Número Identificador

SEN2023 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

DUI, Inc.

Recurrida

 vs.

Mary Flores Morales; 

Banco Popular de P.R.; 

Oriental Bank and 

Trust; Compañía de

Seguros ABC

Peticionarios

KLCE2023000988

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Guayama

Civil Núm.:

GM2022CV00487

Sobre: Daños y 

Perjuicios, Daños por 

Incumplimiento 

Contractual

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

Comparece la parte peticionaria, Banco Popular de Puerto 

Rico (en adelante, “BPPR”) para solicitarnos que se revoque la 

“Resolución” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama el 8 de agosto de 2023 y notificada el 9 de 

igual mes y año. Mediante dicha “Resolución”, se declara No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por BPPR. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se 

confirma mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.

I.

El 7 de julio de 2022, DUI, Inc. (en adelante, “DUI”) presentó 

una demanda por incumplimiento contractual y, daños y perjuicios 

contra Mary Flores Morales (en adelante, Sra. Flores Morales), 

BPPR, Oriental Bank & Trust (en adelante, “Oriental”) y Compañía
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de Seguros ABC. En dicha demanda alegó que, el 20 de junio de 

2012, suscribió con BPPR un suplemento al “Contrato de Cuentas 

de Depósitos Comerciales” titulado “Disposiciones Especiales para 

Originadores de Transferencias ACH”, para integrar el servicio de 

transacciones electrónicas a la empresa conocido como “Cámara

de Compensación de Transacciones” o “Automative Clearing 

House” (en adelante, “ACH”). Arguyó que, en septiembre de 2014, 

suscribieron una enmienda a este acuerdo para incluir a la Sra. 

Flores Morales como usuaria del sistema ACH, quien había

comenzado a trabajar como empleada de DUI en el área de 

contabilidad en ese mismo año.

Señaló que, la Sra. Flores Morales emitió pagos a través de 

este sistema y los dirigió a sus cuentas bancarias personales con 

BPPR y Oriental. Que el modus operandi de la Sra. Flores Morales 

consistía en que: (1) sustituía en el archivo de ACH el número de 

cuenta bancaria de los beneficiarios que recibirían el pago con sus 

números de cuentas bancarias personales, (2) emitía el pago del 

suplidor, empleado o agencia a su cuenta personal y (3) por último, 

volvía al archivo del sistema y removía su número de cuenta 

colocando nuevamente el del beneficiario. Que, como parte de su 

esquema, utilizó dos cuentas personales con BPRR y tres cuentas 

de Oriental. DUI manifestó que la Sra. Flores Morales realizó 58 

transacciones electrónicas desviando a sus cuentas personales con 

Oriental la cantidad de $107,88.97. Que la Sra. Flores Morales 

realizó varias transacciones fraudulentas a través del terminal de 

computadoras de la propia sucursal de BPPR ubicada en el 

municipio de Caguas. 

En la Demanda se alega que, a finales del 2018, el Ing.

Carlos Bonilla Colón presentó una querella ante la Policía de 

Puerto Rico y que posteriormente, presentó otra querella ante la 

oficina del “Federal Bureau of Investigation” (en adelante, “FBI”).
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El 4 de diciembre de 2019, el FBI presentó una acusación contra la 

Sra. Flores Morales por fraude bancario y una alegación de 

confiscación. El 12 de agosto de 2021, la Sra. Flores Morales

suscribió un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal, en la 

cual admitió haber apropiado ilegalmente la suma de $651,953.42

de fondos propiedad de DUI. La apropiación ilegal de fondos 

ocurrió desde septiembre 2014 hasta el 16 de noviembre de 2018.

Por último, DUI aseveró que: (1) BPPR conoce a la Sra. Flores 

Morales porque es su cliente, (2) el esquema de fraude ocurrió

dentro del propio BPPR, (3) BPPR envió un aviso de alerta luego de 

consumada la apropiación ilegal, (4) no se realizaron en más de 

cuatro años informes de auditoría como parte del paquete de 

seguridad del sistema de BPPR y (5) BPPR actuó contrario a lo que 

dispone la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995,

sobre los procedimientos de seguridad adecuados. Es importante

resaltar que todas estas alegaciones se encuentran en la 

introducción de la demanda.

El 12 de septiembre de 2022, el BPPR presentó una Moción 

de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, en donde alegó que: (1) DUI le 

reclama daños por incumplimiento contractual, (2) tomando en 

consideración los acuerdos contractuales, DUI no tiene derecho a 

remedio alguno y (3) las obligaciones que presuntamente 

fundamentan el reclamo de DUI, no existen bajo el contrato. En 

cuanto a la reclamación extracontractual, BPPR señaló que, se

debía desestimar porque la causa de acción estaba prescrita, los 

hechos alegados no corresponden a la realidad, las alegaciones de 

hechos son insuficientes y DUI renunció a la misma en el contrato.

Agregó que no incumplió con la Ley de Transacciones Comerciales, 

supra, puesto que sus disposiciones no fueron violadas y los 

hechos alegados por DUI no son suficientes para justificar su 
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concesión. Por último, reiteró que, la Demanda está desprovista de 

alegaciones de hechos suficientes para fundamentar las causas de 

acción reclamadas. 

Posteriormente, el 28 de octubre de 2022, DUI presentó una 

Oposición a Moción de Desestimación. Indicó que: (1) la magnitud 

de transacciones fraudulentas permitidas por BPPR no tienen 

precedentes judiciales, (2) ninguno de los casos citados por BPPR 

se asemejan a los hechos de este caso, (3) durante el periodo de 

tiempo que ocurrió la apropiación ilegal de fondos, BPPR no 

detectó el fraude ni congeló las cuentas de Flores-Morales, (4) en 

todos los casos citados por BPPR, el banco del originador no era el 

mismo banco del beneficiario, y que, (5) BPPR transfirió 

internamente los fondos durante más de cuatro años de la cuenta 

de DUI a la cuenta de la Sra. Flores Morales.

El 7 de noviembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una orden mediante la cual señaló una vista para discutir la 

Moción de Desestimación por videoconferencia. El 15 de 

noviembre, BPPR presentó su Réplica a la Oposición radicada por 

DUI, en la cual alegó que dicha solicitud no contiene argumento 

alguno que logre derrotar los planteamientos consignados en la 

Moción de Desestimación. Así las cosas, el 27 de enero de 2023, 

DUI presentó una Dúplica a la “Réplica a la Oposición a la Moción

de Desestimación Presentada por Banco Popular de Puerto Rico”. 

De igual manera, el BPPR presentó oportunamente su respuesta a 

esta moción. 

Posteriormente, el BPPR presentó una Moción Informativa 

mediante la cual comunicó que el Tribunal Federal emitió una 

Sentencia Enmendada en el caso de U.S. v. Mary Flores-Morales

condenando a la Sra. Flores Morales a una pena de reclusión de 27 

meses y una pena de restitución a favor de DUI por la suma de 

$651,952.42. El 31 de mayo de 2023 se celebró una vista 
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argumentativa donde ambas partes tuvieron la oportunidad de 

expresar su posición sobre la Moción de Desestimación. 

Luego de varios trámites procesales, el 8 de agosto de 2023, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución” en la cual 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación. 

Inconforme con lo anteriormente resuelto, la parte 

peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, 

en el que señalo el siguiente error: 

Erró el TPI al denegar la Moción de Desestimación del 

BPPR a pesar de que se demostró que las 

reclamaciones contenidas en la Demanda no

satisfacen el estándar de alegación aplicable y/o son 

improcedentes como cuestión de Derecho.

II.

A.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que un 

demandado solicite la desestimación de la causa de acción en su 

contra, antes de contestarla, si de las alegaciones de la demanda 

surge claramente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 

1065 (2020).

La precitada regla dispone lo siguiente:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. (Énfasis Nuestro.)

Al evaluar una moción de desestimación, los tribunales 

están obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma más 

favorable a la parte demandante. López García v. López García,

200 DPR 50, 73 (2018). Esta doctrina solo es aplicable a los 
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hechos que, de su faz, no dan margen a dudas. First Fed. Savs v. 

Asoc. De Condómines, 114 DPR 426, 432 (1983). El tribunal 

también dará por admitidas las inferencias que surjan de los 

hechos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 105 (2002). 

Las admisiones se tomarán en consideración únicamente para 

propósitos de resolver la moción de desestimación. Id. pág. 103. 

Por consiguiente, el demandado deberá probar que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la 

demanda de la forma más liberal. López Garcia, supra., pág. 70.

Para que una demanda no sea desestimada, es necesario 

que las alegaciones incluyan información suficiente sobre hechos 

que resulten plausibles. Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662, 678 (2009). 

Un reclamo es plausible cuando, el demandante alega hechos 

fácticos que permiten al tribunal razonablemente inferir que el 

demandado es responsable de los daños alegados. Id. Solicitar

motivos plausibles no impone un requisito de probabilidad en 

etapas tempranas del caso, solo requiere la inclusión de hechos 

suficientes que generen una expectativa razonable de que el 

descubrimiento de prueba revelará evidencia relacionada con la 

causa de acción. Bell Atlantic Corp v. Twombly, 550 US 544, 545

(2007).

En el caso de Ashcroft v. Igbal, la Corte Suprema de los 

Estados Unidos explicó que para evaluar si las alegaciones en una 

demanda son factibles y no meramente especulativas, los 

tribunales deben llevar a cabo un análisis contextual de dos 

etapas. Ashcroft v. Igbal, 556 US 662, 678 (2009). En la primera 

etapa se requiere considerar como ciertos los hechos en la 

demanda con excepción de las alegaciones concluyentes, las 

conclusiones de derecho y los hechos genéricos. Id. La segunda 

etapa consiste en determinar si con base en las alegaciones bien 

fundamentadas en la demanda, el demandante ha establecido una 
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reclamación que merece la concesión de un remedio. Id. pág. 679. 

El tribunal decidirá si en vista de todas las circunstancias del 

caso, el demandante ha presentado una reclamación factible o si la 

causa de acción debe ser desestimada. Id.

Finalmente, la Regla 8.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 8.2, establece lo siguiente:

Todas las aseveraciones de reclamaciones o de 

defensas se expondrán en párrafos numerados, 

limitándose el contenido de cada párrafo, en cuanto sea 

posible, a un solo conjunto de circunstancias, pudiendo 

hacerse referencia a cualquier párrafo por su número en 

todas las alegaciones subsiguientes. Cada reclamación 

basada en un acto, una omisión o un evento 

independiente, y cada defensa que no constituya una 

mera negación, se hará constar como una reclamación o 

defensa separada, siempre que la separación facilite 

una formulación más clara de los asuntos expuestos.

(Énfasis suplido.)

III.

En el caso ante nuestra consideración, la parte peticionaria 

nos solicita que revoquemos la “Resolución” emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia en la que declara No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación.

Como único señalamiento de error, el BPPR plantea que el 

Foro Primario erró al denegar la Moción de Desestimación a pesar 

de que se demostró que las reclamaciones contenidas en la 

Demanda no satisfacen el estándar de alegación aplicable y/o son 

improcedentes como cuestión de derecho. No le asiste la razón. 

Los reclamos que el recurrido presenta contra BPPR se 

encuentran en la introducción de la Demanda. Aunque estos

reclamos no fueron numerados, al analizar la Demanda en su 

totalidad, podemos inferir que DUI tiene derecho a obtener un 

remedio. Así pues, si asumimos que las alegaciones de la Demanda 

son ciertas y las consideramos de la manera más favorable y liberal 

para la parte demandante, existe una causa de acción contra BPPR.

En otras palabras, la Demanda incluye hechos suficientes que
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generan una expectativa razonable de que el recurrido ha sufrido 

un daño y que, el peticionario fue quien lo causó. No nos 

encontramos frente a alegaciones que sean simplemente una 

posibilidad especulativa. En síntesis, se satisface el estándar

mínimo de suficiencia y plausibilidad que exige nuestro 

ordenamiento.

IV.

Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de certiorari y 

confirmamos la “Resolución” emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama a los fines de declarar No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones