Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

DE CAGUAS

Demandante-Recurrido

v.

JAVIER JUAN ROSARIO 

RIVERA, NICOLE 

MARRERO OTERO Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES

Demandados

ERIC MARTÍN PAGÁN 

DÍAZ, VIRGEN 

MILAGROS RAMOS 

ORTIZ Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE 

GANANCIALES

Co-DemandadosPeticionarios

KLAN202300947

APELACIÓN se acoge 

como CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Caso Núm.

D CD2015-0857 

(402)

SOBRE: 

EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA IN REM

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Juez Ponente, Cruz Hiraldo

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Eric Martín Pagán Díaz, 

Virgen Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, para solicitarnos que se revise y revoque la 

“Sentencia” dictada el 21 de septiembre de 2023 y notificada el 26

de septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, en la cual declaró Ha Lugar a la Demanda

Enmendada presentada y a la ejecución de hipoteca in rem mediante 

sentencia sumaria.
KLAN202300947 2

Acogemos el recurso de epígrafe como una petición de 

Certiorari por ser el recurso adecuado, como mostraremos adelante.1

Sin embargo, este mantendrá la misma identificación alfanumérica 

correspondiente a una apelación.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la “Sentencia” recurrida. En 

su consecuencia, se deniega la moción de sentencia sumaria. Se 

devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos

I

El 7 de abril de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Caguas (en adelante, Caguas Coop) instó una Demanda por cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca en contra de Javier Rosario Rivera, 

Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (conjuntamente “Rosario-Marrero”). En apretada 

síntesis, el 28 de junio de 2013, Caguas Coop les concedió a los 

demandados un préstamo hipotecario con el propósito de 

refinanciar un préstamo hipotecario previo y, posteriormente, los 

demandados incumplieron con su obligación, adeudando una 

cantidad de $315,533.67, más intereses, costas, y honorarios de 

abogado.

Luego del emplazamiento y un breve trámite procesal, el 31 

de agosto de 2015, los demandados presentaron una Solicitud de 

Desestimación. Los demandados informaron que no eran los 

actuales titulares del inmueble objeto de la acción civil y arguyeron, 

entre otras cosas, que la Demanda debió desestimarse por falta de 

partes indispensables. De la anejada escritura de compraventa 

surgió que, el 3 de agosto de 2010, los demandados habían vendido 

1 El término "sentencia" incluye cualquier determinación del Tribunal de Primera 

Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse. 

Solo debe quedar pendiente su ejecución. Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 42.1. Por otro lado, el término “resolución” incluye cualquier 

dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial. Id.
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el inmueble a los compradores, Eric Martín Pagán Díaz y Virgen 

Milagros Ramos Ortiz.

El 9 de marzo de 2016, Caguas Coop se opuso a la solicitud 

de desestimación y expresaron que los demandados pretendían 

desligarse de su obligación contractual de forma temeraria, que

éstos actuaron de mala fe al ocultar el hecho de la compraventa en 

el otorgamiento del préstamo de hipoteca, cuyo hecho vició el 

consentimiento de la demandante, y que Caguas Coop cumplió con

su deber de diligencia al haber realizado un estudio de título de la 

cual reveló que la compraventa no constaba inscrita en el Registro 

de la Propiedad. Por último, señalaron que los actos de los 

demandados eran de índole criminal y que podían responder bajo 

los Artículos 202 y 212 del Código Penal2.

El 19 de agosto de 2016, notificada el 31 de agosto de 2016, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden declarando No 

Ha Lugar a la desestimación del pleito. El foro primario razonó que 

la venta de la propiedad por la parte demandada no lo liberaba de 

responsabilidad debido a que éstos se obligaron con la parte 

demandante. Así las cosas, el Foro de Instancia ordenó la enmienda 

y emplazamiento de los nuevos codemandados, Eric Pagán Díaz,

Virgen Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (conjuntamente “Pagán-Ramos”).

3

Ante solicitud de parte, el 26 de septiembre de 2016, 

notificada el 28 de septiembre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia de Paralización por Quiebra debido a que 

los demandados Rosario-Marrero se sometieron a los 

2 Arts. 202 y 212 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, según enmendada, 33 

LPRA § 5272 y 5282.

3 Notamos que en la Orden del 19 de agosto el Tribunal de Primera Instancia indicó 

que la controversia presentada fue resuelta por el Tribunal Supremo en cuanto a 

que los nuevos titulares, bajo estas circunstancias, tendrían una acción en daños 

en contra de “los que vendieron sin decirle que la casa garantizaba una deuda 

hipotecaria”. A nuestro entender, el foro a quo no se percató que la compraventa 

ocurrió previo a la otorgación de hipoteca.
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procedimientos de quiebra bajo el Capítulo 13 del Código de Quiebra 

de los Estados Unidos4. El 7 de abril de 2017, el Tribunal de 

Quiebras emitió un dictamen indicando que los demandados no 

podían ser liberados de la deuda hipotecaria por la siguiente razón:

[...] The false and fraudulent misrepresentations 

made by the Defendants to COOP about their ownership 

interest in the real property was intended to, and did, 

deceive and cause injury to Plaintiff. COOP would not 

have refinanced the earlier 2006 loan if it had known 

that Defendants no longer owned the real property 

which secured the original loan. Therefore, pursuant to 

11 U.S.C. §523(a)(2)(A), the court determines that claim 

number 2-1 in the amount of $346,915.51 is 

nondischargeable as a matter of law.5

En cumplimiento de la Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia previo a la paralización del pleito, el 14 de octubre 

de 2016, Caguas Coop presentó una Demanda Enmendada para 

incluir como codemandados al matrimonio Pagán-Ramos. El 4 de 

junio de 2018, notificada el 8 de junio de 2018, el foro primario 

ordenó la reapertura del caso, autorizó la Demanda Enmendada y

expidió el debido emplazamiento mediante una segunda Orden

emitida el 21 de septiembre de 2018 y notificada el 9 de octubre de 

2018.

Emplazados los codemandados Pagán-Ramos, el 14 de 

diciembre de 2018, éstos presentaron un Escrito en Cumplimiento en 

la cual solicitaron la desestimación de la Demanda Enmendada o, 

en la alternativa, que se declarara con lugar la reconvención

presentada en el mismo escrito, se dispusiera sobre el cumplimiento 

específico de Caguas Coop de modificar la hipoteca y se concediera 

una indemnización por los daños reclamados. En cambio, el 9 de 

abril de 2019, Caguas Coop presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden y en Oposición a Solicitud de Desestimación donde solicitó 

que se declarara No Ha Lugar a la solicitud de desestimación y la 

4 11 U.S.C.A. § 1301 et seq.

5 COOP A/C Caguas v. Rosario Rivera et al. (In re Rosario Rivera), Case No. 16-

06618 BKT, p. 4.
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reconvención. Así las cosas, el 24 de abril de 2019 y notificada el 1 

de mayo de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución y declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación, 

sin hacer una determinación sobre la reconvención.

Acaecidos diversos trámites procesales, el Tribunal de Primera

Instancia refirió a las partes múltiples veces al acto de mediación, 

de conformidad con la Ley Núm. 184-20126. El proceso de mediación 

culminó el 24 de febrero de 2022, con la última reunión entre las 

partes en el Centro de Mediación de Conflictos. En esta, el Centro 

de Mediación de Conflictos indicó que el proceso concluyó sin 

acuerdo y que “el inmueble no constituía la vivienda principal del 

deudor hipotecario o de su familia inmediata”.

El 12 de abril de 2022, los codemandados Rosario-Marrero 

presentaron una Moción sobre Demanda Contra Co-Partes. En 

apretada síntesis, éstos le solicitaron al foro primario permiso para 

presentar demanda en contra del matrimonio Pagán-Ramos por 

incumplimiento de contrato debido a que, en la compraventa del 

bien inmueble objeto del pleito, el matrimonio Pagán-Ramos se 

había obligado a pagar la hipoteca más el mantenimiento de la 

urbanización y a gestionar el traspaso de la hipoteca sobre el 

inmueble a favor de Master Mortgage7 a su nombre, entre otras 

cosas. Ante ello, reclamaron la resolución de la compraventa 

incumplida, la devolución de la posesión del inmueble y de la 

cuantía de $25,000.00, el pago debido a Caguas Coop por la 

hipoteca y cuantías en concepto de daños y perjuicios.

6 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, según 

enmendada, 32 LPRA § 2881 et seq.

7 Según las alegaciones de varios de los escritos, la hipoteca inscrita sobre la 

propiedad a favor de Master Mortgage fue luego cedida al demandante, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas. No obstante, no se presentó evidencia 

de la cesión, por lo que no estamos en posición para determinar o adjudicar sobre 

ello.
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El Foro de Instancia concedió varias prórrogas para que las 

partes se expresaran en cuanto a la moción previa y no presentaron 

oposición alguna. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia 

ordenó a Caguas Coop a que aclarara si el caso era in rem mediante 

Orden emitida el 18 de agosto de 2022, notificada al día siguiente.

Así las cosas, el 26 de agosto de 2022, los demandados PagánRamos comparecieron mediante Escrito Informativo y esgrimieron 

que la acción civil de autos no era in rem. Luego, el 8 de septiembre 

de 2022, Caguas Coop presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden en la cual aclaró que la demanda se presentó por la vía 

ordinaria, pero que, al advenir en conocimiento de la compraventa, 

sostuvo que se considerara la presente causa de acción como una 

ejecución de hipoteca in rem. Asimismo, el 13 de septiembre de 

2022, notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró No Ha Lugar a la Moción sobre Demanda Contra Co-Partes

por “[ser] este un caso de naturaleza ‘in rem’”.

Pasado un número de trámites procesales impertinentes a la 

controversia ante nos, el 9 de diciembre de 2022, Caguas Coop 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria en donde 

solicitó que se declarara con lugar la demanda sumariamente y se 

procediera con los procedimientos de ejecución de hipoteca in rem.

Así las cosas, los codemandados Rosario-Marrero presentaron una 

moción de desestimación por desistimiento con perjuicio. En dicho 

escrito se arguyó que, mediante la moción de sentencia sumaria y 

documentos previos, los demandantes desistieron de la acción 

personal en contra de los codemandados Rosario-Marrero al 

sostener que se trata de una reclamación “in rem”. También 

esgrimieron que la moción de sentencia sumaria no cumplía con los 

requisitos esbozados en la Regla 36 de Procedimiento Civil8. Por otro 

8 32 LPRA Ap. V, R. 36.
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lado, el 6 de febrero de 2023, los codemandados Pagán-Ramos 

presentaron una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En 

síntesis, alegaron incumplimiento con la Ley Núm. 184-20129 por 

falta de buena fe de la parte demandante y argumentaron que la 

sentencia sumaria no procedía por no cumplirse con los requisitos 

de forma.

El 16 de mayo de 2023, notificada el 26 de mayo de 2023, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la cual 

señaló que la solicitud de sentencia sumaria no cumplía con las 

formalidades de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil10 y le concedió 

a la parte demandante un término de veinte (20) días para presentar 

el escrito enmendado, so pena de renuncia. Simultáneamente, el 

foro primario dictó Sentencia Parcial en Cuanto a Javier Juan Rosario 

Rivera, Nicole Marrero Otero y su Sociedad de Gananciales, 

desestimando con perjuicio la causa de acción en contra de los 

codemandados Rosario-Marrero por tratarse de una ejecución de 

hipoteca bajo la modalidad in rem.

El 6 de julio de 2023, Caguas Coop presentó la solicitud de 

sentencia sumaria enmendada y el Tribunal de Primera Instancia 

ordenó a la parte demandada a replicar en un término de veinte (20) 

días. Transcurrido dicho término sin que los demandados PagánRamos replicaran, el 21 de septiembre de 2023, notificada el 26 de 

septiembre, el Foro de Instancia dictó “Sentencia” declarando Ha 

Lugar a la demanda in rem y dispuso que la propiedad hipotecada 

sea vendida en pública subasta. Particularmente, el foro primario 

indicó que no existía controversia de hechos alguna en cuanto a que 

la parte demandada venía obligada a pagar los plazos mensuales del 

contrato de hipoteca y que ésta incumplió su obligación de pagar la 

9 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, según 

enmendada, supra.

10 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
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misma. Además, el Tribunal de Primera Instancia hizo las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. La parte demandante Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Caguas es una entidad cooperativista creada al 

amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, la cual se dedica a la prestación de 

servicios financieros.

2. Los co-demandados Javier Juan Rosario Rivera y 

Nicole Marrero Otero estaban casados entre sí al 

momento de constituir la hipoteca objeto de la 

presente causa de acción.

3. La Demanda en el caso de autos fue enmendada el 

14 de octubre de 2016 para incluir como 

codemandados a Eric Martín Pagán Díaz, Virgen 

Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos como nuevos 

titulares de la propiedad inmueble objeto de la 

presente causa de acción, siendo emplazados 

personalmente el 22 de octubre de 2018.

4. Las partes demandadas tienen capacidad jurídica 

para demandar y ser demandadas, son mayores de 

edad, no padecen de incapacidad mental o 

impedimento legal y no se encuentran sirviendo en 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos de 

América.

5. El 28 de junio de 2013, Caguas Coop les concedió a 

las partes co-demandadas, Javiera Juan Rosario 

Rivera y su esposa Nicole Marrero Otero, un préstamo 

hipotecario por la cantidad $302,800.00 más los 

intereses a razón de 6.5% anual sobre el balance

adeudado.

6. Las partes co-demandadas[,] Javier Juan Rosario 

Rivera y su esposa Nicole Marrero Otero[,] 

constituyeron una hipoteca mediante la escritura 

número 142, otorgada en Caguas, Puerto Rico, el 28 

de junio de 2013, ante la notaria Teresa Pacheco 

Camacho y un Pagaré por la suma y fecha 

anteriormente indicadas suscrito bajo afidávit 

número 7,255.

7. El inmueble objeto de la presente ejecución ubica en: 

Urbanización Ciudad Jardín, 105 Calle Anturium, 

Toa Alta, Puerto Rico 00963.

8. Las partes co-demandadas de epígrafe, Javier Juan 

Rosario Riverra, Nicole Marrero otero y la Sociedad 
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Legal de Gananciales compuesta por ambos, son los 

dueños registrales del inmueble gravado por el 

Contrato de Hipoteca que se pretende ejecutar. La 

descripción registral de la propiedad es la siguiente:

URBANA: Solar marcado con el número ciento cinco 

(105) de la Urbanización Ciudad Jardín (La 

Providencia), localizada en los barrios Piñas de Toa 

Alta y Pájaros de Bayamón, Puerto Rico, con una 

cabida superficial de QUINIENTOS PUNTO CERO 

CERO METROS CUADRADOS (500.00 M.C.). En 

lindes por el Norte, en una distancia de veinte punto 

cero cero (20.00) metros, con los solares número 

ciento uno (101) y número ciento dos (102); por el 

Sur, en una distancia de veinte punto cero cero 

(20.00) metros, con la calle “B”; por el Este, en una 

distancia de veinticinco punto cero cero (25.00) 

metros, con el lote número ciento seis (106) y por el 

Oeste, en una distancia de veinticinco punto cero 

cero (25.00) metros, con el lote número ciento ocho 

(108).

Enclava una casa de concreto diseñada para una 

familia.

Consta inscrita al folio doscientos noventa y siete 

vuelto (297 vto.) del tomo trescientos treinta y cinco 

(335) de Toa Alta, finca número dieciséis mil 

seiscientos cuarenta y dos (16,642), Registro de la 

Propiedad de Bayamón, Sección Tercera.11

10. Los demandados[,] Javier Juan Rosario Rivera, 

Nicole Marrero Otero, Eric Martín Pagán Díaz y 

Virgen Milagros Ramos Ortiz realizaron negocio 

jurídico entre sí, en el que otorgaron Escritura de 

Compraventa sobre la propiedad descrita en el 

expositivo que antecede, la cual nunca fue 

presentada al Registro de la Propiedad.

11. Según la Escritura Número tres (3) otorgada ante la 

Notari[a] Yayma López Roldán el 3 de agosto de 2010, 

los demandados realizaron el negocio jurídico de 

Compraventa. No obstante, para el año 2013, los 

demandados, Javier Juan Rosario Rivera y Nicole 

Marrero Otero, realizaron una refinanciamiento de la 

deuda que pesaba sobre la misma a favor de Master 

Mortgage, quien a su vez había cedido dicho 

préstamo a la parte demandante.

12. La parte demandada adeuda a la parte demandante 

las mensualidades vencidas desde el mes de 

11 Hacemos constar que el Tribunal de Primera Instancia no hizo una

determinación enumerada con un nueve (9).
KLAN202300947 10

septiembre del 2014, y así sucesivamente todas las 

mensualidades vencidas cada día primero de todo 

subsiguiente mes.

13. La parte demandante radicó la presente causa de 

acción el 7 de abril de 2015.

14. La parte demandada, Javiera Juan Rosario Rivera, 

Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos fueron 

emplazados personalmente el 28 de abril de 2015.

15. La parte demandada Javier Juan Rosario Rivera, 

Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, iniciaron un 

procedimiento de Quiebra ante la Corte de Quiebras 

por lo cual la parte demandante presentó una 

Moción Solicitando la Paralización de los 

Procedimientos por Quiebra, siendo dictada la 

Sentencia de Paralización por Quiebra el 26 de 

septiembre de 2016 por ese Honorable Tribunal.

16. La Demanda en el caso de autos fue enmendada el 

14 de octubre de 2016 para incluir como 

codemandados a Eric Martin Pagán Díaz, Virgen 

Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos como nuevos 

titulares de la propiedad inmueble objeto de la 

presente causa de acción.

17. Las partes co-demandadas fueron debidamente 

emplazadas, según surge de la presente moción y la 

prueba documental que se acompaña.

18. El procedimiento instado ante la Corte de Quiebras 

por los demandados Javier Juan Rosario Rivera, 

Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos fue desestimado, 

por lo cual la parte demandante presentó Moción 

Solicitando la Reapertura de Caso el 30 de mayo de 

2018. Se dictó Orden sobre Reapertura de caso el 4 

de junio de 2018 y notificada el 8 de junio de 2018.

19. Los codemandados Eric Martín Pagán Díaz, Virgen 

Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos fueron 

emplazados personalmente el 22 de octubre de 2018.

20. Los codemandados Eric Martín Pagán Díaz, Virgen 

Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos presentaron su 

contestación a la demanda enmendada el 14 de 

febrero de 2019.
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21. Los codemandados Javier Juan Rosario Rivera, 

Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos presentaron su 

contestación a la demanda enmendada el 25 de 

febrero de 2019.

22. El caso fue referido al Centro de Mediación de 

Conflictos para el proceso de mediación compulsoria 

en los casos de ejecución de hipoteca, sin que se 

lograra un acuerdo que pudiera poner fin a la 

controversia.

23. Así las cosas, se ordenó la continuación de los 

procedimientos judiciales, solicitando la parte 

demandante la conversión de su reclamación como 

una “In Rem” mediante Moción en Cumplimiento de 

Orden presentada el 8 de septiembre de 2022, siendo 

dicha solicitud declarada Ha Lugar por este 

Honorable Tribunal.

24. Al momento de radicar la demanda, cantidad 

adeudada por la parte demandada ascendía a 

$315,533.67, la cual acumula un interés diario de 

$54.35.

25. No obstante las gestiones de cobro realizadas por la 

parte demandante, la obligación evidenciada ha sido 

incumplida por la parte demandada siendo la misma 

líquida y exigible.

26. Aunque todos los co-demandados12 comparecieron 

en diferentes etapas del procedimiento y presentaron 

sus correspondientes alegaciones responsivas, 

ninguno de ellos presentó evidencia alguna de pago.

27. La demandante ejercita su derecho de declarar la 

totalidad de la deuda vencida, ascendente a la suma 

de $315,533.67 más intereses a razón del 6.5% 

anual hasta su total pago y la suma adicional de 

$30,280.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado pactados en la obligación que 

evidencia la deuda.

28. La parte demandante solicitó que presente causa de 

acción sobre ejecución de hipoteca se convirtiera en 

una “In Rem”, por lo cual la demanda se dirige 

únicamente contra la propiedad inmueble 

hipotecada independientemente de quién la posee, 

12 El Tribunal de Primera Instancia hizo aquí la siguiente nota al calce: “El 16 de 

mayo de 2023 se dictó Sentencia Parcial desestimando con perjuicio la demanda 

de EN CUANTO A JAVIER JUAN ROSARIO RIVERA, NICOLE MARRERO OTERO 

Y SU SOCIEDAD DE GANANCIALES”.
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respondiendo la propiedad misma a la parte 

demandante por el pago total de las sumas 

reclamadas en la presente demanda.

Inconforme y prescindiendo sobre la presentación de una 

reconsideración, el 25 de octubre de 2023, los demandadosapelantes Pagán-Ramos presentaron el recurso de apelación, 

acogida como auto de certiorari, ante nos con el siguiente 

señalamiento de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA DECLARANDO HA 

LUGAR LA DEMANDA IN REM; EN VIOLACIÓN Y 

MENOSCABO DE LA LEY 184-2012 Y DERECHOS DE 

LA PARTE APELANTE.

El 13 de diciembre de 2023, este Tribunal de Apelaciones le 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia los autos originales del caso

en calidad de préstamo. Examinado el recurso en su totalidad y con 

la comparecencia de ambas partes, procedemos a establecer el 

derecho aplicable y resolver.

II

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones del tribunal recurrido.13 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil14 establece los preceptos que regulan la 

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre 

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.15 En 

lo pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

13 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

15 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
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obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.16

La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto 

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión justiciera.

17 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto de 

certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.18

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones19 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer 

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que 

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de 

certiorari.

20 La referida regla dispone lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

16 32 LPRA Ap. V, R. 52.1

17 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO 

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.

18 Id.

19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

20 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados 

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, págs. 338-339.
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y 

solamente por razones de peso.21 Es por ello que los tribunales 

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee 

un remedio adecuado para corregir el error señalado.22 Nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo 

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios 

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1) 

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.23

B. La Sentencia, Sentencia Parcial y Resolución

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil24 define 

una sentencia como “cualquier determinación del Tribunal de 

Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de 

la cual pueda apelarse”. Asimismo, el Tribunal Supremo ha 

establecido que “una sentencia es final o definitiva cuando resuelve 

el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en forma 

21 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).

22 Id.

23 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210 

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

24 32 LPRA Ap. V, R. 42.1.
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tal que no queda pendiente nada más que la ejecución de 

sentencia”.25

No obstante, cuando un pleito contenga más de una 

reclamación o figuren en él partes múltiples, el Tribunal podrá dictar 

una sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o 

partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya 

expresamente que no existe razón para posponer que se dicte 

sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del 

pleito y siempre que se ordene expresamente que se registre la 

sentencia.

26

En cambio, la Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil

define la resolución como “cualquier dictamen que pone fin a un 

incidente dentro del proceso judicial”.27 En otras palabras, la 

resolución es “aquella decisión en la cual se adjudica un incidente 

respecto al procedimiento o a los derechos y obligaciones de algún

litigante o en cuanto a algún aspecto de la reclamación o 

reclamaciones que se dilucidan en el proceso, bien sea antes o ya 

sea después de dictarse la sentencia”.28

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, en 

cuanto a la sentencia y resolución, ninguna de las dos constituye 

un término genérico dentro del cual pueda entenderse comprendida 

la otra debido a que existe una diferencia conceptual categórica

entre ellas.

29 No es la designación lo que determina si el dictamen 

es una resolución o una sentencia, pues, un dictamen judicial puede 

titularse sentencia y ser realmente una resolución y viceversa.30 Por 

ello, el Tribunal Supremo ha señalado que “si un tribunal dicta una 

resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a todas las 

25 García v. Padró, 165 DPR 324, 332 (2005).

26 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.

27 32 LPRA Ap. V, R. 42.1.

28 García v. Padró, supra.

29 Id., págs. 332-333.

30 Id., pág. 333.
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controversias entre las partes, se constituye en una sentencia final 

de la cual puede interponerse recurso de apelación”.31 De igual 

modo, si un Tribunal dicta una sentencia parcial que no cumple 

con los requisitos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil32, la 

sentencia no será apelable por no ser final y realmente 

constituirá una resolución que sólo podrá ser revisada mediante 

recurso de certiorari.

33

C. Sentencia Sumaria

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que tiene 

como propósito la solución, justa, rápida y económica de los litigios 

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos 

materiales y que, por lo tanto, no ameritan la celebración de un 

juicio en su fondo.34 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil35 establece 

que las partes podrán presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada.36 La sentencia sumaria es una excepción al juicio 

mediante testimonios vivos frente al juzgador de los hechos.37 La 

parte que solicita la sentencia sumaria tiene la responsabilidad de 

demostrar de manera clara que el promovido no puede prevalecer 

mediante ningún supuesto de hechos y que el tribunal cuenta con 

la verdad sobre todos los hechos necesarios para resolver la 

controversia ante su consideración.38

31 Id.

32 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.

33 García v. Padró, supra, págs. 333-334.

34 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 979 (2022).

35 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.

36 Id.

37 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

38 Id., pág. 473.
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Por su parte, el Tribunal tiene discreción para conceder o no 

la sentencia sumaria, ya que el mal uso de esta puede despojar a un 

litigante de su día en corte, lo cual coartaría su debido proceso de 

ley.39 Es por lo anterior, que no es aconsejable que se utilice el 

mecanismo de sentencia sumaria cuando hay elementos subjetivos, 

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

de credibilidad sea esencial para dilucidar la controversia que deban 

ser evaluados por el juzgador.40 No obstante, el Tribunal puede 

utilizar el mecanismo de sentencia sumaria, aun cuando hay 

elementos subjetivos, si la evidencia que será considerada en la 

solicitud surge que no existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales.

41 Ahora bien, antes de utilizar el mecanismo de 

sentencia sumaria, el Tribunal debe evaluar lo siguiente: 

(1) analizará los documentos que acompañan la moción 

solicitando la sentencia sumaria y los documentos 

incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente del tribunal; (2) determinará si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay

alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos.42

En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia no podrá dictar 

sentencia sumaria cuando: “(1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no ha sido refutadas; (3) surja de los propios 

documentos que se acompañan con la moción una controversia real 

sobre hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 

proceda.”43

Ahora bien, si la otra parte desea derrotar una moción de 

sentencia sumaria, deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos presentados por 

39 Roing Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990). 

40 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 980.

41 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 442-443.

42 Management Administration Services, Corp v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000). 

43 Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, 208 DPR 310, 335 (2021)
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el promovente.44 No obstante, el solo hecho de no presentar 

evidencia que controvierta la presentada por el promovente, no 

implica necesariamente que procede la sentencia sumaria.45 Los 

jueces no están constreñidos por los hechos o documentos 

evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria, 

sino que tienen el deber de considerar todos los documentos en 

autos, incluso aquella que no haya formado parte de la solicitud, sin 

dirimir cuestiones de credibilidad.

46

En cuanto al estándar de revisión aplicable al Tribunal de 

Apelaciones al momento de revisar la determinación del foro 

primario de conceder o denegar la sentencia sumaria, el foro 

intermedio apelativa solo puede:

(1) considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro primario —cual implica que, en apelación 

los litigantes no pueden añadir prueba que no fue 

presentada oportunamente ante el foro primario, ni 

esbozar nuevas teorías—, (2) determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y (3) determinar si el derecho se aplicó de 

forma correcta.47

Por utilizar los mismos criterios de evaluación, los foros 

apelativos se encuentran en la misma posición que el tribunal de 

instancia.48 Ahora bien, el Tribunal Supremo estableció que el 

estándar a seguir para revisar la denegatoria o concesión de una 

moción de sentencia sumaria es el siguiente:

(1) que el Tribunal de Apelaciones se encuentre en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia al 

momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria, y 

que esta revisión sea de novo;

(2) que el Tribunal de Apelaciones revise que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en las 

Reglas de Procedimiento Civil;

(3) que el Tribunal de Apelaciones revise si en realidad 

existen hechos materiales en controversia y si existen 

debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 

44 PFZ Props, Inc v Gen, Acc Ins. Co. 136 DPR 881, 912-913 (1994). 

45 Id., pág. 913.

46 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). 

47 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 981.

48 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 116 (2015).
KLAN202300947 19

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y

(4) si los hechos materiales realmente son 

incontrovertidos, el foro apelativo intermedio procederá 

entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho en la 

controversia.49

D. Los requisitos de la hipoteca

Según el antiguo Código Civil de Puerto Rico50, la hipoteca, al 

igual que la prenda, es un derecho real de garantía que tiene como 

requisitos esenciales los siguientes:

1. Que se constituya para asegurar el cumplimiento de 

una obligación principal.

2. Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en 

propiedad al que la empeña o hipoteca.

3. Que las personas que constituyan la prenda o 

hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o 

en caso de no tenerla, se hallen legalmente 

autorizadas al efecto.

51 (Énfasis Nuestro).

También, como requisito adicional, es de esencia que, vencida 

la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que 

consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor.52 En cuanto a 

la hipoteca en particular, resulta indispensable que el documento 

en que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad para 

que la hipoteca quede válidamente constituida.

53 Sin ello no nace el 

derecho de garantía de la hipoteca.

La derogada Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 197954 establecía

que una hipoteca voluntaria es aquella convenida entre partes o 

impuesta por disposición del dueño del bien o derecho sobre que 

49 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 982.

50 Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado, 31 LPRA § 1 

et seq.

51 Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado, 

31 LPRA § 5001. Este artículo ha sido derogado por la Ley Núm. 55-2020, también 

conocido como el Código Civil de Puerto Rico de 2020, según enmendado. No 

obstante, debido a la fecha en la que ocurrieron los hechos, la ley aplicable al caso 

de autos es la previamente citada.

52 Art. 1757 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado, 

31 LPRA § 5002.

53 Art. 1774 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado, 

31 LPRA § 5042.

54 Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 

1979, según enmendada, 30 LPRA § 2001 nota et seq.
KLAN202300947 20

la se constituye y únicamente podrá ser establecida por quienes 

tengan la libre disposición de dicho bien o derecho o, en caso de 

no tenerla, se hallen autorizado para ello con arreglo a las leyes.55

Éstas debían ser otorgadas por quienes tienen la facultad de 

constituir hipotecas voluntarias, sea por sí mismo o por medio de 

un apoderado.56 No obstante, la hipoteca otorgada por el que no 

tenga derecho para ello será nula, aunque el otorgante adquiera 

después dicho derecho.57

III

Como único error señalado, los peticionarios arguyeron que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al dictar sentencia sumaria y 

no considerar y verificar el cumplimiento con la Ley Núm. 184-

201258. Los peticionarios esgrimieron que la parte demandanterecurrida no actuó de buena fe por no haberle dado curso a la 

solicitud de los apelantes sobre refinanciamiento de la deuda

mediante préstamo. De la misma forma, los peticionarios alegaron 

que la existencia o ausencia de la buena fe en el proceso de 

mediación por Caguas Coop constituye un hecho material en 

controversia que le impedía al Tribunal de Primera Instancia dictar 

la sentencia sumaria. Empero, dicho planteamiento de error es 

académico y no formará parte de nuestra discusión. Así pues, ante 

un concienzudo estudio del expediente original en su totalidad y del

derecho aplicable, resulta forzoso concluir que la hipoteca objeto de 

la demanda es nula. Veamos.

55 Art. 182 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 

8 de agosto de 1979, según enmendada, 30 LPRA § 2601. Esta ley fue derogada 

por la Ley Núm. 210-2015, conocida como la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, hacemos 

referencia a la precitada ley debido a que la hipoteca se otorgó en el año 2013, 

durante la vigencia de la ley derogada, haciendo ésta la ley aplicable al caso ante 

nos.

56 Art. 183 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 

8 de agosto de 1979, según enmendada, 30 LPRA § 2602.

57 Id.

58 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, según 

enmendada, 32 LPRA § 2881 et seq.
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Revisitemos brevemente los hechos constitutivos del caso de 

epígrafe. Según la escritura de compraventa del inmueble objeto de

la acción civil, el 3 de agosto de 2010, el matrimonio RosarioMarrero vendió el bien inmueble a los peticionarios Pagán-Ramos.

El inmueble estaba hipotecado a favor de Master Mortgage 

Corporation. Como parte de las estipulaciones, los peticionarios se 

obligaron a continuar pagando la hipoteca que gravaba el inmueble 

con pagos mensuales y a gestionar el traspaso de dicha hipoteca a 

su nombre en el término de dieciocho (18) meses.59 Sin embargo, la

escritura de compraventa no fue inscrita posteriormente en el 

Registro de la Propiedad, por lo cual los titulares registrales eran 

Javier Rosario Rivera, Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. En otras palabras, existía una 

inexactitud en el Registro de la Propiedad, pues, los titulares eran, 

y continúan siendo, los peticionarios, Eric Pagán Díaz y Virgen 

Ramos Ortiz.

Así las cosas, el 28 de junio de 2013, el matrimonio RosarioMarrero otorgó un préstamo hipotecario con Caguas Coop sobre el 

mismo inmueble que le vendieron hacían tres (3) años a los 

peticionarios con el propósito de refinanciar la hipoteca a favor de 

Master Mortgage Corporation. Según los escritos de las partes, el 

matrimonio Rosario-Marrero le ocultó a Caguas Coop la 

compraventa del inmueble e inexactitud del Registro de la Propiedad 

al otorgar el nuevo préstamo hipotecario con Caguas Coop. Incluso, 

anotamos que la Corte de Quiebras determinó expresamente que la 

deuda reclamada en la Demanda Enmendada no era descargable 

59 El 12 de abril de 2022, los demandados, Javier Rosario Rivera y Nicole Marrero 

Otero, presentaron una Moción sobre Demanda Contra Co-Partes en la cual 

solicitaron la autorización del Tribunal de Primera Instancia para demandar a 

Eric Pagán Díaz y Virgen Ramos Ortiz por incumplimiento de contrato al no haber 

hecho los pagos mensuales pactados y nunca gestionar el traspaso de la hipoteca. 

No obstante, el Foro de Instancia declaró No Ha Lugar a la moción por entender 

que éste era un caso de naturaleza in rem. Véase Orden del 13 de septiembre de 

2022, notificada al día siguiente.
KLAN202300947 22

debido a que concluyó que la hipoteca que aseguraba la misma se 

constituyó fraudulentamente.

Considerando los hechos antes esbozados, es evidente que 

el matrimonio Rosario-Marrero no tenía la libre disposición para 

enajenar el bien inmueble objeto del préstamo hipotecario ni 

eran los dueños del inmueble, pues, había vendido ésta a los 

peticionarios tres (3) años previo a la otorgación del contrato 

hipotecario. De los escritos ni del expediente original ante nos 

surge tampoco que el matrimonio Rosario-Marrero estuviese 

legalmente autorizado para ello. El Artículo 1756 del Código Civil 

de 193060, ley aplicable al otorgarse la hipoteca, claramente 

establecía que la libre disposición del bien o la debida autorización 

legal al efecto, así como la titularidad del inmueble hipotecado eran

requisitos esenciales para que se constituya válidamente el derecho 

real de garantía que es la hipoteca. Más aún, el Artículo 183 de Ley 

Núm. 198 de 8 de agosto de 197961, también aplicable al otorgarse 

la hipoteca, establecía que la hipoteca otorgada por aquel que no 

tenga derecho para ello será nula, aunque el otorgante adquiera el 

derecho posteriormente.

Evidentemente, el préstamo hipotecario otorgado entre 

Caguas Coop y el matrimonio Rosario-Marrero no cumple con los 

requisitos esenciales establecidos por ley y, en su consecuencia, es 

nula, primordialmente debido a que el matrimonio Rosario-Marrero 

no tenía la libre disposición o derecho legítimo para haber otorgado 

la hipoteca y porque no ostentaban la titularidad sobre el bien para 

otorgarla. Resolver al contrario permitiría la premiación y 

convalidación de hipotecas cometidas mediante fraude, omisión o 

60 Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado, 

supra.

61 Art. 183 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 

8 de agosto de 1979, según enmendada, supra.
KLAN202300947 23

por personas sin derecho para ello, cuyo efecto intentó evitar el 

legislador mediante las referidas legislaciones.

Por último, aclaramos que la “Sentencia” dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia realmente constituye una resolución.

Nos explicamos. Los codemandados Pagán-Ramos presentaron una

solicitud de desestimación y una reconvención el 14 de diciembre de 

2018 mediante Escrito en Cumplimiento. Aunque el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación, nada dispuso sobre la reconvención, quedando esta

pendiente de adjudicación. La “Sentencia” recurrida no hace 

ninguna de las expresiones requeridas por la Regla 42.3 de

Procedimiento Civil62, por lo que no puede considerarse tampoco

como una sentencia parcial que dispuso de forma final las 

controversias acumuladas en la Demanda Enmendada. En vista de 

lo anterior, quedan aún pendientes de adjudicación final las 

controversias esgrimidas en la Demanda Enmendada y en la 

reconvención. Ello es así, puesto que hemos concluido 

expresamente que el foro de instancia erró al conceder la 

solicitud de sentencia sumaria interpuesta por Caguas Coop ya

que la hipoteca que garantizaba la deuda original es nula, por 

no haberla constituido los dueños del inmueble o quienes tenían 

la libre disposición para subscribir dicho negocio jurídico.

A base de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia deberá 

evaluar y tomar las previsiones que entienda pertinentes.

IV

Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos 

formar parte de este dictamen, se expide el auto de certiorari y se

revoca la “Sentencia” recurrida dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. En su consecuencia, se 

62 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.
KLAN202300947 24

deniega la moción de sentencia sumaria. Se devuelve al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones