Número Identificador

SEN2023________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MARITERE HERNÁNDEZ Y 

OTROS

Apelada

v.

ASOCIACIÓN DE 

TITULARES DEL 

CONDOMINIO QUANTUM 

METROCENTER, INC. Y 

OTROS

Apelantes

_______________________

MARITERE HERNÁNDEZ Y 

OTROS

Apelantes

v.

ASOCIACIÓN DE 

TITULARES DEL 

CONDOMINIO QUANTUM 

METROCENTER, INC. Y 

OTROS

Apelados

KLAN202100499

CONSOLIDADO

CON

KLAN202100502

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Sobre: Cobro de lo 

Indebido y Otros

Caso Número:

SJ2017CV00209

____________________

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Sobre: Cobro de lo 

Indebido y Otros

Caso Número:

SJ2017CV00209

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Álvarez Esnard y el Juez Ronda Del Toro

Domínguez Irizarry, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 27 de noviembre de 2023.

El Consejo de Titulares del Condominio Quantum Metrocenter 

(Consejo), comparece ante nos mediante el recurso de Apelación

KLAN202100499, para que modifiquemos la Sentencia Final emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 16 de 

abril de 2021. Por igual, comparecen la señora Maritere Hernández, 

su señor esposo, Alejandro Bellver y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Bellver-Hernández), 

mediante el recurso de Apelación KLAN202100502, solicitan la 

revocación de la Sentencia de referencia, a los fines de que 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 2

proveamos a su favor o, en la alternativa, de que concluyamos que 

existen hechos en controversia que hacen meritoria la disposición 

ordinaria del asunto en litigio.

Mediante la Sentencia apelada, el Tribunal de Primera 

Instancia, en lo pertinente, declaró Con Lugar una Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por el Consejo y, en 

consecuencia, desestimó las causas de acción referentes a la 

impugnación de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 

2017, promovidas en la Segunda Demanda Enmendada presentada 

por el matrimonio Bellver-Hernández. Además, el Tribunal de 

Instancia negó conceder los remedios de temeridad y honorarios de 

abogado respectivamente solicitados por los comparecientes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la sentencia apelada y, así, la misma se confirma. 

I

Conforme surge, el Condominio Quantum Metrocenter 

(Condominio) es uno de uso mixto, compuesto de ciento sesenta 

(160) apartamientos residenciales, un (1) apartamiento comercial y 

diecinueve (19) estacionamientos individuales. El 23 de junio de 

2016, el matrimonio Bellver-Hernández adquirió el apartamiento 

comercial. 

El 24 de abril de 2017, el matrimonio Bellver-Hernández presentó

una Demanda y Petición de Injunction Preliminar y Permanente

contra el Consejo, los miembros de la Junta de Directores y el 

Comité de Arquitectura del Condominio en su carácter personal, así 

como en contra de Chubb Insurance Company of Puerto Rico. Dicha 

Demanda original contenía diez causas de acción, a saber: (1) 

solicitud de sentencia declaratoria que reconozca el uso y existencia 

del área comercial; (2) solicitud de sentencia declaratoria para que 

se declare que la demolición de dos paredes y la instalación de un 

portón y cinco rejillas de ventilación no debían someterse para la 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 3

aprobación del Consejo de Titulares; (3) reclamación en daños y 

perjuicios y en cobro de dinero; (4) solicitud de sentencia

declaratoria para que se declare que la parte demandante tiene 

derecho a conectarse a las instalaciones comunales del Condominio, 

particularmente al generador eléctrico; (5) solicitud de orden para 

que se atienda la solicitud de la parte demandante para instalar un 

conducto para la extracción de aire caliente de condensadores del 

área comercial y para instalar una sexta rejilla de ventilación; (6) 

solicitud de orden para que la Junta de Directores produzca las 

actas de sus reuniones y ponga el cuaderno de minutas disponible 

en la oficina de Administración de Condominio; (7) impugnación de 

acuerdos alcanzados por el Consejo de Titulares mediante 

Asambleas celebradas el 22 de febrero de 2016 y 14 de marzo de 

2017; (8) solicitud para que se imponga una multa a la Junta de 

Directores por no informarle al Consejo sobre el despido del Agente 

Administrador; (9) solicitud de sentencia declaratoria en torno a la 

contratación de la representante legal del Consejo de Titulares y; 

(10) solicitud de injunction preliminar y permanente para mantener 

las modificaciones hechas por el matrimonio Bellver-Hernández, 

hasta tanto se dilucidara el pleito.

1

El 16 de mayo de 2017, poco después de presentada la Demanda

original, el Consejo de Titulares celebró una Asamblea 

Extraordinaria. En esta, se consideraron las siguientes solicitudes 

del matrimonio Bellver-Hernández: (1) demolición de paredes 

exteriores del Condominio para la instalación de condensadores de 

aire acondicionado y un portón perforado; (2) apertura de paredes 

comunales para la instalación de unas rejillas de ventilación; (3) 

conexión del apartamiento comercial al generador eléctrico

comunal; y, en la alternativa; (4) la posibilidad de proveer una 

1 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 1-175.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 4

facilidad comunal para instalar un generador eléctrico que sirviera

al apartamiento comercial.2 Como resultado de esta Asamblea

Extraordinaria, el Consejo votó expresamente en contra de cada una 

de estas solicitudes y rechazó todas las propuestas del matrimonio 

Bellver-Hernández.

3

Así las cosas, el 2 de junio de 2017, el matrimonio BellverHernández presentó una Demanda Enmendada y Petición de 

Injunction. En la misma, reprodujo las causas de acción promovidas 

en la demanda original, e incluyó un nuevo reclamo para impugnar 

los acuerdos alcanzados por el Consejo en la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017.

4

Mediante Resolución y Orden emitida el 6 de junio de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia dispuso de varios de los asuntos 

sometidos por los comparecientes ante su consideración. En 

particular, motu proprio, desestimó la petición de injunction

preliminar presentada por el matrimonio Bellver-Hernández, al 

resolver que, puesto que, en la Asamblea en cuestión, las solicitudes 

de alteración, remodelación y construcción propuestas por este 

fueron rechazadas por el Consejo, no había un status quo que 

mantener.

5 Ahora bien, el foro de origen dispuso que los BellverHernández, aún tenían a su haber la reclamación de impugnación 

de los acuerdos alcanzados por el Consejo en la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, conforme solicitado en la 

súplica de la Demanda Enmendada.

6

En desacuerdo con la referida determinación, el matrimonio 

Bellver-Hernández acudió ante este Tribunal de Apelaciones, en 

virtud de un primer recurso de certiorari de denominación 

2 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 2336-2413, 

2414-2437, 2437-2479, 2479-2494. 

3 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 2413, 2437, 

2479, 2494.

4 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 177-241.

5 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 242-243.

6 Íd; Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 244-246. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 5

alfanumérica KLCE201701121. Mediante Sentencia del 8 de agosto 

de 2017, un Panel hermano confirmó la Resolución y Orden del 6 de 

junio de 2017.

7 En particular, coincidió plenamente con la 

conclusión del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que la 

discusión y el rechazo de las propuestas del matrimonio BellverHernández ante el Consejo, tornó académica la audiencia de 

injunction preliminar. Además, concurrió con que no había status 

quo que proteger, ello, a la luz del rechazo expreso de las 

propuestas.8 El referido dictamen advino final, firme e inapelable.

Entretanto, el 28 de junio de 2017, el Consejo presentó su 

Contestación a Demanda Enmendada y Petición de Injunction 

Preliminar y Permanente y una Reconvención.

9 En lo pertinente, 

arguyó que el matrimonio Bellver-Hernández alteró los elementos 

comunes del Condominio sin su anuencia y en violación de la Ley 

de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 31 LPRA 

sec. 1291 et seq., la Escritura Matriz del Condominio Quantum 

Metrocenter (Escritura) y el Reglamento de Administración y 

Copropiedad (Reglamento). Al respecto, el Consejo sostuvo que 

dichas actuaciones afectaron la imagen y elementos comunes del 

Condominio. En consecuencia, solicitó la restitución de los mismos

a su estado original. En la alternativa, el Consejo requirió que se le 

impusiera a los Bellver-Hernández un pago de $25,000 por concepto 

de los daños derivados de su conducta ilegal, o de aquella suma 

necesaria para devolver los elementos comunes a su estado original, 

o del monto aplicable para garantizar la seguridad de la estructura, 

cual fuese mayor. Además, el Consejo solicitó el desembolso de 

costas, gastos y honorarios de abogado.10 El 15 de noviembre de 

2017, el Consejo presentó una segunda enmienda a su alegación 

7 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 248-265.

8 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 263.

9 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100499, pág. 241. 

10 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 342-343. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 6

responsiva. En la misma, se reiteró en el petitorio de su 

Reconvención y, a su vez, añadió una demanda contra tercero.11 

Tras varias incidencias, el 26 de enero de 2018, el matrimonio 

Bellver-Hernández presentó una Segunda Demanda Enmendada y 

Petición de Injunction Permanente.

12 Si bien, en términos generales, 

los remedios solicitados en la demanda original permanecieron 

inalterados, los Bellver-Hernández enmendaron su cuarta causa de 

acción, a los fines de solicitar que se proveyera para que se les 

permitiera el uso de la cisterna comunal del Condominio. De igual 

modo, modificaron, en parte la quinta y séptima causa de acción, 

ello en el ánimo de consignar la expresa impugnación de los 

acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017. El 

13 de junio de 2018, el Consejo presentó Contestación a Segunda 

Demanda y Petición de Injunction Preliminar y Permanente.

13 En el 

pliego, ratificó su previa postura, ello, en cuanto a negar la 

procedencia de las alegaciones del matrimonio Bellver-Hernández. 

En particular, sobre la enmienda incluida a la cuarta causa de 

acción, expusieron que, si el apartamiento comercial del matrimonio 

Bellver-Hernández “no es[taba] conectado al generador [eléctrico] ni 

a la cisterna, [era] porque así lo diseñaron”.14 El Consejo nada 

reprodujo sobre los méritos de su Reconvención. 

Luego de múltiples trámites, entre ellas, varias solicitudes de 

desestimación incoadas por las partes codemandadas en el pleito, el 

2 de noviembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia Parcial mediante la cual desestimó, en su totalidad, la 

primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, octava, novena y décima 

causas de acción según contenidas en la Segunda Demanda 

11 El Consejo presentó demanda contra tercero contra QMC Holdings, LLC. Alegó 

que esta última incumplió con el artículo 14-B de la Ley de Condominios al 

venderle varios estacionamientos al matrimonio Bellver-Hernández. Apéndice 

recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 266, 369-372.

12 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 373-437.

13 Apéndice recurso de Apelación KLAN202100499, págs. 1657-1751.

14 Apéndice recurso de Apelación KLAN202100499, pág. 1706.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 7

Enmendada y Petición de Injunction Permanente15. En esencia, al 

comparar los remedios solicitados con el contenido de aquellos 

reclamados en la Demanda original, el tribunal sentenciador 

dispuso que las referidas alegaciones constituían cosa juzgada, ello 

a tenor con lo resuelto mediante la Resolución y Orden del 6 de junio 

de 2017, dictamen debidamente confirmado por este Foro. Según 

expresó, en virtud del referido pronunciamiento, se concluyó que las 

alegaciones relativas a las mejoras del apartamiento comercial y a 

la solicitud de conexión a la planta eléctrica comunal, se habían 

tornado académicas, tras haber sido denegadas por el Consejo de 

Titulares en la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017. A 

su vez, el Tribunal de Primera Instancia añadió que, aun tomando 

como ciertas las alegaciones de la Segunda Demanda 

Enmendada, conjuntamente con los documentos anejados en apoyo

al pliego, los demandantes no tenían derecho a la concesión de un 

remedio, ello a tenor con la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.3. Así, pues, toda vez lo anterior, únicamente 

subsistieron la quinta y séptima causas de acción, a saber:

[...]

(5) Impugnación de acuerdos alcanzados el día 16 de 

mayo de 2017 para instalar un conducto para la 

extracción de aire caliente de condensadoras del área 

comercial y una sexta rejilla de ventilación e;

[...]

(7) Impugnación de acuerdos en asambleas e 

imposición de multas

a. Nulidad de Asamblea celebrada el día 22 de febrero 

de 2016.

b. Nulidad de la Asamblea celebrada el día 14 de marzo 

de 2017.

c. Improcedentes los “Acuerdos” notificados el 1 de 

junio de 2017 [resueltos en la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017]. 

[...].16

15 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 467-496.

16 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 409 y 413.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 8

Poco después, el 15 de noviembre de 2018, el Consejo 

presentó un documento intitulado Solicitud de Desestimación Parcial 

de la Séptima Causa de Acción de la Segunda Demanda Enmendada, 

re: Asamblea del 14 de marzo de 2017.17 En esencia, planteó que la 

impugnación del matrimonio Bellver-Hernández respecto a los 

acuerdos tomados en la Asamblea del 14 de marzo de 2017, se 

fundamentaba en el hecho de que, en la misma, los titulares de otra 

unidad, presentaron un proyecto de mejoras que fue aprobado. El 

Consejo sostuvo que, ante ello, los Bellver-Hernández alegaron que 

se les privó de presentar sus propuestas para que también fueran 

consideradas en la asamblea de referencia. Al abundar, indicó, 

además, que, previo a que culminara la Asamblea de referencia, los 

Bellver-Hernández voluntariamente se retiraron de la misma, hecho 

que les impedía oponerse a lo allí resuelto. A su vez, en aras de 

sostener su contención, el Consejo expuso que, aun de entenderse 

que el matrimonio Bellver-Hernández era acreedor de algún remedio 

en ley, el mismo se tornó académico cuando, en la Asamblea del 16 

de mayo de 2017, su proyecto fue discutido y eventualmente 

rechazado. Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

desestimara parcialmente la séptima causa de acción promovida por 

el matrimonio Bellver-Hernández en su Segunda Demanda 

Enmendada, ello en torno a la impugnación de los acuerdos de la 

Asamblea del 14 de marzo de 2017. 

En respuesta, el 3 de diciembre de 2018, el matrimonio 

Bellver-Hernández presentó su Oposición a “Solicitud de 

Desestimación Parcial de la Séptima Causa de Acción de la Segunda 

Demanda Enmendada, re: Asamblea del 14 de marzo de 2017”.

Específicamente, argumentó que la figura de la academicidad no era 

oponible a su petitorio. 

17 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 497-508. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 9

Días más tarde, el 30 de noviembre de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una segunda Sentencia Parcial. En virtud 

de la misma, desestimó la séptima causa de acción, ello solo en 

cuanto a la impugnación de los acuerdos tomados en la Asamblea 

del 22 de febrero de 2016, bajo el fundamento de falta de 

legitimación activa. En particular, tras acoger los argumentos del 

Consejo, según esbozados en una previa e independiente moción de 

desestimación, el foro primario resolvió que, para la fecha de la 

antedicha Asamblea, los Bellver-Hernández no eran titulares del 

inmueble objeto de litigio.

De otro lado, y luego de que, inconforme con la Sentencia 

Parcial del 2 de noviembre de 2018, el matrimonio BellverHernández compareciera ante este Foro mediante el recurso de 

apelación KLAN201801326, el 4 de abril de 2019, un Panel hermano 

modificó el referido dictamen y, así, lo confirmó. En lo atinente, 

resolvió que, tal cual dispuesto por el tribunal de origen, los 

remedios solicitados por el matrimonio Bellver-Hernández ya habían 

sido adjudicados en la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 

2017, por lo que, constituyendo cosa juzgada, nada podía 

disponerse en cuanto a los mismos. Así, resolvió que la 

desestimación resuelta por el Tribunal de Primera Instancia 

constituyó un quehacer adjudicativo correcto. No obstante, este 

Tribunal modificó lo resuelto respecto a la cuarta causa de acción 

promovida por el matrimonio Bellver-Hernández en su Segunda 

Demanda Enmendada y Petición de Injunction Permanente, ello en 

cuanto a la solicitud relativa al uso de la planta eléctrica y la cisterna 

comunal. Sobre dicho particular, reiteró que, dado a que la 

controversia relativa a la conexión de la planta eléctrica ya había 

sido dirimida en la Asamblea Extraordinaria de referencia, dicho 

asunto también constituía cosa juzgada. Sin embargo, en 

consideración a que la solicitud para conectar el apartamiento
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 10

comercial en disputa a la cisterna comunal del Condominio se 

presentó con posterioridad y no había sido atendida, ordenó que 

dicho asunto se discutiera en la próxima reunión del Consejo.

18

Tanto la Sentencia Parcial del 2 de noviembre de 2018 emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, como la Sentencia en apelación del 

4 de abril de 2019, advinieron finales y firmes. De este modo, la 

cuestión entre las partes se redujo a la consideración de la conexión 

del apartamiento a la cisterna, ello en los términos resueltos, y a la 

impugnación de los acuerdos alcanzados en las asambleas 

celebradas el 22 de febrero de 2016, el 14 de marzo de 2017 y el 16 

de mayo de 2017.

Así las cosas, y luego de acontecidos varios trámites, el 26 de 

junio de 2019, mediante Sentencia en el recurso de apelación 

KLAN201900032, según promovido por el matrimonio BellverHernández, este Tribunal confirmó la Sentencia Parcial del 30 de 

noviembre de 2018.19 Así, sostuvo la determinación por la cual se 

desestimó la séptima causa de acción, en cuanto a la impugnación 

de los acuerdos tomados en la Asamblea del 22 de febrero de 2016. 

En su determinación, el Panel hermano suscribiente, en referencia 

a las controversias restantes entre las partes de epígrafe, se expresó 

como sigue: 

[U]na revisión cuidadosa del abultado, repetitivo y 

confuso trámite procesal del caso de epígrafe revela que 

el pleito presentado por [el matrimonio BellverHernández] se ha ido desinflando y que sin lugar a

dudas queda pendiente por resolver, como 

correctamente identificó el TPI, la impugnación de los 

acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del Consejo de 

Titulares de 16 de mayo de 2017, en la que se 

rechazaron los acuerdos propuestos por [el matrimonio 

Bellver-Hernández].20

Destacamos que, en la sentencia en apelación de referencia, 

este Foro, en su nota al calce núm. 26, expresamente dispuso que, 

18 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 544.

19 Véase Apéndice recurso KLAN202100499, págs. 1883-1895.

20 Íd., págs. 1894-1895.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 11

dado a que el dictamen que revisó, nada expresó en torno a la 

impugnación de los Acuerdos de la Asamblea del 14 de marzo de 

2017, resultaba improcedente pronunciarse al respecto. Por tanto, 

la Solicitud de Desestimación Parcial de la Séptima Causa de Acción 

de la Segunda Demanda Enmendada, re: Asamblea del 14 de marzo 

de 2017, quedó pendiente de adjudicación.

Así las cosas, el 9 de abril de 2020, matrimonio BellverHernández presentó una Moción Solicitando Desestimación de la 

Reconvención Enmendada por Falta de Jurisdicción. En el pliego 

indicó que, dado a que en su Contestación a Segunda Demanda y 

Petición de Injunction Preliminar y Permanente, el Consejo nada 

mencionó sobre las alegaciones de su Reconvención, debía 

entenderse la misma como renunciada y, por ende, como académica. 

Específicamente, expuso que el Consejo abandonó su causa de 

acción al no aludir a la misma en la alegación responsiva que 

presentó respecto a la Segunda Demanda Enmendada, hecho que le 

impedía obtener remedio alguno a su favor. 

Poco después, el 10 de julio de 2020, el Consejo presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.

21 En esta, arguyó que no 

existía controversia de hechos alguna sobre que, contrario a lo 

aducido en las quinta y séptima causas de acción de la demanda de 

epígrafe, la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, 

cumplió con todas las exigencias procesales y sustantivas de la Ley 

de Condominios, supra, y del Reglamento, ello a fin de que se 

sostuvieran los acuerdos alcanzados en la misma. Al abundar, 

expuso que los argumentos de impugnación del matrimonio BellverHernández, planteaban un alegado incumplimiento con las 

formalidades de ley para validar la convocatoria, celebración y toma 

de acuerdos en la Asamblea en disputa, así como que, las 

21 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 592. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 12

determinaciones por las cuales sus propuestas de remodelación y 

construcción se rechazaron, fueron producto de actuaciones 

arbitrarias, caprichosas y represivas atribuibles al Consejo. No 

obstante, planteó que los mismos no se sostenían en derecho ni en 

los hechos incontrovertidos. 

Al particularizar su contención, el Consejo expuso que, a la 

luz de la escritura matriz del Condominio, no estaba en disputa el 

hecho de que el matrimonio Bellver-Hernández adquirió la unidad 

en el Condominio, a sabiendas de que la misma no tenía conexión a 

la cisterna y ni al generador eléctrico del Condominio. En específico, 

sobre la petición de conexión al generador de referencia, expuso que 

la misma era improcedente, no solo por razón de la naturaleza del 

apartamiento, sino, también, porque ello implicaba una 

modificación a un elemento común, lo cual requería una aprobación 

unánime del Consejo. Añadió, a su vez, que, en la alternativa, debía 

considerarse el hecho de que el apartamiento comercial de los 

Bellver-Hernández se aprovecha del generador eléctrico, al este 

servir a las áreas comunes de ambas torres del Condominio. De 

igual forma, el Consejo indicó que tampoco existía controversia en 

cuanto a que los Bellver-Hernández, sin el consentimiento previo, 

expreso y unánime del Consejo, y con conocimiento de que 

constituía un acto al margen de la ley, demolieron paredes 

comunales, alterando, así, la fachada del Condominio. Al respecto, 

el Consejo sostuvo que, en múltiples ocasiones, y de manera 

extrajudicial, se les solicitó restituir los elementos acomunes 

afectados a su estado original. No obstante, afirmó que el 

matrimonio Bellver-Hernández, lejos de cumplir con ello, continuó 

persistiendo en sus actuaciones ilegítimas. 

Sobre lo acontecido durante la Asamblea Extraordinaria del 

16 de mayo de 2017, el Consejo se reiteró en que ninguna de las 

propuestas del matrimonio Bellver-Hernández fue acogida, luego de 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 13

que las mismas fueran debidamente expuestas. Sobre este 

particular, y a fin de derrotar las imputaciones en su contra, indicó 

que, de la prueba documental anejada al pliego, particularmente de 

la transcripción oral de la Asamblea, surgía que los procesos 

durante la misma se llevaron a cabo de conformidad con las 

exigencias legales y reglamentarias pertinentes. Al amparo de dicha 

afirmación, el Consejo expresó que la convocatoria a la Asamblea se 

efectuó dentro del término legal dispuesto y gozó de la suficiencia 

requerida, ello en cuanto a su contenido. Específicamente, indicó 

que la convocatoria de la Asamblea dio la publicidad necesaria a los 

asuntos a discutirse, la consideración de la apertura y demolición 

de paredes comunales para la instalación de rejillas de ventilación, 

un portón y condensadores de aire, así como, también, la conexión 

del apartamiento en controversia al generador eléctrico. Al proseguir 

en sus argumentos a favor de la validez de la Asamblea, el Consejo, 

de igual modo, indicó que, durante la misma, se cumplió con el 

quorum reglamentario de participación requerido, que el 

matrimonio Bellver-Hernández tuvo amplia oportunidad de explicar 

los pormenores de sus propuestas, que las oposiciones respecto a 

las mismas estuvieron debidamente fundamentadas y que los 

acuerdos alcanzados fueron notificados conforme a ley. De este 

modo, el Consejo sostuvo que, dado a que la prueba documental 

apoyaba la veracidad de sus argumentos, correspondía 

determinarse que no medió conducta arbitraria, caprichosa ni 

represiva alguna en contra de los Bellver-Hernández al momento de 

rechazarse sus propuestas. 

En su moción, el Consejo también afirmó que, toda vez la 

conducta del matrimonio Bellver-Hernández, según establecida por 

la prueba, no existía controversia de hechos en cuanto a que la 

misma era una constitutiva de temeridad y sujeta a las sanciones 

establecidas por el ordenamiento. Al abundar sobre dicho aspecto, 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 14

indicó que las constantes violaciones legales y reglamentarias 

atribuibles a los Bellver-Hernández, lo obligaron a requerir, 

mediante reconvención, la intervención de los tribunales para poder 

mitigar los daños causados por las mismas. Sobre dicho particular, 

destacó su previa postura en cuanto a que los Bellver-Hernández 

conocían de la ilegalidad de sus actos al alterar los elementos 

comunes del Condominio mediante remodelaciones y demoliciones 

no autorizadas. Añadió que fueron estos quienes, al solicitársele, 

extrajudicialmente, que devolvieran las paredes comunales 

afectadas a su estado original, requirieron la celebración de una 

asamblea para que se evaluaran las propuestas que finalmente se 

atendieron en la Asamblea Extraordinaria, por lo que la 

impugnación judicial de los acuerdos resueltos, conjuntamente con 

la ilegalidad de sus acciones, evidenciaba su contumacia. Así pues, 

a tenor con todo lo expuesto en su Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial, el Consejo requirió que se declararan No Ha Lugar la 

impugnación de los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del 16 

de mayo de 2017, según lo expuesto en las quinta y séptima causas 

de acción de la demanda de epígrafe y se ordenara al matrimonio 

Bellver-Hernández restituir los elementos comunes modificados a su 

estado original. Igualmente, el Consejo solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia resolver que los Bellver-Hernández actuaron con 

temeridad y, en consecuencia, que les impusiera la obligación de 

restituir los honorarios y gastos ocasionados al Consejo, todo en 

virtud de lo dispuesto en el Artículo 11.10 del Reglamento, o, en la 

alternativa, el pago de una suma por los honorarios realmente 

incurridos, no menor de $50,000, todo a tenor con el Artículo 42(e) 

de la Ley de Condominios, supra.

22

22 El Consejo acompañó su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial con la siguiente 

prueba documental: Escritura Matriz del Condominio Quantum Metrocenter; 

Reglamento de Administración y Copropiedad del Condominio; Declaración Jurada 

del Sr. Kevin González Toro; Carta dirigida al Lcdo. Alejandro Bellver Espinoza de 

parte de la Oficina de Administración; Carta dirigida a la Junta del Consejo de 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 15

El 30 de noviembre de 2020, el matrimonio Bellver-Hernández

presentó su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de los Demandantes.

23

Arguyó que la moción dispositiva del Consejo era improcedente en 

derecho, toda vez que los alegados hechos no controvertidos se 

fundamentaban en prueba inadmisible. Específicamente, indicó que 

el Consejo apoyó su postura en el contenido de una transcripción 

de los procedimientos de la Asamblea Extraordinaria objeto de 

impugnación, la cual sostuvo que era prueba de referencia 

inadmisible. Además, argumentó que la referida prueba no podía 

intimarse como un récord de negocio admisible por excepción, toda 

vez que, se preparó con el solo propósito de ser utilizada en el litigio 

de autos. Igual señalamiento empleó respecto al Acta de la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, a la Lista de Asistencia a la 

misma, y las Minutas de reuniones previas de la Junta de Directores,

en las cuales se dialogó el alcance de las propuestas en disputa. 

Ahora bien, en sus argumentos de oposición, los BellverHernández sostuvieron que, como alternativa, de entenderse que la 

transcripción de los procedimientos de referencia era admisible, la 

misma no acreditaba el cumplimiento con las leyes y los reglamentos 

aplicables para validar los acuerdos alcanzados respecto al rechazo 

de sus propuestas. En específico, indicó que de la transcripción 

podía advertirse que las oposiciones a su proyecto no estuvieron 

Titulares de parte del Lcdo. Alejandro Bellver Espinoza; Convocatoria Reunión de 

Junta de Directores de 28 de marzo de 2017; Minuta de Reunión de Junta de 

Directores celebrada el 27 de marzo de 2017; Carta del Lcdo. Ángel R. Rivera De 

La Cruz dirigida al Administrador del Condominio Quantum Metrocenter; Carta 

dirigida al Lcdo. Alejandro Bellver Espinoza; Minuta Reunión de Junta de 

Directores celebrada el 11 de abril de 2017; Carta dirigida a Junta de Directores 

del Consejo de Titulares de 11 de abril de 2017; Reporte de Evaluación de 

Condiciones Actuales de la Subestación y el Generador existentes; Reporte pericial 

del Ing. Juan Requena; Recordatorio Junta de Directores; Minuta Junta de 

Directores de 27 de abril de 2017; Convocatoria Asamblea Extraordinaria a 

celebrarse el 16 de mayo de 2017; Comunicación de Acción Civil contra el Consejo 

de Titulares; Acta de Asamblea de 16 de mayo de 2017; Lista de Asistencia de 

Asamblea de 16 de mayo de 2017; Notificación de Acuerdos de Asamblea Ordinaria 

2017; Transcripción de Minuta de Asamblea de 16 de mayo de 2017; Fotografías 

de las alternaciones; copia del Ground Level Floor Ventilation Plan. 

23 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 1219. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 16

debidamente fundamentadas, hecho que derrotaba la ausencia de 

controversia de hechos aducida. 

De igual modo, el matrimonio Bellver-Hernández planteó que 

también surgía que los trabajos en la Asamblea estuvieron 

revestidos de motivaciones en su contra, así como de información 

confusa para los titulares, lo que impidió una consideración 

fundamentada de su proyecto. En particular, indicó que existía una 

genuina disputa en cuanto a que no se les permitió acreditar su 

cumplimiento con los requisitos establecidos por el Comité de 

Arquitectura y la Junta de Directores, ni exponer que sus 

propuestas contaban con la anuencia de los referidos organismos. 

Igualmente, el matrimonio Bellver-Hernández afirmó que la prueba 

documental sometida por el Consejo tampoco respaldaba la 

procedencia de las alegaciones sobre daños aducidas en la 

Reconvención.

En el pliego, el matrimonio Bellver-Hernández incluyó una 

solicitud de sentencia sumaria a su favor. En específico, peticionó 

que se declararan Con Lugar la cuarta, quinta y séptima causa de 

acción, según expuestas en la demanda de autos, así como que se 

proveyera para la desestimación de la Reconvención promovida en 

su contra. En su exposición, reputó como incontrovertible el hecho 

de que la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017 se 

efectuó mediando múltiples incumplimientos legales y 

reglamentarios que, a su juicio, anulaban lo allí resuelto. Al 

abundar, sostuvo que no existía controversia de hechos en cuanto a 

que la convocatoria pertinente fue una defectuosa, por haberse 

efectuado sin su conocimiento, sin cumplir con las exigencias 

procesales aplicables e incluyendo información errónea respecto a 

los asuntos por discutirse. Añadió que, de igual modo, la notificación 

de los acuerdos allí alcanzados también incumplió con los requisitos 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 17

pertinentes para su validación, por no haber sido notificados 

oportunamente. 

Ahora bien, al expresarse en torno a lo específicamente 

acontecido en la Asamblea, el matrimonio Bellver-Hernández 

reprodujo su contención en cuanto a que el proceso fue uno adverso 

en su contra. Sobre dicho particular afirmó que, de conformidad con 

la prueba, surgía que se indujo a error a los titulares, ello en cuanto 

al alcance de sus propuestas de construcción y remodelación. En 

esencia, expresó que su proyecto respecto al apartamiento comercial 

en disputa ya había sido discutido con el Comité de Arquitectura del 

Condominio y con la Junta de Directores, por lo que, tras contar con 

su aval, se comenzó la ejecución del mismo mediante la demolición 

de ciertas paredes. Al amparo de ello, los Bellver-Hernández 

indicaron que el asunto debió haberse sometido ante los titulares 

presentes en la Asamblea, como uno para propósitos de ratificación 

de un proyecto ya iniciado, por haber sido considerado de la Junta 

de Directores y el Comité de Arquitectura. Sin embargo, sostuvieron 

que, lejos de ello, se planteó como una demolición no autorizada de 

paredes comunales, hecho que los predispuso en su contra. A su 

vez, añadieron que, dado a que la Asamblea en disputa se efectuó 

después de la presentación de la demanda original del presente 

caso, se aludió a su condición de demandantes en el pleito, lo que 

también influyó en que sus propuestas no recibieran respaldo. 

En su petitorio, el matrimonio Bellver-Hernández también 

expuso que procedía decretarse la nulidad de la Asamblea celebrada 

el 14 de marzo de 2017, ello conforme expuesto en la séptima causa 

de acción de su demanda. En cuanto a este particular, arguyó que 

los acuerdos resultantes de la misma, particularmente, la 

autorización de la remodelación de una de las unidades del 

Condominio, fueron producto de una convocatoria defectuosa y de 

la falta del quórum legal requerido. En cuanto a este asunto, destacó 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 18

que dado a que desconocía que la remodelación de referencia habría 

de ser objeto de discusión en dicha asamblea, se vio impedido de, 

durante la misma, presentar ante los titulares los términos de su 

proyecto para que fuera considerado. 

Así, a tenor con todo lo antes expuesto, el matrimonio BellverHernández solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara 

sentencia sumaria a su favor, a los efectos de desestimar la causa 

de acción sobre daños promovida en su contra mediante 

reconvención. A su vez, solicitó que se declararan Con Lugar las 

cuarta, quinta y séptima causas de acción de la demanda de 

epígrafe, ello en cuanto a: 1) proveer para la conexión del 

apartamiento comercial a la cisterna comunal del Condominio; 2) 

decretar la nulidad de los acuerdos de la Asamblea del 16 de mayo 

de 2017 y, en consecuencia, permitirle la instalación de los 

condensadores de aire, del portón y de las rejillas de ventilación 

proyectados en su construcción, así como la conexión de la unidad 

al generador eléctrico comunal y; 3) decretar la nulidad de la 

Asamblea celebrada el 14 de marzo de 2017, así como la notificación 

de los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 

2017, con fecha del 1 de junio de 2017. Igualmente, los BellverHernández solicitaron que se decretara la inadmisibilidad en 

evidencia de la transcripción de los procedimientos de la Asamblea 

del 16 de mayo de 2017, el Acta y del Listado de Titulares presentes,

y de las Minutas de las reuniones previas de la Junta de Directores. 

Finalmente, el matrimonio Bellver-Hernández solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que resolviera la temeridad del Consejo y, como 

resultado, le impusiera el pago de los honorarios de abogado y 

gastos aplicables.24 Entendemos menester destacar que, pese a que 

24 El matrimonio Bellver-Hernández acompañó su Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de los 

Demandantes con la siguiente prueba documental: 1) Declaración Jurada de 

Alejandro Bellver con sus respectivos anejos; 2) Transcripción de deposición del 

señor Américo Delgado; 3) Transcripción de deposición del señor Orlando 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 19

el matrimonio Bellver-Hernández afirmó que la transcripción de los 

procedimientos de la Asamblea en disputa no era admisible en 

evidencia, hizo referencia a la misma para sustentar sus 

contenciones. 

Así las cosas, el 5 de febrero de 2021, el Consejo presentó su 

Réplica a “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial” y su 

Oposición a “Solicitud de Sentencia a favor de los Demandantes”.

25

En esencia, arguyó que el matrimonio Bellver-Hernández no 

controvirtió de manera, real, sustancial y genuina los hechos 

propuestos en su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, toda vez 

que no presentaron contradeclaraciones ni evidencia admisible que 

permitiera establecer controversia alguna respecto a sus 

argumentos. Añadió, a su vez, que los planteamientos de los 

Bellver-Hernández estaban fundados en hechos impertinentes a la 

verdadera disputa entre las partes. Igualmente, atinente a la disputa 

de autos, el Consejo señaló que, contrario a lo aducido por los 

Bellver-Hernández, la impugnación de la Asamblea Extraordinaria

del 16 de mayo de 2017 era improcedente, toda vez que su prueba 

estableció que la misma se efectuó de conformidad con las 

exigencias establecidas en el Reglamento y aquellas estatuidas en el 

Artículo 38C de la Ley de Condominios, supra.

26 En principio, para 

sustentar su postura, el Consejo afirmó que los Bellver-Hernández, 

Hernández Arroyo; 4) Transcripción de deposición de señor Jeshua Rivera 

Mercado; 5) Transcripción de deposición del presidente de la Junta de Directores

del Condominio, señor Kevin González Toro; 6) Formulario de Titulares; 7) copia 

de Interrogatorio, Contestación a Interrogatorio, objeciones, contestación a 

objeciones, y Contestación Suplementaria; 8) Certificación del Municipio; 9) 

Expediente presentado ante la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan 

relacionado a la remodelación del Apartamiento PH2601; 10) Informe de la 

Ingeniero Mildred Pérez; 11) Expediente del Condominio sobre remodelación del 

Apartamiento PH2601; 12) Ageing Report de la Asamblea del 14 de marzo de 2017; 

13) Lista de asistencia de Asamblea del 14 de marzo de 2017; Informe del 

Ingeniero Juan Requena; 14) Copia de correos electrónico intitulados: “Solicitud 

Formal de Conexión a la Cisterna”, fechados 22 de diciembre de 2017. 

25 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 5217, 5155. 

26 El inciso (d) del Artículo 38-C de la Ley de Condominios establece que: “La 

oposición a un acuerdo que requiera unanimidad, deberá fundamentarse 

expresamente, bien en la asamblea o por escrito, según se dispone en el párrafo 

anterior, y en ningún caso podrá basarse en el capricho o en la mera invocación 

del derecho de propiedad. La oposición infundada se tendrá por no puesta”. 31 

LPRA sec. 1293b-3. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 20

a pesar de estar presentes en el Asamblea en cuestión, ni 

impugnaron los acuerdos, ni actuaron de conformidad dentro del 

plazo provisto por ley para ello. A su vez, el Consejo destacó que la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 4 de abril de 

2019, sostuvo la validez de los acuerdos objeto de litigio, ello en 

cuanto al rechazo de las propuestas del matrimonio BellverHernández para modificar elementos comunes del Condominio. Así, 

reafirmó que, la nulidad solicitada, no encontraba respaldo en los 

hechos establecidos ni en el derecho aplicable. Del mismo modo, el 

Consejo también expresó que tampoco eran procedentes las 

alegaciones sobre la inadmisibilidad en evidencia de la 

Transcripción, el Acta y la Lista de Titulares de la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, así como de las Minutas de 

las reuniones de la Junta de Directores. Al respecto, expuso que 

dicha prueba documental ya había sido considerada y admitida por 

el Tribunal de Primera Instancia y por este Foro para resolver 

previas controversias entre las partes.

27 A su vez, indicó que los 

referidos documentos no se presentaron a los fines de demostrar la 

verdad de lo aseverado, sino, para establecer la validez, o no, del 

proyecto de construcción del matrimonio Bellver-Hernández. Al 

proseguir, el Consejo también expresó que, en la alternativa, la 

admisibilidad de la transcripción de los procedimientos en 

controversia, distinto al raciocinio del matrimonio BellverHernández, se sustentaba vía la excepción de Récord de actividades 

que se realizan con regularidad, contenida en la Regla 805 (F) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805.28 El Consejo también apuntó el 

hecho de que el matrimonio Bellver-Hernández utilizó porciones de 

la Transcripción que impugnaba para apoyar los hechos 

27 Véase Hernández v. Consejo De Titulares Del Condominio Quantum Metrocenter, 

KLAN201801326.

28 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 5396-5399. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 21

alegadamente no controvertidos expuestos en su solicitud, 

contradicción que le impedía prevalecer en su pretensión. 

El Consejo se reafirmó en que los Bellver-Hernández conocían 

que su proyecto de construcción requería la aprobación del Consejo 

de Titulares y que, aun así, demolieron y alteraron elementos 

comunes del Condominio sin contar con la anuencia debida. Al 

abundar, expuso que estos pretendían validar la ilegitimidad de sus 

actos, ello al argumentar que, tanto el Comité de Arquitectura, como 

la Junta de Directores, conocían y autorizaron su proyecto. Sin 

embargo, el Consejo se reafirmó en que dichos organismos no 

constituían la autoridad máxima del Condominio, por lo que 

estaban impedidos de oponer dicha instancia a su favor. A su vez, 

el Consejo nuevamente reprodujo su contención en cuanto a que el 

matrimonio Bellver-Hernández conocía la descripción específica y 

las características de la unidad comercial en controversia y, aun así, 

consintió su adquisición. De este modo, solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia declarar No Ha Lugar los remedios peticionados 

por el matrimonio Bellver-Hernández y proveer para que este 

restituyera los elementos comunes afectados a su estado original. 

Igualmente, el Consejo se reiteró en su previa súplica, ello en cuanto 

a imponer a los Bellver-Hernández el pago de los honorarios y gastos 

del pleito, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento del Condominio 

o, en la alternativa, el pago de una suma de dinero razonable por 

dicho concepto, según lo dispuesto en la Ley de Condominios, supra. 

El 17 de febrero de 2021, el matrimonio Bellver-Hernández 

presentó su Réplica y Análisis de Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria de los Demandantes.

29 En lo atinente, esbozó argumentos 

sobre la inadmisibilidad en evidencia de la prueba documental 

propuesta por el Consejo, y reiteró que la misma se preparó, 

29 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 5479. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 22

exclusivamente, para fines del litigio de epígrafe. Así, tras manifestar 

que el Consejo no logró controvertir los hechos expuestos en su 

solicitud sobre sentencia a su favor, el matrimonio BellverHernández se reiteró en que se adjudicara el pleito a tenor con sus 

requerimientos. 

Luego de varias incidencias procesales, el 16 de abril de 2021, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia que nos ocupa, 

adjudicando, en virtud de la misma, lo siguiente: Moción de 

Desestimación de la Reconvención Enmendada por Falta de 

Jurisdicción, presentada el 4 de septiembre de 2020 por el 

matrimonio Bellver-Hernández; la Solicitud de Desestimación Parcial 

de la Séptima Causa de Acción de la Segunda Demanda Enmendada, 

re: Asamblea del 14 de marzo de 2017 presentada el 15 de noviembre 

de 2018 por el Consejo; la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada el 10 de julio de 2020 por el Consejo; y la Solicitud de 

Sentencia a favor de los Demandantes, presentada el 30 de 

noviembre de 2020 por el matrimonio Bellver-Hernández. Tras 

entender sobre las mociones dispositivas en controversia y toda la 

prueba documental sometida a su consideración, el foro primario 

concluyó que, ante sí, se estableció que el Consejo rechazó,

mediante voto mayoritario, y a la luz de un proceso válido, las 

solicitudes de demolición, instalación de aires acondicionado y 

conexión al generador eléctrico comunal del matrimonio BellverHernández. El tribunal expuso que su determinación se fundamentó 

en el contenido de prueba plenamente admisible que no fue 

controvertida por el matrimonio Bellver-Hernández, y que acreditó 

que los acuerdos impugnados se tomaron “dentro de un extenso 

proceso deliberativo celebrado en una asamblea debidamente 

convocada”.30 Al abundar, indicó que, de los hechos probados surgía 

30 Apéndice de Apelación KLAN202100499, pág. 7022.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 23

que la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, no adolecía 

de defecto legal alguno que ameritara la anulación del proceso y sus 

resultados, toda vez que, según se acreditó, los Bellver-Hernández 

tuvieron amplia oportunidad de participar y exponer su argumentos, 

ello por sí y a través de su asesora y arquitecta. Igualmente, el 

tribunal indicó que la Asamblea contó con el quórum de 

participación requerido y que, los acuerdos allí resueltos, fueron 

notificados conforme a ley y reglamento. 

Al continuar exponiendo su determinación sobre los procesos 

dirigidos en la Asamblea en disputa, el Tribunal de Primera 

Instancia indicó que, tal cual planteado por el Consejo, este 

constituía la autoridad suprema en la administración del 

Condominio, con facultades, incluso, para impartir directrices a la 

Junta de Directores. Expresó que, toda vez ello, los BellverHernández estaban impedidos de descansar en el hecho de que la 

Junta de Directores y el Comité de Arquitectura habían autorizado 

su proyecto, toda vez que ninguno de dichos cuerpos ostentaba el 

poder de tomar decisiones de tal transcendencia en el inmueble. El 

foro sentenciador también concluyó que, según lo establecido por la 

prueba, y distinto a los argumentos de los Bellver-Hernández, los 

acuerdos alcanzados en la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo 

de 2017 no fueron producto de actuaciones caprichosas y represivas 

en su contra. En dicho contexto, el Adjudicador señaló que se 

demostró que las oposiciones a las propuestas del matrimonio 

Bellver-Hernández eran fundamentadas y razonables, hecho que 

impedía que las mismas se tomaran por no puestas, tal cual lo 

provisto en el Artículo 38C de la Ley de Condominios, supra. 

Ahora bien, en su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia 

indicó que, con independencia de lo que el Consejo hubiera 

determinado sobre los méritos de las propuestas por los BellverHernández, la controversia referente a si estos tenían derecho a: (1) 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 24

demoler las paredes comunales; (2) instalar condensadoras de aire 

acondicionado; (3) instalar un portón perforado de color blanco; (4) 

realizar huecos en paredes comunales para instalar siete rejillas 

para ventilación; (5) conectar el apartamiento comercial al generador 

eléctrico comunal; (6) en la alternativa, que se le provea una 

facilidad comunal para instalar un generador eléctrico, ya había sido 

adjudicada de forma final y firme, tanto por los tribunales primarios 

como por este Tribunal de Apelaciones. Al respecto, expuso como 

sigue.

[...] En particular, ya se habían desestimado las causas 

de acción referentes a la solicitud de Sentencia para que 

se declarara ‘que la demolición de dos paredes, y la 

instalación de un portón y 5 air louvers no debían 

someterse para la aprobación del Consejo de Titulares’, 

así como la solicitud de Sentencia para que se declarara 

que la parte demandante tenía ‘derecho a conectarse a 

las instalaciones comunales del Condominio’. Por lo 

tanto, resulta improcedente reexaminar en esta etapa si

la parte demandante tenía derecho a lo que solicitó en 

la Asamblea del 16 de mayo de 2017 bajo el fundamento 

de que así lo requeriría la escritura matriz, los planos o 

el reglamento del Condominio Quantum Metrocenter”.

31

A lo anterior, el tribunal primario añadió que era un hecho 

incontrovertido que el matrimonio Bellver-Hernández demolió y 

perforó elementos comunes del Condominio sin contar con la 

anuencia del Consejo de Titulares, así como que adquirió la unidad 

en disputa luego de haberla inspeccionado y de mostrarse conforme

con la misma. Así, sostuvo que ello, unido a su determinación en 

cuanto a no intervenir sobre un asunto ya adjudicado, era suficiente 

para sostener que los acuerdos alcanzados en la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017 no eran contrarios a ley. Así, 

declaró Ha Lugar Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada 

por el Consejo, a los únicos fines de desestimar las causas de acción 

quinta y séptima de la Segunda Demanda Enmendada presentada 

por el matrimonio Bellver-Hernández, relacionadas a la 

31 Apéndice de Apelación KLAN202100499, pág. 7023-7024.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 25

impugnación de los acuerdos de la Asamblea. En consecuencia, 

ordenó la restitución de los elementos comunes alterados a su 

estado original.

Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia se expresó en 

torno a los méritos de la cuarta causa de acción de la Segunda 

Demanda Enmendada de los Bellver-Hernández, a saber, la petición 

de conexión del apartamiento comercial a la cisterna comunal del 

Condominio. En cuanto a ello, determinó que, a pesar de que, 

mediante la Sentencia emitida por este Foro el 4 de abril de 2019 en 

el KLAN201801326, y en una vista de desacato ulterior, se ordenó 

al Consejo a entender sobre dicho asunto en la asamblea más 

próxima, nada acreditaba el cumplimiento debido. Toda vez ello, 

declaró Ha Lugar la Oposición de Sentencia Sumaria Parcial y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de los Demandantes 

presentada por los Bellver-Hernández y, a esos fines, ordenó a que 

se sometiera ante la consideración del Consejo la solicitud referente 

a la conexión de la unidad a la cisterna del Condominio. 

De otro lado, el foro a quo declaró No Ha Lugar las solicitudes 

de los comparecientes en cuanto a sus respectivas peticiones para 

que se determinara la temeridad, de una o de la otra, y se impusiera 

el correspondiente pago por concepto de honorarios de abogado y 

gastos del pleito a favor de la parte contraria. A fin se sostener dicha 

determinación, el tribunal indicó que, si bien era una conclusión 

irrebatible que las obras de demolición en controversia fueron 

ilegales por no haber contado con la aprobación del Consejo, 

algunos miembros de los organismos oficiales del Condominio, en 

cierta forma, toleraron las mismas. Así, el tribunal de instancia 

dispuso que, dado a que ambas partes prevalecieron en algunos 

aspectos del caso, no procedía resolver que alguna de las partes 

incurrió en temeridad para propósito de imponer el pago de 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 26

honorarios de abogado o costas a tenor con la normativa procesal 

aplicable y con la Ley de Condominios, supra. 

Finalmente, en su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró Ha Lugar la Solicitud de Desestimación Parcial de la Séptima 

Causa de Acción de la Segunda Demanda Enmendada, re: Asamblea 

del 14 de marzo de 2017. Ello, a la luz de lo dispuesto en las Reglas 

10.2 y 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

10.2 y 42.2. A su vez, denegó la solicitud de desestimación de la 

reconvención presentada por el matrimonio Bellver-Hernández.

En desacuerdo, ambas partes de epígrafe solicitaron la 

reconsideración de lo resuelto, pliegos que, respectivamente, fueron 

denegados.

Inconforme, el 2 de julio de 2021, el Consejo compareció ante 

nos mediante el recurso de Apelación KLAN202100499. En el 

mismo, expuso los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

coincidir que los Bellver están obligados 

contractualmente a cumplir con el Reglamento del 

Condominio Quantum Metro Center cuando no hay 

discreción para eximirlos del pago de costas, gastos y 

los honorarios de abogado al incumplir con las normas 

del Reglamento del Condominio Quantum Metro 

Center. 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no concluir 

que los Bellver incurrieron en temeridad, procedía 

imponer una partida de honorarios bajo el Artículo 42 

(e) de la Ley de Condominios y la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), y 

procedía la indemnización en daños. 

Por su parte, en igual fecha, el matrimonio Bellver-Hernández 

presentó el recurso de Apelación KLAN202100502 y planteó lo 

siguiente: 

Erró el TPI al concluir que la transcripción es admisible. 

Erró el TPI al desestimar la impugnación de la Asamblea 

del 16 de mayo de 2017. 

Erró el TPI al desestimar por academicidad la 

impugnación de la Asamblea del 14 de marzo de 2017. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 27

Mediante Resolución del 3 de agosto de 2021, este Tribunal 

ordenó la consolidación de los recursos de epígrafe.

Habiendo entendido sobre los voluminosos expedientes que 

nos ocupan y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a expresarnos. 

II

A

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.1, permite a una parte que solicite un remedio presentar una 

moción para que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de esta. Así, el tribunal podrá dictar

sentencia sumaria parcial para resolver cualquier controversia que 

sea separable de las controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3; Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 25 (1986). Este 

mecanismo procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate. Segarra Rivera v. Int’l 

Shipping et al, 208 DPR 964, 979 (2022); Rodríguez García v. UCA, 

200 DPR 929, 940 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 

664,676 (2018). Un hecho material es “aquel que puede alterar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

aplicable.” Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al, supra, pág. 980. De 

este modo, y debido a la ausencia de criterios que indiquen la 

existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo. Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y Otros, 2023 TSPR 24, 211 DPR __ (2023); 

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41(2020); Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665(2000). 
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La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales y fomenta 

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan 

nuestro ordenamiento jurídico. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al, 

supra, págs. 979-980; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332

(2004). Por tanto, la sentencia sumaria permite la pronta 

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal 

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial. Así pues, 

esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la 

demanda y falte solo disponer de las controversias de derecho 

existentes. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676; Vera 

v. Dr. Bravo, supra, pág. 334; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 

En lo pertinente, el ordenamiento jurídico ha reconocido que, 

como norma, el uso del mecanismo procesal de la sentencia 

sumaria para disponer de algún asunto es limitado cuando, entre

otros, el mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de 

intención o de propósitos mentales. Segarra Rivera v. Int’l Shipping 

et al, 980, supra. Sin embargo, aun cuando tales aspectos sean 

parte de la causa sometida a la consideración del juzgador de

hechos, la doctrina valida la práctica de disponer de la misma por 

la vía sumaria cuando, de un examen de las particularidades del 

caso, surge que no existe controversia de los hechos materiales del 

mismo. Íd; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). 

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Rodríguez García v. UCA, supra; Roig Com. Bank v. Rosario 

Cirino, 126 DPR 613,617 (1990). Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 
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de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). Por ese motivo, previo a 

utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud junto con 

aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal. Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente. Segarra Rivera v. Int’l 

Shipping et al, supra, 981-982; Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 114 (2015); Vera v. Dr Bravo, supra, pág. 

334.

B

Por su parte, el régimen de propiedad horizontal es una 

institución jurídica sui generis, consistente en el dominio exclusivo 

de una unidad inmueble que “coexiste con un condominio forzoso e 

inseparable de elementos comunes.” Bravman, González v. Consejo 

de Titulares, 183 DPR 827, 844 (2011), citando a Arce v. Caribbean 

Home Const. Corp., 108 DPR 225 (1978), en la pág. 236. Su 

principio rector es garantizar a los titulares el disfrute de la 

propiedad individual. De ahí que, la Ley de Condominios, Ley Núm. 

104 de 25 de junio de 1958, sec. 1291 et seq, según enmendada32, 

reconoce al titular de un apartamiento sometido al régimen de 

propiedad horizontal, el derecho al pleno disfrute de este y de las 

áreas comunes, ello sin menoscabo de los derechos ajenos. Así pues, 

el estado de derecho en esta materia propende a la sana convivencia 

entre condóminos, mediante la conciliación de los derechos y 

32 Advertimos que la Ley Núm. 104, supra, quedó derogada mediante la 

aprobación de la actual Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020, 31 

LPRA § 1921 et seq. No obstante, por ser el estatuto vigente al momento de 

acontecidos los hechos, haremos referencia a los términos de la Ley Núm. 104,

supra.
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prerrogativas involucrados. Junta de Dir. Cond. Montebello v. 

Torres,138 DPR 150 (1995).

Un inmueble solo puede ser sometido al régimen de propiedad 

horizontal mediante la constitución de una escritura pública, 

conocida como escritura matriz, que debe ser inscrita en el Registro 

de la Propiedad. Consejo de Titularles v. Vargas, 101 DPR 579, 582 

(1973). La escritura matriz es una de las fuentes de obligación más 

importantes para los condóminos y gobierna el régimen, siempre 

que sus disposiciones no sean contrarias a la ley, la moral o el orden 

público. Por ello, se ha determinado que la escritura matriz “es una 

especie de acuerdo privado al cual se adhieren los titulares cuando 

compran sus respectivos apartamentos” y que forma un estado de 

derecho que, a su vez, habrá de ser aceptado por los sucesivos 

titulares en la medida en que se transfiera la titularidad de las 

unidades sometidas al régimen. Bravman, González v. Consejo de 

Titulares, supra, pág. 845. La escritura matriz debe detallar, de 

manera clara y precisa, la descripción de cada apartamiento. 

Además, debe precisar el uso y destino de los elementos comunes. 

31 LPRA sec. 1291; Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154 DPR 

225, 235 (2001).

Ahora bien, y atinente a lo que nos ocupa, toda vez que los

elementos comunes de un inmueble circunscrito al régimen de 

propiedad horizontal pertenecen a todos los titulares en indivisión 

forzosa, su destino y uso estará sujeto a los cambios que, por 

unanimidad, acuerden sus dueños. 31 LPRA sec. 1291; Bravman,

González v. Consejo de Titulares, supra. Los elementos comunes 

pueden clasificarse como necesarios o voluntarios. Bravman, 

González v. Consejo de Titulares, supra, pág. 848; Consejo de 

Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 335. Los elementos 

comunes necesarios, son aquellos indispensables para el disfrute de 

la propiedad privada de los apartamientos. Bravman, González v. 
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Consejo de Titulares, supra, pág. 848. Los mismos están destinados 

al uso y disfrute de todos los propietarios conforme su destino y no 

son susceptibles de propiedad individual, toda vez que ello resultaría 

incompatible con el buen funcionamiento del condominio. 31 LPRA 

1291i(a); Íd. Por tal razón, el ordenamiento jurídico entiende que, 

sin ellos, “resultaría inasequible el adecuado disfrute de los 

apartamientos”. Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 184 DPR 1, 

12 (2011). Sobre los elementos comunes necesarios, el Artículo 11 

de la Ley de Condominios, supra, dispone como sigue: 

[...]

(a) Se consideran elementos comunes generales 

necesarios, no susceptibles de propiedad individual por 

los titulares y sujetos a un régimen de indivisión 

forzosa, los siguientes:

[...]

(2) Los cimientos, paredes maestras y de carga, techos, 

galerías escleras, y vías de entrada y salida o de 

comunicación. 

[...]

(7) Un generador de energía eléctrica que supla la 

demanda de áreas comunes, o comunes y privadas, 

haciendo uso de infraestructura eléctrica del 

condominio, como un elemento común general 

voluntario. En caso de que se cambie un generador de 

energía eléctrica que solo supla las áreas comunes a un 

generador de energía eléctrica que tenga la capacidad 

de suplir las áreas comunes y las áreas privadas de los 

apartamientos individuales, no se considerará como 

una mejora, y requerirá el consentimiento de dos 

terceras (2/3) partes de los titulares. 

(8) Cualquier otro elemento que fuere indispensable 

para el adecuado disfrute de los apartamientos en el 

inmueble.

[...].

31 LPRA sec. 1291i. 

Por otra parte, son elementos comunes voluntarios aquellos 

que no son imprescindibles para el disfrute adecuado de la 

propiedad individual. En consecuencia, los mismos pueden ser 

atribuidos a uno o varios titulares en particular. Cestero Aguilar v. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 32

Jta. Dir. Condominio, supra, pág. 12. Por tanto, se permite, 

entonces, la transformación de un elemento común en uno privado 

con el consentimiento unánime de los titulares. Bravman, González 

v. Consejo de Titulares, supra, pág. 849.

C

De otro lado, en el régimen de propiedad horizontal, “[e]l 

titular individual es responsable, principalmente de su propio 

apartamento, que le pertenece privativamente como cualquier otra 

finca sujeta a derechos reales como el de propiedad”. Colón Ortiz v. 

Asoc. Cond. B.T. I, 185 DPR 946, 960 (2012). Sin embargo, [e]n 

cuanto al uso y mantenimiento de los elementos comunes, así como 

los asuntos generales relacionados con la vida del condominio, la 

responsabilidad recae sobre toda la comunidad”. Íd. En la 

consecución de ello, la Ley de Condominios, supra, propone el 

Consejo de Titulares como el organismo integrado por la totalidad 

de los titulares individuales, con personalidad jurídica propia, que 

constituye la autoridad suprema sobre la administración del 

inmueble. 31 LPRA sec. 1293b; Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I,

supra. Así, constituye el cuerpo rector y deliberativo, con dominio 

sobre las áreas comunes del lugar y limitado solo por lo dispuesto 

en la Ley de Condominios, la escritura matriz y el reglamento 

adoptado por el consejo. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 

184 DPR 407, 417 (2012); DACo v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 

DPR 586, 594 (2006).

De conformidad con los términos de la Ley de Condominios, 

supra, el Consejo de Titulares deber reunirse, al menos, una vez al 

año para aprobar los presupuestos y cuentas, y, en otras ocasiones, 

mediante convocatoria del Presidente de la Junta de Directores. 31 

LPRA sec. 1293b-1. Toda convocatoria debe estar firmada por la 

persona o personas que convoquen, y habrá de indicar los asuntos 

a discutirse, la hora, el día y el lugar de la reunión. De igual modo, 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 33

se hará por escrito, entregándose en el apartamiento perteneciente 

a cada titular, o por medio de carta certificada, o vía correo 

electrónico, esto siempre que medie la autorización previa del titular. 

Íd. 

Por su parte, las resoluciones y acuerdos del Consejo de

Titulares adoptados en asambleas debidamente convocadas y 

constituidas son de cumplimiento ineludible para todos los

titulares, ocupantes o residentes y demás personas que se 

relacionen con el condominio. 31 LPRA sec. 1293b. No obstante ello, 

y en lo aquí concerniente, la Ley de Condominios, supra, permite la 

impugnación de los acuerdos tomados por el Consejo. A tales 

efectos, el Artículo 42 de la Ley de Condominios, supra, dispone;

Los acuerdos del Consejo de Titulares y las 

determinaciones, omisiones o actuaciones del Director 

o de la Junta de Directores, del titular que somete el 

inmueble al régimen que establece esta Ley, durante el 

período de administración que contempla el Artículo 

36-A, del Presidente y del Secretario, concernientes a la 

administración de inmuebles que no comprendan 

apartamientos destinados a vivienda o de titulares de 

apartamientos no residenciales en los condominios en 

donde exista por lo menos un apartamiento dedicado a 

vivienda, serán impugnables ante el Tribunal de 

Primera Instancia por cualquier titular que estimase 

que el acuerdo, determinación, omisión o actuación en 

cuestión es gravemente perjudicial para él o para la 

comunidad de titulares o es contrario a la ley, a la 

escritura de constitución o al Reglamento a que hace 

referencia el Artículo 36. [...].

31 LPRA sec. 1293(f). 

Ahora bien, el Artículo 38C de la Ley de Condominios, supra, 

expresamente dispone que, toda oposición “a un acuerdo que 

requiera unanimidad, deberá fundamentarse expresamente, bien en 

la asamblea o por escrito”, sin que la misma se funde en capricho 

alguno o en la mera invocación del derecho de propiedad, por lo que,

“toda oposición infundada, se tendrá por no puesta”. 31 LPRA sec. 

1293b-3(d). 
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D

Siguiendo lo dispuesto por la Ley de Condominios, supra, la

Escritura Matriz del Condominio Quantum Metrocenter establece el 

uso y destino de los elementos comunes del inmueble. Asimismo, en 

su párrafo diez (10), dispone que el Condominio no contará con 

elementos comunes limitados.33 En cuanto a los elementos comunes 

generales, establece que estos se mantendrán en “indivisión forzosa 

y no podrán ser objeto de la acción de división de la comunidad”.34

Específicamente, en el inciso cinco (5) del referido párrafo, establece 

que constituirán elementos comunes generales “]l]a maquinaria de 

bombeo de agua potable y agua de sistema de riego contra incendio 

y demás instalaciones para el servicio común de todos los 

apartamientos, al igual que la cisterna y el generador para casos de 

emergencia”.35 Más adelante, en la sección intitulada “Disposiciones 

Requeridas Sobre Energía Eléctrica”, la Escritura establece, que el 

generador eléctrico proveerá servicio a las áreas comunes y a los 

apartamentos. Esta disposición no provee ningún tipo de distinción 

entre apartamentos residenciales y apartamentos comerciales.36 De 

otro lado, el párrafo veinticinco (25) de la Escritura Matriz establece 

que todo propietario, ocupante o persona que utilice las 

instalaciones del Condominio, estará sujeto a la ley, la Escritura 

Matriz y el Reglamento.37

Por su parte, el Reglamento de Administración y Copropiedad 

del Condominio Quantum Metrocenter, en su preámbulo establece 

que, “[t]anto el Consejo como la Junta de Directores, deben 

propiciar, mediante sus acciones, el disfrute de la propiedad privada 

sobre el apartamiento de cada titular y que la administración de las 

áreas y haberes comunes del edificio se realiza para lograr el pleno 

33 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 663. 

34 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 659.

35 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 661.

36 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 789. 

37 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 795.
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disfrute de este derecho”.38 Mientras, el Artículo 1.4 del Reglamento, 

dispone que “[t]odos los titulares presentes y futuros, arrendatarios, 

o cualquier persona que utilice o visite el edificio, incluidos los 

empleados, clientes o suplidores, tendrán que atenerse a las normas 

establecidas por [el] Reglamento y las disposiciones de la Escritura 

Matriz”.39

En lo referente a la celebración de Asambleas Extraordinarias, 

el Artículo 4.5 del Reglamento establece que el Presidente, por sí 

solo, puede convocar una sesión extraordinaria. Más adelante, el 

mismo Artículo establece que “bastará con notificar la convocatoria 

a cada titular en su apartamento, o a Titulares, con 120 horas de 

anticipación”.40 Dicha convocatoria deberá ser firmada por el 

Presidente o, en ausencia de este, por el Vicepresidente. Ahora bien, 

si convoca una mayoría de los directores, todos deberán firmarla.41

“La comparecencia de un titular a la asamblea, por sí o por 

apoderado, implica que fue debidamente convocado”.42

En cuanto al quórum, el Reglamento establece que este se 

constituirá con una tercera parte de todos los titulares con derecho 

al voto, por sí o por representante. Ahora bien, el Artículo 4.15 del 

Reglamento dispone que los titulares que adeuden: 

[T]res (3) o más mensualidades consecutivas de cuotas 

de mantenimiento o dos (3) mensualidades y un plazo 

de una derrama o que adeude[n] una tercera parte de 

una derrama, de cualquiera de sus apartamientos, 

quedará temporeramente privado del derecho a votar o 

a decidir sobre cualquier asunto que le competa al 

Consejo de Titulares, incluidos aquellos que requieran 

el consentimiento unánime.43

E

De otro lado, en materia de derecho probatorio, es prueba de 

referencia toda declaración que no sea la que un declarante 

38 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 799. 

39 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 800.

40 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 804.

41 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 804.

42 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 804.

43 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 806.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 36

proponga en el juicio o vista de la que trate y que se ofrece con el 

propósito de probar la verdad de lo aseverado. Regla 801 (c) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801 (c). Como norma, y salvo que otra 

cosa se disponga por ley, la prueba de referencia es inadmisible en 

evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 804. La referida norma de exclusión 

está predicada en razones de la confiabilidad de la evidencia 

esperada en el curso de disponer de los hechos adjudicativos en 

controversia y la violación al derecho de confrontación según 

consignado en la Constitución de Estados Unidos y la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En virtud de esta 

premisa, la doctrina interpretativa pertinente reconoce que la 

admisibilidad de prueba de referencia afecta cuatro áreas de vital 

importancia en la disposición de determinado asunto, a saber: 1) 

narración precisa del evento de que trate; 2) percepción del evento; 

3) recuerdo del evento y; 4) sinceridad del declarante. Toledo 

Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 259 (1992). Así, a tenor 

con lo anterior, resulta correcto afirmar que, por lo general, la 

admisibilidad de prueba de referencia, en lugar de la presentación 

de un testimonio en corte, conlleva graves implicaciones respecto a 

la exactitud y valor probatorio de la información que mediante la 

misma se provee.

Ahora bien, la doctrina antes expuesta no es absoluta. En lo 

pertinente, la Regla 805 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805, 

permite la admisibilidad de cierta prueba de referencia, aun cuando 

el declarante esté disponible como testigo, si median determinadas 

circunstancias que le arroguen suficientes garantías de 

confiabilidad. Específicamente, la Regla 805 (F), respecto a los 

Récords de actividades que se realizan con regularidad, dispone 

como sigue:

Un escrito, informe, récord, memorando o 

compilación de datos -en cualquier formarelativo a actos, sucesos, condiciones, opiniones 
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o diagnósticos que se hayan preparado en o cerca 

del momento en que éstos sugirieron, por una 

persona que tiene conocimiento de dichos 

asuntos, o mediante información transmitida por 

ésta si dichos récords se efectuaron en el curso 

de una actividad de negocios realizada con 

regularidad, y si la preparación de dicho escrito, 

informe récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha 

actividad de negocio, según lo demuestre el 

testimonio de su custodio o de alguna otra 

persona testigo cualificada, o según se demuestre 

mediante una certificación que cumpla con las 

disposiciones de la Regla 902(k) de este apéndice 

o con algún estatuto que permita dicha 

certificación, a menos que la fuente de 

información, el método o las circunstancias de su 

preparación, inspiren falta de confiabilidad. El 

término “negocio”, según se utiliza en este inciso, 

incluye, además de negocio propiamente, una 

actividad gubernamental y todo tipo de 

institución, asociación, profesión, ocupación y 

vocación, con o sin fines de lucro. 

32 LPRA Ap. VI, R. 805 (F).

La doctrina reconoce que los fundamentos de la referida 

excepción, “descansan en razones de necesidad, confiabilidad, 

experiencia y en el carácter rutinario del proceso.” Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010); H.R. Stationery, Inc. v. ELA,

119 DPR 129,137 (1987). Por tanto, el récord cuya admisibilidad se 

pretenda, debe cumplir con las exigencias establecidas por el 

ordenamiento, a fin de soslayar la norma general de exclusión. 

F

De otra parte, como norma, los tribunales solo están llamados 

a atender asuntos de carácter justiciable. Amador Roberts et als. v. 

ELA, 191 DPR 268, 282 (2014). La doctrina de justiciabilidad exige 

la adjudicación de casos o controversias genuinas entre partes 

opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un remedio 

capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo, así, la 

intervención oportuna y eficaz de los tribunales. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011); López 

Tirado et al. v. Testigos de Jehová; 177 DPR 893, 907-908

(2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554, 558-559 (1958). Este 
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principio constituye una autolimitación al ejercicio del Poder 

Judicial de arraigo constitucional y persigue el fin de evitar que se 

obtenga un fallo sobre una controversia inexistente, una 

determinación de un derecho antes de que el mismo sea reclamado 

o una sentencia en referencia a un asunto que, al momento de ser 

emitida, no tendría efectos prácticos sobre la cuestión sometida. San 

Gerónimo Caribe Proyect v. A.R.PE., 174 DPR 640, 652 (2008); E.L.A. 

v. Aguayo, supra, 584. Así pues, el ejercicio válido del poder judicial 

sólo se justifica si media la existencia de una controversia real y 

sustancial. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 251 (2001). 

En virtud de lo anterior, se reconoce la doctrina de la 

academicidad como una vertiente del principio de 

justiciabilidad. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003). Como 

norma, un caso es académico “cuando ocurren cambios durante el 

trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta 

pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el 

tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa 

controversia.” C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935 

(1993). De esta forma, los cambios fácticos acaecidos durante el 

cauce de determinado caso que tornen en ficticia su solución tienen 

el efecto de privar de jurisdicción al foro judicial. Super Asphalt v. 

AFI y otro, 206 DPR 803, 816 (2021). Por tanto, para que se pueda 

evaluar los méritos del caso, la controversia debe estar viva aun en 

las etapas de apelación o revisión. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 

836 (1999). Ante ello, es preciso concluir que el propósito de esta 

norma es evitar el uso inadecuado de los recursos judiciales y obviar 

la creación de precedentes innecesarios. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70, 75 (2005).

G

Finalmente, la temeridad constituye aquel patrón de conducta 

que lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio 
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cuya controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales y 

que afecta la sana administración de la justicia. Meléndez Vega v. 

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 2126 (2013); Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267, 335 (1998); Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 

556 (1994). Una parte ha incurrido en temeridad cuando está 

presente alguna de las siguientes circunstancias: 1) contestar una 

demanda y negar responsabilidad total; 2) defenderse 

injustificadamente de la acción en su contra; 3) creer que la 

cantidad reclamada es exagerada y que tal sea el único motivo por 

el cual se opone a las alegaciones del demandante, pudiendo limitar 

la controversia a la fijación de la correspondiente cuantía; 4) 

incurrir en un litigio del cual prima facie se desprende su 

responsabilidad y; 5) negar un hecho cuya veracidad conste. Blas 

v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 335-336; Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987). 

Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que así 

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de 

honorarios de abogado. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 

760, 778 (2016). Al respecto, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como sigue: 

. . . . . . . . 

(d) Honorario de Abogado - En caso de que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. En caso de que 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

municipios, agencias o instrumentalidades haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia una suma por concepto de 

honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado. 
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El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema procesal 

la intención de establecer una penalidad a un litigante perdidoso 

que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito. SLG González-Figueroa v. SLG et al., 

209 DPR 138, 148 (2022): Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 

supra, pág. 778, citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 

DPR 503, 520 (2010). De ahí que, como regla general, establecida la 

concurrencia de tal conducta, la condena de honorarios resulta ser 

imperativa. Así, el juzgador tendrá que adjudicar el monto 

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el actor, ello 

mediante el ejercicio de su sano juicio. Siendo así, la determinación 

que en su día emita sólo será objeto de revisión si ha mediado abuso 

de discreción en el ejercicio de su ministerio. Colón Santos v. Coop. 

Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008).

Por su parte, el Artículo 42 (e) de la Ley de Condominios, 

supra, también contempla el ámbito de la imposición del pago de 

honorarios de abogado en caso de una reclamación al amparo de 

sus términos. Al respecto, reza como sigue: 

[...]

(e) El foro de instancia en el que se diluciden las 

querellas o acciones presentadas por los titulares o por 

el Consejo de Titulares le impondrá a la parte que 

hubiese procedido con temeridad el pago de los gastos 

del pleito o de la querella, así como el pago de una 

suma razonable por los honorarios de abogados en que 

realmente hubiese incurrido la parte que obtuvo el 

remedio solicitado. Sólo mediante la renuncia expresa 

de la parte vencedora podrá dispensarse a la otra parte 

del pago de honorarios.

El titular que prevalezca en cualquier reclamación de 

su querella no tendrá que contribuir a los honorarios o 

gastos legales en que incurra la Junta o el Consejo de 

Titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera 

imponérsele a la parte querellada.

31 LPRA sec. 1293f (e).
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De otro lado, apuntamos que, en el contexto particular que 

atendemos, el Reglamento, en su Artículo 11.10, haciendo referencia 

directa al contenido de la Escritura Matriz del Condominio, estatuye 

las prohibiciones a las que quedan sujetos los titulares de las 

unidades de apartamiento pertinentes. En específico, respecto al 

uso de las áreas comunes, expresamente dispone que queda 

prohibido, entre otras restricciones, “cerrar, individualizar o de 

cualquier forma cambiar la estructura, fachada o el diseño de las 

áreas comunes”. Art. 11.10 B(1)(b), Reglamento. Al respecto, se 

dispone que el incumplimiento de las normas dispuestas:

[...] [d]ará lugar a que El Condominio, por conducto de 

sus organismos oficiales, tome las acciones correctivas, 

legales y/o judiciales que correspondan en ley contra 

el titular y/o los ocupantes del inmueble, siendo por 

cuenta del titular las costas gastos y los honorarios de 

abogado que tal gestión conlleve. [...] . 

Cónsono con lo anterior, el Artículo 12.4 del Reglamento, 

también estatuye la obligación del pago de gastos y honorarios de 

abogado a todo titular que promueva acciones frívolas o temerarias 

en contra del Consejo de Titulares. 

III

En la presente causa consolidada, el matrimonio BellverHernández plantea que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumaria en el caso y, en consecuencia, al sostener 

la validez de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017. 

En esencia, aduce que la determinación del foro sentenciador se 

fundamentó en prueba inadmisible en evidencia, hecho que impedía 

al Juzgador descansar en la misma para acoger la postura del 

Consejo. A su vez, plantea que, el foro a quo incidió al no considerar 

que la Asamblea en disputa se efectuó en contravención a las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y que las 

oposiciones a sus propuestas no estuvieron debidamente 

fundamentadas, sino que fueron producto de actuaciones 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 42

arbitrarias, caprichosas y represivas atribuibles al Consejo. 

Igualmente, en su recurso, el matrimonio Bellver-Hernández afirma 

que el tribunal sentenciador erró al desestimar su causa de acción 

sobre nulidad de la Asamblea del 14 de marzo de 2017, bajo el 

fundamento de academicidad. 

Por su parte, el Consejo alega ante nos que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al no concluir que el matrimonio BellverHernández está obligado al pago de las costas y gastos del pleito, así 

como a los honorarios de abogado. En apoyo a su afirmación, 

sostiene que era un hecho establecido que las demoliciones 

efectuadas por los Bellver-Hernández eran ilegales y violatorias a las 

disposiciones del Reglamento de Administración y Propiedad del 

Condominio. En apoyo a su postura, afirma que, en virtud de dicho 

cuerpo normativo, estos estaban contractualmente obligados a 

satisfacer las referidas partidas. Así, el Consejo aduce que la 

imposición de las mismas no era discrecional, sino, mandatoria. 

Habiendo examinado los planteamientos de ambas partes de 

epígrafe, a la luz de la abundante prueba documental que ante nos 

obra y del derecho aplicable, resolvemos modificar la Sentencia

apelada y, así, confirmar la misma.

Tras ejercer nuestras funciones revisoras, coincidimos con 

que, en el presente caso, en efecto concurren las condiciones 

procesales propias a la eficacia del mecanismo adjudicativo 

empleado por la sala sentenciadora. Sin embargo, intimamos que, 

con respecto a ciertos de los asuntos, el Tribunal de Primera 

Instancia se apartó de la norma que dispone de los hechos 

debidamente establecidos ante sí. Nos explicamos. 

En su primer señalamiento, el matrimonio Bellver-Hernández 

reputa como prueba de referencia la transcripción de los procesos 

durante la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, según 

sometida por el Consejo como anejo a su petición de sentencia 
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sumaria. En particular, aduce que la misma incumple con los 

criterios pertinentes para validar su admisibilidad en evidencia, así 

como, también, con aquellos que, por vía de excepción, 

propenderían para ello. En específico, los Bellver-Hernández 

sostienen que la admisibilidad de la transcripción en disputa, 

contrario a lo afirmado por el Consejo, no puede sostenerse en lo 

dispuesto en la Regla 805 (F) de Evidencia, supra, sobre Récords de 

actividades que se realizan con regularidad. En apoyo a su 

afirmación, expresan que la misma se preparó exclusivamente para 

propósitos del litigio de autos, y no como parte del curso ordinario 

de la actividad relacionada a las funciones arrogadas al Consejo.

Al entender sobre el referido señalamiento, pudimos advertir 

que, en efecto, nada en el expediente de autos acredita que el 

Consejo tuviera como práctica ordinaria de sus actividades realizar 

transcripciones de las asambleas de titulares. Si bien surge que, 

para autenticar la transcripción en controversia, el Consejo 

acompañó la misma con una certificación y una declaración jurada 

suscrita por el Presidente de la Junta de Directores, acreditando el 

alegado cumplimiento de los requisitos estatuidos en la Regla 805 

(F) de Evidencia, supra, así como en la Regla 902 (K) de dicho cuerpo 

normativo, 32 LPRA Ap. V, R. 902 (K), la prueba no sostiene que la 

regularidad de la preparación de transcripciones. Distinto es el caso 

de las minutas y las actas de reuniones y asambleas, respecto a los 

cuales, de acuerdo con la evidencia que obra ante nos, el Consejo 

tenía como rutina administrativa preparar. 44 En consecuencia, por 

no concurrir los criterios probatorios pertinentes, el Tribunal de 

Primera Instancia erró al admitir en evidencia la Transcripción de la 

Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017.

44 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 900, 909, 960.
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No obstante ello, aclaramos que lo anterior no incide sobre la 

validez de la Asamblea en disputa. Aun cuando la transcripción de 

referencia no debió haber constituido prueba en contra del 

matrimonio Bellver-Hernández, evidencia adicional en el expediente 

avala la disposición sumaria del presente caso. Al examinar la 

evidencia que sustenta la solicitud de sentencia sumaria del 

Consejo, pudimos advertir la existencia de múltiples documentos 

admisibles, no controvertidos, que acreditan los trámites previos, 

coetáneos y posteriores a la Asamblea Extraordinaria, los cuales 

derrotan los argumentos de índole procesal planteados por el 

matrimonio Bellver-Hernández.45 En específico, surge que: (1) la 

convocatoria de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017,

se envió mediante correo electrónico, el 5 de mayo de 2017, 

entiéndase, a diez (10) días, o 240 horas, previo a la celebración de 

la Asamblea, ello con expresión de los asuntos a dilucidarse;

46 (2) 

sesenta (60) titulares asistieron a la Asamblea, esto es, se excedió el 

quórum necesario de 1/3 de los titulares con derecho al voto;

47 (3) 

los acuerdos se notificaron oportunamente, el 1 de junio de 2017,

mediante carta certificada por la secretaria de la Junta de Directores 

y expresamente se hizo constar el resultado de los acuerdos 

alcanzados, ello en referencia directa a los asuntos objeto de 

discusión.48 Resulta menester destacar que es un hecho indefectible 

el que el matrimonio Bellver-Hernández asistió a la Asamblea, acto 

que contradice sus argumentos en contra de la eficacia de la 

convocatoria pertinente. Ello así, puesto que, de conformidad con 

45 Véase Acta Asamblea de mayo de 2017; Lista de Asistencia de Asamblea de 16 

de mayo de 2017; Notificación de Acuerdos Asamblea Ordinaria 2017, Apéndice 

de Apelación KLAN202100502, págs. 977 – 1017.

46 El Reglamento requiere que se efectúe, por lo menos, 120 horas previo a la 

celebración de la Asamblea Extraordinaria. Véase Apéndice de Apelación 

Enmendado KLAN202100502, pág. 804. 

47 Al momento de la Asamblea Extraordinaria, el total de titulares con derecho al 

voto era 143, ya que 13 de los 156 titulares del Condominio se encontraban 

morosos y, por ende, sin derecho al voto. Asistieron sesenta (60) titulares. Véase 

Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 994-1007.

48 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 1013. 
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la Regla 4.8 del Reglamento, la asistencia de un titular a una 

asamblea extraordinaria, por sí, o por proxi, implica su conformidad 

con la convocatoria de que trate. Siendo de este modo, su contención 

respecto a la eficacia de la convocatoria de la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017 nos parece inoficiosa. 

Por su parte, y en el contexto procesal aquí en discusión, a fin 

de sostener que la Asamblea Extraordinaria de referencia se apartó 

de las disposiciones de ley y reglamento aplicables, el matrimonio 

Bellver-Hernández añade que la denegatoria a sus propuestas 

resultó de actuaciones arbitrarias, caprichosas y represivas 

atribuibles al Consejo. En esencia, indicó que el Consejo predispuso 

a los titulares en su contra, hecho que redundó en que ninguno 

avalara su proyecto. A su vez, sostiene que ninguna de las 

oposiciones estuvo adecuadamente fundamentada. Sin embargo, 

nada en la prueba que hemos examinado, sustenta sus alegaciones, 

por lo que su postura carece de apoyo fáctico para derrotar la 

corrección de lo resuelto. Por el contrario, lo que acredita la prueba 

documental que obra ante nuestras funciones revisoras, es la 

expresa admisión de los Bellver-Hernández en cuanto a haber 

demolido y alterado elementos comunes generales del Condominio, 

sin el consentimiento del Consejo de Titulares, única entidad con 

facultad para autorizar la disposición de los mismos. A su vez, 

también surge el hecho de que, durante la Asamblea, pudieron 

exponer, por sí y a través de su arquitecta, el alcance de su proyecto, 

el cual, conforme se estableció, quedó derrotado por votación 

mayoritaria de los presentes. Siendo de este modo, y en clara 

ausencia de evidencia respecto a la conducta imputada al Consejo 

por el matrimonio Bellver-Hernández, ninguna causa ilegítima 

medió durante el proceso deliberativo llevado a cabo en la Asamblea. 

Ahora bien, en cuanto a si los Bellver-Hernández, tenían, o no 

derecho a prevalecer en los méritos de la impugnación que 
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promovieron respecto a los acuerdos tomados en la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, diferimos del Tribunal de 

Primera Instancia en cuanto a la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada. Del abundante trámite procesal del caso, no surge que, en 

momento alguno se haya pasado juicio sobre la legalidad de los 

acuerdos en disputa, médula sustantiva en la reclamación del 

matrimonio Bellver-Hernández. Por tanto, no existe dictamen 

anterior alguno que pueda ser oponible al asunto cuya 

consideración se sometió al escrutinio del foro primario. En 

específico, los Bellver-Hernández cuestionaron la legitimidad del 

rechazo a sus propuestas de construcción, así como, también, de la 

negativa de proveer a su unidad de apartamiento acceso al 

generador eléctrico comunal. Ante ello, el foro primario venía 

llamado a aplicar los fundamentos legales pertinentes a los hechos 

relacionados, de modo que el matrimonio Bellver-Hernández 

obtuviera un pronunciamiento sustentado en el derecho y la prueba.

Recordemos que tal cual esbozáramos, en virtud del Artículo 42 de 

la Ley de Condominios, supra, el Tribunal de Primera Instancia tiene 

jurisdicción para considerar si los acuerdos alcanzados por un 

Consejo de Titulares, luego de celebrada una asamblea legítima, son 

contrarios a la ley.

En este contexto, sobre si, en efecto, los Bellver-Hernández 

estaban facultados para perforar las paredes comunales e instalar 

las rejillas de ventilación, los conductos de aire y el portón 

propuestos, no podemos sino resolver en la negativa. Tal cual 

expresáramos, la prueba documental acredita que estos no 

contaban con la anuencia necesaria para obrar de conformidad, por 

lo que, disponiéndose por ley las pautas a dicha actuación, y toda 

vez que los Bellver-Hernández admitieron haber transgredidos las 

mismas, solo resta disponer que ningún derecho le asiste al 
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respecto. Ahora bien, tal no es nuestro parecer en cuanto a la 

denegatoria de la solicitud de conexión al generador eléctrico.

Tanto la Ley de Condominios, supra, en su Artículo 11(a)7), 

31 LPRA sec. 1291i, como la Escritura Matriz del Condominio, son 

claras al establecer el generador eléctrico como un elemento común 

general, con acceso garantizado a todos los apartamientos, sujeto a 

indivisión forzosa.49 Particularmente, la Escritura expresamente 

indica que, tanto la cisterna, como el generador eléctrico, son 

elementos comunes al servicio de los titulares.

50 Al proseguir, 

también indica que el Condominio “no contará con elementos 

comunes limitados”.51 Por tanto, ante ello, el rechazo del Consejo de 

la solicitud del matrimonio Bellver-Hernández para conectar el 

apartamento comercial al generador eléctrico es contrario a derecho 

y, por consiguiente, nulo, hecho que debió haber decretado el 

tribunal sentenciador. Así pues, compete, entonces, que 

modifiquemos lo resuelto respecto a la impugnación de la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, a los fines de ordenar que 

se permita la conexión del apartamento comercial al generador 

eléctrico del Condominio. 

De otro lado, en su recurso de apelación, el matrimonio 

Bellver-Hernández también arguye que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al desestimar, bajo el fundamento de academicidad, 

la impugnación que promovió en su séptima causa de acción, ello 

en cuanto a la Asamblea efectuada el 14 de marzo de 2017. En 

concreto, plantea que, a diferencia de los titulares de otra unidad de 

apartamiento, cuya remodelación se autorizó luego de que, en dicha 

reunión, expusieran el alcance de la misma, no se le permitió 

49 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Escritura Matriz del 

Condominio Quantum Metrocenter, pág. 659.

50 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Escritura Matriz del 

Condominio Quantum Metrocenter, págs. 660-661.

51 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Escritura Matriz del 

Condominio Quantum Metrocenter, pág. 663. 
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presentar sus propuestas de construcción. Sin embargo, 

coincidimos plenamente con lo resuelto por el foro de origen en 

cuanto a que su reclamo es académico. Toda vez que, en la Asamblea 

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, los Bellver-Hernández 

expusieron ante el Consejo de Titulares los pormenores de su 

proyecto, ninguna afrenta a sus derechos converge. Por tanto, en 

ausencia de una controversia justiciable al respecto, sostenemos la 

determinación pertinente.

Por su parte, en su recurso, el Consejo apela a nuestro criterio 

revisor, alegando que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no 

concluir que el matrimonio Bellver-Hernández está obligado 

contractualmente al pago de costas, gastos y honorarios, así como 

al no decretar su temeridad. A fin de prevalecer, arguye que las 

remodelaciones y demoliciones hechas por los Bellver-Hernández, 

según probadas y admitidas, constituyeron actos violatorios al 

Reglamento y a la Escritura Matriz. A tenor con ello, indica que se 

vio obligado a reclamar judicialmente los daños derivados de la 

conducta ilegal desplegada, a fin de que el matrimonio BellverHernández restituyera los elementos comunes afectados a su estado 

original.52 Sobre dicho particular, añade que, el Reglamento 

aplicable, expresamente reconoce su derecho a recobrar los gastos 

y honorarios de abogado pertinentes a una reclamación en contra 

de los titulares que incumplan con sus términos. Al amparo de ello, 

sostiene que, a diferencia del pago de honorarios de abogado, según 

lo contemplado en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, la 

obligación estatuida en el Reglamento es una de naturaleza 

contractual a la cual los Bellver-Hernández estaban sujetos. 

De la Sentencia apelada surge que el Juzgador denegó la 

concesión del pago de costas, gastos y honorarios, bajo el 

52 Véase Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Reconvención, pág. 

343. 
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502 49

fundamento de que el Consejo y otras entidades oficiales en el 

Condominio, toleraron, en cierto modo, las actuaciones del 

matrimonio Bellver-Hernández. A su vez, dispuso que, dado a que 

ambas partes en el pleito resultaron, en alguna forma, favorecidas, 

la imposición de las partidas en disputa no encontraba apoyo en lo 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, ni en la Ley de 

Condominios, supra. 

Siendo la determinación de temeridad, una inherente al 

ámbito de la discreción que le asiste al tribunal adjudicador en el 

ejercicio de las facultades que le asisten, resolvemos que no resulta 

correcto imponer nuestro criterio sobre el ejercido por el Juzgador. 

Por tanto, en ausencia de un decreto de temeridad, ninguna 

obligación puede imponerse al matrimonio Bellver-Hernández al 

amparo de lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal, ni a tenor 

con los términos del estatuto rector en la materia que atendemos. A 

igual conclusión llegamos en cuanto a la aplicación de los términos 

del Reglamento. 

Este Tribunal no tiene duda alguna de que los BellverHernández incumplieron con los términos de la Escritura Matriz y 

el Reglamento del Condominio al demoler paredes y modificar 

elementos comunes sin el aval del Consejo y con pleno conocimiento 

de la ilicitud de sus actos. Sin embargo, a la luz de lo aquí resuelto, 

intimamos que, proveer para la ejecución de los términos del 

Reglamento, ello a los fines de que los Bellver-Hernández satisfagan 

los honorarios y gastos del pleito, atenta con los principios 

cardinales que rigen en materia contractual. Si bien estos estaban 

sujetos a los términos del Reglamento y de la Escritura Matriz, y, 

con ello, a las sanciones allí contenidas en caso de incumplimiento, 

el Consejo, por igual, estaba obligado a observar sus disposiciones. 

En el caso de autos, resolvimos que el Consejo incumplió con los 

estatutos privados del Condominio al negar el acceso del 
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apartamiento comercial a ciertos elementos comunes, en particular, 

al generador eléctrico. Tanto la Ley de Condominios, supra, como el 

Reglamento y la Escritura Matriz del Condominio, establecen, de 

manera expresa, que el generador eléctrico constituye un elemento 

común al cual todos los apartamentos deben tener acceso. Por tanto, 

al no reconocerse dicha prerrogativa respecto a la unidad en 

disputa, forzoso es concluir que el Consejo está impedido de exigir 

el cumplimiento de un contrato que también transgredió. Siendo 

así, toda vez que, dado a lo anterior, los Bellver-Hernández se vieron 

forzados a entablar un pleito en contra del Consejo y, este, a su vez, 

se vio precisado de exigir la restitución de los elementos comunes 

que estos alteraron, no procede reclamación contractual alguna 

respecto a la imposición de honorarios de abogado y gastos del 

pleito.

En mérito de todo lo antes expuesto, modificamos la sentencia 

apelada, a fin de que se provea para la conexión del apartamiento 

propiedad del matrimonio Bellver-Hernández al generador eléctrico 

del Condominio y a los efectos de decretar la inadmisibilidad en 

evidencia de la transcripción de los Procedimientos de la Asamblea 

del 16 de mayo de 2017. Por lo demás, el expediente que nos ocupa 

nos ha permitido constatar que las determinaciones emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia encuentran completo apoyo legal y 

fáctico en la abundante prueba documental sometida a nuestro 

escrutinio. De este modo, por no existir controversia de hechos 

alguna que amerite el cauce ordinario de los procedimientos, 

sostenemos, en los términos aquí resueltos, la corrección del 

pronunciamiento ante nos impugnado.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia

apelada y, así, la misma se confirma. Se ordena al Consejo de 

Titulares compareciente, gestionar la conexión del apartamento 
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comercial en controversia al generador eléctrico comunal del 

Condominio. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones