Número Identificador

RES2024 _______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

GILDA N. IRRIZARRY 

CARLO

Recurridos

v.

CLEAN HARBORS 

CARIBE, INC.

Peticionario

KLCE202301474

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

Bayamón 

Caso número:

BY2022CV01840

Sobre: ALEGADO 

DESPIDO 

INJUSTIFICADO, 

PRÁCTICA ILEGAL 

BAJO ART. 5(b) 

Ley 180-1998, 

Procedimiento 

Sumario al amparo 

de la Ley 2 de 17 

de octubre de 1961

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparece Clean Harbors Caribe, Inc. (CHC o la peticionaria) 

mediante Recurso de Certiorari presentado el 28 de diciembre de 

2023, en una reclamación por despido injustificado instada en su 

contra ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (TPI o foro primario), por Gilda N. Irizarry Carlo, (señora 

Irizarry Carlo, o la recurrida), al amparo del procedimiento sumario 

que provee la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA sec 

3118 et seq.). En el contexto del pleito laboral presentado ante el TPI 

por la recurrida bajo el procedimiento sumario provisto por la Ley 

Núm. 2, supra, CHC recurre ante nos de la Resolución emitida el 17 

de diciembre de 2023, por el foro primario, notificada al día 

siguiente, que declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por la peticionaria.
KLCE202301474 2

Por los fundamentos que pasamos a exponer denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado por CHC.

I.

El trámite procesal del caso de epígrafe comenzó el 11 de abril 

de 2022, con la Querella por despido injustificado, presentada por 

la señora Irizarry Carlo en contra de CHC, al amparo de la Ley de 

Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 LPRA 

sec. 185a et seq.), según enmendada por el Artículo 3.18 de la Ley 

de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero 

de 2017 (29 LPRA sec. 121 et seq.) y mediante el procedimiento 

sumario que provee la Ley Núm. 2, supra. 1 En síntesis, la recurrida

alegó en la Querella que el 7 de abril de 2022, fue despedida por 

CHC con el propósito de sustituirla, sin respetar el principio de 

antigüedad.

En respuesta, el 25 de abril de 2022, CHC presentó una

Contestación a Querella.2 En lo pertinente, CHC sostuvo que el 

despido de la recurrida fue por justa causa. 

Tras varios trámites procesales, el 18 de agosto de 2023, CHC 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria a la que anejó prueba 

documental.3 En síntesis, CHC sostuvo que la recurrida no fue 

despedida sin justa causa, sino que su puesto de trabajo fue 

eliminado como parte de una reorganización bona fide de los 

negocios de CHC, razón contemplada por la Ley Núm. 80, supra, 

como constitutiva de justa causa para el despido.

El 11 de octubre de 2023, la señora Irizarry Carlo presentó 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria a la que anejó una

Declaración Jurada prestada por esta.

4

1 Véase páginas 12-16 del Apéndice del Recurso de Certiorari.

2 Véase páginas 17-24 del Apéndice del Recurso de Certiorari.

3 Véase páginas 27- 41 del Apéndice del Recurso de Certiorari.

4 Véase páginas 125-147 del Apéndice del Recurso de Certiorari.
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Mediante Resolución emitida el 17 de diciembre de 2023, 

notificada al día siguiente, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por CHC. Concluyó el 

TPI que existían hechos en controversia que impedían la 

adjudicación del caso mediante el mecanismo procesal de sentencia 

sumaria. Entre los hechos que el foro primario encontró 

controvertidos está si el motivo del despido de la señora Irizarry fue 

por reducción de personal de CHC, si esta era necesaria y si las 

métricas de la peticionaria eran correctas según el tiempo que ocupó 

la señora Irizarry Carlo en el puesto.

Inconforme, CHC presentó el recurso de epígrafe y señala la 

comisión de los siguientes errores por parte del foro primario:

ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA CONCLUYENDO QUE A 

PARTIR DE LA PRUEBA PRESENTADA AÚN NO 

ESTABA EN POSICIÓN DE RESOLVER A FAVOR DE 

NINGUNA PARTE, A PESAR DE EXISTIR 

SUFICIENTE PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA 

LEGALIDAD DEL DESPIDO.

ERRÓ EL TPI AL NO DAR POR ADMITIDA LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA SIN 

OPOSICIÓN AL HABERSE PRESENTADO LA 

OPOSICIÓN DE FORMA TARDÍA Y AL AMPARO DE 

UN AFFIDAVIT ESTEREOTIPADO.

En respuesta, el 9 de enero de 2024, la señora Irizarry Carlo 

presentó una Moción de Desestimación bajo la R. 83 (B)(1) del 

Reglamento. En esencia, la recurrida arguye que atender el Recurso 

de Certiorari presentado por CHC, para revisar la resolución 

interlocutoria recurrida, desvirtuaría el carácter sumario del 

procedimiento laboral instado por la recurrida al amparo de la Ley 

Núm. 2 supra. Destaca, además, la señora Irizarry Carlo que la 

peticionaria tampoco presentó ante el TPI petición alguna para la 

conversión del procedimiento a uno de carácter ordinario.

El 29 de enero de 2024, la peticionaria compareció ante nos 

mediante una Oposición a Moción de Desestimación bajo la Regla 
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83(B)(1) del Reglamento. En ajustada síntesis, la peticionaria 

sostiene que la intervención inmediata del tribunal en esta etapa 

para revisar la Resolución recurrida y declarar con lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada ante el TPI y denegada por dicho 

foro, dispondría del caso en su totalidad de forma definitiva. Razona 

CHC que, a pesar de tratarse de un procedimiento sumario, bajo la 

Ley Núm. 2, supra, el cual no cuestiona, la etapa procesal en la que 

se encuentra el caso es idónea para atender la solicitud de sentencia 

sumaria.

II.

A.

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la 

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir 

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción 

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la 

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado 

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-
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487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria, 

supra, dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 

Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante 

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una 

orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. 

III.

Es la contención de la peticionaria en el caso que nos ocupa 

que, al emitir la Resolución recurrida que declaró No Ha Lugar su 

solicitud de sentencia sumaria, el foro primario incidió toda vez que 

hay ausencia de hechos materiales en controversia. 

Luego de examinar el dictamen recurrido, concluimos que no 

está presente excepción alguna a la norma jurisprudencial y 

reglamentaria discutida, en torno a la expedición del auto de 

certiorari. Es decir, en el caso de epígrafe no encontramos indicio de 

que el foro primario actuó con prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto al emitir su dictamen y la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso no es la más propicia para su consideración. 

Además, no encontramos indicio de que el TPI haya actuado de 

forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, 

o cometido algún error de derecho. Pueblo v. Rivera Santiago, supra; 

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra. Véase, además, TransOceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709 (2012). 
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En el caso ante nos, el foro primario evaluó la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por CHC y la declaró No Ha Lugar por 

entender que existían hechos materiales en controversia que 

impedían la adjudicación sumaria del caso. Con tal proceder, el foro 

primario actuó dentro de su discreción y conforme a derecho. Así, 

no debemos perder de perspectiva que, el foro primario tiene amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración 

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de 

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996). 

En fin, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar el certiorari

solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos que nos 

motiven a expedir el mismo.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por CHC. Se devuelve el 

caso al TPI para la continuación de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones