# Diario Oficial C 155/30 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 155 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 64.° año30 de abril de 2021 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 155

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

64.° año30 de abril de 2021

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| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | RESOLUCIONES |
| | Comité Económico y Social Europeo |
| | 558.o pleno del Comité Económico y Social Europeo — Interactio, 24.2.2021-25.2.2021 |
| 2021/C 155/01 | Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre la Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia – ¿Qué funciona y qué no funciona? — (sobre la base de las consultas realizadas en los 27 Estados miembros) | 1 |

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité Económico y Social Europeo

558.o pleno del Comité Económico y Social Europeo — Interactio, 24.2.2021-25.2.2021

o

2021/C 155/01

Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre la Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia – ¿Qué funciona y qué no funciona? — (sobre la base de las consultas realizadas en los 27 Estados miembros)

1

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| | III   Actos preparatorios |
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| | Comité Económico y Social Europeo |
| | 558.o pleno del Comité Económico y Social Europeo — Interactio, 24.2.2021-25.2.2021 |
| 2021/C 155/02 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación [COM(2020) 312 final], Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras [COM(2020) 313 final], Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad [COM(2020) 314 final – 2020/0148 (CNS)] | 8 |
| 2021/C 155/03 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción [COM(2020) 590 final] | 20 |
| 2021/C 155/04 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estrategia de Finanzas Digitales para la UE [COM(2020) 591 final] | 27 |
| 2021/C 155/05 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 [COM(2020) 593 final — 2020/0265 (COD)] — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado [COM(2020) 594 final — 2020/0267 (COD)] | 31 |
| 2021/C 155/06 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 600/2014 y (UE) n.o 909/2014 [COM(2020) 595 final – 2020/0266 (COD)]; Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 [COM(2020) 596 final – 2020/0268 (COD)] | 38 |
| 2021/C 155/07 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 [COM(2020) 575 final] | 45 |
| 2021/C 155/08 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit
  [COM(2020) 854 final – 2020/0380 (COD)] | 52 |
| 2021/C 155/09 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifican la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración] [COM(2020) 610 final — 2020/279 (COD)] — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo [COM(2020) 613 final — 2020/277 (COD)] | 58 |
| 2021/C 155/10 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE [COM (2020) 611 final – 2016/224-COD]; la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817 [COM(2020) 612 final – 2020-278-COD],y la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema Eurodac para la comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento], para la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818. [COM(2020) 614 final – 2016/-132 (COD)] | 64 |
| 2021/C 155/11 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas [COM(2020) 662 final] | 73 |
| 2021/C 155/12 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera (versión codificada) [COM(2021) 34 final — 2021/0018 (COD)] | 78 |

III   Actos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

558.o pleno del Comité Económico y Social Europeo — Interactio, 24.2.2021-25.2.2021

o

2021/C 155/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación [COM(2020) 312 final], Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras [COM(2020) 313 final], Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad [COM(2020) 314 final – 2020/0148 (CNS)]

[COM(2020) 312 final]

[COM(2020) 313 final]

[COM(2020) 314 final – 2020/0148 (CNS)]

8

2021/C 155/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción [COM(2020) 590 final]

[COM(2020) 590 final]

20

2021/C 155/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estrategia de Finanzas Digitales para la UE [COM(2020) 591 final]

[COM(2020) 591 final]

27

2021/C 155/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 [COM(2020) 593 final — 2020/0265 (COD)] — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado [COM(2020) 594 final — 2020/0267 (COD)]

[COM(2020) 593 final — 2020/0265 (COD)]

[COM(2020) 594 final — 2020/0267 (COD)]

31

2021/C 155/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 600/2014 y (UE) n.o 909/2014 [COM(2020) 595 final – 2020/0266 (COD)]; Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 [COM(2020) 596 final – 2020/0268 (COD)]

o

o

o

o

[COM(2020) 595 final – 2020/0266 (COD)]

[COM(2020) 596 final – 2020/0268 (COD)]

38

2021/C 155/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 [COM(2020) 575 final]

[COM(2020) 575 final]

45

2021/C 155/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit
  [COM(2020) 854 final – 2020/0380 (COD)]

Brexit

[COM(2020) 854 final – 2020/0380 (COD)]

52

2021/C 155/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifican la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración] [COM(2020) 610 final — 2020/279 (COD)] — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo [COM(2020) 613 final — 2020/277 (COD)]

[COM(2020) 610 final — 2020/279 (COD)]

[COM(2020) 613 final — 2020/277 (COD)]

58

2021/C 155/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE [COM (2020) 611 final – 2016/224-COD]; la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817 [COM(2020) 612 final – 2020-278-COD],y la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema Eurodac para la comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento], para la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818. [COM(2020) 614 final – 2016/-132 (COD)]

[COM (2020) 611 final – 2016/224-COD]

o

[COM(2020) 612 final – 2020-278-COD]

[COM(2020) 614 final – 2016/-132 (COD)]

64

2021/C 155/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas [COM(2020) 662 final]

[COM(2020) 662 final]

73

2021/C 155/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera (versión codificada) [COM(2021) 34 final — 2021/0018 (COD)]

[COM(2021) 34 final — 2021/0018 (COD)]

78

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| | Corrección de errores |
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| 2021/C 155/13 | Corrección de errores del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (Programa Pericles IV) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)] ( DO C 440 de 6.12.2018 ) | 79 |

Corrección de errores

2021/C 155/13

Corrección de errores del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (Programa Pericles IV) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)] ( DO C 440 de 6.12.2018 )

( DO C 440 de 6.12.2018 )

79

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| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité Económico y Social Europeo

558.o pleno del Comité Económico y Social Europeo — Interactio, 24.2.2021-25.2.2021

| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/1 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/1

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Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre la Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia – ¿Qué funciona y qué no funciona?

(sobre la base de las consultas realizadas en los 27 Estados miembros)

(2021/C 155/01)

| Ponentes: | Gonçalo LOBO XAVIER


  Javier DOZ ORRIT


  Luca JAHIER |
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Ponentes:

Gonçalo LOBO XAVIER

Javier DOZ ORRIT

Luca JAHIER

En su pleno de los días 24 y 25 de febrero de 2021 (sesión del 25 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 268 votos a favor y 5 abstenciones la presente Resolución.

1.   Introducción

| 1.1 | El CESE ha aprobado una serie de dictámenes, resoluciones y declaraciones sobre el Plan de Recuperación Next Generation EU y sus diversos componentes, en particular el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El Comité ha expresado su acuerdo con sus contenidos y la orientación de las propuestas de reforma cuyo objetivo es impulsar la recuperación económica y social y desencadenar un cambio en el modelo productivo. |
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1.1

| 1.2 | El CESE considera que todas las reformas del proceso de reestructuración tienen que basarse en los principios que sustentan la UE: la protección de los derechos humanos y sociales, los valores democráticos y el Estado de Derecho. Las inversiones en el marco del MRR han de procurar la liberación de todo el potencial del mercado único, el fortalecimiento de la resiliencia económica de la UE, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la creación de una economía circular y la consecución de la neutralidad climática en la UE en 2050 a más tardar, el fomento de la innovación y la modernización relacionadas con la digitalización de la economía y la sociedad, y la aplicación efectiva del pilar europeo de derechos sociales para garantizar la cohesión social, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Deben aportar una respuesta a la crisis económica y social provocada por la pandemia, teniendo en cuenta que los efectos serán más amplios, graves y profundos de lo previsto anteriormente, a fin de asegurar una recuperación rápida. La utilización del MRR también deberá ajustarse plenamente a los convenios y tratados internacionales de los que son partes la UE y los Estados miembros, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité considera fundamental garantizar el buen gobierno, la vigilancia contra la corrupción en la gestión de los fondos y la rendición de cuentas democrática. |
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1.2

| 1.3 | El Comité también considera muy importante que las reformas se encaminen tanto a mejorar la productividad de la economía como a reforzar el tejido industrial innovador mediante el apoyo a las pymes y a las empresas de la economía social. Destaca el papel que desempeña la investigación a nivel europeo y sus vínculos con el proceso de producción. Asimismo, considera que deben establecerse mecanismos que garanticen transiciones verdes y digitales justas en la UE y en todos los Estados miembros, y que respalden la reintegración económica de las personas excluidas del mercado de trabajo. A este respecto, el CESE reitera su preocupación por el hecho de que los fondos asignados a la transición justa en el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 sean insuficientes. |
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1.3

| 1.4 | Las instituciones de la UE han reaccionado de modo muy diferente a como lo hicieron ante la crisis de 2008. La financiación del Plan de Recuperación a través de la emisión de deuda común europea constituye un hito en la historia de la UE. En particular, el Comité se siente especialmente concernido por el apoyo a una profundización de la unión económica y monetaria (UEM), cuestión que debería abordarse en la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa; al mismo tiempo, destaca la importancia de la Cumbre de Oporto que va a convocar la Presidencia portuguesa sobre la aplicación efectiva del pilar europeo de derechos sociales. El CESE considera que la participación de la sociedad civil debe ir más allá de las esferas económica, social y medioambiental e incluir cuestiones tan importantes como el futuro de Europa o las negociaciones de adhesión y preadhesión con los países candidatos a la adhesión a la UE. |
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1.4

| 1.5 | La Comisión deberá tener en cuenta el impacto de la pandemia en los diferentes Estados miembros y sus capacidades a la hora de evaluar los planes nacionales de recuperación y resiliencia respectivos. |
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1.5

| 1.6 | En esta Resolución queremos también expresar nuestra satisfacción con el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre entre el Parlamento Europeo y el Consejo, en el marco del diálogo tripartito, que incluye la aprobación de un Reglamento que establece (en su artículo 18) la necesidad de que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil participen, a través de consultas, en la elaboración y la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. |
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1.6

| 1.7 | La participación de la sociedad civil en los planes nacionales de recuperación y resiliencia es precisamente el objeto de esta Resolución. Sobre la base de los informes elaborados por las delegaciones nacionales del Grupo del Semestre Europeo, queremos realizar una primera evaluación de cómo se está desarrollando esa participación para poder informar a las instituciones europeas y los gobiernos nacionales de las deficiencias que encontramos en los procesos. De esta manera, el Comité podría contribuir a garantizar que los gobiernos nacionales y las instituciones europeas adopten las medidas correctoras oportunas antes del plazo de finalización de la elaboración de los planes nacionales de recuperación y resiliencia por parte de los gobiernos nacionales y su aprobación por parte de la Comisión Europea. Esta evaluación debería revelar no solo el grado de participación de la sociedad civil en el diseño de los planes sino también la calidad de su participación y la transparencia que hayan mostrado los distintos Estados miembros a la hora de poner a disposición del público sus proyectos de planes nacionales de recuperación y resiliencia. |
| --- | --- |

1.7

| 1.8 | Por lo que se refiere a la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil de ámbito paneuropeo en el Plan de Recuperación Next Generation EU, estos han reconocido que se han realizado progresos en relación con los procedimientos habituales del Semestre Europeo. También reconocen el papel positivo que la Comisión Europea está desempeñando a la hora de impulsar la participación de la sociedad civil en el nivel nacional. Sin embargo, la mayoría de ellos consideran que el nivel de participación real sigue siendo claramente insuficiente y que los procesos no permiten que las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil tengan un impacto suficiente. Los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil reclaman que estas deficiencias se corrijan en las fases de aplicación y evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia mediante el establecimiento de procedimientos más formales que faciliten intercambios reales. |
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1.8

2.   Antecedentes

| 2.1 | El 18 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre el MRR. Para acceder a la financiación, los Estados miembros prepararán planes nacionales de recuperación y resiliencia que establezcan un paquete de inversiones y reformas, en consonancia con las orientaciones de la Unión Europea sobre el proceso de consulta. Ya en la primera nota de orientación, publicada en septiembre, se pide a los Estados miembros que describan cualquier consulta y contribución de los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, en la elaboración y aplicación del plan de recuperación y resiliencia (1). |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | El acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en diciembre incluye un apartado sobre la participación, entre otros, de los interlocutores sociales y la sociedad civil. El artículo 18, apartado 4, letra q), exige que los planes nacionales de recuperación y resiliencia elaboren «un resumen del proceso de consulta, llevado a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional, de las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, para la preparación y la aplicación del plan y cómo se reflejan en él las aportaciones de las partes interesadas» (2). |
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2.2

| 2.3 | El Grupo del Semestre Europeo aprobó su programa de trabajo 2020-2023 en su primera reunión celebrada el 16 de diciembre de 2020. Un elemento importante y nuevo del programa de trabajo fue la organización de consultas virtuales por parte de los miembros del CESE en los Estados miembros en enero de 2021. El objetivo de este ejercicio consistió en recabar información sobre la participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia con el fin de que el CESE pudiera aprobar una Resolución en el pleno de febrero. |
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2.3

3.   Método

| 3.1 | Los datos y la información necesarios para este informe se recogieron en enero de 2021.
  En total, se recibieron 26 contribuciones nacionales. Las consultas se realizaron sobre la base de los propios conocimientos de los miembros y en ellas tomaron parte interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. En algunos países participaron los consejos económicos y sociales nacionales u órganos equivalentes, y en otros se consultó también a representantes de los gobiernos. |
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3.1

En total, se recibieron 26 contribuciones nacionales. Las consultas se realizaron sobre la base de los propios conocimientos de los miembros y en ellas tomaron parte interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. En algunos países participaron los consejos económicos y sociales nacionales u órganos equivalentes, y en otros se consultó también a representantes de los gobiernos.

| 3.2 | Las consultas se basaron en las cinco preguntas siguientes:






  1) | ¿Existen mecanismos de consulta sobre los planes de recuperación y resiliencia en su país? ¿Consideran que son suficientes y adecuados? |
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3.2

1)

¿Existen mecanismos de consulta sobre los planes de recuperación y resiliencia en su país? ¿Consideran que son suficientes y adecuados?

| 2) | ¿Existen en su país mecanismos de consulta diferentes para los interlocutores sociales y para el resto de la sociedad civil organizada? |
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2)

¿Existen en su país mecanismos de consulta diferentes para los interlocutores sociales y para el resto de la sociedad civil organizada?

| 3) | Su país debe presentar el plan nacional de recuperación y resiliencia antes del 30 de abril. ¿En qué etapa del proceso se encuentra su país? |
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3)

Su país debe presentar el plan nacional de recuperación y resiliencia antes del 30 de abril. ¿En qué etapa del proceso se encuentra su país?

| 4) | ¿Qué diferencias presenta el procedimiento utilizado para el plan nacional de recuperación y resiliencia con respecto al procedimiento ordinario de consulta a la sociedad civil para el Semestre Europeo? |
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4)

¿Qué diferencias presenta el procedimiento utilizado para el plan nacional de recuperación y resiliencia con respecto al procedimiento ordinario de consulta a la sociedad civil para el Semestre Europeo?

| 5) | ¿En qué medida se corresponde el plan de recuperación y resiliencia de su país con los objetivos políticos de la sociedad civil organizada de su país? |
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5)

¿En qué medida se corresponde el plan de recuperación y resiliencia de su país con los objetivos políticos de la sociedad civil organizada de su país?

4.   Observaciones a partir de los resultados de las consultas

4.1   
  Pregunta 1: ¿Existen mecanismos de consulta sobre los planes de recuperación y resiliencia en su país?

| 4.1.1 | Una amplia mayoría de las respuestas indicaron que el gobierno nacional en cuestión había establecido algún tipo de mecanismo de consulta para la participación de la sociedad civil organizada en la preparación de su plan de recuperación y resiliencia. En algunos Estados miembros, ya se han llevado a cabo consultas con la sociedad civil, mientras que en otros aún están en curso o se prevé que tengan lugar en una fase posterior. |
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4.1.1

| 4.1.2 | Los mecanismos empleados son variados, incluida la presentación de propuestas escritas, reuniones de alto nivel con los ministros responsables, evaluación de las respuestas a cuestionarios específicamente diseñados y mesas redondas entre representantes del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil. Algunos Estados miembros también han utilizado y aprovechado los mecanismos establecidos para la consulta dentro del procedimiento ordinario del Semestre Europeo, mutatis mutandis, el nuevo calendario espacial de 2021 y las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID-19. |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.1.3 | No obstante, en varias respuestas se señaló la falta de participación real de la sociedad civil. Uno de los obstáculos a la participación que se detectaron fue la aparente falta de voluntad de algunos gobiernos nacionales para incluir a la sociedad civil en la elaboración de su plan. En lugar de que el gobierno tratara de implicar a la sociedad civil, las consultas se llevaron a cabo a menudo por iniciativa de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, y a raíz de sus llamamientos. |
| --- | --- |

4.1.3

| 4.1.4 | Aunque se la incluyera de manera formal, otro obstáculo que se determinó para una verdadera participación fue el insuficiente tiempo reservado para la consulta de la sociedad civil. Los participantes criticaron el apretado calendario adoptado por algunos gobiernos, argumentando que es probable que constituya un obstáculo para el debate sustantivo y para tener en cuenta la contribución de la sociedad civil en relación con los planes de recuperación y resiliencia. Por lo tanto, si bien un gran número de Estados miembros dispone de algún tipo de mecanismo de consulta para la sociedad civil organizada como parte de su proceso de elaboración del plan de recuperación y resiliencia, un número significativamente menor permite realmente la participación de la sociedad civil y que las propuestas resultantes tengan una repercusión real. |
| --- | --- |

4.1.4

| 4.1.5 | Lamentablemente, algunos participantes informaron de que no se ha llevado a cabo ninguna consulta ni está previsto que tenga lugar en la fase de elaboración del plan nacional de su país. Además, algunos encuestados señalaron que, aunque se han llevado a cabo consultas, hasta ahora solo han incluido a los interlocutores sociales y no a la sociedad civil organizada en su sentido más amplio. |
| --- | --- |

4.1.5

| 4.1.6 | Basándonos en la información obtenida (3), dividimos a los Estados miembros en tres categorías en relación con el tema de esta Resolución: aquellos en los que prácticamente no ha habido participación, al menos hasta ahora (Dinamarca, Eslovaquia); aquellos en los que ha habido alguna participación formal o informal, pero en los que no se ha determinado capacidad de influencia (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia); y, por último, aquellos en los que ha habido una participación más estructurada, que en algunos casos ha repercutido en algunos aspectos de los planes (Bulgaria, Chipre, Finlandia, Italia y Malta). |
| --- | --- |

4.1.6

| 4.1.7 | En general, las respuestas ponen de manifiesto el firme deseo de la sociedad civil organizada de contribuir a la elaboración de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Los encuestados que representan a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil describieron sus intentos de participar, incluida la elaboración de propuestas y la toma de contacto con los representantes gubernamentales. En algunos Estados miembros, estas iniciativas han dado lugar a un mayor grado de inclusión de la sociedad civil en la elaboración de los planes, pero, desgraciadamente, en otros parecen haber caído en saco roto. |
| --- | --- |

4.1.7

4.2   
  Pregunta 2: ¿Existen en su país mecanismos de consulta diferentes para los interlocutores sociales y para el resto de la sociedad civil organizada?

| 4.2.1 | La mayor parte de los Estados miembros tienen procedimientos diferenciados para consultar a los interlocutores sociales y al resto de la sociedad civil organizada. Los encuestados informaron de que los interlocutores sociales están incluidos de forma más estructurada, institucionalizada y permanente, mientras que el resto de organizaciones de la sociedad civil son consultadas de manera ad hoc e informal. Como se ha señalado antes, varios Estados miembros han consultado únicamente a los interlocutores sociales, y no a la sociedad civil en general, en el proceso de preparación de sus planes. Una variante se da en un Estado miembro, en el que el gobierno solo consulta al conjunto amplio de la sociedad civil, que incluye también a los interlocutores sociales, pero no al conjunto más restringido, que incluye únicamente a los interlocutores sociales. Un número menor de Estados miembros ha optado por recurrir a un procedimiento común que engloba a todas las partes interesadas. |
| --- | --- |

4.2.1

4.3   
  Pregunta 3: Su país debe presentar el plan nacional de recuperación y resiliencia antes del 30 de abril. ¿En qué etapa del proceso se encuentra su país?

| 4.3.1 | En cuanto al fondo, las respuestas recogidas fueron variadas. Aunque todos los participantes informaron de que su gobierno nacional había empezado a trabajar en la preparación de su plan de recuperación y resiliencia, los Estados miembros se encuentran en diferentes fases del proceso. |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | En la mayoría de los Estados miembros, los ministerios responsables —muy a menudo el Ministerio de Hacienda— están elaborando una primera versión del plan nacional de recuperación y resiliencia. Algunos han concluido las consultas con la sociedad civil, mientras que otros todavía tienen que consultar a las partes interesadas externas. Varios encuestados también informaron de que su gobierno estaba consultando exhaustivamente con la Comisión Europea o tenía la intención de iniciar las consultas en breve. |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Se informó de que algunos Estados miembros estaban trabajando en una segunda versión de su plan nacional, tras haber consultado a la Comisión Europea en una fase anterior. |
| --- | --- |

4.3.3

4.4   
  Pregunta 4: ¿Qué diferencias presenta el procedimiento utilizado para el plan nacional de recuperación y resiliencia con respecto al procedimiento ordinario de consulta a la sociedad civil para el Semestre Europeo?

| 4.4.1 | Las respuestas a esta pregunta son también variadas y, en cierta manera, poco concluyentes. Sin embargo, se observan algunas tendencias similares a las manifestadas en las respuestas a las preguntas anteriores: algunos encuestados afirman que es demasiado pronto para decir nada, otros señalan que no hay tiempo suficiente para una consulta adecuada y algunos dicen que los interlocutores sociales participan más que el resto de la sociedad civil organizada. Unos cuantos informan de que el procedimiento del plan de recuperación y resiliencia ha estado más abierto o se ha adaptado mejor a la sociedad civil organizada que el procedimiento normal del Semestre, pero aún más Estados miembros afirman que el marco establecido para la consulta de sociedad civil organizada durante el procedimiento ordinario del Semestre no se está utilizando en el procedimiento del plan de recuperación y resiliencia. |
| --- | --- |

4.4.1

4.5   
  Pregunta 5: ¿En qué medida se corresponde el plan de recuperación y resiliencia de su país con los objetivos políticos de la sociedad civil organizada de su país?

| 4.5.1 | Las respuestas a esta cuestión se dividen en tres grandes categorías, aproximadamente del mismo tamaño. Un grupo considera que los objetivos se corresponden de manera general, ya sea como resultado de un procedimiento de consulta o bien porque los intereses ya eran compartidos. Otro grupo lamenta que los gobiernos hayan ignorado los intereses públicos y bien conocidos de la sociedad civil organizada en la elaboración de los planes, y el tercer y último grupo no puede responder, bien por carecer de conocimientos sólidos o bien porque aún es demasiado pronto en el proceso. |
| --- | --- |

4.5.1

5.   Conclusiones

| 5.1 | Aunque, en el caso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, los procesos de consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil hayan mejorado en general con respecto a los utilizados de ordinario para el Semestre Europeo en años anteriores, el CESE considera que, en la mayoría de los Estados miembros, distan mucho de ser satisfactorios en relación con las pretensiones justificadas de la sociedad civil e, incluso, respecto de las condiciones estipuladas en el Reglamento del MRR. Mientras que los interlocutores sociales tienen, por lo general, más oportunidades de participar, ya sea a través del diálogo social o mediante procesos específicos para los planes nacionales de recuperación y resiliencia, las demás organizaciones de la sociedad civil disponen de opciones más limitadas. |
| --- | --- |

5.1

| 5.2 | Los resultados de la encuesta en los que se basa esta Resolución son coherentes con los de otros estudios (4) realizados por organizaciones de la sociedad civil paneuropeas sobre la participación de la sociedad civil organizada de los Estados miembros en los planes de recuperación y resiliencia. Según estos estudios, la participación real de la sociedad civil organizada en la mayoría de los países ha sido escasa o nula. Los datos recogidos en enero para nuestro estudio muestran solo una ligera mejora en este sentido. Un nivel similar de insatisfacción se desprende de la consulta del Comité de las Regiones (5) sobre la participación de las instituciones políticas regionales y locales en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. |
| --- | --- |

5.2

| 5.3 | El Comité considera que la participación real se produce cuando, en procesos formales de consulta basados en normas jurídicas y procedimientos públicos y transparentes, las organizaciones de la sociedad civil son debidamente informadas mediante documentación escrita, disponen de tiempo suficiente para analizar las propuestas del gobierno y elaborar sus propias propuestas, y estas se tienen en cuenta o se rechazan con una justificación y, en cualquier caso, se recogen en actas o documentos públicos. Esta consulta deberá repetirse cuando se apliquen nuevas condiciones marco. En ningún caso se pretende que la participación de la sociedad civil sustituya o ponga en tela de juicio la primacía de las instituciones democráticas parlamentarias; solo que las complemente mediante la colaboración con ellas. |
| --- | --- |

5.3

| 5.4 | El CESE hace un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembros que no hayan establecido procedimientos adecuados de consulta a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil para que, con carácter de urgencia, los pongan en marcha y cumplan el Reglamento del MRR. El Comité pide a las instituciones europeas, en particular a la Comisión, que hagan uso de sus competencias para exigir a los gobiernos nacionales que no lo hayan hecho que cumplan sus obligaciones al respecto. Todavía es posible hacerlo dentro de los plazos fijados para la adopción de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El CESE comparte, con los demás agentes políticos y sociales, la opinión de que los recursos para financiar las inversiones para la recuperación y la transformación de las economías y sociedades europeas deben llegar lo antes posible a los Estados miembros y sus sociedades. |
| --- | --- |

5.4

| 5.5 | La experiencia de la participación de la sociedad civil en la fase de elaboración de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y la evaluación de las lagunas y deficiencias a este respecto deben servir para garantizar que, en el futuro, en las fases de ejecución de estos planes, y con vistas a la elaboración de los planes de 2022, estas lagunas y deficiencias queden subsanadas. Por lo general, una mayor participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil garantiza que se produzcan cambios impulsados desde abajo que sean sostenibles y eficaces. En la aplicación de los planes también hay que tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, ya que prestan numerosos servicios sociales. |
| --- | --- |

5.5

| 5.6 | Entre los riesgos que se derivan de la necesidad de que los agentes públicos y sociales tengan que invertir recursos financieros considerables en un breve espacio de tiempo están la incapacidad de absorber y ejecutar los fondos en el plazo previsto y que se haga un uso ineficiente de dichos recursos. Un riesgo aún más grave es el de la corrupción. Al tiempo que el Comité demanda a los gobiernos nacionales que adopten las medidas necesarias para mejorar la capacidad de gestión y promover la transparencia y el control administrativo y parlamentario para hacer frente a estos riesgos, subraya que la participación de organizaciones de la sociedad civil representativas en el control de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia es un poderoso instrumento en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia. |
| --- | --- |

5.6

| 5.7 | El CESE expresa su preocupación por el hecho de que, en el momento de redactar los informes nacionales que han servido de base a esta Resolución, en la mayoría de los Estados miembros no hay suficiente claridad sobre los sistemas de gobernanza de estos planes y la distribución de responsabilidades entre los niveles central, regional y local para su aplicación. Tampoco existe, por supuesto, suficiente claridad sobre los mecanismos adecuados para implicar a la sociedad civil organizada y a los interlocutores sociales en las fases de aplicación, seguimiento y ajuste de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. |
| --- | --- |

5.7

| 5.8 | Esta Resolución se centra en la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en los planes nacionales de recuperación y resiliencia en un momento en el que aún no ha concluido su proceso de elaboración, con la intención de poder mejorar estos procesos e impulsar una participación adecuada de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación, el seguimiento y el ajuste de estos planes. De los contenidos de los planes conocemos lo que se ha presentado en los programas marco y en los primeros borradores de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de algunos Estados miembros. No obstante, de las respuestas a la pregunta 5 del cuestionario puede deducirse que, entre quienes se pronuncian en esta fase del proceso, en la mayoría de los países —diez de dieciséis— existe una correspondencia amplia o parcial entre los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil y lo que se afirma en los programas marco y en los borradores de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en consonancia con los objetivos y directrices establecidos por la Comisión y el Parlamento Europeo para Next Generation EU y su MRR. En los seis países restantes, las organizaciones de la sociedad civil se muestran críticas y en diez Estados miembros no contestan, en su mayoría por considerarlo prematuro. |
| --- | --- |

5.8

| 5.9 | El Comité quiere, sin embargo, hacerse eco de algunas de las preocupaciones y demandas planteadas por los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en relación con el contenido de los planes nacionales de recuperación y resiliencia:






  — | Las inversiones coherentes con los objetivos del Pacto Verde y la transformación digital —y las transiciones justas conexas— así como las relacionadas a escala nacional con las vulnerabilidades sociales, el empleo, la salud y la protección social, junto con la aplicación de las reformas estructurales necesarias indicadas en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020, deberían producir un cambio hacia un modelo económico que aumente la productividad y sea sostenible desde un punto de vista medioambiental y social. |
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5.9

—

Las inversiones coherentes con los objetivos del Pacto Verde y la transformación digital —y las transiciones justas conexas— así como las relacionadas a escala nacional con las vulnerabilidades sociales, el empleo, la salud y la protección social, junto con la aplicación de las reformas estructurales necesarias indicadas en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020, deberían producir un cambio hacia un modelo económico que aumente la productividad y sea sostenible desde un punto de vista medioambiental y social.

| — | Los planes nacionales de recuperación y resiliencia deberían explicitar la relación entre los proyectos de inversión y el programa de reformas de cada país, estableciendo para ello indicadores, calendarios y una metodología de seguimiento adecuados. |
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Los planes nacionales de recuperación y resiliencia deberían explicitar la relación entre los proyectos de inversión y el programa de reformas de cada país, estableciendo para ello indicadores, calendarios y una metodología de seguimiento adecuados.

| — | El programa Next Generation EU ofrece un apoyo financiero sin precedentes de la UE a los presupuestos nacionales. Al evaluar los planes nacionales, la Comisión debería exigir que los fondos europeos se utilicen también para crear un verdadero valor añadido europeo mediante el apoyo a inversiones y proyectos transfronterizos en infraestructuras. Las inversiones transfronterizas tienen claros efectos indirectos positivos desde el punto de vista económico y social, y deben promoverse con mayor intensidad. |
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—

El programa Next Generation EU ofrece un apoyo financiero sin precedentes de la UE a los presupuestos nacionales. Al evaluar los planes nacionales, la Comisión debería exigir que los fondos europeos se utilicen también para crear un verdadero valor añadido europeo mediante el apoyo a inversiones y proyectos transfronterizos en infraestructuras. Las inversiones transfronterizas tienen claros efectos indirectos positivos desde el punto de vista económico y social, y deben promoverse con mayor intensidad.

| — | Las inversiones en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben servir de palanca para otras inversiones privadas en los sectores considerados prioritarios en estos planes. Los programas de inversión deben tener suficientemente en cuenta los proyectos cualificados que provengan de las pymes y de las empresas de la economía social. |
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—

Las inversiones en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben servir de palanca para otras inversiones privadas en los sectores considerados prioritarios en estos planes. Los programas de inversión deben tener suficientemente en cuenta los proyectos cualificados que provengan de las pymes y de las empresas de la economía social.

| — | Como señaló muy claramente el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas, Olivier De Schutter, en su discurso en el pleno del Comité el 28 de enero de 2021, existe el riesgo de que las cuestiones sociales, incluidos los instrumentos de lucha contra la pobreza y la desigualdad, no reciban el peso necesario en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Hay que subrayar la importancia que tiene el riesgo de que no se reduzca la brecha digital, cuando la digitalización de la economía y la sociedad es uno de los principales focos de Next Generation EU. |
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Como señaló muy claramente el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas, Olivier De Schutter, en su discurso en el pleno del Comité el 28 de enero de 2021, existe el riesgo de que las cuestiones sociales, incluidos los instrumentos de lucha contra la pobreza y la desigualdad, no reciban el peso necesario en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Hay que subrayar la importancia que tiene el riesgo de que no se reduzca la brecha digital, cuando la digitalización de la economía y la sociedad es uno de los principales focos de Next Generation EU.

| — | Las inversiones en educación y formación continua de calidad y en I+D son esenciales para impulsar y acompañar los cambios económicos y sociales que promueve Next Generation EU, así como las inversiones que fortalezcan los sistemas sanitarios y las políticas de salud pública de unas sociedades tan duramente golpeadas por la pandemia de COVID-19. |
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Las inversiones en educación y formación continua de calidad y en I+D son esenciales para impulsar y acompañar los cambios económicos y sociales que promueve Next Generation EU, así como las inversiones que fortalezcan los sistemas sanitarios y las políticas de salud pública de unas sociedades tan duramente golpeadas por la pandemia de COVID-19.

| 5.10 | El CESE pide a los gobiernos nacionales y a las instituciones de la UE que tengan en cuenta estas preocupaciones de la sociedad civil europea respecto al contenido de los planes nacionales de recuperación y resiliencia en el momento de su aprobación. |
| --- | --- |

5.10

Bruselas, 25 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(1)  SWD(2020) 205 final.

1

(2)  DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.

2

(3)  Los informes de los distintos Estados miembros se analizan en el anexo a la presente Resolución. Todo este material puede consultarse en el sitio web del Comité.

3

(4)  Civil Society Europe and the European Center for Not-for-Profit Law: Participation of civil society organisations in the preparation of the EU National Recovery and Resilience Plans; diciembre de 2020.

4

(5)  CDR-CMRE: La participación de municipios, ciudades y regiones en la preparación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; 20 de enero de 2021.

5

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III Actos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

558.o pleno del Comité Económico y Social Europeo — Interactio, 24.2.2021-25.2.2021

| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/8 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/8

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación

[COM(2020) 312 final]

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras

[COM(2020) 313 final]

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad

[COM(2020) 314 final – 2020/0148 (CNS)]

(2021/C 155/02)

| Ponente: | Krister ANDERSSON |
| --- | --- |
| Coponente: | Javier DOZ ORRIT |

Ponente:

Krister ANDERSSON

Coponente:

Javier DOZ ORRIT

| Consultas | Consejo de la Unión Europea, 28.7.2020
  Comisión Europea, 12.8.2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en sección | 12.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 24.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 220/0/7 |

Consultas

Consejo de la Unión Europea, 28.7.2020

Comisión Europea, 12.8.2020

Fundamento jurídico

Artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

12.2.2021

Aprobado en el pleno

24.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

220/0/7

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE apoya en líneas generales las propuestas legislativas de la Comisión y valora positivamente su coordinación con el diálogo internacional entablado en el Marco Inclusivo de la OCDE con el fin de lograr un consenso mundial. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE está de acuerdo con el enfoque de la Comisión de que la buena gobernanza fiscal, en la que se asienta la equidad tributaria, pasa por la transparencia fiscal basada en el intercambio de información entre autoridades tributarias, la competencia fiscal leal, la ausencia de medidas fiscales perniciosas, la adopción de medidas fiscales más eficaces y la aplicación de normas acordadas internacionalmente. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE coincide, asimismo, con la Comisión en que la competencia fiscal en sí misma no es un problema (1). No obstante, preocupa la existencia en la UE de una competencia fiscal desleal que fomenta la elusión fiscal. El Comité considera que una unión monetaria eficaz requiere una política fiscal coherente y congruencia entre las normas fiscales de sus miembros. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE respalda la iniciativa de la Comisión de revisar el Código de Conducta y se congratula de que la propuesta de la Comisión tenga debidamente en cuenta la labor de la OCDE y la importancia de adoptar normas acordadas a escala internacional, en especial en lo que respecta a unos principios mundiales que permitan establecer un tipo impositivo mínimo efectivo para el impuesto sobre sociedades. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE considera que el resultado y los logros del Código de Conducta deben actualizarse con mayor periodicidad y ponerse a disposición de la sociedad civil, en consonancia con el objetivo de la Comisión de que la actividad y los resultados concretos del Código sean más transparentes. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE apoya la decisión de la Comisión de llevar a cabo una intervención de carácter legislativo con el fin de reforzar la cooperación entre las autoridades tributarias y reforzar la armonización de las normas de procedimiento en todo el mercado interior. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE coincide con la Comisión en que el fraude y la evasión fiscales continúan representando una amenaza para las finanzas públicas, sobre todo en tiempos de crisis, como lo han demostrado con claridad las estimaciones más recientes de la Comisión; ciertamente, la pérdida de ingresos en la UE derivada de la evasión fiscal internacional por parte de personas físicas, incluidos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los impuestos sobre las rentas del capital, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones, asciende a 46 000 millones EUR según las estimaciones más recientes. El déficit recaudatorio en materia de IVA se estima en unos 140 000 millones EUR, de los cuales 50 000 millones guardan relación con el fraude transfronterizo (2). |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE toma nota de la reducción del déficit recaudatorio (3) estimado debido a la elusión del impuesto de sociedades en unos 35 000 millones EUR por año, según diversas estimaciones, lo que representa un descenso con respecto a las estimaciones anteriores de la Comisión que se situaban entre 50 000 y 70 000 millones EUR antes de la introducción de las medidas de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en lo sucesivo, «BEPS», por sus siglas en inglés) y la correlación, examinada por la Comisión, entre dicha mejora y los esfuerzos legislativos en materia de elusión fiscal realizados por la Comisión anterior (4). Sin embargo, esto sigue siendo motivo de preocupación en una situación en la que reviste tanta importancia el gasto público para sostener la economía y la sociedad. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | No se podrá contar con un régimen eficiente en ausencia de una lucha intensiva contra la delincuencia y la evasión fiscales, que puede mejorarse mediante una mayor cooperación administrativa y un marco jurídico más armonizado. Un marco tributario no puede considerarse justo si algunos Estados miembros disponen de medios para eludirlo fácilmente, ya que esto desincentiva a otros y genera ineficiencia. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | Dada la complejidad actual derivada de la existencia de veintisiete regímenes fiscales diferentes y habida cuenta de que tal pluralidad de modelos supone una carga para las empresas y los particulares que operan a escala transfronteriza, el CESE anima a los Estados miembros a armonizar los requisitos de comunicación de información fiscal y mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias, respetando al mismo tiempo la soberanía fiscal. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | Las veinticinco acciones previstas por la Comisión parecen razonables. La mayoría de ellas están relacionadas con el IVA, lo que resulta adecuado habida cuenta de las importantes pérdidas de ingresos en este ámbito. No obstante, estas acciones se describen muy brevemente y sigue siendo difícil, por el momento, evaluar en profundidad su repercusión específica en la actividad cotidiana de los ciudadanos y las empresas europeos. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE valora muy positivamente la adopción de un registro único a efectos del IVA. Se trata de un paso importante hacia la creación de un mercado único profundizado, lo cual reducirá la incertidumbre y los costes asociados a las operaciones transfronterizas. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de modernizar y armonizar los requisitos de comunicación de información en el ámbito del IVA gracias a un mayor recurso a la comunicación de información basada en transacciones («en tiempo real») y la facturación electrónica. |
| --- | --- |

1.13.

| 1.14. | El CESE celebra, asimismo, que se vuelva a estudiar si debe aplicarse o no el IVA a los servicios financieros. Para ello, es necesaria una evaluación de impacto exhaustiva que incluya el tratamiento a efectos del IVA de los servicios financieros en terceros países. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de establecer «un marco de cumplimiento cooperativo a escala de la UE», basado en una mayor confianza y cooperación entre las diferentes administraciones tributarias para resolver problemas fiscales transfronterizos en el ámbito del impuesto de sociedades. Es importante que, en este marco, las pymes reciban el mismo trato que las empresas de mayor tamaño. El Comité toma nota de que la carga normativa para las pymes es muy superior a la de las grandes empresas multinacionales, por lo que insta a la Comisión a que adopte medidas para reducir la carga que pesa sobre las pymes. |
| --- | --- |

1.15.

| 1.16. | El CESE considera esencial la cuestión del reembolso de impuestos, especialmente en tiempos de crisis como los actuales, que implican un alto riesgo en términos de falta de liquidez para particulares y empresas. |
| --- | --- |

1.16.

| 1.17. | El CESE insta a la Comisión a que evalúe cómo puede ponerse en marcha un mecanismo más sencillo y armonizado de desgravación por deudas incobrables del IVA. Este mecanismo debería garantizar que el IVA que las empresas no han podido recaudar de sus clientes, pero que ya han abonado a las autoridades tributarias, pueda ser reclamado a estas de forma rápida y oportuna. |
| --- | --- |

1.17.

| 1.18. | El CESE considera muy importante disponer de normas fiscales y laborales claras y coherentes a escala internacional para las plataformas digitales. El CESE apoya los esfuerzos realizados para aumentar la transparencia de las plataformas digitales con el fin de prevenir declaraciones de ingresos incoherentes, lo que plantea un alto riesgo de evasión fiscal. Los requisitos de comunicación de información y los formularios fiscales deberían ser idénticos en todos los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.18.

| 1.19. | El CESE subraya que las auditorías conjuntas, que en principio son una herramienta útil y eficaz, deben realizarse respetando los derechos de los contribuyentes, en particular, los consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente en relación con los derechos de defensa y la previsibilidad de las normas tanto sustantivas como procesales que les atañen, así como la recopilación de pruebas por las autoridades tributarias competentes con vistas a posibles sanciones. |
| --- | --- |

1.19.

| 1.20. | Si bien ha mejorado la conducta de los países y territorios que figuraban en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, el volumen global de fondos defraudados, evadidos, eludidos y blanqueados sigue siendo tan elevado que es necesario redoblar los esfuerzos. |
| --- | --- |

1.20.

| 1.21. | El CESE coincide con la Comisión en que procede revisar la lista y determinar la forma de hacerla más eficaz y justa, teniendo en cuenta también los nuevos retos de una economía digitalizada mundial. El CESE apoya, asimismo, el criterio de la Comisión de ofrecer a los territorios de bajo riesgo y baja capacidad la oportunidad de mejorar sus normas de buena gobernanza y transparencia en el ámbito fiscal en un plazo razonable, cuando se les incluya en la lista o puedan ser incluidos en ella. |
| --- | --- |

1.21.

| 1.22. | El CESE ha propuesto (5) la puesta en marcha de un Pacto europeo para luchar eficazmente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, y el blanqueo de capitales. El CESE también ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que impulse una iniciativa que involucre a los gobiernos nacionales y a las demás instituciones europeas en la consecución de este objetivo, promoviendo los consensos necesarios para ello y dando participación a la sociedad civil. La cooperación entre los Estados miembros debería ser el pilar principal del Pacto. |
| --- | --- |

1.22.

| 1.23. | El CESE hace hincapié en que la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil en general y los gobiernos podría contribuir a sensibilizar sobre los impuestos medioambientales y al desarrollo, creando sociedades más equitativas y sostenibles tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. |
| --- | --- |

1.23.

| 1.24. | El CESE anima a la Comisión a proseguir su evaluación de la eficacia de Directivas anteriores relativas a la cooperación administrativa. |
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1.24.

2.   Contexto y propuestas de la Comisión

2.1.   Contexto

| 2.1.1 | Lograr una fiscalidad equitativa y eficiente es uno de los principales objetivos de la Comisión (6) durante la legislatura actual. Ciertamente, se trata de un objetivo aún más estratégico si cabe tras la crisis de la COVID-19. Según el Tratado, las normas fiscales son competencia de los Estados miembros. No obstante, los Estados miembros pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la adopción de Directivas y Reglamentos para mejorar el funcionamiento del mercado interior. Una unión monetaria eficaz requiere una política fiscal coherente y congruencia entre las normas fiscales de sus miembros. |
| --- | --- |

2.1.1

| 2.1.2 | La crisis de la COVID-19 ha perturbado las economías del conjunto del mercado interior. Además, la UE se enfrenta a la crisis de la COVID-19 en una época de transformación, caracterizada por los retos medioambientales, la constante innovación digital y la creciente desigualdad entre los ciudadanos. Por consiguiente, los Estados miembros y las instituciones europeas están llamados a ofrecer una respuesta sin precedentes, utilizando todos los recursos e instrumentos que tienen a su disposición. |
| --- | --- |

2.1.2

| 2.1.3 | Las propuestas de la Comisión (7) tienen por objeto no solo desarrollar una respuesta adecuada a la crisis de la COVID-19 sino, además, gestionar la transición a un escenario más ecológico y digital, en consonancia con los principios de economía social de mercado consagrados en los Tratados. |
| --- | --- |

2.1.3

| 2.1.4 | A este respecto, una fiscalidad equitativa y eficiente desempeña un papel importante. Dar una respuesta eficaz a los principales retos planteados por la crisis depende en gran medida, de la posibilidad de que las empresas sigan operando a escala nacional y transfronteriza, en igualdad de condiciones y con el respaldo de un régimen fiscal eficiente y sencillo, y de los Estados miembros, que deben garantizar los ingresos fiscales necesarios para financiar la recuperación mediante una fiscalidad justa para los ciudadanos y las empresas. La lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscales, así como el apoyo a las empresas europeas para simplificar y armonizar su administración tributaria cotidiana, son esenciales para afrontar de manera eficaz a los retos actuales (8). |
| --- | --- |

2.1.4

| 2.1.5 | La fiscalidad es también un instrumento político para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 (9), así como los demás objetivos medioambientales del Pacto Verde Europeo (10). Por consiguiente, es de suma importancia que los presupuestos públicos cuenten con unos ingresos fiscales adecuados para poder respaldar una transición ecológica. Al mismo tiempo, las políticas económicas han de tener en cuenta que la situación demográfica evoluciona de manera desfavorable en el contexto del envejecimiento de la población. |
| --- | --- |

2.1.5

| 2.1.6 | La propuesta de la Comisión de establecer un plan de acción para una fiscalidad más eficiente y equitativa consta de tres partes. En primer lugar, una Comunicación por la que se establecen medidas encaminadas a reducir los obstáculos tributarios para las empresas en el mercado único. En particular, la Comisión pretende utilizar la simplificación fiscal como instrumento para mejorar el entorno empresarial. En segundo lugar, una propuesta legislativa para modificar la Directiva relativa a la cooperación administrativa mediante un intercambio automático de información entre autoridades tributarias, que permita gravar adecuadamente los ingresos obtenidos por los vendedores mediante las plataformas digitales. En tercer lugar, la Comisión publicó una Comunicación sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras, para mejorar la buena gobernanza fiscal dentro y fuera de su territorio. |
| --- | --- |

2.1.6

| 2.1.7 | La Comisión toma nota de que el plan de acción forma parte de un programa fiscal más amplio y ambicioso para la UE que, en un futuro próximo, incluirá iniciativas en los siguientes ámbitos: i) la fiscalidad medioambiental; ii) una reforma del impuesto de sociedades con el fin de reorientar las potestades tributarias a la creación de valor y fijar un nivel mínimo de tributación eficaz de los beneficios empresariales; iii) recomienda a los Estados miembros supeditar su apoyo financiero a las empresas en la UE a la ausencia de vínculos entre dichas empresas y los países y territorios (11) que figuran en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores; y, iv) la determinación del modo en que se adoptarán las propuestas sobre fiscalidad mediante el procedimiento legislativo ordinario previsto en el artículo 116 del TFUE. |
| --- | --- |

2.1.7

| 2.1.8 | El CESE ha expresado en numerosos dictámenes su opinión sobre las medidas necesarias para reforzar la eficacia del mercado único, aumentar los recursos propios de la UE e impulsar un debate sobre la votación por mayoría cualificada para asuntos fiscales. El CESE pide ahora que se dé curso con la mayor urgencia posible a las propuestas de la Comisión relativas al paquete de medidas tributarias para una fiscalidad equitativa y sencilla. |
| --- | --- |

2.1.8

2.2.   Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla

| 2.2.1 | En su Comunicación sobre la simplificación fiscal, la Comisión establece un nuevo enfoque, que combina acciones contra el fraude y la evasión fiscales con medidas destinadas a facilitar la vida al contribuyente. El plan consta de veinticinco acciones, que se llevarán a cabo de manera progresiva en los próximos años hasta 2024 (12). |
| --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Se han contemplado acciones específicas en relación con las obligaciones de registro (números de identificación fiscal y del registro del IVA). Un registro eficaz y eficiente se considera esencial para asegurar que los contribuyentes paguen la parte que les corresponde. En consecuencia, la Comisión promueve varias acciones para que las bases de datos que contienen información de los contribuyentes funcionen de forma eficaz y estén siempre actualizadas. También se considera importante que el registro sea sencillo, en especial cuando los contribuyentes se trasladan de un Estado miembro a otro. |
| --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Se ha previsto otro conjunto de acciones específicas en relación con las obligaciones de comunicación de información. La comunicación de información por parte de los contribuyentes debe ser lo más eficiente posible y estar basada en la colaboración con las autoridades tributarias. Las declaraciones tributarias deben ser sencillas, requerir la mínima cantidad de datos y presentarse con arreglo a procedimientos sencillos a través de servicios telemáticos de «ventanilla única». Muchos Estados miembros han flexibilizado algunas de las normas relativas al de pago del IVA en respuesta a la pandemia de COVID-19. |
| --- | --- |

2.2.3

| 2.2.4 | Se espera que otras acciones faciliten el pago de impuestos, en concreto, poniendo a disposición de los contribuyentes métodos de pago electrónicos, por ejemplo, mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes (13). La cuantía del impuesto devengado debe ser correcta desde el principio para evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de reembolso onerosos. Cuando las administraciones tributarias prevean devoluciones, deberán tramitarlas rápidamente para evitar a los contribuyentes problemas de tesorería. |
| --- | --- |

2.2.4

| 2.2.5 | Ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes es un objetivo primordial del plan de acción de la Comisión, junto con una gestión eficaz de los litigios que puedan surgir. Los litigios deben evitarse y, cuando se producen, resolverse con rapidez entre los Estados miembros con arreglo a sus ordenamientos jurídicos y al Derecho de la Unión Europea. |
| --- | --- |

2.2.5

| 2.2.6 | La Comisión considera importante ofrecer la oportunidad de corregir o aclarar posibles malentendidos con objeto de evitar que la controversia alcance un nivel superior. Por consiguiente, se aboga por la prevención de litigios, junto con la rápida resolución de casos pendientes, para ahorrar tiempo y dinero tanto a los contribuyentes como a las autoridades tributarias. Algunas partes interesadas han manifestado ya su preferencia por una mayor intervención a nivel de la UE en lo referente a la prevención y resolución de conflictos (14). |
| --- | --- |

2.2.6

2.3.   Cooperación administrativa entre autoridades tributarias

| 2.3.1 | En los últimos años, la UE ha centrado sus esfuerzos en combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y los métodos de planificación fiscal agresivos, así como en impulsar la transparencia mediante una cooperación adecuada entre las autoridades tributarias. Aunque se han realizado importantes avances en el intercambio de información, la propuesta de la Comisión subraya la necesidad de seguir mejorando las normas en vigor. |
| --- | --- |

2.3.1

| 2.3.2 | En particular, la Comisión se propone abordar mejor los problemas que plantea la digitalización de la economía, especialmente en lo que se refiere a las plataformas digitales cuya utilización complica la trazabilidad y la detección de los hechos imponibles por parte de las autoridades tributarias (15). El problema se agrava cuando tales transacciones se realizan a través de plataformas digitales establecidas en otro Estado miembro o fuera de la UE (16). |
| --- | --- |

2.3.2

| 2.3.3 | Parece haber consenso entre los representantes de los operadores de plataformas digitales en cuanto a los beneficios de contar con un marco jurídico normalizado a escala de la UE para la recopilación de información procedente de las plataformas y sobre las posibles ventajas de una solución similar a una «ventanilla única del IVA». |
| --- | --- |

2.3.3

| 2.3.4 | En cuanto a la cuestión del intercambio de información previa petición, la propuesta de la Comisión se centra en el concepto de pertinencia previsible. El artículo 5 bis incluye una definición de pertinencia previsible que se aplica en el caso de que se presente una solicitud de información y que establece los requisitos habituales y de procedimiento que debe cumplir la autoridad requirente. La solicitud de información puede estar relacionada con uno o varios contribuyentes, siempre que estos se identifiquen individualmente. El criterio de pertinencia previsible no se aplicará cuando las solicitudes de información se envíen como seguimiento del intercambio de información sobre los acuerdos con efecto transfronterizo o los acuerdos previos sobre precios de transferencia. |
| --- | --- |

2.3.4

| 2.3.5 | Antes de solicitar información, la autoridad tributaria está obligada a agotar todas las fuentes habituales de información que puede utilizar para obtener la información solicitada y a recurrir a todos los medios disponibles. Sin embargo, no se aplicará esta obligación cuando al hacerlo la autoridad requirente se enfrente a dificultades desproporcionadas y corra el riesgo de perjudicar la consecución de sus fines. Si la autoridad requirente no cumple con esta obligación, la autoridad requerida podrá negarse a facilitar la información. |
| --- | --- |

2.3.5

| 2.3.6 | La sección II bis establece un marco jurídico para la realización de auditorías conjuntas. Recoge una definición de «auditoría conjunta»: una investigación administrativa llevada a cabo conjuntamente por las autoridades competentes de dos o más Estados miembros. Las autoridades competentes de los Estados miembros implicados proceden de manera coordinada a examinar un caso relacionado con uno o más sujetos tributarios de interés común o complementario para ellas. |
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2.3.6

2.4.   Buena gobernanza fiscal en la UE y fuera de ella

| 2.4.1 | La Comunicación de la Comisión Europea sobre la buena gobernanza fiscal parte del hecho de que una fiscalidad justa es fundamental para el modelo social y económico de la UE y de que la buena gobernanza fiscal es la base de una fiscalidad justa y unos ingresos sostenibles que sustenten dicho modelo (17). La Comunicación contiene propuestas para: i) reformar el Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas; ii) revisar la lista de países y territorios no cooperadores; y iii) promover la buena gobernanza fiscal a escala internacional. |
| --- | --- |

2.4.1

| 2.4.2 | Desde su creación en 1997, el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas (en adelante, el «Código») (18) ha sido el principal instrumento de la UE para prevenir la competencia fiscal perniciosa, estableciendo principios de competencia fiscal leal y para determinar si un régimen fiscal es o no pernicioso (19). |
| --- | --- |

2.4.2

| 2.4.3 | A pesar de sus logros, el Código debe modernizarse. La naturaleza y la forma de la competencia fiscal han cambiado sustancialmente en los últimos años debido a la globalización, la digitalización, el creciente papel de las multinacionales en la economía mundial y los complejos programas de incentivación introducidos por algunos Estados miembros. |
| --- | --- |

2.4.3

| 2.4.4 | En concreto, el objetivo de la Comisión es ampliar el ámbito de aplicación del Código a todas las medidas que supongan un riesgo de competencia fiscal desleal. Además, la actualización del Código es necesaria también para garantizar que se examine debidamente el mayor número de casos de presión fiscal muy baja, dentro y fuera de la UE. |
| --- | --- |

2.4.4

| 2.4.5 | Los principios establecidos en el Código figuran entre los criterios utilizados para evaluar a terceros países en el marco de lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. El propósito de la Comisión es revisar el ámbito geográfico de la lista de la UE, actualizando el cuadro de indicadores original utilizado para seleccionar a los países y territorios que es más pertinente examinar. |
| --- | --- |

2.4.5

| 2.4.6 | En las reflexiones sobre el ámbito geográfico de la lista de la UE también se tendrán en cuenta los criterios que deben cumplir los países o territorios seleccionados. Eliminar cualquier país o territorio que esté actualmente en el ámbito de aplicación de la lista de la UE impactaría en la igualdad de condiciones y socavaría la labor muy positiva que la mayoría de estos países y territorios ya han realizado. No obstante, convendría reflexionar sobre si los criterios de elaboración de la lista de la UE podrían aplicarse de una manera más específica en el caso de determinados países y territorios. |
| --- | --- |

2.4.6

| 2.4.7 | En su diálogo con terceros países —y en sintonía con el enfoque adoptado en la UE—, la Comisión también hará hincapié en los objetivos ambientales, así como en el principio de «quien contamina, paga», que exige poner un precio a los efectos externos negativos. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión, los impuestos medioambientales entrañan un potencial aún sin explorar para contribuir a lograr un desarrollo sostenible a escala mundial y unas sociedades más equitativas en los países en desarrollo. La cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil en general podría contribuir a aumentar la sensibilización en este ámbito. |
| --- | --- |

2.4.7

| 2.4.8 | Sobre la base de la relación jurídicamente vinculante existente actualmente entre las normas de buena gobernanza y el uso de fondos de la UE, la Comisión considera que estos fondos podrían aprovecharse mejor para reforzar los principios de buena gobernanza fiscal (20). A este respecto, la Comisión insta, asimismo, a los Estados miembros a reflejar los requisitos de la UE en sus políticas nacionales de financiación y en las normas de condicionalidad de sus bancos de fomento y agencias de desarrollo. |
| --- | --- |

2.4.8

| 2.4.9 | La Comisión también formula una recomendación dirigida a los Estados miembros para que supediten su apoyo financiero a la ausencia de vínculos entre las empresas beneficiarias y los países y territorios que figuran en la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. La Comisión añade, sin embargo, que deberían quedar excluidas las empresas con una presencia económica considerable (respaldada por personal, equipos, activos e instalaciones) en los países y territorios incluidos en la lista. Los esfuerzos de los Estados miembros en este ámbito deberían realizarse de manera coherente con la necesidad de garantizar la equidad tributaria internacional. |
| --- | --- |

2.4.9

3.   Observaciones generales y específicas

3.1.   Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla

| 3.1.1 | El CESE apoya las propuestas legislativas de la Comisión y valora positivamente su coordinación con el diálogo internacional entablado en el Marco Inclusivo de la OCDE con el fin de lograr un consenso mundial (21). Hace especial hincapié en que urge llegar a un acuerdo que permita establecer normas uniformes sobre cómo distribuir los beneficios imponibles entre los países a nivel del Marco Inclusivo de la OCDE como consecuencia de la rápida digitalización de las economías y la necesidad de luchar eficazmente contra la elusión fiscal. |
| --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | El CESE también valora el enfoque regulador adoptado por la Comisión para desarrollar sus propuestas, aplicado en todas las disposiciones legislativas examinadas. El objetivo es mejorar la eficiencia general de los sistemas fiscales, de modo que sean sistemas equitativos que generen los ingresos necesarios para desarrollar políticas públicas y brinden al mismo tiempo oportunidades de empleo y crecimiento. |
| --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | El CESE comparte la opinión de la Comisión de que el fraude y la evasión fiscales siguen siendo una amenaza para las finanzas públicas, en especial en tiempos de crisis, como demuestran claramente las estimaciones más recientes mencionadas en las propuestas. Según la Comisión, la pérdida de ingresos en la UE como consecuencia de la evasión de impuestos a escala internacional por parte de las personas físicas, incluidos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los impuestos sobre las rentas del capital, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones, se han estimado, de hecho, en 46 000 millones EUR en 2016. El déficit de recaudación del IVA, a su vez, se estima en unos 140 000 millones EUR, de los cuales 50 000 millones están relacionados con el fraude transfronterizo (22). Cada uno de los Estados miembros deberá adoptar medidas significativas para hacer frente a su déficit de recaudación del IVA a escala nacional. |
| --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | El CESE acoge con satisfacción la reducción del déficit recaudatorio debido a la elusión del impuesto de sociedades, estimado en unos 35 000 millones EUR por año respecto a las estimaciones anteriores de la Comisión de entre 50 000 y 70 000 millones EUR, y la correlación, examinada por la Comisión, entre dicha mejora y los esfuerzos legislativos en materia de elusión fiscal efectuados por la Comisión anterior (más de veinte Directivas fiscales en cinco años) (23). |
| --- | --- |

3.1.4

| 3.1.5 | Con el fin de apoyar plenamente a particulares y empresas en los momentos de dificultad derivados de la crisis de la COVID-19, el CESE insta a la Comisión a seguir trabajando en la reducción de los costes de cumplimiento relacionados con las obligaciones tributarias. Se estima que los costes de cumplimiento de las grandes sociedades representan aproximadamente el 2 % de los impuestos pagados, mientras que en el caso de las pymes el porcentaje se sitúa en torno al 30 %. |
| --- | --- |

3.1.5

| 3.1.6 | Dada la complejidad actual derivada de la existencia de veintisiete sistemas fiscales diferentes y teniendo en cuenta el modo en que tal pluralidad de modelos complica la vida de las empresas y los particulares con actividades transfronterizas, el CESE anima a los Estados miembros a armonizar los requisitos de comunicación de información y a mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias. En el ejercicio de su labor renovada y ampliada, el Grupo «Código de Conducta» debería eliminar las medidas fiscales perniciosas para crear una igualdad de condiciones y contribuir, junto con las reformas legislativas, a promover niveles suficientes de convergencia fiscal para evitar la competencia fiscal desleal. |
| --- | --- |

3.1.6

| 3.1.7 | Las veinticinco acciones previstas por la Comisión parecen razonables. El CESE las apoya en líneas general. La mayoría de ellas están relacionadas con el IVA, lo que resulta adecuado habida cuenta de las importantes pérdidas de ingresos en este ámbito. No obstante, estas acciones se describen muy brevemente y sigue siendo difícil, por el momento, evaluar en profundidad su repercusión específica en la actividad cotidiana de los ciudadanos y las empresas europeos. Los Estados miembros deben actuar con decisión para hacer cumplir sus normas nacionales y reducir los problemas nacionales en materia de IVA y, al mismo tiempo, cooperar más estrechamente a escala transfronteriza. |
| --- | --- |

3.1.7

| 3.1.8 | Se acoge muy favorablemente la adopción de un registro único a efectos del IVA mediante una nueva ampliación de la ventanilla única, de manera similar al conjunto de medidas sobre el comercio electrónico. Aunque no se especifica qué sectores estarán cubiertos, la ampliación de la ventanilla única a los artículos 36 a 39 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (24) (Directiva sobre el IVA), que abarca la entrega de bienes entre empresas y consumidores, puede considerarse un avance muy significativo. Por ejemplo, la ampliación de este sistema a los suministros transfronterizos de gas, electricidad, calefacción o refrigeración (artículo 39 de la Directiva sobre el IVA) también podría ser útil para profundizar en el mercado energético de la UE y contribuir a la transición energética. |
| --- | --- |

3.1.8

| 3.1.9 | El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de modernizar y armonizar los requisitos de comunicación de información sobre el IVA recurriendo en mayor medida a la comunicación de información basada en operaciones («en tiempo real») y la facturación electrónica. Gracias a la comunicación de información basada en operaciones, las administraciones tributarias disponen de una visión general completa de las diferentes cadenas de suministro en tiempo real, lo que permite orientar mejor las auditorías y detectar en una fase mucho más temprana el fraude y los comerciantes potencialmente peligrosos. No obstante, los requisitos de comunicación de información deben ser fáciles de cumplir y no deben acarrear importantes costes administrativos ni un gasto en inversión elevado, en particular para las pymes (25). Del mismo modo, un mayor uso de la facturación electrónica y una normativa armonizada en esta materia podrían reducir los costes de almacenamiento y cumplimiento para las empresas y mejorar la lucha contra el fraude en el IVA. |
| --- | --- |

3.1.9

| 3.1.10 | El CESE celebra, asimismo, que se vuelva a estudiar si debe aplicarse o no el IVA a los servicios financieros. Muchos negocios se enfrentan a costes adicionales, ya que algunas empresas o instituciones financieras no están obligadas a pagar el IVA. Por otra parte, las entidades exentas no pueden reclamar deducciones por el IVA soportado mientras el valor añadido generado no esté sujeto a IVA. Se trata de un asunto complejo y el CESE espera que se realicen evaluaciones de impacto exhaustivas. El CESE señala que un aumento de los ingresos procedentes del IVA también tendría consecuencias positivas para el presupuesto de la UE. |
| --- | --- |

3.1.10

| 3.1.11 | El CESE toma nota de que los Estados miembros cuentan con la posibilidad de utilizar un sistema de inversión del sujeto pasivo para combatir el fraude del IVA. Esta posibilidad se ha utilizado para luchar contra el fraude en cascada del IVA. El CESE pide a la Comisión que determine cuál es el método más eficaz y con la menor carga administrativa para hacer frente al fraude en cascada. |
| --- | --- |

3.1.11

| 3.1.12 | Las administraciones tributarias confían en que los contribuyentes les faciliten la información correcta, y algunos Estados miembros han implantado regímenes de «cumplimiento cooperativo» para potenciar esta asociación. Por el momento, desafortunadamente, estos regímenes solo funcionan a escala nacional. En vista de ello, el CESE apoya la iniciativa de la Comisión de establecer un «marco de cumplimiento cooperativo a escala de la UE», basado en una mayor confianza y cooperación entre las múltiples administraciones tributarias para resolver las cuestiones transfronterizas relativas al impuesto de sociedades. Es importante que, en este marco, las pymes reciban el mismo trato que las empresas de mayor tamaño. |
| --- | --- |

3.1.12

| 3.1.13 | No obstante, aún no está claro cómo funcionará en la práctica este marco de cumplimiento cooperativo a escala de la UE. El CESE tiene verdadero interés por evaluar esta iniciativa y ofrecer su contribución constructiva durante el proceso de desarrollo y aplicación. |
| --- | --- |

3.1.13

| 3.1.14 | En cuanto a la primera evaluación, el diálogo preventivo para resolver los conflictos fiscales transfronterizos previsto por la Comisión parece una iniciativa útil y positiva, teniendo en cuenta también que ha sido una petición de la comunidad empresarial desde hace tiempo. Se acogería muy favorablemente la adopción de un enfoque armonizado por parte de varios Estados miembros, aunque queda por ver cómo se aplicaría en la práctica dicho enfoque a partir del actual escenario regulador de carácter heterogéneo (26). |
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3.1.14

| 3.1.15 | La cuestión del reembolso de impuestos siempre ha sido crucial, en particular en tiempos de crisis como los que se viven actualmente, que implican un alto riesgo tanto para particulares como empresas de sufrir escasez de liquidez. Durante la pandemia de COVID-19, varios países aumentaron la velocidad con la que se abonaban las devoluciones y reembolsos del IVA, en general con el fin de garantizar que las empresas tuvieran suficiente efectivo para hacer frente a una situación económica perturbadora y sin precedentes. |
| --- | --- |

3.1.15

| 3.1.16 | Dado que algunas empresas están sufriendo ya problemas de liquidez, es posible que las facturas se vayan a pagar con retraso o incluso que no se vayan a pagar, por lo que aquellas que cobraron el IVA en sus facturas tienen que presentar el importe a la administración tributaria en el período de declaración del IVA correspondiente, sin haberlo recibido (la denominada «deuda incobrable»). En este sentido, el CESE también insta a la Comisión Europea a que evalúe cómo puede ponerse en marcha un mecanismo más sencillo y armonizado de desgravación por deudas incobrables del IVA. Este mecanismo debería garantizar que el IVA que las empresas no han podido recaudar de sus clientes, pero que ya han abonado a las autoridades tributarias, pueda ser reclamado a estas de forma rápida y oportuna. |
| --- | --- |

3.1.16

| 3.1.17 | El CESE insta a las administraciones tributarias nacionales a que sigan gestionando los reembolsos con tal rapidez, en relación tanto con los impuestos directos como los indirectos; recomienda la adopción de un enfoque administrativo armonizado en toda Europa, y señala que un sistema común de retención fiscal en origen para las inversiones de cartera transfronterizas sería un primer paso adelante. |
| --- | --- |

3.1.17

| 3.1.18 | El fraude fiscal, la evasión fiscal y los delitos conexos son enjuiciados por los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros en aplicación de una amplia variedad de textos legislativos penales. Sin embargo, estos delitos fiscales presentan, en muchos casos, una dimensión transnacional. El Comité considera importante tener en cuenta este extremo y la estructura de sanciones, en particular en el caso de las auditorías conjuntas entre Estados miembros. Debería llevarse a cabo una evaluación de las consecuencias de la disparidad de sanciones entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.1.18

| 3.1.19 | El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de publicar una Recomendación sobre los derechos que asisten al contribuyente en el mercado único. Si se proporciona a los Estados miembros una visión general de las mejores prácticas en materia fiscal en términos de simplificación y digitalización, se puede contribuir a hacer más fluida la relación entre los contribuyentes y las autoridades tributarias en toda la UE, a fin de reforzar la concienciación fiscal de los ciudadanos y mejorar la recaudación de ingresos. El CESE considera que se trata de un buen ejemplo de iniciativa jurídica no vinculante. |
| --- | --- |

3.1.19

3.2.   Cooperación administrativa entre autoridades tributarias

| 3.2.1 | El CESE apoya la decisión de la Comisión de llevar a cabo una intervención de carácter legislativo con el fin de reforzar la cooperación entre las autoridades tributarias y reforzar la armonización de las normas de procedimiento en todo el mercado interior. |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | La propuesta es plenamente conforme con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TFUE, dado que prevé una intervención del legislador europeo para abordar cuestiones que no pueden ser reguladas de manera adecuada por los Estados miembros. |
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3.2.2

| 3.2.3 | El CESE apoya la intención de reforzar las competencias de Eurofisc, de modo que se convierta en un centro de referencia en materia de delitos fiscales transfronterizos. |
| --- | --- |

3.2.3

| 3.2.4 | De hecho, la aplicación de las disposiciones de la Directiva ha demostrado que existen discrepancias significativas entre los Estados miembros, ya que algunos están dispuestos a cooperar plenamente e intercambiar información, mientras que otros adoptan un enfoque restrictivo o incluso se niegan a intercambiar información. |
| --- | --- |

3.2.4

| 3.2.5 | El CESE apoya, asimismo, los esfuerzos para aumentar la transparencia fiscal de las plataformas digitales con el fin de prevenir declaraciones de ingresos incoherentes, lo que plantea un alto riesgo de evasión fiscal. A pesar de que algunos Estados miembros han impuesto una obligación de comunicar información mediante su legislación nacional, la experiencia demuestra que las disposiciones nacionales contra la evasión fiscal no siempre son plenamente efectivas, en particular cuando van dirigidas a actividades transfronterizas. Por consiguiente, la seguridad y la claridad jurídicas pueden garantizarse mediante un único conjunto de requisitos de comunicación de información y formularios fiscales aplicables a todos los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.2.5

| 3.2.6 | El CESE también acoge favorablemente la proporcionalidad de la propuesta de la Comisión con respecto a la cooperación en relación con los procedimientos entre las autoridades tributarias nacionales, ya que las modificaciones propuestas no parecen ir más allá de lo necesario para lograr el objetivo de un intercambio de información más eficaz y una mejor cooperación administrativa. |
| --- | --- |

3.2.6

| 3.2.7 | El régimen de sanciones aplicable a los operadores de plataformas que incumplan sus obligaciones de declaración, tal establece el artículo 25 bis de la propuesta de séptima Directiva sobre cooperación administrativa, aunque sea competencia nacional, debe aplicarse de la manera más homogénea posible en todos los Estados para garantizar su eficacia. |
| --- | --- |

3.2.7

| 3.2.8 | Dado que las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior debidas a los operadores de plataformas se extienden más allá de las fronteras de un único Estado miembro, las normas comunes de la UE constituyen un mínimo necesario para hacer frente a los problemas de forma eficaz. En este sentido, el CESE anima a la Comisión a seguir desarrollando su función y colaboración en el seno de la OCDE en lo que respecta a la digitalización de las economías, con el fin de lograr un enfoque internacional común entre autoridades tributarias para abordar las cuestiones de ámbito mundial. |
| --- | --- |

3.2.8

| 3.2.9 | El artículo 12 bis, apartado 6, establece que las auditorías conjuntas se realizarán con arreglo a los acuerdos sobre procedimiento aplicables en el Estado miembro en el que se lleve a cabo dicha auditoría. Los datos recabados durante la auditoría conjunta deben ser reconocidos mutuamente por todas las autoridades competentes de los Estados miembros participantes. |
| --- | --- |

3.2.9

| 3.2.10 | El CESE subraya que las auditorías conjuntas, que en principio son una herramienta útil y muy eficaz, deben realizarse respetando los derechos fundamentales de los contribuyentes y observando rigurosamente los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (27) en relación con los derechos de la defensa y la previsibilidad de las normas tanto sustantivas como procesales que les atañen, así como el principio en materia de administración de la prueba por parte de las autoridades tributarias competentes con vistas a posibles sanciones. |
| --- | --- |

3.2.10

| 3.2.11 | En particular, el conjunto de datos que han de intercambiarse y transmitirse las administraciones tributarias debe definirse de tal manera que recaben solo los datos mínimos necesarios para detectar los incumplimientos debidos a la escasez de comunicación de información o a la no comunicación de la misma, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el RGPD (28), que deben interpretarse y aplicarse con rigor. Cualquier posible repercusión negativa en los datos personales se reducirá al mínimo gracias a las TIC y a las medidas de procedimiento adecuadas en relación específicamente con su recogida, elaboración y posterior almacenamiento. |
| --- | --- |

3.2.11

| 3.2.12 | El CESE subraya que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las solicitudes en grupo deben estar debidamente motivadas y utilizarse con cautela para no vulnerar los derechos de personas físicas y jurídicas y no dar lugar a las denominadas «búsquedas aleatorias de indicios». |
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3.2.12

| 3.2.13 | El CESE anima a la Comisión a proseguir su evaluación de la eficacia de Directivas anteriores relativas a la cooperación administrativa (29). |
| --- | --- |

3.2.13

3.3.   Buena gobernanza fiscal en la UE y fuera de ella

| 3.3.1 | El CESE está de acuerdo con el enfoque de la Comisión de que la buena gobernanza fiscal, en la que se asienta la equidad tributaria, pasa por la transparencia fiscal basada en el intercambio de información entre autoridades tributarias, la prevención de una competencia fiscal desleal, la ausencia de medidas fiscales perniciosas y la aplicación de normas acordadas internacionalmente. También coincide con el Parlamento Europeo en que la UE debe dar pasos firmes para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa y la planificación fiscal agresiva, sobre todo en los paraísos fiscales. |
| --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | El CESE respalda la iniciativa de la Comisión de revisar el Código de Conducta y se congratula de que la propuesta de la Comisión tenga debidamente en cuenta la labor de la OCDE y la importancia de adoptar normas acordadas a escala internacional, en especial en lo que respecta a unos principios mundiales que permitan establecer un tipo impositivo mínimo efectivo para el impuesto sobre sociedades. |
| --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | El CESE considera que el resultado y los logros del Código de Conducta deben actualizarse con mayor periodicidad y ponerse a disposición de la sociedad civil, en consonancia con el objetivo de la Comisión de que la actividad y los resultados concretos del Código sean más transparentes. |
| --- | --- |

3.3.3

| 3.3.4 | El enfoque de la Comisión parte de la premisa de que la competencia fiscal no es un problema en sí misma. (30) No obstante, al mismo tiempo, la Comisión y el Parlamento Europeo han expresado en numerosas ocasiones su preocupación por la existencia de una competencia fiscal desleal en la UE, lo cual favorece la elusión fiscal. El Comité considera que se requiere una labor seria que permita resolver este complejo problema. En un Dictamen (31) reciente, el Comité propone poner en marcha un Pacto europeo para luchar eficazmente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales y el blanqueo de capitales. Además, el CESE hace un llamamiento a la Comisión Europea para que impulse una iniciativa política que permita a los gobiernos y a las demás instituciones europeas contribuir a la consecución de este objetivo, promoviendo el consenso necesario para ello y asociando a la sociedad civil. La cooperación entre los Estados miembros debería ser el pilar principal del Pacto. |
| --- | --- |

3.3.4

| 3.3.5 | El CESE también es partidario de la opción normativa consistente en ampliar el ámbito de aplicación del Código de Conducta en la UE con el fin de abarcar otras medidas que incidan en la competencia fiscal leal. Mientras tanto, se hace esperar una actualización que permita garantizar que se examinan los regímenes que dan lugar a una presión fiscal muy baja o nula dentro o fuera de la UE. Sin embargo, el Código es un instrumento no vinculante que debe abordar las cuestiones que la legislación europea no regula. |
| --- | --- |

3.3.5

| 3.3.6 | La Comisión sostiene que también es necesario que el proceso de inclusión en la lista sea más claro para terceros países, impulsando la transparencia sobre por qué se incluye o no un país o territorio en la lista. Sería útil una mayor armonización de las normas adoptadas por los Estados miembros y una mejor coordinación entre las listas nacionales y la lista de la UE, ya que la UE y varios Estados miembros se rigen por normas divergentes, lo que puede crear confusión. |
| --- | --- |

3.3.6

| 3.3.7 | La Comisión también evalúa la llamada lista negra de paraísos fiscales, en vigor desde 2017, y ha examinado cientos de regímenes fiscales perniciosos en todo el mundo; además, muchos territorios incluidos en la lista se han comprometido ante el Consejo a abordar las preocupaciones relativas a la competencia fiscal desleal y la falta de transparencia. El CESE comparte la opinión de la Comisión relativa a la necesidad de revisar la lista y ver cómo puede ser más eficaz y justa, teniendo en cuenta los nuevos retos de una economía digitalizada mundial. El CESE apoya, asimismo, el criterio de la Comisión de ofrecer a los territorios de bajo riesgo y baja capacidad la oportunidad de mejorar sus normas de buena gobernanza y transparencia en el ámbito fiscal en un plazo razonable, cuando se les incluya en la lista o puedan ser incluidos en ella. |
| --- | --- |

3.3.7

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(1)  «El Código [de Conducta] parte de la premisa de que, si bien la competencia fiscal entre países no es problemática en sí misma, es necesario que existan principios comunes que establezcan en qué medida los Estados pueden utilizar sus regímenes y políticas fiscales para atraer empresas y obtener beneficios. Esto es especialmente importante en el mercado único, donde las libertades del Tratado aumentan la movilidad de beneficios e inversiones» [COM(2020) 313 final, p. 3].

1

(2)  Véase, asimismo, «Brecha del IVA: En 2018, los países de la UE perdieron 140 000 millones EUR en ingresos procedentes del IVA, y la pérdida prevista en 2020 es mayor debido al coronavirus»

2

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1579

(3)  COM(2020) 312 final, p. 5. Existen otras estimaciones, por ejemplo del Parlamento Europeo, según las cuales las pérdidas derivadas de la delincuencia financiera, la evasión fiscal y la elusión fiscal ascenderían a 190 000 millones EUR. Sobre la base de la amplia labor realizada por la OCDE en el informe sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) —acción 11—, la pérdida de ingresos global antes de la adopción de las medidas contra la BEPS se elevó a entre 100 000 y 240 000 millones USD, lo que representa el 0,35 % del PIB mundial. La Comisión Europea estimó que podía atribuirse a la UE un importe de entre 50 000 y 70 000 millones EUR antes de que los Estados miembros acordaran las Directivas I y II relativas a la lucha contra la elusión fiscal.

3

(4)  La Comisión presentó veinte propuestas legislativas de gran calado durante su anterior mandato quinquenal.

4

(5)  Véase el Dictamen del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).

5

La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales

(6)  Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024

6

(7)  Véanse los documentos COM(2020) 312 final, COM(2020) 313 final y COM(2020) 314 final

7

(8)  Véase el Dictamen del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).

8

La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales

(9)  Véase el documento COM(2020) 312 final. Véase, asimismo, el Dictamen del CESE sobre Mecanismos fiscales para reducir las emisiones de CO2 (DO C 364 de 28.10.2020, p. 21).

9

Mecanismos fiscales para reducir las emisiones de CO2

(10)  Véase el documento COM(2019) 640 final

10

(11)  Esta disposición se refiere a los países y territorios enumerados en el anexo I de las correspondientes Conclusiones del Consejo. La lista se actualiza periódicamente: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en

11

(12)  Estas acciones se enumeran en el documento COM(2020) 312 final

12

(13)  Comisión Europea (2018) — Study on tax compliance costs for SMEs (Estudio sobre los costes de cumplimiento de la normativa tributaria para las pymes).

13

(14)  Respuestas a la consulta pública sobre la evaluación de la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, resumidas en el anexo 2 del Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (Evaluación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE) [SWD(2019) 328 final].

14

Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC

(15)  Se han formulado solicitudes para que se imponga la obligación de registro en cada Estado miembro, lo que aumentaría la carga administrativa y haría más difícil para las pymes ampliar sus actividades a otros países y sectores.

15

(16)  Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad [COM(2020) 314 final].

16

(17)  Comunicación sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras [COM (2020) 313 final].

17

(18)  Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 1 de diciembre de 1997 relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO C 2 de 6.1.1998, p. 2).

18

(19)  La posición de la Comisión sobre la competencia fiscal perniciosa frente a la competencia fiscal leal ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Al presentar el proyecto de Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, la Comisión subrayó que una competencia fiscal leal basada en los tipos brindaba mayor transparencia, por lo que debía fomentarse [COM(2011)121 final, p. 4]. En la Comunicación sobre la buena gobernanza fiscal, presentada en 2020, la competencia fiscal no se considera problemática en sí misma, pero se consideran necesarios unos principios comunes que establezcan en qué medida los Estados miembros pueden utilizar sus regímenes fiscales [COM(2020) 313 final, p. 3]. Por lo tanto, resulta razonable concluir que existe una sana competencia fiscal, por un lado, y una competencia fiscal perniciosa y desleal, por otro. Incumbe a los Estados miembros determinar sus regímenes fiscales, pero deben hacerlo de manera abierta y transparente, ateniéndose al Tratado y absteniéndose de adoptar normas perniciosas y discriminatorias. La UE y los Estados miembros deben velar por el buen funcionamiento del mercado único, así como un grado de convergencia suficiente, también en materia fiscal.

19

(20)  Varios instrumentos de financiación impiden financiar proyectos que contribuyan a la elusión fiscal. Véase el Reglamento Financiero, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el mandato de préstamo exterior (MPE). Véase la Comunicación de la Comisión sobre nuevos requisitos contra la elusión fiscal en la legislación de la UE que regula, en particular, las operaciones de financiación e inversión [C(2018) 1756, 21.3.2018].

20

(21)  Véanse los Dictámenes del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6); La fiscalidad de la economía digitalizada (DO C 353 de 18.10.2019, p. 17), y la Imposición de los beneficios generados por las multinacionales a través de la economía digital (DO C 367 de 10.10.2018, p. 73).

21

La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales

La fiscalidad de la economía digitalizada

Imposición de los beneficios generados por las multinacionales a través de la economía digital

(22)  Véase, asimismo, «Brecha del IVA: En 2018, los países de la UE perdieron 140 000 millones EUR en ingresos procedentes del IVA, y la pérdida prevista en 2020 es mayor debido al coronavirus»

22

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1579.

(23)  Existen otras estimaciones, por ejemplo del Parlamento Europeo, según las cuales las pérdidas derivadas de la delincuencia financiera, la evasión fiscal y la elusión fiscal ascenderían a 190 000 millones EUR. Sobre la base de la amplia labor realizada por la OCDE en el informe sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) —acción 11—, la pérdida de ingresos global antes de la adopción de las medidas contra la BEPS se elevó a entre 100 000 y 240 000 millones USD, lo que representa el 0,35 % del PIB mundial. La Comisión Europea estimó que podía atribuirse a la UE un importe de entre 50 000 y 70 000 millones EUR antes de que los Estados miembros acordaran las Directivas I y II relativas a la lucha contra la elusión fiscal.

23

(24)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 , relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

24

(25)  Hay muchos buenos ejemplos de cómo los países han reducido su déficit recaudatorio en materia de IVA, entre ellos, la reforma acometida en Estonia en 2014.

25

(26)  Véase el Dictamen del CESE sobre el tema Iniciativa para mejorar los mecanismos de resolución de los litigios de doble imposición (DO C 173 de 31.5.2017, p. 29).

26

Iniciativa para mejorar los mecanismos de resolución de los litigios de doble imposición

(27)  Véase la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 202 de 7.6.2016, p. 389).

27

(28)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC» (Evaluación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE) [SWD(2019) 328 final] (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

28

(29)  SWD(2019) 327 final.

29

(30)  Es evidente que la Comisión, al igual que la OCDE, distingue entre una sana competencia fiscal de carácter transparente y una competencia fiscal perniciosa y desleal.

30

(31)  Véase el Dictamen del CESE sobre La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales (DO C 429 de 11.12.2020, p. 6).

31

La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/20 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/20

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción

[COM(2020) 590 final]

(2021/C 155/03)

| Ponente: | Pierre BOLLON |
| --- | --- |

Ponente:

Pierre BOLLON

| Consulta | Comisión Europea, 11.11.2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en la sección | 12.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 24.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 226/1/4 |

Consulta

Comisión Europea, 11.11.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en la sección

12.2.2021

Aprobado en el pleno

24.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

226/1/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1 | El CESE acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción. Se trata de una continuación muy necesaria de los logros del primer plan de 2015 y su revisión intermedia de 2017, que el Comité respaldó en sus Dictámenes «Plan de acción para la unión de los mercados de capitales» (1) y «Unión de los mercados de capitales: revisión intermedia» (2). Durante los dos últimos años, el Comité también ha publicado varios Dictámenes sobre cuestiones estrechamente relacionadas con la Unión de los Mercados de Capitales (UMC), entre ellos los Dictámenes de iniciativa «Hacia una economía europea más resiliente y sostenible» (3) y «Una nueva visión para completar la unión económica y monetaria» (4). |
| --- | --- |

1.1

| 1.2 | Los objetivos iniciales del plan de acción, que consisten en ayudar a movilizar el capital en Europa y a canalizarlo hacia empresas, proyectos de infraestructuras y proyectos a largo plazo, lo que tendría repercusiones positivas para el empleo, siguen siendo plenamente pertinentes. Estos objetivos son de suma importancia para que la EU-27, sus empresas y sus ciudadanos puedan avanzar de forma decisiva en el refuerzo de su soberanía geoestratégica en los ámbitos financiero y económico y en las transiciones climáticas, sociales y digitales fundamentales. El CESE también subraya que la UMC solo puede alcanzar los objetivos previstos si la estabilidad financiera y la protección de los consumidores siguen siendo prioritarias, al objeto de evitar graves efectos negativos en las empresas, los trabajadores y los consumidores, así como en la economía en su conjunto. |
| --- | --- |

1.2

| 1.3 | La inesperada y violenta crisis de la COVID-19 exige que se refuerce y acelere el plan de acción. Empresas europeas de todos los tamaños se han visto obligadas a aumentar su endeudamiento y necesitarán ampliar su capital o sus fondos propios en los próximos meses y años para poder invertir de cara al futuro, al tiempo que generan empleo. |
| --- | --- |

1.3

| 1.4 | El acuerdo alcanzado en relación con el Brexit a finales de diciembre de 2020 es otra razón fundamental para dar un nuevo impulso a la UMC. Los centros financieros de la EU-27 tendrán que ser capaces de prestar los servicios que hasta ahora se habían prestado a través de la City de Londres. En la EU-27 deben desarrollarse mercados financieros y de capitales muy integrados, funcionales y equitativos, y el CESE considera que será necesario un código normativo más homogéneo para evitar lagunas y restricciones que den lugar a deseconomías de escala. |
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1.4

| 1.5 | Al tiempo que aprueba las dieciséis acciones propuestas por la Comisión, el Comité subraya la importancia de ordenar las iniciativas por prioridades y coordinarlas (con metas concretas para medir los avances), destaca las que considera más esenciales y formula propuestas complementarias específicas. |
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1.5

| 1.6 | Aunque reconoce la importancia de la financiación pública, es evidente que debería aprovecharse mejor el alto nivel de ahorro en Europa con respecto a otras regiones. Un requisito previo general para alcanzar este objetivo es la mejora de la educación financiera de los ciudadanos europeos (acción 7). El CESE recomienda que se determinen y promuevan las buenas prácticas y experiencias nacionales en materia de enseñanza y aprendizaje. El CESE también recomienda que todas las partes interesadas, incluidos representantes de los trabajadores y los consumidores, participen en el desarrollo y la aplicación de medidas de educación financiera en toda Europa, mediante unas normas de protección sólidas más eficientes y reduciendo las asimetrías de información entre los proveedores de servicios financieros y los ciudadanos. El CESE recomienda, en particular, incluir la alfabetización financiera en la futura revisión del marco de competencias clave. |
| --- | --- |

1.6

| 1.7 | Para desarrollar la autonomía estratégica de la UE en los sectores y las capacidades clave, el Comité está de acuerdo con el enfoque de la Comisión de proponer medidas técnicas, a saber: i) simplificar las normas relativas a la admisión de cotización para las pymes (acción 2), ii) permitir que los accionistas transfronterizos ejerzan mejor sus derechos (acción 12), iii) mejorar la prestación de servicios de liquidación transfronterizos (acción 13), iv) crear un registro de información postnegociación consolidado para los instrumentos financieros de capital (acción 14) y crear un portal InvestEU con una orientación adecuada (acción 15). Una primera medida positiva sería que la Comisión evaluara la viabilidad de permitir que el Fondo Europeo de Inversiones se beneficie de un código ISIN «.eu», lo que aumentaría su disponibilidad a través de las fronteras. |
| --- | --- |

1.7

| 1.8 | El CESE está de acuerdo con el Tribunal de Cuentas Europeo, que ha señalado que la nueva legislación sobre titulización, a pesar de ser un avance positivo, en la práctica no ha ayudado a los bancos a aumentar su capacidad de préstamo, especialmente a las pymes. Por lo tanto, hay margen de mejora (acción 6) siempre y cuando existan unos controles efectivos para evitar el resurgimiento de los riesgos sistémicos. |
| --- | --- |

1.8

| 1.9 | Es importante tener en cuenta el principio de subsidiariedad en lo que respecta a los inversores minoristas, ya que sus hábitos de ahorro específicos están profundamente arraigados en los modelos nacionales. Por lo tanto, el CESE recomienda que, en el marco de su muy estimable labor para mejorar la calidad del asesoramiento financiero (acción 8), la Comisión considere las ventajas que ofrece cada uno de los modelos, teniendo en cuenta que la disponibilidad de asesoramiento, así como de información comparable, adecuada y significativa, es fundamental para que los ciudadanos se comprometan a invertir. |
| --- | --- |

1.9

| 1.10 | En lo que respecta a las pensiones, más allá del producto paneuropeo de pensiones individuales —que es un instrumento positivo para los trabajadores transfronterizos y será un éxito si se aprueba una legislación de nivel 2 de fácil aplicación y si los consumidores entienden las características clave de los productos comercializados bajo esta denominación—, es probable que una normativa paneuropea adicional única aplicable a los planes de capitalización que complementen a los planes de reparto no reporte beneficios, ya que las disposiciones de jubilación están profundamente arraigadas en el Derecho social nacional. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión (acción 9) de recopilar, compartir y promover las mejores prácticas. |
| --- | --- |

1.10

| 1.11 | La transición energética es, con razón, una de las prioridades de la agenda de la Comisión para luchar contra el cambio climático. El CESE recomienda que se tengan en cuenta los criterios ambientales, sociales (haciendo más hincapié sobre este aspecto) y de gobernanza (criterios ASG), al tiempo que se fomentan la recuperación económica y el mantenimiento y la creación de empleo. Las agendas verde y social deberían convertirse, en términos de competencia, en una ventaja para Europa. Como segunda medida adicional, convendría que los inversores pudieran tener acceso a datos fiables en relación con las cuestiones ASG, abandonando su dependencia actual de proveedores, proveedores de índices y agencias de calificación concentrados de fuera de la UE. |
| --- | --- |

1.11

| 1.12 | El CESE recomienda que la UMC tenga plenamente en cuenta las diferentes modalidades de inversión con impacto social, en especial las realizadas en el ámbito de la «economía social», a fin de contribuir de manera positiva al interés general y al bien común. Debería prestarse un apoyo decidido a los fondos de emprendimiento social europeo (FESE), posiblemente a través de una revisión del Reglamento (UE) n.o 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), mediante el que se establecieron. |
| --- | --- |

1.12

| 1.13 | Además de las medidas ya mencionadas, el Comité se pronuncia a favor de dos tipos de prioridades que, en caso de ser adoptadas mediante este plan de acción y promulgadas en los Estados miembros (un programa de vigilancia sería bien recibido), propiciarían un sistema financiero europeo responsable con la sociedad y el medio ambiente, lo que le permitiría desempeñar su función de intermediario entre la oferta y la demanda de manera más eficaz, al tiempo que sería más competitivo y resiliente frente a las perturbaciones. |
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1.13

| 1.14 | Una primera prioridad es mejorar la eficiencia de la Unión de los Mercados de Capitales mediante tres acciones clave: i) la creación del punto de acceso único europeo, que ayudará, entre otras cosas, a los inversores en la selección de emisores (acción 1); ii) la aplicación de un código normativo único, basado en una estrecha supervisión y la prevención del arbitraje y las lagunas, que permita que los participantes en el mercado del territorio europeo (ningún centro financiero único se convertirá en dominante) se beneficien de economías de escala (acción 16); iii) la simplificación de los procedimientos de reducción de la retención a cuenta en origen, haciéndolos al mismo tiempo más eficaces contra el fraude (acción 10). |
| --- | --- |

1.14

| 1.15 | Una segunda prioridad es ayudar a canalizar los ahorros a largo plazo hacia inversiones a largo plazo. El elevado nivel de ahorro en Europa, que supone un activo para la EU-27, no beneficia suficientemente a las empresas ni a los ciudadanos. El Comité apoya tres medidas clave para cambiar el rumbo: i) la revisión del fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) debería facilitar la inversión del ahorro institucional y minorista en acciones cotizadas y no cotizadas y proyectos de infraestructura de las pymes y las empresas de mediana capitalización (acción 3); ii) la revisión prevista del marco prudencial de los seguros será una oportunidad para reforzar el papel de las compañías aseguradoras en los mercados de capitales, teniendo más en cuenta el carácter estable y a largo plazo de sus inversiones en capital (acción 4); iii) el desarrollo de la participación accionarial de los empleados sería un tercer elemento complementario bien acogido del plan de acción, como se expone claramente en el informe de propia iniciativa elaborado por Isabel Benjumea, del Parlamento Europeo, en octubre de 2020. De hecho, la generalización de la participación accionarial de los empleados, así como su participación en los beneficios, si se llevan a cabo de manera equitativa, contribuirían a la cohesión social y la eficiencia económica. El nuevo plan de acción de la UMC podría ser una oportunidad para fomentar esos regímenes, en consonancia con la agenda social. |
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1.15

| 1.16 | Por último, el CESE recomienda que, en lo que respecta a los resultados de las políticas, cualquier nueva regulación relacionada con el establecimiento de la UMC se someta a cuatro pruebas, además de las «tradicionales», que son necesarias («¿Es buena para la construcción de un mercado único?» y «¿protege a los consumidores europeos?»):






  — | «¿Tiene efectos positivos en la competitividad de las empresas financieras europeas en el mundo y refuerza la autonomía geopolítica estratégica de la UE?» |
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1.16

—

«¿Tiene efectos positivos en la competitividad de las empresas financieras europeas en el mundo y refuerza la autonomía geopolítica estratégica de la UE?»

| — | «¿Garantiza la salvaguardia de la estabilidad de los mercados financieros?» |
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—

«¿Garantiza la salvaguardia de la estabilidad de los mercados financieros?»

| — | «¿Es positiva para la financiación a largo plazo de las empresas europeas, especialmente de las pymes y las empresas de mediana capitalización, así como para el empleo?» |
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—

«¿Es positiva para la financiación a largo plazo de las empresas europeas, especialmente de las pymes y las empresas de mediana capitalización, así como para el empleo?»

| — | «¿Es positiva para las transiciones climática, social y digital?». |
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—

«¿Es positiva para las transiciones climática, social y digital?».

2.   Contexto

| 2.1 | La Unión de los Mercados de Capitales (UMC) tiene por objeto crear un auténtico mercado único de capitales en toda la UE y facilitar la inversión y el ahorro en todos los Estados miembros. Un mercado de capitales europeo integrado y que funcione bien contribuiría al crecimiento sostenible, aumentaría la competitividad de Europa y reforzaría el papel de la UE en la escena mundial. |
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2.1

| 2.2 | La UMC también es esencial para cumplir varios objetivos clave de la UE, como la creación de una economía inclusiva y resiliente, el apoyo a la transición hacia una economía digital y sostenible y una autonomía estratégica abierta en un contexto económico mundial cada vez más complejo, y la contribución a la recuperación posterior a la COVID-19. Estos objetivos requieren una inversión masiva que supera las capacidades de la financiación pública así como de la financiación bancaria tradicional. |
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2.2

| 2.3 | La Comisión Europea adoptó el primer plan de acción para la UMC en 2015. Desde entonces, la UE ha realizado algunos progresos en la puesta en marcha de sus elementos constitutivos. Sin embargo, siguen existiendo importantes obstáculos para un mercado único. Además, el conjunto inicial de acciones relativas a la UMC debe complementarse con nuevas medidas capaces de hacer frente los nuevos retos, como las transformaciones digitales y medioambientales y los muy necesarios esfuerzos de recuperación como consecuencia de la pandemia de COVID-19. |
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2.3

| 2.4 | Con este nuevo plan de acción (6), la Comisión establece una lista de dieciséis nuevas medidas para avanzar decisivamente hacia la culminación de la UMC y alcanzar tres objetivos clave:






  — | apoyar una recuperación económica ecológica, digital, integradora y resiliente, facilitando el acceso a la financiación para las empresas europeas; |
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2.4

—

apoyar una recuperación económica ecológica, digital, integradora y resiliente, facilitando el acceso a la financiación para las empresas europeas;

| — | convertir la UE en un lugar aún más seguro para que las personas puedan ahorrar e invertir a largo plazo; |
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—

convertir la UE en un lugar aún más seguro para que las personas puedan ahorrar e invertir a largo plazo;

| — | integrar los mercados nacionales de capitales en un auténtico mercado único. |
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—

integrar los mercados nacionales de capitales en un auténtico mercado único.

| 2.5 | El CESE ha participado activamente en la creación de un mercado común europeo de capitales desde sus comienzos. El Comité publicó su primer Dictamen al respecto sobre el Libro Verde «Construir una Unión de los Mercados de Capitales» (7), y posteriormente expresó su opinión tanto sobre el plan de acción (8) original de la Unión de los Mercados de Capitales como sobre su revisión intermedia (9), así como sobre numerosas propuestas legislativas derivadas de estos planes de acción. En el presente Dictamen, el CESE presentará sus recomendaciones sobre el nuevo plan de acción de la UMC, basándose en los trabajos anteriores del Comité y teniendo en cuenta las nuevas prioridades y desafíos en Europa. |
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2.5

3.   Observaciones generales

| 3.1 | El CESE acoge con satisfacción el nuevo plan de acción de la UMC como una continuación necesaria de los logros del primer plan de 2015. La continuación del plan cobra incluso una mayor urgencia en el contexto de la inesperada crisis de la COVID-19 que, debido a su magnitud, modifica en cierta medida el diagnóstico que se fundamentó en la extraordinaria labor realizada por el grupo de expertos de alto nivel sobre la UMC y el Foro de Alto Nivel sobre la UMC, y justifica algunos ajustes y refuerzos. El CESE lamenta la lentitud con la que se está aplicando el plan de acción de 2015, debido en gran medida a la falta de apoyo concreto de algunos Estados miembros. Otro gran proyecto en curso, la unión bancaria, también está sufriendo retrasos. El CESE considera que es necesaria una fuerte voluntad política por parte de los Estados miembros para apoyar las medidas necesarias para el cumplimiento de la UMC, lo cual no pretende ser un objetivo en sí mismo (el proceso de revisión del Semestre Europeo podría utilizarse quizás como herramienta para supervisar los avances). Una UMC segura y que funcione correctamente es esencial para respaldar la recuperación y la reestructuración económicas tras la COVID-19 y apoyar las inversiones pertinentes en capital, infraestructuras y sociales en toda la UE, así como el Pacto Verde Europeo y la transformación digital. En este contexto, el CESE también reconoce la importancia de la financiación pública, que desempeña igualmente un papel fundamental, ya que atrae la inversión privada y reduce la incertidumbre. La inversión extranjera también podría desempeñar un papel relevante, puesto que complementaría el ahorro europeo. |
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3.1

| 3.2 | Además, como también ha mencionado la CE, «existe el riesgo de que la crisis aumente las disparidades dentro de la Unión, y comprometa la resiliencia económica y social colectiva». En este contexto, el CESE subraya la importancia de dar prioridad a las iniciativas y coordinarlas. El plan de acción de la UMC ha determinado dieciséis medidas de acción, que constituyen un programa bastante amplio. Debido a la carga que pesa sobre las economías y al creciente endeudamiento tanto de los Estados miembros como de las empresas privadas, sumados a un nivel de impacto desigual bastante diferente entre los países de la UE y entre los distintos sectores económicos, el plan de acción de la UMC debe ser objeto de una consideración y un examen muy cuidadosos, a los que el CESE aporta sus contribuciones a través del presente Dictamen, con el fin de permitir que un sistema financiero europeo socialmente responsable desempeñe su papel de intermediario entre la oferta y la demanda de manera más eficaz, al tiempo que se muestra más resiliente ante las perturbaciones. |
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3.2

| 3.3 | Se deben favorecer las medidas que puedan hacer frente a los riesgos sistémicos vinculados al alto nivel de deuda pública y privada. Paralelamente, debería prestarse apoyo con carácter prioritario a las empresas afectadas por la crisis que sean viables y a las de reciente creación, a fin de impulsar el empleo y la competitividad de la economía de la Unión Europea, más si cabe habida cuenta de que el impacto de la COVID-19 en las economías asiáticas parece ser menor que en los países occidentales. La dependencia externa en términos de financiación económica también puede entrañar riesgos sistémicos, y el plan de acción de la UMC debería tener como objetivo una mayor dependencia del ahorro europeo. Debería aprovecharse mejor el alto nivel de ahorro en Europa en comparación con otras regiones. Un requisito previo general para alcanzar este objetivo es la mejora de la educación/alfabetización financiera de los ciudadanos europeos (acción 7). En este sentido, el CESE recomienda que se identifiquen las mejores prácticas y experiencias nacionales en la enseñanza y el aprendizaje a fin de promoverlas en toda Europa, para lograr que las normas de protección de los inversores sólidas sean más eficaces y que se reduzcan las asimetrías de información (una información adecuada es clave) entre los proveedores de servicios financieros y los ciudadanos. El CESE recomienda incluir la alfabetización financiera en la futura revisión del marco de competencias clave. Además, el CESE recomienda que todas las partes interesadas participen en el desarrollo y la aplicación de las medidas de educación financiera, incluidos los representantes de los trabajadores y los consumidores. |
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3.3

| 3.4 | La tarea principal de un sistema financiero socialmente responsable es desempeñar su función de intermediario entre la oferta y la demanda de activos financieros, y, al mismo tiempo, ser resistente a las perturbaciones, dado que un sector financiero frágil tiene graves repercusiones negativas para las empresas, los trabajadores y los consumidores, así como en la economía en su conjunto. Por consiguiente, el CESE también subraya que la UMC solo puede alcanzar los objetivos previstos si la estabilidad financiera y la protección de los consumidores siguen siendo prioritarias en el plan de acción de la Unión de los Mercados de Capitales. En particular, no debe reducirse la protección de los inversores minoristas. Al profundizar en la UMC, deben evitarse el arbitraje regulador y las lagunas normativas. |
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3.4

| 3.5 | Como también ha mencionado la Comisión Europea, existe un «interés estratégico europeo para que las cadenas de suministro del mercado interior desarrollen la autonomía estratégica de la UE en sectores y capacidades clave». A este respecto, deberían apoyarse varias propuestas técnicas en el marco del nuevo plan de acción de la UMC, como la simplificación de las normas de cotización para las pymes (acción 2), la difusión del voto electrónico y el avance hacia una definición de «accionista» a escala de la UE que permita a los accionistas transfronterizos ejercer mejor sus derechos (acción 12), la mejora de los servicios de liquidación transfronterizos (acción 13) y la creación de un registro de información postnegociación consolidado para los instrumentos financieros de capital (acción 14). Otra medida adicional positiva sería que la Comisión Europea evaluara las ventajas y la viabilidad de permitir que el Fondo Europeo de Inversión se beneficie de un código ISIN «.eu», mejorando así su disponibilidad a través de las fronteras. Mediante estas medidas, la UMC también desempeñará un papel crucial en el apoyo a las pymes así como a las empresas de todos los tamaños en sus transiciones verde y digital, mejorando sus oportunidades de acceso a la financiación a través de canales que complementen al del sector bancario. |
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3.5

| 3.6 | En cuanto a la legislación sobre titulización, el CESE coincide con la valoración del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) de que esta legislación, a pesar de ser un avance positivo, no ha producido todavía la recuperación prevista en el mercado europeo de titulización tras la crisis financiera ni ha ayudado a los bancos a aumentar su capacidad de préstamo, entre otros, en beneficio de las pymes. Las transacciones siguen concentrándose en un pequeño número de clases de activos (como las hipotecas y los préstamos para automóviles); además, esto sucede solamente en algunos Estados miembros. El mercado de la titulización debería sin lugar a dudas mejorarse (acción 6), con controles efectivos, para evitar el resurgimiento de los riesgos sistémicos debido a una relajación de la normativa. |
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3.6

| 3.7 | Una integración financiera más profunda constituye una piedra angular de la UMC. Sin embargo, es importante mantener un enfoque pragmático y realista a la hora de considerar algunos de sus aspectos. En lo que respecta a las inversiones minoristas, a menudo prevalecen las preferencias nacionales y las pautas específicas que se derivan de la necesidad de proximidad cuando se busca asesoramiento financiero. La barrera del idioma también debe tenerse en cuenta cuando se abordan los mercados del ahorro individual. Además, la uniformidad no es necesariamente sinónimo de eficiencia en lo que respecta a los modelos de distribución de los productos financieros minoristas. En su muy estimable labor para mejorar la calidad del asesoramiento financiero (acción 8), la Comisión debería considerar las ventajas que ofrece cada uno de los modelos, teniendo en cuenta que la disponibilidad y la calidad de asesoramiento, así como información comparable y clara —incluida información acerca de la sostenibilidad— y unas normas estables que fomenten la confianza, son fundamentales para que los ciudadanos se comprometan a invertir. |
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3.7

| 3.8 | En lo que respecta a las pensiones, más allá del concepto del producto paneuropeo de pensiones individuales, deberían preservarse los diversos modelos nacionales incorporados en el derecho social cuando sean satisfactorios, aunque no todos sean idénticos. Así pues, el CESE apoya plenamente la propuesta de la UMC de compartir las mejores prácticas como la afiliación automática, unos sistemas de seguimiento nacionales accesibles a todos los ciudadanos y unos cuadros nacionales con indicadores. A ello deberían añadirse la disponibilidad de asesoramiento y una mayor participación de los representantes de ahorradores, trabajadores y pensionistas. En cualquier caso, el objetivo debería ser complementar, y no debilitar, los planes de reparto (acción 9). |
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3.8

| 3.9 | El CESE recomienda que la UMC tenga plenamente en cuenta las diferentes modalidades de las inversiones con impacto social, en especial las realizadas en el ámbito de la «economía social», a fin de contribuir de manera positiva al interés general y al bien común. Debería prestarse un apoyo decidido a los fondos de emprendimiento social europeo (FESE), posiblemente a través de una revisión del Reglamento (UE) n.o 346/2013, mediante el que se establecieron. |
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3.9

| 3.10 | Las consideraciones ambientales y la transición energética habían ocupado, con razón, un lugar muy destacado en las agendas de la UE y la Comisión antes de la crisis de la COVID-19. En el nuevo contexto de la pandemia, el CESE recomienda que la agenda ambiental, social (haciendo más hincapié sobre este aspecto) y de gobernanza (criterios ASG), siga siendo una prioridad máxima y que se considere en congruencia con la recuperación económica, el mantenimiento y la creación de empleo, y la estabilidad financiera. En este ejercicio, la UE también tendrá que tener en cuenta el aspecto de la competencia para mantener la agenda verde y social como una ventaja para Europa. Entre otras cosas, será importante confiar en los proveedores europeos de información y calificaciones basadas en unas normas convergentes y fiables, al tiempo que se actúa en la escena internacional en favor de la coherencia a escala mundial. Además, una reglamentación específica sobre los datos medioambientales, sociales y de gobernanza y las agencias de calificación ASG sería bien recibida, ya sea como modificación del Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) («Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia») sobre las agencias de calificación crediticia o como un Reglamento separado, de conformidad con la norma sobre los mercados digitales. |
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3.10

| 3.11 | La pandemia de COVID-19 también ha agravado las disparidades entre los Estados miembros, debido en particular a sus graves repercusiones en muchos sectores, como el turismo o el transporte. Asimismo, debe considerarse prioritario todo lo que pueda atenuar esas disparidades económicas, como favorecer la financiación transfronteriza para los países europeos menos desarrollados. La creación del portal InvestEU podría facilitar esa financiación, siempre y cuando esté cuidadosamente orientada (acción 15). La competitividad y la convergencia europeas también son fundamentales y Europa necesita participantes fuertes de todos los tamaños capaces de competir a nivel mundial, atrayendo a otros participantes a su paso. Para lograrlo, los responsables de las políticas en Europa deben garantizar la igualdad de condiciones con otros mercados del mundo. |
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3.11

| 3.12 | El CESE reconoce que el plan de acción de la UMC no ha supuesto un avance decisivo en lo que respecta a la resolución de las principales barreras que impiden el paso de los flujos de capital transfronterizos y que algunos Estados miembros siguen aplicando políticas de compartimentación del capital y la liquidez, lo que impide una asignación adecuada de los recursos, fragmenta el mercado y frena la recuperación económica. |
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3.12

| 3.13 | La salida del Reino Unido de la Unión Europea es otro factor perturbador que hay que tener en cuenta. Los mercados financieros continentales parecen estar bastante fragmentados, con unos niveles desiguales de liquidez. . Debido a ello, la EU-27 se enfrenta a un riesgo real de que se desarrolle una nueva dependencia de los mercados financieros más integrados, como ya se ha observado desde que varias empresas europeas han optado en el pasado por cotizar en Reino Unido o en los Estados Unidos. El CESE está de acuerdo con la declaración del TCE de que la Comisión (y, de hecho, en nuestra opinión, el Parlamento Europeo y el Consejo) debería recomendar que todos los Estados miembros con mercados de capital menos desarrollados apliquen las reformas pertinentes. También hay que subrayar que el establecimiento de una infraestructura de mercado desarrollada para la UE es vital para la autonomía financiera y económica y podría llevar a que el euro desempeñe un papel más relevante a escala internacional. |
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3.13

| 3.14 | Para resumir el punto de vista del CESE, más allá de las medidas técnicas ya mencionadas, abogamos por dos tipos de prioridades entre las dieciséis propuestas del plan de acción:






  — | Mejorar los mercados financieros de la UE para aumentar la eficiencia. Esto debería verse facilitado por tres acciones clave: i) la creación del punto de acceso único europeo, que ayudará, entre otras cosas, a los inversores a seleccionar a los emisores (acción 1), ii) la aplicación del código normativo único, especialmente en lo que respecta a los centros de negociación, las entidades de contrapartida centrales (ECC) y los proveedores de datos. En general, una convergencia y una cooperación más estrecha en materia de supervisión serían cruciales para evitar el arbitraje regulador y las lagunas normativas (acción 16), y iii) la simplificación de la inversión transfronteriza y la introducción de un sistema común y normalizado a escala de la UE para la reducción de la retención a cuenta en origen, que evite el fraude fiscal y el arbitraje fiscal (acción 10). |
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3.14

—

Mejorar los mercados financieros de la UE para aumentar la eficiencia. Esto debería verse facilitado por tres acciones clave: i) la creación del punto de acceso único europeo, que ayudará, entre otras cosas, a los inversores a seleccionar a los emisores (acción 1), ii) la aplicación del código normativo único, especialmente en lo que respecta a los centros de negociación, las entidades de contrapartida centrales (ECC) y los proveedores de datos. En general, una convergencia y una cooperación más estrecha en materia de supervisión serían cruciales para evitar el arbitraje regulador y las lagunas normativas (acción 16), y iii) la simplificación de la inversión transfronteriza y la introducción de un sistema común y normalizado a escala de la UE para la reducción de la retención a cuenta en origen, que evite el fraude fiscal y el arbitraje fiscal (acción 10).

| — | Canalizar los ahorros a largo plazo hacia inversiones a largo plazo. El elevado nivel de ahorro en Europa, que constituye el punto fuerte de la EU-27, no beneficia suficientemente a la economía real. La revisión del fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) debe permitir la renovación del marco para este tipo de fondos a largo plazo, lo que facilitará en particular la inversión del ahorro institucional y minorista a largo plazo en acciones cotizadas y no cotizadas y proyectos de infraestructura de las pymes y las empresas de mediana capitalización (acción 3). Un mejor régimen prudencial para las inversiones de las compañías aseguradoras y los bancos en capital, que aumente y no disminuya la eficacia de los requisitos prudenciales (acción 4). Además, como se subraya en el informe de propia iniciativa del PE sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC) (11), los Estados miembros deberían tratar de reequilibrar el sesgo entre capital y deuda en la tributación. Sin embargo, al hacerlo, el objetivo no debe ser socavar el importe de ingresos fiscales en su conjunto. Favorecer la participación accionarial de los empleados, que es un elemento ausente en el plan de acción, es otro tema importante que la Comisión podría impulsar de nuevo, como ha hecho en el pasado. De hecho, la participación accionarial de los empleados, así como su participación en los beneficios, si se llevan a cabo de manera equitativa, contribuirían a la cohesión social y la eficiencia económica. Al objeto de no imponer riesgos indebidos a los trabajadores, es fundamental la participación de sus representantes y una sólida protección de los inversores. La UMC debería ser una nueva oportunidad para fomentar estos planes, de acuerdo con la agenda social y con el llamamiento incluido en el Informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo. |
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Canalizar los ahorros a largo plazo hacia inversiones a largo plazo. El elevado nivel de ahorro en Europa, que constituye el punto fuerte de la EU-27, no beneficia suficientemente a la economía real. La revisión del fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE) debe permitir la renovación del marco para este tipo de fondos a largo plazo, lo que facilitará en particular la inversión del ahorro institucional y minorista a largo plazo en acciones cotizadas y no cotizadas y proyectos de infraestructura de las pymes y las empresas de mediana capitalización (acción 3). Un mejor régimen prudencial para las inversiones de las compañías aseguradoras y los bancos en capital, que aumente y no disminuya la eficacia de los requisitos prudenciales (acción 4). Además, como se subraya en el informe de propia iniciativa del PE sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC) (11), los Estados miembros deberían tratar de reequilibrar el sesgo entre capital y deuda en la tributación. Sin embargo, al hacerlo, el objetivo no debe ser socavar el importe de ingresos fiscales en su conjunto. Favorecer la participación accionarial de los empleados, que es un elemento ausente en el plan de acción, es otro tema importante que la Comisión podría impulsar de nuevo, como ha hecho en el pasado. De hecho, la participación accionarial de los empleados, así como su participación en los beneficios, si se llevan a cabo de manera equitativa, contribuirían a la cohesión social y la eficiencia económica. Al objeto de no imponer riesgos indebidos a los trabajadores, es fundamental la participación de sus representantes y una sólida protección de los inversores. La UMC debería ser una nueva oportunidad para fomentar estos planes, de acuerdo con la agenda social y con el llamamiento incluido en el Informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo.

| 3.15 | Estas últimas medidas darían un primer impulso rápido y significativo en favor de la UMC, al tiempo que permitirían avanzar en objetivos clave pero más difíciles, como una mayor convergencia en ámbitos concretos de la legislación en materia de insolvencia (acción 11) o un conjunto más integrado de centros de intercambio y de negociación europeos. |
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3.15

| 3.16 | Además de las consideraciones formuladas, el CESE recomienda que, en términos de logros políticos, cualquier nueva regulación debe sopesar los posibles efectos competitivos positivos o perjudiciales para las entidades europeas, a fin de fortalecer las empresas financieras de la UE en el mundo, reforzando la autonomía geopolítica estratégica de la UE en su camino hacia las tan necesarias transiciones climática, social y digital. |
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3.16

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(1)  DO C 133 de 14.4.2016, p. 17.

1

(2)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 117.

2

(3)  DO C 353 de 18.10.2019, p. 23.

3

(4)  DO C 353 de 18.10.2019, p. 32.

4

(5)  Reglamento (UE) n.o 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).

5

o

(6)  COM(2020) 590 final.

6

(7)  DO C 383 de 17.11.2015, p. 64.

7

(8)  DO C 133 de 14.4.2016, p. 17.

8

(9)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 117.

9

(10)  Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 146 de 31.5.2013, p. 1)

10

o

o

(11)  INFORME sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los inversores minoristas

11

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/27 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/27

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estrategia de Finanzas Digitales para la UE

[COM(2020) 591 final]

(2021/C 155/04)

| Ponente: | Petru Sorin DANDEA |
| --- | --- |
| Coponente: | Jörg Freiherr FRANK VON FÜRSTENWERTH |

Ponente:

Petru Sorin DANDEA

Coponente:

Jörg Freiherr FRANK VON FÜRSTENWERTH

| Consulta | Comisión Europea, 11.11.2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en sección | 12.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 24.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 237/0/5 |

Consulta

Comisión Europea, 11.11.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

12.2.2021

Aprobado en el pleno

24.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

237/0/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE acoge favorablemente el paquete sobre finanzas digitales presentado por la Comisión y considera que contiene elementos legislativos y no legislativos estratégicos destinados a desarrollar el sector. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El programa de cuatro prioridades presentado por la Comisión abarca básicamente casi todos los ámbitos importantes de actividad en la transformación digital del sector financiero de la UE. El CESE respalda estos planteamientos de la Comisión. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | La Comisión va bien encaminada al contar con fuertes participantes en el mercado europeo para aplicar los servicios financieros digitales, pero el CESE considera que no debe ignorarse el papel especial de proveedores especializados, ya sea en el ámbito regional o en el de las mutuas o cooperativas locales, en el sector financiero. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Debido al proceso de digitalización, el sector financiero de la UE está experimentando un enorme proceso de transformación que va de la mano de procesos de reestructuración de gran envergadura, el cierre de sucursales locales, cambios en las cualificaciones profesionales de los trabajadores y formas totalmente nuevas de trabajo. No deben ignorarse estos importantes desafíos, que representan un gran reto para los proveedores y, por supuesto, para los trabajadores del sector financiero. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | La Comisión anuncia la necesidad de estudiar la creación de una plataforma de finanzas digitales de la UE. El CESE está de acuerdo y recomienda incluir a los interlocutores sociales y a los representantes de la sociedad civil en este proceso. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE considera que, para hacer frente a las dificultades y los riesgos asociados a la transformación digital, la regulación de los proveedores de tecnología, la protección de los consumidores, el acceso a los servicios financieros, la resiliencia operativa y la seguridad de la red y los sistemas de información son esenciales para crear el mercado único digital de servicios financieros. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | En el ámbito de la ciberseguridad, el CESE acoge favorablemente el proyecto GAIA-X, cuyo objetivo es hacer frente a la posición dominante de EE. UU. y China en los servicios en la nube. Este proyecto, en el que también participa la Comisión Europea, tiene por objeto lograr la soberanía o la gobernanza de los datos de la UE a través de una red en nube establecida en la Unión. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El compromiso de la Comisión con el principio de «mismas actividades, mismos riesgos, mismas normas» es fundamental para superar los nuevos desafíos, entre ellos el de garantizar la misma supervisión. El CESE considera que crear una igualdad de condiciones para todas las entidades financieras reviste especial importancia. |
| --- | --- |

1.8.

2.   Propuestas de la Comisión

| 2.1. | El 24 de septiembre de 2020, la Comisión aprobó el paquete sobre finanzas digitales, que consta de una Estrategia de Finanzas Digitales (1), una Estrategia de Pagos Minoristas (2), propuestas legislativas para un marco regulador de la UE sobre criptoactivos (3) y su tecnología de registro descentralizado subyacente (4), y propuestas para un marco regulador de la UE sobre la resiliencia operativa digital (5). |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | En el contexto especialmente dinámico de la innovación digital, acelerado por la crisis de la COVID-19, la Comisión propone una estrategia con un objetivo estratégico y cuatro prioridades y medidas conexas sobre finanzas digitales. Esta estrategia es el objeto de este Dictamen del CESE. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El objetivo estratégico establecido por la Comisión es adoptar las finanzas digitales en beneficio de los consumidores y las empresas. Las cuatro prioridades son: 1) poner fin a la fragmentación del mercado único digital de los servicios financieros, con el fin de permitir a los consumidores europeos acceder a servicios transfronterizos y de ayudar a las empresas financieras europeas a expandir sus operaciones digitales; 2) garantizar que el marco regulador de la UE facilite la innovación digital en interés de los consumidores y de la eficiencia del mercado; 3) crear un espacio europeo de datos financieros para promover la innovación basada en los datos, a partir de la Estrategia Europea de Datos, mejorando también el acceso a los datos y su intercambio en el sector financiero; y 4) abordar los nuevos retos y riesgos asociados a la transformación digital. |
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2.3.

3.   Observaciones generales y específicas

| 3.1. | Con la iniciativa de crear y aplicar una nueva estrategia de finanzas digitales en Europa (como parte del paquete de la Comisión sobre finanzas digitales), la Comisión confirma la gran importancia de la digitalización en el sector financiero (servicios financieros digitales). La importancia ha quedado especialmente clara durante la crisis de la COVID-19. El programa de cuatro prioridades presentado por la Comisión abarca básicamente casi todos los ámbitos importantes de actividad en la transformación digital del sector financiero de la UE. El CESE respalda estos planteamientos de la Comisión. |
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3.1.

| 3.2. | La Comisión va bien encaminada al contar con fuertes participantes en el mercado europeo para aplicar los servicios financieros digitales, pero el CESE considera que debe considerarse el papel especial de proveedores especializados del sector financiero que provengan del ámbito regional o del de las mutuas o cooperativas, puesto que la diversidad en este sector ayuda a satisfacer las necesidades específicas de los consumidores y las pymes y contribuye a la competitividad de los mercados. El CESE anima a la Comisión a buscar una proporcionalidad que tenga en cuenta la naturaleza, la magnitud y la complejidad de las entidades financieras y sus productos. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | La Comunicación de la Comisión es extremadamente técnica y hay un aspecto que no aborda: debido a la digitalización, el sector financiero de la UE está experimentando un enorme proceso de transformación. Este proceso va de la mano de procesos de reestructuración de gran envergadura, el cierre de sucursales locales, cambios en las cualificaciones profesionales de los trabajadores y formas totalmente nuevas de trabajo. No deben ignorarse estos importantes desafíos, que representan un gran reto para los proveedores y, por supuesto, para los trabajadores del sector financiero. El CESE aboga por el diálogo social para abordar los ámbitos en los que está teniendo lugar la transformación. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | La Comisión afirma que un mercado único de servicios financieros digitales que funcione correctamente contribuirá a mejorar el acceso a los servicios financieros de los consumidores y los inversores minoristas en la UE. El CESE respalda este planteamiento de la Comisión. Para reducir la fragmentación en el mercado único digital de servicios financieros, es esencial permitir que los mercados se desarrollen. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | La Comisión afirma que es necesario estudiar la creación de una plataforma de finanzas digitales de la UE. El CESE está de acuerdo y recomienda incluir a los interlocutores sociales y a los representantes de la sociedad civil en este proceso. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | La experiencia práctica demuestra que el mercado único de servicios financieros digitales solo funcionará si los nuevos clientes pueden acceder a los servicios financieros de forma rápida y sencilla (la llamada «alta» digital). El CESE toma nota del problema crucial en los ámbitos destacados por la Comisión. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | La fragmentación de las normas sobre el blanqueo de capitales entre los Estados miembros hace considerablemente más difícil, si no imposible, el uso transfronterizo de identidades digitales. Las normas sobre identificación de los clientes deben armonizarse en toda la UE. Por lo tanto, el CESE recomienda garantizar la interoperabilidad jurídica en toda Europa de las identidades digitales. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | Al crear la estrategia de financiación digital de la UE, no puede olvidarse la cuestión de la seguridad de los ciudadanos. Es preciso incluir en la estrategia una recomendación dirigida a los Estados miembros para que introduzcan, paralelamente a la aplicación de la estrategia, medidas jurídicas y organizativas destinadas a contrarrestar el riesgo de usurpación de la identidad. Con el auge de los servicios y productos digitales, este problema se vuelve cada vez más común y, si no se toman medidas, puede ser un factor que obstaculice la aplicación de la estrategia. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | El CESE respalda las propuestas de la Comisión de crear un marco competitivo y favorable a la innovación para los mercados financieros, del que se beneficiarán tanto los consumidores como el sector. No obstante, al hacerlo, debe garantizarse que las prácticas de supervisión y la legislación de la UE sigan basándose en el principio rector de neutralidad tecnológica y que se revisen los requisitos burocráticos existentes. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Sin embargo, en el mercado digital, algunas empresas de tecnología financiera ofrecen servicios a empresas financieras, mientras que otras compiten con ellas. El CESE considera que la Comisión debe tener en cuenta estas cuestiones al elaborar nuevas normativas, y recomienda, por tanto, que estas se orienten a apoyar asociaciones entre las entidades financieras en ejercicio y el sector de la tecnología financiera. Aunque es evidente que los bancos son las entidades más significativas, la legislación debe evitar copiar y pegar simplemente requisitos que puede que no encajen con todos los tipos de servicios financieros. Debe diferenciar entre productos orientados a los consumidores, que pueden considerarse productos básicos, y productos más complejos donde el alcance y los servicios posventa son sumamente importantes. |
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3.10.

| 3.11. | El CESE considera necesario ampliar el intercambio de datos más allá del sector financiero y recuerda a la Comisión la recomendación del CESE (6) relativa a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Europea de Datos, en la que el CESE acogía con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear una Estrategia Europea de Datos que otorga prioridad al intercambio de datos intersectorial y mejora el uso, el intercambio, el acceso y la gobernanza de los datos con legislación sectorial específica, y hacía hincapié en que se cree un marco que combine normas estrictas que regulen la protección de datos, el intercambio intersectorial y responsable de los datos, criterios claros para la gobernanza y la calidad de los datos para cada sector y un mayor control de los datos por parte de las personas. Es esencial garantizar que los datos recopilados por una filial de pagos de un grupo de grandes empresas tecnológicas no se faciliten a la empresa matriz o se fusionen con los datos de que esta dispone. Para que este principio funcione, son necesarios cortafuegos entre la filial de pagos y la empresa matriz. |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | El CESE considera que, para hacer frente a las dificultades y los riesgos asociados a la transformación digital, la regulación de los proveedores de tecnología, la protección de los consumidores, el acceso a los servicios financieros, la resiliencia operativa y la seguridad de la red y los sistemas de información son esenciales para crear el mercado único digital de servicios financieros. |
| --- | --- |

3.12.

| 3.13. | En el ámbito de la ciberseguridad, el CESE señala que la mayoría de las entidades financieras sistémicas europeas utilizan servicios de tecnología financiera prestados por empresas de fuera de la UE. La iniciativa legislativa sobre la resiliencia operativa digital (7) propuesta por la Comisión puede resultar insuficiente en determinadas situaciones, por lo que el CESE acoge favorablemente el proyecto GAIA-X, cuyo objetivo es hacer frente a la posición dominante de EE. UU. y China en los servicios en la nube. Este proyecto, en el que también participa la Comisión Europea, tiene por objeto lograr la soberanía o la gobernanza de los datos de la UE a través de una red en nube establecida en la Unión. Dado que cada vez dependemos más de los servicios digitales, redunda en interés de las partes interesadas de la UE ser independientes de los proveedores externos de servicios en la nube, y para la propia Unión Europea es importante reforzar su soberanía económica y política. Una red europea en la nube facilitaría también los flujos de datos entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.13.

| 3.14. | El compromiso de la Comisión con el principio de «mismas actividades, mismos riesgos, mismas normas» es fundamental y un aspecto clave para hacer frente a los nuevos desafíos, entre ellos el de garantizar la misma supervisión. En vista tanto de los crecientes avances de las grandes tecnológicas, plataformas y empresas de tecnología como de las actividades útiles de las empresas de tecnología en el sector financiero, el CESE considera que reviste especial importancia crear una igualdad de condiciones para todos los agentes del mercado en este ámbito. |
| --- | --- |

3.14.

| 3.15. | La Comisión está estudiando una estrategia para apoyar e invertir en la educación financiera general centrada en la digitalización, lo que podría desembocar en una mayor apertura en los servicios digitales y en una mejor protección de los consumidores con independencia de su edad, género o situación laboral. El CESE anima a la Comisión a seguir por este camino. |
| --- | --- |

3.15.

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

---

(1)  COM(2020) 591 final.

1

(2)  COM(2020) 592 final.

2

(3)  COM(2020) 593 final.

3

(4)  COM(2020) 594 final.

4

(5)  COM(2020) 595 final y COM(2020) 596 final.

5

(6)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 290.

6

(7)  COM(2020) 595 final. Véase también el correspondiente Dictamen del CESE sobre el tema Resiliencia operativa digital (ECO/536). Véase la página 38 del presente Diario Oficial.

7

Resiliencia operativa digital

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/31 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/31

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937

[COM(2020) 593 final — 2020/0265 (COD)]

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado

[COM(2020) 594 final — 2020/0267 (COD)]

(2021/C 155/05)

| Ponente: | Giuseppe GUERINI |
| --- | --- |

Ponente:

Giuseppe GUERINI

| Consulta | Parlamento Europeo, 13.11.2020
  Consejo de la Unión Europea, 18/11/2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en sección | 12.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 24.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 235/1/8 |

Consulta

Parlamento Europeo, 13.11.2020

Consejo de la Unión Europea, 18/11/2020

Fundamento jurídico

Artículos 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

12.2.2021

Aprobado en el pleno

24.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

235/1/8

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE apoya las dos iniciativas de la Comisión Europea sobre, por un lado, una propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y, por otro, una propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE considera que la actuación de la Comisión es necesaria y urgente para ofrecer una normativa global en relación con un fenómeno tecnológico cada vez más generalizado y con una creciente utilización práctica, así como en constante y rápida evolución. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Por consiguiente, el CESE respalda la utilidad de aplicar, lo antes posible, las distintas medidas de adecuación normativa necesarias para modernizar los servicios financieros, sin perder nunca de vista la protección del consumidor y las normas prudenciales. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Un motivo por el que urge la intervención europea deriva del hecho de que varios Estados miembros han adoptado en los últimos meses instrumentos reguladores nacionales, bien mediante intervenciones legislativas, bien mediante recomendaciones y directrices emitidas por las autoridades de reglamentación del sector. Estas intervenciones entrañan el riesgo de crear un marco regulador fragmentado, con el riesgo de socavar la consolidación del mercado interior e incrementar los costes de cumplimiento para las empresas. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE comparte, por lo tanto, los objetivos que persigue la Comisión, dentro de un marco regulador único, consistentes en: i) proteger a los usuarios finales de las finanzas digitales; ii) salvaguardar la estabilidad financiera; iii) proteger la integridad del sector financiero de la UE; y iv) garantizar la igualdad de condiciones entre los distintos operadores del sistema económico y financiero. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE también apoya el objetivo de garantizar que los emisores de «criptomonedas estables» mundiales estén sujetos a requisitos más estrictos en términos de capital, derechos de los inversores y supervisión, dada la posible importancia sistémica de estos instrumentos. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE pide que se adopten medidas concretas para promover una información y una sensibilización adecuadas entre los consumidores y los pequeños inversores, con el fin de reducir la asimetría de la información que podría suponer para ellos una carga especialmente pesada debido a la novedad y el alto contenido técnico de las cuestiones tratadas en el presente Dictamen. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE recomienda que se preste especial atención a los controles realizados antes de la concesión de una autorización para operar de acuerdo con las propuestas analizadas en el presente Dictamen, en particular respecto de la fiabilidad de los operadores sujetos a autorización, a fin de evitar las consecuencias negativas de comportamientos oportunistas y nocivos. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Dado que todavía no existe un nivel suficiente de normalización e interoperabilidad de la tecnología de registro descentralizado (TRD) que sirva de guía segura para evaluar el grado de fiabilidad tecnológica y de ciberresiliencia de las infraestructuras adoptadas por los operadores, el CESE recomienda que se aclare en la medida de lo posible el marco reglamentario que debe aplicarse a estos instrumentos, que están en constante evolución, ya que un cambio en su naturaleza puede requerir la aplicación de diferentes disposiciones reglamentarias. |
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1.9.

| 1.10. | Habida cuenta de los riesgos tecnológicos que todavía existen, el CESE confía en la propuesta de régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado A través del régimen piloto se determina un espacio de experimentación en un entorno controlado que autoriza exenciones temporales a las normas actuales, permitiendo a los reguladores y operadores adquirir gradualmente experiencia sobre el uso de la tecnología de registro descentralizado en las infraestructuras del mercado, con el fin de salvaguardar la integridad del mercado y la estabilidad financiera. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | Sin embargo, aunque la propuesta sobre el régimen piloto es positiva, el CESE considera que el plazo de cinco años para que la AEVM presente un informe a la Comisión es demasiado largo en relación con la velocidad a la que evoluciona la tecnología de las finanzas digitales. También sería útil prestar atención a las disposiciones de salida del régimen piloto de experimentación a fin de garantizar la protección de los usuarios que participen en esa fase. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | Por último, respecto de la aplicación del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos, el CESE expresa su profunda preocupación por las «medidas transitorias», que prevén una exención permanente del cumplimiento de los requisitos de dicho Reglamento para los criptoactivos que ya estaban en el mercado antes de su entrada en vigor. En efecto, esta exención puede dar lugar, en el caso de criptoactivos ya emitidos, a una especie de exención reglamentaria, que constituye una excepción al principio de igualdad de trato, esto es, «misma actividad, mismos riesgos, mismas normas». |
| --- | --- |

1.12.

2.   Propuestas de la Comisión Europea

| 2.1. | El presente Dictamen se refiere a dos iniciativas de la Comisión Europea: i) la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937; ii) la propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado. Estas propuestas forman parte de un paquete de medidas de la Comisión que incluye la Comunicación sobre una Estrategia de Finanzas Digitales y la propuesta de Reglamento sobre la resiliencia operativa digital, que fueron objeto de los Dictámenes del CESE «Una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE» (2) y «Resiliencia operativa digital» (3), respectivamente. |
| --- | --- |

2.1.

2.2.   Propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937)

| 2.2.1 | El Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos tiene por objeto ofrecer seguridad jurídica en relación con los criptoactivos no contemplados por la legislación vigente de la UE y establecer normas uniformes para los emisores de criptoactivos y los proveedores de los servicios correspondientes (proveedores de servicios de activos virtuales). El Reglamento tiene por objeto sustituir los marcos nacionales existentes, que actualmente quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación europea vigente, con el fin de garantizar las deseadas condiciones de competencia equitativas. |
| --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Como motivación de su propuesta, la Comisión ha subrayado la necesidad de adoptar «un planteamiento común con los Estados miembros respecto de las criptomonedas para asegurarnos de comprender cómo sacar el máximo partido de las oportunidades que presentan y afrontar los nuevos riesgos que plantean». |
| --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | La propuesta persigue cuatro objetivos: i) garantizar la seguridad jurídica; ii) apoyar la innovación en un sector dotado de un gran potencial; iii) garantizar niveles adecuados de protección de los consumidores y de los inversores, así como de integridad del mercado; y iv) garantizar la estabilidad financiera. |
| --- | --- |

2.2.3

| 2.2.4 | La propuesta abarca no solo a los emisores de criptoactivos, sino también a las empresas que prestan servicios relacionados con dichos instrumentos, por ejemplo, las empresas que mantienen en custodia criptoactivos de clientes, las entidades que permiten a los clientes comprar o vender criptoactivos a cambio de dinero y las empresas que gestionan plataformas de negociación. Por este motivo, las salvaguardias introducidas incluyen requisitos de capital, requisitos de gobernanza y derechos de los inversores frente al emisor. |
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2.2.4

| 2.2.5 | En particular, en los casos en que a determinadas fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico se les reconozca una importancia tal que permita calificarlas como «significativas» (en cuanto a volumen, contravalor, número de clientes, de modo que entren en el ámbito de las llamadas «criptomonedas estables mundiales»), los operadores que las emitan estarán sujetos a requisitos más estrictos. |
| --- | --- |

2.2.5

| 2.2.6 | Por lo tanto, dada la posibilidad concreta de que las «criptomonedas estables» puedan acabar siendo ampliamente aceptadas y llegar a convertirse en sistémicas en el futuro, la propuesta de la Comisión incluye asimismo salvaguardias para hacer frente a los riesgos que podrían derivarse de las mismas de cara a la estabilidad financiera y una política monetaria ordenada. |
| --- | --- |

2.2.6

| 2.2.7 | Dichos instrumentos son criptoactivos que, entre otros aspectos, a diferencia del famoso bitcoin, tienen un precio relativamente estable, al estar vinculadas a un medio de intercambio igualmente estable (es decir, una moneda institucional), y en un futuro ya cercano podrían, por lo tanto, convertirse en sistemas de pago y de inversión muy generalizados. |
| --- | --- |

2.2.7

| 2.2.8 | Más en concreto, el título II de la propuesta regula la oferta y la comercialización al público de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico, estableciendo que un emisor tiene derecho a ofertar dichos criptoactivos o a solicitar su admisión a negociación en una plataforma de negociación si cumple: i) los requisitos que dispone el artículo 4, como la obligación de estar constituido como persona jurídica; ii) la obligación de redactar un documento informativo, también llamado libro blanco, sobre los criptoactivos (artículo 5); y iii) la obligación adicional de notificar dicho libro blanco a las autoridades competentes y de publicarlo (artículos 7 y 8). |
| --- | --- |

2.2.8

| 2.2.9 | El documento informativo (libro blanco) no será necesario en caso de que el importe total de la oferta de criptoactivos sea inferior a 1 000 000 EUR a lo largo de un período de doce meses, evitando así la creación de cargas administrativas excesivas a cargo de las pequeñas y medianas empresas (pymes). |
| --- | --- |

2.2.9

| 2.2.10 | La Comisión propone asimismo aclarar que la actual definición de «instrumentos financieros» —que delimita el ámbito de aplicación de la Directiva MiFID— incluye los instrumentos financieros basados en la tecnología de registro descentralizado y también propone crear un régimen específico para los criptoactivos no regulados por la legislación vigente en materia de servicios financieros, así como para las fichas de dinero. |
| --- | --- |

2.2.10

| 2.2.11 | De la misma forma, la reglamentación se concentra en la emisión de criptoactivos (o fichas) por parte de operadores que pretendan actuar en el mercado único europeo y que deberán adecuarse a:






  — | los requisitos de transparencia y publicidad en relación con la emisión y la admisión a negociación de las fichas correspondientes; |
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2.2.11

—

los requisitos de transparencia y publicidad en relación con la emisión y la admisión a negociación de las fichas correspondientes;

| — | el régimen de autorización y de supervisión para los proveedores de servicios y los emisores de criptomonedas estables; |
| --- | --- |

—

el régimen de autorización y de supervisión para los proveedores de servicios y los emisores de criptomonedas estables;

| — | los requisitos operativos, organizativos y de gobernanza en relación con los emisores de criptomonedas estables (de nuevo, cabe señalar que no afecta a las demás fichas de que se trata, es decir, esencialmente las fichas de servicio) y con los proveedores de servicios; |
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—

los requisitos operativos, organizativos y de gobernanza en relación con los emisores de criptomonedas estables (de nuevo, cabe señalar que no afecta a las demás fichas de que se trata, es decir, esencialmente las fichas de servicio) y con los proveedores de servicios;

| — | el régimen de protección de los consumidores en relación con la emisión, la negociación y la custodia de los criptoactivos; |
| --- | --- |

—

el régimen de protección de los consumidores en relación con la emisión, la negociación y la custodia de los criptoactivos;

| — | medidas destinadas a prevenir fenómenos de abuso de mercado y a asegurar la integridad de los mercados que negocian los criptoactivos. |
| --- | --- |

—

medidas destinadas a prevenir fenómenos de abuso de mercado y a asegurar la integridad de los mercados que negocian los criptoactivos.

2.3.   Propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado (TRD)

| 2.3.1 | La propuesta sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado tiene cuatro objetivos generales: i) la seguridad jurídica; ii) apoyar la innovación, eliminado los obstáculos a la aplicación de las nuevas tecnologías de registro descentralizado en el sector financiero; iii) garantizar la protección de los consumidores y de los inversores, así como la integridad del mercado; y iv) asegurar la estabilidad financiera. |
| --- | --- |

2.3.1

| 2.3.2 | A fin de alcanzar dichos fines, el régimen piloto introduce garantías adecuadas, por ejemplo una limitación de las tipologías de instrumentos financieros negociables, con disposiciones encaminadas específicamente a garantizar la estabilidad financiera y la protección de los consumidores y de los inversores. |
| --- | --- |

2.3.2

| 2.3.3 | Mediante la introducción de un régimen piloto común para la experimentación de las infraestructuras del mercado basadas en la TRD, la propuesta de Reglamento quiere poner a las empresas de la UE en condiciones de aprovechar plenamente el potencial del marco existente, permitiendo a las autoridades de supervisión y a los legisladores identificar los obstáculos a la reglamentación, mientras que las autoridades reguladoras y las propias empresas podrán adquirir progresivamente valiosos conocimientos sobre el uso de la TRD. |
| --- | --- |

2.3.3

| 2.3.4 | Justamente por estos motivos y por la necesidad de un planteamiento gradual, se ha considerado que el instrumento del régimen piloto es el más proporcional respecto a los objetivos que deben alcanzarse, dado que en la actualidad no existen pruebas suficientes para justificar la introducción de modificaciones reglamentarias permanentes más significativas y de mayor calado. |
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2.3.4

| 2.3.5 | La propuesta pretende garantizar la seguridad jurídica y la flexibilidad a los operadores del mercado que desean gestionar una infraestructura del mercado basada en la TRD, estableciendo requisitos uniformes de gestión. Las autorizaciones concedidas con arreglo a dicho Reglamento consentirían además a los operadores del mercado gestionar una infraestructura del mercado basada en la TRD y prestar sus servicios en todos los Estados miembros en el ámbito de un control de vigilancia adecuado. |
| --- | --- |

2.3.5

| 2.3.6 | Más en detalle, el artículo 1 define el objeto y el ámbito de aplicación de la propuesta, mientras que el artículo 2 establece términos y definiciones, entre ellos «infraestructura del mercado basada en la TRD», «sistema multilateral de negociación basado en la TRD» o «SMN basado en la TRD», «sistema de liquidación de valores basado en la TRD» y «valores negociables basados en la TRD». |
| --- | --- |

2.3.6

| 2.3.7 | El artículo 3 describe las limitaciones relativas a los valores negociables basados en la TRD que pueden ser admitidos a negociación o registrados en infraestructuras del mercado basadas en la TRD. En el caso de las acciones, la capitalización bursátil o la capitalización bursátil provisional del emisor de los valores negociables basados en la TRD debe ser inferior a 200 millones EUR; en cuanto a los bonos públicos distintos de los bonos soberanos, los bonos garantizados y los bonos de empresa, el límite es de 500 millones EUR. Las infraestructuras del mercado basadas en la TRD no deben admitir a negociación ni registrar bonos soberanos. |
| --- | --- |

2.3.7

| 2.3.8 | El artículo 4 establece los requisitos aplicables a los SMN basados en la TRD, que son los mismos que para los SMN en virtud a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y especifica las exenciones posibles en virtud de este Reglamento. Los artículos 7 y 8 establecen el procedimiento relativo a la autorización específica para gestionar un SMN basado en la TRD y un sistema de liquidación de valores basado en la TRD, respectivamente, e incluyen detalles sobre la información que debe presentarse a la autoridad competente. El artículo 9 define la cooperación entre la infraestructura del mercado basada en la TRD, las autoridades competentes y la AEVM. El artículo 10 detalla que, a más tardar al cabo de un período de cinco años, la AEVM presentará a la Comisión un informe detallado sobre el régimen piloto. |
| --- | --- |

2.3.8

3.   Observaciones generales y específicas

| 3.1. | El CESE comparte los objetivos de la Comisión Europea y, mediante el presente Dictamen, respalda la utilidad y la importancia de aplicar, antes de mediados de 2022, las distintas medidas de adecuación normativa necesarias para modernizar los servicios financieros, sin perder nunca de vista la protección del consumidor y la integridad del mercado. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Más concretamente, las propuestas legislativas tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica respecto del tratamiento normativo de los criptoactivos. La claridad del marco jurídico aplicable a todos los tipos de criptoactivos, así como a todos los agentes que ofrecen los servicios correspondientes, es una condición necesaria para crear soluciones innovadoras de valor añadido en este mercado. En concreto, la decisión de utilizar un «reglamento» en vez de una directiva contribuye a lograr un contenido y una aplicación uniformes de las nuevas normas en el mercado interior. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE considera que la intervención legislativa de la Comisión se esperaba desde hace tiempo y, por lo tanto, quiere destacar lo necesaria y urgente que resulta ahora para proporcionar una regulación global en relación con un fenómeno tecnológico en constante y rápida evolución. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE considera útiles las intervenciones previstas a fin de: i) proteger a los usuarios finales de las finanzas digitales; ii) salvaguardar la estabilidad financiera; iii) proteger la integridad del sector financiero de la UE; y iv) garantizar la igualdad de condiciones entre los distintos operadores del sistema económico y financiero. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE comparte y apoya la propuesta encaminada a someter a los emisores de criptoactivos significativos conocidos como «criptomonedas estables» mundiales a requisitos más estrictos en términos de capital, derechos de los inversores y supervisión. Resulta indispensable intervenir mediante una reglamentación para evitar que surjan flujos de dinero independientes de la labor de supervisión de los bancos centrales, las autoridades sectoriales y las instituciones democráticas. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | El CESE valora de forma positiva que el esfuerzo taxonómico de la Comisión para definir los conceptos de «criptoactivos» y «tecnología de registro descentralizado» permita incluir los distintos tipos de criptoactivos en las definiciones utilizadas, de forma que dichas definiciones sean adecuadas respecto de la posible evolución futura de la tecnología y del mercado. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | Sin embargo, el CESE considera que podría lograrse un mayor grado de claridad elaborando especificaciones más detalladas sobre las diferentes subcategorías de criptoactivos y su ámbito de aplicación. De este modo, podrían evitarse riesgos interpretativos sobre el tratamiento de los tipos de criptoactivos incluidos en la categoría residual de «criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico». |
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3.7.

| 3.8. | El CESE se muestra de acuerdo con que se evite cuidadosamente la duplicación normativa de la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos, expresada en las excepciones al ámbito de aplicación del Reglamento establecidas en el artículo 2, apartado 2, de la propuesta. Estas medidas son adecuadas y pertinentes, ya que parece necesario evitar el solapamiento de requisitos y la duplicación de la regulación mediante la propuesta de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y, por ejemplo, la MiFID. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | De hecho, es necesario que los regímenes reglamentarios no entren en conflicto entre sí, ya que ello aumentaría la inseguridad jurídica y generaría costes de cumplimiento y cargas excesivas para los operadores, lo que limitaría potencialmente la innovación. Con el fin de lograr una clara separación entre los dos ámbitos y, por tanto, la necesaria seguridad jurídica, debe elaborarse una definición de «fichas valor», proporcionando al mismo tiempo orientaciones claras sobre las características distintivas de un criptoactivo que pueda considerarse como instrumento financiero. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Por estos motivos, el CESE valora positivamente la participación institucional y la experiencia operativa de la ABE (5) y la AEVM (6) tanto en la fase previa a la publicación de las propuestas a que se refiere el presente Dictamen como en lo que respecta a la cooperación administrativa que se espera entre estas autoridades sectoriales europeas y las autoridades nacionales competentes a la hora de aplicar las nuevas normas. |
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3.10.

| 3.11. | Al elegir limitar la aplicación de la propuesta esencialmente a las fichas de servicio y las criptomonedas estables, la Comisión circunscribe la intervención reglamentaria a actividades distintas de los instrumentos financieros y los productos de inversión que se pueden definir como «representaciones digitales» de derechos resultantes de inversiones y actividades empresariales, gestionados mediante tecnologías basadas en registros descentralizados. De este modo, las fichas y las criptomonedas deben vincularse con valores concretos, reduciendo así su exposición al riesgo de uso oportunista que podría llevar a captar ahorros sin las salvaguardias necesarias para los inversores. |
| --- | --- |

3.11.

| 3.12. | El CESE considera necesario clasificar con mayor claridad las fichas híbridas. Algunos criptoactivos, después de la fase de emisión, pueden desempeñar diferentes funciones, modificando su naturaleza en condiciones predeterminadas. Por lo tanto, es necesario aclarar el régimen reglamentario que debe aplicarse a estos instrumentos híbridos en evolución, ya que un cambio de su naturaleza puede requerir la aplicación de disposiciones reglamentarias diferentes. |
| --- | --- |

3.12.

| 3.13. | El CESE respalda, además, la actuación de la UE destinada a eliminar los potenciales obstáculos a la innovación que puedan derivarse de las nuevas tecnologías digitales y de la legislación en materia de servicios financieros, que no siempre es capaz de seguir el ritmo al que se suceden los avances tecnológicos a lo largo del tiempo. |
| --- | --- |

3.13.

| 3.14. | Entre las innovaciones que presentan un potencial disruptivo para los sectores financieros y monetarios, debe claramente prestarse una atención especial a la tecnología de registro descentralizado (TRD), a la que pertenece, por ejemplo, la famosa tecnología de cadena de bloques, que constituye la infraestructura en que se basa el éxito del bitcoin y otras formas de criptomonedas. |
| --- | --- |

3.14.

| 3.15. | El CESE considera que la UE puede garantizar la aplicación eficaz de las normas existentes al nuevo contexto con las modificaciones propuestas para la adaptación de la Directiva (UE) 2019/1937. Además, la regulación europea puede velar por el desarrollo seguro de un nuevo marco regulador, como el incluido en la propuesta piloto para un Reglamento sobre las infraestructuras de mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado. |
| --- | --- |

3.15.

| 3.16. | Dichas intervenciones deben asegurar la claridad normativa, permitiendo al sector financiero institucional conseguir una mayor eficiencia mediante un uso más amplio de la TRD, también para responder a la difusión, en ocasiones descontrolada, de las criptomonedas alternativas o de los sistemas de pago desarrollados por operadores que escapan a la reglamentación. |
| --- | --- |

3.16.

| 3.17. | Un motivo por el que urge la intervención europea deriva, además, del hecho de que varios Estados miembros hayan empezado a adoptar instrumentos reguladores, bien mediante intervenciones legislativas, bien mediante recomendaciones y directrices emitidas por las autoridades o por instituciones de reglamentación secundaria, como bancos centrales o autoridades de vigilancia y control de los mercados financieros. |
| --- | --- |

3.17.

| 3.18. | Aunque comparten las finalidades y los objetivos de fondo, dichas intervenciones podrían crear un marco regulador fragmentado y heterogéneo en el mercado interior. Por el contrario, algunos Estados todavía no han adoptado ninguna iniciativa, contribuyendo así a una situación reglamentaria no uniforme y fragmentada en que coexisten intervenciones reguladoras diferentes y la ausencia de intervenciones reguladoras. |
| --- | --- |

3.18.

| 3.19. | El CESE considera que la interpretación del Reglamento y las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales competentes en el proceso de autorización deben ser lo más coherentes posible para garantizar la igualdad de condiciones y evitar el arbitraje legislativo entre los distintos Estados miembros, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar el régimen de portabilidad de la autorización a escala de la UE por parte de las entidades autorizadas. |
| --- | --- |

3.19.

| 3.20. | En esta perspectiva, el CESE respalda la elección de la Comisión de intervenir mediante un Reglamento específico destinado a garantizar una uniformidad y simultaneidad de la reglamentación a nivel europeo, puesto que una reglamentación unificada y uniformada resulta claramente más eficaz que una pluralidad de intervenciones estatales, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido por los Tratados. |
| --- | --- |

3.20.

| 3.21. | El CESE aprecia que la reglamentación propuesta tenga por objetivo esencial la transparencia informativa y la institución de un régimen de autorización adecuado. El ordenamiento reglamentario anterior a estas propuestas carecía, en efecto, de un filtro de autorización para las actividades basadas en la TRD, así como de una vigilancia efectiva del funcionamiento. |
| --- | --- |

3.21.

| 3.22. | El CESE pide que se adopten medidas concretas para promover una información y una sensibilización adecuadas entre los consumidores y los pequeños inversores sobre las nuevas normas que se están aprobando, con el fin de destacar tanto los riesgos como los beneficios y oportunidades asociados a las nuevas tecnologías aplicadas al sector financiero y de inversión. Con ello se pretende reducir la asimetría de información ya típica del sector financiero, que podría imponer una carga especialmente importante y desproporcionada a los consumidores y pequeños ahorradores respecto de las cuestiones abordadas en el presente Dictamen, que son nuevas y nada fáciles de comprender dado su tecnicismo intrínseco. |
| --- | --- |

3.22.

| 3.23. | El CESE recomienda prestar una atención especial a las verificaciones previas a la concesión de una autorización, sobre todo en lo que se refiere a la fiabilidad empresarial de los sujetos autorizados, con el fin de evitar comportamientos oportunistas y perjudiciales. |
| --- | --- |

3.23.

| 3.24. | Todavía hoy, de hecho, no parece existir un nivel suficiente de normalización e interoperabilidad de la TRD que sirva de guía segura para la evaluación del grado de fiabilidad tecnológica y de ciberresiliencia de las infraestructuras adoptadas por los operadores. Conviene, por lo tanto, prestar atención a garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores y de los inversores. |
| --- | --- |

3.24.

| 3.25. | El CESE desea que se realicen progresos concretos en materia de resiliencia operativa digital, que es objeto de una propuesta específica de Reglamento, que incluye el paquete de finanzas digitales; en él se abordan los aspectos críticos señalados por el sector financiero y tiene por objeto aportar claridad jurídica sobre las disposiciones relativas a los riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con el fin de reducir la complejidad normativa y aliviar la carga administrativa para las empresas, como se destaca en el Dictamen del CESE «Resiliencia operativa digital» (7). |
| --- | --- |

3.25.

| 3.26. | A tal efecto, el CESE confía en la propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto para las infraestructuras de mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado, en la que la Comisión toma en consideración las infraestructuras del mercado que pretenden permitir la negociación y la reglamentación de las operaciones con instrumentos financieros en forma de criptoactivos, describiendo en detalle los requisitos y las condiciones preliminares para la obtención de la autorización específica para gestionar un sistema multilateral de negociación basado en la TRD y contextualizando dichos requisitos en un marco de supervisión por parte de las autoridades del sector. |
| --- | --- |

3.26.

| 3.27. | Además, a través del régimen piloto, se decide operar mediante un enfoque definido como «sandbox», identificando un espacio de experimentación en un ambiente controlado que permita exenciones temporales de las normas vigentes. Dicho enfoque permitirá a las autoridades reguladoras y a los operadores adquirir experiencia en el uso de la tecnología de registro descentralizado en las infraestructuras del mercado, asegurando así el tiempo necesario para gestionar de manera adecuada los riesgos para los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. |
| --- | --- |

3.27.

| 3.28. | Así pues, adoptando el «régimen piloto» (o «sandbox»), se podrá seguir un enfoque empírico basado en experimentaciones concretas y temporales a fin de proceder, en un segundo momento y a la luz de la experiencia acumulada, con una adaptación reglamentaria más incisiva, sin obstaculizar el proceso de introducción y el pleno desarrollo de la tecnología de registro descentralizado y de la innovación que la utilización de dicha tecnología podrá determinar. Debe prestarse especial atención a la fase de salida de la experimentación del régimen piloto a fin de garantizar la protección de los usuarios y los agentes que hayan participaron en ella. |
| --- | --- |

3.28.

| 3.29. | Aunque la propuesta sobre el régimen piloto es positiva, el CESE considera que el plazo de cinco años para que la AEVM presente un informe a la Comisión es demasiado largo en relación con la velocidad a la que evolucionan las tecnologías de las finanzas digitales. |
| --- | --- |

3.29.

| 3.30. | Además, debe considerarse la opción de poner fin al régimen piloto tras el informe de la AEVM mediante la introducción de una eliminación progresiva que permita a los operadores abandonar progresivamente el régimen piloto y recuperar en la medida de lo posible los costes destinados a la experimentación. Asimismo, el CESE considera que el modelo de régimen piloto también podría aplicarse para reconocer el papel que desempeñan las empresas de inversión y los bancos que llevan a cabo actividades relacionadas con el funcionamiento de las infraestructuras de TRD para los servicios de negociación, además de los servicios de custodia y administración de valores. |
| --- | --- |

3.30.

| 3.31. | Por último, respecto de la aplicación general del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos, el CESE no puede dejar de expresar su profunda preocupación por la aplicación de «medidas transitorias» que prevén una exención permanente del cumplimiento de los requisitos de dicho Reglamento para los criptoactivos que ya estaban en el mercado antes de su entrada en vigor y que entran en la categoría residual de «criptoactivos distintos de las fichas referenciadas a activos o las fichas de dinero electrónico» (artículo 123). |
| --- | --- |

3.31.

| 3.32. | Por lo tanto, el CESE pide que se evalúe cuidadosamente la posibilidad de que un criptoactivo ya emitido goce de forma permanente de esta exención, a fin de no socavar el principio de igualdad de trato, esto es, «misma actividad, mismos riesgos, mismas normas». En efecto, sería más adecuado que dicha disposición fuera efectivamente transitoria, estableciendo un período de adecuación para los criptoactivos de esta categoría que ya están en el mercado. |
| --- | --- |

3.32.

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

---

(1)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

1

(2)  Dictamen del CESE sobre Una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE (ECO/534) (véase la página 27 del presente Diario Oficial).

2

Una Estrategia de Finanzas Digitales para la UE

(3)  Dictamen del CESE sobre Resiliencia operativa digital (ECO/536) (véase la página 38 del presente Diario Oficial).

3

Resiliencia operativa digital

(4)  Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

4

(5)  Autoridad Bancaria Europea.

5

(6)  Autoridad Europea de Valores y Mercados.

6

(7)  Dictamen del CESE sobre Resiliencia operativa digital (ECO/536) (véase la página 38 del presente Diario Oficial).

7

Resiliencia operativa digital

---

| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/38 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/38

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o 600/2014 y (UE) n.o 909/2014

[COM(2020) 595 final – 2020/0266 (COD)]

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341

[COM(2020) 596 final – 2020/0268 (COD)]

(2021/C 155/06)

| Ponente: | Antonio GARCÍA DEL RIEGO |
| --- | --- |

Ponente:

Antonio GARCÍA DEL RIEGO

| Consulta | Parlamento Europeo, 17.12.2020
  Consejo de la Unión Europea, 22.12.2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 53, apartado 1, 114, apartado 1, y 304 del TFUE |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en sección | 12.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 24.02.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 243/1/4 |

Consulta

Parlamento Europeo, 17.12.2020

Consejo de la Unión Europea, 22.12.2020

Fundamento jurídico

Artículos 53, apartado 1, 114, apartado 1, y 304 del TFUE

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

12.2.2021

Aprobado en el pleno

24.02.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

243/1/4

1.   
  Conclusiones y recomendaciones

| 1.1 | El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea sobre la resiliencia operativa digital, ya que tiene por objeto aportar claridad jurídica sobre las disposiciones relativas a los riesgos relacionados con las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), reducir la complejidad normativa, establecer un conjunto de normas comunes encaminadas a mitigar los riesgos relacionados con las TIC y facilitar un planteamiento de supervisión armonizado, que al mismo tiempo proporcione la seguridad jurídica y las salvaguardias necesarias para las empresas financieras y los proveedores de TIC. La propuesta sobre la resiliencia operativa digital no solo aumenta la resiliencia del sector a los riesgos relacionados con las TIC, sino que también reviste interés para varias partes interesadas, entre ellas los clientes, los inversores y los empleados, además de contribuir a la consecución del desarrollo sostenible. |
| --- | --- |

1.1

| 1.2 | El CESE recomienda mejorar la eficacia de la resiliencia operativa digital siguiendo las etapas descritas a continuación. |
| --- | --- |

1.2

| 1.2.1 | Incluir en el ámbito de la resiliencia operativa digital a todos los proveedores de servicios financieros críticos que desarrollen actividades financieras, y excluir el recurso a los servicios de TIC para las funciones no esenciales. |
| --- | --- |

1.2.1

| 1.2.2 | Garantizar la coherencia en cuanto a su definición y alcance entre la resiliencia operativa digital y los requisitos establecidos en las Directrices en vigor emitidas por las Autoridades Europeas de Supervisión (AES). |
| --- | --- |

1.2.2

| 1.2.3 | En lo que respecta a la gestión de las TIC, privilegiar un marco centrado en un principio y un enfoque basado en los riesgos que faciliten la realización de controles con visión de futuro, flexibles y proporcionados a los riesgos. |
| --- | --- |

1.2.3

| 1.2.4 | En cuanto a los incidentes relacionados con las TIC, plena armonización con el conjunto de herramientas de respuesta y recuperación en caso de ciberincidentes facilitado por el Consejo de Estabilidad Financiera. |
| --- | --- |

1.2.4

| 1.2.5 | Respecto de las pruebas de resiliencia operativa digital, destacar no solo el tamaño de la entidad financiera, sino también la complejidad y el carácter crítico del servicio; evitar la subcontratación obligatoria que recaiga en un número limitado de evaluadores externos, y asegurar el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas. |
| --- | --- |

1.2.5

| 1.2.6 | Consolidar los requisitos en materia de externalización en un único acto legislativo para aportar seguridad jurídica a todos los agentes del mercado y cumplir de manera fiable las expectativas de la supervisión. |
| --- | --- |

1.2.6

| 1.2.7 | Poner plenamente en práctica las recomendaciones de los supervisores principales y un conjunto claro de funciones y responsabilidades para las diferentes autoridades que participan en la supervisión de los proveedores terceros esenciales. |
| --- | --- |

1.2.7

| 1.2.8 | Garantizar a los proveedores terceros establecidos en terceros países el acceso a servicios subcontratados que se consideren esenciales, para evitar restringir la libertad contractual de las empresas y su capacidad de acceder a los servicios de los proveedores de alto valor añadido. |
| --- | --- |

1.2.8

| 1.2.9 | Introducir la proporcionalidad en el régimen de sanciones, para evitar desincentivar a los proveedores de TIC a la hora de prestar servicios a las entidades financieras de la UE y abandonar la referencia actual al volumen de negocios mundial. |
| --- | --- |

1.2.9

| 1.2.10 | Aportar claridad en cuanto a la capacidad de las empresas para compartir información sobre las ciberamenazas, velando por que ello se haga con carácter voluntario y que en la propuesta sobre la resiliencia operativa digital se incluya una disposición explícita que permita el intercambio de datos personales. |
| --- | --- |

1.2.10

| 1.2.11 | Podría considerarse la posibilidad de aumentar los umbrales de exención de la propuesta para las microempresas y las pequeñas empresas, tal como se definen en el apartado 2 del artículo 2 del anexo I de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (1): empresas que empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios o balance anual no exceda de 10 millones de euros, y reducir el número de requisitos aplicables a las pymes de manera proporcional al perfil de riesgo digital de cada entidad. |
| --- | --- |

1.2.11

| 1.3 | El CESE apoya la capacitación de los supervisores principales para que lleven a cabo las auditorías e inspecciones relativas a proveedores terceros esenciales, ya que ello permitiría a los supervisores principales comprender mejor los riesgos que pueden plantear los proveedores terceros esenciales y podría ayudar a racionalizar los procedimientos de subcontratación de los bancos. |
| --- | --- |

1.3

2.   
  Contexto

| 2.1 | Los consumidores y las empresas europeos dependen cada vez más de los servicios financieros digitales, una tendencia que va acompañada de un recurso creciente a soluciones innovadoras basadas en nuevas tecnologías por los agentes del mercado. La transformación digital es fundamental para la recuperación europea y para la creación de una economía europea sostenible y resiliente. |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | En consonancia con sus prioridades de hacer que Europa se adapte a la era digital y de construir una economía adecuada para el futuro, al servicio de los ciudadanos, la Comisión Europea ha presentado un paquete de finanzas digitales. El paquete expone a grandes rasgos medidas para explotar en mayor grado y apoyar el potencial de las finanzas digitales en materia de innovación y competencia, reduciendo al mismo tiempo los riesgos asociados. |
| --- | --- |

2.2

| 2.3 | Además de la propuesta sobre la resiliencia operativa digital, el paquete de finanzas digitales incluye una nueva estrategia en este ámbito para el sector financiero de la Unión Europea (UE) (2) y una propuesta de Reglamento sobre los mercados de criptoactivos, junto con una propuesta de Reglamento sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado (3). |
| --- | --- |

2.3

| 2.4 | La resiliencia operativa digital es la capacidad de las empresas de garantizar que pueden soportar todo tipo de perturbaciones y amenazas relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). La dependencia cada vez mayor que presenta el sector financiero respecto de los programas informáticos y los procesos digitales hace que los riesgos relacionados con las TIC sean inherentes a las finanzas. Las empresas financieras se han convertido en blanco de ciberataques, que causan graves daños financieros y de reputación a los consumidores y las empresas. Es preciso comprender y gestionar correctamente estos riesgos, sobre todo en tiempos de tensión. |
| --- | --- |

2.4

| 2.5 | Si bien las reformas que siguieron a la crisis financiera de 2008 aumentaron la resiliencia del sector financiero de la UE, los riesgos relacionados con las TIC solo se abordaron de manera indirecta. La falta de un marco regulador amplio de alcance europeo sobre la resiliencia operativa digital hizo que se dependiera de las iniciativas reguladoras nacionales. Ello limitó la eficacia transfronteriza y dio lugar a una fragmentación del mercado interior, socavando así la estabilidad e integridad del sector financiero de la UE. En este contexto, la Comisión propone crear un marco global sobre la resiliencia operativa digital para las entidades financieras de la UE. |
| --- | --- |

2.5

| 2.6 | La propuesta legislativa sobre la resiliencia operativa digital (4) tiene por objeto mejorar y racionalizar la gestión de los riesgos en materia de TIC por las entidades financieras, establecer pruebas exhaustivas de resiliencia de los sistemas de TIC, fomentar el intercambio de información y sensibilizar a los supervisores sobre los riesgos de ciberseguridad y los incidentes relacionados con las TIC que afrontan las entidades financieras, así como otorgar a los supervisores financieros la facultad de supervisar los riesgos derivados de la dependencia de las entidades financieras con respecto a proveedores terceros de servicios de TIC. La propuesta también tiene por objeto crear un mecanismo coherente de notificación de incidentes que permita reducir la carga administrativa de las entidades financieras y mejorar la eficacia de la supervisión. |
| --- | --- |

2.6

| 2.7 | La Comisión también presentó una propuesta de Directiva (5), dada la necesidad de establecer una exención temporal para los sistemas multilaterales de negociación y modificar o aclarar algunas disposiciones de las Directivas vigentes sobre los servicios financieros de la UE para lograr los objetivos de la propuesta sobre la resiliencia operativa digital. |
| --- | --- |

2.7

| 2.8 | Se estima que el mercado de las TIC, que se sitúa entre los sectores más grandes del mundo, tendrá un valor de más de 5 billones USD en 2019 y más de 6 billones USD en 2022. El constante crecimiento sirve para recordar la creciente prevalencia e importancia de la tecnología en la sociedad actual. De acuerdo con la evaluación de impacto de la propuesta legislativa, el sector financiero es el mayor usuario de TIC en el mundo, y supone en torno al 20 % del gasto total en TIC. |
| --- | --- |

2.8

| 2.9 | La COVID-19 ha impulsado la proliferación de los servicios financieros digitales, ya que las redes de filiales de las entidades financieras siguen estando infrautilizadas. Esta situación estimulará las inversiones en herramientas digitales de autoservicio, aplicaciones de finanzas abiertas y servicios de valor añadido. En general, la situación actual obligará a las entidades financieras a invertir más en infraestructura informática, a dar prioridad a la migración de cargas de trabajo esenciales y a actualizar las aplicaciones existentes. El sector financiero europeo está experimentando ya una importante transformación digital, y su capacidad para competir a escala mundial dependerá en gran medida de la habilidad que tengan las instituciones europeas para aprovechar las tecnologías más avanzadas. |
| --- | --- |

2.9

3.   
  Observaciones generales

| 3.1 | El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea sobre la resiliencia operativa digital, que aborda muchas de las reclamaciones formuladas por el sector financiero y tiene por objeto aportar claridad jurídica sobre las disposiciones relativas a los riesgos relacionados con las TIC, reducir la complejidad normativa y disminuir la carga administrativa generada por la diversidad de normas aplicables a las entidades financieras en toda la UE. La propuesta sobre la resiliencia operativa digital no solo aumenta la resiliencia del sector a los riesgos relacionados con las TIC, sino que también reviste interés para varias partes interesadas, entre ellas los clientes, los inversores y los empleados, y contribuye a la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | El CESE considera que la propuesta sobre la resiliencia operativa digital es un paso importante hacia el establecimiento de un conjunto de normas comunes encaminadas a mitigar los riesgos relacionados con las TIC y facilitar un planteamiento de supervisión armonizado, pero hay que velar por no añadir obstáculos que puedan impedir que las entidades financieras de la UE participen en el proceso de innovación mundial. |
| --- | --- |

3.2

| 3.3 | El CESE considera que uno de los objetivos generales de las autoridades de la UE es tratar de lograr un régimen proporcionado y basado en el riesgo que brinde a los supervisores herramientas que permitan responder a sus preocupaciones, y que al mismo tiempo proporcione la seguridad jurídica y las salvaguardias necesarias para las empresas financieras y los proveedores de TIC. |
| --- | --- |

3.3

4.   
  Observaciones específicas

4.1   Ámbito de aplicación y disposiciones normativas que se solapan

4.1.1   Inclusión de otros agentes pertinentes en los mercados financieros

Si bien el CESE reconoce y acoge favorablemente el amplio ámbito de aplicación de la legislación propuesta que abarca a numerosos agentes de los mercados financieros, lo cual garantizará que los requisitos en ella recogidos se apliquen de manera coherente en todo el sector financiero de la UE, recomendamos que los responsables políticos de la Unión incorporen a agentes financieros que no se consideran incluidos en el ámbito de aplicación de esta legislación propuesta, como, por ejemplo, los proveedores de créditos hipotecarios y los proveedores de créditos al consumo, en un grado adecuado determinado por el riesgo que puedan suponer para el sistema. Todos los proveedores de servicios financieros que realicen las mismas actividades y tomen los mismos riesgos deben estar sujetos a idénticas normas y supervisión, a fin de garantizar el mismo marco mínimo en materia de resiliencia digital que proteja a los consumidores y garantice la estabilidad financiera.

4.1.2   Coherencia a nivel internacional y de la UE, así como con las reglamentaciones vigentes

Es fundamental proporcionar claridad a las empresas, en particular a las que operan en distintos países, garantizando que las definiciones y los términos sean coherentes y evitando las duplicaciones, los solapamientos y las interpretaciones divergentes en lo que respecta al modo de cumplir expectativas reglamentarias similares en diferentes jurisdicciones. El CESE recomienda que los responsables políticos de la UE modifiquen la definición de «resiliencia operativa» para que sea coherente con la definición establecida por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) (6) y garanticen que sea el principal régimen aplicable a las entidades financieras de la UE para evitar el riesgo de contradicción con otros regímenes. Además, muchos de los principios y requisitos establecidos en la propuesta sobre la resiliencia operativa digital ya se han definido en las directrices existentes en materia de externalización (7). Los requisitos de gestión de los riesgos relacionados con las TIC y de los riesgos de seguridad también están ya definidos en las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea. Será esencial garantizar la coherencia en la definición y el alcance entre la resiliencia operativa digital y los requisitos establecidos en las directrices en vigor a fin de lograr la armonización de las disposiciones reglamentarias de la UE.

| 4.1.3 | Asimismo, el CESE recomienda que la Comisión Europea vele por que la revisión en curso de la Directiva sobre la seguridad de las redes y sistemas de información y la propuesta sobre la resiliencia operativa digital compartan idénticos requisitos y definiciones relativos a la política de notificación de ciberincidentes para las entidades financieras. |
| --- | --- |

4.1.3

4.2   Gestión de los riesgos relacionados con las TIC

Algunos elementos del marco se centran excesivamente en el cumplimiento, y no en el modo en que las empresas pueden demostrar el logro de resultados mediante un planteamiento basado en los principios y los riesgos. Como son demasiado prescriptivos y detallados, corren el riesgo de quedar obsoletos con el tiempo a medida que evoluciona el panorama de los riesgos de ciberseguridad y los riesgos relacionados con las TIC. El CESE recomienda un planteamiento que esté más basado en los principios y los riesgos y que facilite la realización de controles que puedan adaptarse de cara al futuro y sean flexibles, proporcionados y acordes con los riesgos.

4.3   Incidentes relacionados con las TIC

El CESE recomienda la plena armonización entre el conjunto de herramientas de respuesta y recuperación en caso de ciberincidentes (8) publicado recientemente por el Consejo de Estabilidad Financiera, que recoge las mejores prácticas en materia de notificación de incidentes, así como las sugerencias sobre la gestión, la clasificación y la notificación de incidentes relacionados con las TIC que figuran en la propuesta sobre la resiliencia operativa digital. Hay solapamientos que generan incertidumbre jurídica y aumentan la carga normativa de las empresas.

4.4   Prueba de resiliencia operativa digital

| 4.4.1 | Aunque el CESE acoge favorablemente el régimen paneuropeo de pruebas de penetración guiadas por amenazas (TLPT, por sus siglas en inglés) en toda la UE, ya que aumentará la eficiencia y reducirá la fragmentación, recomienda que las autoridades no solo se centren en el tamaño o la escala de la institución financiera, sino también en la complejidad y criticidad del servicio, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, cuando proceda, para eliminar la distinción entre las pruebas básicas para todas las entidades financieras y las pruebas más avanzadas para las entidades financieras de mayor envergadura, y velando por que los clientes de las entidades financieras más pequeñas estén protegidos por igual y por que se establezcan condiciones de competencia equitativas entre todas las entidades financieras. |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | El CESE recomienda que no sea obligatorio externalizar la realización de pruebas a evaluadores externos, ya que su número es limitado. De hecho, para realizar pruebas las empresas pueden disponer de equipos internos, que están familiarizados con el entorno de las empresas y son capaces de pasar rápidamente a pruebas más avanzadas y específicas. |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.4.3 | Debería contemplarse la inclusión de terceros proveedores de servicios de TIC en el ámbito de aplicación del régimen paneuropeo de pruebas de penetración guiadas por amenazas. El hecho de que los proveedores terceros de TIC puedan prestar servicios a varios clientes podría dar lugar a una importante duplicación de las pruebas, lo que a su vez podría suscitar los correspondientes riesgos para el proveedor tercero de TIC y los clientes a los que presta servicios. |
| --- | --- |

4.4.3

| 4.4.4 | Además, el CESE recomienda introducir una referencia explícita al reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas, habida cuenta de su papel para reducir el riesgo y garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, así como para evitar aumentos de costes en el caso de las entidades financieras que operan en distintos países. |
| --- | --- |

4.4.4

4.5   Gestión de riesgos derivados de los proveedores terceros de TIC y marco de supervisión de proveedores terceros esenciales

4.5.1   Garantizar la coherencia con las directrices existentes en materia de externalización

El CESE acoge favorablemente que la propuesta sobre la resiliencia operativa digital establezca un marco regulador común relativo a la sana gestión de los riesgos derivados de los proveedores terceros de TIC para todos los agentes de los mercados financieros de Europa. Sin embargo, será fundamental garantizar que estos puntos de coincidencia establecidos en los principios fundamentales (artículos 25, 26 y 27) estén plenamente armonizados con las normas vigentes, entre ellas, por ejemplo, las Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) sobre externalización [es decir, habrá que resolver la dicotomía existente en el ámbito de aplicación entre la «externalización» y el «servicio de terceros» (9)]. Además, consideramos que se trata de una gran oportunidad para que las autoridades de la UE consoliden los requisitos en materia de externalización en un único Reglamento —con un nivel de detalle suficiente para evitar diferencias de interpretación— que pueda aportar seguridad jurídica a todos los agentes del mercado y cumplir de manera fiable las expectativas de la supervisión.

4.5.2   Requisitos aplicables a las actividades esenciales o importantes externalizadas

Con arreglo a su propio artículo 25, apartado 2, a fin de mantener un enfoque orientado al riesgo, el Reglamento debe ser más preciso en cuanto a la forma en que se aplicará el principio de proporcionalidad, indicando los requisitos a los que deberían atenerse las actividades esenciales o importantes externalizadas y los que deberían cumplir el resto (10). El CESE recomienda que el uso de servicios de TIC para funciones no esenciales quede fuera del ámbito de aplicación de la normativa sobre resiliencia operativa digital.

4.5.3   Marco de supervisión directa de proveedores terceros esenciales

El CESE acoge favorablemente el establecimiento de un marco de supervisión directa que permitirá a las autoridades financieras realizar un seguimiento continuo de las actividades llevadas a cabo por los proveedores terceros esenciales, a falta de un marco horizontal transectorial de la UE. En el Reglamento propuesto, las autoridades de la UE deben reconocer que, cuando un proveedor de TIC esencial se somete a esta supervisión, la exposición de las entidades financieras al riesgo disminuye debido al seguimiento continuo de sus actividades. Por tanto, este nuevo marco de supervisión también debe contribuir a racionalizar los procedimientos de externalización de los bancos aliviando parte de la carga que soportan actualmente las entidades financieras, por ejemplo, en lo que respecta a la ejecución de los procedimientos de auditoría e inspección relativos a los proveedores terceros que se consideran esenciales.

| 4.5.4 | El CESE es partidario de facultar a los supervisores principales para que ejecuten los procedimientos de auditoría e inspección en relación con los proveedores terceros esenciales, ya que los supervisores principales comprenderían mejor los riesgos que pueden plantear los proveedores terceros esenciales si conocieran de primera mano sus procesos y premisas, en lugar de depender de los informes actuales que proporcionan las entidades financieras supervisadas y de las inspecciones que realizan las autoridades nacionales competentes. Aunque las políticas de mitigación de riesgos aplicadas por las entidades financieras deben mantenerse, y la obligación legal sigue recayendo en ellas, si la inspección y las auditorías ya son ejecutadas por el supervisor principal, las entidades financieras deberían beneficiarse de este grado reforzado de seguridad y no verse obligadas a volver a realizarlas. |
| --- | --- |

4.5.4

4.5.5   Supervisor principal y autoridades nacionales competentes

Una vez concluido el proceso de supervisión, las autoridades nacionales competentes harán un seguimiento de las recomendaciones formuladas por el supervisor principal, y podrán tener su propio enfoque sobre el modo de lograr que los proveedores terceros esenciales designados lleven a la práctica las conclusiones del supervisor principal. El CESE recomienda que se aporte total claridad sobre las funciones y responsabilidades de las distintas autoridades, a fin de evitar que la disparidad de interpretaciones afecte a los distintos clientes de los proveedores terceros esenciales de manera diferente según su autoridad competente y, por tanto, reducir así el riesgo de fragmentación. Estas recomendaciones también deberían tener plena fuerza ejecutiva, dada la ambigüedad que presenta actualmente el artículo 37 en cuanto a su carácter vinculante.

4.5.6   Suspensión de un proveedor tercero esencial

La propuesta sobre la resiliencia operativa digital otorga a los reguladores financieros nacionales la facultad de exigir a los clientes que suspendan temporalmente o dejen de recurrir a un proveedor de TIC hasta que se hayan abordado los riesgos señalados en las recomendaciones. Los requisitos relativos al cese inmediato de la colaboración con un proveedor tercero esencial afectarían sin lugar a dudas a la toma de decisiones comerciales y empresariales actuales o futuras (por ejemplo, desincentivar las inversiones en la UE) y podrían repercutir en la estabilidad financiera. Antes de tomar esta decisión, las autoridades competentes deben estudiar cuidadosamente, entre otros factores, los posibles efectos negativos del cese del servicio para las entidades financieras que colaboran con ese proveedor tercero esencial en concreto (11), establecer criterios claros para tal requisito y contemplar posibles soluciones.

| 4.5.7 | Además, recomendamos que, si en última instancia se llegara a esta situación, se informe a las entidades financieras con suficiente antelación y se les dé tiempo suficiente para poner término a su colaboración. |
| --- | --- |

4.5.7

4.6   Preservación de la competitividad mundial de las empresas financieras europeas

| 4.6.1 | El nuevo marco debe preservar la capacidad de las empresas financieras europeas para acceder, como mínimo, a las mismas tecnologías que sus competidores mundiales. Las empresas financieras de la UE están compitiendo a escala mundial, y el futuro marco regulador de la UE no debe poner a esas empresas en desventaja limitando su acceso a las tecnologías más avanzadas, siempre y cuando los proveedores de estas tecnologías cumplan las normas de la UE en materia de resiliencia y seguridad. |
| --- | --- |

4.6.1

4.6.2   Proveedores terceros establecidos en terceros países

El Reglamento no debe limitar la posibilidad de externalizar los servicios que se consideren esenciales a proveedores terceros establecidos en terceros países. Esta limitación restringiría, sin duda, la capacidad de las entidades financieras europeas para acceder a servicios de proveedores de alto valor añadido, que muy probablemente no se encontrarán en Europa en número suficiente. Esta exigencia resulta aún más pertinente si se tiene en cuenta que el marco de supervisión propuesto se limita al sector financiero, lo que crea condiciones de competencia desiguales para otros agentes no sujetos a este Reglamento y podría acabar aumentando el riesgo de concentración, algo que la propuesta sobre la resiliencia operativa digital trata de evitar.

4.6.3   Sanciones de carácter punitivo basadas en el volumen de negocios mundial

La propuesta sobre la resiliencia operativa digital incluye sanciones de carácter punitivo referentes al volumen de negocios mundial para los proveedores de TIC si no cumplen con las exigencias de los supervisores financieros de la UE. Una imposición desproporcionada de esas sanciones podría disuadir a los proveedores mundiales de TIC de prestar servicios a las empresas financieras de la UE, lo que, de hecho, podría limitar el número de posibles proveedores para las empresas financieras de la UE. Además, disuadiría a los proveedores terceros no esenciales de acogerse voluntariamente al régimen de supervisión, ante el temor de ser penalizados con multas desproporcionadas y, por tanto, reduciría la competencia en el mercado ascendente. El CESE aboga por que se establezca cierto grado de proporcionalidad en el régimen de sanciones, lo cual es fundamental para evitar desincentivar a los proveedores de TIC que aspiran a prestar servicios a las entidades financieras de la UE.

4.7   Sobre el acuerdo de intercambio de información

| 4.7.1 | Dado que el intercambio oportuno de información es esencial para detectar de manera eficiente los vectores de ataque, así como para aislar y prevenir posibles amenazas, el CESE acoge favorablemente la disposición que tiene por objeto facilitar la conclusión de acuerdos de intercambio de información sobre ciberamenazas entre entidades financieras. |
| --- | --- |

4.7.1

| 4.7.2 | También recomendamos prever, entre los requisitos de esta propuesta, que las autoridades de la UE proporcionen una base explícita para permitir el intercambio de datos personales (como las direcciones IP), ya que de esa forma se reduciría la inseguridad y se potenciaría la capacidad de las entidades financieras para mejorar sus capacidades de defensa, detectar mejor las amenazas y reducir el riesgo de contagio entre ellas. Se necesita mayor claridad al respecto, debido al carácter confidencial o sensible de los datos. |
| --- | --- |

4.7.2

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

---

(1)  DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

1

(2)  Véase el Dictamen del CESE ECO/534 — Estrategia de Finanzas Digitales para la UE (véase la página 27 del presente Diario Oficial).

2

(3)  Véase el Dictamen del CESE ECO/535 — Criptoactivos y tecnología de registro descentralizado (véase la página 31 del presente Diario Oficial).

3

(4)  COM(2020) 595 final.

4

(5)  COM(2020) 596 final.

5

(6)  Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Principles for operational resilience (Principios relativos a la resiliencia operativa), 6 de noviembre de 2020.

6

Principles for operational resilience

(7)  Por ejemplo, las emitidas por la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y el proyecto de Directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, entonces en proceso de consulta.

7

(8)  Consejo de Estabilidad Financiera, Final Report on Effective Practices for Cyber Incident Response and Recovery (Informe final sobre prácticas eficaces de respuesta y recuperación en caso de ciberincidentes), 19 de octubre de 2020.

8

Final Report on Effective Practices for Cyber Incident Response and Recovery

(9)  La propuesta sobre la resiliencia operativa digital se refiere únicamente a los «servicios prestados por proveedores terceros de TIC» en lo que respecta a los principios fundamentales para la sana gestión de los riesgos derivados de los proveedores terceros de TIC (capítulo V), mientras que el alcance de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre acuerdos de externalización se basa en la definición de externalización que implica que la actividad se realiza de manera recurrente o continua (apartado 26). Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea también establecen una lista de excepciones que no se consideran externalización (apartado 28).

9

(10)  También a este respecto será fundamental armonizar la definición de «funciones esenciales o importantes» tanto en la propuesta sobre la resiliencia operativa digital como en las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre externalización. En particular, en las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea se definen los factores que las entidades financieras deben tener en cuenta al evaluar si un acuerdo de externalización se refiere a una función que es esencial o importante (artículos 29, 30 y 31).

10

(11)  Uno de los criterios para calificar a un proveedor de TIC como esencial sería su grado de sustituibilidad, teniendo en cuenta la falta de alternativas reales o las dificultades para migrar de forma parcial o total los servicios (artículo 28, apartado 2). Si se diera este caso, a las entidades financieras les resultaría difícil transferir el servicio a otro proveedor. Además, exigir a las entidades financieras expuestas que cambien de proveedor de servicios favorecería en última instancia una mayor concentración en el mercado europeo, lo que iría específicamente en contra del propósito de este Reglamento.

11

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/45 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/45

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021

[COM(2020) 575 final]

(2021/C 155/07)

| Ponente: | Krzysztof BALON |
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Ponente:

Krzysztof BALON

| Consulta | Comisión Europea, 11.11.2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en la sección | 12.2.2021 |
| Fecha de la aprobación en el pleno | 25.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 237/2/22 |

Consulta

Comisión Europea, 11.11.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en la sección

12.2.2021

Fecha de la aprobación en el pleno

25.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

237/2/22

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente que el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (1) haya confirmado finalmente la importancia de una verdadera participación de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales en el desarrollo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. También aboga por el establecimiento de un principio de condicionalidad vinculante que exija a los gobiernos contar con los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en la planificación y la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y de otros instrumentos dentro del marco financiero plurianual (MFP), sobre la base de normas mínimas definidas a nivel de la UE. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE está convencido de que, para que las acciones conjuntas en el marco de la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 sean eficaces, y para que el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia se ejecute con éxito, es esencial que se refuercen las condiciones que favorecen el desarrollo económico y, sobre todo, que el mercado único siga siendo plenamente funcional. Se trata en particular de evitar perturbaciones a la libre circulación de personas y mercancías. El mantenimiento de las fronteras abiertas en el espacio Schengen sigue constituyendo una cuestión clave para la recuperación y el refuerzo de la resiliencia, así como para fomentar la solidaridad y la identidad europeas. El CESE cree que los Estados miembros no deberían adoptar normativas que restrinjan directa o indirectamente la libertad de circulación, a menos que se coordinen a escala de la UE. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE señala que la deuda pública derivada de la toma de préstamos para financiar programas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no debería constituir una carga para las generaciones futuras en la UE. A este respecto, el CESE recomienda a los Estados miembros que destinen fondos del Mecanismo a sufragar gastos presupuestarios relacionados con la crisis actual, y que vean en ella una oportunidad para procurar que nuestras economías y sociedades sean sostenibles y equitativas. El CESE también reconoce que se necesita inversión pública en infraestructuras y educación a fin de garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental para las generaciones futuras. Además, esta inversión también es la base para asegurar la prosperidad, los ingresos y la competitividad a largo plazo. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Al mismo tiempo, dado que los préstamos en el marco del Mecanismo constituyen una medida excepcional en circunstancias excepcionales, el CESE propone que se considere la opción de no contabilizarlos a medio plazo para determinar el déficit presupuestario de un Estado miembro en el marco fiscal de la UE. Además, es necesario continuar con las políticas fiscales que favorezcan el desarrollo económico, razón por la cual el CESE advierte contra un retiro prematuro de medidas de apoyo como la cláusula de salvaguardia y aboga por fijar nuevas normas presupuestarias que reflejen las realidades sociales y económicas tras la pandemia. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El CESE acoge favorablemente las medidas apropiadas adoptadas en la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 para abordar los retos de la pandemia de COVID-19 en el contexto del Pacto Verde Europeo. Esto significa que continuarán los esfuerzos dedicados a la consecución de un modelo económico más sostenible y socialmente inclusivo y, en particular, a la transición hacia un modelo de crecimiento ecológico. No obstante, el CESE subraya que un requisito previo para el éxito de la transición ecológica consiste en que los planes nacionales de recuperación y resiliencia sean conformes con los planes territoriales de transición justa propuestos en el marco del Mecanismo para una Transición Justa. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE cree que la transición digital no solo debe contribuir al aumento de la productividad, sino también a mejorar la educación y la participación política, social y cultural de todos los que viven en la UE. Como parte del apoyo a la igualdad en el acceso a las infraestructuras, los equipos y las competencias digitales, debe prestarse especial atención a las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, las personas en riesgo de exclusión social y otros grupos vulnerables. El CESE considera que uno de los objetivos de la transición digital debe ser el de establecer un acceso universal a internet de banda ancha como servicio público y gratuito para todos los residentes en la UE. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE lamenta que la Estrategia preste poca atención a las cuestiones sociales, en particular a la vista de la urgente necesidad de ejecutar de manera coherente el pilar europeo de derechos sociales. Asimismo, el Comité observa con preocupación que el enfoque propuesto en la Estrategia no es enteramente sostenible. Los esfuerzos por avanzar rápidamente hacia una economía ecológica y digital no deben dar lugar a un incremento ulterior de la pobreza, ni a una mayor exclusión social. Será crucial que se garantice una distribución equilibrada de los beneficios de la recuperación económica, lo que contribuirá no solo a mejorar la justicia social, sino también a estabilizar la demanda como condición previa a la recuperación económica. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE cree que la situación socioeconómica actual de los jóvenes, incluido el aplazamiento de decisiones vitales esenciales como la de formar una familia, podría ejercer un impacto negativo en el desarrollo futuro de la UE. El Comité aboga, por tanto, por una ejecución fluida del programa reforzado de Garantía Juvenil y de las iniciativas conexas. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Una de las medidas para garantizar la estabilidad de las haciendas públicas debería consistir, en opinión del CESE, en reforzar la eficacia de los instrumentos existentes e introducir, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros, nuevos instrumentos para combatir la evasión fiscal, el trabajo no declarado y la economía sumergida vinculados a la insuficiente protección de los derechos de los trabajadores, el blanqueo de capitales y la corrupción, también en lo que atañe a las empresas transnacionales. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE recomienda que se revisen las iniciativas emblemáticas europeas, conjuntas y coordinadas, propuestas por la Comisión Europea (CE) para que tengan más en cuenta los aspectos sociales de la transición, y que se añada a la lista de iniciativas el desarrollo de la economía social conjuntamente con el Plan de acción europeo para la economía social y la tarea de garantizar un acceso equitativo a sistemas sanitarios y servicios sociales asequibles y de alta calidad. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE recomienda que la CE elabore un documento adicional en el que se presente el contenido de la Comunicación de manera más clara y sencilla para que se pueda debatir entre las organizaciones de la sociedad civil. |
| --- | --- |

1.11.

2.   Introducción

| 2.1. | El 17 de septiembre de 2020, la CE publicó su Comunicación «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 (2)», y el 11 de noviembre solicitó al CESE un dictamen sobre esta. El CESE apoya plenamente la idea que subyace a la Comunicación de la Comisión, en la que se subraya la necesidad de proteger a los ciudadanos de la UE, su salud y su empleo, garantizando al mismo tiempo la equidad, la resiliencia y la estabilidad macroeconómica en toda la Unión ante la repentina y profunda recesión causada por la pandemia de COVID-19. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | La Estrategia se centra en superar la recesión repentina y profunda causada por la pandemia de COVID-19, manteniendo al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado único y dando continuidad a la transición sostenible, justa y democrática hacia el Pacto Verde Europeo, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No obstante, el CESE señala que, aunque el documento de la CE se refiere a 2021 en su título, su contenido atañe más a una perspectiva a medio plazo. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | La Comisión destaca la importancia histórica del acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020 sobre el próximo MFP y la iniciativa Next Generation EU, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este acuerdo se confirmó conjuntamente con el Parlamento Europeo en diciembre de 2020, lo que permitió la entrada en vigor de la legislación conexa a escala europea. No obstante, es igualmente importante que los Estados miembros lleven a cabo con rapidez los procedimientos para aprobar la Decisión sobre los recursos propios, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, lo que permite a la Comisión obtener préstamos en el mercado para financiar programas en el marco de este instrumento. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | El CESE comparte la opinión expresada en la Comunicación de que, para que las acciones conjuntas en el marco de la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 sean eficaces, y para que el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia se ejecute con éxito, resulta esencial que el mercado único siga siendo plenamente funcional. Se trata en particular de evitar perturbaciones a la libre circulación de personas y mercancías. Por consiguiente, el CESE acoge favorablemente la Recomendación del Consejo relativa a un planteamiento común y coordinado respecto a las restricciones a la libre circulación, adoptada el 12 de octubre de 2020 (3). Mantener las fronteras abiertas —sin introducir controles fronterizos— en el espacio Schengen es una cuestión clave para la recuperación y el refuerzo de la resiliencia, así como para fomentar la solidaridad y la identidad europeas. Los Estados miembros no deberían adoptar normativas que restrinjan directa o indirectamente la libertad de circulación, a menos que se coordinen a escala de la UE. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | El CESE considera que las medidas para crear un entorno más favorable a las empresas permitirán al sector privado desempeñar su papel en la consecución de los objetivos de la Estrategia. Tales acciones podrían incluir una menor carga administrativa para las pymes, reducir las barreras de entrada al mercado para nuevas empresas, abordar la escasez de competencias esenciales, facilitar la financiación de las empresas y adaptar las normas a los nuevos tipos de riesgo económico. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | La sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica, que se identificaron como dimensiones clave en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, constituyen el núcleo del Semestre Europeo y siguen siendo los principios rectores de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros. Al mismo tiempo, el CESE señala la necesidad de revisar las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre Europeo por el Consejo en años anteriores en cuanto a su viabilidad en el contexto económico y social causado por la pandemia. |
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2.6.

3.   El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia — Hacia una sostenibilidad competitiva

| 3.1. | El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como componente esencial de la iniciativa Next Generation EU, debe constituir una de las principales herramientas para la recuperación económica. La ejecución efectiva del instrumento podría elevar el PIB en un 2 % de aquí a 2024 y crear dos millones de puestos de trabajo adicionales (4). Al mismo tiempo, el CESE subraya que, aunque el instrumento, a corto plazo, se ha concebido fundamentalmente para la recuperación y el refuerzo de la resiliencia, su función principal a medio y largo plazo debe consistir en apoyar las transiciones ecológica y digital. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Con el fin de garantizar la consecución de sinergias, los Estados miembros, bajo ciertas condiciones, podrán combinar la financiación obtenida de diferentes instrumentos, en particular los fondos de la política de cohesión de la UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. También en este contexto, es necesario potenciar la capacidad de absorción de fondos de la UE por parte de los Estados miembros, incluso mediante mecanismos apropiados para el Estado de Derecho y la buena gobernanza, una administración pública de alta calidad y una lucha eficaz contra la corrupción, y adecuar el Semestre Europeo a la activación del Mecanismo, incluida la vinculación del respectivo programa nacional de reformas y el plan de recuperación y resiliencia en un único documento integrado. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE acoge con satisfacción que se establezca, como parte del instrumento, un cuadro de indicadores que se actualizará cada seis meses. En opinión del Comité, dicho cuadro contribuirá a una mayor transparencia, lo que podría contribuir a elevar significativamente el nivel de confianza entre los Estados miembros. También ayudará a supervisar la distribución y el uso de los fondos, así como a difundir las mejores prácticas de los países en los que estos se utilizan. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Al mismo tiempo, el CESE reconoce el riesgo potencial de que los Estados miembros puedan utilizar los recursos del Mecanismo para sufragar gastos presupuestarios que no estén relacionados con la crisis actual. Por tanto, el Comité recomienda que el uso asignado de tales recursos se someta a un control estricto. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE cree que la iniciativa Next Generation EU se ha desarrollado y adoptado en la forma y el momento adecuados. Mediante la provisión de apoyo financiero, garantizará la recuperación económica y podrá ayudar a la UE a salir de la crisis actual más fuerte y resiliente mediante la inversión pública en infraestructuras, educación y medidas para superar la crisis climática. No obstante, debe tenerse en cuenta que los préstamos contraídos para financiar programas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia habrá que reembolsarlos en el futuro. El documento de la Comisión podría abordar una segunda hipótesis para financiar el plan teniendo en cuenta la posibilidad de nuevas crisis. Sin embargo, el CESE también reconoce que se necesita inversión pública en infraestructuras y educación a fin de garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental para las generaciones futuras. Además, esta inversión también es la base para asegurar la prosperidad, los ingresos y la competitividad a largo plazo. |
| --- | --- |

3.5.

4.   Transición ecológica

| 4.1. | El CESE acoge favorablemente las medidas adecuadas adoptadas para abordar los retos de la pandemia de COVID-19 en el contexto del Pacto Verde Europeo. Esto significa que, a pesar de las turbulencias vinculadas al desafío global que supone la COVID-19, continuarán los esfuerzos dedicados a la consecución de un modelo económico más sostenible y socialmente inclusivo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular, a la transición hacia un modelo de crecimiento ecológico. La transición al Pacto Verde Europeo brinda una oportunidad real para el desarrollo de empresas basadas en el modelo de economía social. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | En este contexto, el CESE respalda la opinión de las instituciones europeas de que los planes nacionales de recuperación y resiliencia deberían asignar al menos el 37 % del gasto a objetivos relacionados con el clima. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El Comité subraya que un requisito previo para el éxito de la transición ecológica consiste en que los planes nacionales de recuperación y resiliencia sean conformes con los planes territoriales de transición justa propuestos en el marco del Mecanismo para una Transición Justa. |
| --- | --- |

4.3.

5.   Transición digital y productividad

| 5.1. | El CESE apoya el establecimiento de un nivel mínimo del 20 % del gasto en digitalización dentro de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Al mismo tiempo, el Comité advierte contra el tratamiento de la digitalización como un instrumento puramente dedicado a la mejora de la productividad. La transición digital debe contribuir a mejorar la educación en sentido amplio, la calidad de vida y la participación política, social y cultural de toda la población de la UE. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Por tanto, el CESE comparte la opinión expresada por la CE en la Comunicación de que debe promoverse la igualdad de acceso a las infraestructuras, los equipos y las competencias digitales. En opinión del CESE, debe prestarse especial atención a la promoción del acceso y las competencias digitales en el caso de las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, y las personas en riesgo de exclusión social. El CESE considera asimismo que uno de los objetivos de la transición digital debe ser el de garantizar un acceso universal a internet de banda ancha como servicio público y gratuito para todos los residentes en la UE. |
| --- | --- |

5.3.

6.   Equidad

| 6.1. | La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas para reforzar la justicia social. Es probable que la crisis exacerbe las desigualdades sociales, incluidas las disparidades en cuanto a riqueza e ingresos, y las diferencias en el acceso a la asistencia sanitaria y la educación, la vivienda y la esperanza de vida. El aumento de la pobreza y la exclusión social, el miedo al futuro y la pérdida de prosperidad afectarán a un gran número de ciudadanos de la UE en 2021. En este contexto, resultará crucial garantizar una distribución equilibrada de los beneficios de la recuperación económica, con objeto de conseguir una mayor justicia social y estabilizar la demanda (condición previa para la recuperación económica). |
| --- | --- |

6.1.

| 6.2. | La crisis que estamos viviendo también debe percibirse como una oportunidad para volver a conformar el modelo socioeconómico de Europa. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe promover un modelo europeo de desarrollo económico y social basado en la integración social y en la creación y el fomento del empleo de buena calidad (5). |
| --- | --- |

6.2.

| 6.3. | La Estrategia presta poca atención a las cuestiones sociales. Esto atañe en particular a la urgente necesidad de que el pilar europeo de derechos sociales también se aplique de manera coherente en el ámbito de los Estados miembros, que deben emprender acciones para garantizar la igualdad de oportunidades, la educación inclusiva, unas condiciones de trabajo justas, la accesibilidad universal y la asequibilidad de los servicios de interés general y una protección social adecuada. Los esfuerzos dedicados a avanzar rápidamente hacia una economía ecológica y digital no deben dar lugar a un nuevo aumento de la pobreza y la exclusión social. Por tanto, un seguimiento estrecho de las consecuencias económicas no basta para responder eficazmente al impacto de la pandemia de COVID-19. También es necesario realizar un seguimiento de los indicadores sociales y no solo en lo que atañe al empleo, sino también a la exclusión social, la ampliación de las disparidades y la discriminación. |
| --- | --- |

6.3.

| 6.4. | La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de mantener los puestos de trabajo existentes, crear nuevos y reforzar los sistemas de seguridad social. Millones de personas que trabajan sin seguridad social han perdido su medio de vida. Por consiguiente, es necesario emprender reformas que conduzcan a un empleo de mayor calidad y más seguro, y mantener y desarrollar programas de apoyo al empleo. El CESE concuerda con los objetivos generales de seguir trabajando en favor de la convergencia salarial y del establecimiento de salarios mínimos adecuados en los Estados miembros, así como del fortalecimiento de los sistemas de negociación colectiva y del papel de los interlocutores sociales en toda la UE, en consonancia con los sistemas nacionales de relaciones laborales. La Comisión ha presentado una propuesta de Directiva para abordar dichos objetivos, y el CESE está elaborando actualmente un Dictamen sobre esta propuesta. El CESE aboga asimismo por dotar de un nivel adecuado de seguridad y una vida digna a quienes hayan perdido su empleo. |
| --- | --- |

6.4.

| 6.5. | El CESE acoge con satisfacción las iniciativas expuestas en la Comunicación para lograr una mayor cohesión socioeconómica y fomentar con mayor firmeza el empleo de los jóvenes, las mujeres, las personas pertenecientes a grupos de riesgo o las que se encuentran en riesgo de exclusión. No obstante, el Comité subraya que es necesario realizar aún más esfuerzos en este ámbito, llevar a cabo iniciativas e incentivos más audaces y concretos para la acción, y apoyar a todas las partes interesadas. |
| --- | --- |

6.5.

| 6.6. | Al CESE le preocupa que la Estrategia no considere suficientemente la situación socioeconómica actual de los jóvenes, incluido el aplazamiento de decisiones vitales clave como las de formar una familia, lo que podría ejercer un impacto negativo en el desarrollo futuro de la UE. Por este motivo, el Comité aboga por una rápida ejecución de la Garantía Juvenil reforzada y de las iniciativas conexas, lo que garantizará que los jóvenes dispongan de un mejor acceso al mercado laboral y de la posibilidad de recibir diversas formas de ayuda. De otro modo, y completamente en contra de la idea de Next Generation EU, puede existir una «generación de la pandemia de coronavirus» que nunca realizará todo su potencial. |
| --- | --- |

6.6.

| 6.7. | Otro grupo especialmente afectado por la crisis es el de los trabajadores de edad avanzada expulsados del mercado laboral. Esta situación no solo socava el equilibrio social entre generaciones, sino que también afecta negativamente a los sistemas de seguridad social actuales y futuros. |
| --- | --- |

6.7.

| 6.8. | El CESE acoge con satisfacción la intención de la Estrategia de promover la convergencia y reforzar la resiliencia de las regiones para reducir las disparidades territoriales. Sin embargo, resulta preocupante que los recursos facilitados para el Fondo de Transición Justa se hayan reducido en comparación con la propuesta original de la CE, sobre todo teniendo en cuenta que será necesaria la inversión pública directa y la creación de industrias alternativas y nuevas empresas en las zonas más afectadas por la transición climática. En este contexto, el CESE también señala la necesidad de adaptar adecuadamente las normas sobre ayudas estatales. |
| --- | --- |

6.8.

| 6.9. | El CESE cree que la consecución de la visión propuesta en la Estrategia puede enfrentarse a una falta de aceptación y comprensión plenas, ya que no existen nuevos mecanismos de gobernanza mediante los que los ciudadanos y las empresas, así como los agentes públicos y privados a escala local y regional, puedan participar de manera proactiva en el proceso de definición y resolución de los problemas a escala local. Los valores establecidos en el modelo europeo de gobernanza compartida especificado en el Libro Blanco de 2001 podrían resultar de utilidad a este respecto. |
| --- | --- |

6.9.

7.   Estabilidad macroeconómica

| 7.1. | El CESE aboga por un enfoque equilibrado entre la estabilidad de las finanzas públicas y el fomento del desarrollo económico mediante una política activa de inversión pública y un sistema de contratación pública que tenga en cuenta los objetivos sociales. El éxito de la recuperación económica y social y de la transición ecológica y digital dependerá no solo de la inversión privada, sino también de una financiación pública adecuada. |
| --- | --- |

7.1.

| 7.2. | Para garantizar la estabilidad de las haciendas públicas, el CESE considera esencial dotar de mayor eficacia a los instrumentos existentes e introducir, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros, nuevos instrumentos para combatir la evasión fiscal, el trabajo no declarado, el uso excesivo de formas de empleo que no protegen suficientemente los derechos de los trabajadores, la economía sumergida, el blanqueo de capitales y la corrupción, también en lo que atañe a las empresas transnacionales. |
| --- | --- |

7.2.

| 7.3. | Es necesario seguir aplicando políticas fiscales que contribuyan a fomentar la confianza, abordar el problema de las desigualdades y evitar nuevos riesgos. Por consiguiente, el CESE advierte contra un retiro prematuro de medidas de apoyo como la cláusula de salvaguardia. Si la cláusula de salvaguardia se mantiene activa únicamente hasta finales de 2021, los Estados miembros estarán obligados a reducir gradualmente sus déficits a partir de 2022. Los préstamos obtenidos en el marco del Mecanismo, por un lado, constituirán una oportunidad para que los Estados miembros impulsen el crecimiento y la liquidez en sus economías y, por el otro, darán lugar a un aumento de los déficits presupuestarios. Esto crea una situación contradictoria en la que la capacidad de estimular el crecimiento que proporcionan los préstamos del Mecanismo puede verse limitada si se exige a los Estados miembros que adopten al mismo tiempo medidas adicionales para consolidar sus finanzas públicas. |
| --- | --- |

7.3.

| 7.4. | En este contexto, y dado que estos préstamos constituyen una medida excepcional en circunstancias excepcionales, puede resultar útil adoptar normas específicas para gestionarlos en el marco fiscal de la UE, por ejemplo, sin contabilizarlos en el déficit presupuestario de un Estado miembro. |
| --- | --- |

7.4.

| 7.5. | Además, el CESE propone fijar nuevas normas presupuestarias que reflejen las realidades económicas y sociales tras la pandemia. |
| --- | --- |

7.5.

| 7.6. | El CESE apoya plenamente la necesidad expresada en la Comunicación de garantizar una administración y unos servicios de interés general de alta calidad y eficientes, señalando al mismo tiempo que esto exige que en algunos Estados miembros se garanticen unas condiciones de empleo dignas y estables. |
| --- | --- |

7.6.

| 7.7. | Los déficits presupuestarios vinculados a los costes derivados de la recuperación de la crisis convierten la adhesión a la moneda única europea en una perspectiva más lejana para los Estados miembros que aún no han culminado ese proceso, y contribuyen a una caída de la confianza en el euro. Por tanto, el CESE considera necesario revisar los criterios para la incorporación a la zona del euro, y llevar a cabo medidas de estabilización del euro en relación con otras monedas y criptomonedas destacadas. |
| --- | --- |

7.7.

8.   Iniciativas emblemáticas europeas

| 8.1. | El CESE acoge con satisfacción la intención de la CE de definir iniciativas emblemáticas europeas comunes y coordinadas, y que la Comisión Europea recomiende encarecidamente a los Estados miembros que tengan en cuenta estas iniciativas en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. |
| --- | --- |

8.1.

| 8.2. | Al mismo tiempo, el CESE pide que se revisen las iniciativas propuestas de manera que tengan más en cuenta los aspectos sociales de la transición y contribuyan mejor a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas y las seis prioridades de la CE para 2019-2024 (6). |
| --- | --- |

8.2.

| 8.3. | Además, el CESE propone que la lista de iniciativas emblemáticas europeas incluya también el desarrollo de la economía social, junto con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, y medidas para promover el acceso equitativo a sistemas sanitarios y servicios sociales asequibles y de alta calidad, teniendo en cuenta las circunstancias locales para la prestación de servicios. |
| --- | --- |

8.3.

9.   El papel de la sociedad civil y el diálogo social y civil

| 9.1. | Para superar la crisis y aplicar eficazmente la iniciativa Next Generation EU, la UE necesita la intervención de todos sus ciudadanos. Por consiguiente, el CESE acoge favorablemente que el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aprobado en diciembre de 2020, haya confirmado finalmente la importancia de una verdadera participación de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales en el desarrollo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. De conformidad con el artículo 18, apartado 4, letra q), del Reglamento, los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben incluir un resumen del proceso de consulta llevado a cabo con los entes locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes para la elaboración y aplicación del plan, así como información sobre cómo se refleja en el plan la contribución de estas partes interesadas. Por consiguiente, el CESE hace hincapié en el importante papel que desempeñan los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en la planificación, ejecución y evaluación tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como de otros elementos del Semestre Europeo en los Estados miembros. |
| --- | --- |

9.1.

| 9.2. | El CESE acoge con satisfacción la inclusión de la democracia en la Comunicación como valor esencial en las medidas adoptadas en relación con la Estrategia. Al mismo tiempo, reconoce que el texto incluido a este respecto no es sustancial y no se ha tenido suficientemente en cuenta en las actividades previstas, como las relacionadas con la ejecución de las iniciativas emblemáticas europeas, o en el reconocimiento del papel asociativo de las organizaciones de la sociedad civil como agentes clave de la democracia participativa. |
| --- | --- |

9.2.

| 9.3. | Los sacrificios y las restricciones relacionados con la crisis serán mucho más fáciles de superar si se acompañan de una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de las crisis y la organización de campañas de información, en particular a escala local y regional. Los medios de comunicación y las instituciones educativas locales deben apoyar a la sociedad civil en este sentido. Debe animarse a los Estados miembros a que presten apoyo financiero a tales actividades, también mediante fondos de la UE cuando sea posible. |
| --- | --- |

9.3.

| 9.4. | El CESE anima encarecidamente a los Estados miembros, las regiones y los entes locales a poner en práctica el modelo de creación conjunta defendido por la CE en el proceso de formular políticas, programas y acciones conjuntamente con los ciudadanos de la UE, en lugar de para ellos. |
| --- | --- |

9.4.

| 9.5. | El CESE ha pedido reiteradamente que los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil participen más intensamente en el proceso del Semestre Europeo. El cumplimiento coherente del principio de asociación en la planificación, la ejecución y la evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia constituye, más que nunca en las condiciones actuales de crisis, un requisito previo para el éxito en la ejecución de tales planes. La calidad del diálogo y la consulta públicos se deterioró drásticamente, especialmente durante la primera fase de la crisis. Esto ha dado lugar en muchos casos a una mala calidad de la legislación, y a dificultades para aplicarla, especialmente en el caso de las empresas. Además, el CESE llama la atención respecto a la falta de referencia a la negociación colectiva en la Comunicación de la CE. |
| --- | --- |

9.5.

| 9.6. | Por este motivo, teniendo también en cuenta la información facilitada por los Estados miembros para la elaboración de una resolución sobre el papel de la sociedad civil en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, el CESE apoya firmemente el establecimiento de un principio de condicionalidad vinculante. De acuerdo con este principio, los gobiernos estarán obligados a implicar a la sociedad civil en la planificación y aplicación de estos planes sobre la base de normas mínimas definidas a escala de la UE. |
| --- | --- |

9.6.

| 9.7. | El CESE subraya asimismo la importancia crucial del diálogo con las jóvenes generaciones de la UE —Next Generation EU—, también a través del diálogo civil con las organizaciones juveniles. |
| --- | --- |

9.7.

| 9.8. | El lenguaje de la Comunicación de la Comisión —dirigida a las instituciones y organismos de la UE— no resulta de fácil comprensión para amplias capas de la población de la UE, por lo que será difícil debatirla en las organizaciones de la sociedad civil (7). El CESE, por tanto, propone que la CE elabore un documento adicional en el que se presente el contenido de la Comunicación de manera más clara y sencilla. |
| --- | --- |

9.8.

Bruselas, 25 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(1)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

1

(2)  COM(2020) 575 final.

2

(3)  COVID-19: el Consejo adopta una Recomendación para coordinar las medidas que afectan a la libre circulación.

3

(4)  COM(2020) 575 final, p. 2

4

(5)  How good is your job?
  Measuring and assessing job quality (OECD, febrero de 2016).

5

How good is your job?

Measuring and assessing job quality

(6)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es.

6

(7)  La Comunicación COM(2020) 698 final podría servir como un buen ejemplo de uso de un lenguaje más sencillo en las comunicaciones de la Comisión.

7

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/52 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/52

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit

[COM(2020) 854 final – 2020/0380 (COD)]

(2021/C 155/08)

| Ponente general: | Florian MARIN |
| --- | --- |

Ponente general:

Florian MARIN

| Consulta | Parlamento Europeo, 18.1.2021
  Consejo Europeo, 20.1.2021 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículos 175, apartado 3, y 304 del TFUE |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en el pleno | 24.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 242/0/2 |

Consulta

Parlamento Europeo, 18.1.2021

Consejo Europeo, 20.1.2021

Fundamento jurídico

Artículos 175, apartado 3, y 304 del TFUE

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en el pleno

24.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

242/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1 | El CESE considera el Brexit un ejercicio muy complejo y difícil. El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido (1) mitiga algo del daño económico y social que se hubiera producido en caso de un escenario de «salida sin acuerdo», pero resulta muy difícil cuantificar las futuras pérdidas económicas y financieras en una fase tan temprana. Está claro que son necesarias actuaciones focalizadas y rápidas para mitigar las repercusiones económicas y sociales. |
| --- | --- |

1.1

| 1.2 | Esta nueva modalidad de asociación pone seriamente en tela de juicio la interdependencia económica, social y comercial que existía hasta ahora entre la UE y el Reino Unido. El CESE ya observa efectos negativos en lo que respecta a la movilidad transfronteriza y a los obstáculos al comercio de mercancías y servicios. Esto podría traducirse en pérdidas de puestos de trabajo y quiebras de empresas, en especial de pymes. En el período de adaptación actual es fundamental mostrar una mayor comprensión y flexibilidad con las partes interesadas de la UE. |
| --- | --- |

1.2

| 1.3 | El CESE acoge con satisfacción la creación de Reserva de Adaptación al Brexit (2) («la Reserva»), entre los instrumentos especiales fuera de los límites máximos del presupuesto de la UE en el marco financiero plurianual (MFP) (3). A juicio del CESE, la cohesión y la solidaridad entre los Estados miembros son valores fundamentales de la UE y valora positivamente la aplicación retroactiva de la Reserva desde julio de 2020. |
| --- | --- |

1.3

| 1.4 | Los derechos de los trabajadores deben protegerse con carácter inmediato y hay que seguir negociando el reconocimiento mutuo de las cualificaciones. El CESE recomienda que todos los Estados miembros comiencen inmediatamente a organizar campañas de información para sensibilizar a los ciudadanos sobre las nuevas normas en vigor. Para que esta acción se salde con un éxito completo, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben participar plenamente. Los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental que desempeñar en la construcción de una sólida asociación económica y social con el Reino Unido. |
| --- | --- |

1.4

| 1.5 | El CESE propone que el sector pesquero disponga de una reserva completamente aparte concebida para apoyar de manera exclusiva a este sector. Debe prestarse especial atención a otros sectores, como el turismo y la agricultura, por ejemplo. También deben tenerse en cuenta las inversiones adecuadas en infraestructuras y el apoyo a los ciudadanos de la UE que regresan a sus países de origen después del Brexit. |
| --- | --- |

1.5

| 1.6 | El CESE teme que se eternicen las discusiones entre las partes interesadas sobre quién obtiene la mayor porción de la reserva y considera que deberían preverse fondos adicionales con carácter inmediato. A este respecto, el CESE pide a los colegisladores que se aumente el límite máximo propuesto. |
| --- | --- |

1.6

| 1.7 | El CESE insta a todos los Estados miembros a que actúen de manera responsable y destinen los fondos disponibles hacia las regiones, las empresas, los trabajadores y los ciudadanos que más los necesiten. De lo contrario, podría cuestionarse la solidaridad que subyace al diseño de dicha Reserva y se plantearían dudas sobre sus posibilidades de éxito. |
| --- | --- |

1.7

| 1.8 | El artículo 5, apartado 1, letra a), debe modificarse como sigue: «medidas de ayuda a las empresas, a los trabajadores en transición hacia nuevas capacidades y empleos y a las comunidades locales afectadas negativamente por la retirada». Además, el artículo 5, apartado 1, letra d), debería modificarse como sigue: «medidas de apoyo a la protección de los puestos de trabajo y al empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo, reciclaje profesional y formación en los sectores afectados». Asimismo, debería modificarse el indicador 15.4 del anexo II en consecuencia. |
| --- | --- |

1.8

| 1.9 | El período de admisibilidad podría ampliarse en dos años, simplemente para garantizar que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para utilizar su parte de la Reserva y absorber las ondas de choque de la retirada del Reino Unido. |
| --- | --- |

1.9

| 1.10 | El CESE considera que una pequeña parte de la Reserva debería destinarse a fines de asistencia técnica para cuando se cree un nuevo sistema de gestión. No obstante, el CESE está firmemente convencido de que la mayor parte de la Reserva debe destinarse a apoyar el empleo y las actividades económicas. |
| --- | --- |

1.10

| 1.11 | Las pymes se están viendo especialmente afectadas por los nuevos procedimientos aduaneros, la carga normativa y el aumento de los costes de transporte. Dado que las pymes carecen en su mayoría de la capacidad administrativa y jurídica necesaria para aplicar un plan de contingencia completo, el CESE pide que se elaboren medidas específicas para apoyarlas. |
| --- | --- |

1.11

| 1.12 | Cuando sea posible y de acuerdo con la Comisión Europea, el CESE recomienda que se utilice la opción de costes simplificados. La simplificación de las normas y la reducción de la burocracia en el proceso de aplicación contribuirán a agilizar el reparto de los recursos financieros. |
| --- | --- |

1.12

| 1.13 | El CESE pide que se cree un comité de seguimiento en cada Estado miembro con el objetivo principal de eliminar los posibles riesgos que pudieran surgir en el proceso de aplicación y que, al mismo tiempo, garantice la participación formal de la sociedad civil en el proceso. Los comités deberían incluir representantes de los interlocutores sociales, ONG e instituciones públicas que participen en la ejecución de la Reserva. |
| --- | --- |

1.13

| 1.14 | El CESE propone que se aumente la transparencia en términos de gobernanza mediante la designación clara de un órgano de gestión para la Reserva. La Comisión Europea debe proteger la igualdad de condiciones entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.14

| 1.15 | El CESE pide que se cree un marco de rendimiento intermedio con arreglo a indicadores específicos basados en resultados que establecerán los Estados miembros y serán evaluados anualmente por la Comisión Europea. Considera que un uso limitado de los fondos disponibles aumentará de manera proporcional las repercusiones económicas y sociales negativas del Brexit. |
| --- | --- |

1.15

| 1.16 | La integración del Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones (4) en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en la gestión de la Reserva permitirá a las partes interesadas y a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar un papel fundamental como organismos intermediarios. |
| --- | --- |

1.16

| 1.17 | Por último, el CESE sugiere que la Comisión Europea presente un informe sobre su evaluación de la eficacia, la eficiencia y el valor añadido de la Reserva al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de tres meses a partir del plazo estipulado. |
| --- | --- |

1.17

2.   Introducción

| 2.1 | El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido se ha firmado tras cuatro años de negociaciones y sienta las bases de la futura asociación. Consta de tres nuevos pilares:






  — | un acuerdo de libre comercio, |
| --- | --- | --- |

2.1

—

un acuerdo de libre comercio,

| — | una nueva asociación para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, y |
| --- | --- |

—

una nueva asociación para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, y

| — | un acuerdo horizontal sobre gobernanza. |
| --- | --- |

—

un acuerdo horizontal sobre gobernanza.

| 2.2 | Aunque se han establecido las principales reglas del juego, tanto los ciudadanos como las empresas deben adaptarse a esta nueva situación y analizar en detalle las nuevas restricciones y los retos para cada sector. Es muy difícil cuantificar en una fase tan temprana las futuras pérdidas económicas y financieras pero está claro que son necesarias actuaciones focalizadas y rápidas para mitigar las repercusiones económicas y sociales negativas. |
| --- | --- |

2.2

| 2.3 | De hecho, el Brexit es un ejercicio muy complejo y difícil. Es posible que los Estados miembros tengan que intensificar las medidas de control en el mar, los puertos y los aeropuertos para llevar a cabo controles e inspecciones suplementarios cuando haya que expedir certificados y autorizar productos, y a fin de cumplir los requisitos de establecimiento, las normas sanitarias y fitosanitarias y las normas de etiquetado y marcado. También es posible que tengan que sopesar la oportunidad de organizar, o actualizar, campañas de sensibilización específicas sobre las consecuencias que se derivarán de la retirada para los ciudadanos y las empresas. |
| --- | --- |

2.3

| 2.4 | Con los nuevos controles aduaneros y reglamentarios en vigor, que provocan retrasos y costes adicionales, se interrumpen a menudo las cadenas de suministro. El statu quo ya se ve afectado por las nuevas normas en vigor y los nuevos requisitos de cumplimiento, en especial en el año en curso, durante el que se espera que se produzcan la mayor parte de las consecuencias adversas. Los impuestos adicionales que se aplicarán a partir de ahora, como el IVA, pueden obstaculizar las relaciones económicas y las asociaciones empresariales. Minimizar el impacto negativo del Brexit en la economía de la UE requiere la participación activa de todas las partes interesadas: la UE, los Estados miembros, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, etc. |
| --- | --- |

2.4

| 2.5 | Por otra parte, todavía no está claro cómo se llevará a cabo el reconocimiento mutuo de las cualificaciones, cómo se garantizará el flujo de datos ni qué normas se aplicarán al sector de los servicios. Es absolutamente necesario seguir negociando con el fin de encontrar soluciones inmediatas y viables que beneficien a ambas partes. |
| --- | --- |

2.5

| 2.6 | Por otro lado, tendremos que acostumbrarnos al hecho de que se trata de dos mercados diferentes y dos espacios normativos y jurídicos separados. Este cambio constituye un obstáculo importante para todas las partes interesadas y afectará a las administraciones públicas, los ciudadanos y las empresas por igual. Esta nueva modalidad de asociación pone seriamente en tela de juicio la interdependencia económica, social y comercial que existía hasta ahora entre la UE y el Reino Unido. Ya se registran efectos negativos en lo que respecta a la movilidad transfronteriza y a los obstáculos al comercio de mercancías y servicios. Esto podría traducirse en pérdidas de puestos de trabajo y quiebras de empresas, en especial de pymes. |
| --- | --- |

2.6

| 2.7 | La propuesta de Reglamento especifica en detalle el gasto público admisible, en particular medidas de apoyo a las empresas y a las comunidades locales; medidas de apoyo al empleo mediante reciclaje profesional y formación; protección de los puestos de trabajo; medidas para facilitar la certificación y la autorización de los productos; medidas de comunicación y sensibilización; así como medidas para garantizar el funcionamiento de las fronteras. |
| --- | --- |

2.7

3.   Observaciones generales

| 3.1 | En primer lugar, el CESE acoge con satisfacción el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido firmado en la última fase del período transitorio. En él se establecen las relaciones futuras, al tiempo que se protege la integridad del mercado único y se crean seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas. El Acuerdo mitiga la mayor parte del daño económico y social que se hubiera producido en un escenario de «salida sin acuerdo» y puede considerarse la etapa final del comienzo de una nueva relación entre la UE y el Reino Unido. En el actual período de adaptación, las autoridades públicas deberían mostrar una mayor flexibilidad y comprensión con las partes interesadas de la UE. No obstante, la UE y los Estados miembros deben prestar especial atención a la protección del mercado único y sus normas laborales, sociales, medioambientales y alimentarias, a fin de evitar el riesgo de abusos de poder en el mercado. |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | El acuerdo sobre la eliminación de aranceles en el comercio de mercancías, siempre que estas cumplan las «normas de origen», y la circulación —por lo general libre— de capitales son logros significativos. No obstante, el CESE expresa su preocupación por que aún no se haya cerrado un acuerdo sobre el movimiento de personas (a partir del 30 de junio de 2021) ni de servicios. Además, el Brexit está teniendo lugar en el marco de la crisis de la COVID-19, que ya ha producido un incremento del desempleo y una reducción de los ingresos. El CESE también se muestra sumamente preocupado por que el aumento de las desigualdades sociales se haya hecho más visible en toda la UE y reitera que «es necesario dar prioridad a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales (PEDS) en el marco de la política de cohesión» (5). |
| --- | --- |

3.2

| 3.3 | El CESE considera que la Comisión ha elegido el instrumento adecuado, ya que la ejecución se llevará a cabo en régimen de gestión compartida. El Reglamento garantizará una aplicación clara y homogénea de las normas en todos los Estados miembros, así como obligaciones y plazos comunes de presentación de informes, a fin de preservar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.3

| 3.4 | El CESE acoge con satisfacción la creación de la Reserva de Adaptación al Brexit, entre los instrumentos especiales fuera de los límites máximos del presupuesto de la UE en el marco financiero plurianual, que ha sido concebida para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales negativas en todos los Estados miembros, apoyar a las empresas y al empleo en los sectores más afectados y ayudar a las comunidades regionales y locales. Retos comunes como el Brexit requieren una respuesta coordinada y el CESE considera que la cohesión y la solidaridad entre los Estados miembros son valores fundamentales de la UE. |
| --- | --- |

3.4

| 3.5 | Se espera que la Reserva de Adaptación al Brexit complemente los fondos adicionales disponibles en el marco de NextGenerationEU (6) y del MFP. Constituye un instrumento completamente nuevo que debería prestar apoyo para mitigar los efectos negativos de la retirada del Reino Unido de la UE y, al mismo tiempo, reforzar la cohesión económica, social y territorial y proteger el empleo. El CESE ya ha propuesto que «la Comisión se plantee la posibilidad de crear un instrumento de la UE que permita hacer frente en el futuro a estas situaciones y crisis políticas» (7). |
| --- | --- |

3.5

| 3.6 | Los sindicatos, las organizaciones empresariales y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental que desempeñar en la construcción de una sólida asociación económica y social con el Reino Unido. |
| --- | --- |

3.6

| 3.7 | El CESE acoge con satisfacción que todos los Estados miembros sean admisibles y que el 80 % de la asignación de prefinanciación vaya a desembolsarse ya en 2021. Esto es una prueba clara de la solidaridad europea y de un enfoque coordinado para hacer frente al impacto a corto plazo del Brexit. |
| --- | --- |

3.7

| 3.8 | El método de asignación propuesto tiene en cuenta la importancia del comercio con el Reino Unido, así como la importancia del sector pesquero, pero el CESE considera que ambas cuestiones deberían haberse tratado por separado. Básicamente, la fórmula de asignación propuesta por la Comisión implica que el factor vinculado a la pesca debería ascender a 600 millones de euros. Por ello, el CESE propone que el sector pesquero disponga de una reserva completamente aparte concebida para apoyarlo de manera exclusiva. También debe prestarse especial atención a otros sectores, como el turismo y la agricultura, por ejemplo. |
| --- | --- |

3.8

| 3.9 | Asimismo, resulta muy evidente que esta Reserva es un fondo de ajuste que intenta compensar las repercusiones económicas y sociales del Brexit. El CESE considera que los 5 400 millones EUR de la Reserva no son suficientes para mitigar los efectos negativos del Brexit. Por ello, el CESE considera que deben preverse inmediatamente fondos adicionales, bien mediante un presupuesto adicional asignado a la Reserva, bien mediante fondos diseñados por separado. A este respecto, el CESE pide a los colegisladores (Parlamento y Consejo) que aumenten el límite máximo propuesto. |
| --- | --- |

3.9

| 3.10 | El CESE considera que algunos sectores se ven más afectados que otros. Entre otros, los sectores de la agricultura y el turismo también deberían estar entre las prioridades de la Reserva y beneficiarse de los fondos disponibles. El sector turístico se ha visto gravemente afectado por la crisis de la COVID-19 y el Brexit añadirá nuevos obstáculos. Los agricultores también se ven gravemente afectados en países como Irlanda o los Países Bajos, por ejemplo. |
| --- | --- |

3.10

4.   Observaciones específicas

| 4.1 | Algunos Estados miembros ya han adoptado medidas nacionales contra los efectos negativos del Brexit para sus economías y en los procedimientos de las administraciones públicas. Por consiguiente, a juicio del CESE, la aplicación retroactiva de la Reserva, que se ha fijado en julio de 2020, representa un medio importante para prestar apoyo. |
| --- | --- |

4.1

| 4.2 | Tras la concesión a más de cuatro millones de ciudadanos de la UE de un nuevo estatuto de residencia en el Reino Unido (8), los derechos de los trabajadores deben protegerse con carácter inmediato y hay que seguir negociando el reconocimiento mutuo de las cualificaciones. Los Estados miembros deberían comenzar inmediatamente a organizar campañas de información para sensibilizar a los ciudadanos sobre las nuevas normas en vigor, así como para mantenerlos al tanto de los esfuerzos que está realizando la UE para ampliar el Acuerdo. Para que esta acción se salde con un éxito completo, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben participar plenamente. |
| --- | --- |

4.2

| 4.3 | Deberán elaborarse regímenes de ayuda específicos para garantizar un apoyo adecuado a las regiones y sectores afectados por el Brexit. Todos los Estados miembros deben actuar de manera responsable y destinar los fondos disponibles a las regiones, las empresas, los trabajadores y los ciudadanos que más los necesiten, y no a los más fáciles de financiar. De lo contrario, podría cuestionarse la solidaridad que subyace al diseño de dicha Reserva y se plantearían dudas sobre sus posibilidades de éxito. |
| --- | --- |

4.3

| 4.4 | El período de admisibilidad podría ampliarse en dos años, simplemente para garantizar que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para utilizar su parte de la Reserva y absorber las ondas de choque provocadas por la retirada del Reino Unido. El CESE pide a todos los Estados miembros que tengan muy en cuenta las inversiones adecuadas en infraestructuras y el apoyo a los ciudadanos de la UE que regresan a sus países de origen tras el Brexit. |
| --- | --- |

4.4

| 4.5 | El CESE también considera que parte de la Reserva debería haberse destinado a fines de asistencia técnica para cuando se cree un nuevo sistema de gestión. La utilización de la asistencia técnica para la gestión, el seguimiento, la información y la comunicación, la resolución de reclamaciones, y el control y la auditoría de la Reserva contribuirá a que el instrumento sea un éxito, a mejorar la gestión de riesgos y a garantizar que los recursos financieros asignados se gastan de manera eficiente. |
| --- | --- |

4.5

| 4.6 | Algunas administraciones públicas, en especial las que representan a los principales puntos de entrada y salida en la relación comercial con el Reino Unido, ya han realizado importantes inversiones en infraestructuras y recursos humanos, incluida la formación. Este es también el caso de los Estados miembros que mantienen una relación particular con el Reino Unido en el sector turístico. No obstante, el CESE está firmemente convencido de que la mayor parte de la Reserva debe destinarse a apoyar el empleo y los operadores económicos. |
| --- | --- |

4.6

| 4.7 | La propuesta de la Comisión incluye una medida específicamente diseñada para reducir el período de supervisión de las pymes de cinco a tres años, a partir del pago final de la contribución financiera. El CESE teme que las pymes serán las más afectadas y juzga que una parte significativa de la Reserva debería orientarse a proporcionarles apoyo económico y financiero, con el objetivo final de preservar el empleo y mantener a flote a las empresas. |
| --- | --- |

4.7

| 4.8 | Las pymes se están viendo especialmente afectadas por los nuevos procedimientos aduaneros, la carga normativa y el aumento de los costes de transporte. Esto se suma a la carga adicional causada por la pandemia de COVID-19, dado que las empresas de todos los Estados miembros han tenido que adaptarse a los confinamientos decretados por los gobiernos. Dado que las pymes carecen en su mayoría de la capacidad administrativa y jurídica necesaria para aplicar un plan de contingencia completo, el CESE pide que se elaboren medidas específicas para apoyar a las pymes más afectadas, utilizando los fondos disponibles en la Reserva. Se anima a los Estados miembros a apoyar los esfuerzos de las pymes mediante las ayudas estatales, dentro de los límites establecidos. |
| --- | --- |

4.8

| 4.9 | El CESE considera que, en aras de la simplificación, la Reserva puede gestionarse utilizando los sistemas de gestión existentes. Cuando sea posible y de acuerdo con la Comisión Europea, deberá utilizarse la opción de costes simplificados. Promover normas simplificadas y menos burocracia en el proceso de aplicación y evitar cargas financieras y administrativas adicionales contribuirán a agilizar el gasto de los recursos financieros y a obtener mejores resultados para mitigar el impacto negativo del Brexit. |
| --- | --- |

4.9

| 4.10 | Dado que la Reserva es un instrumento completamente nuevo y que es casi imposible evaluar el impacto negativo real del Brexit, el CESE propone la creación de un comité de seguimiento en cada Estado miembro. Estos comités deberían estar compuestos por representantes de los interlocutores sociales, ONG e instituciones públicas que participen en la aplicación de la Reserva. Los comités deberían organizar reuniones dos veces al año como mínimo para evaluar de qué manera está contribuyendo la Reserva a reducir el impacto negativo del Brexit. El principal objetivo de los comités sería eliminar los riesgos potenciales que pudieran surgir en el proceso de aplicación, al mismo tiempo que se garantiza la participación formal de la sociedad civil en el proceso. La sociedad (no organizada) en sentido amplio debe ser informada de los avances del plan de aplicación y el informe final debe contener el resumen de la actividad de comunicación. Debe garantizarse la coordinación a escala de la UE para proteger la igualdad de condiciones en el mercado único, y el CESE debería participar activamente en esta labor, junto con el Parlamento Europeo. |
| --- | --- |

4.10

| 4.11 | El CESE propone que se aporte una mayor claridad en lo que respecta a la gobernanza de la Reserva. En particular, es importante designar un órgano de gestión para la Reserva y especificar si va a haber más de uno. |
| --- | --- |

4.11

| 4.12 | Es necesario contar con un marco de rendimiento intermedio con arreglo a indicadores específicos basados en resultados que establecerán los Estados miembros y serán evaluados anualmente por la Comisión Europea. Esto permitirá un estrecho seguimiento y evaluación del proceso de ejecución y gasto, y, al mismo tiempo, determinar qué Estados miembros no utilizan los recursos financieros o están realizando avances limitados. Un uso limitado de los fondos aumentará proporcionalmente las repercusiones económicas y sociales negativas del Brexit. |
| --- | --- |

4.12

| 4.13 | La sociedad civil deberá participar formalmente en el proceso de aplicación. La integración del Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en la gestión de la Reserva permitirá facultar «a las partes interesadas y a las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar un papel vital como organismos intermediarios, acercando los proyectos a sus beneficiarios finales» (9). El proceso de selección de los socios debería ser transparente y claro, y debería facilitarse suficiente información pertinente a las organizaciones seleccionadas. |
| --- | --- |

4.13

| 4.14 | La Comisión propone llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la eficacia, la eficiencia y el valor añadido de la Reserva antes del 30 de junio de 2026, lo que incluye la obligación de informar al Parlamento y al Consejo un año más tarde. El CESE considera que la Comisión podría informar al Parlamento y al Consejo en un plazo de tres meses, en concreto el 30 de septiembre de 2026. |
| --- | --- |

4.14

| 4.15 | A juicio del CESE, el artículo 5, apartado 1, letra a), debe modificarse como sigue: «medidas de ayuda a las empresas, a los trabajadores en transición hacia nuevas capacidades y empleos y a las comunidades locales afectadas negativamente por la retirada». Además, el artículo 5, apartado 1, letra d), debería modificarse como sigue: «medidas de apoyo a la protección de los puestos de trabajo y al empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo, reciclaje profesional y formación en los sectores afectados». Asimismo, debería modificarse el indicador 15.4 del anexo II en consecuencia. |
| --- | --- |

4.15

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(1)  Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra (DO L 444 de 31.12.2020, p. 14).

1

(2)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit [COM(2020) 854 final — 2020/0380 (COD)].

2

Brexit

(3)  Presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027 y paquete de recuperación.

3

(4)  Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

4

o

(5)  Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 90).

5

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión»

(6)  NextGenerationEU.

6

(7)  Dictamen del CESE sobre «Modificación del Fondo de Solidaridad — Brexit sin acuerdo» (DO C 14 de 15.1.2020, p. 84).

7

«Modificación del Fondo de Solidaridad — Brexit sin acuerdo»

(8)  Comisión Europea — Derechos de los ciudadanos.

8

(9)  Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión», DO C 62 de 15.2.2019, p. 90.

9

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión»

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/58 |
| --- | --- | --- | --- |

30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/58

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifican la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración]

[COM(2020) 610 final — 2020/279 (COD)]

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo

[COM(2020) 613 final — 2020/277 (COD)]

(2021/C 155/09)

| Ponente: | Dimitris DIMITRIADIS |
| --- | --- |

Ponente:

Dimitris DIMITRIADIS

| Consulta | Parlamento Europeo, 11.11.2020
  Comisión Europea, 27.11.2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en sección | 08.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 25.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 235/5/25 |

Consulta

Parlamento Europeo, 11.11.2020

Comisión Europea, 27.11.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

08.2.2021

Aprobado en el pleno

25.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

235/5/25

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | Garantizar una tramitación equilibrada de las solicitudes de asilo —de modo que las personas que necesitan protección internacional la reciban y las que no la necesitan sean devueltas efectivamente— no debe ser responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro, sino que es algo que ha de ser gestionado por la UE en su conjunto. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE reconoce que la migración es un fenómeno humano estructural, y que el asilo y la protección internacional son derechos fundamentales de las personas perseguidas y constituyen una obligación legal en virtud del Derecho internacional para los Estados parte en la Convención de Ginebra. El CESE llama la atención sobre el hecho de que los derechos fundamentales y los datos personales deben estar protegidos en el marco de las propuestas de Reglamento abordadas en el presente Dictamen. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE acoge con satisfacción la mejora que estos Reglamentos prevén en la información a los solicitantes de asilo sobre el proceso de solicitud y sobre sus derechos y obligaciones en dicho proceso, mejora que les permitirá defender más eficazmente esos derechos. El derecho de recurso se refuerza al definir el alcance del recurso y fijar un objetivo para que las resoluciones judiciales se adopten dentro de un plazo armonizado. Además, las normas sobre los recursos se han adaptado para acelerar y armonizar considerablemente el proceso de apelación. |
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1.3.

| 1.4. | El CESE también se congratula de que el derecho a la vida privada y familiar y los derechos de los menores no acompañados se refuercen ampliando el ámbito de aplicación para incluir en los criterios de reagrupación familiar a los hermanos y hermanas, así como a las familias formadas en los países de tránsito, y aplicando el principio del interés superior del menor. |
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1.4.

| 1.5. | El CESE reconoce la importancia de que las propuestas no tengan el estatuto jurídico de Directivas sino de Reglamentos, que son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en los Estados miembros de conformidad con los Tratados. Sin embargo, es necesario que todos los Reglamentos pertinentes propuestos se adopten conjuntamente para constituir una verdadera política: la no adopción de cualquiera de ellos tendría consecuencias nefastas para la aplicación del resto. Además, el hecho de que algunos Estados miembros hayan incumplido en el pasado la legislación vinculante de la UE deja un amplio margen de duda sobre la aplicación de varias disposiciones de los Reglamentos propuestos. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE acoge con satisfacción que las propuestas sean fruto de consultas exhaustivas con las partes interesadas, las autoridades nacionales y locales (1), las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales e internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (3), así como los grupos de reflexión y el mundo académico. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE se congratula de que los Reglamentos invoquen los principios de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, pero considera que esta carga no está suficientemente equilibrada por un grado de solidaridad equivalente. Dicho llanamente, la solidaridad —en forma de reubicaciones— no puede ser voluntaria. La solidaridad debe ser vinculante, en forma de reubicaciones obligatorias. |
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1.7.

| 1.8. | El CESE comparte una doble preocupación: de un lado por la seguridad de las personas que buscan protección internacional o una vida mejor y, de otro, por el bienestar de los países situados en las fronteras exteriores de la UE, que temen que las presiones migratorias superen sus capacidades. |
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1.8.

| 1.9. | El CESE coincide en que el Reglamento Dublín III no estaba diseñado para abordar situaciones de presión migratoria ni para repartir equitativamente las responsabilidades en los Estados miembros. Tampoco tenía en cuenta la situación de la gestión de los flujos migratorios mixtos y la consiguiente presión que ejercen estos flujos en los sistemas migratorios de los Estados miembros. |
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1.9.

| 1.10. | Sin embargo, dado que el concepto general del Pacto sobre Migración y Asilo (PMA) se basa en el control fronterizo y la evitación de movimientos secundarios, aumenta la carga de responsabilidad y los trastornos para los países de primera entrada, como también los aumentan las obligaciones previstas en las propuestas relativas a los controles previos y el control fronterizo. Dichas obligaciones resultan onerosas para esos países porque hacen que aumente el número de personas que deben permanecer en la frontera, con posibles consecuencias graves tanto para su propio bienestar como para las sociedades de acogida. |
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1.10.

| 1.11. | El CESE considera alentador que se reconozca la necesidad de un concepto más amplio de solidaridad y que la solidaridad debe revestir carácter obligatorio con el fin de garantizar una respuesta predecible y efectiva ante una situación cambiante, en la que el porcentaje de flujos migratorios mixtos hacia la Unión es cada vez mayor, y asegurar un reparto equitativo de responsabilidades en consonancia con el Tratado. Sin embargo, esto no satisface las expectativas de un mecanismo de solidaridad que alivie realmente la carga de los Estados de primera entrada. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE propone que la política de retorno a los países de origen propuesta cuente con el respaldo de un sistema de incentivos y desincentivos claros para terceros países. Además, la política de retorno debe abordarse previendo un papel y una participación más importantes de la UE, con políticas nacionales que ayuden en los casos en que el Estado miembro de que se trate tenga influencia sobre un tercer país concreto. Es necesario redoblar los esfuerzos en relación con el llamado triple nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz en los países de origen de los solicitantes de asilo. |
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1.12.

| 1.13. | El CESE apoyaría medidas inmediatas y obligatorias como las que se establecen en la propuesta de la Comisión Europea, puesto que un continente tan grande y rico como Europa debería poder contribuir en mayor medida a la protección efectiva de los refugiados. |
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1.13.

| 1.14. | Puesto que la elección entre la reubicación y el retorno patrocinado es voluntaria, el CESE podría aceptar una asignación obligatoria de reubicaciones, ya que si todos los Estados optasen por financiar los retornos pero deciden no practicar reubicaciones o aceptan solo un número muy reducido de estas se agravaría aún más la situación actual en los países de primera entrada. |
| --- | --- |

1.14.

| 1.15. | El CESE se plantearía estudiar la propuesta relativa a la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento para supervisar el procedimiento, desde el control previo hasta el retorno, y asegurarse de que respeta los derechos fundamentales. Estos mecanismos podrían, entre otras cosas, evitar el uso de las denominadas devoluciones forzosas. Además, deberá darse tiempo suficiente para establecer el mecanismo, ya que los procedimientos generales propuestos en el Reglamento de control y en el Reglamento sobre los procedimientos de asilo y los plazos correspondientes parecen bastante difíciles de cumplir. |
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1.15.

| 1.16. | El CESE es partidario de reforzar el Reglamento relativo a las situaciones de crisis y fuerza mayor mediante la introducción de disposiciones jurídicas sustantivas en materia de protección de datos personales. Además, sugiere ampliar el plazo para la suspensión de las obligaciones internacionales de un Estado en crisis mientras dure esta. |
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1.16.

| 1.17. | El CESE manifiesta su escepticismo respecto de la aplicación efectiva de las disposiciones previstas en la propuesta de Reglamento de que se trata, así como su preocupación por el hecho de que las personas que necesitan asilo no puedan beneficiarse de sus derechos debido a las deficiencias de los procedimientos previstos. |
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1.17.

2.   Antecedentes

| 2.1. | La crisis de 2015 reveló importantes carencias y deficiencias estructurales en la concepción y aplicación de la política europea de asilo y migración, incluido el sistema de Dublín, que no fue concebido para garantizar un reparto sostenible de responsabilidades respecto a los solicitantes de protección internacional en la UE. Las Conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018 exigieron una reforma del Reglamento de Dublín basada en un equilibrio de responsabilidades y en la solidaridad en relación con las personas desembarcadas tras operaciones de búsqueda y salvamento. |
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2.1.

| 2.2. | El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentado junto con la propuesta de un nuevo Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, pretende marcar un nuevo comienzo en materia de migración basado en un enfoque integral de la gestión de la migración. Esta propuesta establece un marco común para la gestión del asilo y la migración a escala de la UE como una contribución esencial a dicho enfoque integral y busca fomentar la confianza mutua entre los Estados miembros.
  Las recientes crisis migratorias ponen de relieve, en particular, los siguientes retos: |
| --- | --- |

2.2.

Las recientes crisis migratorias ponen de relieve, en particular, los siguientes retos:

| 2.2.1. | ausencia de un enfoque integrado para la aplicación de la política europea de asilo y migración:






  — | desigualdad de condiciones entre los Estados miembros, que obstaculiza los esfuerzos para garantizar el acceso a los procedimientos, la igualdad de trato, la claridad y la seguridad jurídica; |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

—

desigualdad de condiciones entre los Estados miembros, que obstaculiza los esfuerzos para garantizar el acceso a los procedimientos, la igualdad de trato, la claridad y la seguridad jurídica;

| 2.2.2. | ineficiencias nacionales y falta de armonización a escala de la UE en la gestión del asilo y la migración:






  — | dificultades asociadas al nexo entre retorno y asilo; |
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2.2.2.

—

dificultades asociadas al nexo entre retorno y asilo;

| — | uso limitado de los programas de retorno voluntario asistido; |
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—

uso limitado de los programas de retorno voluntario asistido;

| — | falta de procedimientos simplificados a la llegada; |
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—

falta de procedimientos simplificados a la llegada;

| — | retrasos en el acceso al procedimiento de asilo adecuado y lentitud en la tramitación de las solicitudes; |
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—

retrasos en el acceso al procedimiento de asilo adecuado y lentitud en la tramitación de las solicitudes;

| — | dificultad en el uso del procedimiento fronterizo; |
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—

dificultad en el uso del procedimiento fronterizo;

| 2.2.3. | ausencia de un mecanismo de solidaridad amplio y flexible:






  — | la reubicación no es la única respuesta eficaz para hacer frente a los flujos mixtos; |
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2.2.3.

—

la reubicación no es la única respuesta eficaz para hacer frente a los flujos mixtos;

| 2.2.4. | ineficiencias en el sistema de Dublín:






  — | ausencia de un reparto sostenible de responsabilidades en el marco del sistema actual; |
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2.2.4.

—

ausencia de un reparto sostenible de responsabilidades en el marco del sistema actual;

| — | las normas actuales sobre la transferencia de responsabilidad contribuyen a los movimientos no autorizados; |
| --- | --- |

—

las normas actuales sobre la transferencia de responsabilidad contribuyen a los movimientos no autorizados;

| — | tratamiento ineficiente de los datos; |
| --- | --- |

—

tratamiento ineficiente de los datos;

| — | las ineficiencias de procedimiento del sistema de Dublín crean una carga administrativa; |
| --- | --- |

—

las ineficiencias de procedimiento del sistema de Dublín crean una carga administrativa;

| 2.2.5. | falta de mecanismos específicos para hacer frente a situaciones extremas de crisis:






  — | dificultad de que la UE garantice el acceso al asilo u otros procedimientos en las fronteras en situaciones de crisis extrema; |
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2.2.5.

—

dificultad de que la UE garantice el acceso al asilo u otros procedimientos en las fronteras en situaciones de crisis extrema;

| 2.2.6. | ausencia de un sistema justo y eficaz para el ejercicio de los derechos fundamentales y dificultades para definir nuevas vías legales de asilo y abordar eficazmente las causas de la migración, incluidas las cuestiones humanitarias y las cuestiones relativas al desarrollo y la paz. |
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2.2.6.

| 2.3. | Se espera que las propuestas aborden estos retos de la siguiente manera: |
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2.3.

| 2.3.1. | un sistema de gestión de la migración más eficiente, fluido y armonizado:






  — | enfoque integral para una gestión eficaz del asilo (propuesta de Reglamento por el que se establece un marco común para la gestión del asilo y la migración en la UE); |
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2.3.1.

—

enfoque integral para una gestión eficaz del asilo (propuesta de Reglamento por el que se establece un marco común para la gestión del asilo y la migración en la UE);

| — | procedimiento de retorno y asilo sin fisuras y mayor facilidad de uso de los procedimientos acelerados y fronterizos; |
| --- | --- |

—

procedimiento de retorno y asilo sin fisuras y mayor facilidad de uso de los procedimientos acelerados y fronterizos;

| — | una fase de control coordinada, eficaz y rápida (propuesta de Reglamento por el que se establece el control de los nacionales de terceros países interceptados con ocasión del cruce no autorizado de las fronteras exteriores, desembarcados tras operaciones de búsqueda y salvamento o que soliciten protección internacional en los puestos fronterizos); |
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—

una fase de control coordinada, eficaz y rápida (propuesta de Reglamento por el que se establece el control de los nacionales de terceros países interceptados con ocasión del cruce no autorizado de las fronteras exteriores, desembarcados tras operaciones de búsqueda y salvamento o que soliciten protección internacional en los puestos fronterizos);

| 2.3.2. | un enfoque más justo e integral de la solidaridad y la reubicación:






  — | un mecanismo de solidaridad que prevea la solidaridad obligatoria con un ámbito de aplicación más amplio (propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración); |
| --- | --- | --- |

2.3.2.

—

un mecanismo de solidaridad que prevea la solidaridad obligatoria con un ámbito de aplicación más amplio (propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración);

| 2.3.3. | normas simplificadas y más eficientes para una gestión sólida de la migración:






  — | una definición más amplia y justa de los criterios de responsabilidad, que limite el cese y la transferencia de responsabilidad (propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración); |
| --- | --- | --- |

2.3.3.

—

una definición más amplia y justa de los criterios de responsabilidad, que limite el cese y la transferencia de responsabilidad (propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración);

| — | una recogida/tratamiento de datos más eficiente, que permita contabilizar los solicitantes en vez de las solicitudes e incluya una categoría específica para las operaciones de búsqueda y salvamento (Reglamento Eurodac refundido); |
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—

una recogida/tratamiento de datos más eficiente, que permita contabilizar los solicitantes en vez de las solicitudes e incluya una categoría específica para las operaciones de búsqueda y salvamento (Reglamento Eurodac refundido);

| — | una mejora de la eficiencia de los procedimientos (propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración); |
| --- | --- |

—

una mejora de la eficiencia de los procedimientos (propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración);

| 2.3.4. | un mecanismo específico para hacer frente a situaciones de crisis extrema (propuesta de Reglamento relativo a las situaciones de crisis); |
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2.3.4.

| 2.3.5. | una defensa más eficaz de los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo (4). |
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2.3.5.

3.   Observaciones a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifican la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración]

| 3.1. | El PMA apunta correctamente a las incoherencias entre los sistemas de asilo y retorno de los Estados miembros, y señala la necesidad de fortalecer la solidaridad interna de la UE superando las deficiencias en la aplicación, así como de mejorar y reforzar la cooperación con los países terceros. Sin embargo, no está claro si el principio de solidaridad voluntaria y selectiva ayudará a resolver los principales retos de coordinación de la última década, especialmente teniendo en cuenta que la carga recae de manera desproporcionada en los Estados de primera entrada. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Según se señala en el Dictamen SOC/649 del CESE (5), el nuevo mecanismo de solidaridad prevé que los Estados miembros puedan participar en la reubicación o el retorno patrocinado de las personas en situación irregular. El CESE alberga dudas sobre la viabilidad de este mecanismo, que se basa en una hipotética solidaridad voluntaria. No se mencionan los incentivos que serían necesarios para que los Estados miembros participaran en este mecanismo, especialmente ante la negativa de algunos de ellos a participar en el anterior programa de reubicación (6) y la falta de obligatoriedad expresa. Este mecanismo «basado en la solidaridad» también puede tener el efecto contrario de que, si no se cumple con el retorno efectivo en ocho meses, la persona en cuestión quede reubicada en el territorio del Estado miembro patrocinador, lo que da lugar a lagunas en materia de responsabilidad en relación con los derechos de las personas retornadas. Además, en el marco del nuevo mecanismo de solidaridad propuesto, se incentiva a los Estados miembros a no participar en la reubicación —la opción que supone mayor presión, dificultad y costos— sino a optar por el retorno (7). Por lo tanto, deben adoptarse medidas de solidaridad vinculantes en forma de acciones obligatorias como las contempladas en la Comunicación de la Comisión Europea. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | El CESE valora positivamente que se reduzcan de cinco años a tres los plazos para alcanzar la residencia de larga duración para las personas beneficiarias de protección internacional cuando decidan permanecer en el Estado miembro que les ha proporcionado dicha protección. Se entiende que ello busca facilitar la integración en las comunidades locales, aunque puede entenderse como una limitación de la movilidad dentro de la UE, que confirmaría que la carga sigue siendo soportada por los países de primera entrada. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | El CESE acoge con satisfacción que se plantee el concepto de un reparto equitativo de la responsabilidad; sin embargo, considera que la carga de dicha responsabilidad no está suficientemente equilibrada por un grado de solidaridad equivalente. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El CESE valora positivamente las acciones para mejorar la coordinación entre las estrategias nacionales sobre políticas de asilo y retorno, pero lamenta que se hayan formulado más propuestas relativas a la coordinación de los instrumentos de retorno que a la coordinación de los procesos de asilo y de acogida de personas refugiadas. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | El CESE toma nota de las dificultades de los países de la UE para lograr un retorno efectivo y de la voluntad de la Comisión de avanzar hacia un sistema de retornos europeo común y efectivo. La propuesta se basa en mejorar los apoyos operativos al retorno y prevé la designación de coordinadores nacionales de retornos. El CESE lamenta que no se determinen correctamente los problemas de funcionamiento de los programas de retorno (8), que hacen que esta figura —considerada estratégica— dependa de la voluntad de colaboración de los países terceros, ya sean de origen o de tránsito. Por consiguiente, la UE debería asumir un papel más importante en relación con una política global de retorno. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | El CESE sugiere que la solidaridad debe ser automática. Las obligaciones de solidaridad de los Estados de primera entrada resultan desproporcionadas. Los procedimientos siguen siendo complejos y dilatados, y no ofrecen garantías de reubicación. Solo existen procedimientos fronterizos obligatorios, sin un mecanismo de reparto automático. Las medidas que deben adoptar los Estados miembros consisten en reforzar las infraestructuras (tiendas de campaña, asistencia en especie, etc.), el apoyo financiero o los retornos voluntarios. No existen criterios claros sobre el modo en que contribuirá cada país. Esto no es eficaz —lo único que hace es aumentar la presión sobre el Estado de entrada— y su aplicación lleva mucho tiempo (ocho meses), por lo que existe el riesgo de que los solicitantes se fuguen. Lo que se necesita es un mecanismo más automático que permita una mejor distribución de los solicitantes entre todos los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | Desde ese mismo punto de vista, el CESE sugiere que no resulta práctico que a efectos de la solidaridad existan tres categorías diferentes de emergencias (casos de presión o amenaza de aumento de la presión, de crisis y de operaciones de búsqueda y rescate). Los Estados miembros tendrán que solicitar ayuda en una de estas tres categorías. La Comisión determinará si la solicitud es válida (con veintiún criterios de evaluación) y pedirá a otros países asistencia práctica, que puede adoptar dos formas principales: la reubicación y el patrocinio del retorno. Es un proceso disfuncional y lento: primero hay que pedir solidaridad, después se emite el dictamen, a continuación se abre la posibilidad de contribuir mediante solidaridad voluntaria y, finalmente, se toma la decisión que establece la solidaridad obligatoria. Incluso en el caso de la solidaridad obligatoria, la decisión de la Comisión depende del dictamen de un comité especial, y si este no emite un dictamen favorable no se adopta medida alguna. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | El CESE considera que, aparte de la falta de precisión en las definiciones proporcionadas (especialmente en el Reglamento relativo a las situaciones de crisis y fuerza mayor), el concepto de presión migratoria no está definido con claridad, a pesar de las frecuentes referencias que se hacen a él a lo largo del texto propuesto del Reglamento. |
| --- | --- |

3.9.

| 3.10. | Aunque pueda resultar atractiva la idea de que los Estados miembros practiquen retornos en función de sus relaciones con terceros países, existe la posibilidad de que esta no funcione porque cambien las condiciones en el país de origen o, sencillamente, porque los países en cuestión prohíban los retornos. También existe el problema de que, en esencia, se crean condiciones de detención: inevitablemente, las personas que van a ser retornadas permanecen en la frontera, convirtiendo al país de primera entrada en un gran centro previo a la salida. En la práctica, ni siquiera es seguro que la aceleración de los procedimientos (prevista en el Reglamento sobre el control) tenga un impacto real a la hora de aumentar el número de retornos, ya que estos dependen principalmente de la cooperación de terceros países con los que la UE aún debe negociar ofreciéndoles contrapartidas (por ejemplo, en materia de expedición de visados), aumentando las posibilidades de violación de los derechos humanos, pero también de presión sobre las comunidades locales. |
| --- | --- |

3.10.

| 3.11. | El CESE entiende que puede determinarse que el país responsable de la solicitud de asilo —que constituye la espina dorsal del nuevo procedimiento de gestión del asilo— es aquel en el que un inmigrante tiene uno o más hermanos, aquel en el que ha trabajado o estudiado o aquel en el que se ha expedido un visado. Aunque esta ampliación de los criterios es bienvenida, no hace sino confirmar la pesada carga que sigue recayendo en los países de primera entrada. |
| --- | --- |

3.11.

4.   Observaciones a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo

| 4.1. | El CESE acoge favorablemente la introducción de un componente de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo. Sin embargo, considera que las propias definiciones no resultan claras ni adecuadas. Este hecho, sumado a la existencia o inexistencia de indicadores objetivos, crea inseguridad jurídica. |
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4.1.

| 4.2. | El CESE señala que, si bien ofrece una oportunidad para una solidaridad vinculante, el Reglamento relativo a las situaciones de crisis y fuerza mayor contempla ayudas en materia de procedimientos, más que medidas de solidaridad de emergencia. La solidaridad se ve socavada por los complejos y burocráticos procedimientos necesarios para su aplicación. Es evidente que, en una situación de crisis o de presión, es necesario garantizar las reubicaciones. Además, deben adoptarse medidas para evitar situaciones de crisis en los Estados miembros. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El CESE subraya que el establecimiento de procedimientos y mecanismos para hacer frente a situaciones de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo también debe ser compatible con los derechos fundamentales y los principios generales de la Unión, así como con el Derecho internacional. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El CESE acoge con satisfacción el hecho de que, en situaciones de crisis, el Estado miembro que active el mecanismo pueda suspender sus obligaciones internacionales (por ejemplo, relativas a la tramitación de las solicitudes de asilo) durante un período máximo de tres meses. Además, este plazo debe poder prorrogarse mientras dure la crisis. Podría ser útil aclarar cómo se determinarán las situaciones de crisis y fijar puntos de referencia claros sobre la cuestión de cuándo la capacidad de un país está o podría verse sobrecargada. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | El CESE acoge favorablemente la propuesta de proporcionar a los Estados miembros el tiempo adicional que se necesita para hacer frente a las situaciones de crisis y, al mismo tiempo, asegurar un acceso eficaz y lo más rápido posible a los procedimientos y derechos pertinentes, así como el hecho de que la Comisión pueda autorizar la aplicación del procedimiento de gestión de crisis de asilo y el procedimiento de gestión de crisis de retorno por un período de seis meses, prorrogable hasta un período no superior a un año. Tras la expiración del período pertinente, los plazos ampliados previstos en los procedimientos de gestión de crisis de asilo y retorno no se deben aplicar a las nuevas solicitudes de protección internacional. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | No obstante, el CESE considera que el limitado alcance de esta propuesta —consistente en acelerar los procedimientos o ampliar sus plazos— debilita su función como mecanismo aplicable en el caso de medidas de solidaridad de emergencia. |
| --- | --- |

4.6.

| 4.7. | Aunque el CESE cree que dicha propuesta puede servir como oportunidad para defender la solidaridad vinculante, no forma parte del cuerpo del Reglamento pertinente. Por ello, el CESE considera que, para evitar incertidumbres y eliminar el riesgo de que no se adopte, la propuesta debería incorporarse al articulado del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifican la Directiva 2003/109/CE del Consejo y de la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración], ya que ninguno de los Reglamentos puede existir sin el otro. |
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4.7.

Bruselas, 25 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(1)  Por ejemplo, el Plan de acción de Berlín sobre una nueva política europea de asilo, de 25 de noviembre de 2019, firmado por 33 organizaciones y municipios.

1

(2)  Recomendaciones del ACNUR para la propuesta de Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión Europea, enero de 2020.

2

(3)  Recomendaciones de la OIM relativas al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, febrero de 2020.

3

(4)  SWD (2020) 207 final.

4

(5)  DO C 123 de 9.4.2021, p. 15.

5

(6)  Sentencia acumulada C-715/17, C-718/17 y C-719/17 Comisión/Polonia, Comisión/Hungría y Comisión/República Checa.

6

(7)  Desgraciadamente, no existen salvaguardias contra situaciones en las que algunos gobiernos decidan convertirse en agentes clave del retorno como parte de una estrategia de movilización populista contra migrantes y refugiados.

7

(8)  Comunicación COM(2017) 200 final.

8

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/64 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/64

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre

la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE

[COM (2020) 611 final – 2016/224-COD]

la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817

[COM(2020) 612 final – 2020-278-COD]

la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de datos biométricos para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración] y del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento], para la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación irregular, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818.

[COM(2020) 614 final – 2016/-132 (COD)]

(2021/C 155/10)

Ponente:
  Panagiotis GKOFAS

| Consulta | Comisión Europea, 27.11.2020 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| | |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en sección | 8.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 25.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 210/9/28 |

Consulta

Comisión Europea, 27.11.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

8.2.2021

Aprobado en el pleno

25.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

210/9/28

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1 | El CESE toma nota del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que tiene por objeto abordar un fenómeno polifacético y complejo. El CESE considera que los nuevos Reglamentos contribuyen de modo positivo a una seguridad fronteriza de la UE más eficaz. Se está estableciendo un proceso mejor y más seguro para controlar a las personas que entran en la UE. Sin embargo, hace mucho tiempo que se necesita una estrategia integrada y común de la UE que sea resiliente y orientada al futuro. Por desgracia, en lo que respecta a la cuestión de la migración y el asilo, las propuestas actuales no pueden definirse como un claro paso adelante, paso que resulta muy necesario. Por si fuera poco, los cuatro o cinco Estados miembros afectados tendrán que crear «centros cerrados», basándose en el principio de «no entrada» (1)
  , para acoger a las personas durante un período máximo de seis o siete meses, si no más, hasta que se conozca el resultado de los procedimientos, lo que dará lugar a situaciones mucho peores que antes. |
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1.1

| 1.2 | La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deben hacer más y mayores esfuerzos. Varios Dictámenes recientes del CESE [SOC/649 (2) y SOC/669 (3)] critican aspectos clave tanto del Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración (RAM) como del Reglamento sobre los procedimientos de asilo (RPA). El CESE desea señalar también que, a la luz de su examen de los nueve Reglamentos y de sus contactos con la Comisión, las perspectivas de aplicación de estas nueve normativas diferentes parecen problemáticas en varios aspectos. Es necesaria una estrategia más exhaustiva en materia de migración para garantizar mejores sinergias entre los distintos Reglamentos de la UE y dar respuesta a cuestiones importantes en los Estados miembros que se ven más afectados por la migración. |
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1.2

| 1.3 | El CESE quiere expresar su preocupación por los nuevos procedimientos fronterizos, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de proteger el derecho a solicitar asilo y a las siguientes cuestiones:






  — | el concepto erróneo de «países con bajas tasas de reconocimiento de asilo»; |
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1.3

—

el concepto erróneo de «países con bajas tasas de reconocimiento de asilo»;

| — | el uso de conceptos jurídicos mal definidos («amenaza para la seguridad», «orden público») que generan inseguridad jurídica; |
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—

el uso de conceptos jurídicos mal definidos («amenaza para la seguridad», «orden público») que generan inseguridad jurídica;

| — | los niños extranjeros de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, que también se consideran «niños» con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989; |
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los niños extranjeros de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, que también se consideran «niños» con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989;

| — | cómo y dónde se va a mantener a las personas durante el procedimiento fronterizo, y cómo evitar un limbo jurídico garantizando el derecho a una tutela judicial efectiva. |
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cómo y dónde se va a mantener a las personas durante el procedimiento fronterizo, y cómo evitar un limbo jurídico garantizando el derecho a una tutela judicial efectiva.

| 1.4 | El CESE reconoce el valor añadido que aportan, y lo necesarios que resultan, unos procedimientos de asilo comunes, integrales y eficaces que respeten los convenios internacionales y las garantías jurídicas y despierten la confianza de la UE y de sus Estados miembros como resultado de unos mecanismos tangibles de solidaridad y de un reparto equitativo de las responsabilidades y los compromisos. Sin embargo, en esta propuesta de la Comisión no se aprecia por ninguna parte dicho sistema común de asilo: un sistema que sea integral, demuestre solidaridad y distribuya equitativamente la responsabilidad entre los Estados miembros. La disposición relativa a la solidaridad también debe incluirse en el RPA, inmediatamente después de que se haya llevado a cabo el control, y con ayuda informática de Eurodac. Si la «solidaridad obligatoria» no adopta la forma de «reubicación obligatoria» con arreglo a las disposiciones del RPA, o si no se crean procedimientos que permitan a las personas solicitar asilo en los Estados miembros de la UE sin necesidad de cruzar las fronteras de la Unión, en la práctica el Reglamento no será operativo. También debería haber incentivos y desincentivos para la reubicación y, en cualquier caso, debería ser posible que el proceso del RPA se lleve a cabo en otros Estados miembros y no exclusivamente en el país de primera entrada. |
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1.4

| 1.5 | El CESE hace hincapie en que la eficacia de los nuevos procedimientos propuestos debe medirse constantemente mediante sistemas que supervisen el respeto de los derechos fundamentales, en particular en lo que se refiere a los derechos de las personas vulnerables y los niños, a la evaluación individualizada de las solicitudes de asilo y a la posibilidad de recurso efectivo. No obstante, cabe preguntarse dónde y cómo se va a aplicar el Nuevo Pacto mejorado y la propuestas que lo acompañan, con qué tipo de mecanismos de solidaridad, reubicación o reasentamiento. |
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1.5

| 1.6 | El CESE apoya un sistema informático de gestión de la migración más integrado y equilibrado que se fundamente en una base de datos Eurodac mejorada y centrada en las solicitudes y los solicitantes. El CESE pensaba que la Comisión reconocía la necesidad de un enfoque común para el control previo obligatorio de las huellas dactilares y de los riesgos sanitarios y de seguridad antes de la entrada; pero, desgraciadamente, a pesar del complejo sistema propuesto no existe la posibilidad de que una persona solicite asilo en un Estado miembro distinto del país de primera entrada, algo que tendría que ser posible. Las normas sobre la determinación del Estado miembro responsable de la tramitación de una solicitud de asilo, establecidas actualmente en el RAM, deberían establecerse en el RPA, ofreciendo a través de Eurodac la oportunidad de que las solicitudes también sean tramitadas por otros Estados miembros. |
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1.6

| 1.7 | Aunque el CESE apoya nuevos procedimientos de decisión más rápidos en las fronteras de la UE, respetando todos los derechos fundamentales, los derechos humanos y los procedimientos legales, surgen innumerables preguntas, entre ellas las siguientes: ¿Cómo aplicamos y garantizamos estos procedimientos? ¿Cómo aplicamos los retornos? ¿Dónde está la solidaridad en el RPA, por no mencionar el RAM, si es que acaso hay alguna disposición en materia de solidaridad? Cuando se concede asilo a una persona, ¿puede esta desplazarse a otro Estado miembro que no sea el país de primera entrada (4)? ¿Pueden los Estados miembros conceder asilo para proteger a personas necesitadas o empezarán a rechazarlas? Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que verifique y explique exhaustivamente todos los elementos de la propuesta y, en particular, que responda a una pregunta: ¿Cómo mejora este Nuevo Pacto el procedimiento común de asilo y en qué medida respeta el derecho de solicitar asilo? |
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1.7

| 1.8 | El CESE manifiesta su preocupación por la aplicación de los nuevos procedimientos de control de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores. Este nuevo mecanismo aumenta la presión sobre los Estados miembros de la UE que poseen fronteras marítimas exteriores de la UE y promueve la creación de centros cerrados en las fronteras exteriores o cerca de ellas. Centros similares han suscitado honda preocupación en cuanto a la protección de los derechos humanos y la garantía de unas condiciones de vida aceptables para los residentes. |
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1.8

| 1.9 | Los procedimientos fronterizos tendrán como resultado bien la concesión de asilo, bien el rechazo y el retorno. En el caso de concederse el asilo, el Estado miembro que lo concede es responsable de integrar a las personas afectadas. Sin embargo, en la situación prevista por el Nuevo Pacto, esto implica integrarlas en los países del sur, sin posibilidad de reubicación en los demás Estados miembros ni de la solidaridad de estos. Si no se concede el asilo, el Estado miembro debe retornar al solicitante de asilo rechazado. Este enfoque debe buscar formas de establecer acuerdos de la UE con los terceros países de origen y tránsito y garantizar procedimientos eficaces conforme a lo previsto por el Derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos. No es posible establecer acuerdos individuales entre Estados miembros por separado, y la Comisión tampoco hace mención alguna a tal procedimiento. |
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1.9

| 1.10 | Se supone que los desafíos de la gestión de la migración —referidos en particular a garantizar una identificación rápida de aquellos que necesiten protección internacional o a aplicar los retornos en la práctica (en el caso de las personas que no necesiten protección)— deben ser tratados «de manera uniforme» por la UE en su conjunto, pero no puede considerarse que las propuestas actuales lo hagan así. De hecho, es una cuestión de la que solo debe ocuparse el Estado miembro de primera entrada y no existe un reparto equitativo de la carga, por ejemplo, a través de la reubicación obligatoria de los solicitantes de asilo durante el procedimiento del RPA y el examen de la solicitud de asilo. |
| --- | --- |

1.10

| 1.11 | En particular, es importante establecer un procedimiento mejor que permita identificar a las personas con poca probabilidad de recibir protección en la UE (5). La propuesta de la Comisión establece un
  control previo a la entrada
  que debe aplicarse a todos los nacionales de terceros países que lleguen a la frontera exterior sin cumplir las condiciones de entrada o sean desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento. Pero, lamentablemente, este «control previo a la entrada» se lleva a cabo en el territorio del país de primera entrada en la UE, en la frontera. El hecho de que el control sea «previo» significa que la persona en cuestión va a un «centro de detención cerrado» y permanece en él, sin posibilidad de desplazarse hasta que las autoridades del Estado miembro decidan concederle asilo (6) o retornarlo al país de origen o de tránsito, y solo si tal retorno es posible, algo que no ocurre en la mayoría de los casos. |
| --- | --- |

1.11

| 1.12 | El CESE apoya el marco de la UE que establece normas uniformes para el control de migrantes irregulares interceptados dentro del territorio y que han eludido los controles fronterizos al entrar en el espacio Schengen. El objetivo es proteger el espacio Schengen y garantizar una gestión eficiente de la migración irregular o ilegal. |
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1.12

| 1.13 | El CESE pide a las instituciones, las agencias y los interlocutores sociales de la UE que participen en la elaboración de políticas y programas adicionales (asociaciones en materia de talentos), intercambios de buenas prácticas y programas multilaterales de hermanamiento en relación con los «corredores humanitarios» existentes. También solicita que se elaboren nuevos marcos jurídicos, que se introduzcan procedimientos rápidos que permitan un uso más generalizado y por un mayor número de personas del visado humanitario [mediante la adaptación de las disposiciones actuales del artículo 25 del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (7)], y que se incluya también el «patrocinio» como canal legal ordinario para la entrada en el ámbito de las políticas de inmigración, aplicable a los nacionales de terceros países no pertenecientes a la UE. El CESE señala a la atención de los colegisladores que la legislación existente de la UE, como el Acuerdo de Schengen y el Tratado de Lisboa, ya prevé «la protección subsidiaria y la protección temporal» para quienes huyen de guerras o catástrofes naturales. Esto demuestra que, utilizando instrumentos legislativos ya disponibles para los Estados miembros de la Unión Europea, es posible garantizar la entrada regular de personas vulnerables necesitadas de protección internacional. |
| --- | --- |

1.13

2.   Observaciones generales y específicas

| 2.1 | El Nuevo Pacto europeo aboga por una elaboración de políticas integrada que aúne políticas en los ámbitos del asilo, de la migración, de los retornos, de la protección de las fronteras exteriores, de la lucha contra la trata de migrantes y de las relaciones con terceros países clave y refleje una perspectiva de la Administración en su conjunto. Sin embargo, en última instancia las propuestas de Reglamento objeto de examen supondrán una enorme carga para los Estados miembros del sur de Europa, con la consecuencia inevitable de que los Reglamentos serán inaplicables y no lograrán el resultado deseado. Tras un período de tiempo razonable, los Estados miembros se verán obligados de facto a rechazar numerosas solicitudes de asilo, incluso aunque cumplan las condiciones para la concesión del asilo, con el fin de evitar un aumento del número de personas a las que se mantiene concentradas en condiciones inhumanas. |
| --- | --- |

2.1

| 2.2 | Los Estados miembros del sur de Europa no tienen otra opción que verse convertidos en centros de detención o en centros previos a la salida. |
| --- | --- |

2.2

| 2.3 | El presente Dictamen se centrará en tres de los nueve instrumentos incluidos en el Nuevo Pacto: i) un nuevo Reglamento sobre el control; ii) una propuesta modificada de revisión del Reglamento sobre los procedimientos de asilo; y iii) una propuesta modificada de refundición del Reglamento Eurodac. |
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2.3

3.   Observaciones específicas sobre el nuevo Reglamento sobre el control

| 3.1 | El nuevo Reglamento sobre control propone un procedimiento control previo a la entrada practicado en el territorio del país de primera entrada, que debe aplicarse a todos los nacionales de terceros países que lleguen a la frontera exterior sin cumplir las condiciones de entrada o sean desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento. |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Los datos disponibles demuestran que la llegada de nacionales de terceros países con evidentes necesidades de protección internacional, como la que se observó en el período 2015-2016, se ha visto sustituida en parte por llegadas mixtas de personas. |
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3.2

3.3   Observaciones específicas sobre los objetivos y elementos principales del procedimiento de control

| 3.3.1 | El objetivo del control es contribuir al nuevo enfoque integral sobre la migración y los flujos mixtos garantizando que la identidad de las personas, así como cualquier riesgo en materia de salud o seguridad, queden rápidamente establecidos, y que se remita sin demora al procedimiento adecuado a todos los nacionales de terceros países que lleguen a la frontera exterior sin cumplir las condiciones de entrada o sean desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento. El objetivo también debe ser proporcionar una herramienta útil y permitir al resto de los países de la UE participar y evaluar también al solicitante durante el procedimiento del RPA. |
| --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | La propuesta establece que los derechos fundamentales de las personas afectadas deben ser protegidos mediante un mecanismo que deben establecer los Estados miembros. |
| --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | En particular, el control debe consistir en:






  a) | un chequeo médico y una evaluación de la vulnerabilidad preliminares; |
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3.3.3

a)

un chequeo médico y una evaluación de la vulnerabilidad preliminares;

| b) | un control de la identidad respecto a la información que figura en las bases de datos europeas; |
| --- | --- |

b)

un control de la identidad respecto a la información que figura en las bases de datos europeas;

| c) | el registro de los datos biométricos (datos dactiloscópicos y de imagen facial) en las bases de datos apropiadas, siempre que no se haya realizado con anterioridad, y |
| --- | --- |

c)

el registro de los datos biométricos (datos dactiloscópicos y de imagen facial) en las bases de datos apropiadas, siempre que no se haya realizado con anterioridad, y

| d) | un control de seguridad mediante una consulta a las bases de datos nacionales y de la Unión pertinentes, en particular el Sistema de Información de Schengen (SIS), para verificar que la persona no constituye una amenaza para la seguridad interior. |
| --- | --- |

d)

un control de seguridad mediante una consulta a las bases de datos nacionales y de la Unión pertinentes, en particular el Sistema de Información de Schengen (SIS), para verificar que la persona no constituye una amenaza para la seguridad interior.

| 3.3.4 | El control deberá ser obligatorio y aplicarse no solo en los países de primera entrada sino en todos los Estados miembros, en consonancia con el principio de solidaridad de la UE. Tal como se describe en el Nuevo Pacto, el procedimiento del RPA solo se llevará a cabo en los países de primera entrada. Si la «solidaridad obligatoria» no adopta la forma de «reubicación obligatoria» con arreglo a las disposiciones del RPA, o si no se crean procedimientos que permitan a las personas solicitar asilo en los Estados miembros de la UE sin necesidad de cruzar las fronteras de la Unión, en la práctica el Reglamento no será operativo. También debería haber incentivos y desincentivos para la reubicación y, en cualquier caso, debería ser posible que el proceso del RPA se lleve a cabo en otros Estados miembros y no exclusivamente en el país de primera entrada. |
| --- | --- |

3.3.4

| 3.3.5 | Se espera que el control propuesto aporte valor añadido a los procedimientos actuales; con excepción de las cuestiones sanitarias, dicho control no debe llevarse a cabo únicamente en aquellos países que poseen fronteras exteriores. |
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3.3.5

| 3.3.6 | En particular, un mecanismo de supervisión efectivo y continuado debe cubrir el respeto de los derechos fundamentales en relación con el control, así como el respeto de las normas nacionales aplicables en caso de detención y el cumplimiento del principio de no devolución. Además, debe garantizar que las reclamaciones se procesan de forma diligente y adecuada. |
| --- | --- |

3.3.6

| 3.3.7 | La propuesta reconoce el papel de las agencias de la UE (Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea, las cuales pueden acompañar y apoyar a las autoridades competentes en todas sus tareas relacionadas con el control), pero no resulta lo suficientemente clara. También atribuye a la Agencia de los Derechos Fundamentales una función importante, aunque totalmente opaca, a la hora de ayudar a los Estados miembros a elaborar los mecanismos independientes para supervisar el respeto de los derechos fundamentales en relación con el control, así como el respeto de las normas nacionales aplicables en caso de detención y el cumplimiento del principio de no devolución. |
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3.3.7

4.   Propuesta modificada de revisión del Reglamento sobre los procedimientos de asilo

| 4.1 | El CESE considera adecuada la elección de una nueva propuesta legislativa modificada que adopta la forma de un Reglamento de la UE en lugar de una Directiva como hasta ahora. No obstante, para el CESE se plantea claramente la pregunta de cómo podrá ejecutarse y aplicarse en todos los Estados miembros, en particular en aquellos que han sido objeto de procedimientos de infracción. El CESE solo puede apoyar esta propuesta si no convierte a los Estados miembros del sur en centros de detención de personas o centros previos a la salida. |
| --- | --- |

4.1

| 4.2 | El CESE acoge favorablemente la intención de la propuesta de la Comisión de mejorar la coordinación y los procedimientos comunes para la concesión y retirada de la protección internacional, así como para una mayor armonización de las decisiones en materia de asilo y retorno. Sin embargo, lamenta que se hayan presentado más propuestas para coordinar la puesta en marcha de centros de detención cerrados en los países de primera entrada que en relación con el sistema común de asilo y se haya impuesto a los países de primera entrada la obligación exclusiva de gestionar a los solicitantes de asilo. Esto provoca la impresión general de que las propuestas que deben aplicarse se dirigen a los países del sur, sin referencia alguna a la reubicación durante la aplicación de los «procedimientos fronterizos». |
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4.2

| 4.3 | Además, el CESE lamenta que en la propuesta no se hayan señalado adecuadamente los posibles problemas en el funcionamiento de los programas de retorno, sobre todo en lo que se refiere a la voluntad práctica de cooperación con la UE entre los países no pertenecientes a esta, los países de origen o los países de tránsito. |
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4.3

| 4.4 | El CESE subraya la urgente necesidad de una estrategia más integral basada en un sistema de responsabilidad equilibrada y compartida para la gobernanza de los flujos migratorios entre la UE y terceros países. |
| --- | --- |

4.4

| 4.5 | Además, el CESE hace hincapié en la necesidad de proporcionar una protección adecuada a las familias con menores e insta a la Comisión a que preste especial atención a los menores no acompañados, a la eficacia global de los procedimientos de orientación en materia de asilo, a los indicadores relativos a los estándares operativos y a la recopilación de ejemplos de buenas prácticas (publicadas por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo [EASO]). No es aceptable que un niño solo se considere como tal si es menor de 12 años, y no menor de 18 años, de conformidad con el Derecho internacional. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. |
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4.5

| 4.6 | En consultas recientes, las organizaciones de la sociedad civil han propuesto que se revisen determinadas normas relativas a la determinación de la responsabilidad y se prevea un mecanismo de solidaridad obligatorio que incluya a las personas desembarcadas después de operaciones de búsqueda y salvamento. Las organizaciones no gubernamentales también han abogado por definir una interpretación común de la responsabilidad entre los Estados miembros y han reclamado que en la revisión de las normas de Dublín se incluya un mecanismo de reubicación más permanente (8)
  . El CESE se pregunta cómo podrá aplicarse de manera realista en el marco de la nueva propuesta modificada un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros que funcione adecuadamente. Las normas sobre la determinación del Estado miembro responsable de tramitar una solicitud de asilo, actualmente establecidas en el RAM, deben figurar en el RPA, ofreciendo a través de Eurodac la oportunidad de que las solicitudes sean tramitadas también por otros Estados miembros. |
| --- | --- |

4.6

5.   Modificación de la propuesta de 2016 relativa a la refundición del Reglamento Eurodac

| 5.1 | La modificación de la propuesta de 2016 de refundición del Reglamento Eurodac pretende establecer un vínculo claro y coherente entre cada persona y los procedimientos a los que está sometida con el fin de mejorar el control de la migración irregular y la detección de movimientos no autorizados. |
| --- | --- |

5.1

| 5.2 | El principal objetivo de Eurodac es identificar a los solicitantes de asilo y facilitar, mediante datos dactiloscópicos y de imagen facial («biometría»), la aportación de pruebas para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en la UE. |
| --- | --- |

5.2

| 5.3 | El CESE no está convencido de que el uso de Eurodac (9) sea el instrumento adecuado para luchar contra la migración irregular, ni de que ayude eficazmente a los Estados miembros a supervisar la concesión de asistencia para el retorno voluntario y la reintegración (10). |
| --- | --- |

5.3

| 5.4 | La propuesta que modifica la propuesta de 2016 se basa en el acuerdo provisional entre los colegisladores, complementa las citadas modificaciones y tiene el objetivo de transformar Eurodac en una base de datos europea común que sirva de apoyo a las políticas de la UE en materia de asilo, reasentamiento y migración irregular. |
| --- | --- |

5.4

| 5.5 | Además, se pretende recoger datos más precisos y completos en los que basar la elaboración de políticas y, de esta forma, prestar mejor asistencia en relación con el control de la migración irregular y la detección de movimientos no autorizados mediante el recuento de solicitantes y no solo de solicitudes. Sin embargo, el CESE considera que este complejo sistema también debe ofrecer a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo en otro Estado miembro, sin verse limitados al país de primera entrada. |
| --- | --- |

5.5

| 5.6 | Otro objetivo de Eurodac es ayudar a hallar soluciones adecuadas para la política en este ámbito facilitando la elaboración de estadísticas mediante la combinación de datos procedentes de distintas bases de datos. |
| --- | --- |

5.6

| 5.7 | El CESE coincide en que las normas comunes sobre la toma de impresiones dactilares y la captación de datos de imagen facial para nacionales de terceros países a efectos de Eurodac deben aplicarse de la misma manera en todos los Estados miembros. |
| --- | --- |

5.7

| 5.8 | El CESE está a favor de crear un instrumento de conocimiento que facilite a la Unión Europea información sobre el número de nacionales de terceros países que entran en la UE irregularmente o tras operaciones de búsqueda y salvamento y que solicitan protección internacional, datos que resultan indispensables para la elaboración de políticas sostenibles y basadas en datos reales en el ámbito de la política de migración y de visados. |
| --- | --- |

5.8

| 5.9 | Con Eurodac también se pretende proporcionar apoyo adicional a las autoridades nacionales que atienden a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes ya han sido rechazadas en otro Estado miembro, marcando las solicitudes denegadas, pero se debe dar a las autoridades nacionales el derecho de reexaminar una solicitud tramitada por otro Estado miembro. |
| --- | --- |

5.9

Bruselas, 25 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

---

(1)  El concepto de «no entrada» es algo que ha existido tanto en el acervo de Schengen como en el acervo en materia de asilo (artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo).

1

(2)  DO C 123 de 9.4.2021, p. 15.

2

(3)  Véase la página 58 del presente Diario Oficial.

3

(4)  De conformidad con las disposiciones del Reglamento de reconocimiento, los derechos y beneficios derivados del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria están vinculados al Estado miembro que lo concedió.

4

(5)  El porcentaje de migrantes que llegan de países con tasas de reconocimiento inferiores al 25 % pasó del 14 % en 2015 al 57 % en 2018.

5

(6)  Con respecto a proceder al internamiento durante los procedimientos fronterizos, véanse los apartados 179 y 183 de la sentencia del TJUE C-808/18: «[...] los Estados miembros están autorizados, en efecto, a proceder al “internamiento”, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2013/33, de los solicitantes de protección internacional que se presenten en sus fronteras, antes de concederles el derecho a entrar en su territorio, en las condiciones enunciadas en el artículo 43 y con objeto de asegurar la efectividad de los procedimientos que este artículo contempla»; «[...], del artículo 43, apartado 1, de la Directiva 2013/32 resulta que el internamiento basado en esta disposición solo se justifica a los efectos de permitir al Estado miembro de que se trate examinar, antes de reconocer al solicitante de protección internacional el derecho a entrar en su territorio, si su solicitud no es inadmisible[...] o si no debe denegarse por infundada[...]».

6

«[...] los Estados miembros están autorizados, en efecto, a proceder al “internamiento”, en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2013/33, de los solicitantes de protección internacional que se presenten en sus fronteras, antes de concederles el derecho a entrar en su territorio, en las condiciones enunciadas en el artículo 43 y con objeto de asegurar la efectividad de los procedimientos que este artículo contempla»; «[...], del artículo 43, apartado 1, de la Directiva 2013/32 resulta que el internamiento basado en esta disposición solo se justifica a los efectos de permitir al Estado miembro de que se trate examinar, antes de reconocer al solicitante de protección internacional el derecho a entrar en su territorio, si su solicitud no es inadmisible[...] o si no debe denegarse por infundada[...]».

(7)  Reglamento (CE) n o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).

7

o

(8)  Informe del Proyecto CEPS, «Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean.
  Sailing Away from Responsibility? [Disposiciones en materia de búsqueda y salvamento, desembarco y reubicación en el Mediterráneo. ¿Estamos eludiendo responsabilidades?], junio de 2019.

8

«Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean.

Sailing Away from Responsibility?

(9)  Mejorará las capacidades de supervisión de los Estados miembros en este ámbito e impedirá el retorno voluntario asistido y la reintegración «a la carta» («shopping»), ya que los Estados miembros tendrán acceso inmediato a esta información y una persona a la que se conceda asistencia en un Estado miembro tendrá que abstenerse de trasladarse a otro Estado miembro con el objetivo de obtener asistencia, de otro tipo o mejor. En la actualidad, los Estados miembros no disponen de una base de datos común ni de ninguna forma de averiguar si una persona retornada ya se ha beneficiado de apoyo al retorno y a la reintegración. Esta información es esencial para luchar contra el uso indebido y los beneficios dobles.

9

(10)  El Sistema de Entradas y Salidas permite a los Estados miembros detectar a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular pese a haber entrado legalmente en la UE. Sin embargo, no existe un sistema de este tipo para identificar a los nacionales de terceros países en situación irregular que entran en la UE de forma irregular en las fronteras exteriores. El actual sistema Eurodac es la base de datos ideal para albergar esta información, ya que ya contiene dichos datos. Por el momento, la finalidad de la recogida de estos datos se limita a ayudar a determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo. La identificación de los nacionales de terceros países en situación irregular y de las personas que hayan entrado en la Unión Europea de forma irregular por las fronteras exteriores ayudará en particular a los Estados miembros a redocumentar a los nacionales de terceros países con vistas a su retorno.

10

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ANEXO

La enmienda siguiente, que obtuvo al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso de los debates (artículo 43.2 del Reglamento interno):

Punto 2.2

Modifíquese de la manera siguiente:

| 2.2 | Los Estados miembros del sur de Europa no tienen otra opción que verse convertidos en centros de detención o en
  establecer centros cerrados previos a la salida en los que la situación de los solicitantes de asilo es muy problemática en lo que respecta a las condiciones de vida y los derechos. |
| --- | --- |

2.2

Exposición de motivos

Es muy fácil malinterpretar el texto en su redacción actual, ya que los países en sí mismos no se convierten ni en centros de detención ni en otra cosa. En los países se establecen centros previos a la salida.

Resultado de la votación:

| A favor: | 96 |
| --- | --- |
| En contra: | 100 |
| Abstenciones: | 47 |

A favor:

96

En contra:

100

Abstenciones:

47

Los siguientes puntos del Dictamen de la Sección fueron modificados al aprobar la Asamblea las enmiendas correspondientes, pero obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos (artículo 43, apartado 2, del Reglamento interno):

| 1.1 | El CESE toma nota del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que tiene por objeto abordar un fenómeno polifacético y complejo. El CESE considera que los nuevos Reglamentos contribuyen de modo positivo a una seguridad fronteriza de la UE más eficaz. Se está estableciendo un proceso mejor y más seguro para controlar a las personas que entran en la UE. Sin embargo, hace mucho tiempo que se necesita una estrategia integrada y común de la UE que sea resiliente y orientada al futuro. Por desgracia, en lo que respecta a la cuestión de la migración y el asilo, la Comisión vuelve a presentar la misma receta de siempre, recalentada pero, como viene siendo costumbre, servida fríamente a los países del sur de Europa.

  Por si fuera poco, los cuatro o cinco Estados miembros afectados se convertirán en «centros de detención cerrados»
   (1)

  de personas durante un período de al menos seis o siete meses, si no más, hasta que se conozca el resultado de los procedimientos, lo que dará lugar a situaciones veinte veces peores que antes. |
| --- | --- |

1.1

Resultado de la votación:

| A favor: | 105 |
| --- | --- |
| En contra: | 99 |
| Abstenciones: | 43 |

A favor:

105

En contra:

99

Abstenciones:

43

| 1.2 | El CESE quiere señalar lo que parece una falta de buena voluntad por parte de la Comisión en relación con sus sugerencias. Todos sus Dictámenes (SOC/649, SOC/669 y SOC/670) critican la adopción tanto del Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración (RAM) como del Reglamento sobre los procedimientos de asilo (RPA). El CESE desea señalar también que, a la luz de su examen de los nueve Reglamentos y de sus contactos con la Comisión, las perspectivas de aplicación de estas nueve normativas diferentes parecen disfuncionales. Es típico de la Comisión no tratar la inmigración como un solo asunto, y afirmar más bien que cualquier propuesta o sugerencia corresponde al ámbito de otro Reglamento En consecuencia, ninguna cuestión puede quedar relacionada con un vínculo sustancial, lo que significa que cada una de ellas se considera individualmente dentro del ámbito de aplicación exclusivo de cada Reglamento. Dicho de otro modo, «echamos la pelota en el campo de otra norma con cada observación», o la Comisión simplemente se desentiende de todas las observaciones aduciendo que están sujetas a normas diferentes. |
| --- | --- |

1.2

Resultado de la votación:

| A favor: | 101 |
| --- | --- |
| En contra: | 97 |
| Abstenciones: | 41 |

A favor:

101

En contra:

97

Abstenciones:

41

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(1)  El concepto de «no entrada» es algo que ha existido tanto en el acervo de Schengen como en el acervo en materia de asilo (artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo).

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/73 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/73

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas

[COM(2020) 662 final]

(2021/C 155/11)

| Ponente: | Pierre Jean COULON |
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| Coponente: | Aurel Laurenţiu PLOSCEANU |

Ponente:

Pierre Jean COULON

Coponente:

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

| Consulta | Comisión Europea, 11.11.2020 |
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| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Aprobado en sección | 11.2.2021 |
| Aprobado en el pleno | 24.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 212/0/5 |

Consulta

Comisión Europea, 11.11.2020

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

11.2.2021

Aprobado en el pleno

24.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

212/0/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE acoge favorablemente la adopción por parte de la Comisión Europea de una propuesta de estrategia de la Unión titulada «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas». Esta estrategia constituye una necesidad absoluta e indispensable para la Unión Europea y sus ciudadanos, estrategia que el CESE pretende apoyar e impulsar activamente con sus reflexiones y propuestas. |
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1.1.

| 1.2. | El CESE considera en efecto que, con un 40 % del consumo total de energía de la Unión, las viviendas y demás edificios deben someterse a una oleada de renovaciones de este tipo iniciada por la Unión Europea, como parte de un enfoque global de inversión a largo plazo orientado al interés general, el desarrollo sostenible, la protección de la salud (incluido el tratamiento del amianto durante los trabajos), la transición ecológica y la aplicación efectiva del pilar europeo de derechos sociales en materia de vivienda sostenible y asequible. |
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1.2.

| 1.3. | Por lo tanto, el CESE apoya la estrategia de la oleada de renovación, ya que se trata de un enfoque beneficioso para la Unión Europea, y ello por partida triple: para el clima, para la recuperación —a través de los puestos de trabajo locales que puede generar— y, por último, tanto para la lucha contra la pandemia y la pobreza energética como para la promoción de viviendas asequibles para todos, incluidas las personas vulnerables. |
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1.3.

| 1.4. | El CESE considera que esta estrategia, dada su especial dimensión y su proyección hacia 2050, requiere un marco jurídico y financiero estable, comprensible y adaptado, tanto mediante la aplicación de un fondo europeo de inversiones específico, planes de inversión plurianuales y un nuevo «semestre verde», como mediante la creación de un marco jurídico específico y adaptado en materia, por ejemplo, de ayudas estatales, tipos de IVA aplicables, contratación pública, hipotecas «verdes» y normas de rendimiento energético. |
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1.4.

| 1.5. | El CESE pide a la Comisión que establezca incentivos para el desarrollo, a nivel local, de sectores para la industrialización de los procesos de renovación térmica y su masificación, y que instaure asimismo un nuevo «Erasmus para la renovación térmica 2050», con el fin de atraer a los jóvenes europeos a estos nuevos puestos de trabajo con futuro. |
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1.5.

| 1.6. | El CESE también pide que se anime a los Estados miembros, según el ejemplo del programa ELENA del BEI, a poner en marcha servicios públicos de diagnóstico, asistencia técnica y asesoramiento, en particular para los hogares, a fin de evitar cualquier práctica abusiva de captación y fraude contra los mecanismos de apoyo a la renovación térmica. |
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1.6.

| 1.7. | El CESE considera, ante todo, que esta estrategia debería permitir a la Unión Europea acercarse a sus ciudadanos y territorios mediante una comunicación adaptada a los mecanismos en vigor y a sus modalidades de acceso. |
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1.7.

| 1.8. | El CESE pide que se establezca una auténtica sinergia entre el Observatorio del Parque Inmobiliario y el Observatorio de la Pobreza Energética. |
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1.8.

2.   Observaciones generales

| 2.1. | El CESE acoge favorablemente la adopción por parte de la Comisión Europea de la Comunicación «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas». La renovación a gran escala de edificios en la Unión Europea —viviendas privadas y sociales, edificios públicos y de uso profesional— constituye hoy una necesidad absoluta, habida cuenta de la insuficiencia estructural de las inversiones a largo plazo en este ámbito y de las repercusiones climáticas, medioambientales, económicas y sociales, así como del coste de la inacción. |
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2.1.

| 2.2. | El Comité apoya esta estrategia propuesta por la Comisión sobre la base del objetivo de neutralidad climática, la aplicación de los principios de circularidad, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la competitividad de Europa, la protección del patrimonio cultural y, sobre todo, el derecho a una vivienda asequible, habitable, accesible y saludable, con arreglo al principio 19 del pilar europeo de derechos sociales. |
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2.2.

| 2.3. | Las viviendas y demás edificios, que representan un 40 % del consumo total de energía de la Unión, deben someterse a una oleada de renovaciones, como parte de un enfoque global de inversión a largo plazo orientado al interés general, el desarrollo sostenible y la transición ecológica. |
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2.3.

| 2.4. | La pandemia también ha puesto de relieve el papel clave de la vivienda en la gestión sanitaria de la crisis, así como la necesidad de reconsiderar su uso y, por ende, su diseño, a la vista de las limitaciones que impone un confinamiento. |
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2.4.

| 2.5. | Y sobre todo, la pandemia ha puesto de manifiesto el nexo inadmisible entre las condiciones sanitarias de la viviendas, la pobreza energética y la resiliencia ante la pandemia. |
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2.5.

| 2.6. | Así pues, la estrategia de la oleada de renovaciones de edificios forma parte de un enfoque beneficioso para todas las partes, habida cuenta de la importancia de su contribución efectiva a la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética, del volumen de inversiones a largo plazo y de puestos de trabajo locales que puede generar —contribuyendo así activamente a la recuperación— y del fomento de la cohesión y la inclusión sociales, gracias al desarrollo de viviendas asequibles para los ciudadanos de la UE. |
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2.6.

| 2.7. | Por lo tanto, la oleada de renovación de edificios debe impulsarse de manera permanente y convergente, en términos tanto de regulación y ayudas por parte de la UE como de planes plurianuales de inversión por parte de los Estados miembros. Estos últimos no solo deben ser comprensibles y accesibles, sino también tener en cuenta la diversidad de actores —desde los hogares europeos propietarios o copropietarios de su vivienda, hasta aquellos que alquilan una o más viviendas en el mercado, las asociaciones de viviendas sociales, que se rigen por una misión específica de interés general y sus obligaciones de servicio público asociadas, las autoridades públicas y sus edificios, los edificios históricos protegidos o las empresas y sus inmuebles—, cada uno con su correspondiente lógica de inversión, pero todos ellos «surfistas» potenciales de la oleada de renovación a los que habrá que convencer para que inviertan a largo plazo en sus viviendas o edificios de aquí a 2050, a través de mecanismos de financiación adaptados a la tipología de cada edificio, combinando préstamos a largo plazo o «préstamos verdes», garantías públicas y subvenciones a fondo perdido, en particular para los hogares. |
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2.7.

| 2.8. | La oleada de renovación de edificios deberá impulsarse, fundamentalmente, mediante un movimiento europeo de industrialización y masificación de las operaciones a nivel local, con objeto de reducir los costes de renovación y la duración de las obras para los hogares que ocupan las viviendas, mediante la externalización y digitalización de los procesos. Esta industrialización deberá ir acompañada de nuevos modelos de construcción, basados en obligaciones técnicas y normas de construcción adaptadas y, sobre todo, de una campaña europea de valorización de este nuevo sector y de los potenciales nuevos puestos de trabajo para las generaciones más jóvenes, que podría ponerse en marcha mediante un programa «Erasmus para la renovación térmica 2050», que pide el Comité. Asimismo, deberá prestarse especial atención a los riesgos de dumping social inherentes a esas externalizaciones y a otros medios de subcontratación de los trabajos. |
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2.8.

| 2.9. | La Comisión debe garantizar en paralelo la convergencia de las disposiciones existentes, las que deben revisarse y las propuestas de nuevas disposiciones, no solo para los Estados miembros y sus estrategias de inversión a largo plazo, sino también para los hogares, los arrendadores de viviendas sociales, las autoridades públicas y las empresas, todos ellos responsables finales de la adopción de decisiones individuales de inversión a largo plazo —cada una de ellas siguiendo su propia lógica— que propiciarán la difusión de la ola de aquí a 2050. |
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2.9.

| 2.10. | Esta necesidad de convergencia se aplica igualmente cuando se trate de revisar las disposiciones existentes sobre, por ejemplo, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la contratación pública o los regímenes de ayudas estatales, en particular para la vivienda social, el tipo específico del IVA aplicable y el crédito «verde» hipotecario, pero también las disposiciones y los elementos de condicionalidad del Plan Europeo de Recuperación Económica «NextGenerationEU» y de la política de cohesión para 2021-2027, que deben ser comprensibles para los hogares europeos a los que se destinan. Debería darse un nuevo impulso a este plan de recuperación a través de una genuina política de propuestas y recomendaciones concretas y mediante la coordinación de los observatorios nacionales existentes. |
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2.10.

| 2.11. | El Comité pide que el Observatorio Europeo del Parque Inmobiliario trabaje en simbiosis con el Observatorio de la Pobreza Energética. |
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2.11.

| 2.12. | El Comité pide que se organice un servicio público en los Estados miembros consagrado a fomentar la oleada de renovación térmica, el diagnóstico y la asistencia técnica para las operaciones de renovación térmica, en particular para los hogares, con el fin de evitar cualquier práctica maliciosa relacionada con la captación abusiva de clientes para las obras de renovación. |
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2.12.

3.   Observaciones — Impulsar la renovación de los edificios para alcanzar la neutralidad climática y la recuperación

| 3.1. | La renovación a gran escala de edificios en la Unión Europea —viviendas privadas y sociales, edificios públicos y de uso profesional— constituye hoy una necesidad absoluta, habida cuenta de la insuficiencia estructural de las inversiones a largo plazo en este ámbito y de las repercusiones climáticas, medioambientales, económicas y sociales. |
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3.1.

| 3.2. | En relación con la emergencia climática, el Comité comparte el análisis de la Comisión sobre la necesidad de actuar para renovar las viviendas y demás edificios, así como sobre la conveniencia de hacer frente a la crisis de la COVID-19 para reconsiderar, rediseñar y modernizar estos siguiendo un enfoque que beneficie a todas las partes desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Se trata de una oportunidad única para actuar en aras tanto de la neutralidad climática como de la recuperación y la cohesión social.
  El Comité desea plantear la cuestión de la diversidad de los edificios en cuestión, en particular la diversidad de las viviendas que deben renovarse, que van desde las casas unifamiliares hasta los grandes edificios de apartamentos construidos durante el período soviético y los barrios de clases populares. En esta gran diversidad de viviendas, los bloques de viviendas de Europa Oriental, las viviendas muy antiguas de centros urbanos infravalorados, las viviendas suburbanas y las viviendas rurales pueden ser objeto de prioridades específicas. En relación con el hecho de que el parque de viviendas ha quedado obsoleto y requiere procesos de renovación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el progreso técnico de la construcción, es necesario garantizar el acceso de los ciudadanos a la financiación, ya que actualmente constituye un obstáculo importante para la renovación. Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad. La Unión Europea también debe aprovechar esta oportunidad de acción a gran escala para acercarse más a sus ciudadanos y a su territorio mediante una comunicación adaptada. |
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3.2.

El Comité desea plantear la cuestión de la diversidad de los edificios en cuestión, en particular la diversidad de las viviendas que deben renovarse, que van desde las casas unifamiliares hasta los grandes edificios de apartamentos construidos durante el período soviético y los barrios de clases populares. En esta gran diversidad de viviendas, los bloques de viviendas de Europa Oriental, las viviendas muy antiguas de centros urbanos infravalorados, las viviendas suburbanas y las viviendas rurales pueden ser objeto de prioridades específicas. En relación con el hecho de que el parque de viviendas ha quedado obsoleto y requiere procesos de renovación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el progreso técnico de la construcción, es necesario garantizar el acceso de los ciudadanos a la financiación, ya que actualmente constituye un obstáculo importante para la renovación. Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad. La Unión Europea también debe aprovechar esta oportunidad de acción a gran escala para acercarse más a sus ciudadanos y a su territorio mediante una comunicación adaptada.

| 3.3. | El Comité apoya el objetivo propuesto de duplicar la tasa anual de edificios residenciales y no residenciales de aquí a 2030 y fomentar las renovaciones energéticas en profundidad —lo que se traduciría en 35 millones de edificios renovados de aquí a 2030—, así como de mantener esta tendencia a fin de alcanzar la neutralidad climática en toda la Unión para el año 2050. Lo ideal sería superar esta cifra y aspirar a triplicarla. |
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3.3.

| 3.4. | El Comité subraya la ambición de este objetivo, su proyección a treinta años y la necesidad de una armonización exhaustiva, tanto de las disposiciones legislativas y reglamentarias existentes en este ámbito, como de los mecanismos de apoyo financiero para los hogares afectados, los arrendadores de viviendas sociales, las autoridades públicas y otros propietarios de edificios interesados, todos ellos inversores potenciales a los que hay que convencer para que inviertan a largo plazo, en función de la dinámica y capacidades de cada uno. La articulación que están instaurando actualmente los Estados miembros y sus autoridades de gestión regionales entre el instrumento de recuperación «NextGenerationEU» y la política de cohesión para 2021-2027 es una prueba de ello. |
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3.4.

4.   Observaciones — Principios clave para la renovación de los edificios hacia los objetivos de 2030 y 2050

| 4.1. | El Comité está de acuerdo en que es necesario adoptar una estrategia global e integrada en la que participen los actores interesados sobre la base de siete principios: «primero, la eficiencia energética», asequibilidad, descarbonización e integración de energías renovables, ciclos de vida y circularidad, estándares elevados en materia de sanidad y medio ambiente, desafíos de la transición ecológica y digital, y, por último, respeto por la estética y la calidad arquitectónica. |
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4.1.

| 4.2. | Con arreglo al principio 19 del pilar europeo de derechos sociales, el Comité desea subrayar la especial importancia de la asequibilidad de la vivienda y de las inversiones que deben realizar los hogares afectados, ya sean propietarios u ocupantes, inquilinos o copropietarios en inmuebles degradados, en particular en el tratamiento del mal aislamiento térmico y la lucha contra la pobreza energética, o incluso arrendadores de viviendas sociales, cuyos precios de alquiler deben ser asequibles con arreglo a las obligaciones de servicio público impuestas por los Estados miembros en sus atribuciones específicas. |
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4.2.

| 4.3. | El CESE señala que el aislamiento de muros huecos y suelos es la medida más sencilla y menos costosa para reducir el CO2. Con todo, estas soluciones relativamente económicas siguen resultando demasiado caras para muchos propietarios de vivienda, pese al menor coste de energía que de ellas se deriva. Por este motivo, el CESE aboga por que los gobiernos nacionales establezcan un plan de subvenciones para estas medidas. Los cálculos efectuados en los Países Bajos muestran que una subvención de 2 000 EUR por vivienda es suficiente para llevar a cabo estas intervenciones. Además de la significativa reducción de las emisiones de CO2, este plan también contribuiría de manera considerable a crear empleo en el sector de la construcción, gravemente afectado por la crisis de la COVID-19. Lo mismo sucede en Francia como consecuencia de la reciente introducción en todos los hogares de la prima por renovación térmica de la vivienda, llamada «MaPrimeRenov». |
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4.3.

| 4.4. | Asimismo, es preciso seguir las conclusiones y recomendaciones del Dictamen del CESE sobre el tema «Trabajo con amianto en la renovación energética» a fin de promover la eliminación del amianto durante los trabajos de renovación energética cuando sea necesario y posible (1). |
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4.4.

5.   Observaciones — Renovaciones más rápidas y más profundas para tener mejores edificios

| 5.1. | El Comité hace suyo el análisis de la Comisión sobre los múltiples obstáculos a las decisiones individuales de inversión y la complejidad del acceso a la financiación, especialmente a nivel local, una complejidad que se observa no solo en los regímenes nacionales y en los fondos estructurales —sobre todo en la fase de evaluación de los proyectos—, sino también en los retrasos en el pago de las ayudas. Esta complejidad y estas disfunciones deben resolverse con carácter prioritario si se quieren alcanzar los objetivos fijados, también en el contexto de la aplicación, a partir de 2021, de las disposiciones específicas de la política de cohesión para 2021-2027. |
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5.1.

| 5.2. | El Comité toma nota de que la Comisión ha identificado estos obstáculos en el marco de su consulta pública y ha presentado propuestas para reforzar la información, la seguridad jurídica y los incentivos para invertir, garantizar una financiación adecuada y bien orientada, aumentar la capacidad para elaborar y ejecutar proyectos, promover intervenciones de renovación integrales e integradas, adaptar el ecosistema para las renovaciones sostenibles y, por último, utilizar la renovación como estímulo para abordar la pobreza energética y el acceso a viviendas asequibles mediante una iniciativa europea específica. Hay que poner en práctica estas propuestas con arreglo a los principios de simplicidad, cofinanciación —mediante los fondos adicionales que, siguiendo esquemas preestablecidos, puedan movilizar las autoridades públicas— y proporcionalidad de los controles de las ayudas estatales. |
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5.2.

| 5.3. | El Comité apoya la propuesta de la Comisión de encargar al Observatorio Europeo del Parque Inmobiliario que gestione un repositorio europeo sobre la eficiencia energética y contribuya al diseño de incentivos en este ámbito. Este Observatorio deberá colaborar con el Observatorio de la Pobreza Energética, al que habría que dar un nuevo impulso para la ocasión. |
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5.3.

| 5.4. | El Comité reconoce la índole sumamente especial de la situación actual en lo que respecta a la posible movilización de recursos europeos para la renovación térmica en el marco del instrumento de recuperación «NextGenerationEU» y de la política de cohesión para 2021-2027. Hay nada menos que trece sistemas que pueden ayudar a cofinanciar la renovación térmica, ya sea mediante subvenciones a fondo perdido o préstamos a largo plazo con tipos de interés preferenciales y garantías públicas. |
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5.4.

| 5.5. | El Comité considera que esta situación excepcional debería llevar a la Unión Europea, por un lado, a formular objetivos cuantitativos de renovación y a reforzar los Estados miembros y sus programas anuales de inversión en renovación térmica, y por el otro, a garantizar que estos programas se evalúen anualmente en el contexto del Semestre Europeo, ya sea mediante el establecimiento de una «gobernanza verde» específica —que se sumaría a la gobernanza económica— o mediante el método abierto de coordinación. |
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5.5.

| 5.6. | El Comité considera que esta situación única también debería aprovecharse para conferir prioridad a la lucha contra la pobreza energética y a su erradicación a la hora de movilizar los fondos. Debe reforzarse la misión del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, poniéndolo a la cabeza de una red europea de observatorios de la pobreza energética de los Estados miembros. |
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5.6.

| 5.7. | No obstante, el Comité desea sensibilizar a la Comisión sobre las dificultades a las que se enfrentan los inversores potenciales, en particular los hogares y los arrendadores de viviendas sociales, a la hora de combinar estos diferentes canales de financiación y articularlos con arreglo a las distintas normas, bases de admisibilidad y controles aplicables. De cara al horizonte de 2050, deberían unificarse estos mecanismos con objeto de hacerlos más comprensibles y accesibles para los hogares y las autoridades públicas. |
| --- | --- |

5.7.

| 5.8. | Habida cuenta del período de inversión en cuestión y el objetivo 2050, el Comité propone que la Comisión estudie, con vistas a la simplificación y a una mayor comprensibilidad por parte de los hogares europeos afectados, la viabilidad de un fondo de inversión específico, respaldado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que garantice la asistencia técnica y la combinación de los sistemas existentes, así como una garantía de continuidad en su acción de aquí a 2050. |
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5.8.

| 5.9. | El Comité apoya el enfoque de la Comisión de revisar en este sentido los regímenes de ayudas estatales para las inversiones en renovación térmica. Estos regímenes de ayudas estatales para la renovación térmica deben simplificarse de modo que no constituyan un obstáculo a las decisiones de inversión, dada la absoluta necesidad de estas. El Comité también acoge favorablemente la decisión de la Comisión de evaluar en 2021 la Decisión 2012/21/UE de la Comisión (2) relativa a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público. Las ayudas para la renovación térmica de viviendas sociales entran, en efecto, dentro del ámbito de aplicación de dicho régimen, aplicable al cumplimiento de obligaciones de servicio público. |
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5.9.

| 5.10. | El Comité respalda la propuesta de la Comisión de poner en marcha una iniciativa europea para la vivienda asequible mediante la financiación de cien proyectos faro innovadores y participativos centrados en la renovación global de barrios de viviendas sociales, con el objetivo de que sirvan de modelo para un desarrollo a gran escala en la Unión Europea. Dada la capacidad de los arrendadores de viviendas sociales para invertir, en su calidad de proveedores de servicios de interés económico general, y con el apoyo del BEI, la masificación de las operaciones y la industrialización de los programas de renovación de edificios conducen no solo a la creación de puestos de trabajo locales, sino también a la reducción de los costes de renovación para las demás viviendas y edificios públicos, gracias a la creación de nuevos sectores industriales locales. |
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5.10.

| 5.11. | El Comité propone que la Comisión, sobre la base de la experiencia del programa ELENA, y con el apoyo del BEI, anime a los Estados miembros a que organicen un servicio público de asistencia técnica para las operaciones de renovación térmica, destinado en particular a los hogares afectados, con el fin de evitar prácticas abusivas de captación y fraude, ya observadas en algunos Estados miembros en relación con las obras de renovación térmica. |
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5.11.

| 5.12. | El Comité apoya plenamente el enfoque del «nuevo Bauhaus europeo» lanzado por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión y desarrollado en la Comunicación, que reunirá a profesionales de varias disciplinas para reflexionar sobre los edificios del mañana y reinventar el modo de vida sostenible del futuro. El Comité invita a todas las partes interesadas a participar en la consulta pública lanzada por la Comisión. |
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5.12.

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(1)  DO C 240 de 16.7.2019, p. 15.

1

(2)  Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011 , relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (DO L 7 de 11.1.2012, p. 3).

2

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| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/78 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/78

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera (versión codificada)

[COM(2021) 34 final — 2021/0018 (COD)]

(2021/C 155/12)

| Consultas | Consejo de la Unión Europea, 8.2.2021
  Parlamento Europeo, 8.2.2021 |
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| Fundamento jurídico | Artículos 91 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Aprobación en el pleno | 24.2.2021 |
| Pleno n.o | 558 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 234/0/8 |

Consultas

Consejo de la Unión Europea, 8.2.2021

Parlamento Europeo, 8.2.2021

Fundamento jurídico

Artículos 91 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobación en el pleno

24.2.2021

Pleno n.o

558

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

234/0/8

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 558.o pleno celebrado los días 24 y 25 de febrero de 2021 (sesión del 24 de febrero), decidió por 234 votos a favor y 8 abstenciones emitir un dictamen favorable sobre la propuesta.

Bruselas, 24 de febrero de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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Corrección de errores

| 30.4.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 155/79 |
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30.4.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 155/79

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Corrección de errores del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)]

(
  Diario Oficial de la Unión Europea C 440 de 6 de diciembre de 2018
  )

(2021/C 155/13)

En la página 4 del sumario y en la página 199, en el título:

| donde dice: | «Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (“Programa Pericles IV”) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)]», |
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donde dice:

«Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (“Programa Pericles IV”) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)]»,

| debe decir: | «Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (“Programa Pericles IV”) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (COD)]». |
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debe decir:

«Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (“Programa Pericles IV”) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (COD)]».

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