Número Identificador

SEN2023 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL 

LCDO. JOSEPH M. LÓPEZ 

BENABE, et. als.

Recurridos

V.

MUNICIPIO DE LUQUILLO, 

et. als.

Recurrentes

KLCE202300067

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Fajardo

Caso Núm.:

NSCI201600028

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Ronda Del Toro y la Juez Álvarez Esnard

Ronda del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2023.

Comparece, el Municipio de Luquillo (en adelante Municipio 

o peticionario), quien presentó un recurso de Certiorari en el que 

nos solicita que revoquemos una Resolución que emitió el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (en adelante TPI),

el 1 de noviembre de 2022.1 Mediante el referido dictamen el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario para que 

se desestime la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

expedimos el auto solicitado y modificamos la Resolución 

recurrida. Así modificada, se confirma. 

I.

El 20 de enero de 2016, el matrimonio compuesto por Lcdo. 

Joseph López Benabe y la Lcda. Dinorah I. Sánchez Rivera (en 

1 Notificada el 2 de noviembre de 2022. 
KLCE202300067 2

conjunto parte recurrida) y la señora Jennie Erazo Rosario, 

presentaron una demanda contra el Municipio, entre otros 

codemandados, por daños y perjuicios, violación de derechos 

civiles, persecución política y represalias. Entre los 

codemandados, en su carácter personal se encontraba el alcalde 

del municipio y, a los empleados municipales: Keyla Centeno 

Avilés, Yarelix Pumarejo Torrens, Ruth E. López Delgado y Luis R. 

Rodríguez Charles. El Lcdo. López Benabe y la Lcda. Sánchez

Rivera, alegaron que fueron empleados de carrera del Municipio 

hasta que el primero fue despedido ilegalmente el 15 de mayo de 

2015 y la segunda fue objeto de un despido constructivo por 

represalias y discrimen político el 13 de agosto de 2015. 

Luego de varios trámites procesales, los empleados 

municipales presentaron una moción solicitando la desestimación 

de la reclamación contra éstos en su carácter personal. Contando 

con las posiciones de las partes, el 20 de noviembre de 2018, el 

TPI dictó una sentencia parcial en la que declaró Ha Lugar la 

moción de los empleados municipales y desestimó la reclamación 

en su contra.2 Los recurridos solicitaron la revisión de este 

dictamen mediante un recurso de Certiorari. Este recurso fue 

denegado por un panel hermano en el caso KLCE201900130. 

Así las cosas, el 3 de marzo de 2021, el Municipio presentó 

tres mociones dispositivas, a saber: 1) Solicitud de desestimación 

de la demanda por el incumplimiento de todos los demandantes 

con el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos; 2) Solicitud 

de desestimación de la demanda, en cuanto a Joseph López 

Benabe por falta de Jurisdicción sobre la materia (Jurisdicción 

Exclusiva de la CASP), y 3) Solicitud de desestimación de la

2 La sentencia parcial fue enmendada Nunc Pro Tunc el 9 de enero de 2019.
KLCE202300067 3

demanda, en cuanto a Dinorah Sánchez Rivera por falta de 

Jurisdicción sobre la materia (Jurisdicción Exclusiva de la CASP).

En la primera de estas mociones, el Municipio solicitó la 

desestimación de la demanda en su contra alegando el

incumplimiento con el requisito de notificación previa requerido el 

Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. El 15 de junio de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia, en una resolución, declaró 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación por incumplimiento con 

el requisito de notificación previa. Este dictamen fue sujeto a un 

recurso de Certiorari, presentado por el Municipio ante este 

Tribunal de Apelaciones. En la Sentencia del caso 

KLCE202200324, se expidió el recurso y se modificó la 

determinación del TPI. Mediante la aludida sentencia se 

desestimó la reclamación de la Sra. Erazo Rosario, pero se

confirmó la determinación del TPI en cuanto a Lcdo. López Benabe 

y la Lcda. Sánchez Rivera. 

Siendo ello así, el TPI continuó con los procedimientos en el 

caso y ordenó a las partes a expresarse respecto a las dos 

mociones dispositivas pendientes, identificadas en la página 

anterior. En síntesis, el Municipio argumentó que el TPI no tenía 

jurisdicción sobre la materia dado que la Comisión Apelativa para 

el Servicio Público (CASP) es la entidad con jurisdicción primaria 

exclusiva sobre las reclamaciones hechas en la demanda. 

Respecto a la Lcda. Sánchez Rivera, el Municipio planteó que debe 

desestimarse la acción porque ella nunca acudió a CASP. Por otro 

lado, el Municipio destacó que el Lcdo. López Benabe, quien 

reclamó ante CASP, presentó una Solicitud de Reconsideración 

ante la entidad el 11 de junio de 2015, y que ésta estaba 

pendiente de adjudicación. Por lo cual, el TPI estaba impedido de 

atender la reclamación hasta tanto CASP resolviera la solicitud. 
KLCE202300067 4

Los recurrentes expresaron su oposición a la desestimación 

argumentando que la presente reclamación no se fundaba en la 

retención del empleo, o de asuntos en el cual la CASP tenía 

jurisdicción primaria exclusiva, sino en daños y perjuicios por 

violación a derechos civiles; la Constitución de Estados Unidos de 

América, la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Derechos Civiles 

Federal, 42 USC sec. 1983; los artículos 1802 y 1803 del entonces 

vigente Código Civil de Puerto Rico (vigente en ese momento); la 

Ley Número 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como la 

Ley de Represalias, y el Family and Medical Leave Act of 1993, 29 

USC secs. 2601-2654.

Así las cosas, el 1 de noviembre de 2022, el Tribunal emitió 

una Resolución resolviendo las dos mociones dispositivas. Luego 

de evaluar las solicitudes de desestimación del Municipio y la 

Demanda, tomando como cierto los hechos bien alegados y 

haciendo todas las inferencias permisibles a favor de los 

recurridos, el Tribunal de Instancia entendió que estaba ante el 

tipo de reclamación contemplada en Colón Rivera et al. v. ELA,

189 DPR 1033 (2013), por lo cual declaró No Ha Lugar las 

mociones presentadas por el municipio. Insatisfecho el Municipio 

presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada no 

ha lugar por el TPI el 22 de diciembre de 2022. 

Por lo anterior, el Municipio presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones el presente recurso de Certiorari el 23 de enero de 

2013, en donde señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al evaluar la solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción sobre la 

materia bajo los parámetros aplicables a la Regla 

10.2(5) de las de Procedimiento Civil, en lugar de 

aplicar la Regla 10.8 de las de Procedimiento Civil.

Erro el TPI al denegar la desestimación de la 

demanda, en cuanto al Lcdo. Joseph M. López Benabe, 

debido a la jurisdicción exclusiva de la CASP, a la cual 
KLCE202300067 5

este se sometió para, simultáneamente, acudir al foro 

judicial sin cumplir con el estándar establecido por el 

Tribunal Supremo para poder eludir el trámite 

administrativo por alegadas violaciones de derechos 

civiles.

Erro el TPI al denegar la desestimación de la 

demanda, en cuanto a la Lcda. Dinorah Sánchez 

Rivera, por falta de jurisdicción sobre la materia 

(jurisdicción exclusiva de la CASP), a pesar de haber 

incumplido con el estándar establecido por el Tribunal 

Supremo para eludir el trámite administrativo ante 

reclamos de alegada violación de derechos civiles.

Erró el TPI al denegar la solicitud de 

desestimación al amparo del caso de Colón Rivera vs. 

ELA, 189 DPR 1033 (2013), cuando éste solo provee 

para la desestimación de la demanda de autos.

II.

A.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR _ (2023); 800 Ponce de León v. AIG, 

205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012).

La característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338. Dicha discreción es "una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra; IG 

Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, establece la autoridad limitada de este Tribunal para revisar 

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional 

del certiorari. Esta, en lo pertinente, dispone que:
KLCE202300067 6

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. [. 

. .]

32 LPRA Ap. V, R. 52.1 

Con el fin de ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, imparte los siguientes 

criterios que debemos tomar en consideración al determinar si 

procede o no la expedición de un auto de Certiorari: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un Tribunal Apelativo sólo intervendrá contra las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando se 

demuestre que “hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).
KLCE202300067 7

B.

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que

formula el demandado para solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

174 DPR 409, 428 (2008). La citada regla dispone que la parte 

demandada puede presentar una moción de desestimación en la 

que alegue las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

En términos generales, al evaluar la concesión de una 

moción de desestimación, nuestro máximo foro ha establecido que 

las alegaciones deben ser interpretadas conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante. González Méndez v. Acción Social, 196 DPR 213, 

234 (2016). Por otra parte, la demanda no debe desestimarse a 

menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Íd.; 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.

Cuando se trata de un reclamo de derechos civiles realizado 

por un empleado público, la alegación de violación de derechos 

civiles requiere que al atender una moción solicitando la 

desestimación el Tribunal debe ser sumamente liberal y 

“únicamente procedería cuando de los hechos bien alegados no 

podía concederse remedio alguno a favor del demandante.” Ver: 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013). 
KLCE202300067 8

C.

Es norma reiterada que los asuntos relacionados con la 

jurisdicción del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con 

prioridad. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019);

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018). Al 

cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes 

o, incluso, cuando no haya sido planteado por éstas, el foro 

examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional

como parte de su deber ministerial, pues éste incide directamente 

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., supra. Se ha señalado que la: 

[La] ausencia de jurisdicción sobre la materia trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva 

la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a 

los tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse 

en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de 

las partes o por el tribunal motu proprio”. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009).

De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta 

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos 

de la controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. Así lo expone la Regla 

10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R.10.8, que 

establece: 

[. . .] (c) Siempre que surja, por indicación de las 

partes o de algún otro modo, que el tribunal carece de 

jurisdicción sobre la materia, éste desestimará el 

pleito. 

Bajo esta disposición, se puede desestimar una reclamación 

por ser de jurisdicción exclusiva de una agencia administrativa o 
KLCE202300067 9

de la esfera federal. Esto significa que al amparo de la Regla 

10.8(c) los tribunales locales deben desestimar una acción civil 

cuando surge la falta de jurisdicción sobre la materia ante el foro 

aludido. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, a la pág. 

855. 

En lo pertinente, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone sobre la moción de desestimación 

que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia [. . .]

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, “es aquella que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en

la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su 

contra”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

428 (2008). Entre las defensas que pueden alegar, mediante 

moción fundamentada, está la falta de jurisdicción sobre la 

materia. 32 LPRA Ap. V. R. 10.2. Por tanto, esta regla permite a 

la parte demandada alegar que dado que no hay jurisdicción sobre 

la materia se vuelve improcedente la demanda incoada.

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2,

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados 

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente, y de la manera más favorable 

posible para la parte demandante”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., supra, págs. 428-429. Particularmente, una moción 
KLCE202300067 10

al amparo de la Regla 10.2, supra, fundada en la falta de 

jurisdicción sobre la materia, “para desestimar un caso por falta 

de jurisdicción sobre la materia ‘es necesario determinar si, 

tomando como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene 

jurisdicción para atender el reclamo’”. Colón Rivera et al. v. ELA, 

supra, pág. 1049, citando a Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 

13, 30 (1999). 

D.

La Ley Núm. 184-2004 estableció la Comisión Apelativa del 

Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) como 

el organismo adjudicativo sustituto de la Junta de Apelaciones del 

Sistema de Administración de Personal y le confirió jurisdicción 

apelativa sobre todas las reclamaciones de los empleados públicos 

no organizados sindicalmente, las cuales se relacionan con el 

principio del mérito. Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1050. 

Conforme a esta Ley, las acciones relacionadas al principio del 

mérito son: clasificación de puestos, reclutamiento y selección, 

ascensos, traslados y descensos, adiestramiento, y retención. Id., 

pág. 1051.

Por virtud del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3 LPRA 

Ap. XIII, conocido por el "Plan de Reorganización de la Comisión 

Apelativa del Servicio Público" [en adelante Plan de 

Reorganización] se fusionó la CASARH y la Comisión de Relaciones 

del Trabajo del Servicio Público, como la nueva CASP. Art. 1, Plan 

de Reorganización, supra. La CASP es un organismo cuasi judicial, 

especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de 

mérito, en el que se atenderán casos laborales, de administración 

de recursos humanos y de querellas de los empleados públicos 

cubiertos por la Ley Núm. 45-1998, la Ley Núm. 184-2004, y los 

empleados municipales cubiertos por la Ley Núm. 81 de 30 de 
KLCE202300067 11

agosto de 1991. Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 

2023 TSPR 6, pág. 13. 

El Art. 8 del Plan de Reorganización, supra, establece que la 

CASP tendrá, entre otras, las siguientes facultades, funciones y 

deberes: 

[. . .]

i) conceder los remedios que estime apropiados y 

emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes 

conforme a las leyes aplicables. Esto incluye, entre 

otras, órdenes provisionales o permanentes de cesar 

y desistir; órdenes para la reposición de 

empleados suspendidos o destituidos, con o sin 

el abono de la paga atrasada dejada de percibir

y la concesión de todos los beneficios marginales a los 

cuales los empleados hubiesen tenido derecho 

durante el período de suspensión o destitución; 

órdenes imponiendo sanciones económicas o 

procesales a agencias, funcionarios o representantes 

legales por incumplimiento o dilación de los 

procedimientos; y órdenes imponiendo sanciones a 

agencias, organizaciones sindicales o representantes 

exclusivos, incluyendo la descertificación de estos 

últimos; [. . .]

j) conceder indemnizaciones por daños y 

perjuicios e imponer multas administrativas en 

todo tipo de discrimen que sea probado por los 

empleados que acuden ante este foro, sin 

menoscabo de los derechos de los servidores públicos 

de recurrir al foro judicial para el reclamo de daños y 

perjuicios cuando no lo reclamen ante la Comisión; [. 

. .] (énfasis nuestro).

Por su parte, en el Art. 12 del Plan de Reorganización, supra, 

especificó cuál sería la jurisdicción apelativa de CASP. Dicho 

artículo expresa lo siguiente: 

La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las 

apelaciones surgidas como consecuencia de acciones 

o decisiones de los Administradores Individuales y los 

municipios en los casos y por las personas que se 

enumeran a continuación: 

(a) cuando un empleado, dentro del Sistema de 

Administración de los Recursos Humanos, no cubierto 

por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 

enmendada, conocida como la "Ley de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público", alegue que una acción o 

decisión le afecta o viola cualquier derecho que se le 

conceda en virtud de las disposiciones de [. . .] la Ley 

Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida como la "Ley de Municipios Autónomos", los 

reglamentos que se aprueben para instrumentar 
KLCE202300067 12

dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por los 

Administradores Individuales para dar cumplimiento a 

la legislación y normativa aplicable.

E.

La Ley 115-1991 conocida como “Ley contra el Despido 

Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio 

ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial” se aprobó con 

el fin de conferirle una herramienta a los trabajadores en contra 

de posibles actos de represalias por parte de los patronos, 

motivadas por el ofrecimiento de algún testimonio o alguna 

información ante ciertos foros. Velázquez Ortiz v. Mun. de 

Humacao, 197 DPR 656, 668-669 (2017); Cordero Jiménez v. 

UPR, 188 DPR 129, 135-136 (2013). El Art. 2 de la Ley de 

Represalias, 29 LPRA sec. 194a, prohíbe que un patrono, público 

o privado, despida, amenace, o discrimine contra un empleado 

porque el empleado ofrezca o intente ofrecer testimonio o 

información “ante un ante un foro legislativo, administrativo o 

judicial de Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de 

carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información 

privilegiada establecida por ley”. Para hacer valer la antes 

mencionada prohibición el Art. 2, supra, también dispone que:

(b) Cualquier persona que alegue una violación a las 

[29 LPRA secs. 194 et seq.] de este título podrá instar 

una acción civil en contra del patrono dentro de tres 

(3) años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 

solicitar se le compense por los daños reales sufridos, 

las angustias mentales, la restitución en el empleo, 

los salarios dejados de devengar, beneficios y 

honorarios de abogado. La responsabilidad del 

patrono con relación a los daños y a los salarios 

dejados de devengar será el doble de la cuantía que 

se determine causó la violación a las disposiciones de 

dichas secciones. 29 LPRA sec. 194a (b).

La Ley Núm. 115, supra, crea una presunción juris tantum

de violación a la misma a favor del querellante, al disponer que 

éste establece un caso prima facie una vez prueba que (1) 

participó en una actividad protegida y (2) que fue 
KLCE202300067 13

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su 

contra en el empleo. Ya el querellante habiendo establecido de 

forma prima facie su caso, el patrono deberá alegar y 

fundamentar que tuvo una razón legítima y no discriminatoria 

para el despido. Ante esto, el empleado, aún puede prevalecer si 

prueba que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto 

para el despido discriminatorio. Véase, Art. 2, Ley 115-1991, 

supra; Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 446

(2012). 

F.

La Family and Medical Leave Act (FMLA) es una legislación 

Federal que garantiza a todo empleado elegible el poder 

ausentase sin paga de su empleo por un periodo de 12 semanas 

en el término de 1 año, ante una enfermedad grave (“serious 

illness”) que no le permita ejercer sus funciones. Además, la ley 

le permite utilizar este permiso para el cuido de un familiar 

cercano que se encuentre enfermo, o por el nacimiento-o 

adopción- y cuido de un nuevo miembro de la familia. 29 USCA 

sec. 2612(a)(1); SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 

255 (2014). Por lo tanto, la FMLA le garantiza al empleado la 

retención de su empleo o posición equivalente mientras este se 

acoja al permiso provisto por ella. Igualmente establece que 

durante ese periodo el patrono deberá proveerle al empleado el 

seguro médico que disfrutaba al momento en que se acogió a los 

beneficios de esta ley. 29 USC secs. 2614(a)(1) y 2614(c)(1). 

El estatuto prohíbe que un patrono interfiera, restrinja o 

niegue a un empleado el ejercicio de los derechos que la FMLA le 

provee. 29 USC sec. 2615. Es por ello, que el discutido estatuto 

dispone para el resarcimiento de los daños sufridos por el 
KLCE202300067 14

empleado ante la violación de los derechos que la FMLA le provee. 

SLG Pagán-Renta v. Walgreens, supra, pág. 256; 29 USC sec. 

2617. Tal reclamación se puede presentar ante cualquier tribunal 

federal o estatal de jurisdicción competente. 29 USC sec. 2617.

III.

El primer señalamiento de error se enfocó en si el Tribunal 

de Primera Instancia realizó el análisis correcto al evaluar las 

mociones dispositivas que presentó el Municipio. Según el 

Municipio, el Tribunal a quo aplicó el estándar de evaluación 

aplicable a las mociones bajo el inciso 5 de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, que la demanda deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

Argumentó que ante un planteamiento de falta de jurisdicción 

sobre la materia el Tribunal de Primera Instancia no podía aceptar 

como ciertas las alegaciones de la Demanda para poder 

determinar si tenía jurisdicción. Argumentó que como la demanda 

no cumplía con lo establecido en First Fed. Savs. v. Asoc. De 

Condómines, supra, y conforme a la Regla 10.8 de Procedimiento 

Civil, supra, solo procedía desestimar la demanda. El Municipio, 

en ese análisis ignora lo resuelto en Colón Rivera et al. v. ELA, 

supra. 

El referido error no se cometió. Nuestra jurisprudencia es 

clara en que “para desestimar un caso por falta de jurisdicción 

sobre la materia ‘es necesario determinar si, tomando como cierto 

lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción para 

atender el reclamo’”. Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1049. 

Ahora, si de dicho examen surge que el tribunal carecía de 

jurisdicción sobre la materia, entonces solo procedía que este se 

declare sin jurisdicción y desestime el pleito, conforme a la Regla 
KLCE202300067 15

10.8 (c) de Procedimiento Civil, supra. Luego de evaluar la 

resolución recurrida, el Tribunal de Instancia utilizó el análisis 

correcto para atender la moción, o sea el Tribunal tomó como 

cierto todos los hechos bien alegados para hacer su determinación 

de jurisdicción. 

Los demás señalamientos de error en síntesis tratan sobre 

si la CASP tenía jurisdicción primaria exclusiva sobre la materia en 

la reclamación de los recurridos y de ser así si estos presentaron 

hechos suficientes para preterir del trámite administrativo, 

procedemos a resolverlos en conjunto. 

El Municipio argumentó, en su segundo señalamiento de 

error, que el TPI erró al determinar que tenía jurisdicción para 

atender la reclamación del Lcdo. López Benabe porque éste 

presentó una reclamación ante CASP, la cual estaba pendiente de

adjudicación. En cambio, en el tercer señalamiento de error, 

argumentó que la Lcda. Sánchez Rivera tampoco se podía 

presentar ante el Tribunal de Primera Instancia dado que ésta 

debía primero presentar su reclamación de despido constructivo 

ante la CASP, al insistir que era foro con jurisdicción primaria 

exclusiva sobre la materia. Por último, el Municipio argumentó 

que la parte recurrida no presentó hechos concretos que 

demuestren que una adjudicación de la CASP constituye una 

gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado o 

que ha de causar un daño irreparable e inminente, por lo que estos 

no podían evadir el trámite administrativo presentando una 

reclamación ante el foro judicial levantando cuestiones 

constitucionales, sobre alegado discrimen político y supuestas 

represalias.
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Resolvemos que la reclamación de Lcdo. López Benabe en 

la CASP no constituye impedimento para presentar su reclamación 

ante el Tribunal de Primera Instancia, dado que el proceso ante 

la agencia para todos los efectos ya culminó. El Lcdo. López 

Benabe presentó una solicitud de apelación ante la CASP 

impugnado su despido por el Municipio. Según surge del 

expediente del recurso de autos, esta se presentó el 11 de junio 

de 2015,3 a saber 27 días desde que fue notificado, el 15 de marzo 

de 2023, o sea, pocos días después de ser destituido de su puesto 

en el Municipio.4 La solicitud de apelación se amparó en la 

jurisdicción estatutaria de la agencia conferida en el Art. 12(a) 

Plan Reorganización de la CASP, supra.5 Así las cosas, el 13 de 

julio de 2015, la CASP emitió una Notificación final de deficiencia 

y devolución de apelación por incumplimiento, mediante la cual 

declaró la solicitud presentada por el Lcdo. López Benabe como no 

radicada.6 El Lcdo. López Benabe presentó una solicitud de 

reconsideración ante CASP el 15 de julio de 2015, la cual 

no fue atendida por la agencia.7 Conforme al Art. 14 del 

Plan Reorganización de la CASP, supra, la agencia tenía un 

término de 15 días para tomar alguna determinación con 

respecto a la reconsideración y de no hacerlo se entiende 

rechazada. Tomado en cuenta que la CASP no atendió la moción 

de reconsideración del Lcdo. López Benabe, resulta forzoso 

concluir que los procedimientos ante la CASP, por los hechos 

alegados en la demanda, hoy en día han concluido. Además, 

indicamos, de que en cuanto al Lcdo. López Benabe los 

procedimientos ante CASP serían una gestión, inútil e inefectiva, 

3 Véase la pág. 174 del Apéndice del Recurso.

4 Véase las págs. 7 y 174 del Apéndice del Recurso.

5 Véase la pág. 171 del Apéndice del Recurso.

6 Véase las págs. 255-256 del Apéndice del Recurso.

7 Véase las págs. 257-258 del Apéndice del Recurso.
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ya que surgía del expediente con suficiente claridad que la gestión 

ante la entidad administrativa ha estado en suspenso desde el

2015. Ver: Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42 

(1993).

En cuanto a la reclamación de la Lcda. Sánchez Rivera, que 

se trata de una empleada pública del Municipio de Luquillo que 

alega múltiples violaciones a sus derechos civiles por parte de 

dicha entidad gubernamental, también actuó correctamente el 

TPI. La recurrida no acudió a la CASP. La apelante alega que se 

le violentaron derechos constitucionales y esa alegación de 

reclamo constitucional elude el cauce administrativo. 

La CASP también está facultada para conceder 

indemnizaciones por daños y perjuicios e imponer multas 

administrativas en todo tipo de discrimen que sea probado por los 

empleados que acuden ante este foro,

8 en estas circunstancias y 

tomando como ciertas las alegaciones correctamente formuladas 

sobre violaciones a sus derechos constitucionales, se justificaba 

preterir el trámite administrativo y la recurrida podía recurrir 

directamente al TPI, como hizo.

Reconocemos que la Ley de Represalias contempla la 

presentación de una acción civil en contra del patrono ante el TPI. 

Con esa alegación formulada en su demanda, se releva a la parte 

recurrente de tener que acudir a la CASP, para dilucidar la 

controversia sobre si hubo un despido constructivo. Ver Colón 

Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1049.

En vista de lo anterior, concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia no erró al no desestimar las reclamaciones ante 

8 Art. 8 del Plan de Reorganización, supra.
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su consideración. Esa decisión fue una correcta. Por tanto, 

procede confirmar al TPI en su Resolución denegando la 

reclamación del Municipio para desestimar ambos reclamos. 

Procede confirmar en todas sus partes la Resolución emitida por 

el foro primario y confirmar los procedimientos. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, expedimos el auto de Certiorari y 

confirmamos la resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo y ordenamos la continuación 

de los procedimientos a la luz de lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones