Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

GLORIA SEPÚLVEDA CRUZ 

Demandante Apelante 

v.

MUNICIPIO DE 

HORMIGUEROS Y OTROS 

Demandada Apelada 

KLAN202400091

Apelación procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Cabo Rojo 

Caso Núm.:

MZ2022CV00033

Sala: 200

Sobre:

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2024. 

Comparece la señora Gloria Sepúlveda Cruz (señora Sepúlveda 

Cruz o apelante) mediante un recurso de Apelación. Nos solicita la 

revocación de una Sentencia Enmendada, emitida el 18 de diciembre 

de 2023 y notificada el 27 de diciembre de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo. En la referida 

determinación, el foro primario desestimó la causa de acción presentada 

en contra del Municipio de Hormigueros bajo el fundamento de cosa 

juzgada en la modalidad de impedimento colateral por sentencia. Por 

los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos el dictamen 

apelado. 

La génesis de este caso se remonta a la presentación de una 

Demanda en el 2022 en torno a daños y perjuicios en contra del 

Municipio de Hormigueros. En dicha reclamación, la señora Sepúlveda 
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Cruz alegó que el mencionado municipio proveyó una maquinaria para 

la construcción de un sistema de entubamiento de aguas en la parte 

posterior de su solar. Sin embargo, aseveró que a raíz de dicha 

edificación ha enfrentado continuos problemas de inundación. Adujo -

fundamentada en la inspección de un perito ingeniero- que nunca se 

construyó un poceto de reducción para evitar el desbordamiento de 

aguas. Ante tales alegaciones, solicitó $50,000.00 por el 

incumplimiento de las normas de ingeniería y las angustias 

experimentadas como resultado de las inundaciones.

Luego de una serie de trámites procesales, el Municipio presentó 

una Moción en Solicitud de Desestimación. Señaló que la aludida 

demanda es idéntica a la causa de acción IDI20030009 instada

anteriormente por la demandante. Advirtió que esa reclamación 

culminó con una estipulación alcanzada por las partes y posteriormente

informada al Tribunal de Primera Instancia. En vista de lo anterior, 

solicitó la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. 

En respuesta, la señora Sepúlveda Cruz presentó su Oposición a

Moción en Solicitud de Desestimación del Municipio de Hormigueros. 

Argumentó que la causa de acción presentada es independiente a la 

anterior e instada con posterioridad a la construcción. Indicó que el 

objetivo del reclamo actual es dilucidar que el sistema construido por 

el Municipio es ineficiente. Evaluados sus argumentos, el foro primario 

emitió una Resolución declarando no ha lugar a la desestimación 

solicitada. 

Oportunamente, el Municipio sometió una Moción en Solicitud 

de Reconsideración acompañada de evidencia documental. En dicho 

escrito, reiteró que anteriormente la demandante expuso las mismas 
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alegaciones contenidas en la reclamación presente. Aseveró que el 12 

de julio de 2010 informó al Tribunal de Primera Instancia respecto al 

cumplimiento de la estipulación. Añadió que el foro apelativo aludió a 

dicho cumplimiento en la Resolución KLCE202000666.

Examinada su posición, el foro primario concluyó, mediante 

Sentencia, que procedía la desestimación de la causa de acción bajo el 

fundamento de cosa juzgada. Por tanto, declaró ha lugar la Moción 

Solicitando Desestimación presentada por el Municipio. En 

desacuerdo, la demandante presentó su solicitud de reconsideración. 

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia denegó dicha petición. 

A su vez, emitió una Sentencia Enmendada a los fines de incluir un 

pronunciamiento en torno a la doctrina de impedimento colateral de 

sentencia. Advirtió que las alegaciones objeto de la demanda se 

dilucidaron previamente ante el foro recurrido y en un proceso post 

sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. 

Inconforme con tal determinación, la señora Sepúlveda Cruz 

acudió ante nos mediante un recurso de Apelación. En esencia, sostuvo

que la dotrina de cosa juzgada en la vertiente de impedimento colateral 

resulta inaplicable a los hechos objeto de la demanda en cuestión. En 

particular, argumentó que incidió el foro primario al aplicar dicha

doctrina junto a la norma de incuria, toda vez que la causa de acción 

presente es independiente a la anterior. En respuesta, el Municipio 

presentó un escrito intitulado Alegato Parte Apelada. Puntualizó que la 

doctrina de impedimento colateral es aplicable a la controversia, pues 

las partes son las mismas y las causas medulares son iguales a las 

presentadas en el pleito anterior. Arguyó, además, que la apelante tuvo 

las garantías, las defensas y las oportunidades que nuestro sistema de 
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justicia ofrece a esos fines. Por tanto, adujo, que luego de quince (15) 

años no puede atacar la estipulación alcanzada entre las partes. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa juzgada 

procura “poner fin a los litigios luego de haber sido adjudicados de 

forma definitiva por los tribunales y, de este modo, garantizar la 

certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una 

resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273-274 (2012); 

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 834 (1993). 

Esta doctrina comprende “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o 

Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. 

Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004) (citando a J.M. 

Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. Rev., Madrid, 

Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, p. 278). A su vez, garantiza la 

finalización de los pleitos y evita someter a los ciudadanos a las 

molestias que conlleva litigar dos veces una misma causa. Presidential 

v. Transcaribe, supra; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 

(2012). 

Una sentencia que adviene final y firme constituye cosa juzgada 

no solo en cuanto a todo lo que se alegó y se admitió en torno a la 

reclamación, sino también, en cuanto a todo asunto que pudo haberse 

planteado, siempre y cuando haya tenido la parte la oportunidad justa 

de ser oída. Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González Freyre, 

211 DPR 579 (2023) (citando a Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

178 DPR 476 (2010)). De igual modo, como general, un acuerdo tiene 

el efecto de cosa juzgada entre las partes. Díaz Rodríguez v. García 

Neris, 208 DPR 706 (2022).
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Ahora bien, la defensa de cosa juzgada no opera de manera 

automática. No debe aplicarse inflexiblemente, en particular, cuando al 

hacerlo se desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados 

absurdos o cuando se plantean consideraciones de interés público. 

Meléndez v. García, 158 DPR 77 (2002). Pagán Hernández v. U.P.R., 

107 DPR 720 (1978). Su presunción se activa cuando concurre la 

perfecta identidad de causa, cosas, partes y calidad en que lo fueron en 

un pleito anterior. Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649 

(2013). En ese sentido, el requisito de causa existe cuando los hechos y 

los fundamentos de las peticiones son idénticos en torno a la cuestión 

planteada. Presidential v. Transcaribe, supra. Al determinar si media 

identidad de causa de acción es necesario evaluar si ambas 

reclamaciones surgen de la misma transacción o núcleo de hechos. Íd. 

En cuanto a cosa,se refiere al objeto o la materia sobre la cual se ejercita 

la acción, aunque haya disminuido o alterado. Íd. En este contexto, las 

partes significan quienes intervienen en el proceso, a nombre y en 

interés propio, y quienes resultarían directamente afectados por la 

excepción de la cosa juzgada. Íd. 

En armonía con lo anterior, la referida doctrina abarca la 

modalidad de impedimento colateral. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico establece que el impedimento colateral por sentencia “surte efecto 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se 

dilucida y determina mediante sentencia válida y final”. Bacardí 

Corporation v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1025 (2019); A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 762 (1981). Esta vertiente no 

requiere el cumplimiento de identidad de causa. Beníquez v. Vargas, 

184 DPR 210 (2012). No obstante, no procede su aplicación cuando:
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(1) la parte no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto,

o (2) pudiendo haber litigado el asunto en la primera acción, éste no fue 

litigado o adjudicado en el pleito anterior o (3) cuando ese litigante no 

ha resultado ser la parte perdidosa en el pleito anterior. Íd. 

Por otro lado, la doctrina de incuria significa la “dejadez o 

negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con el 

transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la 

parte adversa, opera como un impedimento en una corte de equidad”. 

Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., 199 DPR 32, 53 (2017); Consejo 

Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR 311, 340 (2012). Ahora bien, no 

basta el mero transcurso del tiempo para que exista incuria, sino que es 

que es necesario evaluar otras circunstancias tales como (1) la 

justificación, si alguna, de la demora incurrida, (2) el perjuicio que ésta 

acarrea y (3) el efecto sobre intereses privados o públicos involucrados. 

Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 DPR 240 (1992); J.R.T. v. 

A.E.E., 113 DPR 564 (1982). Por consiguiente, “cada caso deberá ser 

examinado a la luz de sus hechos y circunstancias particulares”.

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1020

(2008) (citando a Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., 139 DPR 588, 599 (1995)).

Tras examinar detenidamente el recurso ante nuestra 

consideración, así como la prueba documental que obra en el 

expediente, resulta forzoso concluir que actuó correctamente el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa de acción 

presentada en contra del Municipio de Hormigueros. La demanda 

instada por la señora Sepúlveda Cruz exhibe los criterios esenciales,

que motivan la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en la 

modalidad de impedimento colateral. 
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En el presente caso, la apelante instó una causa de acción 

fundamentada en los mismos hechos y en contra de iguales partes a las 

del primer pleito radicado en el 2002. Evaluada la génesis de la actual

reclamación, así como sus argumentos principales, nos resulta evidente 

que concurre la perfecta identidad de causa, cosas, partes y calidad en 

que lo fueron en un pleito anterior. Por tanto, la señora Sepúlveda Cruz 

está imposibilitada de volver a litigar los asuntos previamente atendidos 

ante la esfera judicial. 

Surge del expediente y de la Resolución emitida por este Tribunal 

de Apelaciones que “las partes llegaron a unas estipulaciones y 

acuerdos que fueron acogidos por el TPI mediante una Sentencia 

emitida en el 2007, poniendo fin al pleito”. Véase Gloria Sepúlveda 

Cruz v. Doris Galiano Ramos y otros, KLCE202000666 (2020). En 

específico, el foro apelativo destacó que “el 12 de julio de 2010, se le 

informó al TPI sobre el cumplimiento de las estipulaciones entre las 

partes por medio de la Moción Informativa en Cumplimiento de 

Orden”. Íd. Por consiguiente, concluimos que los hechos esenciales 

previamente adjudicados impiden a la apelante presentar por segunda 

ocasión un reclamo judicial derivado de una misma causa y en contra

de iguales partes. Por tanto, no identificamos circunstancias 

excepcionales para prescindir de la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada en la vertiente de impedimento colateral. Toda vez que lo 

anterior dispone del presente recurso, resulta innecesario atender el 

señalamiento de error en torno a la doctrina de incuria. 

Así expuesto, resolvemos que el foro primario no abusó de su 

discreción, ni incurrió en prejuicio, parcialidad, o error manifiesto al 

desestimar la demanda. Concedemos deferencia a la determinación 
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desestimatoria, pues es cónsona a la realidad fáctica detallada y al 

derecho positivo discutido. Por los fundamentos esbozados, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones