Número identificador 

 RES2024__________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

JOAQUÍN RODRÍGUEZ 

GARCÍA, CARMEN 

LOURDES BENÍTEZ 

DELGADO Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

INTEGRADA POR AMBOS

Peticionario

v.

BREEZE POINT AT 

OCEAN CORP.; PALMAS 

DEL MAR 

ARCHITECTURAL 

REVIEW BOARD, INC. 

(PMARB); PALMAS DEL 

MAR HOMEOWNERS 

ASSOCIATION, INC. 

(PMHOA)

Recurrida

KLCE202400711

CERTIORARI

procedente de

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Humacao.

Civil núm.: 

HU2023CV01097.

Sobre: 

daños y perjuicios;

injunction.

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la 

jueza Romero García y la jueza Rivera Pérez1.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de julio de 2024.

El 28 de junio de 2024, el Sr. Joaquín Rodríguez García, su 

esposa, la Sra. Carmen Lourdes Benítez Delgado, y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los 

peticionarios) comparecieron ante nos mediante un Recurso de 

Certiorari y solicitaron la revisión de una Resolución que se emitió el 

29 de abril de 2024 y se notificó el 30 de abril de 2024 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). Mediante el 

aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

descalificación que presentó la parte peticionaria. 

1 De conformidad con la Orden Administrativa JP-2018-035 y debido a la 

inhibición de la Hon. Martínez Cordero, se designó a la Hon. Rivera Pérez, en 

sustitución. 
KLAN202400711 2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de epígrafe. 

I.

El 31 de julio de 2023, los peticionarios presentaron una 

Petición de Interdicto sobre daños y perjuicios e injunction en contra 

de Breeze Point at Ocean Corp. (Breeze Point o recurrido), Palmas 

del Mar Arquitectural Review Board, Inc. (PMARB) y Palmas del Mar 

Homeowners Association, Inc. (PMHOA).2 En esta, le solicitaron al 

TPI que declarara que la construcción del Shell Castle Club 48 

contravenía las restricciones voluntarias contenidas en las Guías de 

Diseño aprobadas por la PMARB. Además, solicitaron que se 

concediera un interdicto permanente ordenando que cesara toda la 

construcción reñida con el límite de vuelo que se especificaba en la 

Guía antes mencionada. Por último, reclamaron una indemnización 

por daños ascendientes a $500,000.00. 

Luego de varios trámites procesales que no son pertinentes 

discutir, el 15 de enero de 2024, Breeze Point presentó una 

Contestación a Demanda, Reconvención y Demanda Contra 

Terceros.

3 En lo que no concierne, en la Reconvención, sostuvo que 

los peticionarios presentaron la demanda antes expuesta con el 

propósito de defraudar ya que esta contenía hechos falsos que 

presuntamente se expusieron para privar o afectar los derechos 

patrimoniales sobre sus bienes inmuebles o bienes muebles. 

Argumentó que ello violaba el Art. 202, 211, y 212 del Código Penal 

de Puerto Rico. Razonó que las presuntas falsas alegaciones y la 

persecución maliciosa por parte de los peticionarios le causaron 

daños, incluyendo su reputación y buen nombre, los cuales 

estimaron en una suma no menor de $100,000.00. 

2 Véase, págs. 1-8 del apéndice del recurso. 

3 Íd., págs. 21-34. 
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Ante lo antes alegado por parte del recurrido en su 

reconvención, el 23 de febrero de 2024, los peticionarios 

presentaron una Moción de Descalificación y en esta solicitaron la 

descalificación de la representación legal de Breeze Point, el Lcdo. 

Roberto E. Berrios Falcon (licenciado Berrios).

4 Alegaron que este 

último acusó a la representación legal de ellos por la comisión de 

delitos en su Reconvención sin prueba alguna. Argumentaron que 

ello obstaculizó la sana administración de la justicia y denotó una 

conducta irrespetuosa para con el Tribunal en violación al Canon 9 

de los de Ética Profesional que exige observar una conducta que se 

caracteriza por el mayor respeto. De igual forma, añadieron que, 

dicha conducta contravino el Canon 17 de los de Ética Profesional 

que exige que todo abogado que presente una demanda o una 

reconvención como en la de este caso, cuente con la prueba 

necesaria para justificar sus alegaciones. Por último, adujeron que 

la conducta desplegada por el licenciado Berrios infringía el Canon 

38 de Ética Profesional en la medida de que, en su juicio, este actuó 

bajo completa inobservancia de conducirse de manera digna y 

honrada. 

En respuesta, el 25 de marzo de 2024, Breeze Point presentó 

su Oposición a Moción de Descalificación.

5 En síntesis, expresó que 

los peticionarios no demostraron de qué manera les causaría un 

perjuicio o desventaja indebida el que el licenciado Berrios 

continuara representando a Breeze Point. Puntualizó que tampoco 

establecieron que la conducta del licenciado Berrios constituyera un 

obstáculo a la sana administración de la justicia. Además, señaló 

que los peticionarios no presentaron prueba alguna de que las 

alegaciones de la reconvención le faltaran a la verdad. Por los 

motivos antes expuestos razonó que la moción de descalificación se 

4 Íd., págs. 47-52. 

5 Íd., págs. 71-92. 
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presentó para dilatar los procedimientos judiciales por lo que solicitó 

que esta fuese declarada No Ha Lugar. El 3 de abril de 2024, los 

peticionarios presentaron una Réplica a Oposición a Moción de 

Descalificación.

6

Así las cosas, el 29 de abril de 2024, el TPI emitió una 

Resolución que se notificó el 30 de abril de 2024 en la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud de descalificación que presentaron los 

peticionarios.7 Inconforme con este dictamen, el 8 de mayo de 2024, 

los peticionarios presentaron una Solicitud de Reconsideración en la 

cual reiteraron los argumentos expuestos en su solicitud de 

descalificación.8 El 23 de mayo de 2024, Breeze Point presentó una 

oposición a la solicitud de reconsideración.9

Atendidas las posturas de ambas partes, el 8 de mayo de 2024 

el TPI emitió una Resolución sobre Reconsideración que se notificó el 

29 de mayo de 2024.10 En lo pertinente resolvió lo siguiente: 

Este Juez advierte a todas las(os) representantes legales 

que espera en su Sala y en las mociones que se 

presenten en el caso un alto grado de respeto, cortesía 

y deferencia profesional. En las vistas que se celebren 

en la sala de este Juez, los argumentos se presentarán 

al Tribunal y no entre los abogados(as). Este Juez 

acepta aseveraciones que versen y se refiera al 

argumento de otro representante legal pero no sobre el 

otro representante legal. La última instancia no es 

aceptable en esta sala, excepto que las aseveraciones 

versen de forma puntual, sobre alguna conducta que 

incida en los Cánones de Ética de la profesión. Les 

recuerda a los representantes legales que los casos no 

son de los representantes legales son de sus clientes. 

Este Juez advierte de sanciones progresivas ante el 

incumplimiento con lo aquí dispuesto. Este Juez tiene 

la facultad para atender las situaciones que se 

distancien en este caso de la conducta esperada. Las 

alegaciones de descalificación de un abogado deben 

basarse en la conducta desplegada en el caso ante la 

consideración de ese Juez. Evaluado el expediente el 

Tribunal reconsideró su determinación de celebrar vista 

para dilucidar la solicitud pues dispuso de la misma con 

la advertencia sobre la conducta y proceder esperado de 

todos los representantes legales en el caos. De igual 

6 Íd., págs. 97-102. 

7 Íd., pág. 152.

8 Íd., págs. 153-158. 

9 Íd., págs. 166-169. 

10 Íd., págs. 170-171. 
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forma, advierte que de incumplirse con estas Ordenes 

se impondrán sanciones progresivas. Con estas 

advertencias, este juez atiende la solicitud de 

descalificación. Así las cosas, declara No Ha Lugar, en 

este momento, la solicitud de descalificación. 

Aún inconforme, el 28 de junio de 2024, la parte peticionaria 

presentó el recurso de epígrafe y formuló el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

descalificar al Lcdo. Berríos Falcón y al bufete 

Berríos Falcón LLC a pesar de infringir los Cánones 

de Ética mediante sus imputaciones de comisión de 

delitos desprovistas de fundamento y pruebas. 

Atendido el recurso, el 11 de julio de 2024, emitimos una 

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 18 de julio de 

2024 para presentar su postura en cuanto al recurso. 

Oportunamente, Breeze Point presentó una Oposición a la 

Expedición de Auto de Certiorari y negó que el TPI cometiera el error 

que los peticionarios le imputaron. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver el asunto 

ante nos. Veamos.

II.

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales 

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos 

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al 
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resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, 

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar 

causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.

Sobre este último criterio, el Tribunal Supremo expresó en Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012) que las 

órdenes de descalificaciones de abogados son revisables mediante 

certiorari ya que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. A tono con lo anterior, dispuso que “[l]os 

tribunales apelativos estamos llamados a revisar la decisión sobre 

la descalificación si se demuestra que hubo un craso abuso de 

discreción, que el foro primario actuó con prejuicio o parcialidad, 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. Íd. 

Ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

III.

En su recurso de certiorari, los peticionarios solicitaron la 

revisión de una Resolución que emitió el TPI el 29 de abril de 2024 y 

notificó el 30 de abril de 2024 en la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de descalificación en contra del licenciado Berrios. En vista 
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de ello, en su único señalamiento de error, los peticionarios 

argumentaron que el TPI erró al no descalificar al licenciado Berrios 

y al bufete Berrios Falcon LLC a pesar de infringir los Cánones de 

Ética mediante imputaciones de comisión de delitos. Sostuvieron 

que estas imputaciones de delitos estaban desprovistas de 

fundamentos y pruebas. 

De entrada, debemos mencionar que cuando se nos solicita la 

revisión de una resolución interlocutoria emitida por el TPI

relacionada a un asunto de descalificación, este Tribunal tiene 

discreción para expedir el recurso. Ello, toda vez que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Así

pues, a pesar de que este es susceptible de revisión, de conformidad 

con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, determinamos 

denegar su expedición.

Luego de examinar los argumentos esgrimidos por la parte 

peticionaria a la luz de los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, no identificamos razón por la 

cual este Foro deba intervenir con el dictamen recurrido. Ello, ya 

que no se configura ninguna de las situaciones que allí se 

contemplan. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos 

brinda la discreción de intervenir en aquellos dictámenes 

interlocutorios en los que el TPI haya sido arbitrario, cometido un 

craso abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja 

un error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que 

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos 

escenarios.

IV.

Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos el 

recurso de certiorari.
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones