Número Identificador

RES2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

YONIEL ALEXIS 

BONET LEBRÓN 

Apelante

V.

CRISTALY M. 

ALMODÓVAR TORRES

Apelada

KLCE202400516

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Cabo Rojo

Caso Núm.:

CB2023RF00030

Sobre:

Divorcio (Ruptura 

Irreparable)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2024.

El 13 de mayo de 2024, el señor Yoniel Alexis Bonet Lebrón 

(en adelante, señor Bonet Lebrón o peticionario), presentó ante este 

Tribunal de Apelaciones un escrito intitulado Petición de Certiorari. 

Mediante este, nos solicita la revocación de la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo, el 15 

de marzo de 2024 y notificada el día 18 del mismo mes y año. En 

virtud del aludido dictamen, el foro recurrido no autorizó la 

publicación por edicto de la sentencia de divorcio, hasta tanto no se 

acreditara que la señora Cristaly M. Almodóvar Torres (en adelante, 

señora Almodóvar Torres o recurrida) no se encontraba en servicio 

militar activo.

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima la Petición de Certiorari por falta de 

jurisdicción, ello, debido al craso incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento de la 

misma.
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I

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

2 de abril de 2024, el señor Bonet Lebrón presentó una Moción de 

Reconsideración ante el foro de instancia, solicitando la revocación 

de una Resolución emitida el 15 de marzo de 2024 y notificada el 18 

de marzo del mismo año.1 Mediante la referida Resolución, el 

tribunal primario no autorizó la publicación por edicto de una 

sentencia de divorcio, hasta tanto el peticionario acreditara que la 

recurrida no se encontraba activa en el servicio militar. En detalle, 

el Tribunal de Primera Instancia determinó lo siguiente:

A Escrito Informativo y Solicitando Sentencia, 

presentada el 13 de marzo de 2024 por la parte 

demandante, el tribunal resuelve:

Conforme a los datos personales de la demandada

[suministrados] en la moción, [surgen] serias dudas si 

se encuentra o no, activa en el servicio militar.

Siendo así, de conformidad con el Civil Relief Act, 50 

USCA Sec. 2301, no procedía la sentencia dictada en 

Rebeldía. De conformidad con esta Ley la sentencia es 

anulable.

Por lo cual la sentencia, habiendo sospecha de vicios de 

nulidad, no se autoriza su publicación por edicto, hasta 

tanto se acredite al tribunal que la demandada no se 

encuentra en servicio militar activo.2

Evaluada la solicitud de reconsideración, el 3 de abril de 2024, 

notificada el 12 de abril de 2024, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Resolución [y] Orden, declarando No Ha Lugar la solicitud, y 

ordenando al señor Bonet Lebrón acreditar, en un periodo de quince 

(15) días, que la señora Almodóvar Torres no se encontraba activa 

en el servicio militar.3

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

esta Curia señalando como único error, el siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Cabo Rojo, al no emitir sentencia/resolución de 

divorcio, poniendo como requisito la obtención de una 

1 Anejo 3 de la Petición de Certiorari.

2 Anejo 2 de la Petición de Certiorari.

3 Anejo 1 de la Petición de Certiorari.
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certificación de que la demandada no está en las fuerzas 

armadas a tenor con el Servicemembers Civil Relief Act.

Por no ser necesario, prescindimos de la comparecencia de la 

recurrida, por lo que procedemos a disponer del presente recurso.

II

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape 

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo 

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo 

siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.
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(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.4

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, 

en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación 

4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

(Énfasis nuestro). Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.

Según se desprende de la precitada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Jurisdicción

Nuestra más Alta Curia, ha definido la jurisdicción como el 

poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los casos 

y las controversias que sean presentados a su atención. Beltrán 
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Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020), Torres Alvarado v Madera Atiles, 

202 DPR 495 (2019); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011). Es normativa reiterada que, los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo 

que, los asuntos relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben 

ser atendidos con prontitud. Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, 

pág. 500; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009). La ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu 

proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el poder del 

tribunal para adjudicar una controversia. Allied Management Group, 

Inc. v Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Torres Alvarado v Madera 

Atiles, supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR

254, 268 (2018); Suffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay, si carece de jurisdicción, deberá así declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en sus méritos. Íd.; Mun. De San Sebastián 

v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014); Suffront v. A.A.A., supra, 

pág. 674.

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad 

a este Tribunal para, a iniciativa propia o a petición de parte, 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carezca de jurisdicción.

C. Perfeccionamiento de los Recursos

Como norma general, el incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial. Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, 198 DPR 453, 549-550 (2017); Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642, 659 (1987). Es por lo que, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente. Montañez Leduc v. Robinson Santana, supra, pág. 
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549; Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., 150 DPR 560, 564 (2000); Hernández Maldonado v. Taco Maker,

181 DPR 281, 290 (2011). El incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias sobre forma, contenido y presentación de los 

recursos apelativos pudiera tener como consecuencia la 

desestimación de estos. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 

(2008). El Tribunal Supremo ha expresado que “los abogados están 

obligados a cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes y 

en los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos, no puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias se deben acatar y cuándo”. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra. Esta norma es necesaria para que 

se coloque a los tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, contando con un expediente completo y 

claro de la controversia que tienen ante sí. Nuestra Máxima Curia 

ha requerido un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones 

reglamentarias, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este 

Tribunal de Apelaciones. Íd.; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 

(1998).

En consonancia con lo anterior, nuestra última instancia 

judicial expresó en Hernández Jiménez v. A.E.E, 194 DPR 378, 382-

383 (2015) que:

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 

tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes

emitidos por los tribunales inferiores.5 Ahora bien, ese 

derecho queda condicionado a que las partes observen 

rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 

jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 

notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto en 

los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 

Tribunal Supremo.6

5 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014).

6 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 130.
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En lo pertinente al caso de marras, la Alta Curia ha dispuesto 

que para que un recurso quede perfeccionado, es necesaria su 

oportuna presentación y notificación del escrito a las partes 

apeladas. González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1070-

1071 (2019). El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en su Regla 

33(B), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B), dispone que, el recurso de 

certiorari que se someta a la consideración del Tribunal de 

Apelaciones deberá ser notificado a los abogados o abogadas en 

récord, o en su defecto, a las partes, dentro del término dispuesto 

para la presentación del recurso. Esto es, dentro del término de 

treinta (30) días, contados a partir del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la resolución u orden recurrida.

Por otro lado, respecto a los requisitos de contenido necesarios 

para el perfeccionamiento de un recurso de certiorari, la Regla 34 del 

Reglamento de este Tribunal, en su inciso (E), 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 34(E), dispone lo siguiente: 

Regla 34 – Contenido de la solicitud de “certiorari”

[...]

(E) Apéndice

(1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este 

inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un 

Apéndice que contendrá una copia literal de: 

(a) Las alegaciones de las partes, a saber:

(i) En casos civiles, la demanda 

principal, la de coparte o de tercero y 

reconvención, con sus respectivas 

contestaciones;

(ii) [...]

(b) La decisión del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita, 

incluyendo las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho en 

que esté fundada, si las hubiere, y la 

notificación del archivo en autos de una 

copia de la notificación de la decisión, si 

la hubiere.
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(c) Toda moción debidamente sellada por el 

Tribunal de Primera Instancia, resolución 

u orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término 

para presentar la solicitud de certiorari, y 

la notificación del archivo en autos de una 

copia de la resolución u orden.

(d) Toda resolución u orden, y toda moción 

o escrito de cualesquiera de las partes 

que forme parte del expediente original 

en el Tribunal de Primera Instancia, en 

los cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en la 

solicitud de certiorari, o que sean 

relevantes a ésta. 

(e) Cualquier otro documento que forme 

parte del expediente original en el 

Tribunal de Primera Instancia y que 

pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones a los fines de resolver la 

controversia. 

(2) [...]

Con respecto a los apéndices incompletos, nuestra Máxima 

Curia ha expresado lo siguiente: “[D]ebemos aclarar que 

generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener 

apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite 

penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción”. 

(Cita omitida) (Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 

150, 155 (2007).

III

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Veamos.

El señor Bonet Lebrón nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 15 de marzo de 2024 y notificada el 18 de marzo de 2024, 

por el Tribunal de Primera Instancia. Alega que, el foro a quo incidió 

al no emitir la sentencia de divorcio en el presente caso. No obstante, 

al revisar el expediente ante nuestra consideración, pudimos

observar una serie de incumplimientos con el Reglamento de esta 
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segunda instancia judicial, que resultan imprescindibles para 

atender la controversia en sus méritos.

En primer lugar, es sabido que, para que un recurso quede 

perfeccionado es necesaria su notificación oportuna.7 El 

incumplimiento con ello puede conllevar la desestimación.8 Al 

examinar el expediente, nos percatamos que el peticionario no nos 

acreditó la notificación del recurso de epígrafe a la señora Almodóvar 

Torres. Ello, revela que el recurso ante nos no reúne los requisitos 

dispuestos para el perfeccionamiento de los recursos, al incumplir 

con la Regla 33(B) de nuestro Reglamento. 

Por otro lado, de un estudio minucioso del expediente, 

observamos que el señor Bonet Lebrón no anejó al recurso copia de 

varios documentos esenciales, a los fines de resolver el asunto que 

se nos presenta. Con precisión, el peticionario se limitó a incluir en 

su Petición de Certiorari: (i) la Demanda radicada el 19 de junio de 

20239; (ii) una Orden emitida por el tribunal recurrido el 2 agosto de 

2023, autorizando el emplazamiento por edicto de la recurrida10; (iii) 

la Resolución recurrida11; (iv) la Moción de Reconsideración12 y, (v) la 

denegatoria de dicha solicitud13.

Tanto de lo anterior, como de la Resolución recurrida, surge 

que, el peticionario omitió anejar, entre otros, la solicitud de 

emplazamiento por edicto, la acreditación de emplazamiento por 

edicto, la solicitud de anotación de rebeldía, y el escrito al que hace 

referencia el foro de instancia en el dictamen recurrido (Escrito 

Informativo y Solicitando Sentencia).

En adición, cabe señalar que, de la Demanda surge como 

causal de divorcio el consentimiento mutuo. Sin embargo, en los 

7 González Pagán v. Moret Guevara, supra, pág. 1070-1071.

8 Íd., pág. 1071.

9 Anejo 4 de la Petición de Certiorari.

10 Anejo 5 de la Petición de Certiorari.

11 Anejo 2 de la Petición de Certiorari.

12 Anejo 3 de la Petición de Certiorari.

13 Anejo 1 de la Petición de Certiorari.
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demás documentos anejados, la causal de divorcio lee como ruptura 

irreparable. El señor Bonet Lebrón tampoco incluyó en el apéndice 

demanda enmendada alguna que justificara tal incongruencia. 

Dichas omisiones por parte del señor Bonet Lebrón suponen 

sin más el incumplimiento con la Regla 34(E)(1) de nuestro 

Reglamento, y tienen como resultado un recurso defectuoso que nos 

impide revisar la corrección del dictamen que se pretende impugnar.

En vista de todo lo anterior, procedemos a desestimar el 

recurso de epígrafe, de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal, la cual le confiere facultad a este foro 

para, a iniciativa propia, desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional cuando carece de jurisdicción.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de epígrafe por falta de jurisdicción, ello debido al craso 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo, lo que nos impide ejercer nuestra 

función revisora.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones