Número Identificador

 SEN2024_____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

ANTHONY R. NEGRÓN 

BURGOS

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400047

Revisión 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Sobre: Suspensión 

de Privilegios por 

Medida de 

Seguridad

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el 

juez Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria 

Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“Corrección”) impuso ciertas medidas bajo la Regla 9, infra, sobre 

Suspensión de Privilegios por Medida de Seguridad. Según se explica 

a continuación, esta determinación de Corrección no es revisable 

directamente ante este Tribunal, por lo cual se desestima el recurso 

de referencia.

I.

El 20 de diciembre de 2023, el Superintendente de una 

institución correccional (Ponce Adultos 1000) suspendió ciertos 

privilegios del Módulo 3B – Sección N (el “Módulo”) por el término de 

10 días. Específicamente, se suspendió la “visita, la entrega de 

artículos que se reciben mediante la visita, el privilegio de comidas 

especiales, el uso de las máquinas expendedoras de comida en el 

área de visita, la recreación (activa, pasiva) y comisaría

(exceptuando la venta de los artículos de aseo personal)”. Esta 

medida se tomó al amparo de la Regla 9 del Reglamento Núm. 9221 

(la “Regla 9”), denominado Reglamento para Establecer el 
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Procedimiento Disciplinario de la Población Correccional (el 

“Reglamento”), aprobado el 8 de octubre de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 9, el 

Superintendente solicitó que la medida de seguridad se extendiera 

por 90 días adicionales, a partir del 30 de diciembre. Luego de la 

vista administrativa contemplada por la Regla 9, Corrección 

determinó, mediante una Resolución de 28 de diciembre (la 

“Resolución”), que se justificaba la extensión solicitada. Ello 

porque, entre el 20 y 21 de diciembre de 2023, se encontraron varios 

confinados del Módulo en estado crítico por aparente sobredosis. 

También se resaltó que, luego del 20 de diciembre, se habían 

presentado 10 informes disciplinarios a miembros del Módulo. 

Corrección concluyó que la medida de seguridad adoptada por el 

Superintendente se justificaba por el riesgo existente a la seguridad 

institucional.

El 16 de enero, el Sr. Anthony R. Negrón Burgos (el 

“Recurrente”) presentó el recurso que nos ocupa. En esencia, 

impugna la validez de la Resolución. Plantea que la “Regla 9 se 

aplicó como medida disciplinaria y no como medida de seguridad”, 

que la “sanción impuesta es excesiva e inmeritoria”, que Corrección 

no podía “certificar que” confinado alguno tuvo “una sobredosis de 

sustancias controladas” porque no hubo “pruebas de sangre ni de 

orina”, que desde el 22 de diciembre “no ha ocurrido ningún 

incidente” en el Módulo, que Corrección no permitió 

“descubrimiento de prueba” ni escuchó a los miembros del Módulo, 

antes de emitir la Resolución, y que el Recurrente había sido 

“asign[ado]” a otro módulo. Disponemos.

II.

La Regla 9 le permite a Corrección suspenderle privilegios a 

los confinados como una medida de seguridad, no como una medida 

disciplinaria. La Regla 9 dispone lo siguiente: 
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REGLA 9 — SUSPENSIÓN DE PRIVILEGIOS POR 

MEDIDA DE SEGURIDAD

1. El superintendente de la institución correccional 

podrá suspender los privilegios, sin celebración de vista 

administrativa, por un período de tiempo que no exceda 

a diez (10) días calendarios, en aquellas circunstancias 

que atenten contra la seguridad institucional. El 

Superintendente no podrá extender el término 

expresamente dispuesto en este inciso. Bajo ninguna 

circunstancia, esta disposición podrá ser utilizada por 

el Superintendente de la institución correccional como 

medida disciplinaria.

2. Queda prohibida la cancelación del privilegio de visita 

a un grupo, unidad de vivienda, edificio o institución 

como medida disciplinaria. Sin embargo, esto no 

impedirá la suspensión de este privilegio cuando 

existan otras razones que no sean de índole 

disciplinario que así lo requieran y que estén en total 

acorde con las circunstancias específicamente 

establecidas para afianzar la seguridad. En estos casos, 

deberá entenderse que la suspensión de privilegios

responde estrictamente a una medida seguridad y no a 

una medida disciplinaria.

3. El superintendente deberá notificar por escrito a la 

Oficina de Asuntos Legales la acción tomada dentro del 

próximo día laborable de haber tomado la acción. El 

Director de la Oficina de Asuntos Legales o su 

representante, referirá el asunto a la Oficina de 

Investigaciones del Sistema Correccional (OISC). La 

investigación será conducida por la Oficina de 

Investigaciones del Sistema Correccional (OISC), con el 

propósito de determinar si existe justa causa para 

extender la suspensión de privilegios por razones de 

seguridad. Los privilegios podrán ser suspendidos por 

razones de seguridad, bajo una de las siguientes 

circunstancias:

a. En caso de motín, fuga, disturbio, su tentativa o 

cualquier otra actividad o evento que ponga en 

riesgo la seguridad, la tranquilidad o el normal 

funcionamiento institucional. Esto incluye, pero 

sin limitarse a, cualquier amenaza contra la 

integridad física o la propiedad de un miembro de 

la población correccional, o cualquier otra 

persona, o contra la seguridad de la institución 

correccional.

b. Cuando ocurra una agresión a un miembro de 

la población correccional y la misma sea ejecutada 

por seis (6) o más miembros de la población 

correccional.

c. Cuando un módulo o unidad de vivienda de la 

institución correccional se niegue o se resista a 

someterse a las pruebas de detección de 

sustancias controladas, alcohol o cualquier otra 

prueba que se utilice para estos propósitos o 

impida que pueda llevarse a cabo dicha prueba.
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d. Cuando ocurran hallazgos de cualquier 

contrabando peligroso, tal como armas de fuego, 

sustancias controladas, artefactos explosivos o

cualquier otro material prohibido por ley o 

reglamento. 

Así pues, el Superintendente de una institución correccional 

puede suspender los privilegios de todos, o de un grupo, de los 

miembros de la institución cuando, según su criterio, exista una 

situación de las previstas en la Regla 9, cuyo denominador común 

es que atentan contra la seguridad institucional. Ello sin vista 

previa, siempre que no exceda de diez días.

Ahora bien, una vez ejecutada dicha facultad, el referido 

funcionario viene llamado a notificar su actuación. Además, si a su 

juicio la situación amerita que se extienda el término de suspensión 

de privilegios, Corrección celebrará una vista administrativa, luego 

de lo cual adjudicará si se concede la extensión. 

En fin, la Regla 9 es una medida de seguridad que se impone 

con el fin de proteger la institución, independientemente de que un 

confinado haya violado o no algún código disciplinario de forma 

individual. La Regla 9 no es una sanción disciplinaria colectiva sino 

una medida de seguridad para la protección de la población 

correccional y de las personas que trabajan en la institución.

III.

De otra parte, Corrección tiene un mecanismo administrativo 

que le permite a un confinado presentar una queja o solicitud 

relacionada con sus condiciones de confinamiento. En efecto, el 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583, aprobado el 4 de mayo de 

2015, tiene como objetivo principal que “toda persona recluida en 

una institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda presentar 

una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de minimizar 
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las diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

Tribunales de Justicia”.1 Este Reglamento establece un proceso 

para ventilar las quejas y solicitudes de los confinados, el cual va 

desde la presentación de la solicitud del remedio administrativo 

hasta la resolución de la reconsideración por el (o la) Coordinador(a)

Regional del Programa.2

El Reglamento Núm. 8583, dispone lo siguiente en cuanto a 

la jurisdicción de la División de Remedios Administrativos:

1. La División tendrá jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la 

población correccional en cualquier institución o 

facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 

sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con:

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar 

físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional.

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida 

bajo las disposiciones de este Reglamento.

c. Cuando el superintendente impone la suspensión 

de privilegios sin celebración de vista alguna, 

conforme a la reglamentación vigente sobre la 

“Suspensión de Privilegios por Razones de 

Seguridad”.

d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un 

miembro de la población correccional conforme 

“Prison Rape Elimination ACT” (PREA)(115.5 la, d, 

115.52-b1, b2, b3).3

Ante una solicitud de remedio, un(a) Evaluador(a) de 

Corrección emitirá una Respuesta, en la cual “contesta la solicitud 

del remedio administrativo”.4 De dicha respuesta, el confinado 

puede solicitar revisión a un(a) Coordinador(a), quien deberá emitir 

una Resolución que contenga “un breve resumen de los hechos que 

motivaron la solicitud, el derecho aplicable y la disposición o 

1 Reglamento Núm. 8583, págs. 1-2.

2 Íd., Reglas XII-XV.

3 Íd., Regla VI(l).

4 Íd., Regla IV (20).
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solución a la controversia planteada”.5 La determinación de

Corrección no es final y revisable hasta que el (o la) Coordinador(a)

resuelva la llamada “reconsideración”.

IV.

Concluimos que no tenemos jurisdicción para revisar 

directamente la Resolución, como nos solicita el Recurrente. Ello 

porque dicho dictamen no es producto ni de un proceso disciplinario 

contra un miembro de la población correccional, ni de la 

adjudicación de una solicitud de remedio administrativo. Tampoco 

la Resolución es el resultado de algún otro proceso que adjudique 

los derechos u obligaciones del Recurrente.

En vez, una medida tomada bajo la Regla 9, por su naturaleza, 

es administrativa, no cuasi-judicial. Se trata de una medida 

profiláctica de seguridad que no requiere adjudicar la 

responsabilidad individual de confinado alguno. Puesto de otra 

forma, es una medida administrativa de tipo investigativo y gerencial

que no puede ser objeto de revisión judicial por parte de este 

tribunal mediante el mecanismo pretendido por el Recurrente.

De conformidad, la vista que contempla la Regla 9 va dirigida 

únicamente a determinar si Corrección, a través de los funcionarios 

designados para ello, aprueba la extensión de la medida de 

seguridad solicitada por el (o la) Superintendente de la institución 

correccional. Es por ello que no aplican las salvaguardas procesales 

que caracterizan un procedimiento cuasi-judicial, como el proceso 

disciplinario, el cual va dirigido a adjudicar si determinada persona 

infringió determinada disposición del Reglamento. 

Por supuesto, la aplicación de una medida de seguridad bajo 

la Regla 9 incide sobre las condiciones de confinamiento del 

Recurrente. No obstante, el mecanismo para presentar una queja 

5 Íd., Regla IV (21) y (23), y Regla XIV (1).
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al respecto es el provisto por el Reglamento 8583, sobre remedios 

administrativos.

Por tanto, al no tener jurisdicción para revisar la Resolución 

a través del recurso de referencia, procede la desestimación del 

mismo.

V.

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por 

ausencia de jurisdicción.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones