Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

IRIS IBETTE CRUZ 

VÁZQUEZ

Peticionaria

v.

Ex Parte

KLCE202400453

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Bayamón

Civil Núm.:

BY2024CV01360

Sobre:

Petición de 

Declaratoria de 

Herederos

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.

El 19 de abril de 2024, la señora Iris Ibette Cruz Vázquez (Sra. 

Cruz o peticionaria) presentó una Petición de Certiorari con relación 

a una Resolución1 emitida el 13 de marzo de 2024 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Vega Baja (TPI). En esta, el TPI denegó 

expedir un emplazamiento por edicto en un caso de declaratoria de 

herederos. Luego de solicitar infructuosamente una 

Reconsideración, la Sra. Cruz presentó el Certiorari ante nuestra 

consideración. 

Examinada la Petición y los documentos que obran en el expediente 

y el derecho aplicable, expedimos el recurso y revocamos la 

Resolución del TPI.

I.

El 31 de marzo de 2020, falleció intestada la señora Andrea 

Vázquez (Sra. Vázquez) en el estado de Nueva York. La Sra. Vázquez 

1Apéndice de Petición de Certiorari, Anejo III, pág. 17. Notificada y archivada en 

autos el 13 de marzo de 2024.
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dejó bienes en el municipio de Vega Baja, Puerto Rico, incluyendo 

un bien inmueble. El 24 de enero de 2023, el TPI emitió una 

Resolución2 señalando como únicos y universales herederos a 

Ricardo Cruz Vázquez, Iris Ibette Cruz (la peticionaria), Juan 

Thomas Cruz, Juan Manuel Cruz, Evelyn Cruz, Margarita Cruz 

Vázquez (representada por sus hijos), Luis Francisco Cruz Jr. 

(fallecido sin dejar descendencia) y Carmen Rodríguez. 

El 12 de noviembre de 2022, y aun activa la comunidad de 

herederos de la Sra. Vázquez, falleció la señora Carmen Rodríguez.3

En consecuencia, los herederos forzosos de la Sra. Rodríguez la 

representan en la comunidad hereditaria de la Sra. Vázquez. La Sra. 

Cruz es miembro de la comunidad hereditaria de la Sra. Vázquez y 

tiene interés propietario sobre un bien inmueble que forma parte de 

la comunidad. Por lo tanto, con miras para agilizar el procedimiento 

relacionado con la comunidad hereditaria de la Sra. Vázquez, la Sra. 

Cruz presentó una solicitud de declaratoria de herederos para la 

sucesión de la Sra. Rodríguez.

Entre los documentos que la Sra. Cruz presentó están: una 

certificación negativa de testamento en el Registro de Testamentos,4

una certificación negativa sobre asuntos no contenciosos ante 

notarios expedida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico,5 una 

certificación negativa de pensión alimentaria del Departamento de 

la Familia,6 el certificado de defunción de la señora Carmen 

Rodríguez, expedido por el Departamento de Salud del estado de 

Nueva York,7 y los certificados de nacimiento de dos de los hijos de 

la Sra. Rodríguez.8

2 Íd., Anejo I, págs. 8-9.

3 Íd., pág. 7.

4 Íd., pág. 13

5 Íd., pág. 14.

6 Íd., pág. 12.

7 Íd., pág. 7.

8 Íd., págs. 10-11.
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El 12 de marzo de 2024, la Sra. Cruz le solicitó al TPI que 

expidiera un “emplazamiento por edicto”. En esta Moción,

9 alegó que 

ha realizado esfuerzos para lograr comunicación con los herederos 

forzosos de la Sra. Rodríguez cuyos certificados de nacimiento no ha 

podido conseguir. Sin embargo, estos esfuerzos han sido 

infructuosos. Señaló la Sra. Cruz que conoce que estos herederos 

residen en los Estados Unidos de América. El 13 de marzo de 2024, 

el TPI denegó la expedición de un emplazamiento por edicto, 

comentando que la “solicitud de emplazamiento por edicto no es 

compatible con una solicitud [ex parte]. Tiene la parte que presentar 

un pleito ordinario. No ha lugar”.10

Posteriormente, el 18 de marzo de 2024, la Sra. Cruz le solicitó 

la reconsideración de su determinación, pero el TPI se sostuvo en su 

denegatoria. Inconforme, el 19 de abril de 2024, la Sra. Cruz 

presentó la Petición de Certiorari ante nuestra consideración. Señaló 

como único error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE NO PROCEDE UNA SOLICITUD 

DE AUTORIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTO POR 

EDICTO EN UN PROCESO DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA O [EX PARTE] SOBRE DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, INDICANDO QUE, “UNA 

SOLICITUD DE EMPLAZAMIENTO POR EDICTO NO 

ES COMPATIBLE CON UNA SOLICITUD [EX PARTE]. 

TIENE LA PARTE QUE PRESENTAR UN PLEITO 

ORDINARIO”, CONTRARIO A LO ESTABLECIDO 

EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 552 DEL 

CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, SECCIÓN 

2301.

II.

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

“que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

9 Íd., Anejo II, págs. 15-16.

10 Íd., Anejo III, pág. 17.
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DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Trata de un recurso discrecional, para el cual existen unos 

parámetros que sirven de guía al momento de decidir si debemos 

expedir o denegar el auto. De esta forma, el asunto que se nos 

plantee en el recurso de certiorari debe tener cabida dentro de 

alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil dispone que un recurso 

de certiorari sólo será expedido cuando se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunctions) de Procedimiento Civil o una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Además de lo anterior, y a modo de 

excepción, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias cuando se recurra de decisiones sobre: 

1) la admisibilidad de testigos de hecho o de peritos esenciales; 2) 

asuntos relativos a privilegios probatorios; 3) anotaciones de 

rebeldía; 4) casos de relaciones de familia; 5) casos que revistan 

interés público; o, 6) cualquier otra situación en la cual esperar la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Una vez adecuadamente presentado un recurso de certiorari, 

el Tribunal de Apelaciones deberá ejercer su discreción y evaluar la 

petición tomando en consideración los criterios enumerados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Deberá evaluar:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

B.

Los casos ex parte son procedimientos de jurisdicción 

voluntaria. Estos son, por su naturaleza, todos aquellos “en que sea 

necesaria, o se solicite, la intervención del juez, sin estar empeñada 

ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y 

determinadas”. Rivera v. Corte, 68 DPR 673, 676 (1948). Este 

procedimiento suele emplearse para peticiones comunes, como la 

declaratoria de herederos, la expedición de cartas testamentarias, la 

adveración de testamentos ológrafos, la disposición de bienes de 

menores, el cambio de nombre, el divorcio por mutuo 

consentimiento, el nombramiento de tutores y defensores, la 

adopción y otras similares establecidas en las respectivas leyes 

particulares y habilitadoras. RPR & BJJ, Ex Parte, 207 DPR 389, 405 

(2021). “En esos casos no se promueve acción alguna entre partes 

conocidas y determinadas. Los peticionarios son los únicos 

interesados en el remedio que se solicita”. Rivera v. Corte, supra, 

pág. 676.

Ahora bien, que un procedimiento comience como uno de 

jurisdicción voluntaria no impide que se convirtiere en uno 

contencioso cuando “compareciere una parte oponiéndose o 

pretendiendo un interés adverso al de los peticionarios”. Íd. “De 

surgir una controversia genuina, el foro primario debe adjudicarla 

mediante un trámite dotado de múltiples características análogas a 

las de un juicio contencioso”. RPR & BJJ, Ex Parte, supra, pág. 405. 

(Cita omitida).

Sobre esto, nuestro Tribunal Supremo ha determinado que los 

procedimientos no contenciosos (de jurisdicción voluntaria) no se 

han de limitar necesariamente a la comparecencia de una sola parte. 
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[C]on frecuencia sucede que dentro de un 

procedimiento de jurisdicción voluntaria comparecen al 

tribunal varias partes en defensa de intereses 

completamente opuestos. Cuando así ocurre [...] se 

establece una genuina controversia a ser adjudicada 

por un tribunal de instancia mediante un trámite 

dotado de múltiples características análogas a las de un 

juicio contencioso o plenario. 

Batiz v. Tribunal Superior, 104 DPR 41, 45 (1975).

Por lo tanto, de existir una controversia verdadera que surja 

a raíz de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, el curso 

correcto es “convertir el proceso en uno contencioso y seguir el 

trámite ordinario”. Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 DPR 824, 

858 (2012).

C.

El Artículo 552 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone 

que: 

En casos de sucesión intestada o de nulidad de un 

testamento, los que tengan algún interés en la herencia 

podrán dirigir una solicitud a la Sala del Tribunal de 

Primera Instancia del último domicilio del finado, o del 

lugar en donde se encuentren sus bienes, pidiendo se 

dicte el correspondiente auto de declaración de 

herederos.

32 LPRA sec. 2301.

Este establece un procedimiento mediante el cual una 

persona interesada en una herencia puede solicitarle al tribunal que 

dicte una declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos es 

el proceso judicial mediante el cual se identifican los herederos

forzosos de una persona que haya fallecido sin testamento. Cabe 

destacar que una declaratoria no constituye una determinación 

final, firme y cerrada. Por el contrario, el Art. 552 del Código de 

Enjuiciamiento Civil dispone que la declaratoria de herederos “se 

dictara sin perjuicio a terceros” que no intervinieron en el proceso, 

sean o no herederos, si sus derechos pudieran verse afectados por 

la resolución. “Después de dictada la resolución firme, cualquier 

aspirante que no haya sido notificado del procedimiento, y que no 
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haya comparecido en el mismo y tenga un derecho bien fundado a 

la herencia, podrá formular y hacer valer su derecho contra los que 

hayan sido declarados judicialmente herederos”. Íd., Art. 553. Por lo 

tanto, una persona con un interés o derecho oponible podrá 

levantarlo, aunque no haya sido incluido en la declaratoria de 

herederos.

Para que una solicitud de declaratoria de herederos sea válida, 

el peticionario debe declarar bajo juramento: (1) el fallecimiento de 

la persona de cuya sucesión se trate; (2) que, según su leal saber y 

entender, el causante falleció sin dejar testamento, o que se han 

hecho las investigaciones y registros correspondientes sin 

encontrarlo o, si hubiere dejado testamento, que éste ha sido 

declarado nulo; y, (3) los nombres y domicilios de las personas con 

derecho a la herencia o sucesión. Íd., Art. 552. Por lo general, esto 

se cumple con la presentación de una certificación negativa de 

testamento en el Registro de Poderes, una certificación negativa 

sobre asuntos no contenciosos ante notarios, un certificado de 

defunción que emite el Registro Demográfico, certificado de 

nacimiento de todas las personas herederas forzosas emitidas 

por el Registro Demográfico y, si la persona que falleció estaba 

casada, el certificado de matrimonio emitido por el Registro 

Demográfico, si era viuda, el Certificado de Defunción de su 

cónyuge, o, si estaba divorciada, la Sentencia de Divorcio. En 

ocasiones, y a discreción del tribunal, éste puede solicitar prueba 

adicional o celebrar una vista para comprobar la documentación 

presentada. Íd.

El Artículo 552 del Código de Enjuiciamiento Civil también 

contempla la posibilidad de que, ante el conocimiento de otros 

herederos no identificados o localizados, el tribunal pueda emitir 

una notificación por edicto llamando a aquellos herederos a 

comparecer. El Art. 552 dispone que: 
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Solicitada la declaración de herederos a favor de un 

pariente colateral dentro del sexto grado, si el juez 

tuviere motivos para creer que podrán existir otros 

parientes de igual o mejor grado, y el valor de los bienes 

excede de cinco mil dólares ($5,000), podrá el juez a su 

discreción mandar a publicar edictos anunciando el 

fallecimiento del finado y los nombres y grados del 

parentesco de los que reclaman la herencia y 

llamando a los que se crean con igual grado o mejor 

derecho para que comparezcan a reclamar dentro de 

un plazo determinado. Los edictos se publicarán por 

un tiempo que fijará el juez en su orden, insertándolos 

en un periódico de circulación general en el Estado 

Libre Asociado. Transcurrido el término designado en 

los edictos, a contar desde la fecha de su última 

publicación, apreciadas las pruebas, dictará el juez 

auto, según lo previsto por la ley para el caso, haciendo 

declaración de las personas con derecho a la herencia. 

Las que comparezcan a consecuencia de dichos 

llamamientos deberán expresar por escrito y bajo 

juramento el grado de parentesco en que se hallen con 

el causante de la herencia, si no tuviesen a su 

disposición documentos que los justifiquen.

(Énfasis nuestro).

Por lo tanto, si un juez entiende que existen otros herederos 

forzosos que no hayan sido localizados o que no hayan comparecido, 

éste podrá notificarlos mediante edicto. Este mecanismo evita que 

un procedimiento, esencial pero no perjudicial, quede paralizado por 

meros tecnicismos de la ley. Conste que la notificación por edicto es 

un remedio extraordinario, por lo que la norma debe ser el 

cumplimiento con la presentación de los documentos antes 

señalados. 

III.

Una declaratoria de herederos, por su naturaleza, no debe ser 

un procedimiento contencioso ni limitado por mero tecnicismo de la 

ley. Por lo tanto, estimamos que el TPI erró al negarse a ordenar la 

expedición de una notificación por edicto para notificar a los 

herederos forzosos de la Sra. Rodríguez de su fallecimiento y derecho 

a comparecer a los procedimientos relacionados con su sucesión. 

En primer lugar, entendemos que la Sra. Cruz cometió un 

error en la selección de la frase “emplazamiento por edicto”. Sabido 

es que el emplazamiento es el mecanismo procesal mediante cual 
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un tribunal adquiere jurisdicción sobre una persona en un 

procedimiento contencioso. Sin embargo, en un procedimiento de 

jurisdicción voluntaria, nuestro ordenamiento jurídico intenta 

limitar las oportunidades de litigación innecesaria o paralizaciones 

indebidas de procesos ágiles y eficientes. Por lo tanto, el mecanismo 

del emplazamiento no es el apropiado para notificar a partes del 

procedimiento activo en los tribunales.

La declaratoria de herederos es un procedimiento ágil y 

eficiente, pero esencial para división de la comunidad hereditaria de 

un causante intestado. Por lo tanto, el Código de Enjuiciamiento 

Civil y otros estatutos pertinentes lo categorizan como un 

procedimiento no contencioso y de jurisdicción voluntaria. Aunque 

este puede tener efectos sobre los intereses y derechos de personas, 

el mismo Artículo 553 del Código de Enjuiciamiento Civil protege a 

aquellas personas no incluidas en el mismo. Dispone que este no 

perjudicará a terceros, por lo que ellos podrán comparecer 

posteriormente sin perjuicio a sus derechos o intereses. 

Nuestro Tribunal Supremo también ha reconocido que: 

[C]on frecuencia sucede que dentro de un 

procedimiento de jurisdicción voluntaria comparecen al 

tribunal varias partes en defensa de intereses 

completamente opuestos. Cuando así ocurre [...] se 

establece una genuina controversia a ser adjudicada 

por un tribunal de instancia mediante un trámite 

dotado de múltiples características análogas a las de un 

juicio contencioso o plenario. 

Batiz v. Tribunal Superior, supra, pág. 45.

En consecuencia, el mero hecho de que una declaratoria de 

herederos sea un procedimiento de jurisdicción voluntaria no quiere 

decir que está impedido de convertirse en uno de jurisdicción 

contenciosa posteriormente. Tampoco quiere decir que luego de 

convertirse en un procedimiento de jurisdicción contenciosa, es 

necesario radicar un pleito ordinario para ventilar la controversia. 
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Los jueces deben atender los asuntos en controversia en el mismo 

pleito. 

En el caso de la Sra. Cruz, ella le solicitó al TPI publicar una 

notificación por edicto, llamando a los herederos conocidos, pero no 

localizados de la Sra. Rodríguez a comparecer a procedimientos 

sobre cuales tienen intereses propietarios. Entendemos que el 

asunto procesal aquí envuelto es uno de fácil disposición. Con la 

notificación por edicto a los herederos que se encuentran fuera de 

nuestra jurisdicción es suficiente para quedar notificados de la 

acción instada en el Tribunal. Adviértase que de otra forma sería 

imposible decretar la sucesión intestada de la finada.

IV.

Por las razones esbozadas, se expide el auto de Certiorari y se 

revoca la determinación del TPI. Se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones