).

23 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987). 

24 S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 (2002). 

25 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
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desfilada tiene que estar basada en un análisis independiente y no 

a base de los hechos que exponen las partes.26

III.

Visto el trámite de este caso y el señalamiento de error 

alegado por la peticionaria, consideramos prudente abstenernos 

de intervenir.

Apuntamos que esta Curia tuvo la oportunidad de estudiar 

minuciosamente los autos ante nuestra consideración, incluyendo 

todos los documentos del expediente judicial ante el TPI que 

fueron incluidos en el apéndice. A la luz de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, no existe situación excepcional por la cual debamos 

expedir el auto solicitado.

Resulta menester destacar que al momento en que se 

presentó el recurso ante nos, se encuentra sub judice la 

adjudicación de la asignación permanente de la menor a una 

escuela, pues los padres no se pueden poner de acuerdo. El foro 

inferior solo ha tomado una decisión provisional y ha indicado que 

la decisión final será efectiva en el próximo año académico. Este 

no es el caso que nos permita intervenir con una decisión que el 

propio TPI anuncia como provisional.

Tampoco atisbamos abuso de discreción de parte del 

Tribunal de Primera Instancia al resolver el planteamiento de 

forma provisional, sobre la escuela que asistirá la menor en el año 

académico 2024-2025.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.

26 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones