Número Identificador

RES2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

MARÍA ISABEL SILVA 

LÓPEZ

Recurrido

v.

HOSPITAL MENONITA 

CAGUAS, INC.

Peticionarios

KLCE202301375

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia

Sala Superior de 

San Juan

Civil Núm.:

SJ2023CV03387

Sobre: 

Despido 

Injustificado

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 22 de enero de 2024.

Comparece ante este foro el Hospital Menonita 

Caguas, Inc. (Hospital Menonita o “parte peticionaria”) 

y nos solicita que revisemos una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. Mediante esta, el foro primario declaró No Ha 

Lugar a la solicitud para extender el descubrimiento de 

prueba, presentada por la parte peticionaria.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el certiorari solicitado.

I.

El 21 de abril de 2023, la Sra. María Isabel Silva 

López (señora Silva o “la recurrida”) presentó una 

Querella por despido injustificado y represalias, al 

amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

LPRA sec. 3118 et seq., en contra del Hospital Menonita.1 

1 Querella, anejo I, págs. 1-8 del apéndice del recurso. El 5 de 

junio de 2023, el foro primario declaró Ha Lugar la conversión de 
KLCE202301375 2

En esencia, alegó que no renunció a su empleo de manera 

voluntaria, por el contrario, fue forzada a renunciar 

por la conducta hostil del patrono. Por consiguiente, 

sostuvo que fue despedida injustificadamente, así como 

por represalias. Como remedio, solicitó una 

indemnización no menor a $200,000.00.

Por su parte, el 12 de mayo de 2023, Hospital 

Menonita contestó la querella.2 En lo pertinente,

expresó que la señora Silva no fue despedida, sino que 

renunció voluntariamente. A su vez, sostuvo que la 

recurrida nunca presentó alegaciones o quejas de acoso 

laboral. Por tanto, solicitaron que se declarara sin 

lugar la Querella.

Luego de varias incidencias procesales, el 5 de 

junio de 2023, el foro primario emitió una Orden -

Informe al amparo de la Regla 37.1 de Procedimiento 

Civil.3 En relación a dicha orden, expresó lo siguiente:

Se apercibe que la Parte G del Informe, 

“Itinerario para el Descubrimiento de 

Prueba”, debe ser completada en su 

totalidad y se deberá desprender del mismo 

un calendario completo del descubrimiento 

de prueba propuesto por las partes para ser 

evaluado por el Tribunal. De lo contrario, 

el Informe se catalogará como “no puesto o 

presentado”. La responsabilidad de 

presentar el Informe es solidaria y el 

incumplimiento con este requerimiento 

resultará en una sanción automática de 

$150.00 a cada parte, a favor del Fondo 

Especial del Poder Judicial de Puerto Rico. 

El Informe debe ser radicado íntegramente 

por todas las partes, no se admitirán 

informes presentados por parte o por 

separado.

Así las cosas, el 13 de julio de 2023, las partes 

presentaron el Informe Manejo del Caso, en el cual 

los procedimientos a ordinarios. Véase, anejo VI, pág. 24 del 

apéndice del recurso.

2 Contestación a la Querella, anejo II, págs. 9-16 del apéndice del 

recurso.

3 Orden - Informe al amparo de la Regla 37.1 de Procedimiento Civil, 

anejo V, págs. 21-23 del apéndice del recurso.
KLCE202301375 3

establecieron como fecha límite para concluir el 

descubrimiento de prueba el 30 de octubre de 2023.4

Por consiguiente, el 3 de agosto de 2023, el foro 

primario notificó una Orden de Calendarización del Caso 

y Orden Permanente.5 Mediante esta, determinó que el 

descubrimiento de prueba concluiría el 2 de octubre de 

2023, y que, a partir de dicha fecha las partes contarían 

con 30 días para presentar mociones dispositivas, si 

fueran necesarias. A su vez, dispuso que las solicitudes 

de prórroga debían cumplir con la Regla 6.6 de 

Procedimiento Civil.

El 20 de octubre de 2023, el Hospital Menonita 

presentó Moción Solicitando Extensión del Término para 

Completar el Descubrimiento de Prueba y Presentar 

Mociones Dispositivas.6 En la aludida moción esbozó que

las partes habían establecido que el descubrimiento de 

prueba terminaría el 30 de octubre de 2023, mientras que 

el foro primario dispuso hasta el 2 de octubre de 2023. 

Sin embargo, solicitaron un término adicional para poder 

completar el descubrimiento de prueba, puesto que han 

tenido inconvenientes y no han podido culminarlo.

Por su parte, el 23 de octubre de 2023, la señora 

Silva presentó Oposición a Solicitud de Extensión de 

Descubrimiento de Prueba y Solicitud de Orden 

Protectora.7 En esencia, sostuvo que la parte 

peticionaria dejó vencer el término para descubrir 

prueba, sin solicitar una extensión.

4 Informe Manejo del Caso, anejo XI, págs. 27-36 del apéndice del 

recurso.

5 Orden de Calendarización del Caso y Orden Permanente, anejo XIII, 

págs. 38-39 del apéndice del recurso.

6 Moción Solicitando Extensión del Término para Completar el 

Descubrimiento de Prueba y Presentar Mociones Dispositivas, anejo 

XIV, págs. 40-49 del apéndice del recurso.

7 Oposición a Solicitud de Extensión de Descubrimiento de Prueba y 

Solicitud de Orden Protectora, anejo XV, págs. 51-54 del apéndice 

del recurso. 
KLCE202301375 4

El 25 de octubre de 2023, el foro primario notificó 

una Orden, mediante la cual denegó la solicitud para 

extender el descubrimiento de prueba, al presentarlo 

tardíamente.8

Inconforme, el 27 de octubre de 2023, Hospital 

Menonita solicitó reconsideración.9 Señaló que, el 

descubrimiento de prueba no ha sido opresivo, al 

contrario, alegó que se encontraban en un estado de 

indefensión. Por lo tanto, solicitó que se le permitiera 

hacer un descubrimiento adicional sobre evidencia 

descubierta después de la deposición a la señora Silva.

El 31 de octubre de 2023, la recurrida presentó 

Oposición a Moción de Reconsideración.10 En síntesis, 

señaló que la parte peticionaria no fundamentó su pedido 

en derecho, ni expuso hechos nuevos que permitan

modificar la Orden emitida por el foro de instancia. El 

6 de noviembre de 2023, Hospital Menonita presentó su 

Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración.11

Evaluados los argumentos de las partes, el 7 de 

noviembre de 2023, el foro primario notificó una 

Resolución, y dispuso lo siguiente:12 

A la solicitud de reconsideración se 

provee: No Ha Lugar. La prórroga fue 

denegada porque fue solicitada tardíamente 

y sin causa justificada. 

La orden de calendarización claramente 

establece que la fecha límite para 

completar el descubrimiento de prueba era 

el 2 de octubre de 2023.

8 Orden, anejo XVI, pág. 55 del apéndice del recurso.

9 Moción de Reconsideración, anejo XVII, págs. 56-59 del apéndice 

del recurso.

10 Oposición a Moción de Reconsideración, anejo XVIII, págs. 60-63 

del apéndice del recurso.

11 Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración, anejo XIX, págs. 

64-70 del apéndice del recurso.

12 Resolución, anejo XXIII, págs. 74-75 del apéndice del recurso.
KLCE202301375 5

Todavía inconforme, el 6 de diciembre de 2023, el 

Hospital Menonita presentó el Certiorari Civil que nos 

ocupa, y en el cual planteó que el foro primario cometió 

los siguientes errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DENEGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO 

EXTENSIÓN DEL TÉRMINO PARA COMPLETAR EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y PRESENTAR 

MOCIONES DISPOSITIVAS.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN DE LA PETICIONARIA.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NEGARSE A CONSIDERAR LA 

RÉPLICA A OPOSICIÓN A MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE PETICIONARIA.

El 14 de diciembre de 2023, emitimos una 

Resolución. Mediante esta, le concedimos a la recurrida 

quince (15) días para oponerse y expresarse sobre los 

méritos del recurso.

El 29 de diciembre de 2023, la señora Silva 

compareció mediante Oposición a Petición de Certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

II.

A.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
KLCE202301375 6

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional 

y a manera de excepción, en las siguientes instancias:

[C]uando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional; a saber:

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.
KLCE202301375 7

-BNuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que 

los foros revisores “no debemos intervenir con las 

determinaciones de los juzgadores de primera instancia, 

salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.” Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

DPR 889, 908-909 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 

25 (2005). Sin embargo, es preciso reseñar que nuestro 

más Alto Foro también ha reconocido que “la tarea de 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción no es una fácil.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013), citando a Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). A tales 

efectos, ha manifestado considerar “que el adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.” SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 434-435. 

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico define el 

concepto de “discreción” como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.” IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012), citando a Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), entre otros. 

De esa manera, la discreción se nutre de “un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en 

un sentido llano de justicia [...].” SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435, citando a Santa Aponte 

v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977). 

-CLa Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, conocida
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como Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2)

instituye un procedimiento sumario de adjudicación de

pleitos laborales dirigido a la rápida consideración y

adjudicación de aquellas reclamaciones de empleados

contra sus patronos relativas a salarios, beneficios y

derechos laborales. Es por ello que ciertas 

disposiciones estatuidas en la aludida ley son más 

favorables al obrero que al patrono. Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996). De ahí que 

se le imponga una carga procesal más onerosa a la parte 

con mayores medios económicos, el patrono, sin privarle 

de poder defender sus derechos. Íd., pág. 924. De esta 

forma, el legislador implantó la política pública 

estatal de proteger a los empleados y desalentar los 

despidos sin justa causa.

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la

naturaleza sumaria de este procedimiento responde a la

política pública de “abreviar el procedimiento de forma

que sea lo menos oneroso posible para el obrero”. 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 

492 (1999). A fin de lograr la consecución de dichos

propósitos, la Ley establece: (1) términos cortos para

presentar la contestación de la querella o demanda; (2)

criterios para conceder una sola prórroga para la

contestación de la querella o demanda; (3) un mecanismo

para diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el

proceso para presentar defensas y objeciones; (5)

límites a la utilización de los mecanismos de

descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad limitada

de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que

no esté en conflicto con el procedimiento sumario; (7)
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que ninguna de las partes pueda someter más de un

interrogatorio o deposición, ni tomar una deposición a

la otra parte después de haber sometido un

interrogatorio ni viceversa, excepto cuando concurran

circunstancias excepcionales; y, (8) la obligación de

los tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el

patrono incumple con el término para contestar la

querella o demanda. Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., 

174 DPR 921 (2008).

Cónsono con lo anterior, solo se ha permitido que

este Tribunal revise resoluciones interlocutorias

provenientes de un procedimiento sumario al amparo de la

referida ley cuando dicha resolución sea dictada sin

jurisdicción, de forma ultra vires o en casos extremos

en los cuales los fines de la justicia requieran la

intervención de este Tribunal. Dávila, Rivera v.

Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498.

La razón de ser de la norma general de abstención

es evitar dilaciones que normalmente las revisiones de

determinaciones interlocutorias conllevan, lo que

precisamente derrotaría el fin perseguido por el

procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles

Shipping, Inc., supra, pág. 498; Medina Nazario v.

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha enfatizado que

“el procedimiento sumario, no es, ni puede ser, una carta

en blanco para la concesión de remedios a obreros que no

han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o

prueba, hechos que avalen, su derecho a lo reclamado”. 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 928. 

Asimismo, se ha determinado que el carácter reparador y

expedito del procedimiento sumario no puede tener el
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efecto de privar al patrono querellado de un debido

proceso de ley. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494,

516-517 (2003).

III.

En el presente caso, el Hospital Menonita solicitó 

que revisáramos la Resolución emitida por el foro 

primario, mediante la cual denegó extender el término 

para el descubrimiento de prueba al haber sido 

solicitado tardíamente, y sin causa justificada. Sin 

embargo, expresan que fueron diligentes en el 

descubrimiento de prueba, y el retraso se debió a que la

señora Silva omitió información.

Es preciso recordar que, según dicta la norma, 

procede nuestra abstención cuando consideremos que no es 

el momento adecuado para intervenir con el manejo de un 

caso por parte del foro primario. Por lo tanto, como 

bien lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

discreción a la hora de actuar debe estar regida por su 

estrecha relación con el concepto de razonabilidad. 

Esta doctrina de abstención es aún mucho más importante

y restrictiva en casos de querellas laborales, como el 

presente caso. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., supra, pág. 498.

Así las cosas, luego de evaluar el recurso de autos, 

y la Resolución recurrida, conforme al derecho 

aplicable, rechazamos ejercer nuestra jurisdicción 

revisora para intervenir y variar el dictamen recurrido. 

El caso de autos no plantea una controversia que 

represente alguna de las excepciones anteriormente 

mencionada a la norma general esbozada sobre abstención 

judicial. Por lo tanto, concluimos que el asunto aquí 
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revisado no requiere nuestra intervención en este 

momento.

IV.

Por los fundamentos, antes expuestos DENEGAMOS el 

auto de certiorari.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones