Número Identificador: 

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

CONSEJO DE TITULARES DEL 

CONDOMINIO FRANCIA

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

SUCESIÓN DE HORTENSIA 

LUISA PIERLUISI DÍAZ 

COMPUESTA POR LIZZETTE 

VIRGINIA LASSUS 

PIERLUISI; HORTENSIA 

LUISA LASSUS PIERLUISI;

JEAN BAPTISTE LASSUS 

PIERLUISI, JUAN DOE, JANE 

DOE; CORPORACIONES A,

B, C

DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202400142

CERTIORARI

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de SAN 

JUAN

Caso Núm. 

SJ2023CV03895 (803)

Sobre:

Cobro de Dinero;

Regla 60

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 11 de marzo de 2024. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora HORTENSIA 

LUISA PIERLUISI DÍAZ (señora PIERLUISI DÍAZ) mediante Certiorari incoado el 

2 de febrero de 2024. En su recurso, nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 2 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de San Juan.

1 Mediante la referida determinación, el foro a quo

declaró ha lugar la Moción de Réplica a Comparecencia Especial y Solicitud de 

Desestimación presentada el 6 de diciembre de 2023 por el CONSEJO DE 

TITULARES DEL CONDOMINIO FRANCIA (CONSEJO).

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

1 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 3 de enero de 2024. Véase 

Apéndice del Certiorari, págs. 050-051.
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- I -

El 1 de mayo de 2023, el CONSEJO entabló una Demanda sobre Cobro 

de Dinero bajo el procedimiento especial tipificado en la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil de 2009.

2 Ese mismo día, se presentó Moción Sometiendo 

Emplazamientos.

3 El 3 de mayo de 2023, se expidieron varias “Notificación y 

Citación Sobre Cobro de Dinero”.

4

Posteriormente, el 11 de junio de 2023, el CONSEJO presentó Moción 

Solicitando Posposición de Vista y Recalendarización de Señalamiento

aduciendo razones médicas.5 Al día siguiente, 12 de junio de 2023, el tribunal

primario mediante Orden dejó sin efecto la audiencia pautada e indicó que la 

misma se recalendarizaría para una fecha futura.6

Meses después, el 5 de octubre de 2023, el CONSEJO presentó Moción 

Solicitando Recalendarización de Señalamiento.

7 Así, el 2 de noviembre de

2023, el foro recurrido dictó Orden señalando la audiencia para el 16 de 

noviembre de 2023.8

Subsiguientemente, el 13 de noviembre de 2023, el licenciado de la 

señora PIERLUISI DÍAZ presentó Moción Asumiendo Representación Legal.

9

Así las cosas, el 15 de noviembre de 2023, la señora PIERLUISI DÍAZ presentó 

Comparecencia Especial sin Someterse a la Jurisdicción del Tribunal, 

Solicitando Desestimaci[ó]n de la Demanda peticionando, entre otras cosas, 

que el caso se convirtiese en uno ordinario en el cual las partes demandadas

tuviesen que ser emplazadas, personalmente o por edictos, y/o por economía 

procesal, se desestimase la demanda, ya que habían expirado los ciento veinte 

(120) días que conceden las Reglas para diligenciar emplazamientos.

10

2 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 001-003.

3

Íd., págs. 004-016.

4 En dicha notificación, se pautó audiencia por videoconferencia para el 12 de junio de 2023, 

a las 9:00 de la mañana. Íd., págs. 017-017L.

5

Íd., págs. 018-019.

6

Íd., pág. 021.

7

Íd., pág. 022.

8

Íd., pág. 024.

9

Íd., pág. 025. Se desprende del documento que la señora Pierluisi Díaz no manifestó

negación sobre atenerse a la jurisdicción del Tribunal.

10 Íd., págs. 028-031.
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A esos efectos, el 16 de noviembre de 2023, se decretó Orden 

concediendo a la otra parte término de veinte (20) días para expresar su 

posición.11 El 6 de diciembre de 2023, el CONSEJO se opuso mediante Moción 

de Réplica a Comparecencia Especial y Solicitud de Desestimación.

12 En su 

escrito, entre otras cosas, adujo el CONSEJO que notificó a las partes 

demandadas mediante correo certificado con acuse de recibo en 

conformidad con lo requerido mediante la Regla 60 de las de Procedimiento 

Civil de 2009, así como la dirección utilizada es la que surge del Registro de 

Titulares. Más adelante, el 2 de enero de 2024, se dictaminó la Resolución

recurrida.

Insatisfecha con ese proceder, el 2 de febrero de 2024, la señora 

PIERLUISI DÍAZ recurrió ante este foro revisor señalando el(los) siguiente(s)

error(es):

Erró el TPI al negarse a resolver que el debido proceso de ley 

requiere que [,] a un demandado desconocido, o uno cuya 

última dirección no sea conocida, tenga que ser emplazado 

personalmente o por la publicación de edictos, y no por una 

“Notificación y Citación” enviada por correo [ú]nicamente, 

como permite la Regla 60.

Erró el TPI al negarse a resolver que en un caso que envuelve 

una propiedad inmueble, todos los titulares de esta son partes 

indispensables al caso, y que [,] si el Tribunal no adquiere 

jurisdicción válidamente sobre alguno de estos, no tiene 

jurisdicción en el caso.

El 6 de febrero de 2024, pronunciamos Resolución en la cual, entre 

otras cosas, concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la 

cual no debíamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen 

impugnado. Consecuentemente, el 20 de febrero de 2024, el CONSEJO 

presentó su Oposición a Expedición de Auto de Certiorari.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y contando con 

el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos encontramos en 

posición de resolver. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a las 

(s) controversia(s) planteada(s).

11 Véase Apéndice del Certiorari, pág. 033.

12 Íd., págs. 037-046.
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- II –

- A -

El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas 

por una corte de inferior instancia judicial.13 Por ello, la determinación de 

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.14

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.15

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.16 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.17 La mencionada Regla 

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.18 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este 

auto discrecional cuando:19

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 20

13 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

206 DPR 391, 403 (2021). 

14 Íd. 

15 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).

16 Íd. 

17 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

18 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).

19 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012).

20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).
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Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.21 

Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en 

el vacío o en ausencia de otros parámetros.22 Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no 

expedir un recurso de certiorari. A saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados;

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; y 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.23

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, 

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.24 En otras palabras, los anteriores criterios 

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si 

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.25 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

21 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.

22 Id. 

23 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

24 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). 

25 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
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posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación que 

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”26 

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.27 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.28 

- B -

El propósito o finalidad principal de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil de 2009 siempre ha sido: “agilizar y simplificar los 

procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, para de 

esa manera lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una justicia más 

rápida, justa y económica en este tipo de reclamación”.29 Así pues, el referido 

estatuto, instituye un proceso sumario para reclamaciones en cobro de 

dinero que no excedan los quince mil dólares ($15,000.00), excluyendo los 

intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el caso bajo el 

procedimiento ordinario.30

En lo pertinente, la Regla 60 dispone que:

[...] 

[l]a parte demandante deberá presentar un proyecto de 

notificación-citación que será expedido inmediatamente por el 

Secretario o Secretaria. La parte demandante será responsable de 

diligenciar la notificación-citación dentro de un plazo de diez (10) 

días de presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, 

mediante entrega personal conforme a lo dispuesto en la Regla 4 

o por correo certificado.

La notificación-citación indicará la fecha señalada para la vista en 

su fondo, que se celebrará no más tarde de los tres (3) meses a 

26 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO 

Construction Inc., supra.

27 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

28 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

29 32 LPRA Ap. V, R. 60; Cooperativa v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 633 (2020). 

30 Íd.. 
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partir de la presentación de la demanda, pero nunca antes de 

quince (15) días de la notificación a la parte demandada. [...] 

Si se demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene alguna 

reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, cualquiera de 

las partes tendrá derecho a solicitar que el pleito se continúe 

tramitando bajo el procedimiento ordinario prescrito por estas 

reglas o el Tribunal podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea 

necesario cancelar la diferencia en aranceles que correspondan al 

procedimiento ordinario. [...].

Cónsono con lo anterior, a este trámite expedito le aplican las Reglas 

de Procedimiento Civil de 2009 respecto a un procedimiento ordinario de 

manera supletoria, en tanto y en cuanto, éstas sean compatibles con el 

procedimiento sumario establecido en la aludida Regla.31

Punteamos que, la responsabilidad de diligenciar la notificacióncitación recae sobre la parte demandante.

32 Es decir, tan pronto la 

secretaria o el secretario del tribunal primario reciba el proyecto de 

notificación-citación y allí consigne la fecha de celebración de la vista en su 

fondo, tiene el deber de expedirla inmediatamente para que la parte 

demandante gestione el diligenciamiento.33

Sabido es que, el emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene 

como propósito notificar a la parte demandada sobre la existencia de una 

reclamación incoada en su contra y es mediante este mecanismo que el 

tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona de dicha parte.

34

Conforme a ello, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil expresa lo 

siguiente:

[...]

El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte 

(120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha 

de expedición del emplazamiento por edicto. El secretario o 

secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que 

se presenta la demanda. Si el secretario o secretaria no los expide 

el mismo día, el tiempo que se demore será el mismo tiempo 

adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los 

emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de 

31 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra.

32 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 634. (énfasis nuestro). 

33 Íd. págs. 634-635. (énfasis nuestro). Nótese que independientemente la opción que la parte 

demandante escoja ya sea trámite expedito o procedimiento ordinario lo transcendental

es que la notificación–citación sea diligenciada, dentro de los diez (10) días de presentada la 

demanda y se acompañe copia de ésta dirigida a la última dirección conocida del deudor 

contra quien pesa una reclamación líquida y exigible. 

34 Ross Valedón v. Hospital Dr. Susoni, 2024 TSPR 10; 213 DPR ___; Martajeva v. Ferré Morris 

y otros, 210 DPR 612 (2022).
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forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho 

término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el 

Tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y 

archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo 

por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 

efecto de una adjudicación en los méritos.

35

En lo que atañe a solicitar que el pleito continúe ventilándose por el 

procedimiento ordinario, es menester destacar que, el reconocimiento de 

este derecho a las partes no implica que automáticamente la conversión 

deba ser concedida, sino que el foro primario deberá sopesar los méritos de 

la solicitud.36 A luz de ello, las instancias por las cuales un litigio al amparo 

de la Regla 60 de Procedimiento Civil de 2009, debe o puede convertirse al 

procedimiento ordinario son: (1) si la parte demandada demuestra que tiene 

una reclamación sustancial; (2) cuando, en el interés de la justicia, las partes 

ejercen su derecho de solicitar que el pleito se continúe ventilando por el 

trámite civil ordinario; (3) partiendo de ese mismo interés, el tribunal motu 

proprio tiene la discreción para así ordenarlo; o (4) cuando la parte 

demandante no conoce ni provee el nombre y la dirección del deudor.37

El profesor Rafael Hernández Colón en su obra jurídica comentó que 

“[l]a mejor práctica debe ser presentar el proyecto de notificación–citación 

[juntamente] con la demanda, [tal y como] lo exige la [Regla] 4.1 de 

Procedimiento Civil”. Agregó que, el estatuto no provee para la 

desestimación por incumplimiento con el término del diligenciamiento. A 

esos efectos, añadió:38

[D]ebe tenerse presente que ello puede conllevar que el tribunal 

imponga sanciones y que traslade el caso al procedimiento 

ordinario. En este último supuesto, el tribunal debe ordenarle al 

demandante que presente en la Secretaría los correspondientes 

emplazamientos, en caso de incumplimiento, procedería la 

desestimación automática conforme con la R. 4.3(c) [de 

Procedimiento Civil].

35 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). Ross Valedón v. Hospital Dr. Susoni, supra, pág. 6. 

36 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 637.

37 Íd., págs. 637-638.

38 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6. ed., San 

Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, págs. 627– 628. 
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Asimismo, explicó que: “el término para diligenciar el emplazamiento 

comenzaría desde que el tribunal emite la orden de que el caso se 

tramite bajo el procedimiento ordinario y no desde que se presentó la 

demanda”.39

Nuestro Máximo Foro ha expresado que por la severidad que conlleva 

la desestimación, y el término breve de este mecanismo sumario, 

transcurridos los diez (10) días sin que la parte demandante haya diligenciado 

la notificación-citación a la parte demandada, no procede obligatoriamente 

la desestimación al amparo de la Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil 

de 2009.40

El Tribunal Supremo puntualizó que: 

[S]i a pesar de la diligencia del promovente de cumplir con las 

exigencias de la Regla 60 para ventilar sumariamente el pleito, 

esto no ha sido posible, lo que procede, en primer lugar, es la 

conversión del pleito al procedimiento civil ordinario, y no 

necesariamente la desestimación de la causa de acción. De modo 

que, siguiendo los pronunciamientos expuestos, queda en manos 

del foro de instancia asegurarse que la causa de acción amerite la 

conversión del procedimiento.41 

Por otro lado, la Regla 4.6. sobre emplazamiento mediante edictos y 

su publicación enuncia: (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 

Puerto Rico, que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada, o si 

es una corporación extranjera sin agente residente y así se compruebe a 

satisfacción del tribunal mediante una declaración jurada que exprese dichas 

diligencias, y aparezca también de dicha declaración o de la demanda 

presentada que existe una reclamación que justifica la concesión de algún 

remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es 

parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para disponer 

que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un 

39 Íd., pág. 628. (énfasis nuestro). 

40 Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, págs. 639– 640. 

41 Íd., pág. 641. 
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diligenciamiento negativo como condición para dictar la orden que disponga

que el emplazamiento se haga mediante edicto. [...] 42

- III -

En sus señalamientos de error, la señora PIERLUISI DÍAZ nos solicita,

en síntesis, que revisemos la Resolución impugnada basándose en que el foro 

primario no tiene jurisdicción para entender el caso, ante el hecho de no haber 

emplazado personalmente o mediante edicto, a las partes indispensables de 

la sucesión de Hortensia Luisa Pierluisi Díaz.43 En la discusión de los errores, 

la señora PIERLUISI DÍAZ expresa que el tribunal recurrido cometió error al no 

ordenar la conversión a un procedimiento ordinario.44 Además, manifestó

que la Demanda instada por el CONSEJO debe ser desestimada.

Por otro lado, el CONSEJO adujo que, descansando en la Resolución

sobre la Declaratoria de Herederos, en su reclamación incluyó a los herederos 

de la causante Hortensia Pierluisi Díaz y se le notificó a la última dirección 

conocida según surge del Registro de Titulares. Expresó en el inciso (22) de 

su escrito, estar dispuesto a aceptar una determinación de que el caso sea 

convertido a procedimiento ordinario.

Ahora bien, habida cuenta de que el recurso ante nuestra 

consideración se trata de un Certiorari, este Tribunal de Apelaciones debe 

determinar, como cuestión de umbral, si procede su expedición. Evaluados 

los criterios establecidos en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

consideramos que el caso de marras se encuentra en la etapa más propicia 

para su consideración.45 Al justipreciar los méritos de la solicitud de la 

conversión del caso, resulta fundamental reconocer que, en el interés de la 

42 32 LPRA Ap. V, R. 4.6.

43 La señora PIERLUISI DÍAZ no ha acreditado que, en efecto, sus hermanos Lizzette V. Lassus 

Pierluisi y Jean Baptiste Lassus Pierluisi han perecido. Nuestro ordenamiento jurídico 

establece que la sucesión civil no posee personalidad jurídica propia. Ante esas 

circunstancias, para poder demandar a los miembros que componen una sucesión civil, 

incluyendo la sustitución de una parte demandante que ha fallecido, es necesario que se 

aperciba por individual a cada uno de sus miembros. Véase Miramar Marine v. Citi Walk, 198 

DPR 684 (2017); Villanova v. Villanova, 184 DPR 824 (2012). 

44 Véase la página 12 de recurso.

45 Véase además Cooperativa v. Hernández Hernández, supra. 
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justicia, este pleito debe convertirse en un procedimiento civil ordinario. Más 

aún, el CONSEJO aceptó no tener objeción a ello.

La conversión del caso para que continúe ventilándose por el 

procedimiento ordinario requiere que todas las partes indispensables sean 

emplazadas conforme a derecho y según lo dispuesto en la Regla 4 de las de 

Procedimiento Civil de 2009.

- IV -

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de Certiorari 

instado el 2 de febrero de 2024 por la señora PIERLUISI DÍAZ; y, en 

consecuencia, se revoca la Resolución intimada el 2 de enero de 2024.

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, puede proceder de conformidad 

con lo aquí resuelto, sin que se tenga que esperar por el recibo de nuestro 

mandato.46

Notifíquese inmediatamente.47

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

46 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35. La Regla 35 (A)(1) enuncia: “La presentación de una solicitud de 

certiorari no suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una 

orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo 

contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35. 

47 Surge de la Minuta de 22 de enero de 2024 que este caso tiene audiencia (vista de 

seguimiento) pautada para el 11 de marzo de 2024 a las 3:00 de la tarde.