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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO MULTILATERAL SOBRE LA 

COOPERACION EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ENTRE LAS 

AUTORIDADES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE CHILE, COLOMBIA, 

MÉXICO, PERÚ Y LA COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

MdE Multilateral para la Cooperación Transfronteriza en la Protección al Consumidor 

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de la República de Chile, la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del 

Perú, y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC, por su acrónimo 

en inglés) (cada uno de ellos “un Participante”), 

RECONOCIENDO que los Participantes tienen como misión la protección de los consumidores 

de prácticas desleales, engañosas y fraudulentas, conforme a sus leyes y normativas nacionales 

respectivas en vigor; 

RECONOCIENDO que las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas, así como otras 

conductas ilegales contra los consumidores menoscaban la integridad de los mercados y la 

confianza de los consumidores en estos, en detrimento de todas las empresas y los consumidores; 

RECONOCIENDO que los desafíos en materia del cumplimiento normativo superan las fronteras 

nacionales, y que la cooperación entre las autoridades públicas nacionales responsables del 

cumplimiento de las leyes para la protección del consumidor es esencial para combatir dichas 

prácticas; 

RECONOCIENDO la necesidad de contar con mejor y eficaz colaboración transfronteriza entre 

los Participantes, así como con las autoridades encargadas del cumplimiento de la legislación penal 

en sus respectivos países, para la cooperación en materia de cumplimiento, el intercambio 

recíproco de información y el intercambio de conocimientos especializados en materia de 

protección del consumidor; 

RECONOCIENDO que la legislación que se aplica a los Participantes puede restringir de alguna 

manera la asistencia internacional en cumplimiento normativo, incluida la divulgación de 

información, y que este Memorando no tiene la intención de contradecir dichas restricciones; 

RECONOCIENDO las labores ya realizadas para fortalecer los lazos bilaterales entre los 

Participantes, incluyendo los memorandos de entendimiento, así como la cooperación de larga data 

en foros multilaterales como el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección 

al Consumidor (FIAGC) y la Red Internacional de Protección del Consumidor y Aplicación de la 

Ley (ICPEN, por sus siglas en inglés); y 

RECONOCIENDO el creciente y notable comercio y turismo entre los países de los Participantes; 
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HAN LOGRADO LOS SIGUIENTES ENTENDIMIENTOS: 

PRIMERA PARTE: DEFINICIONES, OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA ASISTENCIA 

I. Definiciones

Para los fines del presente Memorando de entendimiento (“el Memorando”), 

A. “Las Leyes Aplicables para la Protección del Consumidor” son las leyes y los 

reglamentos vigentes aplicados por los Participantes, identificados en el Anexo 1, así como toda 

otra normativa que los Participantes puedan identificar de vez en cuando por escrito como una Ley 

Aplicable para la Protección del Consumidor según los fines del presente Memorando. 

B. “Infracción Cubierta” significa las prácticas o conductas que podrían infringir las 

leyes aplicables para la protección del consumidor de un país participante y que implican prácticas 

o conductas comerciales fraudulentas o engañosas o que, de otro modo, son iguales o 

sustancialmente similares a las prácticas o conductas prohibidas por cualquier disposición de las 

leyes aplicables para la protección del consumidor para los otros Participantes involucrados en la 

cooperación en un cierto caso o investigación. 

C. “Persona” significa toda persona natural o jurídica constituida bajo el amparo o con 

la autorización de las leyes de cualquiera de los Participantes. 

D. “Solicitud” significa una solicitud de asistencia con arreglo al presente 

Memorando. 

E. “Participante Requerido” significa el Participante al que se le solicita asistencia con 

arreglo al presente Memorando, o que ha suministrado dicha asistencia. 

F. “Participante Requirente” significa el Participante que busca o recibe asistencia con 

arreglo al presente Memorando. 

II. Objetivos y alcance de la asistencia 

A. El presente Memorando tiene por objeto establecer un marco para la cooperación, 

asistencia mutua y el intercambio de información en los términos que en él se señalan, con el fin 

de contribuir y facilitar a los Participantes el ejercicio de sus roles, en sus respectivos países, en la 

protección de los derechos de los consumidores. Se entiende que el cumplimiento de las 

disposiciones de este Memorando será consistente con las leyes, regulaciones y convenios vigentes 

para los Participantes y dentro de la disponibilidad de recursos de los Participantes y no será 

contrario al interés público del país del Participante Requerido. Los Participantes no tienen la 

intención de que ninguna disposición del presente Memorando: 
3 

1. Genere obligaciones legales internacionales vinculantes, o modifique o 

reemplace leyes, regulaciones o normas vigentes o aplicables en los países de los 

Participantes. Este Memorando no crea ningún derecho exigible por terceros, ni afecta a 

ninguna disposición establecida en otros Memorandos suscritos por los participantes de 

manera bilateral o multilateral, y se entiende que cualquier acción efectuada en virtud de 

este Memorando no contraviene la legislación aplicable del país del Participante 

efectuando tal acción; 

2. Impida que un Participante pueda solicitar o proveer asistencia de otro 

Participante conforme a otros tratados, convenios o acuerdos; o 

3. Afecte la capacidad de un Participante de procurar información con un 

fundamento legal de una persona ubicada en el país de otro Participante, o impidan que 

una persona brinde a un Participante de forma voluntaria cualquier información obtenida 

de manera legal. 

B. Los Participantes entienden que redunda en un interés común por: 

1. Cooperar con respecto al cumplimiento de las Leyes Aplicables para la 

Protección del Consumidor, mediante la asistencia para la investigación y/o el intercambio 

de información pertinente; 

2. Facilitar el intercambio mutuo de conocimientos y de pericia mediante 

programas de capacitación e intercambios de personal; 

3. Facilitar la investigación y la educación en materia de protección del 

consumidor; 

4. Propiciar un mejor entendimiento de cada Participante de las condiciones y 

las teorías económicas y legales pertinentes para el cumplimiento de las Leyes Aplicables 

para la Protección del Consumidor; 

5. Informarse mutuamente de los acontecimientos en sus respectivos países en 

relación con el presente Memorando; y 

6. Participar periódicamente en actividades dirigidas a conversar sobre 

colaboración en curso y oportunidades para colaboración en el futuro. 

SEGUNDA PARTE: COOPERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

III. Intercambio de información y Solicitudes de Asistencia 

A. Con apego a la sección IV (“Limitaciones a la Asistencia y Solución de 

Controversias”), los Participantes tienen la intención de: 

1. intercambiar información, incluidas las reclamaciones que presenten los 

consumidores, dentro de los límites que establece la legislación de cada uno de los 
4 

Participantes, sin perjuicio de que un participante pueda limitar el intercambio de 

reclamaciones de los consumidores a aquellas en las que los consumidores hayan dado su 

consentimiento expreso, conforme con la legislación del Participante relevante; 

2. asistir en la investigación de los casos pertinentes para otros Participantes, 

incluso mediante la obtención de información y materiales según proceda, de acuerdo a sus 

respectivos recursos presupuestales y humanos, y de conformidad con su respectiva 

normativa nacional; 

3. coordinar acciones de cumplimiento de la ley contra las Infracciones 

Cubiertas transfronterizas que son prioritarias para ambos Participantes; 

4. suministrar, conforme a las legislaciones correspondientes a cada 

Participante, otra asistencia pertinente en el cumplimiento normativo contra las 

Infracciones Cubiertas en materia de consumo; y 

5. participar como miembro del proyecto internacional www.econsumer.gov, 

y explorar el uso de sus datos de quejas. 

B. A fin de facilitar dicha cooperación, cada Participante indica de aquí en adelante un 

contacto principal para las Solicitudes de asistencia y otras comunicaciones con apego al 

Memorando. Se identifican los contactos iniciales en el Anexo 2. Dicho anexo puede ser 

modificado mediante aviso escrito por parte de cualquiera de los Participantes a los demás.

 C. Los Participantes entienden que: 

1. se espera que los Participantes Requirentes suministren información 

suficiente para permitir al Participante Requerido determinar si la solicitud se relaciona con 

una Infracción Cubierta y tomar medidas en las circunstancias pertinentes, usando como 

modelo el formulario en el Anexo 3. Dicha información puede incluir una descripción de 

los hechos subyacentes a la solicitud y el tipo de asistencia requerida, así como una 

indicación de toda precaución especial que debería tomarse en el curso de satisfacer la 

solicitud, conforme se describe en el Anexo 3; 

2. se espera que los Participantes Requirentes especifiquen los propósitos con 

los que se usará la información solicitada; 

3. se espera que los Participantes Requirentes, de manera congruente con la 

Tercera Parte (“Confidencialidad”), dejen constancia que mantendrán la confidencialidad 

de toda Solicitud de asistencia, la existencia de toda investigación en relación con la 

solicitud, todo el material pertinente de cada Solicitud y toda la información y el material 

suministrado en respuesta a cada Solicitud, a menos que los Participantes en cuestión 

establezcan lo contrario, y en la medida de lo posible y de acuerdo a la legislación vigente 

de los participantes; y 

4. previo a solicitar asistencia, los Participantes Requirentes tienen la 

intención de realizar una consulta preliminar para asegurar que la solicitud sea congruente 
5 

con el alcance del presente Memorando y no imponga una carga excesiva en el Participante 

Requerido. 

IV. Limitaciones a la asistencia y solución de controversias 

A. El Participante Requerido puede ejercer discrecionalmente su rechazo a la Solicitud 

de Asistencia, limitar o condicionar su cooperación, incluso cuando exceda el alcance del presente 

Memorando o, en términos más generales, cuando sea incongruente con la legislación, o intereses 

o prioridades nacionales importantes. Se espera que tal rechazo, limitación o condicionamiento 

de la cooperación estará bien fundado. 

 B. Los Participantes reconocen la inviabilidad de que un Participante ofrezca 

asistencia a los demás Participantes para todas las Infracciones Cubiertas. Por tanto, los 

Participantes tienen la intención de buscar y suministrar cooperación centrada en esas Infracciones 

Cubiertas de naturaleza más grave, como las que provocan o probablemente provocarán daños a 

un número considerable de Personas y las que, de otra manera, provoquen daños sustanciales o 

irreversibles. 

C. Un Participante Requirente puede pedir las razones por las que un Participante 

Requerido rehusó prestar asistencia o la limitó. 

D. Los Participantes tienen la intención resolver en buena fe toda controversia en torno 

a la cooperación que pueda surgir con arreglo al presente Memorando. 

V. Costos 

A. A menos que los Participantes acuerden lo contrario por escrito y antes de que se incurra 

en cualquier costo, cada Participante Requerido se hará cargo de los costos que se incurran 

en la provisión de información o asistencia al Participante Requirente. Los Participantes 

convienen en precisar que este Memorando establece un marco para la cooperación, 

asistencia mutua y el intercambio de información en los términos que en él se señalan; el 

mismo no supone ni implica necesariamente la transferencia de recursos económicos ni el 

pago de contraprestación alguna entre los Participantes. 

B. Cada Participante Requerido reconoce que su determinación de hacerse cargo de los costos 

ocasionados por responder a la Solicitud de otro Participante, o de solicitar el reembolso 

del Participante Solicitante como condición para cumplir con la Solicitud, es una decisión 

gerencial del Participante Requerido y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria de ese 

Participante, y a las leyes y reglamentos que se aplican a los pertinentes asuntos 

presupuestarios y financieros de ese Participante. 

TERCERA PARTE: CONFIDENCIALIDAD 

VI. Afirmación de confidencialidad 
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A. Los Participantes reconocen que la información que se intercambia con arreglo a la 

Segunda Parte se espera se mantenga de manera confidencial a menos que ambos Participantes 

relacionados con el intercambio determinen otro tratamiento. 

B. Por lo tanto, en la medida de lo posible, y de manera congruente con la legislación 

vigente de los Participantes, se espera que cada Participante afirme el trato confidencial de la 

información que se intercambiará con arreglo a la Segunda Parte y sólo se utilice con finalidades 

oficiales para el cumplimiento normativo, usando el Anexo 3 (“Formulario Estándar de Solicitud 

y Afirmación sobre Confidencialidad”). La afirmación de confidencialidad se aplica no sólo a la 

información intercambiada sino también a la existencia de una investigación con la que guarda 

relación la información y cualquier Solicitud de asistencia. Los Participantes tienen la intención 

de tratar con carácter confidencial la información compartida, la existencia de la investigación a 

la que se relaciona la información y toda solicitud extendida de conformidad con el presente 

Memorando además de no divulgar ni usar esta información para otros fines ajenos a los fines por 

los que se compartió originalmente, sin el consentimiento previo por escrito de un Participante 

Requerido. 

C. Se espera que cada Participante proteja la seguridad de toda información recibida 

con arreglo al presente Memorando y respete toda salvaguardia decidida por los Participantes 

relacionados con la solicitud. En caso que se descubra cualquier acceso no autorizado de la 

información o divulgación a terceros no autorizada, los Participantes tienen la intención de tomar 

todas las medidas razonables para evitar una repetición de la instancia y notificar de inmediato a 

los otros Participantes afectados sobre el acontecimiento. 

D. Los Participantes reconocen que la información y el material intercambiados en 

relación con las investigaciones y en la aplicación normativa suelen contener información de 

identificación personal. En caso de que el Participante Requirente desee obtener información 

confidencial con arreglo a la Segunda Parte que incluya información de identificación personal, 

los Participantes entienden que se espera tomar adecuadas medidas adicionales para transmitir de 

manera segura la información y resguardar el material que contenga información de identificación 

personal. Las medidas adecuadas comprenden, entre otras, los ejemplos a continuación y sus 

equivalentes razonables, que se pueden usar por separado o en combinación conforme corresponda 

a las circunstancias particulares: 

1. transmitir el material en formato encriptado; 

2. transmitir el material directamente por un servicio de correo privado con 

posibilidad de rastreo del paquete; 

3. conservar la información en lugares seguros con acceso limitado (por 

ejemplo, archivos protegidos por contraseña para información electrónica y 

almacenamiento bajo llave para información impresa), por el tiempo que para tal efecto 

señale la legislación y normatividad del Participante relevante; y 

4. si se utiliza en un procedimiento que pueda llevar a la divulgación pública, 

se expurgará la información personal o se presentará bajo sello. 
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VII. Divulgación de información mantenida de manera confidencial 

A. Independientemente, sin perjuicio de lo señalado, los Participantes reconocen 

expresamente que un Participante puede divulgar información suministrada de acuerdo con el 

presente Memorando en respuesta a una solicitud formal de sus órganos legislativos o una orden 

expedida por un tribunal competente, en una acción iniciada por el Participante o su gobierno o en 

cumplimiento de alguna norma legal del Participante que ordene la entrega de la información a 

terceros; y 

B. Se espera que los Participantes se opondrán, dentro del ámbito que le entregan sus 

leyes y reglamentos nacionales vigentes, a toda solicitud de un tercero para la divulgación de 

información mantenida de manera confidencial recibida de un Participante Requerido, a menos 

que el Participante Requerido conceda el consentimiento para dicha divulgación. Se espera que el 

Participante que recibe dicha solicitud notifique de inmediato al Participante Requerido que le 

suministró la información confidencial. 

VIII. Retención de materiales 

A. Los Participantes entienden que se espera no retener los materiales intercambiados 

bajo el presente Memorando por más tiempo de lo razonablemente necesario para realizar la 

finalidad con la que se proporcionó la información, o cualquier retención de documentos obligada 

por la ley nacional del Participante Requirente, cualquiera de las duraciones que sea más larga. 

B. Los Participantes reconocen que para cumplir el propósito con el cual se 

compartieron los materiales, los Participantes generalmente necesitan conservar los materiales 

compartidos hasta finalizada la investigación pertinente o el procedimiento conexo que motivó su 

solicitud. 

C. Se espera que los Participantes devolverán toda la información que ya no les sea 

necesaria, si al momento en que se comparte, el Participante Requerido extiende por escrito una 

solicitud para la devolución de dicha información. De no existir una solicitud para la devolución, 

el Participante Requirente podrá deshacerse de la información de conformidad con los métodos 

establecidos por el Participante Requerido, o en caso de no haberse establecido método alguno, a 

través de otros métodos seguros, en cuanto deje de necesitar la información y los materiales. 

IX. Consultas con otras entidades del gobierno 

 

A. Con arreglo a las secciones IV y VI, los Participantes tienen la intención de coordinar con 

otras autoridades penales y civiles nacionales en sus jurisdicciones respectivas para propiciar los 

objetivos del presente Memorando, incluso la cooperación en torno al intercambio de información 

y la cooperación en el cumplimiento normativo, en la medida en que dicha coordinación esté 

justificada por los hechos particulares de un caso dado. 

B. Los Participantes reconocen que la coordinación con las entidades de las 

autoridades gubernamentales enumeradas en el Anexo 4 pueden ser justificadas en relación con 

investigaciones por sospechas de prácticas o conductas comerciales fraudulentas y engañosas para 

los consumidores o conductas que victimicen a los consumidores. Por lo tanto, en los casos 
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apropiados, los Participantes Requeridos tienen la intención de proveer en los casos apropiados al 

Participante Requirente asistencia para contactar, obtener información de y remitir casos a las otras 

autoridades ubicadas en el país del Participante Requerido. 

C. En la medida en que cualquier autoridad gubernamental enumerada en el Anexo 4 

ejerza el control para el intercambio de información confidencial, los Participantes tienen la 

intención de facilitar en los casos apropiados su asistencia en la investigación. 

D. Los Participantes tienen la intención de coordinar dicha consulta mediante de los 

puntos de contacto designados en el Anexo 2. 

CUARTA PARTE: COOPERACIÓN TÉCNICA 

X. Iniciativas de fomento de capacidades 

A. Los Participantes tienen la intención de colaborar para fomentar las capacidades de 

su personal a fin de investigar y aplicar las leyes de protección al consumidor. Dicha colaboración 

comprende lo siguiente: 

1. intercambios de personal y programas conjuntos de capacitación; 

2. teleconferencias o seminarios en la web periódicos para intercambiar 

información sobre acontecimientos jurídicos, acciones y técnicas para el cumplimiento 

normativo, así como para discutir las oportunidades de cooperación en curso y en el futuro; 

y 

3. el intercambio de información que se encuentre dentro de la materia del 

presente Memorando. 

XI. Materiales para la educación 

A. Los Participantes tienen la intención de colaborar en la elaboración y la difusión de 

material informativo para los consumidores y las empresas, en especial con 

respecto a las Infracciones Cubiertas de naturaleza transnacional. 

 

B. En la medida en que sea viable y cuando corresponda, los Participantes tienen la 

intención de asistir en la difusión de los materiales informativos pertinentes para el 

consumidor y las empresas ya sea en formato impreso o digital dentro de su 

jurisdicción. 

QUINTA PARTE: BUENA FE Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

XII. Buena Fe 

A. En llevar a cabo los términos del presente Memorando, los Participantes tienen la intención 

de conducirse con honestidad, probidad, veracidad e integridad y abstenerse de realizar, 

directa o indirectamente, a través de sus funcionarios, servidores públicos, apoderados, 
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representantes legales y personas vinculadas, cualquier práctica o acción que no se ajuste 

o no esté contemplada en su marco normativo o que pueda poner en tela de juicio su calidad 

profesional y/o moral, ante cualquier autoridad pública o privada, medios de comunicación 

o cualquier tercero. 

B. Los Participantes declaran que, durante el proceso de negociación y formalización del 

presente Memorando, no se ha generado ningún evento, situación o hecho que involucre 

algún indicio de corrupción que pueda incidir en los compromisos asumidos a la 

suscripción del presente Memorando. 

XIII. Derechos de propiedad intelectual 

Los participantes tienen la intención de respetar inalienablemente lo relativo a los derechos de 

propiedad intelectual de los materiales y productos que se otorguen u obtengan como resultado de 

la actividad conjunta de los Participantes y los que se derive de las acciones realizadas en el marco 

del presente Memorando. 

De la misma forma, los Participantes tienen la intención de no utilizar los signos distintivos y/o 

representación gráfica de la marca (logotipo, isotipo y/o imagotipo) del otro Participante, para 

fines no contemplados en el objeto del presente Memorando, salvo que cuente con el 

consentimiento por escrito del otro Participante. Asimismo, para el uso de estos elementos los 

Participantes tienen la intención de coordinar previamente, a fin de que dicho uso se efectúe 

conforme a los lineamientos internos de cada Participante. 

SEXTA PARTE: DURACIÓN Y EFECTOS 

XIV. Duración de la cooperación 

A. Los Participantes tienen la intención de que la cooperación conforme al presente 

Memorando inicie a partir de la fecha de firma de todos los Participantes y continúe de acuerdo 

con las disposiciones del presente Memorando, sin perjuicio de las obligaciones que la regulación 

administrativa doméstica de cada país pueda imponer para la validez definitiva del presente 

Memorando. El presente Memorando podrá ser modificado por mutuo consentimiento de los 

Participantes, mediante la suscripción de una Adenda, la cual formará parte del presente 

Memorando y entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 

B. La asistencia, de conformidad con el presente Memorando, se entiende que estará 

disponible en relación con las Infracciones Cubiertas que ocurran antes, así como después de que 

el Memorando opere. 

C. Cualquiera de los Participantes podrá dar por terminada su participación en el 

presente Memorando en cualquier momento por diferente motivo. De ser así, el Memorando se 

dará por terminado para el Participante que lo solicite, surtiendo los efectos correspondientes a 

partir de los treinta días naturales siguientes al momento en que sea notificado el último 

Participante, y seguirá vigente para los demás Participantes que no hayan manifestado dar por 
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terminada su participación. Asimismo, el Memorando continúa siendo vigente para todas las 

Solicitudes de asistencia que puedan ser atendidas antes de la fecha efectiva de tal terminación. 

 

D. Tras la renuncia de un Participante del presente Memorando, se espera que el 

Participante mantenga la confidencialidad de toda información que recibiera de los demás 

Participantes conforme a las disposiciones del presente Memorando, y devuelvan o destruyan la 

información obtenida de los otros Participantes conforme al presente Memorando, sin perjuicio de 

la obligación de cada uno de los Participantes de dar cumplimiento a su respectiva normativa legal 

y/o administrativa sobre la materia. 

XV. Participación de Otras Autoridades de Protección al Consumidor 

Otras autoridades de protección al consumidor tienen la posibilidad de llegar a ser Participantes 

del Memorando con el consentimiento mutuo de los Participantes originales. 
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FIRMAS 

Este Memorando es firmado en los idiomas inglés y español, siendo ambos textos idénticos en su 

significado. 

 





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ANEXO 1 

Leyes aplicables para la protección del consumidor y la base jurídica que otorga la autoridad de 

mantener información de manera confidencial: 

Para Chile 

1. El Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°19.496, que Establece 

Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. 

2. Ley N°19.628, sobre Protección de Datos Personales. 

Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos 

públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o 

hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos 

y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado 

sus actividades en ese campo. 

Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido 

recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. 

Artículo 20.- El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá 

efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En 

esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular. 

Artículo 21.- Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a 

condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos 

una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena. 

Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros 

organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de 

ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5o, 

7°, 11 y 18. 

3. Ley N°21.234 que Limita la Responsabilidad de los Titulares o Usuarios de Tarjetas de Pago y 

Transacciones Electrónicas en caso de Extravío. 

4. Ley N°21.236 que Regula la Portabilidad Financiera. 

5. Ley N°18.010 que Establece Normas sobre Operaciones de Crédito y Otras Obligaciones de 

Dinero que Indica. 

Se deja testimonio de que esta enumeración de regulación no es excluyente, sino que hace 

referencias a la normativa principal y no total sobre la materia. 

Para Colombia 
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1. Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) junto con sus decretos y leyes auxiliares (Decreto 

1413 de 2018, Decreto 587 de 2016, Decreto 679 de 2016, Decreto 1368 de 2014, Decreto 1499 

de 2014, Decreto 1369 de 2014, Decreto 975 de 2014, Decreto 735 de 2013, Decreto 0704 de 

2012, Decreto 2184 de 2012 y Ley 1935 de 2018). 

2. Título II "Protección al Consumidor" de la Circular Única de la SIC 

3. Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 

4. Ley 1335 de 2013- Control del Tabaco en Colombia

5. Normas de turismo: Ley 300 de 1996, que, a su vez, ha sido modificada por las leyes 1101 de 

2006, 1429 de 2010, 1450 de 2011,1558 de 2012, y 2068 de 2020, así como por el Decreto 2106 

de 2019. Adicionalmente, existen otras disposiciones concordantes y/o complementarias que 

integran el régimen como la Ley 679 de 2001, la Ley 1336 de 2009, el Decreto 1074 de 2015 y la 

Ley 1480 de 2011 que resulta aplicable de manera suplementaria en lo no regulado en el régimen 

especial. 

6. Normas de espectáculos públicos: Las normas de espectáculos públicos están contenidas 

principalmente en el Decreto 1080 de 2015 que es el Decreto Único Reglamentario de dicho sector, 

el Decreto 537 del 30 de marzo de 2017 que modifica el decreto citado y la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

7. Normas en materia de comunicaciones: Las normas en materia de comunicaciones están 

contenidas principalmente en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, la Ley 

1369 de 2009 y la Resolución CRC 5050 de 2016. 

8. Sector financiero: Ley de Protección al Consumidor Financiero – Ley 1328 de 2009, 

reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2373 de 2010. 

9. Sector salud: Ley 1122 de 2007, en donde se crea la figura de “Defensor del Usuario en salud”. 

Para México 

1.. Ley Federal de Protección al Consumidor 

Artículo 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores de manera 

individual o grupal con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, 

telefónica, electrónica o por cualquier otro medio cumpliendo con los siguientes requisitos: 

I. Señalar nombre y domicilio del reclamante; 

II. Descripción del bien o servicio que se reclama y relación sucinta de los hechos; 

III. Señalar nombre y domicilio del proveedor que se contenga en el comprobante o recibo 

que ampare la operación materia de la reclamación o, en su defecto, el que proporcione 

el reclamante; 

IV. Señalar el lugar o forma en que solicita se desahogue su reclamación; 
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V. Para la atención y procedencia de quejas o reclamaciones grupales, se deberá acreditar, 

además, que existe identidad de causa, acción, pretensiones y proveedor; la 

personalidad del o los representantes del grupo de quejosos; que la representación y 

gestión se realiza de manera gratuita, y que no están vinculadas con actividades de 

proselitismo político o electoral, y 

VI. Las asociaciones u organizaciones de consumidores que presenten reclamaciones 

grupales deberán acreditar, además: 

a) Su legal constitución y la personalidad de los representantes; 

b) Que su objeto social sea el de la promoción y defensa de los intereses y derechos 

de los consumidores; 

c) Que tienen como mínimo un año de haberse constituido; 

d) Que los consumidores que participan en la queja grupal expresaron su voluntad 

para formar parte de la misma; 

e) Que no tienen conflicto de intereses respecto de la queja que se pretenda presentar, 

expresándolo en un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, se haga constar 

dicha circunstancia; 

f) Que la representación y gestión se realiza de manera gratuita, y 

g) Que no participan de manera institucional en actividades de proselitismo político o 

electoral. 

Las reclamaciones de las personas físicas o morales a que se refiere la fracción primera del artículo 

2 de esta ley, que adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con objeto de 

integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios 

a terceros, serán procedentes siempre que el monto de la operación motivo de la reclamación no 

exceda de $580,684.19. 

La Procuraduría podrá solicitar a las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito 

Federal, que le proporcionen los datos necesarios para identificar y localizar al proveedor. Las 

autoridades antes señaladas deberán contestar la solicitud dentro de los quince días siguientes a la 

fecha de su presentación 

2. Ley Federal de Protección al Consumidor 

Procedimientos por infracciones a la ley 

Artículo 123.- Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para la imposición de 

las sanciones a que se refiere la misma, la Procuraduría notificará al presunto infractor de los 

hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de diez días hábiles para que rinda 

pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, la 

Procuraduría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. 

Cuando la Procuraduría detecte violaciones a normas oficiales mexicanas e inicie el procedimiento 

a que se refiere este precepto en contra de un proveedor por la comercialización de bienes o 

productos que no cumplan con dichas normas, notificará también al fabricante, productor o 

importador de tales bienes o productos el inicio del procedimiento previsto en este artículo. La 
20 

Procuraduría determinará las sanciones que procedan una vez concluidos los procedimientos en 

cuestión. 

La Procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo 

podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás pruebas que estime necesarias. 

Concluido el desahogo de las pruebas, la Procuraduría notificará al presunto infractor para que 

presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes. La Procuraduría resolverá dentro 

de los quince días hábiles siguientes. 

Artículo 124.- La Procuraduría podrá solicitar al reclamante en los procedimientos conciliatorio o 

arbitral o, en su caso, al denunciante, aporten pruebas a fin de acreditar la existencia de violaciones 

a la ley. 

Artículo 124 BIS.- Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la ley a que se refiere 

el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

3. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las 

Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 

con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u 

otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de 

derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 

monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 

instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 

financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al 

país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos 

obligados del sector público federal; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 

las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 

del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
21 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 

tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 

delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así 

como las previstas en tratados internacionales. 

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

II. Por ley tenga el carácter de pública; 

III. Exista una orden judicial; 

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos 

de terceros, se requiera su publicación, o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 

en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 

utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del 

presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se 

deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de 

interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 

divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

4. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser 

clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y 

seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los 

términos que estas leyes señalan. 

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 

recibir información. 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además de lo 

establecido en el Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la 

información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. Los sujetos 
22 

obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso 

a la información previstas en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las 

excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con 

lo establecido en la Ley General. 

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen 

documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una 

solicitud de acceso a la información. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, 

mediante la aplicación de la prueba de daño. 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 

reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 

con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por 

otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones 

graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el 

derecho internacional; 

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en 

materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo 

la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 

sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la 

provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones 

financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 

del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 

tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

X. Afecte los derechos del debido proceso; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 

delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta 

Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
23 

Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 

requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 

I.La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

II. Por ley tenga el carácter de pública; 

III. Exista una orden judicial; 

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de 

terceros, se requiera su publicación, o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 

en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 

utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 

público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 

un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 

divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

2. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 65. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra 

sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 

de esta Ley. 

Artículo 66. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 

contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad 

con la normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del 

tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por 

las partes. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 

I. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del 

cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente 

conferidas a éstos, o 

II. Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado 

suscrito y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autoridad extranjera 

u organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las 

facultades entre el responsable transferente y receptor sean homólogas, o bien, las 

finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto de 

aquéllas que dieron origen al tratamiento del responsable transferente. 

Artículo 67. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos personales deberá tratar 

los datos personales, comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizará 

para los fines que fueron transferidos atendiendo a lo convenido en el aviso de privacidad que le 

será comunicado por el responsable transferente. 
24 

Artículo 68. El responsable sólo podrá transferir o hacer remisión de datos personales fuera del 

territorio nacional cuando el tercero receptor o el encargado se obligue a proteger los datos 

personales conforme a los principios y deberes que establece la presente Ley y las disposiciones 

que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 69. En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al receptor 

de los datos personales el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente 

al titular. 

Artículo 70. El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de 

requerir el consentimiento del titular, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por México; 

II. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos 

personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas 

con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales; 

III. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de 

los delitos, así como la procuración o administración de justicia; 

IV. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 

derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta 

última; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la 

prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios 

sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados; 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una 

relación jurídica entre el responsable y el titular; 

VII. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar 

en interés del titular, por el responsable y un tercero; 

VIII. Cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el 

consentimiento del titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley, o 

IX. Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional. 

La actualización de algunas de las excepciones previstas en este artículo, no exime al 

responsable de cumplir con las obligaciones previstas en el presente Capítulo que resulten 

aplicables. 

Artículo 71. Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales que se realicen entre 

responsable y encargado no requerirán ser informadas al titular, ni contar con su consentimiento. 

Para Perú: 

Normativa General 
25 

1 Ley 29571.- Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

2. Ley 28587.- Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios 

financieros. 

3. Decreto Supremo 011-2011-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro de 

Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

4. Directiva 001-2008-TRI-INDECOPI.- Directiva sobre confidencialidad de la información en 

los Procedimientos seguidos por los Órganos Funcionales del Indecopi. 

5. Decreto Supremo 050-2016-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que establece 

el procedimiento de comunicación de advertencias y alertas de los riesgos no previstos de 

productos o servicios colocados en el mercado que afecten la salud y/o seguridad de los 

consumidores. 

6. Decreto Supremo 004-2019-JUS.- Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

7. Decreto Supremo 103-2019-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema 

de Arbitraje de Consumo. 

8. Decreto Supremo 185-2019-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que promueve 

y regula la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de 

protección al consumidor y publicidad comercial. 

9. Decreto Supremo 032-2021-PCM.- Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología 

y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del Indecopi 

respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia. 

10. Directiva 001-2021-COD-INDECOPI.- Directiva Única que regula los Procedimientos de 

Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

Se deja constancia que esta enumeración de regulación no es excluyente, sino que hace referencias 

a la normativa principal y no total sobre la materia. 

Para los Estados Unidos de América: 

1. La Ley de la Comisión Federal de Comercio, título 15, párrafos 41 al 58 del Código de los 

EE.UU., la Ley sobre telemarketing y la prevención del fraude y el abuso del consumidor, título 

15, párrafos 6101 al 6108 del Código de los EE.UU., la Ley CAN-SPAM de 2003, título 15, 

párrafos 7701 al 7713 del Código de los EE.UU., y otras leyes para la protección del consumidor 

así como la reglamentación promulgada conforme a dichas leyes, excepto las disposiciones que 

comprenden las leyes federales antimonopolio (conforme se define en la sección 12(5) de la Ley 

de asistencia internacional antimonopolio de 1994 (título 15, párrafo 6211(5) del Código de los 

EE.UU.). 

2. La FTC protege la confidencialidad de la información confidencial y privada recibida de 

empresas o consumidores ubicados en el país o en el extranjero, o de autoridades extranjeras, según 

las disposiciones aplicables de las leyes estadounidenses. Por lo general, la FTC normalmente no 

divulga información de agencias no públicas. La información no pública de la agencia puede 

incluir información proporcionada a la agencia, información sobre las investigaciones y acciones 

de la Comisión, e información sobre las deliberaciones internas de la agencia. La divulgación no 

autorizada de información privada proporcionada a la Comisión está sujeta a enjuiciamiento penal 

y punible con multas o encarcelamiento en virtud de la Ley de la FTC, 15 U.S.C. § 50. 
26 

En determinadas circunstancias, la divulgación no autorizada de información de una agencia 

privada está sujeta a sanción penal en virtud de la Ley de Secretos Comerciales, 18 U.S.C. § 1905, 

Ley de Hurto, 18 U.S.C. § 641, y Regla 10b-5 de la SEC. Además, la divulgación de materiales 

presentados a la Comisión está restringida por las siguientes disposiciones de la Ley de la FTC: 

Las Secciones 21 (b) y 21 (f) de la Ley de la FTC, junto con la Regla 4.10 (d) de la 

Comisión, limitan divulgación de información en una investigación policial si la información fue 

presentada de conformidad con el proceso obligatorio o si se presentó voluntariamente en lugar de 

tal proceso de conformidad con una solicitud y designado confidencial. 

La Sección 6 (f) de la Ley de la FTC limita la divulgación de secretos comerciales e 

información comercial o financiera que sean confidenciales o privilegiados. 

La Sección 21 (c) de la Ley de la FTC requiere un aviso previo a la divulgación al remitente 

cuando la Comisión tiene la intención de revelar documentos designados como “confidenciales” 

por un remitente si la Comisión o su designado determina que dichos documentos no son de hecho 

confidenciales. 

Sin embargo, la Ley de la FTC permite la divulgación de información protegida por las Secciones 

6 (f), 21 (b) y 21 (f) a las autoridades extranjeras encargadas de aplicar la ley en circunstancias 

específicas.1

Otras leyes federales también requieren que la FTC trate tipos específicos de información como 

confidenciales, sin prejuicio a la forma en que se obtiene la información. Por ejemplo, la ley de los 

EE. UU. impone obligaciones de confidencialidad con respecto a ciertas clases de información, 

incluida la información de identificación personal, mantenida por agencias federales. Ver, por 

ejemplo, 5 U.S.C. § 552a (Ley de privacidad de 1974). Hay ciertas circunstancias discretas en las 

que la FTC puede revelar la información confidencial de una persona para un uso específico. Por 

ejemplo, la Ley de la FTC no prohíbe que la agencia utilice la información confidencial de una 

persona en procedimientos judiciales y administrativos. Sin embargo, las Reglas Federales de 

Procedimiento Civil y las Reglas de Práctica de la FTC incluyen procedimientos para proteger la 

información confidencial utilizada en procedimientos judiciales o procedimientos administrativos 

de la FTC. Por ejemplo, la persona que proporciona la información puede solicitar una orden de 

protección para evitar que la información confidencial se haga pública o se utilice fuera del 

procedimiento judicial. Ver Fed. R. Civ. Pág. 26 (c); 16 C.F.R. § 3.31 (d) (que requiere que el juez 

de derecho administrativo en el procedimiento de la FTC emita una orden de protección 

específica). Además, la Ley de la FTC no prohíbe que la agencia cumpla con las solicitudes de 

información del Congreso. Sin embargo, en el caso de tal solicitud, la agencia debe notificar al 

remitente de la información y la agencia puede solicitar el tratamiento confidencial de cualquier 

información que pueda ser compartida. 

La FTC también está sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA), 5 U.S.C. § 552, que 

requiere que la agencia brinde acceso al público a ciertos registros gubernamentales existentes. La 

ley reconoce, sin embargo, que la divulgación de cierta información podría ser perjudicial. Por 

1

 Dicha divulgación está permitida a discreción de la agencia, por ejemplo, cuando la autoridad de aplicación de la 

ley extranjera solicita información con el fin de investigar o participar en procedimientos de aplicación de la ley 

relacionados con posibles violaciones de leyes extranjeras que prohíben prácticas fraudulentas o engañosas u otras 

prácticas sustancialmente similares a las prácticas prohibidas por cualquier ley administrada por la Comisión. Entre 

otros requisitos, la agencia de aplicación de la ley extranjera debe certificar que utilizará dicha información solo para 

fines oficiales de aplicación de la ley y establecer una base legal de buena fe para su autoridad para mantener la 

información en forma confidencial. 
27 

tanto, se reconocen excepciones y se excluyen algunos registros, o partes de registros, de la 

divulgación, incluidas ciertas leyes registros de ejecución (por ejemplo, ciertos archivos de 

investigación), incluidos los de agencias extranjeras. Adicionalmente, en virtud de la Sección 21 

(f) de la Ley de la FTC, modificada por la Ley SAFE WEB, permite que no se divulgue: 

(i) cualquier material obtenido de una agencia de aplicación de la ley extranjera u otra 

agencia de gobierno extranjero, si la agencia de aplicación de la ley extranjera u otra agencia de 

gobierno extranjero ha solicitado tratamiento confidencial, o ha impedido dicha divulgación bajo 

otras limitaciones de uso, como condición para proporcionar el material; 

(ii) cualquier material que refleje una queja de un consumidor obtenido de cualquier otra 

fuente extranjera, si esa fuente extranjera que suministra el material ha solicitado tratamiento 

confidencial como condición para proporcionar el material; o 

(iii) cualquier material que refleje una denuncia de un consumidor presentado a un 

mecanismo de informes de la Comisión patrocinado en parte por agencias de aplicación de la ley 

extranjeras u otras agencias gubernamentales extranjeras. 
28 

ANEXO 2 

Principales puntos de contacto inicialmente designados para Solicitudes de asistencia y otras 

comunicaciones con arreglo al presente Memorando 

Para el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de la República de Chile: 

Nombre: Andrés Herrera Troncoso 

Cargo: Director Nacional 

Teléfono: +56 44 2024613 

Correo: aherreratr@sernac.cl 

Dirección: Agustinas 1336, piso 7, Santiago, Región Metropolitana. 

Para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia: 

Nombre: Mateo Varela Martínez 

Cargo: Coordinador de Asuntos Internacionales 

Teléfono: + 57 1 587 00 00 ext. 10635 

Correo: mvarela@sic.gov.co 

Dirección: Carrera 13 No. 27 – 00, piso 10. 

Para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de los Estados Unidos Mexicanos: 

Nombre: Alma Laurence Contreras Garibay 

Cargo: Subprocuradora Jurídica 

Teléfono: +52 55 5625 6700 ext. 16780 

Correo: alcontrerasg@profeco.gob.mx 

Dirección: Av. José Vasconcelos 208 Col. Condesa, Cuauhtémoc 06140 Ciudad de México 

Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) de la República del Perú: 

Nombre: Yvette Sanguineti Campos 

Cargo: Coordinadora Legal de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 

Consumidor 

Teléfono: 991 861 170/ (+511) 224 7800 Anexo 3901 

Correo: ysanguineti@indecopi.gob.pe 

Dirección: Av. Del Aire 384, San Borja, Lima, Perú 

Para la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC): 

Nombre: Hugh Stevenson 

Cargo: Director Adjunto, Oficina de Asuntos Internacionales, 

 Federal Trade Commission 

Teléfono: 1.202.326.3511 

Correo: hstevenson@ftc.gov 

Dirección: 600 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20580 

 
29 

ANEXO 3 

Formulario Estándar de Solicitud y Afirmación sobre Confidencialidad 

El formulario estándar de solicitud incluye lo siguiente: 

(a) los nombres de los Participantes Requeridos y de los Requirentes; 

(b) el nombre, la ubicación y los detalles de contacto de la persona o personas bajo 

investigación, de estar disponibles; 

(c) una descripción general de la supuesta Infracción Cubierta que incluya, cuando 

corresponda, el nombre del producto o servicio y el medio de publicidad o ventas en cuestión; 

(d) el número y la ubicación de los consumidores que probablemente serán perjudicados y el 

daño económico calculado; 

(e) la(s) ley(es) de protección al consumidor que forma(n) implicadas por la Infracción; 

(f) una descripción de la asistencia solicitada; 

(g) la finalidad para la cual se usará la información solicitada; 

(h) una afirmación (ver formulario a continuación) de trato confidencial con respecto a toda la 

información intercambiada en relación con la Solicitud, y del fundamento jurídico para mantener 

la confidencialidad de una Solicitud, consistente con el Anexo 1; 

(i) una indicación de cualquier precaución especial que deberían tomarse en el curso de 

satisfacer la Solicitud; 

(j) una descripción de la investigación y las consultas emprendidas por el Participante 

Requirente; y 

(k) una descripción de la información y materiales que establecen una Infracción Cubierta, 

incluidos los testigos y los documentos que el Participante Requirente puede suministrar al 

Participante Requerido; y 

(l) una declaración si el Participante Requirente tiene la intención de compartir la información 

intercambiada en relación con esta Solicitud con otra entidad, y, si esa es la intención, el nombre 

de esa entidad y cualquier limitación o procedimiento para compartir esa información. 

 
30 

AFIRMACIÓN 

EL PARTICIPANTE REQUIRENTE: 

País: _________________________________________________ 

EL PARTICIPANTE REQUERIDO: 

País: _________________________________________________ 

 En virtud de la Sección VI del Memorando de Entendimiento Multilateral sobre la Cooperación en 

Materia de Cumplimiento Normativo entre las Autoridades de Protección al Consumidor de Chile, 

Colombia, México y Perú y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América 

(“Memorando”), por la presente, afirmo en representación del Participante Requirente que: 

1. Cualquier información o material recibido en atención a la presente Solicitud se usará sólo 

para fines oficiales de aplicación de la ley y se mantendrá de manera confidencial. 

 

2. El Participante Requirente no divulgará esta información o materiales (incluso a otra agencia de 

aplicación de la ley nacional o extranjera), excepto en conexión con un proceso judicial, administrativo o 

de otro proceso iniciado por el Participante Requirente y relacionado con esta Solicitud. 

3. Si el uso de la información en dicho procedimiento conllevaría a su divulgación pública, el 

Participante Requirente notificará por escrito al Participante Requerido sobre su intención de utilizar los 

materiales en el procedimiento y la oportunidad de intentar obtener un remedio adecuado. 

4. El Participante Requirente, en la medida en que lo permita la ley, notificará al Participante 

Requerido sobre los resultados de la investigación o el procedimiento de ejecución relacionado con la 

Solicitud. 

5. El Participante Requirente no retendrá documentos e información almacenada electrónicamente y 

cosas tangibles que se compartieron en virtud de este Memorándum por más tiempo de lo razonablemente 

necesario para efectuar el propósito por el cual se compartieron dichos materiales, o cualquier retención 

de documentos requerida por la ley, aplicándose el tiempo que sea más largo en el respectivo caso, y 

devolverá o eliminará los materiales que ya no sean necesarios dentro de un tiempo razonable después de 

que dichos materiales ya no sean necesarios. 

 La base legal del Participante Requirente para mantener confidencialmente el material solicitado se 

indica en el anexo 1 del Memorando. 

 

En representación del Participante Requirente: 

Firma: _______________________________________ Fecha: _________________ 

Nombre: 

Cargo: _______________________________________ 

Teléfono: _______________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________

Dirección: 

 
31 

ANEXO 4 

Consulta con otras entidades del gobierno 

Se reconoce que existe un interés particular en que, en los casos apropiados, se coordine con las 

entidades gubernamentales correspondientes para efectuar el objetivo del Memorando con la finalidad 

de mejorar la cooperación transfronteriza entre los organismos de protección del consumidor: 

Para Chile 

1.Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

2.Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 

Para Colombia 

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) 

2. Superintendencia Financiera 

3. Superintendencia de Transporte 

4. Superintendencia Nacional de Salud 

5. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

6. Comisión de Regulación de Comunicaciones 

Para México 

Secretaría de Economía (SE) 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT) 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 

Para Perú: 

1.Ministerio de Educación 

2.Ministerio de la Producción 

3.Ministerio de Salud 

4.Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

5.Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

6.Ministerio de Economía y Finanzas 

7.Gobiernos Regionales 

8. Gobiernos Locales 

9. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

10.Organismos Reguladores de Servicios Públicos 

11.Defensoría del Pueblo 

Para los Estados Unidos de América: 

1. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Protección al Consumidor 

2. Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos 

3. Consumer Financial Protection Bureau 
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4. Food and Drug Administration 

5. Federal Communications Commission