Número Identificador

SEN2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

JOSÉ VÁZQUEZ MARÍN 

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

Recurrida

KLRA202300556

Revisión Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación, División 

de Remedios 

Administrativos 

Remedio Administrativo

Núm.: B-1151-23 

Sobre: 

Suspensión por Informe 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023. 

Comparece el señor José Vázquez Marín (señor Vázquez Marín 

o recurrente) vía revisión administrativa para solicitar la revocación de 

la Respuesta de reconsideración al miembro de la población 

correccional de la División de Remedios Administrativos (DRA) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR o recurrido), 

emitida el 31 de agosto de 2023. Mediante el mencionado dictamen, se 

confirmó y modificó una respuesta previa sobre la destitución del 

recurrente de sus labores en la cocina por una alegada violación 

disciplinaria. Por las razones que habremos de expresar, desestimamos 

el recurso presentado por falta de jurisdicción.

En síntesis, el caso de epígrafe trata de una Solicitud de remedio 

administrativo presentado por el señor Vázquez Marín ante la DRA, 

solicitando que lo restituyan a su puesto en la cocina. Según el 
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expediente, un oficial correccional ocupó un teléfono celular del 

recurrente. Al día siguiente, el señor Vázquez Marín fue dado de baja 

de su puesto en la cocina, supuestamente basado en un informe hecho 

en el Libro de Novedades de la oficialidad del área. Además, la referida 

destitución fue hecha sin haberse notificado, instado querella 

disciplinaria o calendarizado una vista administrativa contra el 

recurrente. Luego de presentada la Solicitud de remedio administrativo, 

la DRA respondió que los oficiales correccionales tienen la discreción 

de destituirlo de su área de trabajo y que la DRA no tiene injerencia en 

torno a los aspectos de seguridad que se hayan suscitado. Acto seguido, 

el señor Vázquez Marín presentó una Solicitud de reconsideración que 

la DRA denegó, argumentado que el Comité de Clasificación y 

Tratamiento (CCT) tiene la facultad y discreción de realizar la 

asignación inicial de trabajo y de modificarla como medida de 

seguridad, por lo que no es necesaria una querella o el inicio de un 

proceso disciplinario que culmine con una vista. 

Oportunamente, el señor Vázquez Marín recurrió al foro 

apelativo, alegando: (1) que el CCT erró al darle alcance legal a un 

informe en el Libro de Novedades, por lo cual —junto a la falta de una 

querella disciplinaria, una notificación o una vista administrativa—

violó su debido proceso de ley, y (2) que erró el CCT al relevar al señor 

Vázquez Marín de su trabajo, lo cual incide en su derecho 

constitucional a rehabilitarse moral y socialmente. 

Sabido es que la revisión judicial nos permite asegurar que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo con las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998 (2008). Sin embargo, al intervenir y revisar 
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determinaciones administrativas, corresponde concederles deferencia y 

no reemplazar el criterio especializado de las agencias por el nuestro. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). Ello es así, 

dado que las determinaciones administrativas gozan de una presunción 

de legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca 

suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012).

A pesar de lo anterior, es imperativo que los que acuden al foro 

apelativo vía revisión judicial agoten todos los remedios 

administrativos. Sec. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) (3 LPRA sec. 9673). Véase, también, Moreno 

Ferrer v. Jta. Reglamentadora del Cannabis Medicinal, 209 DPR 430 

(2022). Igualmente es necesario que se cumplan con todos los requisitos 

de notificación que una agencia establece en sus reglamentos, 

incluyendo aquellos pertinentes a la revisión judicial. Véase Sec. 4.2 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (3 LPRA sec. 9672); 

Reglas 13(B) y 58(B) del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXIIB). Véase, también, Metro Senior Dev. LLC v. AFV, 209 DPR 203 

(2022). Por tanto, el foro apelativo carece de jurisdicción si el 

recurrente no notifica debidamente a las partes sobre la presentación de 

la revisión judicial o no certifica con su firma en el recurso la fecha en 

que se efectuó la notificación. Regla 13(B)(1) del Tribunal de 

Apelaciones, supra; Rivera Ramos v. Morales Blás, 149 DPR 672 

(1999).

A la luz de lo anterior, conviene destacar la Regla XV del 

Reglamento Núm. 8583 de la DRA. Esta indica que:
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El miembro de la población correccional que solicite 

Revisión Judicial vendrá obligado a notificar con copia de la misma 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación, dentro del término 

de treinta (30) días. Se entenderá que no se ha instado Revisión 

Judicial ante el Tribunal General de Justicia si han transcurrido 

treinta (30) días de archivada en autos copia de la Resolución. En 

este caso, el Departamento de Corrección y Rehabilitación podrá 

disponer del expediente administrativo del caso. Regla XV del 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015.

Es evidente que la referida Regla XV va acorde con la LPAU y 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, por la cual la falta de 

notificación a la agencia o su correspondiente certificación prohíbe la 

intervención del foro apelativo. 

De hecho, además de que este Tribunal carece de jurisdicción por 

las razones procesales en torno a la notificación expuesta, lo cierto es 

que tampoco participamos de autoridad jurisdiccional con respecto a la 

facultad del DCR —mediante el CCT— para asignar y modificar la 

actividad de trabajo de cada confinado a propósito de su función como 

garante de la seguridad de la institución y los miembros de la población 

correccional. Sec. III(C) del Manual Sobre Oportunidad de Empleo y 

Trabajo para Miembros de la Población Correccional de 22 de junio de 

2000, AC-PROG-009. Véase, también, Regla 4(A)(1) del Manual para 

Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento 

en las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523 de 26 de 

septiembre de 2014. 

Al respecto, la jurisprudencia federal ha dictaminado que no 

existe un derecho constitucional a un puesto de trabajo en prisión, ya 

que la pérdida de tal puesto no impone una dificultad atípica o 

significante en relación con los incidentes ordinarios de la vida de un 

confinado. Dobbins v. Craycraft, 423 Fed.Appx. 550 (6to Cir. 2011) 

(citando a Sandin v. Conner, 515 US 472 (1995)). Véase, también, 
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Lomholt v. Holder, 287 F.3d 683 (8vo Cir. 2002) (per curiam) (citando 

a Mitchell v. Kirk, 20 F3d 936, 938 (8vo Cir. 1994) (per curiam)). En 

otras palabras, si una ley o reglamento estatal no determina lo contrario, 

un confinado no tiene un interés propietario o de libertad en su puesto, 

por lo cual la destitución no viola el debido proceso de ley ni requiere 

agotar los procedimientos administrativos requeridos para la alienación 

de tales derechos. Watson v. Sec’y Pa. Dep’t of Corr., 567 Fed.Appx. 

75 (3er Cir. 2014) (per curiam) (citando a James v. Quinlan, 866 F.2d 

627, 629 (3er Cir. 1989)); Fiore v. Holt, 435 Fed.Appx. 63 (3er Cir. 

2011) (per curiam); Dobbins v. Crayfact, supra; Bibbs v. Early, 541

F.3d 267 (5to Cir. 2008) (citando a Tighe v. Wall, 100 F.3d 41, 42 (5to

Cir. 1996) (per curiam)); Miller v. Benson, 51 F.3d 166 (8vo Cir. 1995); 

Dupont v. Saunders, 800 F.2d 8 (1er Cir. 1986); Altizer v. Paderick, 

569 F.2d 812 (4to Cir. 1978). 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso 

presentado por falta de jurisdicción.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones