Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I 

EVELYN RODRÍGUEZ AVILÉS

Apelante

V.

PUEBLO INC., JON DOE, JANE 

DOE, ASEGURADORA ABC

Apelados

KLAN202300932

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce

Civil Núm.: 

PO2022CV03310

Sobre: 

Despido 

Injustificado 

(Procedimiento 

Sumario)

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, 

el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Marrero Guerrero

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

I.

El 19 de octubre de 2023, la señora Evelyn Rodríguez Avilés 

(señora Rodríguez Avilés o apelante) compareció ante esta Curia

mediante el recurso de epígrafe. Nos peticionó que revoquemos una 

Sentencia emitida el 3 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI).

1 En esta, el TPI declaró Ha 

Lugar la sentencia sumaria que solicitó Pueblo (Pueblo o parte 

apelada).2 En consecuencia, desestimó la Querella3 que radicó la 

apelante.

1 Apéndice de la Apelación, Anejo 5, págs. 461-463. Archivada y notificada en 

autos el 10 de octubre de 2023.

2 Íd., Anejo 3, págs. 11-424.

3 Íd., Anejo 1, págs. 1-2.
KLAN202300932 2

El 20 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que 

le concedimos a la parte apelada hasta el 21 de noviembre de 2023 

para presentar su alegato en oposición.

En cumplimiento con lo solicitado, el 21 de noviembre de 

2023, la parte apelada presentó su alegato.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a pormenorizar los hechos atinentes a este recurso.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 30 de noviembre de 

2022, cuando la señora Rodríguez Avilés interpuso una Querella

sobre despido injustificado contra Pueblo, John Doe, Jane Doe y 

Aseguradora ABC, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley Núm. 80), 

conocida como Ley sobre despidos injustificados y la Ley Núm. 2 de 

17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et 

seq. (Ley Núm. 2), conocida como Ley de procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales.

4 Alegó que, desde septiembre de 1977, era 

empleada de Pueblo por tiempo indeterminado y que la despidieron 

el 14 de octubre de 2022, sin justa causa, en contravención de la 

Ley Núm. 80, supra. Arguyó que, al momento del despido, se 

desempeñaba como gerente de la Tienda Ponce Rambla 123, con 

una jornada mínima de 40 horas semanales y un sueldo de 

veintitrés dólares con setenta y cinco centavos ($23.75) por hora, 

correspondiente a novecientos cincuenta dólares ($950.00)

semanales, los cuales indicó que equivalían a cuatro mil ciento trece 

dólares con cincuenta centavos ($4,113.50) mensuales. Por ello, 

solicitó ciento cincuenta y dos mil novecientos treinta y un dólares 

($152,931.00) por concepto de mesada y un mínimo de quince por 

ciento (15%) para el pago de honorarios de abogados, entre otros.

4 Íd.
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El 12 de diciembre de 2022, Pueblo contestó la Querella y 

precisó que, al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se despidió a la 

señora Rodríguez Avilés por justa causa ante graves violaciones a 

las normas y políticas de la compañía.5 Adujo que no tenía derecho 

a reclamar honorarios de abogados, intereses, costas, ni gastos, y 

que, en la alternativa, únicamente procedía solicitar quince por 

ciento (15%) por concepto de honorarios de abogados. Sostuvo que, 

como empleada exenta, la apelante no era compensada conforme 

con las horas trabajadas, razón por la que devengaba novecientos 

cincuenta dólares ($950.00) semanales, equivalentes a tres mil 

ochocientos dólares ($3,800.00) mensuales. Alegó que Pueblo es 

una corporación distinta e independiente a Pueblo Supermarkets, 

Inc. y Pueblo International, LLC. Señaló que no aplicaban las

doctrinas de patrono sucesor ni traspaso de negocio en marcha. Por 

ello, aseveró que, desde el 22 de octubre de 2007, la apelante laboró 

por catorce (14) años para su corporación, no cuarenta y cinco (45) 

años tal como se le reclamó. Por último, invocó como defensas 

afirmativas que la demanda no justificó la concesión de un remedio 

a favor de la apelante en virtud del procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2, falta de jurisdicción, insuficiencia en el diligenciamiento del 

emplazamiento, prescripción, incuria, cosa juzgada, impedimento 

colateral, entre otros.

El mismo día, el TPI emitió una Orden en la que solicitó que 

la apelante expusiera su posición con respecto a las defensas 

afirmativas levantadas por Pueblo.6 En respuesta, el 11 de enero de 

2023, la señora Rodríguez Avilés planteó que en este caso no 

aplicaba la doctrina de patrono sucesor, pero sí la doctrina de 

traspaso de negocio en marcha.7 A fin de sostener su postura, adujo

5 Íd., Anejo 2, págs. 3-10.

6 Tomamos conocimiento judicial de la entrada núm. 6 del expediente digital del 

caso PO2022CV03310 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC). Archivada y notificada en autos el 13 de diciembre de 2022.

7 Entrada núm. 14 del SUMAC, págs. 1-5.
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que no fue cesanteada, de modo que trabajó ininterrumpidamente 

para la parte apelada y que, al momento de su despido, mantenía el 

número de empleada que se le asignó en el año 1977.

Así las cosas, el 24 de julio de 2023, la parte apelada radicó

una Moción de sentencia sumaria8 en la cual esbozó que no existía 

controversia en los siguientes hechos materiales:

1. Pueblo Inc., antes PS Acquisition, Inc., es una corporación 

doméstica con fines de lucro incorporada bajo la Ley de 

Corporaciones de Puerto Rico el 15 de agosto de 2007, con el 

número de registro 174608.

2. El 3 de agosto de 2007, Pueblo International, LLC. radicó 

una petición de quiebras ante el Tribunal de Quiebras para 

el Distrito de Delaware.

3. El 20 de septiembre de 2007, mediante un contrato de 

compraventa, PS Adquisition, Inc. (PSA), ahora Pueblo Inc., 

adquirió algunos activos de Pueblo International, LLC.

4. El Acuerdo de Compraventa entre Pueblo International, 

LLC. y Pueblo Inc. especifica las siguientes definiciones, 

obligaciones y responsabilidades asumidas por el 

comprador: 

a. Sección 17.1: La sección 17.1 del Acuerdo dispone: “Hired 

Employees means the Seller’s Employees to be hired by the 

Purchase on the closing date pursuant to Section 12.2 of this 

Agreement.” 

b. Sección 3.3: La sección 3.3 del Acuerdo dispone: 

“Excluded Liabilities”: “Purchaser shall not assume or be 

liable for any liabilities and obligations of Seller of any 

nature whatsoever, including without limiting the foregoing, 

to product liabilities, employee liabilities, workers’ 

compensation claims, liabilities under or arising out of any 

employee benefit plans and liabilities arising from any and 

all claims or causes of action that any employee of Seller may 

have, known or unknown, contingent or otherwise, resulting 

from conduct by Seller or its business or from any act or 

omission of Seller”. (Énfasis suplido) 

c. Sección 12.1: La sección 12.1 del Acuerdo dispone: “Under 

no circumstances shall Purchaser assume or be obligated to 

pay, and neither the property nor Purchased Assets shall be 

or become liable for or subject to, any claims of or liabilities 

of Seller’s Employees, including but not limited to, salaries, 

vacations, sick pay, incentives, bonus, overtime, meal period, 

pension profit sharing retirement and/or deferred 

compensation and any other compensation or benefits (the

“Employee Claims”). Which Employee Claims shall be and 

remain the liability, responsibility and obligation of 

Seller, including without limitation: 

(a) any and all liabilities or obligations (including without 

limitation any and all penalties, fines, settlements, interests, 

costs or expenses) arising out of or incurred in connection 

with any and all claims, litigation or Legal Proceedings 

associated with, arising out of or in connection with any and 

all claims, litigation or Legal Proceedings (whether instituted 

prior to or after the Closing) of any Employee (whether hired 

by Purchaser or not), for any negligent or willful acts, errors, 

8 Apéndice de la Apelación, Anejo 3, págs. 11-424.
KLAN202300932 5

omissions, breach of contract, misconduct, termination, 

employee seniority accrued while employed with Seller 

and successorship liability, discrimination or 

discriminatory practices, asserted by or committed against 

any Employee, whether known or unknown, which occurred 

or arise from events that occurred, prior to the Closing Date 

except for any severance liability that may accrue with 

respect to the Hired Employees after the Closing Date 

which is within the scope of the Assumed Liabilities, but 

in such cases the Hired Employees’ seniority while 

employed with the Seller shall not be imposed upon 

Purchaser for any purpose under law or contract.”

5. El contrato de compraventa de algunos activos dispone, 

además, que Pueblo Inc. no respondería por reclamos de 

empleados de Pueblo International, LLC. al amparo de la Ley 

80-1976.

6. Esta transacción fue autorizada por el Tribunal de 

Quiebras el 25 de septiembre de 2007.

7. En su Orden, el Tribunal de Quiebras dispone que: 

(G) Except as expressly permitted or otherwise specifically 

provided by the Purchase Agreement or this Order, all 

persons and entities, including but not limited to, all debt 

security holders, government, tax and regulatory 

authorities... and any other third parties holding Interest 

of any kind or nature whatsoever against or in the 

Debtors or the Assets... arising under or out of, in 

connection with, or in any way relating to, the Debtor’s, the 

Assets, the operation of the Debtor’s business prior to the 

Closing, or the transfer of the Assets to the Successful 

Bidder, hereby are forever barred, estopped, and 

permanently enjoined from asserting against the 

Successful Bidder... or the Assets.

8. Tras ser notificada sobre la radicación de un 

procedimiento de quiebras, el 7 de agosto de 2008, la Sra. 

Rodríguez Avilés sometió ante el Tribunal de Quiebras del 

Distrito de Delaware dos reclamaciones contra Pueblo 

International, LLC por la mesada y años trabajados, 

identificadas con los números 3900086 y 3901565 

respectivamente.

9. El 19 de octubre de 2007, la Sra. Rodríguez Avilés 

completó una solicitud de empleo en la que notificó a Pueblo 

Inc. que ya no trabajaba para su patrono anterior, Pueblo 

International, LLC por razón de cesantía.

10. De hecho, la propia querellante admitió bajo juramento 

que no tiene reclamación alguna contra Pueblo International.

11. En esa misma fecha, 19 de octubre de 2007, Pueblo Inc. 

le extendió un nombramiento a la querellante como nueva 

empleada de la corporación, en calidad de Coordinadora de 

Provisiones.

12. Durante su empleo con Pueblo Inc., la Sra. Rodríguez 

Avilés también se desempeñó en otras posiciones tales como: 

(1) Coordinadora de Efectivo y Ventas, Merma y 

Saneamiento; (2) Gerente de Operaciones y (3) Asistente de 

Gerente.

13. El 5 de marzo de 2008, la Sra. Rodríguez Avilés recibió 

copia del Manual de Empleados de Pueblo Inc. 
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14. La Sra. Rodríguez Avilés reconoce además que, a través 

de su empleo con la querellada, recibió copia de las políticas 

y normas de Pueblo Inc., incluyendo sus revisiones, y 

participó de talleres y orientaciones.

15. Además de tener conocimiento del Manual de 

Empleados, así como de las políticas y normas de Pueblo 

Inc., la Sra. Rodríguez Avilés implementaba las mismas como 

parte de sus funciones.

16. De hecho, la Sra. Rodríguez Avilés reconoce incluso que, 

como parte de sus funciones, participaba de los procesos de 

disciplina de empleados.

17. Conforme al Manual de Empleados de Pueblo, la 

conducta hostil, agresiva o amenazante no será tolerada en 

el lugar de trabajo.

18. Asimismo, según el Manual, toda conducta no aceptable 

considerada seria o grave, o la repetición de una conducta 

no aceptable, conllevará la terminación de empleo. 

19. De conformidad con dicho Manual, se considera una 

conduta no aceptable seria o grave, entre otras cosas: (1) 

mentir, obstruir o no cooperar en procesos de investigación; 

(2) incurrir en actos de violencia o acoso de cualquier índole 

hacia empleados, clientes o algún visitante; (3) incurrir en 

actitudes negativas que afecten la buena reputación, imagen 

o cultura de servicio de la Compañía; (4) crear o promover un 

ambiente de trabajo hostil y negativo y; (5) observar conducta 

impropia o que afecta el normal y buen funcionamiento de la 

empresa.

20. En aquellos casos que surjan situaciones no 

contempladas por el Manual de Empleados de Pueblo Inc., la 

Compañía ejercerá su mejor criterio a tono con las prácticas 

usuales y comúnmente observadas en el mercado donde 

opera.

21. A pesar de conocer las normas de la empresa, la Sra. 

Rodríguez Avilés reiteradamente incurrió en conducta 

impropia, lo que generó múltiples quejas de compañeros y 

clientes en su contra por lo que fue amonestada.

22. En marzo de 2015, la querellada realizó una 

investigación con motivo de un incidente en la oficina de 

servicio al cliente de la tienda Pueblo, la Rambla en Ponce.

23. Al ofrecer su versión de los hechos por escrito, la 

querellante admitió no haber procedido de la manera 

correcta al [dirigirse] a su compañera de trabajo, Genoveva 

Velázquez, e incluso, admitió que un cliente que estaba en el 

área se fue de la tienda al escuchar los gritos provocados por 

el incidente.

24. A raíz de la investigación de este incidente, el 16 de marzo 

de 2015 se le impartió una amonestación escrita formal y 

final a la querellante.

25. Como parte del proceso, se le apercibió a la Sra. 

Rodríguez Avilés que, de incurrir en conducta similar, se 

procedería con su terminación de empleo por justa causa y, 

como medida preventiva, se le trasladó a la tienda de Arroyo.

26. El 16 de mayo de 2016, el empleado José Lugo 

Maldonado, Meat Manager de la tienda de Plaza del Caribe 
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en Ponce, presentó una queja en la que indicó sentirse 

incómodo con la Sra. Rodríguez Avilés por la manera en que 

ésta se dirigía hacia él, así como otras acusaciones y/o 

comentarios.

27. Tras recibir la queja del Sr. José Lugo, el 5 de julio de 

2016, el Sr. Belford González, gerente de la tienda de Ponce 

en ese momento, se reunió con la querellante y le solicitó un 

escrito del incidente.

28. Ese mismo día –5 de julio de 2016– el Sr. Belford 

González también le solicitó un escrito a la querellante con 

relación a un incidente con la clienta Zoraida Quirindongo 

(“Sra. Quirindongo”).

29. En su queja, la Sra. Quirindongo indicó que durante el 

incidente, la querellante comenzó a “gritar frente a todos los 

clientes” y se quejó de la “actitud de confrontación” de ésta.

30. El 19 de octubre de 2016, se le solicitó un escrito a la 

Sra. Rodríguez Avilés tras recibirse una queja por parte de la 

cliente, Myrna Pallens (“Sra. Pallens”).

31. En su escrito, la Sra. Pallens expresó ser cliente de 

Pueblo y que nunca esperó ser tratada de “esta manera por 

una empleada”.

32. Además, la Sra. Pallens enfatizó el poco profesionalismo 

demostrado por la querellante, quien le gritó “que hablara 

con quien le diera la gana”, tras ésta indicarle que hablaría 

con su supervisor.

33. A raíz del incidente con la Sra. Pallens, el personal 

gerencial de Pueblo le llamó la atención a la querellante en 

cuanto al manejo de la situación. 

34. El 18 de noviembre [de] 2016, el Departamento de 

Recursos Humanos citó a la querellante con el propósito de 

atender su conducta maltratante que nuevamente había sido 

señalada y la cual había sido traída a la atención de la 

empresa en varias ocasiones, tanto por empleados, 

suplidores y clientes.

35. Como parte del proceso, se le advirtió a la querellante 

que, debía cuidar su conducta y observar los valores 

institucionales y que no hacerlo tendría consecuencias, 

incluyendo el despido.

36. El 23 de junio de 2022, el Sr. Nelson Vélez, 

Vicepresidente de Recursos Humanos de Pueblo y el Sr. 

William Cristóbal, Director de Distrito, sostuvieron una 

conversación telefónica con la querellante.

37. En dicha conversación telefónica del 23 de junio de 2022, 

se discutieron varios señalamientos presentados a Pueblo 

Inc. por correo electrónico, con relación a la querellante y 

otras dos (2) empleadas.

38. Entre los señalamientos realizados se indicó que, (1) la 

querellante utilizaba vocabulario inapropiado (obsceno); (2) 

que en la tienda el ambiente era hostil; (3) discriminación por 

religión, entre otros.

39. El 13 de septiembre de 2022, el empleado Orlando 

Rodríguez (“Sr. Rodríguez”) renunció a su puesto como 

Deli/Bakery Manager.
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40. En su renuncia, el Sr. Rodríguez señaló que el ambiente 

laboral en la tienda de la Rambla 123 era “uno de constantes 

amenazas, insultos y humillaciones de parte de la gerente 

Evelyn Rodríguez”.

41. Tras la renuncia del Sr. Orlando Ortiz (“Sr. Ortiz”), el 21 

de septiembre de 2022, el Sr. Miguel Nieves, Director de 

Distrito, y el Sr. [Nelson] Vélez, Vicepresidente de Recursos 

Humanos, se reunieron con éste con motivo de las 

alegaciones contenidas en su carta de renuncia.

42. En esta reunión del 21 de septiembre de 2022, el Sr. Ortiz 

expresó entre otras cosas que; (1) la querellante les 

amenazaba con darles “una 102” (amonestación escrita); (2) 

utilizaba el nombre de Miguel Nieves para amenazarlos; (3) 

les decía que “si no pueden hacer el trabajo ahí está la 

puerta”; (4) que la querellante alzaba la voz bien fuerte, 

gritaba; (5) que la querellante les hacía sentir que no valían 

nada; (6) que la querellante decía que todo lo bueno que 

sucede en la tienda es por ella. 

43. El 22 de septiembre de 2022 la Sra. Carmen Ivette 

Benítez, Gerente de Recursos Humanos de Pueblo, junto al 

Sr. Miguel Nieves, Director de Operaciones, llevaron a cabo 

una investigación sobre el ambiente de trabajo en la tienda 

de Ponce, Rambla 123.

44. Como parte de dicha investigación, se entrevistó a las 

Asistentes, Marimer Alvarado y Miriam Lind.

45. De la investigación surgió, entre otras cosas que: (a) los 

empleados se referían a la querellante como “Huracán 

Categoría 5” por la manera en que los maltrataba; (b) “las 

[amenazas] detrás del nombre de Miguel Nieves son 24/7”; 

(c) la querellante “no usa un tono sutil, no mide el tono, es 

volátil”; (d) la querellante “tiene cambios de temperamento”; 

(e) la querellante utilizaba la expresión “si no le gusta que se 

vaya”, “que ella es la Gerente y que había que hacer lo que 

ella dijera”; (f) la querellante “llama la atención en público, 

frente de empleados y clientes”; (g) empleados se han 

“encerrado a llorar en el cooler”; (h) la querellante “le dijo a 

Lourdes Serrano que no servía”; (i) la querellante comentó 

que “si salía mal en una visita las cabezas iban a rodar”.

46. Así las cosas, el 14 de octubre de 2022 se citó a la 

querellante a una reunión en las oficinas centrales de la 

querellada como parte de la investigación interna sobre el 

ambiente laboral.

47. Durante el proceso, se le hicieron una serie de preguntas 

a la querellante, las cuales tuvo la oportunidad de contestar 

por escrito.

48. Basado en los hallazgos de dicha investigación interna, 

la querellante fue despedida el 14 de octubre de 2022. 

49. El despido de la querellante fue el resultado de 

violaciones graves a las normas y políticas de la compañía 

tales como: mentir durante investigación interna, acoso 

laboral, ambiente laboral hostil, deshonestidad, conducta 

impropia que razonablemente podría afectar los mejores 

intereses de la compañía, entre otras.9

9 Íd., en las págs. 14-22. 
KLAN202300932 9

Por ello, estableció que al TPI le correspondía resolver las 

siguientes controversias de derecho: si el despido de la apelante 

estuvo justificado a la luz de la Ley Núm. 80, supra; si aplicaba la 

doctrina de patrono sucesor, y si Pueblo adquirió un negocio en 

marcha respecto a Pueblo Supermarkets, Inc. y Pueblo 

International, LLC.

Por su parte, la señora Rodríguez Avilés presentó una 

Oposición a “moción de sentencia sumaria”,

10 y señaló que estaban

en controversia los hechos incontrovertidos 2, 6, 9, 10, 11, 21, 23, 

24, 34, 35, 38, 45, 46, 47, 48 y 49. En síntesis, arguyó que la 

corporación que radicó la petición de quiebra fue Nutritional 

Sourcing Corporation, no Pueblo. Estableció que no completó la 

solicitud de empleo con Pueblo voluntariamente, dado que se le 

exigió como condición para continuar laborando en el 

supermercado. A su vez, subrayó que dicha solicitud de empleo fue 

otorgada por Campo Rico Warehouse and Distribution Center, Inc., 

no Pueblo. Manifestó que se le adjudicó culpa de incidentes, 

conducta impropia y maltratante, y violaciones graves a las normas 

y políticas de la compañía, adoleciendo de información sobre los 

hechos constitutivos de tales conductas y desconociendo quiénes 

fueron los empleados, proveedores o clientes que la reportaron.

Por otro lado, presentó recelo por el motivo de la queja instada 

por la clienta Myrna Pallens, quien alegó que la apelante sostuvo

una relación amorosa con su esposo. Con respecto a una minuta 

sobre una reunión que Pueblo estableció que se celebró en conjunto 

con la apelante, esta disputó la existencia de dicha reunión y la 

firma del documento dado que no recuerda haber asistido a dicha 

reunión. Asimismo, negó haber incurrido en conducta obscena, 

discriminación por religión ni propiciar el ambiente hostil que un 

10 Íd., Anejo 4, págs. 425-460.
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empleado alegó experimentar en la Tienda Ponce Rambla 123. 

Referente a las preguntas realizadas a las empleadas Marimer 

Alvarado y Miriam Lind en las que relataron el sentir y comentarios 

de otros compañeros de trabajo sobre la apelante, esta esgrimió que 

no tuvo la oportunidad de ser entrevistada. Además, dispuso que la 

alusión a los comentarios de los empleados sobre su conducta 

constituyó prueba de referencia dado que, sin ser testigos en el 

pleito, se ofrecieron en evidencia para probar la verdad de lo 

aseverado sin autenticación. Por último, cuestionó cómo las sesenta 

y cinco (65) preguntas que Pueblo le cursó influyeron en la decisión 

para despedirla al ser cursadas el mismo día de su despido. Fuera 

de cuatro (4) páginas, no sucesivas, de lo que aparenta ser la 

transcripción de una deposición que se le tomó, no incluyó prueba 

documental alguna. Tampoco incluyó su declaración jurada.

El 13 de octubre de 2023, el TPI emitió una Sentencia en la 

declaró Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria y desestimó la 

Querella objeto de este recurso.11

Inconforme, la señora Rodríguez Avilés acudió ante nos en

virtud de este recurso de apelación, en el que le imputó al TPI la 

comisión del siguiente error:

ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

(JUEZ FRANCISCO J. ROSADO COLOMER) AL 

DESESTIMAR EL CASO, MEDIANTE SENTENCIA SUMARIA, 

CUANDO EXISTEN CONTROVERSIAS SOBRE HECHOS 

MATERIALES.

El 21 de noviembre de 2023, Pueblo presentó un Alegato de la 

parte apelada Pueblo Inc en el que aseveró que los planteamientos 

de la apelante se deben tener por no puestos dado que, en su 

mayoría, se basaron en meras conjeturas, generalidades y 

explicaciones no sustentadas que no constituyeron prueba ni 

controvirtieron los hechos materiales del caso. Además, indicó que 

los documentos que acompañaron la solicitud de sentencia sumaria 

11 Íd., Anejo 5, págs. 461-463.
KLAN202300932 11

constituyeron una excepción a la exclusión de prueba de referencia 

por ser récord de negocio y el señor Nelson Vélez, vicepresidente de 

Recursos Humanos de Pueblo, y custodio de los récords del 

personal, otorgó una declaración jurada. 

Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

exponer las normas jurídicas atinentes a este recurso de apelación.

III.

A.

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. El 

propósito de esta regla es facilitar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles en los cuales no existe controversia real

y sustancial de hechos materiales que no requieren ventilarse en un 

juicio plenario. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 

(2018); Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 6, 20 

(2017); SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). Los hechos materiales son aquellos que pueden afectar el 

resultado de una reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Dicha 

controversia sobre el hecho material debe ser real. Íd. A saber:

[U]na controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente 

como para que sea necesario que un juez la dirima a través 

de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que 

la moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada 

sólo puede negarse si la parte que se opone a ella presenta 

una oposición basada en hechos que puedan mover a un juez 

a resolver a su favor. Si el juez se convence de que no existe 

una posibilidad razonable de que escuchar lo que lee no 

podrá conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe 

dictar sentencia sumaria. Íd. págs. 2013-2014 citando a P. 

E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria, 

3 (Núm. 2) Forum 3, 8 (1987).

Mediante este mecanismo, una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación puede solicitar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de 

esta. De esta forma se promueve la descongelación de calendarios, 
KLAN202300932 12

así como la pronta adjudicación de controversias cuando una 

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).

El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no 

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con 

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como 

cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 2017, pág. 317.

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.2, dispone que la parte promovente deberá establecer, con 

prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real 

respecto a hechos materiales de la controversia. Además, según la 

Regla. 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3, tendrá que 

desglosar, en párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa, así como especificar la página o párrafo 

del documento que sirva de apoyo a su alegación.

De otro lado, el promovido ante una solicitud de sentencia 

sumaria tiene el deber de controvertir la prueba presentada por la 

parte promovente de la moción. Este no puede descansar en meras 

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe 

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten 

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c), supra, R. 36.3 (c); 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215; Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 

172 DPR 526, 550 (2007).

En otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de 

presentar evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que 

están en disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 

(2020). Por lo que, se requiere que la oposición a la moción de 

sentencia sumaria contenga:
KLAN202300932 13

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 

párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2) de 

Procedimiento Civil, supra, R. 36.3 (b) (2).

Si la parte promovida no cumple con los requisitos impuestos 

por la mencionada regla, el tribunal podrá resolver en su contra de 

entenderlo procedente. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

R. 36.3 (c). Véase, además, Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 

supra; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez 

v. Univisión, supra.

No obstante, “el sólo hecho de no presentar evidencia que 

controvierta la presentada por la parte promovente no implica 

que la sentencia sumaria procederá automáticamente”. Jusino 

et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 578 (2001) (Énfasis nuestro).

Pues, la moción de sentencia sumaria debe resolverse 

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias 

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna 

controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz 

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, al evaluar los 

documentos presentados por las partes, el tribunal deberá utilizar 

el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. De haber dudas sobre la 

existencia de controversias de hechos materiales, deberán resolverse 

a favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria. 

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, 208 DPR 310, 335-336 

(2021); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 

(2015). “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 
KLAN202300932 14

DPR 714, 721 (1986). Esto, con el propósito de evitar que una de las 

partes se vea impedida de ejercer su día en corte. Íd.

Igualmente, no es aconsejable utilizar el mecanismo de la 

sentencia sumaria cuando “existen elementos subjetivos de 

intención, negligencia, propósitos mentales o cuando el factor de la 

credibilidad es esencial”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 

DPR 615, 638 (2009). 

Por otro lado, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

42.2, establece que, en todos los casos, el tribunal especificará los 

hechos probados, consignará por separado sus conclusiones de 

derecho y ordenará que se registre la sentencia correspondiente. No 

obstante, la citada Regla dispone que: “[n]o será necesario 

especificar los hechos probados y consignar separadamente las 

conclusiones de derecho: (a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 

o 36.1 y 36.2 o al resolver cualquier otra moción, excepto lo 

dispuesto en la Regla 39.2”. Íd.

De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal 

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o 

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de 

Sentencia Sumaria”. Íd. págs. 21-22. La revisión que realice el foro 

apelativo deberá ser de novo y estará limitada a solamente adjudicar 

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser a favor 

de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de forma 

que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia dicha 

parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 

Además, deberá constatar que las partes cumplan con los requisitos 

de forma que dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, R. 
KLAN202300932 15

36, tanto en la moción de sentencia sumaria, como en la oposición, 

y deberá revisar si existen hechos materiales en controversia. Íd. Si 

existiesen, el foro apelativo tendrá que exponer los hechos en 

controversia y los que no, como dispone la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, supra, R. 36.4. Si el Tribunal Apelativo no 

encuentra hechos controvertidos, deberá revisar de novo si el foro 

inferior aplicó correctamente el derecho. Íd. pág. 119.

B.

En el ámbito laboral, la Ley Núm. 80, supra, se aprobó con el 

fin de proteger al empleado de no ser despedido de su empleo sin 

una causa que lo justifique. Es decir, la Ley Núm. 80, supra, protege 

al obrero que ha sido privado injustificadamente de su trabajo, y 

desalienta este tipo de despido al imponer al patrono el pago de una 

indemnización conocida como la mesada. Nieves Cruz v. UPR, 151 

DPR 150, 158-159 (2000). En virtud de su propósito reparador, esta 

ley siempre debe interpretarse de forma liberal y favorable al 

empleado. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004).

Ahora bien, en su Artículo 2, la Ley Núm. 80, supra, especifica 

las circunstancias bajo las cuales un despido se considera 

justificado, en lo pertinente: (a) el patrón de conducta impropia o 

desordenada del empleado; (b) la actitud del empleado de no rendir 

su trabajo de forma eficiente, o de realizarlo tardía y 

negligentemente, o en detrimento de las normas de calidad del 

producto del cual se trate; (c) violación reafirmada del empleado a 

las reglas y reglamentos razonables para el normal funcionamiento 

del establecimiento, siempre que haya obtenido una copia de éstas 

por escrito; entre otras. 29 LPRA sec. 185b. Igualmente, el despido 

no podrá estar motivado por razones legalmente prohibidas o por el 

mero capricho del patrono. Íd.

El patrono tiene la facultad de adoptar las normas de empleo 

que entienda necesarias para el buen funcionamiento de la empresa, 
KLAN202300932 16

siempre que cumpla con los criterios de razonabilidad. Jusino et 

als. v. Walgreens, supra, pág. 573; Srio. del Trabajo v. ITT, 108 

DPR 536, 542 (1979). A saber, debe demostrar: (1) que las normas 

de empleo son razonables; (2) que le suministró copia de dichas 

normas al empleado, y (3) que el empleado violó reiteradamente las 

aludidas normas. Jusino et als. v. Walgreens, supra.

Por otro lado, la Ley Núm. 80 desalienta el despido como 

sanción por una primera falta. Íd., Srio. del Trabajo v. ITT, supra. 

No obstante, la primera falta puede lugar al despido como sanción 

si el acto cometido por el empleado es “de tal seriedad o naturaleza, 

tan grave, tan lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, que 

resulte imprudente tener que esperar su reiteración para destituir 

al empleado”. Jusino et als. v. Walgreens, supra.

Con respecto a la viabilidad de solicitar daños en conjunto con 

una reclamación por despido, en Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 222, el Tribunal Supremo expresó: “[a]nte un despido es posible 

una reclamación en daños independiente a la Ley Núm. 80, supra, 

‘si con el despido concurren otras actuaciones torticeras, que sean 

independientes al mismo’ y que demuestren otro fin”. Íd. pág. 227, 

citando a Soc. de Gananciales v. Royal Bank de PR, 145 DPR 

178, 193 (1998).

C.

Las Reglas de Evidencia del 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 101 et 

seq., regulan la forma en que se admitirá la prueba en los tribunales. 

La Regla 801 de Evidencia, Íd. R. 801, establece que prueba de 

referencia “[e]s una declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado”. Como regla general, la prueba de 

referencia es inadmisible en evidencia, salvo que por ley se disponga 

otra cosa. Íd. R. 804. Es decir, la prueba de referencia es una regla 

de exclusión de evidencia, salvo que se identifique una excepción. 
KLAN202300932 17

La razón de la exclusión de la prueba de referencia versa en el 

propósito del derecho probatorio: la búsqueda de la verdad de los 

hechos, puesto que adolece de las garantías de confiabilidad 

investidas por un testimonio en el tribunal, bajo juramento, frente 

a la parte perjudicada por la declaración, frente al juzgador de 

hechos y sujeto a contrainterrogatorio. E. L. Chiesa Aponte, Tratado 

de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

Federales, República Dominicana: Editora Corripio, 1998, T. II, 

págs. 616-617.

Para fines de la prueba de referencia, una declaración se 

define como una aseveración oral o escrita o una conducta no 

verbalizada de una persona, si su intención es que se tome como 

una aseveración. Íd. R. 801. Así, toda expresión que no sea una 

aseveración, no se considerará como una declaración. E. L. Chiesa 

Aponte, Reglas de evidencia comentadas, 1ra ed., San Juan: 

Ediciones Situm, 2016, pág. 255. Ahora bien, la aseveración que se 

excluya por ser prueba de referencia tiene que ser presentada con el 

objetivo de probar la verdad de lo aseverado. Íd. pág. 257.

Una declaración que constituya prueba de referencia debe ser 

tomada cautelosamente dado que entraña cuatro áreas de riesgos 

con relación a un evento, siendo estas: si el declarante percibió e 

interpretó correctamente el evento; si el recuerdo del declarante es 

fiel a lo que observó, en consideración con el tiempo transcurrido, 

su estado al momento de percibir los hechos, causas orgánicas y la 

pobre percepción de los hechos; si la narración del declarante es fiel 

a lo que percibió, y si el declarante es sincero por situaciones como 

lazos de parentesco o amistad, interés económico, lealtad, oferta de 

inmunidad, temor a represalias, intimidación, entre otros. Pueblo v. 

García Reyes, 113 DPR 843, 853 (1983); E. Vélez Rodríguez, La 

prueba de referencia y sus excepciones, San Juan: Editorial 

InterJuris, 2018, págs. 12-16; K. S. Broun et al., McCormick on 
KLAN202300932 18

Evidence (J. W. Strong, ed.), 5ta ed., Minnesota: West Publishing 

Co., 1999, Vol. 2, pág. 93.

Empero, la exclusión de la prueba de referencia no es absoluta 

dado que existen varias excepciones a la regla general de exclusión. 

Véase la Regla 805 de Evidencia, supra, R. 805. De objetarse la 

admisibilidad de la prueba basado en que constituye prueba de 

referencia, la parte proponente de la prueba debe demostrar que: (1) 

no constituye prueba de referencia o (2) está cobijada por una de las 

excepciones a la exclusión de la prueba de referencia. Rosado Reyes 

v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 817 (2020).

Una de las excepciones es el récord de actividades que se 

realizan con regularidad. Íd., R. 805 (F). Un récord de actividades 

que se realizan con regularidad es:

Un escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos -en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 

condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron, 

por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, 

o mediante información transmitida por ésta, si dichos 

récords se efectuaron en el curso de una actividad de 

negocios realizada con regularidad, y si la preparación de 

dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de 

negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o 

de alguna otra persona testigo cualificada, o según se 

demuestre mediante una certificación que cumpla con las 

disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto que 

permita dicha certificación, a menos que la fuente de 

información, el método o las circunstancias de su 

preparación inspiren falta de confiabilidad. El término 

negocio, según se utiliza en este inciso, incluye, además de 

negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo 

tipo de institución, asociación, profesión, ocupación y 

vocación, con o sin fines de lucro. Íd.

La garantía de confiabilidad de esta excepción es la 

continuidad, regularidad y cotejo de los récords. E. L. Chiesa, 

Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

Federales, op. cit., pág. 803. Importante es que:

La confiabilidad de la anotación depende en gran medida de 

su carácter rutinario. Si siempre que ocurre determinado 

tipo de acto se hace rutinariamente el asiento 

correspondiente en el récord, la presencia del asiento es 

indicio de que ocurrió el acto, y la ausencia del asiento es 

indicio de que no ocurrió. Pero si el asiento o anotación no 

se hace rutinariamente, sino una veces pero no otras, se 
KLAN202300932 19

desvanece la garantía de confiabilidad o, al menos, 

desmerece. La falta de este elemento justifica la exclusión de 

la prueba de referencia. Íd. pág. 810.

Esta excepción contempla cuatro supuestos: (1) que el récord 

se elaboró durante el curso regular del negocio; (2) que se haya 

preparado en o próximo al momento del suceso que se refiere el 

récord; (3) que el custodio del récord o algún otro testigo declare 

sobre su identidad y método de preparación y (4) que las fuentes de 

información, método y momento de la preparación del récord 

indique su confiabilidad. HR Stationery, Inc. v. ELA, 119 DPR 129, 

138 (1987). El requisito del testimonio del custodio es fundamental 

para determinar la confiabilidad del récord, satisfacer el requisito de 

autenticación previo a la admisibilidad de la prueba y probar la 

existencia de una actividad que se realiza con regularidad. Íd. pág. 

139. En dicho testimonio se debe declarar sobre los tres requisitos 

adicionales para admitir el récord de negocio. Íd. págs. 139-140.

Además, para analizar la confiabilidad del récord, se debe 

considerar: (1) si la información recopilada es importante para el 

negocio fuera del litigio en el que se ofrece; (2) si el récord contiene 

información fáctica simple y no meras evaluaciones o conclusiones; 

(3) si la persona que transmite la información y la persona que 

practica el asiento, de ser distintas, son independientes de las partes 

en el litigio; (4) si la información recopilada está corroborada por 

prueba independiente; (5) si lo preparó una persona con experiencia 

y (6) si se verificó la exactitud del récord. Íd. págs. 142-143. 

Importante es que la mera presencia de un documento en un 

récord no significa que mecánicamente el contenido de dicho 

documento sea considerado como récord de una actividad regular. 

United States v. Furst, 886 F.2d 558, 570-572 (3d Cir. 1989); 

White Indus., Inc. v. Cessna Aircraft Co., 611 F. Supp. 1049, 

1059 (W.D.Mo.1985); United States v. Pazsint, 703 F.2d 420, 424-

425 (9th Cir. 1983). Sin embargo:
KLAN202300932 20

Problems may arise when one business organization seeks to 

introduce records in its possession but actually prepared by 

another. Obviously, mere possession or “custody” of records 

under these circumstances does not qualify employees of the 

possessing party to lay the requisite foundation, and 

transmittal of information by the custodian regarding the 

contents of records in the custodian’s possession does not 

qualify the recipient to lay the foundation. However, when 

the business offering the records of another has made an 

independent check of the records, has integrated them into 

their own business operation, or can establish accuracy by 

other means, the necessary foundation may be established. 

K. S. Broun et al., supra, pág. 262.

Persuasivamente, en la esfera federal, al aplicar la prueba de 

referencia múltiple en el contexto de la excepción de récord de 

negocio, se resolvió:

Double hearsay in the context of a business record exists 

when the record is prepared by an employee with information 

supplied by another person. If both the source and the 

recorder of the information, as well as every other participant 

in the chain producing the record, are acting in the regular 

course of business, the multiple hearsay is excused by Rule 

803(6). United States v. Baker, 693 F.2d 183, 188 

(D.C.Cir.1982). However, if the source of the information is 

an outsider, as in the facts before us, Rule 803(6) does not, 

by itself, permit the admission of the business record. The 

outsider's statement must fall within another hearsay

exception to be admissible because it does not have the 

presumption of accuracy that statements made during the 

regular course of business have. See United States v. Davis,

571 F.2d 1354, 1360 (5th Cir.1978). Further, Federal Rule of 

Evidence 805 requires that all levels of hearsay satisfy 

exception hearsay requirements before the statement is 

admissible. Wilson v. Zapata Off-Shore Co., 939 F.2d 260, 

271 (5th Cir. 1991)

Considerando la normativa expuesta, resolvemos.

IV.

En el caso de marras, el TPI dictó una Sentencia en la que 

declaró Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria promovida por 

Pueblo, asumiendo como incontrovertidos los hechos propuestos 

por dicha parte, y, en consecuencia, desestimó la Querella 

presentada por la apelante.

En oposición, la señora Rodríguez Avilés señaló que el TPI erró 

al desestimar el caso en su contra, toda vez que existían 

controversias sobre hechos materiales que impedían resolver el caso 

de forma sumaria. No obstante, no incluyó prueba documental 

alguna para refutar los hechos propuestos como incontrovertidos 
KLAN202300932 21

por la parte apelada, más allá de cuatro (4) páginas, no sucesivas, 

de lo que aparenta ser la transcripción de una deposición que se le 

tomó. De igual manera, omitió incluir una declaración jurada suya

para controvertir los hechos probados por la parte apelada.

Sobre esto último, Pueblo profundizó. En su escrito, adujo que 

los planteamientos traídos en la Apelación debían tenerse por no 

puestos, toda vez que se basaron en meras conjeturas, 

generalidades y explicaciones no sustentadas, las cuales no 

controvirtieron los hechos materiales del caso. Asimismo, defendió 

la admisibilidad de los documentos que presentó en apoyo a su 

Moción de sentencia sumaria, esbozando que les aplicaba la 

excepción de récord de negocio a la regla general de exclusión de 

prueba de referencia.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad 

del expediente ante nuestra consideración, resulta evidente que no

existe controversia alguna respecto a los hechos materiales que 

impida la desestimación sumaria del pleito. Veamos.

En un primer plano y como cuestión de umbral, cabe 

establecer que, como foro revisor, esta Curia tiene la encomienda de 

revisar de novo la aludida solicitud de sentencia sumaria, limitado 

a evaluar la prueba documental presentada ante el foro primario. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118; Vera v. 

Dr. Bravo, supra, 334-335. A su vez, recordamos que “[l]a sentencia 

sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes”. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. 

En segundo lugar, resulta preciso recabar en que la señora 

Rodríguez Avilés no refutó los hechos que Pueblo propuso como 

incontrovertidos en apoyo a su Moción de sentencia sumaria. 

Teniendo la oportunidad para ello, optó por negar o condicionar los 

hechos alegados sin hacer referencia a los párrafos o páginas de 
KLAN202300932 22

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia en la 

que se estableciera la procedencia de su versión de los hechos. En 

suma, presentó únicamente cuatro (4) páginas de una deposición 

que se le tomó a la propia apelante, las cuales no tienen sucesión 

lógica entre ellas. De la misma forma, tampoco sometió declaración 

jurada alguna. Este proceder no fundamentó su argumento en 

contra de que se dictara sentencia sumaria, ni a la alegada 

existencia de controversia de hechos ni a la procedencia del derecho 

a su favor. Por el contrario, como examinaremos más adelante, los 

hechos que la propia apelante aceptó como incontrovertidos 

demuestran de plano que su despido estuvo justificado.

En tercer lugar, los hechos según adoptados por el TPI se 

sostienen por la prueba que obra en el expediente del caso. Ahora 

bien, para objetar la admisibilidad de dicha evidencia, la señora 

Rodríguez Avilés adujo que la misma debía ser excluida por tratarse 

de prueba de referencia. Según planteó, ante la exclusión de dicha 

prueba, los hechos materiales que el TPI consideró incontrovertidos 

debían ser rechazados. No le asiste la razón. La declaración jurada

del Vicepresidente de Recursos Humanos que acompañó la Moción 

de sentencia sumaria cualifican los documentos como récords de 

negocios y, de esta forma, resultan admisibles en evidencia. En 

especial, el Informe de investigación fue preparado como una 

actividad regular de negocio, mediante el mecanismo habitual de 

recogido de insumo disciplinario de la empresa. Por cierto, dentro 

del referido procedimiento en el que se produjeron los documentos

como récord de negocios, la apelante tuvo la oportunidad de 

expresarse sobre la materia, lo cual consta en el expediente.

Aún más, la apelante aceptó como incontrovertidos los hechos

36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 según fueron enumerados por Pueblo. 

De una lectura de estos, resulta evidente que la señora Rodríguez 

Avilés no disputó varios hechos que desembocaron en su despido. 
KLAN202300932 23

Por un lado, aceptó que el Director de Distrito sostuvo una 

conversación telefónica con ella en la que discutieron varios 

señalamientos con relación a su desempeño. Sin embargo, intentó 

disputar la veracidad de los señalamientos realizados, los cuales 

alegó que no se sostenían mediante evidencia. Ahora bien, sobre 

esta llamada, el funcionario preparó una Minuta en la que recogió 

los señalamientos discutidos por él con la apelante, a saber, que 

utilizaba vocabulario inapropiado y obsceno, que existía un 

ambiente hostil y que había discriminado por religión, entre otros.

Por otro lado, también aceptó que un empleado renunció a su puesto

y citó en su renuncia que el ambiente laboral era de amenazas, 

insultos y humillaciones por parte de la apelante. Además de 

aceptado como incontrovertido por la apelante, este hecho consta en 

el expediente del caso a través de la renuncia del empleado.

Asimismo, tampoco disputó que, a raíz de esa renuncia, Pueblo 

recibió el insumo de otro empleado, quien expresó que la apelante 

le alzaba la voz, que gritaba y que les hacía sentir que no valían 

nada. De la misma manera, tampoco puso en duda que, a raíz de 

esos sucesos, la parte apelada llevó a cabo una investigación sobre 

el ambiente de trabajo en la tienda, la cual incluyó la entrevista de 

dos asistentes. Empero, intentó cuestionar los datos que surgieron 

de dicha investigación, arguyendo su inadmisibilidad por falta de 

autenticación del documento. Habiendo atendido el asunto de 

admisibilidad previamente, los hechos arrojados por la investigación 

se suman a la prueba convincente de que el despido fue justificado. 

Surgió de la investigación que los empleados tildaron a la apelante 

como “Huracán Categoría 5” por la forma en que los maltrataba, la 

apelante no medía su tono de voz y era volátil y tenía cambios de 

temperamento, los cuales fueron presenciados en público por 

clientes del establecimiento. 
KLAN202300932 24

Cabe precisar que, analizados estos hechos aceptados por la 

señora Rodríguez Avilés, incluso si estimáramos que la prueba 

objetada por la apelante era inadmisible, el despido estaría 

justificado. Es decir, los hechos admitidos por la propia apelante 

demostraron por sí solos que el despido fue justificado.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que la señora 

Rodríguez Avilés no puso en controversia que su despido fue 

justificado. Su despido respondió justamente a un ambiente laboral 

hostil de su propia creación y a una conducta impropia que 

razonablemente podría afectar los intereses de Pueblo. Adviértase 

que, aún si el peso de la prueba estuviese sobre la parte apelada,

teniendo la compañía que demostrar que el despido no fue 

injustificado, la abrumadora prueba que obra en el expediente dejó 

de manifiesto que la cesantía de la apelante fue justificada.

Por todo lo anterior, corresponde confirmar la Sentencia 

apelada, toda vez que los hechos aceptados como incontrovertidos 

por el TPI, los cuales se sostienen por la prueba que obra en el 

expediente, validan la conclusión de que la Querella promovida por 

la señora Rodríguez Avilés no procede en derecho.12

V.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

12 Ante la improcedencia en sus méritos de la reclamación de la señora Rodríguez 

Avilés, prescindimos de analizar las alegaciones respecto a la quiebra de Pueblo 

International, LLC, y la aplicación de las doctrinas argumentadas sobre el 

particular.