Número Identificador

RES2023_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

JULIO E. GIL DE 

LAMADRID DE JESÚS

Parte Peticionaria

V.

CENTRO DE 

RECAUDACIONES DE 

INGRESOS 

MUNICIPALES (CRIM) Y

OTROS

Parte Recurrida

KLCE202301268

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera

Instancia, Sala de

Bayamón

Caso Núm. 

BY2023CV04804

(Sala 702)

Sobre:

Injunction Preliminar,

Injunction 

Permanente

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

Comparece la parte demandante-peticionaria, el Sr. Julio E. 

Gil De Lamadrid De Jesús mediante un recurso de Petición de 

Certiorari Civil Urgente y nos solicita la revisión de la Orden emitida 

el 7 de noviembre de 2023 y notificada el 8 de noviembre de 2023 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en 

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI denegó la solicitud de 

la parte peticionaria para que se le anotara la rebeldía a la parte 

demandada-recurrida Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (en adelante, CRIM). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de Certiorari.

I
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El 30 de agosto de 2023, la parte peticionaria presentó una 

Solicitud de Injunction en contra del CRIM.1 El 5 de septiembre de 

2023, el CRIM fue debidamente emplazado.2

El 7 de noviembre de 2023, la parte peticionaria presentó un 

Escrito en Solicitud de Anotación de Rebeldía; Informando 

Consignación y que se Resuelva la Solicitud de Sentencia.

3 En 

síntesis, la parte peticionaria solicitó que se le anotara la rebeldía al 

CRIM por no haber presentado una alegación responsiva dentro del 

término legal establecido para ello; y que se procediera a dictar

sentencia en rebeldía en su contra.

El 7 de noviembre de 2023, notificada el 8 de noviembre de 

2023, el TPI emitió la Orden recurrida, mediante la cual denegó la 

solicitud de la parte peticionaria para que se le anotara la rebeldía 

al CRIM; y le concedió un término final de quince (15) días al CRIM 

para presentar una alegación responsiva.4

En esa misma fecha, la parte peticionaria presentó un Escrito 

en Solicitud de Reconsideración, el cual fue declarado No Ha Lugar 

por el TPI mediante una Resolución emitida y notificada ese mismo 

día.5

Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

acudió ante nos el 13 de noviembre de 2023 mediante el presente 

recurso de Petición de Certiorari Civil Urgente, en el que señala el 

error siguiente:

Erró el TPI al conceder un término adicional a la parte 

recurrida sin que la misma haya realizado 

comparecencia alguna, término que es improrrogable a 

tenor con la Regla 10.1 de Procedimiento Civil vigente.

1 Véase, Apéndice 1 de la Petición de Certiorari Civil Urgente, págs. 1-3.

2 Véase, Apéndice 2 de la Petición de Certiorari Civil Urgente, págs. 4-6.

3 Véase, Apéndice 3 de la Petición de Certiorari Civil Urgente, págs. 7-11.

4 Véase, Apéndice 4 de la Petición de Certiorari Civil Urgente, págs. 12-14.

5 Véase, Apéndices 5 y 6 de la Petición de Certiorari Civil Urgente, págs. 15-17 y 

18-19.
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Ese mismo día, el CRIM presentó una Moción de Desestimación

al Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.

6 En su escrito el 

CRIM solicitó la desestimación de las causas de acción por entender 

que no se cumplen con los requisitos del Injunction preliminar y 

permanente ni con los requisitos para dictar una sentencia 

declaratoria ante la ausencia de un daño irreparable y un remedio 

adecuado en ley.

7 

El 15 de noviembre de 2023, emitimos Resolución en la cual se 

le otorgó a la parte recurrida hasta el 28 de noviembre de 2023 para 

presentar su oposición. En cumplimiento con lo ordenado, la parte 

recurrida presentó su Oposición a Petición de Certiorari. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II

A.

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el 

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La 

discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ 

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

6 Véase, entrada Núm. 20 del expediente digital del Caso Núm. BY2023CV04804

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 

7 Id. 
KLCE202301268 4

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd. 

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
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indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

B.

La Regla 10.1 de Procedimiento Civil establece los términos que 

ostenta un demandado para contestar una reclamación en su 

contra. En reclamaciones contra el Estado el referido estatuto 

dispone específicamente lo sigue:

[...]

Cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los 

municipios, sus funcionarios(as) o una de sus 

instrumentalidades, excluyendo a las corporaciones 

públicas, sean parte de un pleito, cualquier parte 

notificará su contestación a la demanda, su 

contestación a una demanda contra coparte en su 

contra o su réplica a una reconvención, dentro del 

término improrrogable de sesenta (60) días de habérsele 

entregado copia del emplazamiento y la demanda. 32 

LPRA Ap. V, R. 10.1. 

[...] (Énfasis nuestro).

Por otro lado, se ha establecido que para poder determinar 

que un plazo es jurisdiccional, el legislador debe establecer 

claramente que su intención fue imponerle esa naturaleza. Rosario 

Domínguez et als. v. ELA et al., supra, a la pág. 209. En vista de esto, 

cuando la ley no contiene una expresión a tales efectos, el término 

deberá entenderse como directivo. Benítez Nieves v. ELA et al., 202 

DPR 818, 828 (2019).

El mecanismo de la anotación de la rebeldía se encuentra 

constituido en nuestro derecho procesal civil en la Regla 45.1 de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, la cual dispone lo 

siguiente:

“Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 

pruebe mediante una declaración jurada o de otro 

modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, 

podrá́anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la 

Regla 34.3(b)(3).

Dicha anotación tendrá́ el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b).

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 

de una sentencia dictada en rebeldía.”

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, provee un 

remedio para las situaciones en las cuales el demandado no cumple 

con el requisito de comparecer a contestar la demanda y/o a 

defenderse en otra forma prescrita por ley, no presentando alegación 

alguna contra el remedio solicitado. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011); Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). Además, aplica a manera de 

sanción en aquellas instancias en las que alguna parte en el pleito 

ha incumplido con alguna orden del tribunal. Íd.

Se reconoce que la rebeldía constituye un mecanismo procesal 

discrecional para el foro de instancia. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra. “[L]a anotación de rebeldía o el dictar 

sentencia en rebeldía a una parte como sanción por su 

incumplimiento con una orden del tribunal siempre debe darse 

dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia 

equivaldría a un abuso de discreción.” Íd., pág. 590.

Finalmente, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, dispone que “[E]l tribunal podrá dejar sin efecto una anotación 

de rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado 

sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo 
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con la Regla 49.2.” Estos preceptos están cimentados en que los 

casos se ventilen en sus méritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra. Al respecto se ha establecido que esta regla se debe 

interpretar de manera liberal, resolviéndose cualquier duda a favor 

de que se dejen sin efecto la anotación o la sentencia en rebeldía. Id. 

III

En su Petición de Certiorari Civil Urgente, la parte peticionaria 

señala que erró el TPI “al conceder un término adicional a la parte 

recurrida sin que la misma haya realizado comparecencia alguna,

término que es improrrogable a tenor con la Regla 10.1 de 

Procedimiento Civil vigente.”

Por su parte, el CRIM en su escrito en Oposición a Petición de 

Certiorari solicitó la no expedición del auto de certiorari. En su 

escrito argumento que la acción presentada gira en torno a la 

cancelación del pago de contribuciones (fondos públicos) por lo cual 

se justificaba la concesión de un término adicional al CRIM. 

Evaluada la determinación del dictamen recurrido a la luz del 

derecho expuesto, concluimos que el TPI no actuó de forma 

arbitraria o caprichosa, no abusó de su discreción, ni se equivocó 

en la interpretación o aplicación de las normas procesales o de 

derecho al ejercer su poder discrecional de denegar la anotación de 

rebeldía por ser un asunto de carácter discrecional, por lo que no se 

justifica nuestra intervención en este caso.

IV

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

recurso de Certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones