Número Identificador

SEN2023________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

DEPARTAMENTO DE LA 

VIVIENDA P/C 

ADMINISTRACIÓN DE 

VIVIENDA PÚBLICA

RECURRIDO

V.

WANDA JOHANNES MOTTA

RECURRENTE

KLRA202300560

Revisión 

administrativa 

procedente del 

Departamento de 

la Vivienda, 

Administración de 

Vivienda Pública

Querella Núm. 

Q-01-2023

SOBRE: 

24 CFR 982-551

No reportar 

ingresos, actividad 

criminal violenta

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

Comparece Wanda Johannes Motta (recurrente o Johannes 

Motta,) y nos solicita la revocación de la Resolución emitida el 27 de 

septiembre de 2023 por la Administración de Vivienda Pública

(recurrido o AVP). Mediante el referido dictamen, la AVP denegó una 

solicitud de reconsideración, correspondiente a la determinación 

emitida el 23 de agosto de 2023, en la cual la agencia recurrida,

ordenó la cancelación del subsidio para el pago de la renta de 

vivienda otorgado al amparo de la Sección 8 de la Ley Federal de 

Vivienda y Desarrollo Urbano, según enmendada, 42 USC 1437 (b); 

24 CFR sec. 880 et seq.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen impugnado. Veamos.

I

El 19 de diciembre de 2022, la AVP, por conducto de la señora 

Doris Grau, supervisora del Programa de Vales para la Libre 
KLRA202300560 2

Selección de la región de Carolina, le remitió a Johannes Motta, una 

Notificación de Cancelación de Subsidio. En la misma se le informó 

que su contrato de arrendamiento para la vivienda sita en Carolina 

sería cancelado debido a que no cumplió con el proceso de 

recertificación anual. Lo antes, específicamente por haber omitido 

reportar lo ingresos de su hijo, el señor Juan A. Gerena Johannes y

a su vez, por la señora Johannes y su hijo haber incurrido en 

conducta violenta al agredir físicamente a una vecina de éstos. 

Inconforme, el 2 de diciembre de 2022, Johannes Motta solicitó la 

celebración de una vista administrativa con el fin de exponer su 

oposición e interés en seguir ocupando la vivienda arrendada. 

Así las cosas, el 27 de abril de 2023, se celebró la vista 

administrativa durante la cual testificaron la peticionaria y la 

funcionaria del Programa Vales de AVP. Evaluada lo anterior, así 

como la prueba documental presentada, el 23 de agosto de 2023, se 

emitió la determinación mediante la cual la agencia consignó diez 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Basado en 

ello, ordenó la cancelación del subsidio según las disposiciones del 

Fair Housing Act 45 USC sec. 3600 et. seq. 

Por estar en desacuerdo, Johannes Motta instó un petitorio 

de reconsideración. En esta sostuvo que le violaron sus derechos el 

día de la vista administrativa. Arguyó que las determinaciones de 

hechos no son ciertas en su totalidad ya que el video que se llevó a 

la oficina de la región de Carolina estaba alterado, que se le está 

penalizando por información no corroborada donde envuelve al 

investigador Fernando Fernández, el agente Ángel Rojas y personas 

influyentes en el Departamento de la Vivienda. Informó que, la 

técnica, Maribel Rosario de la región de Carolina, tiene vasto 

conocimiento de las veces que acudió a la Oficina Regional a llevar 

los documentos necesarios y no fueron recibidos.

Tras analizar los planteamientos de la peticionaria, la 

totalidad del expediente y el derecho aplicable, la agencia, por voz 
KLRA202300560 3

de la subadministradora, emitió la Resolución recurrida en la que 

denegó la reconsideración y sostuvo la cancelación en controversia. 

En particular, consignó que el 15 de febrero de 2023, la señora 

Johannes Motta se declaró culpable de violación al artículo 108 del 

Código Penal de 20121 en el caso número F MG2022M0340, en la 

Sala Superior de Carolina del Tribunal de Primera Instancia. El hijo 

de la señora Johannes, el señor Juan A. Gerena Johannes, se 

declaró culpable de violación al mismo artículo 108, en el caso 

número F MG2022M0339, en la sala superior de Carolina del 

Tribunal de Primera Instancia. A su entender, dicha actuación fue 

constitutiva de violencia física, la cual comprometió la salud, la 

seguridad, el bienestar y el disfrute de la paz del hogar de sus 

vecinos, según lo dispone la sección IV(B) del Plan Administrativo 

para la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, 

Programa de Vales para la Libre Selección de Vivienda / Sección 8. 

Determinó que, lo antes reseñado constituye fundamento para no 

aprobar la admisión al programa de Administración de Vivienda 

Pública. Además, señaló que, Johannes Motta omitió reportar los 

ingresos de su hijo adulto, quien conforma parte de la unidad 

familiar por los pasados dos procesos de reexamen, según lo dispone 

la sección VIII(C) del Plan Administrativo. En particular lo 

establecido en el inciso (b) de la sección 982.551 del Título 24 el 

Código de Reglamentos Federales, 24 CFR sec. 982.551 (b), que 

establece la obligación que tiene el participante de suplir a la agencia 

cualquier información necesaria para la administración del 

Programa Sección 8. 

Inconforme, la señora Johannes Motta acude ante esta Curia 

mediante el recurso de epígrafe y señala que:

Erró el Departamento de Vivienda al considerar prueba 

de referencia para emitir su determinación en violación 

al debido proceso de ley y al derecho de la apelante a 

contrainterrogar y refutar evidencia en su contra.

1 33 LPRA 5161.
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Erró el Departamento de Vivienda al tomar en 

consideración la alegación de culpabilidad de un delito 

menos grave de la parte apelante para justificar la 

cancelación del subsidio.

Erró el Departamento de Vivienda al delegar en la 

subadministradora de la propia agencia, la 

consideración de la solicitud de reconsideración, pues 

esta funcionaria no es un juzgador imparcial según 

requerido por la legislación federal.

En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 7 de 

noviembre AVP presenta su Alegato el 27 de noviembre de 2023, por 

lo que, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.

II

A. Revisión Judicial y la doctrina de deferencia judicial

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden 

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. Véase, además, OEG

v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88 (2022), citando a AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006c de la Ley Núm. 201-2003, Ley 

de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y y la Regla 56 del Reglamento de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.56. 

La finalidad de la revisión judicial es asegurar que los 

organismos administrativos actúen conforme a las facultades 

concedidas por ley. OEG v. Martínez Giraud, supra. Es norma 

reiterada que, al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden deferencia, 

por la experiencia y el conocimiento especializado que estos 

poseen. Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 2023 

TSPR 6, resuelto el 20 de enero de 2023.

Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de 

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial 
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que obra en el expediente administrativo". Super Asphalt v. AFI y

otro, 206 DPR 803, 820 (2021). Como vemos, la norma anterior 

nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal Supremo ha 

resuelto con igual firmeza que, los tribunales no podemos imprimirle 

un sello de corrección, so pretexto de deferencia, a las 

determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables, 

ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019). 

Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. La intervención 

judicial en las determinaciones administrativas debe ocurrir cuando 

la decisión administrativa no se fundamente en evidencia sustancial 

o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de la ley. Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018), citando a OCS 

Universal, 187 DPR 164, 179 (2012). De otra parte, "los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd., págs. 36-

37. Lo anterior responde a la experiencia y al conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581, 

591 (2020). 

Por consiguiente, dada la presunción de corrección y 

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas 

por las agencias administrativas, estas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra, 

pág. 128, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Al 

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe 
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guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación. Hernández 

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen 

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la 

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera 

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona 

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia 

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los 

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de 

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. 

Por tanto, las determinaciones de hecho deberán sostenerse siempre 

que estén fundamentadas en evidencia sustancial que surja de la 

totalidad del expediente administrativo. Capó Cruz v. Jta. 

Planificación et al., supra. 

Así las cosas, cuando una parte afectada por un dictamen 

administrativo impugne las determinaciones de hecho, esta tiene la 

obligación de derrotar con suficiente evidencia que la decisión del 

ente administrativo no está justificada por una evaluación justa del 

peso de la prueba ante su consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 77 (2004). Véase, también, OEG v. Martínez Giraud, supra. 

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente 

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por 

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la 

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 

98, 118 (2003). 

B. Apreciación de la prueba y las Reglas de Evidencia en 

casos Administrativos

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que “[l]a tarea 

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió 
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depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la 

prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el 

comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio y 

escuchar su voz”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 778-779 

(2022), citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

771 (2013). 

Como regla general, los tribunales apelativos aceptan como 

correctas las determinaciones de hechos de los foros inferiores, sin 

intervenir con la apreciación y la adjudicación de credibilidad que 

realiza el juzgador de los hechos en relación con la prueba 

testifical. Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 

(2022); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 

Sin embargo, esta regla cede si se demuestra que, el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error 

manifiesto. Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra. 

Como se sabe, es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico que, los tribunales apelativos intervienen con la 

apreciación de la prueba cuando: (1) el apelante demuestra la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2) 

la apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o 

esta es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Arlequín 

Vélez, 204 DPR 117, 148 (2020). A esos efectos, la parte que 

impugne la apreciación de la prueba es la parte encargada de 

señalar y demostrar la base para la intervención apelativa. Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986). 

Por ello, la ausencia de la transcripción de la prueba oral 

imposibilita que los foros revisores puedan descartar la apreciación 

razonada y fundamentada de la prueba que realizó el juzgador de 

los hechos. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 

289 (2011). La intervención con la apreciación de la prueba, sin el 

beneficio de la transcripción, regrabación o exposición narrativa, 
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conllevaría fundamentar el dictamen en hipótesis o conjeturas sobre 

lo ocurrido durante la vista o juicio. Íd.

De otra parte y atinente al recurso ante nos la LPAU, en el 

inciso (e) de la Sección 3.13, establece que las Reglas de Evidencia 

no son aplicables en los procedimientos administrativos de carácter 

adjudicativo. 3 LPRA sec. 9653. Allí, se expresa lo siguiente: 

[...] 

e. Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas 

administrativas, pero los principios fundamentales de 

evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, 

justa y económica del procedimiento. 

Nuestro más alto foro también ha dejado claro que 

las Reglas de Evidencia no aplican en los procedimientos 

administrativos. Torres Santiago v. Dept. de Justicia, 181 DPR 969 

(2011); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005) (per curiam). De esta 

manera, y debido al “carácter informal y flexible, que distingue a los 

procesos administrativos, permite que el juzgador de hechos 

conozca toda la información pertinente para dilucidar la 

controversia que tiene ante sí”. Otero v. Toyota, supra, pág. 733. En 

cuanto a prueba de referencia en particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha dicho que esta no solo es admisible en un 

procedimiento administrativo, sino que las agencias pueden 

descansar solo en prueba de referencia al tomar determinaciones, 

incluso cuando esta ha sido contradicha, siempre y cuando “la 

prueba de referencia es del tipo que un hombre prudente y razonable 

descansa en ella para llevar a cabo sus negocios”. Torres Santiago v. 

Dept. de Justicia, supra, pág. 1005 (citando a Otero v. Toyota, supra, 

pág. 734).

III

Se discutirán los primeros dos señalamientos de error por 

estar relacionados entre sí. En su primer señalamiento de error, 

Johannes Motta plantea que incidió la AVP y se le violó el debido 

proceso de ley al considerar prueba de referencia para emitir su 

determinación, mientras que, en su segundo señalamiento de error, 
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plantea que erró la AVP al tomar en consideración la alegación de 

culpabilidad de un delito menos grave de la parte apelante para 

justificar la cancelación del subsidio.

Conforme reseñamos en la normativa aplicable a la presente 

causa, las reglas de evidencia no son aplicables en los 

procedimientos administrativos de carácter adjudicativo. De una 

revisión del recurso colegimos que la agencia recurrida no incidió al 

admitir prueba según presentada. En particular, la juzgadora de los 

hechos se ciñó a los datos que surgen del expediente administrativo 

ante su consideración. Añádase a ello que, la LPAU, en el inciso (d) 

de la Sección 3.13, supra, establece que un funcionario que presida 

la vista podrá tomar conocimiento oficial de todo aquello que pudiera 

ser objeto de conocimiento judicial en los tribunales de justicia. Por 

ello, colegimos que la agencia recurrida podía tomar conocimiento 

del proceso criminal y la alegación de culpabilidad de la señora 

Johannes Motta y Gerena Motta en los casos F MG2022M0340 y 

F M2022M0339 en violación al art. 108 del Código Penal de 2012 

(Agresión)2 para sustentar la determinación administrativa. Por ello, 

concluimos que, no se cometieron los primeros dos señalamientos 

de error.

Con relación al tercer señalamiento de error la peticionaria 

cuestiona la participación de la subadministradora en la etapa 

procesal correspondiente a la reconsideración. No le asiste la razón. 

Como bien nos señala la parte recurrida, el Artículo 4 (f) de la ley 

habilitadora de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto 

Rico Ley 66-1989, según enmendado, 17 LPRA 1004a faculta al 

Administrador asignar tareas, deberes y responsabilidades a los 

funcionarios y empleados de la Administración. A esos efectos, no 

identificamos impedimento alguno de que la reconsideración fuera 

atendida por la subadministradora de AVP.

3

2 33 LPRA sec. 5161.

3 Véase además el Reglamento Número 5856, conocido como Reglamento de 

Querellas y Señalamientos Programa de Subsidio de Vivienda.
KLRA202300560 10

Por último, es preciso señalar que, la recurrente omitió 

presentar la transcripción de la vista celebrada ante la agencia de 

conformidad con la Regla 66 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66. Al así actuar, la recurrente 

falló en cumplir con su obligación de poner a esta Curia en posición 

de examinar la apreciación de la prueba que realizó el AVP y si sus 

determinaciones de hechos están sostenidas por la prueba. En su 

consecuencia no cede la presunción de corrección de éstas. De otra 

parte, al revisar las conclusiones de derecho no identificamos que el 

foro administrativo haya errado en su análisis, al determinar que, la 

falta de notificación de cambio de ingreso y los actos de violencia 

que conllevaron convicciones de índole penal contra la recurrente y 

su hijo, resultan suficientes para sostener la legitimidad de la 

determinación administrativa recurrida.

Tampoco identificamos que el organismo administrativo haya 

actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegalmente en su

Resolución. Siendo así, concluimos que, la recurrente no nos ha 

puesto en posición para concluir que los errores imputados se hayan

cometido y mucho menos, para derrotar la presunción de corrección 

y legalidad atribuible a la determinación administrativa 

impugnada.

IV

Por los fundamentos expuestos, confirmamos 

la Resolución recurrida.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones