Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ERIC J. BURGOS 

ROSADO

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN

Recurrido

KLRA202400173

RECURSO DE 

REVISIÓN

procedente del

Departamento de 

Educación

Caso núm.:

OASE-2021-00013

Sobre: Impugnación 

de Nombramientos

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2024.

El 4 de abril de 2024, el señor Eric J. Burgos Rosado (Sr. 

Burgos Rosado), por conducto de su representación legal, instó el 

recurso de revisión judicial de epígrafe. Solicita que revoquemos una 

Resolución Sumaria y Orden emitida y notificada el 30 de enero de 

2024, por la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación del 

Gobierno de Puerto Rico, que decretó la desestimación con perjuicio 

y el cierre y archivo del caso de epígrafe. La moción de 

reconsideración del Sr. Burgos Rosado fue denegada por la agencia 

mediante resolución y orden emitida y notificada el 5 de marzo de 

2024. 

En su escrito de revisión judicial, el Sr. Rosado Burgos 

certifica haber notificado la presentación del recurso al 

Departamento de Educación, por conducto del Lcdo. Hiram Carlo 

Rivera López, a su dirección de correo electrónico 

hiramcarlo@hotmail.com; así también a la OASE, por conducto del 

Lcdo. Mario F. González Amador a la siguiente dirección 

mgonzalez@gomlawoffices.com. 
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Sin embargo, de la certificación de notificación de la 

presentación del recurso no surge el Sr. Rosado Burgos hubiera

notificado su presentación a la Oficina del Procurador General de 

Puerto Rico. Ante tales circunstancias, nos vemos obligados a 

desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

I.

A.

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias.1 Por esa razón, lo 

primero que se debe considerar en toda situación jurídica 

presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional.2

Cónsono con ello, los tribunales tienen la responsabilidad 

indelegable de examinar, en primera instancia, su propia 

jurisdicción. Esto debido a que el foro judicial está obligado a 

auscultar el cumplimiento de los requisitos jurisdiccionales que la 

ley establece, antes de considerar los méritos de una controversia.3

Así, el Tribunal Supremo ha reafirmado que los entes 

adjudicativos tienen que ser guardianes celosos de su jurisdicción y 

no poseen discreción para asumirla si no existe. Consecuentemente, 

cuando un tribunal carece de jurisdicción, está obligado a 

desestimar el recurso.4 Por esa razón, la Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, nos autoriza 

a desestimar un recurso cuando carecemos de jurisdicción para 

atenderlo.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha manifestado que las 

partes tienen la responsabilidad de observar rigurosamente las 

1 FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 529 (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. de 

Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022); Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR 402, 414 

(2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al, 204 DPR 89, 101 (2020).

2 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019).

3 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).

4 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 501; Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., supra, pág. 269; Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 157, 165 

(2016).
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normas sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos y su 

cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes o sus 

abogados.5 Ello, ante la necesidad de colocar a los tribunales 

apelativos “en posición de decidir correctamente los casos, contando 

con un expediente completo y claro de la controversia que tiene ante 

sí”.6 Por ello, ha puntualizado que el hecho de que las partes 

litigantes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que ellas incumplan con las reglas procesales. Ello cobra mayor 

importancia en el caso de aquellas normas que establecen términos 

jurisdiccionales o de cumplimiento estricto.

7

Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el 

Tribunal Supremo ha expresado que, los foros adjudicativos no 

tienen discreción para prorrogar tales términos automáticamente.8

Los tribunales solamente tienen discreción para prorrogar tales 

términos cuando se demuestra que la dilación se debió a justa 

causa.9 La acreditación de la justa causa se cumple con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas.10

El que no se cause perjuicio a la otra parte no es determinante para 

la acreditación de la justa causa.11 Así pues, en ausencia de 

demostración de justa causa, carecemos de discreción para 

prorrogar el término de cumplimiento estricto y acoger el recurso 

ante nuestra consideración.12

De hecho, el Tribunal Supremo ha expresado que, de no 

observarse las disposiciones reglamentarias, nuestro ordenamiento 

5 Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 590 (2019); Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

6 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.

7 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).

8 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al, 198 DPR 197, 210 (2017); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).

9 Íd.; Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., supra, pág. 171; Toro Rivera et als. v. 

ELA et al., 194 DPR 393, 414-415 (2015).

10 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, 

pág. 565.

11 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al, pág. 211.

12 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, 

pág. 564.
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autoriza la desestimación del recurso.13 Sin embargo, ante la 

severidad de esta sanción, el Tribunal Supremo exige que nos 

aseguremos de que el incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento real y 

meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos.14 Así 

pues, las disposiciones reglamentarias deben interpretarse de forma 

que propicien un sistema de justicia accesible a la ciudadanía, que 

las controversias se atiendan en los méritos y que se reduzca el 

número de recursos desestimados por defectos de forma o 

notificación y que no afecten los derechos de las partes.15

B.

En lo relativo a los recursos de revisión de decisiones 

administrativas, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico de 2017 

(LPAU), 3 LPRA sec. 9672, establece que una parte afectada por una 

orden o resolución final de una agencia, podrá presentar una 

solicitud de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones 

dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden 

o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable para 

cuando el término para solicitar revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. 

La citada regla exige que, al recurrir a este foro apelativo, “[l]a 

parte notifi[que] la presentación de la solicitud de revisión a la 

agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha 

revisión”. Íd. De conformidad con la Regla 57 del Reglamento del 

13 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008).

14 Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). 

15 Isleta v. Inversiones Isleta Marina., supra, pág. 590.
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Tribunal de Apelaciones, el término para presentar el recurso de 

revisión es jurisdiccional. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58 (B) (1).

No obstante, a diferencia del término para presentar el recurso 

de revisión, la Regla 58 (B) (1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, establece que el término para notificar a la otra 

parte es de cumplimiento estricto. Al efecto, dispone que: “[l]a parte 

recurrente notificará el escrito de revisión debidamente sellado con 

la fecha y hora de su presentación a los abogados(as) de récord del 

trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la 

agencia o al funcionario(a) administrativo(a) de cuyo dictamen se 

recurre, dentro del término para presentar el recurso, siendo éste 

un término de cumplimiento estricto”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58 (B) 

(1).

Al respecto, el Tribunal Supremo ha aclarado que, cuando 

una de las partes en el foro administrativo intermedio es una 

agencia de gobierno se le tiene que notificar la presentación del 

recurso de revisión en calidad de parte. Olmeda Díaz v. Depto. de 

Justicia, 143 DPR 596, 601 (1997), seguido en Rafael Rosario & 

Assoc. v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 331 (2002). El 

incumplimiento con esta norma de notificación priva a este Tribunal 

de jurisdicción para revisar la determinación de la agencia 

administrativa y conlleva la desestimación del recurso presentado. 

Olmeda Díaz v. Depto. de Justicia, supra, pág. 602; Montañez v. 

Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 920 (2000). 

C.

De conformidad con el Artículo IV, Sección 6 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, “[s]in 

perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, 

reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, y 

para definir sus funciones, se establecen los siguientes: de Estado, 

de Justicia, de Educación, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de 
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Agricultura, de Comercio y de Obras Públicas. Cada departamento 

ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno”. LPRA, Tomo 

1. 

En Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 82 ((1987), el 

Tribunal Supremo sostuvo que, como regla general, un 

departamento ejecutivo no tiene personalidad jurídica distinta y 

separada del ELA, salvo que se le delegue por mandato legislativo.

La Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85-

2018, 3 LPRA sec. 9801, et seq., no contiene disposición alguna a 

los efectos de que al Departamento de Educación sea un ente con 

personalidad jurídica independiente del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA), ni le confiere capacidad para demandar y ser 

demandado. Por tanto, el Departamento de Educación es una 

agencia de gobierno que carece de personalidad jurídica para 

representarse por sí misma. 

En vista de lo anterior, el Secretario de Justicia es su 

representante legal en las demandas y procesos civiles, criminales, 

administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados 

en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto 

Rico. El Secretario de Justicia puede ejercer dicha representación 

personalmente o por medio de los abogados, fiscales y procuradores 

o por medio del Procurador General. Artículo a de la Ley Orgánica 

del Departamento de Justicia, Ley Núm. 205-2004, 3 LPRA sec. 

292a (1). 

A tenor con el Artículo 60 (a) de la Ley Núm. 205-2004, el 

Procurador General representa al ELA en todos los asuntos civiles y 

criminales en que éste sea parte o esté interesado y que se tramiten 

en grado de apelación o en cualquier otra forma ante los tribunales 

apelativos de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de cualquier otro 

estado federado, territorio, posesión de los Estados Unidos de 
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América, excepto en los casos en los cuales el Secretario de Justicia 

determine otra cosa. 3 LPRA sec. 294l (a). 

Por ello, es un requisito indispensable que se notifique a la 

Oficina del Procurador General la presentación de los recursos que 

se radiquen ante el Tribunal de Apelaciones en los que el 

Departamento de Educación - o cualquier agencia que carezca de 

personalidad jurídica independiente del ELA - sea parte. 

Resulta pertinente señalar, además, que el requisito de 

notificación no constituye una mera formalidad procesal, sino que 

son parte integral del debido proceso de ley.16

II.

No existe controversia sobre el hecho de que el Sr. Burgos 

Rosado presentó su recurso dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días establecido para ello. 

Ahora bien, surge del texto de la Regla 58 (B) (1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que el Sr. Burgos 

Rosado también tenía la obligación de notificar el escrito de revisión 

a todas las partes, incluyendo la agencia de cuya resolución se 

recurre, dentro del término para presentarlo. Por tanto, era su deber 

notificar la copia del recurso de revisión al Departamento de 

Educación. Como se ha dicho, éste es un departamento ejecutivo del 

gobierno que carece de personalidad jurídica para representarse por 

sí mismo. Por ello, es un requisito indispensable que el Sr. Burgos 

Rosado notificara la presentación de su recurso al ELA, a través de

la Oficina del Procurador General.

En su recurso, el Sr. Burgos Rosado certificó haber notificado 

la presentación del recurso directamente al Departamento de 

Educación, pero no así a la Oficina del Procurador General. 

Específicamente, las disposiciones legales reseñadas exigen que en 

16 Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 551 (2017).
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aquellos recursos en los que un departamento ejecutivo del gobierno 

que carezca de personalidad jurídica independiente del ELA fuere 

parte, se notifique su presentación al ELA, a través de la Oficina del 

Procurador General, dentro del término para presentarlo. El término 

dispuesto para notificar la presentación es de cumplimiento estricto. 

Por tanto, sólo puede extenderse en aquellas instancias en que la 

parte haya demostrado justa causa. 

Ante el hecho de que del propio recurso no surge que se 

hubiese notificado la presentación del recurso al ELA, y que, desde 

la fecha de presentación del recurso (4 de abril de 2024) al presente, 

el Sr. Burgos Rosado no ha presentado justificación que valide su 

incumplimiento con tal requisito de notificación, concluimos que 

éste incumplió con la Regla 58(B)(1) de nuestro Reglamento, supra. 

La inobservancia de esta norma de notificación priva a este Tribunal 

de jurisdicción para revisar la determinación de la agencia 

administrativa y conlleva la desestimación del recurso presentado

III.

En virtud de lo anterior, desestimamos el recurso por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones