ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

NELIO HERNÁNDEZ DE

LA ROSA, su esposa

CYNTHIA SANTIAGO

por sí yen

representación de la

SLG y LEONARDO HERNÁNDEZ SANTIAGO

Apelante

V.

GOBIERNO DE PUERTO

RICO p/c DEL HON

SECRETARIO DE

JUSTICIA Y OTROS

Apelado

KLAN202400250

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia,

Sala de Ponce

Caso Número:

P02023CV01709

Sobre: Daños y

otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2024.

Comparecen ante nos el señor Nelio Hernández de la Rosa, su

esposa, la señora Cynthia Santiago, la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos, y el señor Leonardo Hernández

Santiago (en conjunto, parte apelante) y solicitan la revisión de la

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Ponce (en adelante, TPI) el 21 de febrero de 2024.1

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la moción de

desestimación instada por el Gobierno de Puerto Rico (Estado o

parte apelada) y, en consecuencia, desestimó con perjuicio la acción

de referencia presentada por la parte apelante.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

1 Notificada el 27 de febrero de 2024.

Número Identificador

SEN2024
KLAN2024000250

I.

Según surge del expediente, el 8 de junio de 2023, la parte

apelante incoó una demanda sobre violación de derechos civiles,

daños y perjuicios y reivindicación de propiedad en contra del

Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico

y la Policía de Puerto Rico. En esta, arguyó que, el 14 de abril de

2021, el señor Hernández Santiago acudió a la oficina de Vehículos

Hurtados en Ponce para ciertos trámites de inspección del vehículo

Ford, modelo 350, adquirido recientemente. Alegó que, ese día, los

agentes de dicha Oficina le informaron que el automóvil era hurtado,

razón por la cual lo ocuparon para fines investigativos. En ese

momento le otorgaron un informe de inventario y se hizo constar la

retención del vehículo mediante la Querella 2021-3-200-000186.

Adujo que le informaron que posteriormente le llegaría una carta de

la Junta de Confiscaciones.

La parte apelante añadió en su demanda que durante los

meses próximos a la ocupación del vehículo realizaron múltiples

trámites para conocer del estatus de dicha acción, sin que se le

otorgara una respuesta concreta. Especificó que, el 14 de julio de

2021, el teniente Flores le indicó que estaban en espera de

documentos para proceder al proceso final de confiscación y que el

vehículo no se le devolvería.

La parte apelante precisó, además, que, en agosto de 2022, el

agente Luis A. Sein le notificó que la querella donde se detalló la

retención del automóvil fue cerrada el 19 de febrero de 2022. Añadió

que, el 1 de septiembre de 2022, el sargento Maldonado le indicó

que el vehículo ya no estaba en las facilidades de Vehículos

Hurtados. También alegó que el 7 de octubre de 2022, el sargento

Maldonado le anunció que la Ford, modelo 350 se le entregó a un

nuevo dueño.
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Conjuntamente, la parte apelante esbozó en la demanda que

se generó una nueva querella con la División de Investigaciones

Administrativas de la Policía de Puerto Rico y también el caso era

investigado por el Negociado de Investigaciones Especiales, quien

localizó el vehículo y se encuentra en posesión de un tercero civil

En la demanda la parte apelante también particularizó que, en

cumplimiento con el ordenamiento jurídico, el 29 de diciembre de

2022, notificó al Departamento de Justicia sobre los hechos del caso

y la intención de demandar al Estado.

Asimismo, se alegó que la confiscación del vehículo en

cuestión era nula e ilegal, por incumplimiento con los requisitos

exigidos por la Ley Uniforme de Confiscaciones de Puerto Rico, y por

no haberse realizado la notificación a todas las partes dentro del

término legal aplicable. La parte apelante precisó que la confiscación

violentó sus derechos constitucionales y que se le privó de su

propiedad sin un debido proceso de ley. Destacó que la Policía de

Puerto Rico dispuso de la unidad ocupada en clara violación a las

disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones. Por tanto,

solicitó la reivindicación de la cosa mueble y una compensación de

$150,000.00 por los daños sufridos por la acción negligente del

Estado.

En respuesta, el 5 de octubre de 2023, el Gobierno de Puerto

Rico presentó una Moción Solicitando Desestimación. En su

comparecencia, arguyó que procedía la desestimación de la

demanda porque estaba prescrita. Añadió que los hechos ocurrieron

el 14 de abril de 2021 y se notificó tardíamente al Estado el 29 de

diciembre de 2022, en exceso de los 90 días que exige la Ley de

Pleitos contra el Estado, mfra. Adujo que la referida notificación fue

realizada vencido el término de un (1) año que dispone el Artículo

1204 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, por lo que esta
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tampoco podía considerarse en ninguna circunstancia como un acto

interruptor del término prescriptivo.

La parte apelante se opuso a la solicitud desestimación.

Esgrimió que, aunque el vehículo fue ocupado para investigación el

14 de abril de 2021, los hechos que daban lugar a la demanda

ocurrieron el 7 de octubre de 2022, cuando advino en conocimiento

que, en ausencia de una notificación concreta por parte de la Junta

de Confiscaciones de Puerto Rico, se le violO su derecho

constitucional al debido proceso de ley. En esa dirección, arguyó que

no fue la confiscación del vehículo lo que dio lugar a la demanda,

más bien la violación al debido proceso de ley, la cual no se conoció

cuando se retuvo el vehículo para investigación, sino cuando se

enterO que el caso fue cerrado sin notificación y su vehículo se

entregó a otro civil sin ser el dueño registral del mismo. A su vez,

reiterO que la notificación al Estado se hizo dentro del término de 90

días que requiere la Ley aplicable. Puntualizó que la Junta de

Confiscaciones nunca le notificó la confiscación para poder

impugnarla.

Tras justipreciar las alegaciones de ambas partes, el 21 de

febrero de 2024, el TPI emitió la Sentencia que hoy revisamos. Según

adelantado, el foro de instancia declaró Ha Lugar la moción de

desestimación incoada por el Gobierno de Puerto Rico y, en

consecuencia, desestimó con perjuicio la demanda de referencia.

En su pronunciamiento, el TPI tomo como ciertos todos los

hechos bien alegados en la Demanda. Razonó que, de los

documentos que obraban en el expediente del caso surge que la

notificación enviada al Estado se realizó el 29 de diciembre de 2022,

transcurrido en exceso el término de 90 días dispuesto en el Artículo

2(a) de la Ley de Pleitos contra el Estado. Lo anterior, tomando en

consideración que en la demanda se reclama por hechos acaecidos

desde el 14 de abril de 2021. El foro a quo añadió que la referida
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notificación se hizo vencido el término de un (1) año dispuesto en el

Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, por lo que la

misma tampoco podía considerarse como un acto interruptor del

término prescriptivo.

Así las cosas, el TPI determinó que la parte apelante incumplió

con el requisito de notificación previa aplicable, lo cual tenía como

consecuencia la pérdida del derecho a presentar reclamación alguna

contra el Estado. Por ende, concluyó que, conforme la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, procedía la desestimación de la demanda.

En desacuerdo con la decisión, la parte apelante comparece

ante nosotros mediante el recurso que nos ocupa y alega que el TPI

cometió los siguientes errores:

Erró el Honorable Tribunal al determinar que el término

prescriptivo de la presente reclamación comenzó a

decursar cuando se les confiscó el vehículo a los

demandantes para su investigación y no cuando estos

se enteraron de que les había violado su debido proceso

de ley.

Erró el Honorable Tribunal al ignorar la existencia de la

Ley para la Protección Vehicular, Ley Núm. 8 del 5 de

agósto de 1987, según enmendada, y la Ley 119 de

2011, conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones

de 2011, leyes que establecen el debido proceso de ley

para el caso de autos.

Erró el Honorable Tribunal al emitir una Sentencia

Sumaria cuando hay una clara controversia de hechos

en el caso que nos ocupa.

El 15 de mayo de 2024, el Gobierno de Puerto Rico, por sí y

en representación del Departamento de Justicia y el Negociado de la

Policía de Puerto Rico, a través de la Oficina del Procurador General

de Puerto Rico, presentó su alegato. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, estamos en posición de resolver.

II.

A.

El Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31

LPRA sec. 10801, establece que, "la persona que por culpa o

negligencia cause daño a otra, viene obligada a repararlo". Esta
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disposición es el umbral de la responsabilidad extracontractual y

obliga a quien ocasione daño por culpa o negligencia, a resarcir a la

víctima.

Para probar una causa de acción por daños y perjuicios, el

promovente deberá demostrar, mediante preponderancia de la

prueba: (1) que se ha sufrido un daño; (2) por medio de un acto u

omisión culposo o negligente; y (3) que existe un nexo causal entre

la acción u omisión de la parte y el daño sufrido. García u. E.L.A.,

163 DPR 800, 809 (2005). Así pues, el que un demandante ostente

el derecho a recibir indemnización por un alegado daño presupone

la existencia de un nexo causal entre el daño y el factor que lo

origina. Es decir, sólo corresponde indemnizar los daños que son

consecuencia del hecho que obliga a la indemnización. Rivera

Jiménez u. Garrido & Co., Inc., 134 DPR 840, 851-852 (1993).

Para instar esta causa de acción y reclamar la correspondiente

indemnización por los daños sufridos, nuestro ordenamiento

jurídico dispone que la parte agraviada cuenta con un término de

un (1) año a partir de que se tiene conocimiento del perjuicio y se

conoce quién fue la persona que se lo ocasionó. Art. 1204 del Código

Civil de 2020, 31 LPRA Sec. 9496. Ello constituye la teoría

cognoscitiva del daño. CSMPR y. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411,

425-426 (2011), citando las expresiones vertidas en Padín u. Cía.

Fom. md., 150 DPR 403 (2000). Pasado el año establecido por ley,

la causa de acción de daños y perjuicios prescribe, por lo que la

demanda que sea presentada transcurrido el mismo deberá ser

desestimada.

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo

de los derechos, a la vez que se protege al obligado de la eterna

pendencia de un reclamo en su contra. Rivera Prudencio u. Mun. De

San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007). La prescripción constituye un

derecho sustantivo y acarrea la desestimación de cualquier
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demanda presentada fuera del término previsto para ello.

Íd. Además, la prescripción sirve a la paz jurídica, a la seguridad

general y al bien público. Son razones de utilidad social las que le

sirven de fundamento, las cuales, no pueden quedar al arbitrio de

los particulares. Ahora bien, se ha reconocido que la prescripción

del derecho es lo excepcional. El ordenamiento jurídico favorece el

ejercicio y la conservación de los derechos mediante los medios

interruptivos de la prescripción. Galib Frangie y. El Vocero de P.R.,

138 DPR 560, 566-567 (1995).

Las acciones para exigir el resarcimiento del daño sufrido

como consecuencia de la culpa o negligencia de un tercero poseen

una vida limitada y se extingue una vez transcurrido el plazo

estatuido sin que se interrumpa eficazmente. Artículo 1197 del

Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 9489; Rivera

Prudencio y. Mun. De San Juan, supra, pág. 166. La prescripción de

demanda judicial o de la reclamación administrativa o arbitral por

el acreedor contra el deudor, en resguardo del derecho que le

pertenece; y en el caso de acciones disciplinarias, por la

presentación de la queja; (b) por una reclamación extrajudicial

hecha por el acreedor, dirigida al deudor; o (c) por el reconocimiento

de la obligación por el deudor. Producida la interrupción, comienza

nuevamente a transcurrir el cómputo del plazo prescriptivo. Artículo

1197 del Código Civil de 2020, supra.

Por otro lado, la teoría cognoscitiva del daño establece que

los términos para incoar una causa de acción comienzan a

transcurrir cuando el reclamante conoce, o debió conocer, si

hubiera empleado un grado razonable de diligencia, que sufrió

daños y quién se los causó. CSMPR y. Carlo Marrero et als., supra,

pág. 425. (nfasis nuestro). Se ha reiterado que el verdadero punto

de partida para computar el término prescriptivo para instar una
KLAN2024000250

acción de daños y perjuicios es la fecha en la que el agraviado supo

del daño y pudo ejercitar su acción. Por lo tanto, el término para

ejercer las acciones comienza a transcurrir, no cuando se sufre el

daño, sino cuando se conocen todos los elementos necesarios para

poder ejercer la acción. Se toma como verdadero punto de partida

en una acción de daños la fecha en que el perjudicado conoció

del daño, quién fue el autor, y, además, desde que éste conoce

los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su

causa de acción. CSMPR y. Carlo Man-ero et als., supra, págs. 425-

426.

En Puerto Rico rige la doctrina de inmunidad del Estado o

inmunidad soberana desde que el Tribunal Supremo de Estados

Unidos la incorporó a nuestro ordenamiento por mandato judicial

en Porto Rico u. Rosaly y Castillo, 227 US 270 (1913). Toro Rivera y.

ELA, 194 DPR 393, 406 (2015). Esta doctrina sirve de fundamento

legal para impedir procesos judiciales contra el Estado, sin su

consentimiento. Guardiola Alvarez u. Depto. de la Familia, 175 DPR

668 (2009); Defendini Collazo et al. u. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28

(1993).

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada,

mejor conocida como la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el

Estado (Ley de Pleitos contra el Estado), 32 LPRA sec. 3077 et seq.,

constituye una renuncia del soberano a su inmunidad que, aunque

amplia, no representa una autorización ilimitada en contra de la

protección que le asiste. Se autoriza demandar al Estado Libre

Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia de

Puerto Rico por las siguientes causas:

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier

clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

por daños a la persona o a la propiedad, causados

por culpa o negligencia de dicho Estado, deberá

presentar al Secretario de Justicia una notificación
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escrita haciendo constar, en forma clara y concisa,

la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño

sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y

la dirección del reclamante, así como el sitio donde

recibió tratamiento médico en primera instancia. Los

miembros de la población correccional reclusos en

una institución carcelaria, ya sean convictos o

sumariados, estarán exentos de cumplir con el

requisito de notificación antes establecido.

(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de

Justicia remitiéndola por correo certificado, o por

diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma

fehaciente reconocida en derecho.

(c) La referida notificación escrita se presentará al

Secretario de Justicia dentro de los noventa (90)

días siguientes a la fecha en que el reclamante

tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si

el reclamante estuviere mental o fisicamente

imposibilitado para hacer dicha notificación dentro

del término prescrito, no quedará sujeto a la

limitación anteriormente dispuesta, viniendo

obligado a hacer la referida notificación dentro de los

treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la

incapacidad. (nfasis nuestro).

La intención de la Ley de Pleitos contra el Estado es que el

cuerpo político responda por las actuaciones u omisiones de sus

agentes y empleados de la misma forma en que sería responsable

un ciudadano particular, siempre y cuando el agraviado cumpla con

las condiciones y salvaguardas procesales dispuestas en la medida.

Toro Rivera y. ELA, supra, pág. 406, citando a Doble Seis Sport y.

Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014).

Ahora bien, en lo pertinente, resulta esencial destacar que no

podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado por

daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese

efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de

los plazos prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado

justa causa para ello. [...] 32 LPRA sec. 3077a(e).

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

es uno de los vehículos procesales disponibles para que una parte

solicite la desestimación de una demanda. Entre las defensas a
KLAN2024000250 'ti]

formularse se encuentra el dejar de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio.

Así, al enfrentarse a una moción de desestimación de esta

naturaleza, el juzgador debe dar por buenas y ciertas todas las

alegaciones fácticas delineadas en la demanda y considerarlas del

modo más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. y.

Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015); Colón Rivera et al. u. ELA,

189 DPR 1033 (2013). No obstante, para que ello ocurra, los hechos

deben ser aseverados de forma adecuada, así como también,

expresados clara y concluyentemente y que de su faz no den margen

a dudas. Colón y. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).

Ahora bien, el promovente de la solicitud de desestimación

prevalecerá si le demuestra al TPJ que -aun dando por ciertos los

hechos correctamente alegados- la demanda instada no expone una

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Pressure

Vessels P.R. y. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

Se desprende de lo antepuesto que, el juez o la jueza, al

evaluar una solicitud de desestimación por el fundamento de que la

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de

un remedio, está obligado/a a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más

favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz, et al. u. Jta. Dir.

First Bank, supra; Colón u. Lotería, supra. Así, solo cuando el TPI

efectúe dicho examen y esté convencido de que la parte demandante

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que

pueda probar, es que procederá desestimar la demanda. Colón

Rivera et al. y. ELA, supra, a la pág. 1049; El Día, Inc. u. Mun. de

Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Pressure Vessels P.R. y.

Empire Gas P.R., supra.

La demanda no deberá ser desestimada a menos que se

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a
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remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser

probados en apoyo de su reclamación. Consejo de Titulares y. Gómez

Estremera et al, 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels P.R. y.

Empire Gas P.R., supra. Entonces, es necesario considerar si, a la

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda

duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una

reclamación válida. Íd.

Ir'.

Mediante sus tres señalamientos de error, la parte apelante

esencialmente aduce que la falta de notificación del proceso

administrativo de confiscación del vehículo en cuestión paralizó los

términos provistos para atender en los méritos cualquier

cuestionamiento relacionado a éste. Arguye que luego de que se

ocupara para investigación su vehículo, procedía que la Junta de

Confiscaciones le notificara el resultado mediante correo certificado

para así tener la oportunidad de impugnar dicha acción.

Asimismo, la parte apelante es enfática en alegar que es el 7

de octubre de 2022 y no el 14 de abril de 2021, día de la ocupación

del vehículo, que nació su reclamación contra el Estado por la

violación de derechos civiles. Añade que la violación del debido

proceso de ley se conoció cuando se enteró que su caso fue cerrado

sin notificación y su automóvil se le entregó a otro civil. Por ende, es

su contención que, a partir del 7 de octubre de 2022, notificó dentro

de los 90 días al Departamento de Justicia el 29 de diciembre de

2022 la intención de demandar al Estado.

Además, la parte apelante resalta que, a la fecha del escrito

en apelación, no tenía acceso al expediente de la Policía de Puerto

Rico para corroborar a quién se le entregó el vehículo y bajo qué

fundamento en derecho. En ese sentido, esboza que aún están en

proceso ciertas investigaciones que podrían dar lugar a nuevos

daños y nuevos cocausantes. Entiende que existe una controversia
KLAN2024000250 12

sobre la fecha en que comenzó a transcurrir el término prescriptivo

de un (1) año aplicable.

Por su parte, el Estado está conforme con la Sentencia

apelada. Su posición estriba en que las alegaciones de la demanda

de referencia no justifican la concesión de un remedio, pues, por

una parte, había prescrito la causa de acción por daños y perjuicios

y por otra, el Secretario de Justicia no fue notificado de la intención

de demandar al Estado dentro del término legal de 90 días

Tras un ponderado examen del expediente, la posición de

ambas partes y el derecho aplicable discutido, forzoso es colegir que

procedía declarar Ha Lugar la moción de desestimación presentada

por la parte apelada. No atisbamos error en la determinación del TPI.

El asunto bajo nuestra consideración versa sobre prescripción y el

incumplimiento con el término de cumplimiento estricto para la

notificación de la intención de demandar al Estado.

En vista de lo anterior, concluimos que, tomando como ciertos

todos los hechos bien alegados por la parte apelante en la demanda,

no existe causa de acción que justifique la concesión de un remedio

a su favor. La causa de acción está prescrita, toda vez que, desde el

14 de abril de 2021, fecha en que se ocupó el vehículo Ford, modelo

350 para investigación, la parte apelante conoció, o debió conocer,

el daño sufrido, toda vez que el Estado le privO de su propiedad. De

hecho, ese mismo día la parte apelante se comunicó con un abogado

porque entendían que el vehículo fue retenido por la Policía de

Puerto Rico de mala fe.

Por tanto, concluimos que es desde el 14 de abril de 2021 que

la parte apelante debió conocer que existían elementos suficientes

que generaron una causa de acción en daños contra el Estado por

privación de su automóvil sin un debido proceso de ley.

Específicamente, la parte apelante conocía que se le ocupó el auto

para investigación; que este sería confiscado porque era "chapeado"
KLAN2024000250 13

y que no se le devolvería porque era robado. Más aun, el 14 de julio

de 2021, a la parte apelante se le reiteró, por medio del agente

Flores, que el vehículo en cuestión no sería devuelto. Es decir,

evidentemente la contención de la parte apelante resulta

equivocada. Aun si tomáramos esta fecha como el momento en el

que comienza a decursar el periodo para presentar la acción, el

término estaría igualmente prescrito. Avalar la postura de la parte

apelante equivaldría a dejar al libre albedrío el referido término.

A pesar de todo lo anterior, la parte apelante notificó al

Departamento de Justicia su intención de demandar al Estado el 29

de diciembre de 2022 y la demanda se presentó el 8 de junio de

2023. Ello, indudablemente ocurrió después que prescribió la

acción. Es claro que la parte apelante se cruzó de brazos en espera

de una comunicación de confiscación antes de notificar su intención

de demandar al Estado y presentar su demanda.

Por lo tanto, somos del criterio que el foro primario no erró, ni

abusó de su discreción en su determinación, ni en el manejo del

caso, por lo que procede confirmar la Sentencia apelada.

N.

Por las consideraciones que anteceden, confirmamos la

Sentencia apelada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

La jueza Rivera Marchand disiente con opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

V.

NELIO HERNÁNDEZ DE LA

ROSA, su esposa CYNTHIA

SANTIAGO por sí y en

representación de la SLG y

LEONARDO HERNÁNDEZ

SANTIAGO

Apelante

Apelación

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia,

Sala de Ponce

KLAN202400250

Caso Número:

P02023CV0 1709

Sobre: Daños y

otros GOBIERNO DE PUERTO

RICO P/C DEL HON

SECRETARIO DE JUSTICIA

Y OTROS

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA RIVERA MARCHAND

En San Juan, Puerto Rico, aZ3dejulio de 2024.

Respetuosamente disiento de la Sentencia emitida por la

mayoría del Panel en la que se confirma la desestimación de la

totalidad de la demanda instada, por prescripción de la acción por

daños y perjuicios, así como, por la notificación tardía al Secretario

de Justicia de la intención de demandar al Estado. En el dictamen

emitido se concluye que, la reclamación está prescrita, al precisar

que, la parte apelante solo suplica remedios por el acto de

confiscación del vehículo en disputa.

Distinto a lo expuesto por el foro primario y por la mayoría del

panel, soy de la opinión de que, la causa de acción se centra en el

momento en que el demandante conoce que el Estado no retuvo el

vehículo en controversia y lo entregó a un tercero sin justo título.

Lo antes, sin participación alguna de la Junta de Confiscaciones,

según el proceso establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones,

34 LPRA sec. 1724 et. seq y, de otra parte, al dejar sin efecto la

confiscación, sin cumplir correctamente lo dispuesto en la Ley para

la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3216, inciso

(3).

SEN2024______
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Al entretener el petitorio dispositivo por prescripción, instado

por la parte apelada, en esta etapa tan temprana del pleito, al

amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. y, R. 10.2 y su jurisprudencia interpretativa,' corresponde

dar por ciertos los hechos alegados en la demanda. Siendo así

corresponde -en apretada síntesis- tomar conocimiento de que, Nelio

Hernández De La Rosa ostenta un certificado de título expedido por

el Estado de la Florida,sobre el vehículo Ford Modelo 350 de 1999.2

Además, debemos dar por cierto que los demandantes enviaron el

vehículo a Puerto Rico, en donde oficiales de las oficinas de vehículos

hurtados de Ponce lo ocuparon, por entender que la unidad era

robada. Otro hecho a tomar como cierto es que, la Policía de Puerto

Rico informó a los demandantes que el presunto dueño del vehículo

era Progressive Insurance, quien interesaba recuperar el vehículo y

luego finalmente Progressive Insurance lo vendió en pública

subasta.

Sin embargo, también surge de las alegaciones que

Progressive Insurance informó mediante un correo electrónico3 que,

de una búsqueda en sus sistemas y archivos, no identificó

reclamación alguna sobre el vehículo en disputa. De ahí, los

demandantes advinieron en conocimiento del presunto desvío del

proceso esperado y de la entrega de su vehículo a un tercero, sin

que se haya efectuado reclamación alguna y sin ostentarjusto título.

Según alegaron, dicho acto les provocó daños al haber perdido el

uso y disfrute de su vehículo que, a su entender, era de su

propiedad. Ello, sin haberse configurado una confiscación real.

1 Cuando de las alegaciones de la demanda surge que la causa de acción está

prescrita, la parte demandada puede solicitar la desestimación por prescripción

al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, fundamentado en

que, la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de

un remedio. Conde Cruz y. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1066 (2020).

Ante una solicitud de desestimación bajo el inciso (5) de la citada Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, el tribunal ha de tomar como ciertos todos los hechos claros

y concluyentes, bien alegados en la demanda. Costas Elena y otros y. Magic Sport

Culinary Corp. y otros, 2024 TSPR 13, resuelto el 16 de febrero de 2024.

2 Véase Apéndice págs. 13-15.

Véase Apéndice pág. 35 (Exhibit 13, anejo a la demanda).
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A esos efectos, suplicaron la intervención de las unidades

investigativas del Estado y presentaron una querella ante la Policía

de Puerto Rico (tanto en el Negociado de Investigaciones Especiales

y en la División de Investigaciones Administrativas). Es en esa etapa

de los hechos que, los demandantes cursaron su notificación al

Departamento de Justicia sobre su intención de demandar al Estado

el 29 de diciembre de 2022, dentro del término dispuesto para ello.

Los demandantes detallaron que, fue a partir del 7 de octubre de

2022 que advinieron en conocimiento de sus presuntos daños,

cuando a pesar de ser el dueño del vehículo, el mismo fue entregado

a otra persona sin justo título, sin el Estado retenerlo conforme a

derecho. La demanda fue interpuesta el 8 de junio de 2023.

Contrario al análisis mayoritario opino que, la demanda versa

sobre dos situaciones medulares que ocurren en dos fechas

distintas. Ciertamente, de entender que el caso es únicamente sobre

la objeción del apelante sobre el acto de confiscación, la causa

estaría prescrita. Sin embargo, la parte demandante ha reiterado

que eso no es el caso. Al dar por ciertas las alegaciones de la

demanda, conforme la Regla 10.2, supra, surge que la parte

demandante interesa remedios por una situación de hechos que

surge con posterioridad al evento de la confiscación inicial.

Conforme a las alegaciones de la demanda, la situación de hechos

expuesta por los demandantes no tiene su génesis en el acto de la

confiscación sino proviene de los sucesos que ocurren con

posterioridad al evento, cuando se deja sin efecto la confiscación y

la Policía de Puerto Rico entrega el vehículo, a un tercero, quien no

es el presunto dueño, ni el titular del bien, sin notificación alguna,

contrario al debido proceso de ley de los demandantes.

Como se sabe, una vez se materializa una confiscación, el

Gobierno de Puerto Rico está facultado en ley para retener la

propiedad confiscada. Ahora bien, de concretarse una confiscación
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real, el mismo estatuto no faculta a los funcionarios de la División

de Vehículos Hurtados a disponer del bien confiscado a un tercero

sin participación de la Junta de Confiscaciones. De otra parte, de no

concretarse una confiscación real, procede destacar que, la Ley de

Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3216, inciso 3, faculta a la Policía

de Puerto Rico a:

Confiscar cualquier vehículo, pieza o chatarra, notificados

como apropiados ilegalmente, robados, desaparecidos,

destruidos, o exportados y el conductor, poseedor o la

persona que reclama ser dueña no pueda presentar prueba

de su título, siguiendo para ello los procedimientos

establecidos en las secs. 1724 et seq. del Título 34, conocidas

como la "Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011", excepto

que la notificación de confiscación a la persona o personas

con interés en la propiedad confiscada se hará dentro de los

próximos 20 días, contados a partir desde el momento de la

ocupación de la propiedad; Disponiéndose, que en el caso

de vehículos, piezas o chatarra apropiados ilegalmente,

robados o desaparecidos", deberá notificarse al

verdadero dueño de éste ser conocido después de una

gestión razonable; y Disponiéndose, además, que en caso

de reclamarse la propiedad por éste y ser justificada

adecuadamente su titularidad, quedará sin efecto la

confiscación y se le entregará la propiedad tan pronto deje de ser necesaria para el trámite criminal que proceda. (Énfasis nuestro.)

La disposición estatutaria antes señalada, faculta a la Policía

de Puerto Rico a "dejar sin efecto una confiscación" una vez se

notifica al verdadero dueño y se justifica adecuadamente su

titularidad sobre la propiedad. Es la postura de la parte demandante

que, adviene en conocimiento de la causa de sus daños y quién fue

el autor, el día en que conoció que el Estado cometió un presunto

error u omisión al entregar el vehículo a un tercero (Progressive

Insurance) quien no tenía conocimiento de la reclamación y no

ostenta justo título sobre el vehículo. Ello, sin acreditar notificación

previa alguna.

En esta etapa temprana del litigio, solo nos corresponde

determinar si la causa se encuentra prescrita y no la veracidad de

las alegaciones de la demanda. Identificado el punto de partida para

computar el término para instar la demanda de epígrafe y la

notificación de intención de demandar al Estado, no existe
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impedimento para que se le permita al apelante realizar un

descubrimiento de prueba y en su día, de entender que procede,

enmendar sus alegaciones para incluir nuevos demandados y

causas.

Ante este cuadro fáctico y las alegaciones del modo más

favorable a la parte demandante revocaría el dictamen apelado.

Por todo lo antes, respetuosamente disiento.

Monera-ard

Jueza de Apelaciones